Categoría: Capitalismo

La cumbre mundial sobre el desarrollo debe centrarse en los derechos humanos, dicen 200 organizaciones de todo el mundo

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Compartimos esta declaración colectiva sobre la Cumbre Finanzas en Común publicada en la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo – A noviembre 2020

En una carta dirigida a la Agencia Francesa de Desarrollo, más de 200 organizaciones de todo el mundo piden que los principios de un desarrollo basado en los derechos humanos e impulsado por las comunidades se incluyan y prioricen tanto en el programa como en los resultados de la Cumbre de Finanzas en Común (Finance in Common Summit), una reunión de alto nivel de todos los Bancos Públicos de Desarrollo, que se celebrará en París del 9 al 12 de noviembre.

Si desea respaldar la carta y unirse a nuestros llamamientos, puede inscribirse aquí. 

Del 9 al 12 de noviembre de 2020, la Agencia Francesa de Desarrollo convocará la primera cumbre mundial de todos los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD). El objetivo de esta reunión es proporcionar una respuesta colectiva a los desafíos globales, conciliando respuestas a corto plazo a la crisis de COVID-19 con medidas de recuperación sostenible, reorientando los flujos financieros hacia objetivos de desarrollo sostenible.

Esta cumbre es muy relevante y oportuna, pero para un diálogo verdaderamente integral e inclusivo, debe extraer lecciones del pasado para dar forma a un futuro más sólido con la plena participación de las comunidades afectadas por los proyectos de los BPD y las organizaciones de la sociedad civil que las apoyan. En muchos casos, las actividades respaldadas por los BPD han exacerbado la pobreza y la desigualdad, así como la vulneración de los derechos humanos, como represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente y desalojos forzosos, sin una reparación significativa para las comunidades afectadas. La cumbre debería incluir un espacio para la reflexión y el debate sobre la importancia de respetar las normas internacionales de derechos humanos en el logro de los objetivos de recuperación sostenible, como abordar las violaciones de derechos humanos ampliamente documentadas en inversiones y proyectos respaldados por los BPD.  La cumbre debería enfrentar los desafíos de las inversiones de los BPD que carecen de estándares sólidos para los derechos humanos ni garantías sociales y ambientales, el cambio climático y la lucha contra la corrupción; o en los casos en que existan esos estándares, cómo abordar las fallas para ponerlos en práctica.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve y agravado las fallas de los sistemas sanitario, social y económico, lo cual exige un replanteamiento profundo de la forma en que operan los gobiernos, los BPD y otros actores. Varios grupos y organizaciones de la comunidad de base han estado pidiendo a los BPD que garanticen que el financiamiento y el apoyo que brinden para la respuesta al COVID-19, y durante el período de recuperación económica, respeten los derechos humanos y conduzcan a la justicia económica, social y ambiental para quienes son más vulnerables. Es necesario un nuevo impulso para hacer realidad el principio básico de “que nadie quede rezagado”.

Agradecemos la oportunidad de involucrarnos con los BPD durante la cumbre para servir mejor a los principios y objetivos de las normas internacionales de derechos humanos, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, con ese fin, y por una cuestión de credibilidad y eficiencia, debe ser una prioridad garantizar que los derechos humanos y las necesidades de la comunidad se discutan explícitamente y formen parte de la declaración conjunta prevista al final de la cumbre. Como declaró el ACNUDH  el año pasado:

 “Con la década más crucial para la implementación de los ODS por delante, los derechos humanos no solo son la forma correcta, sino la forma inteligente de acelerar el progreso hacia un desarrollo más equitativo y sostenible. El desarrollo no se trata solo de cambiar las condiciones materiales…. También se trata de empoderar a las personas con una voz … para que participen activamente en el diseño de sus propias soluciones y en la configuración de la política de desarrollo. … Empoderar a las personas significa ir más allá de las soluciones puramente tecnocráticas y tratar a las personas como objetos pasivos de ayuda o caridad. Las personas se empoderan cuando pueden reclamar sus derechos y dar forma a las decisiones, políticas, reglas y condiciones que afectan sus vidas”.

