Termina la semana de negociaciones de la ONU hacia un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos

Nota informativa de Otros Mundos A.C. – Última actualización: Viernes 27 de octubre 2017

Del 23 al 27 de octubre, cientos de organizaciones y movimientos sociales, entre los cuales la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), se movilizaron en Ginebra (Suiza) en el marco de la tercera ronda de negociaciones hacia la adopción de un nuevo Tratado Vinculante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se están llevando a cabo en el Palacio de las Naciones, sede del Consejo de Derechos Humanos de la institución. Este texto obligaría a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, poniendo un fin a las normas voluntarias que las empresas se autoaplican sin temer ninguna sanción. Denominación oficial de este Tratado impulsado por los gobiernos de Ecuador y Sudáfrica: «Instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos».

Las agrupaciones sociales, aglutinadas en la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, reclamaron durante toda a semana a los 95 países miembros de la ONU participantes en este proceso que se comprometan y realicen avances sustanciales en las discusiones. Organizaron una conferencia de prensa el 23 de octubre frente al Palacio, en la Plaza de las Naciones de Ginebra, para exigir que las negociaciones tomen en cuenta la palabra de los pueblos y no se dejen influenzar por el cabildeo de las transnacionales.

«Este instrumento que se está negociando hoy en Naciones Unidas es el que va a permitir que las comunidades, de una vez por todas, puedan denunciar las violaciones de derechos humanos que acontecen a diario en sus territorios y que les niegan sus derechos fundamentales», dijo Karin Nansen, presidenta de ATI, en entrevista con Radio Mundo Real después de la conferencia. «Por eso exigimos a los países que hoy están negociando y están aquí presentes que se comprometan con este Tratado Vinculante para que tengamos en la cuarta sesión de negociaciones un instrumento vinculante sobre la mesa que nos permita avanzar. Hoy tenemos elementos ya que consideramos sumamente importantes. Vemos que la propuesta de Ecuador ha recogido mucho de los elementos que han planteado las organizaciones y movimientos sociales. De todos modos, nosotros como Campaña Global y como ATI, vamos a seguir proponiendo y planteando nuestros propios elementos porque pensamos que es fundamental que la justicia y todos los instrumentos jurídicos respondan a las demandas de los pueblos.»

Entrevista completa de Karin Nansen:

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Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados por Chevron recordó que «los pueblos víctimas de los crímenes corporativos, que se producen en todo el mundo, somos testigos que en la actualidad quienes más violan los derechos humanos son las Transnacionales. El tratado vinculante es una herramienta para proteger de forma real y practica los derechos humanos de los pueblos víctimas.»

El miércoles 25 de octubre, la Campaña Global presentó su propia propuesta de texto en un evento público organizado en paralelo a las discusiones. Según Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), la propuesta de texto de la Campaña Global tiene tres ideas fundamentales:

– «Fortalecer la idea de un derecho internacional desde abajo, un uso alternativo del derecho construido por organizaciones y movimientos sociales, por sectores críticos de la Academia y por las Comunidades afectadas por las empresas»;

– «Poner limites al enriquecimiento de las elites económicas: tiene que haber un acuerdo que deje fuera de la acumulación de capital los derechos humanos, medioambientales y laborales»;

– «Invertir la pirámide jurídica internacional por la cual se pueda expresar claramente que el derecho internacional de los derechos humanos es jerárquicamente superior a las normas de comercio e inversión.»

La activista denunció que «las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Bancos Regionales y otros organismos financieros de la propia Organización Mundial del Comercio (OMC) contribuyen a la construcción de la arquitectura jurídica de la impunidad de la que gozan las transnacionales y son además responsables directas de la violación de derechos humanos.»

Dentro de las propuestas del texto, podemos destacar:

1) La creación de una Corte Internacional sobre las Empresas Transnacionales y sus Directivos. Tendrá la competencia de recibir, investigar y juzgar las quejas contra las Transnacionales y sus directivos por violaciones o infracciones a los derechos humanos. Las decisiones y sanciones de la Corte son directamente aplicables y jurídicamente vinculantes.

2) La creación de un Centro Internacional de Monitoreo de las Empresas Transnacionales encargado de evaluar, investigar e inspeccionar las actividades y prácticas de esas corporaciones y tiene que emitir recomendaciones en base a sus investigaciones. La composición de este Centro debe asegurar el control público y la participación social, siendo gestionado de forma conjunta por Estados, movimientos sociales, comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil.

>> Leer la propuesta de texto de la Campaña Global <

Desde el inicio de esta tercera ronda, la Unión Europea (UE) adoptó una posición crítica hacia el proceso, despreciando el liderazgo de Ecuador y Sudáfrica que presiden el Grupo de Trabajo encargado de hacer avanzar las negociaciones, por su desconocimiento de los procedimientos y retraso en los plazos por ejemplo. También cuestionaba el sentido del Tratado argumentando que no solo las empresas transnacionales violan derechos humanos sino también empresas nacionales. El viernes 27 de octubre en la mañana, antes de concluir la ronda de negociaciones, el representante de la UE, Jérôme Bellion-Jourdan, convocó a la sociedad civil a una reunión donde se le pidió comprometerse a apoyar el proceso. Pero no lo hizo, explicando que la UE no tiene influencia política en este grupo de trabajo de la ONU y que otros países estaban bloqueando el proceso.

«Muchas comunidades, personas afectadas y activistas de los países del Sur vinieron a explicar sus casos de los cuales muchos tienen que ver con empresas europeas que violan derechos humanos y ambientales. Por ello es totalmente inaceptable que la Unión Europea esté ahora amenazando con bloquear este proceso por razones burocráticas cuando en realidad se trata de un proceso político», denunció hoy Anne Van Schaik, miembro de Amigos de la Tierra Europa. «Quedó clara la posición de la UE de trabajar con las empresas y que las inversiones son mucho más importantes que las comunidades afectadas», observó con indignación Tchenna Masso, representante del Movimiento de Afectados por las Presas de Brasil (MAB) y Vía Campesina Internacional.

>> Ver la reacción de Anne Van Schaik (en inglés) <<

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En la tarde, la delegación de Ecuador presentó el informe de la tercera ronda de negociocianes, que debe servir de base para la redacción del futuro Tratado Vinculante. La representación de la UE intentó paralizarlo en varias ocasiones, acusando a Ecuador de haber hecho modificaciones al texto sin consulta, pero el texto fue aprobado y se acordó que el Grupo de trabajo tendrá una cuarta ronda de discusiones en el 2018. Próxima reunión: marzo.

Más trabajos de Radio Mundo Real sobre el tema:

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Más lectura sobre el tema:

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Tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos: urge que los Estados hagan avanzar las discusiones

Declaración del Movimiento Global por un Tratado Vinculante

Informe: Los derechos de los pueblos frente al poder empresarial en América Latina

El Escaramujo 70: CEMEX VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO PALESTINO

Portavoces de ATI disponibles toda la semana en Ginebra:

– Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional: +55 48 99915 0071 o lucia@foei.org

– Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa (Países Bajos): +31 6 243 43968 o anne.vanschaik@foeeurope.org

– Juliette Renaud, Amigos de la Tierra Francia: +33 6 37 65 56 40 o juliette.renaud@amisdelaterre.org

– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (Uruguay): +598 98 556 360 o comerc@redes.org.uy

– Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico (Indonesia): +62813 1118 7498 o sangperempuan@gmail.com

– Apollin Koagne Zouapet, Amigos de la Tierra África (Camerún): +237 754 18644 o akoagne@cedcameroun.org

– Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional: +598 98 707 161 o chair@foei.org

Tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos: urge que los Estados hagan avanzar las discusiones

Comunicado de la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 19 de octubre 2017

Con motivo de la próxima ronda de negociaciones en materia de un tratado de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos en Ginebra, del 23 al 27 de octubre de 2017, Amigos de la Tierra Internacional urge a los Estados a que participen de forma constructiva en las negociaciones para el establecimiento de un tratado vinculante que obligue a las empresas transnacionales a rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos y ambientales que cometan.

Lucia Ortiz (Amigos de la Tierra Internacional), dijo:

   «Existen actualmente cientos de acuerdos legalmente vinculantes que protegen los intereses comerciales de las empresas transnacionales en el extranjero, pero ninguno que las haga rendir cuentas en materia de derechos humanos. Necesitamos un tratado vinculante que refrene las violaciones. Sobre la mesa se encuentran actualmente elementos concretos del tratado que proporcionan una base mínima para la negociación, pero es necesario proteger el proceso de la ONU de la influencia indebida de las grandes empresas y evitar los conflictos de intereses que implica la participación de actores no estatales.»

Según Amigos de la Tierra Internacional y sus grupos miembro de todo el mundo, las empresas transnacionales impulsan las crisis mundiales climáticas, alimentarias, financieras y humanitarias y es necesario acabar con su menosprecio hacia el medioambiente y la intimidación de los activistas locales que lo defienden.

Apollin Koagne Zouapet (Amigos de la Tierra África) sostuvo:

   «Para las miles de comunidades afectadas por la impunidad de las empresas en África y en todas partes del mundo, un tratado ofrecería el derecho a la justicia a través de un tribunal internacional. En algunos casos, la supervivencia misma de determinados pueblos indígenas locales depende de ello.»

Alberto Villarreal (Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe) afirmó:

   «Las empresas transnacionales devastan nuestros territorios con el fin de impulsar sus ganancias aún más, pero se esconden detrás de cientos de identidades nacionales y sus cadenas de suministro para escapar de la responsabilidad por los impactos de sus decisiones. Este velo empresarial debe levantarse y los responsables políticos de las empresas deben rendir cuentas.»

Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico, dijo:

   «Las instituciones financieras internacionales y las empresas transnacionales gozan actualmente de inmunidad que las protege de ser demandadas legalmente. El tratado debe permitir a las partes afectadas hacer que las empresas rindan cuentas en tribunales locales e internacionales. También debe proteger a los/as defensores/as del medioambiente, especialmente a las mujeres, que son más vulnerables a la presión que sufren cuando defienden sus territorios contra la codicia de las empresas.»

Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa, declaró:

   «La Comisión Europea (CE) continúa reticente a participar en este proceso. Sin embargo, los ciudadanos europeos y el parlamento europeo se han manifestado varias veces y apoyan el tratado. Francia adoptó recientemente una ley sin precedentes relativa al deber de diligencia de las empresas multinacionales en 2017, que podría servir de inspiración. La CE debe aprovechar esta oportunidad y demostrarle a sus ciudadanos que le importan los derechos humanos.»

Esta será la tercera sesión del grupo de trabajo intergubernamental (IWG por su sigla en inglés) sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos. Se espera que se negocie un borrador de los elementos del Tratado y las organizaciones ambientales, las comunidades afectadas y los movimientos sociales de todo el mundo se movilizarán para monitorear el proceso de la ONU y sus resultados.

Una delegación de Amigos de la Tierra Internacional estará presente en la sesión, entre ellos activistas que trabajan por la justicia ambiental, defensores/as de los derechos humanos y representantes de comunidades afectadas de: Brasil, Camerún, Colombia, El Salvador, Finlandia, Francia, Honduras, Hungría, Indonesia, Mozambique, Países Bajos, Nigeria, Rusia, Sri Lanka, Suecia y Uruguay.

Más información:

–  Informe: Los derechos de los pueblos frente al poder empresarial en América Latina

– Sitio web oficial del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia del respeto de los derechos humanos

– Declaración del Movimiento Global por un Tratado Vinculante

– Sitio web de la Semana de movilizaciones en Ginebra, llevada a cabo por los grupos miembro de Amigos de la Tierra y aliados

Portavoces disponibles toda la semana en Ginebra:

– Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional: +55 48 99915 0071 o lucia@foei.org

– Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa (Países Bajos): +31 6 243 43968 o anne.vanschaik@foeeurope.org

– Juliette Renaud, Amigos de la Tierra Francia: +33 6 37 65 56 40 o juliette.renaud@amisdelaterre.org

– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (Uruguay): +598 98 556 360 o comerc@redes.org.uy

– Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico (Indonesia): +62813 1118 7498 o sangperempuan@gmail.com

– Apollin Koagne Zouapet, Amigos de la Tierra África (Camerún): +237 754 18644 o akoagne@cedcameroun.org

– Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional: +598 98 707 161 o chair@foei.org

Informe: Los Derechos de los Pueblos frente al poder empresarial en América Latina

Informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), grupo regional de la federación internacional Amigos de la Tierra Internacional, de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – Octubre 2017

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INTRODUCCIÓN

La demanda por el control del poder que ejercen las empresas transnacionales a nivel global no es nuevo. Fue el tema del discurso de Salvador Allende ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1972, a menos de un año de su muerte el 11 de septiembre de 1973, cuando el definitivo golpe militar implementó la dictadura de Pinochet, contando con Milton Friedman como consejero para asuntos económicos. Fue el inicio del Neoliberalismo en América Latina.

Desde 2014 está nuevamente en el horizonte de la ONU un proceso de elaboración, por sus Estados miembro, de un Tratado internacional jurídicamente vinculante sobre Transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos. Ahora, este proceso de negociación se desarrolla en un contexto de nueva ofensiva ultra neoliberal sobre los pueblos de nuestra América; de escalada de violencia sobre defensores y defensoras de los territorios y de la vida; de mayor concentración del poder del capital trasnacional para violar derechos humanos y cometer crímenes ambientales en todo el mundo, y de avance de la arquitectura de impunidad que construye muros de resguardo de las ganancias e intereses de las empresas transnacionales, a través de acuerdos de «libre» comercio y de protección de inversiones que atentan contra los derechos, la soberanía de los pueblos y las políticas públicas estatales.

Esta publicación presenta casos de violación sistémica y sistemática de los derechos humanos, ambientales y de pueblos afectados en ocho países de la Región. Son luchas vivas descritas por miembros de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe, de las cuales se extraen denuncias, enseñanzas desde las resistencias y propuestas concretas para avanzar, desde abajo, en la ley internacional sobre Derechos Humanos y para desmantelar el poder empresarial. Por estas propuestas estaremos movilizados desde el nivel local y nacional hasta el internacional, dándole seguimiento a las negociaciones de un nuevo instrumento vinculante, que empieza con un texto borrador en la mesa a partir de este año del 2017 en el ámbito del Grupo de Trabajo Intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas.

CASO 1 – BRASIL – CRIMEN SIN FIN: LA LAMA DE BHP BILLITON Y VALE NO DEJA DE ESCURRIR

Por Arthur Viana – Amigos da Terra Brasil

Cuatro y media. La caldera olvidada sobre el fuego grita con el agua caliente para el café. Demasiado tarde: hirvió, y en algún momento siempre hierve. Abro la ventana y veo la lama.

Pasados casi dos años del más grande crimen ambiental de la historia de Brasil, los juicios se suspenden y Samarco, joint-venture de BHP Billiton y Vale, planea el retorno de las actividades. La historia de la rotura de la represa de Fundão, en la localidad de Bento Rodrigues, ciudad de Mariana, en el estado brasileño de Minas Gerais, no empieza aquí ni ahora. Para que viniera la lama, tuvo que romperse la represa, y una represa no se rompe fácilmente – o al menos no debería. Esta, la de Fundão, de responsabilidad de la empresa Samarco S.A., colapsó el 5 de noviembre del 2015, configurando uno de los más grandes crímenes socio ambientales de la historia de la humanidad, el más grande ya registrado en Brasil y el más importante relacionado a la minería en el mundo.

Al mirar por la ventana, es eso lo que veo, y haga el esfuerzo de imaginárselo: 62 millones de metros cúbicos de lodo con desechos de minería, cantidad que se calcula que haya escurrido de los depósitos rotos de Samarco, viniendo hacia mi, hacia mi casa, mis animales, mi ciudad. Confieso que me asusta. Mejor correr – pero correr para dónde?

Antes de todo, es necesario nombrar a los personajes de esta historia. Al nombrar a la empresa Samarco S.A. se habla en realidad de BHP Billiton, empresa anglo-australiana, y de Vale S.A., brasileña privatizada bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en 1997. Estas empresas reparten las acciones de Samarco en una join-venture, 50% para cada una.

