EL ESCARAMUJO año 5 número 01: 

 

 

ENREDDAR A CHIAPAS

Gustavo Castro Soto

Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México. 10 de enero de 2011, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
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En el mundo, la situación de la capa forestal es grave. La tasa anual de variación de la superficie forestal de 2000 a 2005 fue del -0,51% (y -0,46% de la década de los 90). De 1990 a 2005, en quince años, se perdió el 3% del área total de bosques representado un 5% de reducción de depósitos de carbono. Aproximadamente 13 millones de hectáreas se deforestan anualmente, lo que equivale liberar a la atmósfera aproximadamente 2 billones de CO2 por año. Se calcula que para la totalidad de los trópicos, las emisiones por deforestación equivalieron a 1.500 millones de toneladas de CO2 anuales en el periodo mencionado. Esto representa el 17% de las emisiones mundiales de Gases Efecto Invernadero (GEI). Los bosques almacenan 289 Gt de Carbono y solo el 12 % de los bosques del mundo han sido designados para la conservación de la biodiversidad biológica.

América Latina y el Caribe cuenta con abundantes recursos forestales, un 47% de las tierras, que equivalen al 22% de la superficie forestal mundial. Al menos diez países cuentan con 1.000 especies de árboles y la región es considerada en primer lugar en el mundo en cuanto al número de especies de árboles en peligro o vulnerables a la extinción. Alrededor del 12% de toda su superficie forestal está destinada principalmente a fines de producción (el promedio mundial es de 32%). En Brasil solo el 5,5% de sus bosques pertenece a esa categoría, en Uruguay el 60%; en Chile el 45% y en Perú el 37%.[1]La región es responsable del 12% de las emisiones globales de GEI y a nivel mundial genera más en dos sectores como porcentaje de sus emisiones totales. Una, en el cambio de uso de suelo por deforestación (47% contra el 19% en el mundo); y otra, en la agricultura (20% contra el 14%) por el uso de fertilizantes y de las emisiones de metano originadas en la actividad ganadera. De 2000 a 2005, la región perdió 4,5 millones de hectáreas de cubierta boscosa. Los volúmenes más altos de emisiones los produjo América Latina con 71.000 millones de toneladas de CO2 por año.[2]

En México, los bosques cubren el 31% del área total de la superficie. En los últimos 13 años, con el financiamiento del Baco Mundial, éste asegura que el país ha logrado la protección de 800 mil hectáreas de bosques comunitarios y se ha evitado la migración de seis mil 204 campesinos. Se establecieron 353 regulaciones y estatutos sobre la protección de bosques y 51 esquemas de pago por servicios ambientales. Además han sido fortalecidas 41 asociaciones y 179 empresas comunitarias de bosques, mientras más de un millón 783 mil hectáreas se encuentran reguladas bajo 274 planes de zonificación comunitaria. Todo esto generado a raíz de un plan piloto desde 1997. Gracias a ello, el Banco Mundial asegura que México se ha convertido en líder mundial en materia de manejo sustentable de bosques comunitario.[3] Sin embargo, esto es muy contrastante con la pobreza en aumento no sólo de la población rural, del hecho en que México ocupa el primer lugar en migración en el mundo y que la deforestación avanza a un ritmo acelerado por medio de la implementación de diversos megaproyectos.

La Estrategia de REDD en Chiapas.[4]

La estrategia de REDD del Estado de Chiapas que se alinea a las decisiones federales en materia de cambio climático. Las Directrices del gobierno mexicano para la mitigación es la preservación y aumento de sumideros de carbono, lograr que en 30 años se reduzca al 0% la deforestación, reconvertir las tierras agropecuarias degradadas, mejorar la cobertura en 60 millones de tierras ganaderas, fortalecer el combate de incendios, incorporar ecosistemas forestales a las Unidades de manejo para la Conservación de la vida silvestre (Uma), a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), o al Manejo Forestal Sustentable (MFS), entre otras. También se propone un Fondo Verde para adaptación, mitigación, investigación y difusión alimentado con fondos gubernamentales, contribuciones y sanciones por emisiones, aportaciones y donaciones deducibles, aportaciones internacionales, ventas de reducción o permisos de emisión, y sanciones administrativas.[5]

Chiapas se lanza a la delantera en la carrera por el negocio del Cambio Climático, poniendo a sus bosques, selvas y plantaciones de monocultivos al servicio del mercado de carbono. Nuevamente, el subsidio del estado a las empresas se plasma en el negocio de la crisis climática con la participación de ONGs conservacionistas empresariales, trasnacionales, al servicio del lucro ambiental. Con varios argumentos: que el 62% de las emisiones en Chiapas proviene de cambio de uso de suelo; que REDD traerá progreso y combate a la pobreza, y que promete un negocio rentable.

Para el gobierno de Chiapas “REDD+ ha demostrado ser una estrategia de mitigación rentable, con varios co-beneficios como “la reducción de la pobreza a través de pagos de monitoreo biológico y social, e indirectamente brindando estímulos para el ecoturismo, el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y conservación de la biodiversidad.” Así, desde el 2009, el Gobierno de Chiapas inició la construcción del Programa de Acción ante el Cambio Climático en Chiapas (PACCCH) financiado por la Embajada Británica, y Conservación Internacional (CI) como actor clave en su conducción. En esta construcción participan los gobiernos federal y estatal: la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (SEMAVIHN); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); el Instituto Nacional de Ecología (INE); y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Además las ONGs conservacionistas empresariales como Pronatura y AMBIO; y con instituciones académicos como Colegio de Posgraduados (COLPOS), el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), el Tecnológico Regional del Tuxtla Gutiérrez (ITTG) y la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Para lograr sus propósitos, el PACCCH puso las bases legales y políticas con una propuesta de una Ley general de Cambio Climático para el Estado; la conformación de una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para las dependencias gubernamentales con el fin de elaborar las estrategias de mitigación y adaptación; y un Consejo Estatal de Cambio Climático. En lo financiero propuso la creación del Fondo Ambiental del Estado de Chiapas. También el PACCCH aceleró su marcha para definir tres productos fundamentales como son el inventario de GEI[6]; los escenarios climáticos futuros; y la línea base de Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación (REDD+) con cálculos de la cantidad de carbono contenido en la biomasa viva y en el suelo del Estado para el periodo de 1990 a 2008 y proyecciones hasta 2020, usando tier 2 y 3 de la metodología de la IPCC.[7]

Por otro lado, el gobierno creó el grupo de REDD+ y un grupo Estatal de Servicios Ecosistémicos (GESE) con la idea de mitigar los GEI por medio de la identificación de lugares prioritarios para el pago de “servicios ecosistémicos” (captura de carbono, conservación de biodiversidad, servicios hidrológicos y sistemas agroforestales). El grupo identificó los sitios de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en la Sierra Madre, capacitó a personas en la medición y monitoreo de carbono y ejecutó proyectos piloto a nivel comunitario en la Reserva la Biosfera El Ocote. El componente final de PACCCH es la construcción de una línea base de REDD+ para reducir las emisiones de los bosques y selvas por medio de la conservación, reforestación y restauración de los mismos. Con ello, los proveedores de este servicio ambiental (las comunidades y/o gobiernos que conservan o reforestan sus bosques, por lo pronto) recibirían beneficios financieros de gobiernos y/o empresas extranjeras que compran los bonos de carbonos. El objetivo es captar los recursos que los países emisores de GEI han destinado para compensar su contaminación global. Por ejemplo, China ha destinado 1 billón de dólares de inversiones en su mercado de carbono (captura de metano y gases industriales, la conversión de desechos a energía). Sin embargo, lo que no dicen es el fracaso de los proyectos de pagos por servicios ambientales que ya se han implementado ni tampoco los montos raquíticos que reciben las comunidades indígenas y campesinas por compensar y paliar a los países en desarrollo la crisis ambiental que han generado