La gigante anglo-australiana llegó a Brasil en 19843 y además de la actuación a través de Samarco, actúa hoy también en el sector de aluminio, con participación del 14,8% en la minera de bauxita MRN (Mineração Rio do Norte)4 y participaciones en la empresa Alumar (Consórcio de Alumínio do Maranhão). Según un ranking elaborado en 2017 por la consultora PwC, BHP Billiton es la minera más grande del mundo; Vale es la quinta. En 2014, un año antes de que se rompiera la represa, BHP Billiton tuvo facturación de US$13,8 mil millones (apenas para el primer semestre y en dólares); la Vale, de casi mil millones de reales, en un alta de 729% en relación al año de 2013. Y aun así, sin importar sus tamaños o sus ganancias, fallaron en lo crucial y expusieron sus crímenes: no oyeron a Joaquim. Me explico:

Estamos en 2014 y la represa de Fundão todavía está allá, tapando toda la lama de desechos que derramaría sobre las ciudades y que acabaría con la cuenca de todo un río. El fin del Río Doce, en ese entonces, no es ni siquiera imaginable. En una inspecciЧn a las instalaciones de Samarco (acéerdense: BHP Billiton y Vale), el ingeniero Joaquim Pimenta de Ávila – que se diga de paso fue el que proyectó la represa años antes y ahora ofrecía servicios de consultoría – detectó fisuras, verdaderas aperturas, en las obras que modificaron la pared lateral izquierda de la represa de Fundão. (…)

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CASO 2 – MÉXICO – LA MINERA CANADIENSE BLACKFIRE EN CHIAPAS

CONTRA DEFENSORES DE LOS TERRITORIOS Y DE LA VIDA

Por Gustavo Castro Soto  – Otros Mundos, A.C./Amigos de la Tierra México

Según el Departamento de Recursos Naturales de Canadá (NRCAN por sus siglas en inglés), 52% de las empresas mineras en el mundo cotizan en las bolsas de valores de Canadá. México se ubica en segundo lugar en el mundo en términos de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá. En 2015, 11.3% o CAD$19.4 mil millones de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá se radicaron en México en manos de 125 empresas mineras, superado solamente por los Estados Unidos con 14.5%. Según la Secretaría de Economía de México, hasta 2013, las empresas mineras canadienses representaban 69% de las empresas mineras extranjeras operando en México.

En el estado de Chiapas existen 99 concesiones mineras – de diversas empresas entre ellas canadienses – activas en 16 municipios que abarcan un millón de hectáreas (25% de la superficie territorial de la entidad). Entre los años 2007 a 2010, la empresa minera Blackfire Exploration, con sede en Calgary, Canadá , y su filial Blackfire Exploration México S. de R. L., se encontraban en operación en el municipio de Chicomuselo para la extracción de barita, a través de la mina Payback/La Revancha, misma que se encuentra ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo. Para llegar al Ejido Grecia y a la mina se requiere pasar por el ejido Nueva Morelia. El municipio de Chicomuselo cuenta con casi 40 mil habitantes y con el 90% de la población en pobreza con actividades de agricultura y ganadería de subsistencia.

El líder ambientalista y coordinador local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue criminalizado y posteriormente privado de la vida el 27 de noviembre de 2009 como consecuencia de su actividad en contra de los efectos negativos de la actividad de la mina Paypack/La Revancha, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration. Abarca está marcado por su trabajo en defensa de la tierra, a un medio ambiente sano y contra los efectos negativos de la mina y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sufrió sucesivas amenazas y ataques físicos provenientes de personas vinculadas a la empresa, denuncias penales llevadas a cabo por él sin que prosperaran y concluyeran en castigo a los responsables. Por el contrario, sí prosperaban, y con extraña agilidad, acusaciones penales interpuestas por la empresa Blackfire, con el respaldo de la embajada canadiense, en contra de Mariano Abarca por delitos inverosímiles, usualmente utilizados para contrarrestar la actividad de defensores de derechos humanos, como la asociación delictuosa, delincuencia organizada y ataques al Estado, entre otros, que justificaron su detención, arraigo y posterior liberación. La impunidad para con quienes amenazaron y atacaron su integridad física, y su detención por el estado, fortalecen la presunciЧn de que su asesinato correspondió a una decisión última llevada a cabo por los dirigentes de la empresa en connivencia con las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que a la vez había sido presionada por la embajada canadiense a favor de los intereses de la empresa. (…)

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CASO 3 – HONDURAS – CASO AGUA ZARCA: FMO (HOLANDA), FINNFUND (FINLANDIA)

Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) VERSUS COPINH

Por Martha Alejandra Canales Silva y Mario Ernesto Zavala Garay – Movimiento Madre Tierra / Amigos de la Tierra Honduras

En Honduras, para los próximos 10 años, se ha previsto que el Estado invierta 88 mil millones de lempiras (cuatro mil millones de dólares), destinados para la ejecución de proyectos de extracción metálica, no metálica y de hidrocarburos. Hasta la fecha se estima en 155 el número de concesiones de explotación, que abarcan la tercera parte del territorio hondureño, equivalentes a 35 mil kilómetros cuadrados; un territorio mayor que la superficie de El Salvador.

El proyecto Hidroeéectrico Agua Zarca queda ubicado en el municipio de San Francisco de Ojuera en la zona noroccidente de Honduras, proyecto que de forma inconsulta se establecóo en las zonas de Rio Blanco, sobre el Rio Gualcarque comunidad lenca a la cual no se consultó en clara violación al convenio 169 de la OIT, como una apuesta colonialista y bajo la idea de «energía limpia» en Honduras, desde que se dio el golpe de Estado de 2009, se han concesionado alrededor de 200 proyectos hidroeléctricos y mineros que están amparados por la Ley General de Aguas, decretada en 2009. A partir del golpe de Estado de junio de 2009, se acentóo la tendencia de los gobiernos para desmontar todas las prohibiciones legales para concesionar proyectos, como el de Agua Zarca.

La empresa de capital hondureño Desarrollos EnergОticos S. A de C.V (DESA), desde el ñno 2009, pretende construir la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, en la frontera de la reserva de vida silvestre Montaña Verde, con una capacidad de producción de 21.3 MW de energía. «Para la construccón e instalación del proyecto, en el 2012, el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó a DESA un préstamo entre 24.4 y 25 millones de dólares» y ha ganado hasta la fecha 381 millones de dólares, significando que aumentó 15 mil veces su capital social inicial, una de las razones por las que la MACCIH investiga a esta empresa.

DESA se instala en un contexto critico en el país, un golpe de Estado, del cual se logra colocar el gobierno de facto de Roberto Micheletti, que durante su mandato aprobó leyes lesivas como «el decreto 233 que deroga todos los anteriores decretos que prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas». (…)

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CASO 4 – URUGUAY – LA DEMANDA DE PHILIP MORRIS  CONTRA URUGUAY

Por Alberto Villarreal  – REDES / Amigos de la Tierra Uruguay

Philip Morris (PMI), la empresa tabacalera más grande del mundo cuya sede administrativa se encuentra en Lausana, Suiza (aunque es originalmente una transnacional estadounidense) desplegó una ofensiva contra las políticas en materia de salud pública que diversos países –entre ellos Uruguay- promulgaron y aplicaron en consonancia con sus obligaciones asumidas en el marco del Ьnico convenio multilateral vinculante de protección de la salud en la órbita de la Organización Mundial de la Salud (OMS) – el Convenio Marco sobre el Control de Tabaco (CMCT).

La tabacalera presentó una demanda ante el foro de arbitraje internacional CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones) que funciona bajo la Оgida del Banco Mundial, impugnando las medidas y leyes adoptadas por el gobierno uruguayo para proteger a sus ciudadanos/as frente a los riesgos probados que conlleva para la salud el consumo de productos del tabaco, alegando incumplimiento del Acuerdo de Promocóon y Protección Recíproca de las Inversiones entre Suiza y Uruguay firmado en 1988 (y ratificado en 1991). El CIADI es uno de los principales foros de solución de diferencias inversionista-Estado, sus fallos son inapelables y ha sido incluido en numerosos tratados de libre comercio e inversiones, ofreciendo a las empresas un mecanismo de coacciЧn que les permite imponer sus intereses a los Estados. Cuando las empresas presentan una demanda contra el Estado amparándose en Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI o TBI-tratados bilaterales de inversiones), se conforma un tribunal ad hoc compuesto por tres árbitros que pertenecen a un selecto nЬcleo de empresas de arbitraje internacional y que actúan a veces como jueces y otras como abogados de las ETN, e incluso algunos han sido miembros de la Junta de grandes Empresas Transnacionales, por lo que tienen intereses sesgados.

Las normas y procedimientos de protección de las inversiones extranjeras incluidas en los APPRI o TBI y en los capítulos de inversiones de los TLC, son un arma poderosa de la que se valen las empresas transnacionales para hacer prevalecer su afán de lucro en detrimento de los derechos de los pueblos. Tanto los APPRI, los TBI y los TLC son resultado de la doctrina económica neoliberal impuesta contra la voluntad popular en las últimas décadas del siglo pasado y que provocó las múltiples crisis que han afectado y aún afectan a las grandes mayorías, al tiempo que benefician a unos pocos que concentran más y más recursos. (…)

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CASO 5 – ARGENTINA – EL CIADI Y EL AGUA EN ARGENTINA:

IMPACTOS EN  LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES

Por Natalia Salvático  – Amigos de la Tierra Argentina

En el año 2006, luego de 13 años de privatización, el Estado Argentino recuperaba su mayor empresa de provisión de agua potable y cloacas, hoy llamada Aguas y Saneamiento sociedad anónima (AySA). Había sido el sistema de saneamiento dado en concesión más grande del mundo, con 6 millones de usuarios.

La empresa de Aguas tuvo relevancia desde su fundación en 1912, cuando se crea con un objetivo de salud pЬblica: detener las epidemias de fiebre amarilla que asolaban la ciudad de Buenos Aires desde finales del 1800. Obras Sanitarias de la Nación centralizó como empresa estatal los servicios para todo el país hasta 1980, cuando la gestión del servicio se vuelca a las provincias, y la empresa conserva la prestación de servicios para la ciudad capital y el área metropolitana. Desde los años 90, se trasnacionalizó la economía argentina mediante la entrada masiva de capitales que accedieron a concesiones de servicios pЬblicos, entre ellos el agua y el saneamiento en varias ciudades, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, y también otras provincias como Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Córdoba. En 1993, en entonces presidente C. Menem decreta privatizar completamente Obras Sanitarias de la Nación. Se cedieron todos los derechos a la empresa Aguas Argentinas S.A por 30 años. El pasivo y las deudas de la empresa no fueron asumidos por la privatizadora y quedaron a cargo del Estado. Los socios mayoritarios de esta nueva empresa eran Suez Lyonaisse des Eaux-Dumez y el grupo nacional Soldati.

A partir de la privatización, la empresa se caracterizó por sostener una operación negligente del servicio, que produjo desbalance hídrico y ascenso de las napas freáticas lo cual contribuyó a contaminar el Acuífero Puelche, del cual se proveen los usuarios sin conexión de agua corriente de vastas zonas de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo por este sistema la empresa fue responsable de proveer agua potable deteriorada (por exceso de cloro, turbiedad, etc.) utilizando al Río de la Plata como fuente de provisión de agua y a la vez de desagüe cloacal, generando riesgos sanitarios. También fue responsable de no realizar obras esenciales como la cuarta cloaca máxima y la planta de tratamiento de efluentes en la ciudad de Berazategui. La cobertura del área asignada se realizaba según la capacidad de pago de los usuarios, generando exclusión en amplios segmentos de la población y baja presión de agua en otros. (…)

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CASO 6 – EL SALVADOR – PUEBLO SALVADOREÑO VENCE A MINERA TRANSNACIONAL

Por Ana María Vásquez  – CESTA / Amigos de la Tierra El Salvador

La empresa Oceana Gold cuenta con activos en Filipinas, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Tiene operaciones en la Mina de Oro y Cobre Didipio ubicada en la isla de Luzón en Filipinas. En la isla norte de Nueva Zelandia, opera la mina de oro Waihi, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, opera la mina de oro más grande del país en el Macraes Goldfield que está compuesto por una serie de minas a cielo abierto y el Frasers underground mía. En Estados Unidos está construyendo actualmente la mina de oro Haile, un activo de alto nivel ubicado en Carolina del Sur a lo largo del Terrane de Carolina.

La presencia de esa empresa en el país, inicia con los estudios para reabrir la mina El Dorado en San Isidro Cabañas, comenzaron en 1993, la concesión de exploración fue otorgada a la Canadiense Pacific Rim Mining Corp, en 2002, la empresa encontró en el subsuelo de la zona norte del país un aproximado de 1.2 millones de onzas de oro de alta pureza y más de 7.5 millones de onzas de plata. Además de otras 558 mil onzas de oro y 1.2 millones de plata de menor calidad. En el 2004 Pacific Rim solicitó permiso al Estado salvadoreño para la explotación de los metales preciosos, el cual le fue denegado ante el incumplimiento de observaciones en el Estudio de Impacto Ambiental hechas por el Ministerio del Ambiente.

Ante la negativa de no autorizarle la explotación, Pacific Rim inicia una demanda contra el Estado salvadoreño en El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La petición pedía que se le pagara $77 millones de dólares por el monto invertido en la etapa de exploración, la exigencia fue incrementada a $ 301 millones y finalmente se redujo a $ 250 millones. Pacific Rim se declaró en quiebra en el 2013 y vendió sus acciones a la transnacional Australiana Oceana Gold por 10.2 millones de dólares, quien continuó diligentemente el proceso de la demanda.

El proceso de litigio de la Pacific Rim en el CIADI contra el Estado salvadoreño se hizo en dos etapas: la primera demanda hecha en 2009, la empresa se había acogido al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Domincana (CAFTA-DR), en junio de 2012 el tribunal desestima la petición por tratarse de una empresa canadiense; en la segunda etapa presenta una demanda en marzo de 2013 amparados en la Ley de Inversión nacional de El Salvador.

La fuerte denuncia y protesta de las organizaciones y movimientos sociales, lleva a que el gobierno salvadoreño presente a finales del 2012 una iniciativa de ley denominada «Ley Especial para la suspensión de los Procedimientos Administrativos relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica». Este instrumento permite suspender la exploración y explotación de la minería en el país. (…)

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CASO 7 – COSTA RICA – EL MONOCULTIVO DE LA PIÑA: UNA HISTORIA IRRESPONSABLE EN EL PAÍS MÁS INTOXICADO DEL MUNDO

Por Mariana Porras – COECO Ceiba / Amigos de la Tierra Costa Rica

Costa Rica es actualmente el mayor exportador de piña del mundo. La piña fresca, el jugo procesado y la piЦa cortada son comercializados en grandes mercados como el de Estados Unidos y el Europeo; segЬn el censo agropecuario las extensiones de piña entre el período de 1984- 2014 crecieron en casi 1500% en ese período.

Dos multinacionales con sede en Estados Unidos, Del Monte y Dole, dominan el comercio de esta fruta a nivel mundial, y tres cuartas partes de las piñas en las estanterías europeas ahora provienen de Costa Rica. Se estima que la producción costarricense de piña está en un 75.8% en manos de cuatro empresas y sólo un 20% está en manos de 1.191 pequeños productores, que a su vez vende la piña a estas grandes empresas para su exportación.

Empresas como Dole, Chiquita o Del Monte que se benefician del jugoso negocio de las piЦas son las mismas que protagonizaron el boom bananero, el cual trajo impactos ambientales y a la salud de trabajadores/as sin que estas compaЦТas asumieran responsabilidades, esto se repitió no solo en Costa Rica sino en otros países latinoamericanos donde estas empresas tienen plantaciones.

El crecimiento del monocultivo de la piЦa, ha sido el de mayor crecimiento en el país en los últimos 20 años. Los datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) revelan un crecimiento del 300% en la exportación de este producto en el periodo que va del año 2002 al 2012 llegando a 1.876.000 toneladas. En términos de divisas, los datos de PROCOMER muestran que se exportaron 121 millones de dólares ($) en el año 2000 mientras que en el 2012 esta suma se eleva a $791 millones lo que representa un crecimiento de más del 650%. A pesar del incremento en las exportaciones, esta actividad no paga aranceles nacionales y municipales así como tampoco lo hace sobre materias primas y recibe incentivos para la exportación. Con esta exención de pagos de impuestos, se imposibilita el mejoramiento de las condiciones socio-econЧmicas de los territorios donde se ubican estos monocultivos. (…)

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CASO 8 – COSTA RICA – GUATEMALA – LA RESISTENCIA DE LA COMUNIDAD DE IXQUISIS, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO, A LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS POJOM I, POJOM II Y SAN ANDRÉS A CARGO DE LA EMPRESA PROMOCIÓN Y DESARROLLO HÍDRICO, S.A. (PDHSA)

Por Eric Hernández Palacios, Basilio Tzoy Grijalva, Ruben Herrera y Elías Raymundo Raymundo  – CEIBA / Amigos de la Tierra Guatemala  – Asamblea de Pueblos de Huehuetenango – ADH

La empresa PDHSA se presentó en el año 2010 en las comunidades de la microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, dando a conocer que establecería tres proyectos hidroeléctricos de su propiedad: Pojom I, Pojom II y San Andrés. La responsable de su construcción sería la empresa SolelBoneh Ltda. La generación/producción de electricidad por parte de esas hidroeléctricas fueron concesionadas a las subsidiarias: Generadora San Mateo, Sociedad Anónima, y Generadora San Andrés, Sociedad Anónima, respectivamente.