Tampoco se hace referencia a que las inversiones en el mercado de carbono tienen muchas deficiencias e incertidumbres políticas y administrativas. No hay certidumbre ni transparencia en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) cuyos proyectos aprobados muchos ya estaban planeados o en proceso de construcción; que falsedades en las emisiones reportadas y que están obligadas a reducirse; que el precio de la tonelada de CO2 no es rentable; que no están fortalecidas las obligaciones vinculantes en los países emisores; que no hay garantías jurídicas, administrativas o institucionales en los países sumideros para implementar el mecanismo de REDD. Faltan mecanismos confiables de medición y, sobre todo, para el sector privado que busca cómo obtener más ganancias de la crisis climática, reclaman burocratismos y rechazan todos aquellos instrumentos o medidas que no les faciliten la rápida y fácil ganancia.

Acuerdo Chiapas-California-Acre

En noviembre de 2010, en el contexto de la Tercera Cumbre Global de Gobernadores ante el Cambio Climático llevada a cabo en California, Estados Unidos, los gobernadores de California, Arnold Schwarzenegger; de Chiapas, Juan Sabines Guerrero: y de Acre, Brasil, Arnobio Marques de Almeida Junior, firmaron un acuerdo que establece las bases para iniciar un mercado de compraventa de bonos de carbono, por medio de incentivar la mitigación y adaptación climática, reducción de emisiones de GEI causados por la deforestación y la degradación de tierras, y la captura de carbono adicional mediante la restauración y reforestación de bosques y tierras degradadas. Cabe destacar que el Grupo de Trabajo de los Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF, por sus siglas en inglés) la conforman subnacionalmente 14 estados y provincias de Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Nigeria y México, y que busca integrar REDD y otras actividades de carbono forestal a los a los marcos obligatorios de Estados Unidos y otras partes.[8]

Hasta el momento, Chiapas es el único estado de México que entra en este esquema con los proyectos que tiene Conservación Internacional para el 2011.[9] Por su lado, California sería el primero en implementar la compra de créditos de carbono del sistema REDD por medio de estos proyectos piloto. En el memorándum de entendimiento estipulan la creación de un grupo REDD subnacionales de trabajo quienes se reunirían mensualmente entre diciembre de 2010 hasta octubre de 2011 para presentar una propuesta al California Air Resources Board (CARB) quienes formulan los límites máximos de emisión y los mecanismos comerciales para deducirlos en el sistema de REDD. De este modo, California dará a conocer un plan de reducción de carbono obligatoria en octubre de 2011, conocida como AB de 32 años, y que iniciaría en enero de 2012, con el objetivo de reducir los GEI en el estado a los niveles de 1990 para el año 2020. Por ello necesitan generar la oferta de mercado en Chiapas.

Acuerdo Gobierno de Chiapas y Lacandones

En el contexto del Proyecto REDD+ y del acuerdo con el gobierno de California en los Estados Unidos, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, debe generar las condiciones para la compra de bonos de carbono. De ahí el convenio que suscribe en diciembre de 2010 con las comunidades de la Selva Lacandona en la comunidad de San Javier, municipio de Ocosingo, llamado “Pacto por el Respeto y Conservación de la Selva Lacandona”, por medio del cual los indígenas lacandones recibirán un pago por preservar la zona.[10] Además, en este esquema de compra de créditos de carbono, el Gobierno de Chiapas se compromete a pagar a los indígenas un peso por cada peso que brinde el Gobierno Federal u organismos internacionales para la conservación.