La empresa PDHSA fue inscrita en el Registro Mercantil en diciembre de 2007. La sede que en acta consta, se ubica a la Oficina 1101 de la Torre Oeste del Centro Corporativo Muxbal, a la par de la oficina donde fueron creadas las empresas Generadora San Mateo (GSM), Generadora del Río (GR) y Generadora San Andrés (GSA).

La instalación de estos proyectos está asentada en la cuenca de Pojom, y abarca los ríos Pojom, Negro, Primavera Yalhuitz, Varsovia, Tercer Arroyo y Palmira. La empresa que pretende instalar estos proyectos tienen financiamiento de organismos internacionales como la Corporación Interamericana de Desarrollo (CII), instancia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo BID, como también, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Ixquisis es una microrregión del municipio San Mateo Ixtatán, conformada por las comunidades Yulchen Frontera, Bella Linda, Ixquisis, Pojom, El Platanar, Nuevo San Mateo, y los caseríos San Francisco, Varsovia/Primavera, Concepción y El Rincón. El municipio forma parte del departamento de Huehuetenango, que se sitúa en la parte noroccidental de Guatemala, en Centro América.

San Mateo Ixtatán se compone de 59 aldeas y 7 caseríos, y 29 de estas aldeas no cuentan a la fecha con energía eléctrica. El 21 de mayo del año 2009, organizado por la municipalidad de San Mateto Ixtatán, se realizó la Consulta Comunitaria con los habitantes de las 59 aldeas y 7 caseríos. Se llevó a cabo un día jueves, y participaron 25,646 personas, el resultado fue contundente, el 99% de la población rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos en este municipio.

Pese a ello, el Estado de Guatemala, aprobó la implementación de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis. Ingresar a la microrregión e iniciar con la construcción de Pojom I, lo hizo la empresa a través del engaño, la falsedad y la desinformación. Pocos meses después de realizada la consulta comunitaria, a una de las aldeas llegaron personas foráneas haciéndose pasar por delegados de la ElectrificaciЧn Nacional, y utilizando a un presidente del Comité Regional de Ixquisis y representante regional ante el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), informaron a las comunidades que tenían varios proyectos en sus manos, y ofrecieron a las comunidades proyectos que traerТan muchos beneficios y desarrollo para la aldea. Hablaron principalmente de un proyecto de luz. (…)

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Trump llega a México para renegociar el TLCAN con un programa ambiental xenófobo y vacío

Boletín de prensa conjunto de Amigos de la Tierra Estados Unidos y Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 1º de septiembre 2017

WASHINGTON, D.C. – La segunda ronda de negociaciones secretas hacia un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abre hoy, primero de septiembre, en la Ciudad de México.

Pueden consultar también nuestro artículo «Las diez maneras en las que el nuevo TLCAN de Trump amenaza a la gente y al planeta»

Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, hizo el siguiente pronunciamiento:

El TLCAN ha sido un desastre para el planeta. Y también para toda la gente de América del Norte, en particular para los Mexicanos. Pero no podemos confiar en Donald Trump para renegociar el TLCAN por dos razones. La primera es que Donald Trump es el más indignante negador del cambio climático y difamador de defensores del medio ambiente en el mundo. La segunda es que por sus vergonzosos prejuicios xenófobos hacia los Mexicanos, no es moralmente apto y es incapaz de negociar un tratado justo.

Donald Trump se ha referido a los inmigrantes Mexicanos en Estados Unidos como «bad hombre», o «hombres malos». Quiere construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, considerado como un «monumento racista», y con razón, por muchos Mexicanos, incluso por el expresidente conservador Vicente Fox. Y Trump quiere que México pague por dicho muro. Además, Trump ha prometido castigar financieramente las ciudades santuarios como Los Angeles,  Denver y Austin que buscan proteger a los inmigrantes de México y otros países de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos que encarcelaron y deportaron cruelmente a madres que tienen sus hijos viviendo legalmente en el país, a mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica, a niños supuestamente protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), entre otras víctimas. La lista de sus políticas y declaraciones xenófobas sigue y sigue.

Michelle Chan, vice-presidenta de Amigos de la Tierra Estados Unidos, hizo el siguiente pronunciamiento:

Donald Trump es incapaz de negociar un nuevo TLCAN basado en la justicia ambiental para los pueblos sin distinción de raza, color, o nacionalidad. Necesitamos un nuevo TLCAN que corrija sus reglas injustas que favorecen las industrias contaminantes las gigantes corporaciones multinacionales por encima de los pueblos y el planeta. Pero no lograremos tal acuerdo hasta que tengamos un nuevo presidente de Estados Unidos quien crea en la igualdad racial y en la necesidad de una acción pronta y eficiente para contrarrestar el cambio climático y otras amenazas ambientales inminentes.

Contactos:
Expertos:  Gustavo Castro, guscastro@otrosmundoschiapas.org; Bill Waren, (202) 222-0746, wwaren@foe.org
Comunicación: Erin Jensen, (202) 222-0722, ejensen@foe.org

— ENGLISH VERSION —

Trump brings a xenophobic, flat Earth agenda to Mexico City NAFTA talks

WASHINGTON, D.C. – The second round of secret negotiations on a new North American Free Trade Agreement (NAFTA) opens in Mexico City today, September 1.

For more information, please see Friends of the Earth’s blog on how Trump’s new NAFTA threatens people and the planet.

Gustavo Castro, Coordinator of Otros Mundos AC/Friends of the Earth Mexico, issued the following statement in response:

NAFTA has been a disaster for the planet.  It also has been a disaster for all the people of North America and the Mexican people in particular. Donald Trump, however, cannot be trusted to renegotiate NAFTA for two reasons. First, Trump is the world’s most egregious climate change denier and traducer of environmentalists. Second, Trump’s shameful and xenophobic prejudice against Mexicans makes him morally unfit and incapable of concluding a fair deal.

Donald Trump has referred to Mexican immigrants as «bad hombres.» He wants to build a border wall between the U.S. and Mexico which many Mexicans even including the reactionary former Mexican president Vicente Fox have appropriately called a «racist monument.» And, Trump wants Mexico to pay for it. Trump also has promised to financially punish sanctuary cities like Los Angeles, Denver, and Austin which seek to protect Mexican and other immigrants to the U.S. from his ICE police who have been cruelly jailing and deporting mothers with legal children, women who have been subject to domestic abuse, and  children who are supposed to be protected by the DACA program, among other victims. The list of his xenophobic policies and statements goes on.

Additionally, Michelle Chan, Vice President of Friends of the Earth, U.S, issued the following statement in response:

Donald Trump is incapable of negotiating a new NAFTA deal based on the principle of environmental justice for people regardless of race, color, or national origin.  We need a new NAFTA that corrects its unfair provisions that favor polluting industries and giant multi-national corporations over people and the planet. But, we will only get that deal when we have a new President of the United States who believes in racial equality and the need for swift and effective action to counter climate change and other imminent environmental threats.

Expert contact: Bill Waren, (202) 222-0746, wwaren@foe.org
Communications contact: Erin Jensen, (202) 222-0722, ejensen@foe.org

Las movilizaciones sobre el salario mínimo en Haití

Artículo de BATAY OUVRIYE – Puerto Príncipe, agosto 2017

Recuperación y resistencia

En Haití, la política y la economía se degradan día a día: imbroglio abyecto de las instancias del Estado que se contradicen todo el tiempo, trabándose inevitablemente en derivas insoportables, mientras que el pretendido « despegue económico » tan anunciado se sigue haciendo esperar, y el pueblo, en el marco de una miseria inimaginable, sufre una indigencia sostenida. Esta situación no hace más que  envenenar las relaciones sociales ya fuertemente antagónicas.

Para remediarlo, las clases dominantes, apoyadas por el Estado cada vez más reaccionario, implementan un mecanismo bien conocido : la mistificación. Aparte del espectáculo maloliente de las fiestas multiplicadas, la recuperación, su arma predilecta. De esta forma las principales fechas de la resistencia popularse han visto transformadas en manifestaciones interclasistas.  Y las conmemoraciones del 8 de marzo y del 1° de mayo, en vez de evocar la resistencia de mujeres obreras quemadas vivas en su lugar de trabajo o la intrépida y valiente lucha obrera por las ocho horas diarias de trabajo, asistimos estúpidamente a marchas de mujeres proletarias invitadas a caminar junto a pequeñas burguesas acomodadas y sonrientes, cuando no a grandes burguesas bien vestidas, por un « feminismo » contranatura. O sino a la demostración de ricas ferias agrícolas del capital agro-industrial o de un artesanado alienado y sumiso, magnificando el « trabajo bien hecho » del obrero dócil y la agricultura del « terruño ».

Cada año que pasa, sin embargo, el pueblo es menos ingenuo, y los obreros mucho más. A Batay Ouvriye, le corresponde la tarea de reforzar ese rechazo de participación junto a los verdugos, el rechazo a la « recuperación », para develar la verdad histórica y conducir una movilización, de verdad liberadora. No es por casualidad que los primeros gritos de los obreros se hacen oir en general en esos momentos de cristalización de las luchas sociales. Lo mismo sucedió en 2017.

Nuevas imposiciones y aumento del precio de la gasolina / Concientización, organización y primeras movilizaciones…

En el marco pues del  apriete creciente de la miseria aterradora que nos rodea y a partir del rechazo cada vez más conciente de la mistificación dominante, luego del 8 de marzo, los representantes del Estado no encontraron nada mejor que adelantar  cobros fiscales que dormían y, peor aún, elevar el precio de la gasolina ! ¿Cómo ? ¿Agregar impuestos a nuestros sueldos ya tuberculosos ? Aumentar el precio de la gasolina, por lo tanto, el del transporte, pero también el de las mercancías, los medicamentos, sin contar la inflación galopante que nos despojará más de los alquileres, de la escolaridad, de la vestimenta ? Así, al salir de una jornada de trabajo demoledora, las obreras y obreros de la zona franca de Codevi, en el Nordeste del país, se embarcaron en una movilización monstruo en señal de protesta.. Era necesario sin embargo, superar rápidamente el carácter espontáneo  de esta manifestación. El nivel  de conciencia alcanzado a partir del rechazo de la mistificación del 8 de marzo, permitía  avanzar dando un salto al de una movilización concientemente asumida, organizada, planificada. El rol de los principales militantes de Batay Ouvriye en ese momento, fue crucial. Multiplicar las reuniones sectoriales de las diferentes fábricas, y aquellas de la zona franca entera ; motivar para ello a los responsables de sección ; tomar contacto con los camaradas de la zona franca de Caracol, en el Nordeste y movilizarlos igualmente ; llegar a organizar encuentros Plasit-BO (Plataforma de los sindicatos de las fábricas textiles, en créole- Batay Ouvriye) en donde nuestros camaradas de Puerto Príncipe participaban igualmente de la partida. : pero además conectarse con los medios, todos los medios, sumar a los principales aliados, tanto entre los campesinos como entre los estudiantes, barrios populares u organizaciones progresistas ; en las ciudades como en la campaña ; nacional como internacionalmente ; y sobretodo, convencer, directamente a la masa obrera con reuniones diarias a la salida de las fábricas, en el interior de las fábricas, con volantes, periódicos comunicaciones a través de las redes sociales… Basándonos en la incapacidad crónica del Estado que no brinda ningún servicio a la población desfavorecida, surgió una primera consigna : « NO HAY SERVICIO, NO HAY IMPUESTO ! ». La batalla se había largado.

Salario y bloqueo sistemático de cualquier ajuste

Uno de los artículos del Código del Trabajo haitiano, el 137, estipula que un ajuste salarial debe tener lugar cada vez que la inflación supera el 10% al año. Pero, en el cuadro de esta dominación sin contraparte que la burguesía de la tercerización y la maquila nos impone, este artículo no es para nada respetado. Llega a suceder que durante más de 5 a 6 años,  este ajuste no tuvo lugar a pesar de una inflación cada vez más galopante que alcanza a veces el 100% ! 5 a 6 años pero  más recientemente, hasta 11 años ! Esto nos permite constatar el déficit de ajuste de salario que enfrenta la clase obrera en su conjunto, además de los trabajadores en general.

Desde hace alrededor  de dos décadas, uno de nuestros principales ejes de acción a nivel de la lucha frente a este Estado indigente es de forzarlos a reconocer esta inhumana exageración y forzarlos a implementar una comisión responsable de este ajuste periódico. En 2009, luego de memorables movilizaciones de masas de la clase obrera, el Estado cedió. El principio institucional fué aceptado : el Consejo Superior del Salario (CSS), fué instrumentado. Compuesto por tres representantes de la burguesía, del gobierno y de los trabajadores, se suponía que anualmente se debía resolver esta cuestión.

Dios nos guarde ! De créer que en una  dictadura burguesa tan dura y declarada, como es el caso en Haití, los trabajadores hubieran podido, institucionalmente además, imponer una situación tal. En realidad, visto el acompañamiento ciego que los representantes del Estado tienen de la burguesía dirigente, el Css se vuelca siempre del lado de los poderosos, minimizando en cada oportunidad el lógico ajuste de rigor (este es por supuesto calculable). Peor, después de luchas feroces que, ante el bloqueo entonces institucionalizado,  tuvieron lugar en el año 2013,  el CSS simplemente no se reunía más, evitando e  imposibilitando cualquier ajuste.

Las movilizaciones del año 2017

Cuatro años ! Otra vez. Fuertes entonces de la conciencia adquirida desde el 8 de marzo y de las primeras movilizaciones en la Codevi, el PRIMERO DE MAYO de este año 2017 fué extraordinario. No solo por el número de particiantes, sino más bien porque a partir de estos camaradas, los más concientes y combativos, que, en esta fecha obrera, si las hay, enfrentaban de manera organizada al intento de recuperación del día y se movilizaban para levantar las reivindicaciones que más llegan al corazón de la clase obrera : el salario, su principal fuente de vida, congelado.

Mayo, junio, julio… la militancia de los responsables de Batay Ouvrye así como los de diferentes sectores de las fábricas se mostró nuevamente fundamental. Volantes, concientización directa, reuniones, llamados a la organización, debates, contradicciones presentadas, discutidas, resueltas…se propagaron por todo el territorio de las maquilas. De la Codevi al sindicato de Caracol, pasando el relevo a nuestra cordinación nacionalPlasit-BO., incluyendo así al Sindicato de los Obreros Textiles y de la Vestimenta-Batay Ouvriye de Puerto Príncipe (Sota-BO) en unidad de acción con otras dos centrales, la Cnoha y la Grostra-Ctsp, para una movilización clasista. De los 300 gourdes de entonces, los camaradas unánimemente exigían 800 gourdes. Esto no solamente por la congelación de los últimos 4 años ; sino teniendo en cuenta el enorme déficit de ajustes que llevamos de décadas ; y  además el aumento sustancial del costo de vida, impuesto ya fuera  por el Estado o por la inflación.

¡Había que ver ! La determinaciόn, el compromiso, el furor casi, de millares y millares y millares de obreros menospreciados, de obreras fatigadas, porque a menudo se encuentran solas en hogares monoparentales, situaciόn corriente en Haití. Dejando valientemente las fábricas en donde unos patrones anticuados  y superados por el momento intentaban mantenerlos encerrados. Día tras día. Corriendo, gritando, aullando en las calles, en los micrόfonos de los canales de televisiόn o en las principales radios del país. Comunicando su hartazgo, conmoviendo a los transeúntes, vendedoras al paso, vendedores ambulantes, artesanos, escolares, estudiantes y desocupados con los que se cruzaban.

Saliendo del principal parque industrial, la Sonapi, para recorrer la avenida clave de las fábricas exteriores, reuniéndose todos en el gran cruce lindero con el siguiente barrio popular, el Bel-Air, guardián de sus tradiciones de lucha histόricas. Ahí, en las callejuelas estrechas, aptas para la fusiόn orgánica del pueblo, los manifestantes se impregnaban de un aliento fraterno, mientras que a ese territorio de conquista le inculcaban la seriedad de la acciόn, la masa uniforme del interés de clase, la violencia de saberse justos, el ser sensibles al estar juntos, fundamental, en nuestro campo, la alegría de sublevarse colectivamente contra la opresiόn : ¡la vida ! « ¡Nosotros los apoyamos, los apoyamos cien por ciento ! » « ¡Coraje ! » « ¡Arriba, arriba, venceremos ! » eran palabras que nos acompañaban durante esa travesía de tierras unidas. Banderas, banderolas, pancartas y distribuciόn de volantes se deslizaban en esos laberintos familiares y aportaban la orientaciόn, la direcciόn de la clase obrera autόnoma, movilizada. Algunas de nuestras intervenciones escritas mencionaban inclusive la urgencia de una alianza en el seno del campo del pueblo, a partir de esta direcciόn obrera consciente, ante el principal enemigo de clase detectado para esta lucha: la burguesía.

El principal destino a donde llevar nuestras voces se encontraba en el ministerio de Asuntos Sociales y de Trabajo en donde un perro guardián particularmente hostil impedía cualquier comunicaciόn gracias a su espontánea, vacua y estentόrea arrogancia. Pero también al Parlamento, en donde algunos debates iban a tener lugar a propόsito de este asunto. Ninguna de estas entidades nos tomό en serio. O, al menos, la agenda opuesta que les exigían sus patrones de la burguesía no les dejaba oportunidad de comprender aunque fuera mínimamente la lόgica popular. Bloqueados no obstante por la presencia de la opiniόn pública nacional e internacional -las denuncias llegaban de todas partes, en una cantidad que avecinaba el oprobio- debieron nuevamente darle vueltas al asunto y, a cada vez, manifestarnos su « consideraciόn », su « interés de ayudarnos », su « patriotismo » (sic)… Laberinto de engaños, nunca ninguna de sus garantías resultό ser real. En el Parlamento, salvo algunas raras excepciones (cuya participaciόn no obstante significό cierto aporte), el resto de esos funcionarios al servicio del capital no fue rozado por duda alguna : las inversiones deben ser « protegidas » como sea. Punto y aparte.

Tres semanas de motivaciόn, de paro de trabajo, en el propio interior de la fábrica o en las calles, de movilizaciόn, de manifestaciόn, de defensa sedienta de la lόgica de sus derechos, de sacrificios importantes (los camaradas no reciben sueldo durante ese tiempo de lucha)… Y las instituciones del Estado que no dicen palabra, y el CSS que no avanza, so pretexto de « fin de mandato »… Anuncio trágico del fin de una epopeya.

¡La represiόn en todas sus formas!

A lo largo de este combate, los burgueses intentaron defender su posiciόn : « …No es posible otorgar el más  mínimo ajuste de salario, si no esta industria quebrará » !… ¡Luego de cuatro años de ganancias netas sin ningún retiro ! ¡Por encima del Cόdigo de Trabajo! Es normal : este tipo de sanguinarios no tiene moral alguna y la sacrosanta « competitividad » no admite desvíos. A la falsedad de sus argumentos, oponemos los nuestros sobre la canasta familiar, el criminal déficit de ajuste, la inflaciόn galopante, el abismo que se abre ante nosotros… Ningún efecto. Pero sin poder afrontar la movilizaciόn cada vez más poderosa, ante la lόgica de nuestros argumentos que se oponía a sus mentiras y ante la lluvia de reproches que se les hacía desde el mundo entero, recurrieron a lo que está en la propia naturaleza de su dictadura : la represiόn.

Esta tomό formas diversas. A partir de la mobilizaciόn del Primero de Mayo, para comenzar, la policía había bloqueado la marcha de los camaradas, impidiéndoles que llegaran a la plaza central, el Champ de Mars, en donde tenía lugar, la mistificaciόn manda, ¡una feria agroindustrial ! Más tarde, en la segunda semana de lucha frontal del mes de junio, la policía bloqueό directamente cualquier manifestación. A la salida de las fábricas,  cordones patibularios de policías armados hasta los dientes bombardeaban los agrupamientos de personas con gases lacrimόgenos, luego con cachiporrazos asestados inclusive a mujeres embaradadas, luego con balas de goma, luego con balas reales, produciendo heridos, arrestos arbitrarios, persecuciones hasta los domicilios de nuestros camaradas, desorientados. El furor reaccionario tomaba a su vez las calles, vengativo. Las denuncias, de parte nuestra o de otros progresistas involucrados, no tenían efecto alguno : era necesario detener, destruir a cualquier precio este levantamiento peligroso de obreros cada vez más motivados, cada vez más conscientes. Esta policía reclutada, armada y entrenada por los representantes imperialista de la Minustah para defender estrictamente los intereses capitalistas en estas tierras conquistadas, solo hacía su trabajo. Todavía mejor, cuando los obreros y obreras, no pudiendo salir de las fábricas, optaron por cruzar los brazos y suspender el trabajo, esos traidores a la naciόn penetraban en los locales para intentar forzarlos a trabajar. Huelga decir el barullo que se producía entonces. Sin embargo es importante denunciar las múltiples golpizas in situ, los arrestos, en los que la vejación de las personas se volvía cosa corriente : gritando su odio y su desaliento, mujeres semidesnudas a las que les habían arrancado las vestimentas salían de las fábricas… Día tras día esas confrontaciones se repetían. Día tras día nuestros camaradas se reunían para mejor enfrentarlas. Toda la atmόsfera del territorio de la tercerizaciόn estaba en llamas.

Pero la represiόn se expresaba también de otra manera, más intensa a largo plazo : las revocaciones. En efecto, una vez vueltos al trabajo, la mayoría de los camaradas más conscientes y comprometidos no pudo volver a sus puestos en la fábrica : una discriminaciόn sistemática tenía lugar, en todos los lugares en que los principales combatientes habían sido fichados. Sin ninguna justificaciόn legal consistente, los burgueses recurrían a su dictadura política para ejercer una represiόn suplementaria en el plano de las relaciones capital/trabajo.
Más pragmática pero no menos cruel : la sentencia del ejecutivo. Comenzando por nombrar él mismo un CSS falso (siendo que cada entidad debe proponer sus representantes), el gobierno ejecutό un conjunto de piruetas; a un ajuste ridículo del CSS, 335 gourdes en lugar de las 800 gourdes exigidas por los obreros, el ejecutivo se resignό a agregar 15 gourdes más ; luego de tantas batallas furiosas, esas gourdes rigen hoy, en un mínimo bajísimo, las nuevas relaciones de explotaciόn.

El cansancio

¡Hubiera sido necesario sublevarse de nuevo, romper todas las barreras, oponerse, explotar! Pero el cansancio de los hogares, los llantos de los niños durante la noche, con el estόmago vacío, pudieron más que la valentía, los gritos, la rabia… Los burgueses, esas bestias que acechan, depredadores de sangre en un país sin salida, de nuevo atacaban : sanciones, tarifas más altas, dominaciόn general acrecentada… Fortalecidos con el apoyo incondicional de un mistificador Estado que tienen a sus όrdenes y, como ratas, lo roen. La prensa es benevolente, al tratar como hombres a estas bestias que en realidad son los verdugos de la especie humana que mundialmente intenta renovarse y, más cerca de nosotros, son los verdugos de una naciόn que todavía no se encontrό a sí misma.

Pero cada día es un día nuevo. En este sentido, afortunadamente, ¡la batalla no hizo más que empezar!

Más información:

Capitalismo del desastre y ocupación humanitaria en Haití

Solidaridad con el pueblo de Haití

¡Fuera la Minustah de Haití!

Transnacionales: Organizaciones piden un tratado vinculante de la ONU ante aumento de violaciones a derechos humanos

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

La Organización de Naciones Unidas (ONU) sigue trabajando sobre la elaboración de un tratado vinculante que obligaría a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, en gestación desde el 2014. Por su lado, organizaciones sociales de México y el mundo hacen todo para que este texto no se reduzca a principios de carácter voluntario que no permitirían que los crímenes corporativos fueran condenados.

La federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), de la cual forma parte Otros Mundos A.C., estuvo presente en la 35º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizada del 6 al 23 de junio en Ginebra, Suiza, junto con otros miembros de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad. Se trata de una etapa importante de la génesis del texto, que se da a cuatro meses de la tercera sesión de negociaciones, cuando las delegaciones gubernamentales discutirán un primer borrador del tratado.

«Estos días de trabajo en Ginebra fueron sumamente importantes para fortalecer nuestras propuestas, nuestros planteos, respeto a la necesidad urgente de un tratado vinculante que permita llevar a juicio a las empresas multinacionales cuando cometen violaciones de derechos humanos y poder acabar con la impunidad de una vez por todas», dijo la presidenta de ATI, Karin Nansen, en entrevista con Radio Mundo Real.

Allá, ATI y otros representantes de la sociedad civil global organizaron un panel en el que varias defensoras y defensores dieron sus testimonios sobre el impacto de «las actividades de las empresas transnacionales en los territorios sin el consentimiento de las comunidades y lo que implican las posteriores violaciones a derechos humanos a partir de la imposición de estas actividades económicas». Cabildearon para que el tratado sea realmente vinculante, a pesar de que por parte de muchos países, en particular de la Unión Europea, «la presión sigue estando muy fuerte para que se trate de principios rectores de carácter voluntario, es decir para que nadie pueda forzar a las empresas a cumplir con dichos principios», explica Karin Nansen.

Según la activista uruguaya, «es hora de avanzar con un instrumento vinculante», dado la urgencia de la situación actual en América latina y el mundo: «Estamos viendo como las violaciones de derechos humanos se están recrudeciendo y la persecución también de quienes defienden sus territorios y los derechos de los pueblos es cada vez más atroz».

Aquí en México, organizaciones civiles como la Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA), de la cual es parte Otros Mundos A.C., reportaron 68 casos de violaciones a derechos humanos por empresas durante la visita del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU al país entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre 2016 (los pueden consultar en el informe «México: Empresas y Derechos Humanos»).

Nueve meses después de dicha visita, ese mismo Grupo de Trabajo acaba de presentar su «Informe sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México», en el marco de la 35º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Destaca seis casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por empresas en el país:

  • la construcción de un parque eólico en El Espinal y Juchitán de Zaragoza, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por Energía Eólica del Sur: falta de consulta previa, libre e informada;
  • la autorización de la siembra de soya transgénica otorgada a Monsanto en comunidades mayas de Campeche y Yucatán: falta de consulta previa, libre e informada; contaminación de las fuentes de agua con herbicidas; deforestación; repercusiones en la apicultura;
  • la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en el estado de México por el Grupo Higa: falta de consulta a la comunidad otomí-mexica de San Francisco Xochicuautla; acoso e intimidación de miembros de la comunidad que han protestado contra el proyecto; no respeto al orden de suspensión; destrucción de viviendas;
  • la construcción del acueducto Independencia en territorio yaqui en Sonora: falta de consulta; intimidaciones, detenciones, agresiones a miembros de la comunidad; desapariciones forzadas;
  • el derrame de 40.000 m3 de sulfato de cobre en el río Sonora (Sonora) por el Grupo México en agosto 2014: cerca de 22.000 personas afectadas directamente / 250.000 personas de siete municipios afectadas de manera indirecta; efectos en el ganado y los cultivos; arbitrariedad en la manera de fijar las indemnizaciones; falta de transparencia sobre el nivel de contaminación y los planes para la rehabilitación del río; incumplimiento por la empresa de los compromisos contraídos para la construcción de plantas de tratamiento de agua y de una clínica de salud;
  • el vertido de las aguas residuales de más de 300 empresas del corredor industrial de Ocotlán-El Salto en el río Santiago (Jalisco): potencial afectación a los 7,5 millones de personas que viven en la cuenca fluvial; aumento en la incidencia de diversos trastornos de salud, como la leucemia, los abortos espontáneos y las anomalías congénitas.

Desde la península de Yucatan, las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo (Campeche) que resisten a la siembra de soya transgénica emitieron un comunicado el 12 de junio en el marco de la sesión en Ginebra, alertando que «las violaciones a [sus] derechos continúan escalando».

En 2015, lograron la cancelación de la autorización otorgada a Monsanto por falta de consulta previa, pero las autoridades iniciaron una consulta esperando conseguir el consentimiento de la población y una nueva autorización. La consulta está actualmente en su primera fase y se da en un contexto de hostigamiento a las comunidades y con muchas irregularidades. «Externamos nuestra preocupación por las intimidaciones, amenazas, falta de libertad, de seguridad y de buena fe, así como de los intentos de dividir a las comunidades por parte de las autoridades en la consulta ordenada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación», escriben las comunidades mayas en su mensaje.

El hostigamiento que están sufriendo las comunidades mayas no es un caso aislado en México, donde las empresas nacionales y transnacionales son expertas en agredir e intentar dividir comunidades en resistencia. Mineras canadienses como Almaden Minerals en la Sierra Norte de Puebla o Fortuna Silver Mines en Oaxaca han estado agrediendo y hostigando a las comunidades que rechazan sus proyectos, sin ser condenadas.

Aquí en Chiapas, los miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) han sido víctimas del contubernio entre autoridades y empresas mineras al punto de ser intimidados por el ejército mexicano el pasado 8 de mayo, por resistir a la minería en la zona costa. En nuestra entidad la impunidad corporativa se ilustró de manera trágica, con el asesinato en el 2009 del defensor Mariano Abarca, miembro de la REMA, por personas vinculadas a la minera canadiense Blackfire. Fue el blanco de la empresa por oponerse a su mina de barita La Revancha en Chicomuselo, Chiapas. Hasta la fecha, no se ha hecho justicia.

Materiales:

AUDIO: Campaña por Tratado legal sobre transnacionales y derechos humanos entra en etapa de propuestas concretas de contenido (entrevista a Karin Nansen)

Comunicado de las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo, a 12 de junio

Despojar pueblos y atacar resistencias: las otras actividades de las empresas mineras

Informe sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México

México: Empresas y Derechos Humanos

A siete años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

El tratado de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos avanza

Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – A 13 de marzo 2017

En la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra la semana pasada una vez más figuró el tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Aun cuando sólo se tratara de la presentación del informe de la segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG por su sigla en inglés), este fue un paso importante hacia la tercer sesión de negociaciones que tendrá lugar en octubre de 2017, cuando las delegaciones gubernamentales discutirán un primer borrador del tratado.

Tal y como expresaron muchos Estados y organizaciones de la sociedad civil, el informe que presentó el 9 de marzo la Presidenta del IGWG, Embajadora María Fernanda Espinosa de Ecuador, refleja un rico caudal de propuestas de Estados, la sociedad civil, comunidades afectadas, académicos, expertos de la ONU y otros actores planteadas en el curso de los dos últimos años, cuyo propósito es establecer una serie de normas internacionales de carácter vinculante para las empresas más grandes y poderosas del mundo, que las obligue a respetar los derechos humanos.

Una vez más, Amigos de la Tierra Internacional (ATI) se hizo presente con una delegación en Ginebra que compartió las inquietudes y demandas de la sociedad civil. Apenas un par de días después del primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, los/as representantes de ATI les recordaron oportunamente a los Estados que son necesarias acciones urgentes frente a la criminalización de y la violencia perpetrada contra los/as defensores/as de derechos humanos y del medioambiente que defienden sus derechos y sus territorios de las empresas que vienen a usurpárselos.

«Las violaciones sistemáticas de los derechos económicos, sociales y culturales de muchas comunidades que se ven privadas de sus tierras y sus recursos que les dan sustento, son posibles y facilitadas debido a la participación o el apoyo y respaldo de muchos inversionistas y empresas a quienes la legislación internacional no obliga de manera vinculante a respetar los derechos humanos.» – Apollin Koagne Zouapet, abogado principal, CED/Amigos de la Tierra Camerún

«No se puede lograr una protección efectiva de los derechos humanos y los/as defensores/as del medioambiente si no se encara y más bien se evade la responsabilidad que tiene en esos hechos uno de los principales sectores perpetradores de tales violaciones. Se necesita un tribunal internacional y mecanismos efectivos de sanción de las empresas transnacionales a fin de evitar que las grandes empresas se escondan detrás de acuerdos de protección de inversiones y la personería jurídica de sus filiales para seguir operando con impunidad.» – Juliette Renaud, campaña de responsabilización de las empresas, Amigos de la Tierra Francia

Fue alentador escuchar las intervenciones de respaldo de muchos países en desarrollo al proceso del Tratado, especialmente de Túnez en representación del Grupo Africano, seguida de alocuciones de bienvenida por Botsuana, Nigeria y Sudáfrica. A diferencia del año pasado, en su declaración por escrito esta vez la UE le agradeció a la Presidenta del IGWG por su informe. El proceso del Tratado ahora está tomando velocidad.