Recordemos que en Chiapas existen un millón 300 mil hectáreas consideradas reservas naturales, de las cuales, casi 50 por ciento (614 mil) están en la Lacandona. Y ésta será la primera experiencia de pago por captura de carbono, por la conservación de bosques y suelos. Los Lacandones serán usados y avalados por el gobierno, además del incentivo económico, para confrontarse con otras organizaciones y comunidades indígenas y campesinas al promover su expulsión incluso con violencia. Sabines les manifestó “ustedes se van a comprometer a cuidar las reservas, que nadie se meta, a cuidar que nadie quite los árboles, a cuidar que nadie se meta a cazar, la van a cuidar para todo el planeta, para todo Chiapas, para todo México, para toda la humanidad la van a cuidar, dijo a los comuneros presentes.” Sin embargo, inmediatamente fuera de la zona destinada para la venta de carbono, el gobierno aseguró que continuarán reconversión productiva con frutales, agroindustrias, centros ecoturísticos, de turismo de aventura, las plantaciones de palma aceitera, etc. Por su lado, la secretaria de Medio Ambiente Vivienda e Historia Natural, Lourdes López Moreno, le expresó a los lacandones que “Vigilarán de manera responsable que nadie ocupe estas tierras consideradas como reservas o áreas protegidas; no permitirán la invasión de personas, deforestación, degradación de suelos o sustitución de cultivos distintos a los que se producen de manera natural (…) las actividades económicas sólo podrán dedicarse a turismo de aventura, ecoturismo y turismo cultural, reduciendo actividades como la agricultura y ganadería extensiva, la caza de animales y la tala para comercio de madera y deforestación”.

Conclusión.

Si bien es cierto este panorama grave sobre los bosques, se pretende que solo poniéndole precio y dueño se reducirán los GEI. Otra falsedad es unir los bosques como sumideros de carbono a la necesidad de absorber la quema de hidrocarburos que consumen los países desarrollados. La capa vegetal del planeta absorbe el CO2 que naturalmente se encuentra en la atmósfera, pero no está para absorber el CO2 extra que se le inyecta por la quema de éstos. No se pueden usar los bosques como compensación sin atacar el problema de raíz que es la emisión de GEI en los países “desarrollados”. Por otro lado, para evitar la deforestación el gobierno de Chiapas y el gobierno federal debieran detener la avalancha de inversiones mineras que suman miles y que tan sólo en los últimos diez años en Chiapas sumaron casi un millón 200 mil hectáreas las 100 concesiones otorgadas principalmente a las empresas mineras canadienses. Mientras se inventa el negocio paliativo y privatizador de los bosques con el mecanismo de REDD, se siguen construyendo represas por todo el país acabando con selvas y bosques. Del mismo modo otros megaproyectos como las plantaciones de monocultivos; o la desaparición de turberas o de manglares que son arrasados por proyectos de gasificadotas, granjas camaronícolas y otras inversiones insustentables para el medio ambiente. Lo que debemos cambiar ya, es este sistema depredador, consumista y tras la incesante acumulación de capital.

Notas:

[1] “Situación de los bosques en el mundo”, presentado en la apertura de la sesión 18 del Comité Forestal de la FAO. 09.02.2009
[2] Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento/Sector de Infraestructura y Medio Ambiente/Estrategia Integrada del BID para mitigación y Adaptación al Cambio Climático, y Energía Sostenible y Renovable. 25 de Octubre d 2010.
[3] Notimex; Publicado: 31/12/2010
[4] http://www.cambioclimaticochiapas.org/portal/index.php
[5] Iniciativa Ley General de Cambio Climático por el Senador Alberto Cárdenas J. Mayo 2010/Presentación power point.
[6] INVENTARIO ESTATAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. SECTORES: ENERGÍA, PROCESOS INDUSTRIALES Y RESIDUOS, s/f
[7] Desarrollo de una línea base subnacional para REDD+: deforestación y degradación forestal. Fernando Paz, Ma. Isabel Marin, Marisol Reyes, Edgardo Medrano y Fernando Ibarra. COLEGIO DE POSTGRADUADOS, s/f
[8] Periódico La Jornada, Miércoles 17 de noviembre de 2010, p. 20
[9] Ver Inventario de GEI provenientes del sector Agricultura, Silvicultura, y Otros Uso de Suelo (ASOUS)/Ben de Jong, Vanessa Maldonado, Marcela Olguín, Fabiola Rojas, Verónica de la Cruz, Fernando Paz, Guillermo Jiménez Ferrer, Miguel-Angel Castillo Santiago, s/f
[10] Boletín: 3634, Conservación de la Selva: Chiapas da el primer paso en el país para el pago por conservación, 22 de Diciembre de 2010
http://www.comunicacion.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20101223012351
Periódico La Jornada – Jueves 23 de diciembre de 2010, p. 12