«No podemos depender de medidas voluntarias solamente, ya que estas no consiguen que las empresas se hagan responsables. En Europa ha habido avances prometedores recientemente, tales como la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las grandes empresas y la ley holandesa de vigilancia debida en casos de trabajo infantil. Esperamos que estos ejemplos ayuden concitar apoyo para el Tratado de la ONU. Pero somos testigos de que las grandes empresas se resisten a cualquier iniciativa de reglamentación vinculante. Por eso es esencial que protejamos las discusiones sobre el Tratado de cualquier intento de cooptación empresarial». – Anne Van Schaik, campaña frente al sector financiero, Amigos de la Tierra Europa

El 2017 debe ser un año de movilización más robusta de todos los sectores que pujan por un proceso sólido de negociaciones en el IGWG en torno a la formulación de los elementos y estructura de este nuevo Tratado vinculante de la ONU. Amigos de la Tierra Internacional y sus grupos miembro en 75 países se ha comprometido a apoyar a los/as defensores/as del medioambiente y los derechos humanos en todo el mundo, quienes requieren protección urgente de sus derechos, acceso a la justicia, y la posibilidad de responsabilizar y exigirles cuentas a las empresas transnacionales por sus violaciones de derechos.

Imagen © Víctor Barro

Más lecturas sobre el tema:

Primer paso histórico hacia una mejor protección de los derechos humanos y ambientales

En el marco del año del asesinato de Berta Cáceres, proceso en ONU para legislar sobre violaciones de DDHH por parte de transnacionales «se acelera» (AUDIO)

8 hombres poseen la misma riqueza que 50% de la población mundial

Compartimos el informe «Una economía para el 99%» de Oxfam Internacional, publicado a 16 de enero del 2017

En su nuevo informe, «Una economía para el 99%», Oxfam internacional calcula no solo que el 1% más rico de la población mundial posee más que el 99% restante, sino también que sólo 8 hombres en el mundo poseen la misma riqueza que la mitad de la población del planeta. Estos 8 hombres son: Bill Gates (E.U. – Microsoft), Amancio Ortega (España – Zara), Warren Buffett (E.U. – Berkshire Hathaway), Carlos Slim Helu (México – Grupo Carso), Jeff Bezos (E.U. – Amazon), Mark Zuckerberg (E.U. – Facebook), Larry Ellison (E.U. – Oracle) y Michael Bloomberg (E.U. – Bloomberg LP).

Descargar el informe completo

Han pasado cuatro años desde que el Foro Económico Mundial alertase de la grave amenaza que supone el incremento de la desigualdad económica para la estabilidad social, y tres desde que el Banco Mundial decidiese combinar su objetivo de acabar con la pobreza extrema con la necesidad de promover una prosperidad compartida. Desde entonces, y a pesar de que los líderes mundiales se hayan comprometido con el objetivo de reducir la desigualdad, la brecha entre los más ricos y el resto de la población se ha ampliado. Es una situación insostenible. Tal y como afirmó el Presidente Barack Obama en su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2016, «Un mundo en el que el 1% de la humanidad controla tanta riqueza como el 99% más pobre nunca será estable».

Sin embargo, el mundo sigue inmerso en una crisis mundial de desigualdad:

• Desde 2015, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta.

• Actualmente, ocho personas (ocho hombres en realidad) poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas (la mitad de la humanidad). (Cálculos de Oxfam a partir de los datos sobre la riqueza de las personas más ricas de la lista de milmillonarios elaborada por Forbes y los datos sobre la riqueza del 50% más pobre de la población obtenida del informe de Credit Suisse Global Wealth Databook 2016.)

• Durante los próximos 20 años, 500 personas legarán 2,1 billones de dólares a sus herederos, una suma que supera el PIB de la India, un país con una población de 1.300 millones de personas.

Los ingresos del 10% más pobre de la población mundial han aumentado menos de 3 dólares al año entre 1988 y 2011, mientras que los del 1% más rico se han incrementado 182 veces más.

• El director general de cualquier empresa incluida en el índice bursátil FTSE 100 gana en un año lo mismo que 10.000 trabajadores de las fábricas textiles de Bangladesh. (Cálculos de Ergon Associates utilizando los datos del High Pay Centre sobre las remuneraciones de los presidentes de grandes empresas y el salario mínimo de un trabajador bangladesí, sumando los paquetes de prestaciones y beneficios que suelen ofrecerse a los trabajadores.)

Un nuevo estudio del economista Thomas Piketty revela que en Estados Unidos los ingresos del 50% más pobre de la población se han congelado en los últimos 30 años, mientras que los del 1% más rico han aumentado un 300% en el mismo periodo.

En Vietnam, el hombre más rico del país gana en un día más que la persona más pobre en diez años.

Si sigue esta tendencia, el incremento de la desigualdad económica amenaza con fracturar nuestras sociedades: incrementa la delincuencia y la inseguridad, socava la lucha contra la pobreza y hace que cada vez más personas vivan con más miedo y menos esperanza.

El Brexit, el éxito de la campaña presidencial de Donald Trump, así como el preocupante incremento del racismo y la desafección generalizada que genera la política convencional provocan que cada vez más ciudadanos de los países ricos den muestras de que no están dispuestos a seguir aguantando la situación actual. ¿Por qué tendrían que hacerlo si la experiencia indica que las consecuencias de estas políticas son el estancamiento de los salarios, la inseguridad laboral y el incremento de la brecha entre ricos y pobres? El reto está ahora en plantear un modelo positivo frente a aparentes soluciones que generan en realidad más división.

En los países pobres, el panorama es igualmente complejo y no menos preocupante. Cientos de millones de personas han salido de la pobreza en las últimas décadas, un logro del cual el mundo debería sentirse orgulloso. No obstante, una de cada nueve personas sigue pasando hambre. Si el crecimiento económico entre 1990 y 2010 hubiese beneficiado a los más vulnerables, en la actualidad habría 700 millones de personas menos, en su mayoría mujeres, en situación de pobreza. Los estudios revelan que, actualmente, los recursos existentes permitirían eliminar tres cuartas partes de la pobreza extrema si se incrementase la recaudación fiscal y se recortase el gasto militar y otros gastos igualmente regresivos. El Banco Mundial ha dejado claro que, si no se redoblan los esfuerzos para hacer frente a la desigualdad, los líderes mundiales no cumplirán su objetivo de acabar con la pobreza extrema en 2030.

No tiene por qué ser así. Las respuestas que parecen más efectivas para hacer frente a la desigualdad no tienen por qué provocar mayores divisiones. El informe «Una economía para el 99%» analiza cómo las prácticas de grandes empresas y los más ricos están acentuando la actual crisis de desigualdad extrema. Pero también plantea qué se puede hacer para revertir esta situación. Asimismo, hace una valoración de las falsas premisas que nos han llevado por esta vía, y muestra cómo podemos construir un mundo más justo basado en una economía más humana. Uno en el que las personas, y no los beneficios, se encuentran en el centro y donde se da prioridad a los más vulnerables.

Las causas de la desigualdad

Es innegable que el modelo de economía globalizada ha beneficiado principalmente a las personas más ricas. Varias investigaciones de Oxfam revelan que, en los últimos 25 años, el 1% más rico de la población ha percibido más ingresos que el 50% más pobre de la población en su conjunto. Lejos de transmitirse espontáneamente hacia abajo (en la llamada «economía de goteo o de derrame»), los ingresos y la riqueza se vuelcan hacia las capas más altas de la sociedad, y lo hacen a un ritmo alarmante. ¿Cuál es la causa? Las grandes empresas y el poder de los más ricos desempeñan un papel esencial.

Las grandes empresas, al servicio de los más ricos

A las grandes empresas les fue bien en 2015 y 2016, con resultados muy positivos para la gran mayoría de ellas. En 2015, las diez mayores empresas del mundo obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de 180 países juntos. Las grandes empresas son un elemento vital de la economía de mercado, y cuando operan en beneficio del conjunto de la población, constituyen un factor esencial para construir sociedades prósperas y justas. Sin embargo, cuando operan cada vez más al servicio de los ricos, las personas que más lo necesitan se ven privadas de los beneficios del crecimiento económico generado. Su modelo de maximización de beneficios conduce a una devaluación salarial sobre el trabajador medio, una presión sobre los pequeños productores, y a sofisticados esquemas corporativos para tributar menos de lo que les corresponde, eludiendo el pago de unos impuestos que beneficiarían al conjunto de la población, especialmente a los sectores más pobres.

Ahogando a los trabajadores y a los pequeños productores

Mientras los ingresos de la mayoría de los presidentes y altos ejecutivos de grandes corporaciones (con generosas retribuciones en acciones como complemento) se han disparado, el salario del trabajador o del productor medio apenas ha aumentado, y de hecho en algunos casos incluso se ha reducido. El director general de la principal empresa tecnológica de la India gana 416 veces más que un trabajador medio de su misma empresa. En la década de los ochenta, los productores de cacao recibían el 18% del valor de una tableta de chocolate, frente al 6% que obtienen actualmente. Se dan incluso casos extremos del trabajo forzado o en condiciones de esclavitud para mantener los costes empresariales bajos.

La Organización Mundial del Trabajo calcula que 21 millones de personas son víctima de trabajo forzoso, lo que genera unos beneficios que ascienden a aproximadamente 150.000 millones de dólares anuales. Las mayores empresas textiles del mundo han estado vinculadas a las fábricas de hilado de algodón de la India, que suelen recurrir al trabajo forzoso de niñas. La mayoría de los trabajadores peor remunerados son mujeres y niñas, quienes además trabajan en las condiciones más precarias. Las grandes empresas, implacables, están reduciendo al mínimo los costes de la mano de obra en todo el mundo, impidiendo que los trabajadores y productores de sus cadenas de suministro se beneficien del crecimiento económico, lo cual incrementa la desigualdad y ahoga la demanda.

Evasión y elusión fiscal

Las grandes empresas también han optado por un modelo de maximización de sus beneficios a costa de tributar lo menos posible, utilizando paraísos fiscales, sacando provecho de tipos impositivos cada vez más bajos o logrando que los países compitan agresivamente entre sí para ofrecerles privilegios fiscales. La rebaja en los tipos nominales del impuesto de sociedades se está convirtiendo también en una tendencia generalizada, lo cual, unido a las técnicas de evasión y elusión fiscal tan extendidas, hace que muchas grandes empresas reduzcan su contribución fiscal a mínimos. Se estima, por ejemplo, que en 2014, Apple tributó por sus beneficios en Europa a un tipo efectivo del 0,005%.

Los países en desarrollo pierden cada año al menos 100.000 millones de dólares como consecuencia de la evasión y elusión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales y dejan de ingresar miles de millones de dólares por ofrecer exenciones y exoneraciones fiscales improductivas e ineficientes. Esta sangría de recursos afecta sobre todo a los más pobres, que dependen en mayor medida de los servicios públicos en los que podrían invertirse todos estos recursos fugados. Kenia pierde 1.100 millones de dólares anuales en concepto de exenciones fiscales, una cifra que prácticamente duplica su presupuesto de inversión en salud, en un país donde la probabilidad de que las madres mueran durante el parto es de uno entre cuarenta.

¿Qué provoca este comportamiento por parte de estas grandes corporaciones? Hay dos razones: en primer lugar, que se está priorizando la rentabilidad a corto plazo de los accionistas e inversores y, en segundo lugar, la creciente prevalencia del «capitalismo clientelar».

Capitalismo cortoplacista: el dividendo manda

En muchos lugares del mundo, las grandes empresas se guían cada vez más por un único objetivo: maximizar la rentabilidad de los accionistas e inversores. Esto implica no sólo priorizar el cortoplacismo en los beneficios empresariales, sino también incrementar progresivamente la distribución de dividendos entre los accionistas. En 1970, en el Reino Unido el 10% de los beneficios empresariales se distribuían entre los accionistas, mientras que en la actualidad perciben el 70% El porcentaje es menor en la India, pero está incrementándose rápidamente y en muchas empresas supera al menos el 50%. Esta tendencia ha recibido muchas críticas, entre otros de Larry Fink, director general de Blackrock (la mayor empresa de gestión de fondos del mundo) y de Andrew Haldane, el economista jefe del Banco de Inglaterra.

Una mayor distribución de dividendos favorece principalmente a los grandes accionistas, normalmente grandes fortunas que suelen ser también grandes inversores. La rueda de la desigualdad sigue creciendo así. El porcentaje de acciones de empresas en manos de inversores institucionales, como los fondos de pensiones, sin embargo, es cada vez menor. Hace 30 años, los fondos de pensiones poseían el 30% de las acciones en el Reino Unido, mientras que en la actualidad son propietarios de tan sólo el 3%. Cada dólar de beneficios que se entrega a los accionistas de las grandes empresas es un dólar que podría haberse dedicado a remunerar mejor a los productores o a los trabajadores, a pagar más impuestos, o a invertir en infraestructuras e innovación.

Capitalismo clientelar al servicio de las élites

Como ponía de manifiesto el informe de Oxfam «Una economía al servicio del 1%», empresas de diversos sectores como el financiero, extractivo, de producción textil o farmacéutico, entre otros, utilizan su enorme poder para garantizar que tanto la legislación como la elaboración de políticas nacionales e internacionales se diseñan a su medida para proteger sus intereses y mejorar su rentabilidad. Por ejemplo, las empresas petrolíferas han conseguido suculentos privilegios fiscales en Nigeria.

Incluso el sector de la tecnología, que en otros tiempos solía gozar de mejor reputación, recibe cada vez más acusaciones de este tipo de prácticas clientelares. Alphabet, la empresa matriz de Google, se ha convertido en uno de los mayores lobistas de Washington, mientras que en Europa negocia recurrentemente cuestiones relativas a la legislación antimonopolio y a la política fiscal. El capitalismo clientelar beneficia a los dueños del capital y a quienes están al mando de estas grandes corporaciones, en detrimento del bien común y la reducción de la pobreza. Esto coloca en una situación muy desigual a las pymes que no pueden competir en las mismas condiciones frente a estos cárteles empresariales y al monopolio del poder que ejercen estas grandes empresas y los actores estrechamente ligados a los Gobiernos. Los grandes perdedores son los ciudadanos que terminan pagando más por los bienes y servicios. Carlos Slim, el tercer hombre más rico del mundo, controla aproximadamente el 70% del total de los servicios de telefonía móvil y el 65% de las líneas fijas de México. Esta falta de competencia supone un coste equivalente al 2% del PIB.

El papel de los súper ricos en la crisis de desigualdad

En todos los sentidos, vivimos, en la “era de los súper ricos”, una segunda “época dorada” del capitalismo en la que el brillo de la superficie enmascara los problemas sociales y la corrupción de fondo. El análisis que hace Oxfam sobre la concentración de riqueza extrema incluye a todas aquellas personas cuyo patrimonio neto es de al menos 1.000 millones de dólares. Los 1.810 milmillonarios (en dólares estadounidenses) de la lista Forbes de 2016, de los cuales el 89% son hombres, poseen en conjunto 6,5 billones de dólares, la misma riqueza que el 70% de la población más pobre de la humanidad. Aunque algunos de estos milmillonarios deben su fortuna fundamentalmente al trabajo duro y a su talento, el análisis de Oxfam revela que una tercera parte del patrimonio de los milmillonarios tiene su origen en la riqueza heredada, mientras que el 43% está vinculada a relaciones clientelares.

La fortuna, adquirida, heredada o acumulada, se multiplica en manos de los más ricos, que pueden permitirse pagar el mejor asesoramiento financiero y de inversión. Así es cómo la riqueza que acumula esta élite ha crecido en promedio un 11% al año desde 2009, una tasa de crecimiento muy superior a la que puede obtener un ahorrador medio. Ya sea a través de fondos de inversión de riesgo o de almacenes llenos de obras de arte y coches de colección,38 el hermético sector de la gestión de grandes patrimonios ha logrado un efecto multiplicador para los ya súper ricos. La fortuna de Bill Gates ha aumentado en un 50%, ó 25.000 millones de dólares, desde que abandonara Microsoft en 2006, a pesar de sus encomiables esfuerzos por donar parte de ella.39 Si los milmillonarios mantienen este nivel de rentabilidad, dentro de 25 años ya tendremos el primer “billonario” en el mundo, alguien con una fortuna de al menos 1 billón de dólares (aproximadamente, el equivalente al PIB de España actualmente). En un entorno como este, los súper ricos tendrían que hacer verdaderos esfuerzos para no seguir acumulando más riqueza.

Las enormes fortunas que se sitúan en el extremo superior de la escala de distribución de los ingresos y la riqueza constituyen una prueba clara de la actual crisis de desigualdad, además de ser un obstáculo fundamental en la lucha para acabar con la pobreza extrema. Los súper ricos no son sólo receptores pasivos de la creciente concentración de la riqueza, sino que contribuyen activamente a perpetuarla.

Uno de los mecanismos que utilizan son sus inversiones. La mayor parte de las acciones (especialmente en hedge funds y capital riesgo) están en manos de los más poderosos de la sociedad, que por lo tanto son los grandes beneficiados del culto al accionariado que rige el modelo empresarial actual.

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La semilla de un nuevo tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos ha sido plantada

Comunicado de Prensa

Amigos de la Tierra Internacional

Amigos de la Tierra Internacional (ATI) celebra el rápido aumento del apoyo, el interés y la movilización en Ginebra esta semana (del 24 al 28 de octubre de 2016), durante las conversaciones destinada a establecer un tratado nuevo y sin precedentes sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos [1].

La creación de un conjunto de reglas internacionales y vinculantes tendrá profundas implicaciones para las empresas más grandes del mundo, obligándolas a respetar los derechos humanos como nunca antes habíamos conocido. [2].

«El presente Tratado siempre ha querido tener como destino establecer reglas vinculantes para frenar en el comportamiento de las empresas transnacionales y sus cadenas de suministro. El hecho de que tantos países -dirigidos por Sudáfrica y Ecuador- expresaran su apoyo inequívoco a normas jurídicamente vinculantes, pone el acento en la necesidad de una negociación ambiciosa y de largo alcance». Dijo, Lucía Ortiz, de Amigos de la Tierra Internacional y coordinadora del programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de ATI.

 

ATI celebra ver un número creciente de países, incluyendo la Unión Europea y los estados-miembros que participan en un intercambio positivo y constructivo, junto con organizaciones de la sociedad civil, abogados y otros. Miembros de ATI han pedido a sus gobiernos nacionales que participen en este importante proceso, ya que supone una oportunidad histórica para la justicia y para acabar con la impunidad corporativa.

Anne van Schaik, de Amigos de la Tierra Europa ha manifestado: «Estamos contentos de ver finalmente en la sala a la UE y a algunos estados miembros. En respuesta a la petición de 90.000 ciudadanos europeos que pidieron intensificar los esfuerzos para crear un Tratado que coloque a los derechos humanos por encima de los intereses corporativos.

Sin embargo, esperábamos ver una participación más activa en el debate y que los estados estuvieran más preparados. Pero al menos están en la sala. Ahora deben centrarse en la colaboración con la sociedad civil y las personas afectadas en todo el mundo, para iniciar la elaboración de los elementos concretos necesarios para un Tratado fuerte y eficaz «.

El Tratado también proporcionaría un contrapeso justo y muy necesario para enfrentar el continuo incremento en el número de acuerdos cada vez más controvertidos sobre inversiones y «libre» comercio, los cuales  promueven los derechos de las empresas transnacionales a expensas de los pueblos y el medio ambiente, haciendo que incluso puedan demandar directamente a los países en tribunales secretos [3].

Los debates de esta semana en Ginebra también destacaron por estar rodeados de una fuerte y creciente movilización de la sociedad civil, [4] con muchas aportaciones de las comunidades afectadas en todo el mundo que fueron formalmente invitadas a participar: se presentaron a los gobiernos los casos de violaciones de los derechos humanos por parte de empresas como Shell, Vale y Jindal África a los gobiernos. Los miembros de la red global de ATI contribuyeron formalmente con diez presentaciones e intervenciones detalladas [5].

«Más de un centenar de activistas de 29 países estuvieron presentes durante esta sesión en Ginebra, el movimiento de un tratado vinculante que coloca los derechos humanos por encima de los beneficios empresariales es ya una gran bola de nieve. La fuerza de la sociedad civil se puso de manifiesto en las actividades públicas al exterior, y en el interior, donde se realizaron intervenciones y propuestas concretas sobre el contenido. También estuvimos juntos mostrando nuestra solidaridad con el pueblo brasileño que desafía al actual gobierno ilegítimo en Brasil.» añadió Lucía Ortiz.

Amigos de la Tierra Internacional espera con interés la próxima fase de este proceso fundamental, cuando Ecuador, Presidente de la mesa, iniciará un proceso de negociaciones formales. Esperamos que habrá participación aún más amplia de todos los gobiernos en la ONU-en especial con más países de África, Asia y América Latina y el Caribe-que puedan beneficiarse de un mecanismo que aumente su capacidad para controlar las actividades de las empresas transnacionales, sobre todo cuando las amenazas y la criminalización de líderes sociales que defienden sus derechos y territorios de los intereses corporativos está alcanzando niveles de violencia sin precedentes.

También es importante seguir resistiendo a las empresas ‘que intentan influir en el proceso y debilitarlo, por ejemplo, restringiendo la participación de las compañías debido a los evidentes conflictos de interés.

La semilla por tanto ha sido plantada esta semana: ahora tenemos que crecer y nutrir este Tratado, para darle la fuerza-reglas y mecanismos- efectivos que permitan restringir y controlar los grandes negocios, y para disuadir y sancionar las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas más grandes del mundo.

Notas:
[1] En la actualidad existe un vacío en la arquitectura jurídica internacional que significa que las empresas transnacionales no pueden ser procesados directamente por abusos de derechos humanos. Este es el objeto de discusión en el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (IGWG) sobre las empresas transnacionales y otras empresas respecto de los derechos humanos, que se reunió por segunda vez esta semana en Ginebra. Para obtener más información, véase: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/Session2.aspx

[2] Para obtener una amplia gama de materiales relacionados que incluyen  de noticias, documentos de antecedentes, enfoques políticos y vídeos, consulte: http://www.foei.org/what-we-do/UN-treaty-on-TNCs . Para la presentación formal de ATI durante la segunda sesión del IGWG, que aborda el alcance y el contenido potencial del Tratado, incluyendo la atención a las transnacionales y las cadenas de suministro, el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas, y la petición para una Corte Mundial de las transnacionales y derechos humanos, ver: http://www.foei.org/wp-content/uploads/2016/10/UN-Treaty-TNCs-submission-English.pdf

[3] Por ejemplo, en Europa-debido a la preocupación pública generalizada sobre estos tribunales secretos que benefician a intereses corporativos- las negociaciones sobre un comercio e inversión de Asociación Transatlántica (TTIP) están en un punto muerto (para más información véase: http: // www.euractiv.com/section/trade-society/news/germany-says-ttip-dead-in-the-water/); negociaciones similares sobre un acuerdo económico y comercial global entre Canadá y la UE también han fallado durante el proceso de ratificación (para más detalles ver: http://www.foeeurope.org/Belgium-CETA-deal-challenges-corporate-courts-in -Trade-deals).

[4] ATI es un participante activo en la campaña para desmantelar el poder corporativo (http://www.stopcorporateimpunity.org/concrete-proposals-6-points-included-un-binding-treaty-human-rights-transnational-corporations- ETN /) y la plataforma Alianza por el Tratado que agrupa numerosas organizaciones de la sociedad civil (http://www.treatymovement.com/), ambas están luchando por un nuevo Tratado jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y derechos humanos.

[5] Los siguientes participantes de ATI han hecho aportaciones oficiales de la segunda reunión del IGWG, y pueden ser contactados en cualquier momento para más información:

 

 

  • Lucia Ortiz, Amigos de la Tierra Internacional: declaración de apertura en relación con las expectativas de Amigos de la Tierra Internacional para la semana.
  • Ricardo Navarro, Amigos de la Tierra El Salvador / CESTA: Visión general de las violaciónes sistemáticas de los derechos humanos y los delitos ambientales por las ETN – Ejemplos de Centroamérica.
  • Juliette Renaud, Amigos de la Tierra Francia / Amis de la Terre: ejemplos de legislaciones nacionales – el caso de la ley francesa de “devoir de vigilance”
  • Apollin Koagne Zouapet, Amigos de la Tierra Camerún / CED: La necesidad de que el futuro Tratado incluya las obligaciones extraterritoriales de los Estados de proteger a las víctimas, los ambientalistas, activistas de derechos humanos y denunciantes.
  • Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Indonesia / WALHI: La necesidad de que el futuro Tratado cubra toda la cadena de suministro de las empresas transnacionales, así como sus financiadores – el caso de Wilmar y Bumitama en Indonesia.
  • Syeda Rizwana Hassan, Amigos de la Tierra Bangladesh / BELA: Estudio de caso – la impunidad de la industria de desguace de buques en Bangladesh.
  • Godwin Ojo, Amigos de la Tierra Nigeria / ERA: Las dificultades enfrentadas en el litigio contra las transnacionales – el ejemplo de Shell en Nigeria.
  • Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa: Mesa redonda sobre el alcance del futuro Tratado
  • Arturo Pablo Juan, Amigos de la Tierra Guatemala / CEIBA: los problemas en el acceso a los recursos y a la justicia – el caso de Hidralia en Guatemala.
  • Gizela Zunguze, Amigos de la Tierra Mozambique / JA !: la falta de acceso a la justicia – los ejemplos de Vale y Jindal en Mozambique.

 

 

México: 67 casos documentados de abusos de empresas a derechos humanos

México: 67 casos documentados de abusos de empresas a derechos humanos exhiben situación en el país ante la visita del Grupo de Trabajo

Más de 100 organizaciones y movimientos sociales en México se unieron en el marco de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos para documentar casos de abusos a derechos humanos de diferentes sectores (minería, energético, hidrocarburos, agroindustrial, construcción, entre otros).

Business & Human Rights Resource Centre

Los casos se documentaron con base en el Cuestionario de Documentación del CIEDH y la Red DESC.

El informe concluye que los abusos más comunes son al derecho a la tierra y el territorio; la falta de información sobre actividades y proyectos empresariales, e impactos negativos a la salud y al medio ambiente por la actividad empresarial.

Además, es importante señalar que en más de 50% de los casos documentados hubo intimidaciones y amenazas contra personas y comunidades opositoras a las actividades de las empresas.

 

México: Empresas y Derechos Humanos

 

Autor(a): Coalición de más de 100 organizaciones; compilación del CIEDHd

…Más de 100 organizaciones de la sociedad civil, grupos, comunidades y académicos que trabajan en la defensa de los derechos humanos, interesados en el tema de la responsabilidad de las empresas en derechos humanos, preparamos de forma coordinada los siguientes insumos para el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, en el marco de su visita oficial a México, que tendrá lugar del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.

El objetivo de este informe es dar una perspectiva de la situación de empresas y los derechos humanos a nivel nacional. Con base en los 67 casos documentados, se identifican patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros. Dicha información, también nos permite vislumbrar el grado de implementación de los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos por parte del Estado mexicano y de las empresas que realizan actividades en el país.

El informe se estructura de la siguiente forma: 

A)   Temas prioritarios en materia de empresas y derechos humanos en México que consideramos importante tener en cuenta a manera de contexto;

B)   Patrones y abusos más frecuentes relacionados con la actividad empresarial;

C)   Conclusiones y recomendaciones para el Estado y las empresas;

D)   El compendio de 67 fichas de casos que evidencian problemas de derechos humanos vinculados con empresas en donde se describen los abusos cometidos por parte de las empresas y el Estado y la falta de acceso a remediación para las víctimas.

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Justicia privatizada. Los tribunales de arbitraje al servicio de las empresas transnacionales

Observatorio de Multinacionales en América Latina

por Beatriz Plaza y Pedro Ramiro

¿Será que es posible que las compañías multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados? Y tanto que sí: esa es, precisamente, la función que desde hace varias décadas cumplen los tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Uno de los aspectos más destacables de la fortaleza de la lex mercatoria es la existencia de tribunales arbitrales internacionales. Y es que estos tribunales, caracterizados por la efectividad de sus laudos, juegan un papel fundamental en la arquitectura jurídica de la impunidad: dotar de plena seguridad jurídica a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los Estados receptores [1]. Para ello, en los tratados de “libre comercio” y en los acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones suele incluirse la obligación de someterse al arbitraje de controversias entre los Estados y los inversores extranjeros; es el mecanismo conocido como ISDS, por sus siglas en inglés. Como nos recuerda Alejandro Teitelbaum, “los Estados renuncian así a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la competencia territorial de los tribunales nacionales” [2].

 La Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, etc. Todos estos tribunales privados se constituyen como una especie de sistema paralelo al poder judicial, favoreciendo a las grandes empresas al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales. Según la UNCTAD, mientras en 1996 apenas había 38 disputas inversor-Estado, en 2016 ya hay 696 casos conocidos [3].

El hecho de que en los tratados de “libre comercio” —tanto en los firmados en las pasadas décadas como en los que hoy se están negociando [4]—se incorpore el recurso a estos tribunales arbitrales como el principal mecanismo de resolución de conflictos entre los grandes inversores y los Estados representa una amenaza para el pleno ejercicio de la democracia, la soberanía y los derechos sociales [5]. Que una minera canadiense, por poner un caso actual, amenace con demandar al Estado español ante el CIADI —a través de una filial suya en Panamá y acogiéndose al tratado bilateral de inversiones entre ambos países— porque le sea denegada la licencia para explotar una mina de oro a cielo abierto en Corcoesto (Galicia) certifica que las empresas transnacionales disponen de un poder jurídico que les hace situarse por encima de los Estados y la ciudadanía.

El CIADI, símbolo de la lex mercatoria

Entre las instituciones que operan en el arbitraje internacional, el CIADI es la más relevante de todas ellas. Este tribunal arbitral depende directamente del Banco Mundial y fue creado en 1965 como resultado del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados; en base al mismo, los Gobiernos de los Estados firmantes son requeridos a garantizar tres grandes principios: preservar la seguridad de la inversión, inhibirse en los procesos en los que la empresa decida transferir su capital a otros países y custodiar la igualdad en el tratamiento a las empresas nacionales y extranjeras.

El CIADI, que entró en vigor un año después de su creación y ha llegado a tener 159 Estados signatarios en 2015, funciona de acuerdo al Arreglo de Diferencias entre Inversionistas y Estados (ADIE), que define el instrumento al cual se acogen las demandas, la composición de los tribunales que intervendrán en el litigio y la vinculación del laudo final. Así, para cada litigio, se elige a dos árbitros y un presidente: un árbitro es designado por el Estado demandado y otro por la multinacional, mientras el presidente se propone en común por ambas partes. De hecho, el propio CIADI cuenta con una lista de árbitros de diferentes nacionalidades que se pone a disposición de las partes. Estos árbitros, que en un 96 por ciento son hombres, reciben una remuneración por hora dedicada al procedimiento que oscila entre 275 y 510 euros la hora; teniendo en cuenta que la duración media de los procesos se estima en unas 500 horas, puede constatarse que este tipo de procedimientos resulta muy atrayente para muchos juristas. Entre ellos, por ejemplo, destacan nombres como el de Francisco Orrego Vicuña, quien antes de dedicarse al arbitraje internacional desempeñó importantes funciones de gobierno en Chile durante la dictadura de Pinochet; Orrego, por cierto, fue propuesto por Repsol como árbitro en la demanda interpuesta contra Argentina en 2012 por la expropiación de YPF.

Y no son solamente los árbitros quienes sacan un gran rendimiento a estos procesos; entre las partes implicadas, encontramos también casos de multinacionales que han logrado salvar sus cuentas gracias a los laudos emitidos por el CIADI. Tal es el caso de la corporación estadounidense Cargill, que se embolsó 66 millones de euros procedentes del Estado mexicano tras ganar una demanda motivada por la creación de un impuesto que el Gobierno de México había establecido a las bebidas azucaradas por una cuestión de salud pública. Y eso mismo podría pasar si prosperase la demanda que ha interpuesto la multinacional francesa Veolia frente a Egipto al considerar que el aumento del salario mínimo —de 400 a 700 libras egipcias al mes, esto es, de 41 a 72 euros— atenta contra sus inversiones en el país.

 

El CIADI y las multinacionales españolas

Uno de los casos más conocidos es probablemente el de Repsol, que en 2012 presentó ante el CIADI una solicitud de arbitraje contra la República de Argentina, amparándose en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado por España y Argentina en 1991, por la expropiación por parte del Gobierno de Cristina Fernández del 51 por ciento de la que hasta entonces había sido su filial YPF. Pero este caso, que se resolvió dos años después con un acuerdo amistoso entre las partes —según el cual el Gobierno argentino entregaba a la multinacional petrolera títulos de deuda pública por valor de 5.000 millones de dólares más un paquete nominal de otros 1.000 millones, junto con el disentimiento mutuo de las acciones legales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones—, no ha sido, ni mucho menos, el único en que una empresa española ha recurrido al CIADI cuando ha visto peligrar sus inversiones en otros países.

En total, han sido una treintena las veces en que las multinacionales españolas han recurrido al CIADI; en el 90 por ciento de los casos, estas demandas se han dirigido a países de América Latina —sobre todo a Argentina, Venezuela, México y Ecuador [6]— ,la región donde “nuestras empresas” se han convertido en grandes trasnacionales. Gas Natural Fenosa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Iberdrola, Abertis y Abengoa figuran también en la lista de multinacionales de matriz española que, en las dos últimas décadas, han presentado solicitudes de arbitraje internacional ante el CIADI. Por citar solo uno de estos casos a modo de ejemplo: Abengoa, en consorcio con COFIDES —una compañía financiera dedicada a ofrecer apoyo a los proyectos de inversión privados de empresas españolas en el exterior—, logró que el CIADI dictara un laudo a su favor tras la paralización del funcionamiento de una planta de gestión de residuos industriales peligrosos ubicada en el parque natural Los Mármoles, en el municipio de Zimapán, en el estado de Hidalgo (México), en una zona que fue declarada área protegida por la UNESCO. En la sentencia del tribunal de arbitraje se dictaminó que, a cambio de que Abengoa restituyese la propiedad del territorio donde se construyó la planta al Estado mexicano, la empresa fuera indemnizada con 31,1 millones de euros por los beneficios dejados de obtener después de que las instituciones estatales —tras un fuerte proceso de movilización social en su contra— decretaran el cierre definitivo de la planta.

 

España ante el CIADI

A la vez que las transnacionales españolas han utilizado el Derecho Corporativo Global para demandar a otros países ante los tribunales internacionales de arbitraje, España ha pasado a estar en los últimos años entre los países del mundo que más demandas ante el CIADI han recibido; concretamente, ocupa el cuarto lugar del ranking con un total de 26 casos. De todas estas reclamaciones, únicamente dos han sido concluidas; el resto han sido interpuestas en los tres últimos años —especialmente en 2015, año en que se han interpuesto 15 casos de demandas a España ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial— y están relacionadas con los recortes efectuados por los sucesivos Gobiernos españoles, entre 2010 y 2012, a las subvenciones al sector de las energías renovables. En todos estos casos, el instrumento invocado como referencia para iniciar el proceso de arbitraje ha sido el Tratado de la Carta de la Energía.

Este tratado, firmado a mediados de los años noventa con los objetivos de garantizar el suministro de hidrocarburos a la Unión Europea y de potenciar el sector energético de los países de Europa central, ha sido utilizado como referencia por un conglomerado de grandes inversores —entre los que destacan diferentes multinacionales de la energía, entidades financieras y fondos privados de inversión— para ir demandando al Estado español ante el CIADI por “una expropiación indirecta de los beneficios que según sus cálculos (estimatorios) podrían haber obtenido con la legislación de partida sobre la cual se basaron para invertir”. Es decir: hicieron inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que otorgaba el Estado y, cuando se recortaron dichas subvenciones, pasaron a utilizar los instrumentos que les brinda la lex mercatoria para reclamar el lucro cesante.

Este caso es relevante, además, porque representa un ejemplo de cómo los Gobiernos están tomando decisiones y regulando a favor de las grandes corporaciones a pesar de que, aparentemente, parezca todo lo contario. Dicho de otro modo: el Gobierno español ha recortado las primas a la producción de electricidad mediante paneles fotovoltaicos y eso ha afectado, fundamentalmente, a los pequeños productores y a las pymes de ese sector, no así a los intereses del oligopolio eléctrico que han sido favorecidos; al mismo tiempo, no parece que los grandes fondos de inversión vayan a salir perdiendo demasiado porque, si prosperan sus demandas ante el CIADI, van a poder reclamar importantes indemnizaciones a cuenta del presupuesto público.

 

Propuestas y alternativas

En este contexto, para reinterpretar esta arquitectura jurídica de la impunidad que se ha venido construyendo globalmente en torno a los tratados de “libre comercio” y a los tribunales internacionales de arbitraje [7], pueden proponerse alternativas como las siguientes: denunciar los tratados comerciales —bilaterales, regionales y multilaterales— cuando concluyan su vigencia; no ratificar ningún tratado propuesto desde la asimetría contractual y al margen de los derechos humanos; abandonar el CIADI —como ya han hecho diferentes países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y Venezuela—; restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales; eliminar los tribunales arbitrales y crear una Corte Mundial sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, que complemente los mecanismos universales, regionales y nacionales y que, a la vez, garantice que las personas y comunidades afectadas tengan acceso a una instancia internacional independiente para la obtención de justicia por las violaciones de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales.

*Beatriz Plaza (@BeaPlazaE) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Notas:
[1] Hernández Zubizarreta, Juan y Ramiro, Pedro (2015): Contra la ‘lex mercatoria’. Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las empresas transnacionales, Icaria, Barcelona.
[2] Teitelbaum, Alejandro (2012): “Tribunal arbitral internacional”, en Hernández Zubizarreta, Juan; González, Erika y Ramiro, Pedro (eds.), Diccionario crítico de empresas transnacionales, Icaria, Barcelona, pp. 239-242.
[3] Datos de la UNCTAD. Disponible en: http://investmentpolicyhub.unctad.org/
[4] Como el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP), el acuerdo comercial entre la UE y Canadá (CETA), el acuerdo sobre el comercio de servicios (TiSA) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
[5] Hernández Zubizarreta, Juan: “El TTIP, TPP, TISA, CETA…vulneran el sistema internacional de los derechos humanos”,ALAI-América Latina en Movimiento, 4 de enero de 2016.
[6] Destaca, especialmente, el caso de Argentina, que ha sido llevada en 9 ocasiones ante el CIADI y ha sido objeto de una de cada tres demandas presentadas por parte de las compañías españolas en todo el mundo.
[7] Teitelbaum, Alejandro (2010): La armadura del capitalismo, Icaria, Barcelona.

Vía:  Movimiento M4

Quien gobierna ahora son las corporaciones transnacionales: Gustavo Castro

Por Aldo Santiago y Heriberto Paredes, Agencia Subversiones
Mapa de GeoComunes

Decidimos darnos la oportunidad para conversar con Gustavo Castro, uno de los principales actores en la lucha contra el modelo extractivista, en México y en Centroamérica, a través de diversas organizaciones y redes como Otros Mundos Chiapas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). El camino fácil sería ahondar en torno a su papel como testigo protegido en el caso del asesinato de Berta Cáceres, el pasado 2 de marzo de 2016, sin embargo, nuestra apuesta es por comprender los argumentos de la lucha contra este modelo de muerte, que ha dejado una destrucción en la región mesoamericana sin comparación.

En esta entrevista, Castro nos habla de lo que sucede en términos de megaproyectos, tanto energéticos como de infraestructura para que los primeros sean viables. También aborda el contubernio de gobiernos y empresas de todo tipo en el negocio del extractivismo. Habla específicamente de lo complejo que ha sido para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hacerle frente a la imposición de un modelo que pone en venta al país sin importar el costo humano y de destrucción de la naturaleza que esto implica.

He aquí, pues, la conversación que sostuvimos con él, misma que compartimos íntegra. Que sean sus palabras y las distintas investigaciones las que dibujen el contexto en el cual se encuentra la región mesoamericana:

Queremos hablar, más una cuestión del contexto regional. De lo que queremos hablar es de la producción energética, en específico, del trabajo que haces en Otros Mundos y otras redes de Mesoamérica. ¿Qué arrojan estos resultados de monitoreo que pueden haber hecho mapeamiento acerca de este programa llamado SIEPAC, quiénes estarían detrás de él y cuáles son las maneras en que se está implementando?

Bueno, creo que este elemento explica también el contexto del asesinato de Berta Cáceres, porque en el marco de los tratados de libre comercio, que prácticamente todos los gobiernos de América Latina han hecho con Estados Unidos y Canadá, Europa o incluso otros países de Asia, los gobiernos están –de alguna manera– obligados a modificar todas sus legislaciones para garantizar la inversión extranjera. En este marco de los tratados de libre comercio, los gobiernos tienen que modificar leyes para adaptarlas, tienen que modificar, por ejemplo, ley minera, ley de aguas, ley de inversión extranjera, ley de hacienda, etc. Esta es una parte de las modificaciones que tienen que realizar como destrabar también aranceles: que las empresas puedan entrar a los países sin pagar impuestos, pero el otro elemento fundamental es: la inversión no va a llegar, según los gobiernos, –bueno, según también las empresas transnacionales– si no tenemos la infraestructura que necesitamos para llegar y se encuentran entonces con una región mesoamericana con una infraestructura muy pobre.

Lo primero que empieza entonces, el Plan Puebla Panamá (PPP), entonces así llamado, era generar la infraestructura necesaria para que llegaran las inversiones a la región, empezando por carreteras, empezando por energía. Eran como los dos pilares en donde el PPP gastó la mayoría de los recursos, las empresas no van a llegar si no tienen comunicación, la empresa no va a llegar si no tienen carreteras, si no tiene puertos, si no tiene aeropuertos, si no tiene vías de acceso y el segundo elemento es la energía, las empresas dicen ¿cómo vamos a poder implementar un proyecto minero que gasta muchísima energía y agua sin los cables, sin incluso la capacidad de instalar los megawatts, la región mesoamericana no es la adecuada para que lleguen así plantas, por ejemplo, de automotrices, incluso también, grandes extensiones de monocultivo, como la palma aceitera, como también grandes complejos turísticos de élite, incluso como explotación petrolera, de gas, gasoductos, polioductos, etc. Se requiere cantidades enormes de energía.

Entonces viene un primer proyecto muy grande de parte del PPP de reconstruir represas para poder ofrecer energía suficiente a las inversiones. Pero no solamente represas, también todo lo que se llamó el sistema de integración energética para Centroamérica implicaba homogeneizar el cableado y también que cada uno de los países pudiera desregularizar sus leyes energéticas para hacer una sola regulación. En aquel entonces, fue España quien financió muy fuerte este proceso, pero se requería generar todo un sistema de energía y también un gran negocio. ¿Quién iba a ser el órgano regulador del sistema energético? ¿quiénes iban a ser los que lo iban a operar y vender esta energía a las grandes empresas que iban a llegar a invertir? Lo otro es, tenemos que generar nuevas fuentes de energía, que no sólo son represas, sino que también empezaron con eólicos, ese gran negocio para atraer las inversiones es el tratado de libre comercio que muy poco nos damos cuenta de que esta gran cantidad de megaproyectos que llegaron a la región se debe a esta apertura comercial que empiezan a abrir los gobiernos, absolutamente todos.

En este contexto se junta otro elemento que me parece fundamental y es que, en el marco del protocolo de Kyoto, los gobiernos que tienen que reducir altos índices de contaminación de gas y de efecto invernadero, en Europa y Estados Unidos, se les ofrece o inventan los mecanismos de desarrollos limpio, lo que significa que los gobiernos y las empresas dicen, bueno, en lugar de reducir los gases de efecto invernadero en Europa, lo que voy a hacer es invertir en un mecanismo que va a ofrecer un desarrollo limpio al planeta y entre ellos están las represas. Porque se justifica o se pretende justificar que las represas son un desarrollo limpio y es una energía limpia, tratando de oscurecer y sepultar el resultado de la Comisión Mundial de Represas, que en el 2000 –financiado por el Banco Mundial (BM) y redes internacionales– concluyeron que las represas eran la energía más sucia, que habían desplazado entre 60 y 80 millones de personas en todo el mundo, que se han construido más de 55 mil grandes represas, que el 60% de las grandes cuencas en todo el mundo han sido represadas, que los efectos sociales-ambientales han sido de una magnitud impresionante y que, además, eso ha implicado endeudamiento a los gobiernos.

No se esperaban el resultado de este estudio. Tratan de sepultar a la Comisión Mundial de Represas que ellos mismos financiaron y crearon y entonces empiezan a generar un nuevo discurso diciendo que la energía de represas es una energía limpia, energía sustentable y también para compensación de bonos de carbono con los países del norte. Entonces esto fortalece todavía más las represas, no solamente en Honduras, que es como el caso de Agua Zarca, que el COPINH tienen una lucha muy fuerte, sino en toda América Latina, hay cantidad de represas y cantidad de luchas y de resistencia tratando de detener y contener el discurso de que las represas es energía limpia y sustentable, pero que sirve para muchos intereses en las empresas constructoras de represas, intereses en el mercado de carbono y eso, obviamente, va impactando cada vez más en territorios indígenas, campesinos, cuencas, comunidades, criminalización –como en el caso de Berta.

Y en este marco, hablando de la región, ¿qué papeles tienen los distintos actores? Para poder hacer un listado de quiénes son los interesados en estos proyectos, empezando por las empresas privadas transnacionales, instituciones financieras, pero también el Estado hondureño. ¿Qué papel tiene cada uno para insistir tanto en la construcción del proyecto?

Esa es una buena pregunta, porque es una cadena de intereses, obviamente uno de los principales interesados son los bancos que prestan y que prestan porque tienen ganancias jugosas por intereses en muchos megaproyectos en el mundo. Y ahí nos encontramos al Banco Mundial. El BM también es un gran negocio, también los gobiernos en AL están sumamente endeudados por el BM por supuestos proyectos de desarrollo; otro segundo banco que está interesado, bueno, también sabiendo que detrás del BM están las grandes potencias que son las principales financiadoras del BM. Otros de los bancos, son los bancos privados, sobre todo, bancos europeos o japoneses o cualquier tipo de banco que entrega financiamiento a los gobiernos y las empresas que van a invertir en un proyecto hidroeléctrico. Otro tercer interesado, son las empresas constructoras, que obviamente reciben todos estos beneficios de créditos blandos, de subsidios o incluso también de muchas ganancias, independientemente de si la presa va a funcionar o no va a funcionar, y todavía más cuando la empresa se queda no solamente como constructora de la represa sino generadora y vendedora de la electricidad.

Entonces, vender la energía a los puertos, aeropuertos, canales secos, empresas, mineras, etc., pues es un gran negocio. O venderla a la red centroamericana de energía, ahí hay otro interés.

Otro nivel es la misma oligarquía local, los mismos empresarios locales que adquieren de alguna manera concesiones y que están involucrados en este tipo de acciones y de intereses. Y ahí vienen muchísimos intereses, como por ejemplo, algunas empresas que logran la concesión para la venta de un equipo, que son especialistas en las turbinas, en mantenimiento, etc., hay montón de intereses metidos de todo tipo que hay una especie de contubernio. Los bancos, obviamente, adquieren muchísima ganancia por interés, ya sean bancos privados o la banca multilateral e igual el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que no tiene ninguna norma operativa como lo tiene el BM o el BID –que al mismo tiempo tampoco funcionan del todo– que diga, vamos a dar un financiamiento siempre y cuando tal empresa cumpla con el impacto ambiental, consulta a pueblos indígenas, que se verifique la violación a los derechos humanos, una serie de normas para poder prestar, el BCIE no las tiene, entonces con el PPP, cuando empezó la reacción en el año 2000 y hubo un confrontamiento muy fuerte con el BM por los proyectos que estaba financiando y que eso iba a implicar impacto socioambiental, lo que hizo también es, derivó también al BID que sería el banco de desarrollo multilateral continental, como hay banco intercontinental africano, asiático; el BM se coordina con el continental que es el BID, por ahí empezaron a funcionar y a pasar muchos de los financiamientos. Cuando se puso la tensión ahí, entonces esos financiamientos pasaron al BCIE que es banco menos conocido, que tiene menos normas operativas y por ahí empezaron a salir y canalizarse muchos de los financiamientos sumamente controvertidos, a proyectos incluso con afectaciones terribles a indígenas y campesinos y en este caso de la muerte, del asesinato de Berta Cáceres, precisamente es el BCIE el que está metido.

Entonces al mismo tiempo se involucran gobiernos, porque los bancos multilaterales son los gobiernos responsables de dar el dinero y también de otorgar el financiamiento, ¿bajo qué criterios están los gobiernos entregando financiamiento a las empresas transnacionales para supuestos proyectos de desarrollo cuando el resultado son masacres, asesinatos, desplazamiento de población indígena y campesina? En esta cadena de financiamiento hay, tanto gobiernos del norte que financian los grandes bancos multilaterales, bancos privados, gobiernos de América Latina, de Centroamérica en el caso del BCIE. Obviamente los gobiernos centroamericanos son socios, México es socio, Japón es socio, España es socio, muchos de los países son socios. Bueno, los países que dan dinero a un banco de desarrollo local o regional tienen prioridad sobre las inversiones o préstamos que se van a hacer a las empresas que se van a hacer, los gobiernos están guardando los intereses de sus propias transnacionales, de tal manera que cualquier gobierno europeo que entregue al BM, BID o BCIE, obviamente sus empresas tienen prioridad para poder adquirir empresas que se están privatizando, fusionar concesiones, licitaciones para construir represas, oleoductos, gasoductos, etc., y uno de los conflictos que va a haber próximamente es el gasoducto que piensan construir y que va a pasar por toda Oaxaca, Chiapas, hasta Guatemala, El Salvador, Honduras, obviamente a llevarse pueblos enteros, comunidades y demás, bajo el supuesto desarrollo con lo que va a implicar de afectaciones al medio ambiente.

Quería definir algunos datos sobre la cuestión de los bancos, del flujo de dinero tenemos esta cuestión de todos los países que podemos mencionar, pero por ejemplo, intentando conectar datos, cuando se habla en Estados Unidos de que en los últimos años el tráfico de la cocaína que va para allá pasa por Honduras más que por otros lugares. Y también con cosas que han sucedido últimamente, con esta cuestión de los Papeles de Panamá, que muestra como todo es un gran lavado de dinero. ¿Cuál es la relación para que haya tanto dinero para enviar a estas regiones y qué tanta influencia tiene este sector en el aumento de la violencia en toda la región?

Hay varias líneas que lo explican, una de ellas es la justificación del terrorismo, del crimen organizado en la región, que ciertamente, si fuera por tierra el tráfico, forzosamente tiene que pasar por Honduras porque es parte de toda la región centroamericana, y esa puede ser una justificación, sin embargo, me parece que no podemos dejar de lado la necesidad de los gobiernos de garantizar las inversiones de las empresas en la región, para lo cual, la criminalización es necesaria. Los recursos, como Plan México (también conocido como Iniciativa Mérida), destinados a contener la movilización social, son enormes.

Los gobiernos han modificado todas sus leyes para criminalizar cualquier protesta social, de tal forma que lo que antes era un derecho humano –la libre expresión–, ahora es difamación, o la libre expresión de ideas, la movilización social, pacífica, constitucional, ahora es crimen organizado, ahora es bloqueo a las vías de comunicación, ahora es incluso terrorismo, incluso es secuestro, porque no pudieron pasar los funcionarios o por cualquier cosa ya es secuestro y eso implica tantos años de cárcel. Los gobiernos tienen que garantizarle a las empresas eso, entonces la justificación militar y policiaca bajo el terrorismo, bajo el crimen organizado –si bien hay razón en ello– también tienen doble filo, también el otro objetivo es criminalizar, detener una protesta social.

También reflexionamos sobre el origen de esto y en el marco de los tratados de libre comercio, las empresas llegan con un seguro de inversión, no cualquiera llega así, de tal forma que se ha logrado hacer una especie de tribunales supranacionales, donde las empresas pueden demandar a los gobiernos cuando incumplen el tratado de libre comercio y hay varias formas de incumplir, ya sea que un gobierno bloquea, pone un arancel, o incluso pone un subsidio al sector nacional –a eso le llaman competencia desleal–, o hay una ley que le prohíbe o que no le facilita a la empresa invertir, entonces hay bloqueos arancelarios y no arancelarios, pero hay otro más importante para ellos, porque los gobiernos han logrado modificar la estructura nacional a nivel legislativo, judicial, etc., sino que, la gente, los pueblos que se organizan para protestar y en donde el concepto de expropiación, las empresas y los tratados de libre comercio han logrado ampliar este concepto de expropiación, de tal manera que si yo llego a tú país y me quitas una inversión, una concesión, pues tú me pagas, me quitas mi pozo petrolero que ya me habías dado, o una concesión de gas o de represa o de mina, aunque argumente el gobierno afectaciones al medio ambiente, al agua, a derechos humanos, a cualquier cosa, la empresa dice: tú me estás bloqueando la inversión, tu me quitas tantos años de ganancia que tu me los vas a pagar y esas demandas están al día en los tratados de libre comercio, donde los gobiernos tienen que defenderse incluso ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), que es el mecanismo de disputa entre las inversiones entre empresas y gobiernos.

Entonces las empresas acuden al CIADI del BM cuando consideran que sus inversiones están siendo afectadas. La mayoría de las últimas demandas de las empresas transnacionales en el CIADI, casi el 40% tienen que ver con la industria extractiva, petróleo, gas; cuando un país dice, detengo tu pozo petrolero o expulso a tu empresa petrolera, por lo cual muchos países han querido salirse, como lo es Argentina, Bolivia, Venezuela, salirse del CIADI como el espacio de disputa por las inversiones transnacionales en los países del sur, como más de 200 mil millones de dólares en puras demandas de las empresas transnacionales contra 60 países de África y América Latina.

Eso dimensiona que, si los gobiernos quieren respetar los derechos humanos o hacer eco de las demandas de los derechos humanos y eso implica eliminar una concesión, conlleva una demanda de millones de dólares por parte de una empresa, como lo ha sufrido Ecuador, como lo ha sufrido Costa Rica cuando dijo no a la mina de oro, cuando dijo, también El Salvador, no a la mina de oro. Las empresas van a una demanda, y si el pueblo, las organizaciones se movilizan, el concepto de expropiación se amplia y le llaman una expropiación indirecta, el gobierno dice, es la gente la que está bloqueando la carretera y la empresa transnacional dice, pues es tu gente, tu me la pones en orden, tu, de alguna manera, como no tienes una legislación o mecanismos políticos para contener esa protesta que me está afectando mis inversiones, va la expropiación indirecta y yo te estoy demandando; entonces a los gobiernos les sale más barato criminalizar y meter a la cárcel a los luchadores, que pagar millones y millones de dólares a esa empresa.

Y estamos hablando, tan sólo del caso del caso de El Salvador, de Costa Rica o de Ecuador, de millones de dólares por un caso, supongamos Honduras, que tiene decenas y decenas de concesiones mineras y el gobierno dice, las mineras se van porque el pueblo no quiere, o las represas se van; o México, que en los últimos sexenios se han entregado 45 mil concesiones con 95 millones de hectáreas del país, que implica la mitad del territorio nacional. Con que el gobierno diga, de las mil mineras que están en operación ahora, que diga 500 se van porque están afectando al medio ambiente, indígenas y campesinos, bueno 500 son muchas, ponle 5 entre las empresas canadienses más grandes: el gobierno no tendría dinero para pagar tanta demanda y los intereses de estas demandas, tendría que vender el país 20 veces para poder pagar eso

Estamos hablando de muchísimas más concesiones mineras, concesiones de represas que hay en todo el país, de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de gas, de petróleo, de fracking, de concesiones para turismo, de licitaciones gubernamentales de todo tipo, es toda la venta del país. El gobierno no tendría la capacidad de ninguna manera de contener, en términos financieros, demandas, si el gobierno dice, vamos a respetar derechos humanos, vamos a respetar medio ambiente. Entonces lo que están haciendo los gobiernos es criminalizar, es más barato, meto al bote a uno, a otro a la cárcel, reprimo, que millones en demandas tan sólo por una empresa minera, cuando la dimensión de lo que se ha vendido, y eso se repite en Guatemala, concesiones de petróleo, carreteras, de minería, de hidroeléctricas, igual Honduras y así nos podemos ir por toda América Latina, razón por la cual se ve cómo todos los gobiernos están modificando, lo que siempre se ha llamado las políticas de ajuste estructural, están modificando las estructuras de sus países para garantizar a las empresas extranjeras todas las inversiones, la extracción de todos los recursos de AL, donde el principal elemento de disputa es el territorio.

O sea, las corporaciones necesitan para cualquier cosa, territorio, para instalarse, minas, presas, oleoductos, gasoductos, fracking, gas, plantaciones de monocultivo, grandes ingenios, plantas de autopartes, grandes inversiones de turismo de élite que en las playas destroza manglares, es decir, necesitan territorio, grandes cantidades de territorio, y ahí están los pobres, ahí están los indígenas, los campesinos. Además, para poder hacer posible está inversión, requieren más territorio porque necesitan extraer el agua, la energía, etc. La disputa en AL es el territorio y yo creo que es lucha que se está viviendo actualmente y que es la que va a ir empujando en la medida en la que los tratados de libre comercio van avanzando, y ahora peor, en la medida en que el tratado transpacífico se va implementando y que es el tratado más ambicioso que hay hasta ahora.

Para aterrizar en Honduras: esta situación de la modificación de la normatividad de los países es muy representativa en Honduras después del golpe de Estado, inclusive ya llegaron a afectar zonas con proyectos modelo y en otros caso como zonas económicas especiales, ¿cuál es ese nuevo perfil de Estado-corporación?

Eso es impresionante, lo que está pasando, después del golpe, lo que pasa en Honduras es la apertura total a la entrega de concesiones mineras y muchos otros megaproyectos, y la aprobación, incluso de los que están ahora en el gobierno, de las llamadas ciudades modelo y que acá en México se llaman zonas económicas especiales (ZEE), que es un país dentro de otro país. Garantizar a las transnacionales todo lo que requieran para la extracción, por ejemplo, de México, se va a requerir visa especial para entrar a una ZEE, van a tener su propia estructura, sus propias leyes, su propia autonomía, incluso no van a pagar impuestos, van a tener acceso a puertos, van a tener conexión también entre las tres ZEE que se plantean en México. Puede haber zonas enormes de autopartes, van a tener viviendas, hospitales, va a ser como un país dentro de otro país. Y van a tener todo el financiamiento de la banca multilateral y de los bancos para poderle ofrecer a las empresas, darle mayor valor agregado a su producción y sacarla al mercado asiático.

No es novedad, hay muchas experiencias de zonas económicas especiales, incluso el BM dice que no son la panacea, que ni siquiera han funcionado, sin embargo van intentando, insistiendo, en que ese modelo, precisamente, de corporación-nación, en donde existe un reflejo más claro de que en este nuevo modelo económico, nos encontramos donde las corporaciones han adquirido todo el poder de toda la estructura del Estado multilateral y nacional, de ahí las campañas a nivel mundial de desmantelar el poder de las corporaciones en Europa, Estados Unidos, en Asia, en América Latina, porque lo que se está viendo es que las corporaciones han asaltado el poder, han asaltado la estructura del Estado, han asaltado la ONU y que de repente la clase política y empresarial se fusionan. Gobiernos que son empresarios, gobiernos que son empresas, empresarios que son políticos, políticos que son empresarios, ya no hay diferencias y obviamente legislan y también gobiernan en función de sus intereses, de sus propias empresas, de sus propios proyectos de inversión.

Y el caso de las Ciudades Modelo es eso, es como un país dentro de otro país, rompiendo y resquebrajando la soberanía nacional.

En este contexto tan apabullante, tan complicado, ¿qué le queda al movimiento social y a las organizaciones como el COPINH, por ejemplo? ¿cuáles son los márgenes de acción que tu podrías señalar? Porque una cosa es verlos desde el interior de la organización –que puede tener un horizonte específico– pero todo este análisis macro sobre las políticas del extractivismo, ¿qué le puede quedar a organizaciones como esta o como otras?

Hay varias posiciones, hay quienes piensan y consideran que los movimientos sociales tienen que asaltar el poder y tomar la dirección política de sus gobiernos, para otros eso ya no es necesario, ya no es posible ni tampoco es viable, pero hoy los movimientos sociales se encuentran en esta disyuntiva: si parte de la identidad de los movimientos sociales es convertirse en un partido político y convertirse en clase política y disputarle a los políticos y a la clase político-empresarial, empresarial-político –que es lo mismo–, la estructura del Estado y desde ahí hacer algo o se puede modificar, para otros esa vía ya no existe, ya es imposible, ya hay una falta de credibilidad de las instituciones del Estado, del aparato del Estado y de que este capitalismo tenemos que modificarlo desde otra lógica, desde otra vía.

El COPINH estuvo en esta disyuntiva en el golpe [de Estado], si el COPINH entraba al proceso electoral o no y no le entró, afortunadamente, creo yo. En la medida en que el movimiento social se convierte en clase política, me parece que ahí ya hay una disfunsión y un rompimiento del movimiento social. Yo considero que la identidad del movimiento social no es ser clase política ni partido político, pero otro proceso que se está gestando con mayor fuerza es: no solamente hay que resistir y eso hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo, y digo lamentablemente porque enfrentar a este capitalismo y sus inversiones implica, como ya lo vimos en el caso de Berta, asesinatos, desplazamientos, represión, presos…y…hay que hacerlo. Una de las estrategias que se están realizando en otros movimientos es ir blindando territorios y entonces tener el control territorial, no disputar solamente un proyecto que ya está hecho, sino generar también un proceso de prevención en donde los pueblos dicen, aquí es un territorio liberado como lo vemos en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y en el M4 que es el Movimiento Mesoamericano contra el Extractivismo Minero, donde la estrategia es tenemos que generar prevención para generar territorios libres, libres de estos megaproyectos, que no es cosa fácil tampoco obviamente, ni tampoco contener que los buitres lleguen al territorio pero sí se ha logrado que en muchos de los casos, generar procesos organizativos de tal manera que blindan los territorios a la llegada de otras inversiones, ya sean minas petróleo, fracking, oleoductos, gasoductos, pero eso implica un proceso de conciencia grande.

Y además de la resistencia, de estar deteniendo, vayamos construyendo una alternativa, eso es bien difícil, pero es la más bonita, me parece la más interesante, cómo podemos generar en lo local proyectos de autonomía y proyectos de vida digna distintos a la dinámica del capitalismo. Y para eso hay que inventarlos, nadie tiene la última regla ni la última receta pero que nos plantea el gran reto en cada una de las regiones, necesitamos construir procesos políticos, sociales, económicos, distintos, no bajo la lógica de la competencia, no bajo la lógica de la explotación, con otro tipo de valores y también de realidades, que hay que experimentar y que hay que probar y con ensayo y error, como sea, y que empiezan a pulular en muchos lados en América Latina.

Que no significa para nosotros buscar una sola alternativa, como decir, vamos a acabar con una hegemonía capitalista y vamos a poner otra hegemonía que se llame…porque creemos que en cada pueblo hay distintas formas de hacerlo, según sus idiomas, sus costumbres, su región, su geografía, su historia, su propia forma de construir esa felicidad, esa realidad distinta y que nacen de distintas formas, son muchas alternativas, no es una. Nosotros le llamamos alternatos, que es que nace de lo local de cada uno de los pueblos y son muchas vías y formas distintas, en eso sí podemos encontrar unidad, no homogeneidad, no caer otra vez en la homogeneidad de decir, todos vamos por el socialismo del siglo XXI y qué es eso, no pues acá le llamamos de una manera, acá buen vivir, acá buen convivir, otros le llaman en Chiapas lekil kuxlejal, cada quien le llamará como quiera, pero con criterios antisistémicos, con criterios distintos a esta acumulación del capital, porque, bien decía Berta, ya no hay tiempo, ya no tenemos tiempo. Yo creo que la humanidad está en juego, que nos estamos acabando el planeta a un ritmo tan acelerado que si no buscamos ya alternativas distintas, lo que estamos viendo, y es una amenaza nuestra, en nuestro planeta, en nuestra humanidad, que necesitamos construir, desde abajo, otros brotes de vida distinta. Yo creo que este es el reto que nos encontramos en América Latina, para el COPINH, y de hecho cuando yo voy para el COPINH esa era la idea, ellos me invitan porque además de una resistencia feroz, frontal, impresionante que ellos tienen, la reflexión consistía en cómo generar al mismo tiempo que la resistencia, alternativas locales de vida distintas al capital, al capitalismo atroz, como además de esta resistencia desgastante podemos ir generando vida y podemos generar otras relaciones distintas, donde se incluye a la vida entera, se incluye al agua, al alimento, procesos de felicidad locales que plantean un antídoto a esta realidad que estamos viviendo.