Dado que los ODS están en el corazón de la cumbre, los derechos humanos y la participación de las comunidades son clave. Eso requiere adaptar la agenda y los resultados esperados. Nuestras recomendaciones para garantizar un evento inclusivo son las siguientes:

  1. Los derechos humanos deben quedar reflejados en la agenda central de la cumbre, la asistencia y la participación. Tal como fueron concebidas, la conferencia de investigación y la cumbre no parecen proporcionar un espacio específico para las personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la comunidad. El compromiso con la participación pública y la protección del espacio de la sociedad civil se ha reconocido desde hace mucho tiempo como esencial para garantizar un desarrollo efectivo. Las organizaciones de derechos humanos y de base, las personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades deben guiar el futuro del modelo de desarrollo y, por lo tanto, deben involucrarse en la organización, contribuir a la agenda y participar en la cumbre. Es una cuestión prioritaria que las personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades que se ven directamente afectadas por las actividades de los BPD estén presentes en la mesa de negociación.
  2. Los principios de un desarrollo basado en los derechos humanos y liderado por la comunidad deberían incluirse y destacarse en los resultados esperados de la cumbre, incluidos los trabajos de investigación y las declaraciones colectivas. Alentamos a los gobiernos y los BPD a comprometerse a reforzar y fortalecer los principios del desarrollo basado en los derechos humanos y liderado por la comunidad en los mandatos y la gobernanza de los BPD; políticas y prácticas; cultura e incentivos internos; en qué proyectos y actividades invierten; y cómo trabajan con otros BPD, gobiernos y actores clave. Estos compromisos deberían conducir a mejoras, como:
  1. La participación plena y libre de las comunidades directamente afectadas en todas las actividades y proyectos respaldados por los BPD, y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Deberán desarrollarse enfoques innovadores para abordar la reducción de espacio, los riesgos y desafíos para las comunidades, las personas defensoras de los derechos humanos y la sociedad civil para participar de manera significativa en las decisiones que impactan sus vidas, medios de vida, medio ambiente y recursos. Las políticas de tolerancia cero frente a amenazas y represalias por parte de los BPD y sus clientes deberían ser un requisito fundamental.
  2. La identificación de inversiones que estén alineadas con los derechos humanos internacionales, la protección del clima y los ODS, y reorientar las inversiones hacia un desarrollo sostenible que respete estos estándares, asegurando al mismo tiempo que se cubran las prioridades y necesidades de las personas marginadas.
  3. La mejora de los requisitos sociales y ambientales mediante la inclusión de normas de derechos humanos. Los BPD y sus clientes deben adherirse a los principios y estándares de derechos humanos consagrados en las convenciones internacionales. Las políticas y procedimientos de salvaguardia deben garantizar que las actividades financiadas directa o indirectamente por los BPD, respeten los derechos humanos, no contribuyan a la vulneración de los derechos humanos y contribuyan a un desarrollo equitativo e inclusivo que beneficie a todas las personas.
  4. El desarrollo y la mejora de los mecanismos de transparencia, seguimiento, supervisión, reclamación y rendición de cuentas para evitar activamente que las actividades e inversiones del AP socaven los derechos humanos.
  5. Asegurar que los clientes o socios del sector privado también adopten estrictas normas ambientales y de derechos humanos, y no eviten ni evadan impuestos.
  6. La elaboración de directrices comunes por parte de los BPD sobre evaluaciones de impacto y diligencia debida en materia de derechos humanos antes de las inversiones de proyectos y en apoyo de políticas o programas de reforma económica. Esto incluye la identificación de riesgos contextuales y específicos, estrategias de prevención y mitigación y reparación de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Asegurar que estas evaluaciones se desarrollen en estrecha consulta con las comunidades afectadas y se actualicen iterativamente en función de las condiciones cambiantes y la nueva información.
  7. El desarrollo de enfoques coordinados para garantizar que las actividades respaldadas por los BPD no agraven la deuda ni contribuyan a recortes del gasto público que repercutan negativamente en los derechos humanos o el acceso a los servicios esenciales para los más vulnerables.

Como reiteró el ACNUDH, la gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible requiere una gobernanza no discriminatoria, inclusiva, participativa y responsable. Con la década más crucial de la implementación de los ODS por delante, y en el contexto de la intersección de las crisis de salud, ambiental, económica y social, será fundamental procurar una mayor integración y coherencia entre las agendas de desarrollo y derechos humanos:

 “Los derechos humanos no son solo una guía sobre la forma correcta de lograr la implementación de los ODS, sino la forma inteligente de acelerar un desarrollo más sostenible y equitativo”.

Los BPD deberían abrir canales para la participación significativa de las comunidades, las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente y los grupos de la sociedad civil en la valoración, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de sus proyectos y actividades, así como en sus procesos de toma de decisiones. Por estas razones, la agenda y el producto final de la cumbre deberían reflejar debidamente la centralidad de los derechos humanos y el desarrollo liderado por la comunidad para un desarrollo efectivo y sostenible.

Digamos NO al dinero del Fondo Verde para el Clima destinado a proyectos REDD en Nicaragua

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Compartimos esta pedición lanzada desde el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales – WRM – A 2 de noviembre de 2020

¡¡Convocamos a organizaciones a firmar esta Carta Abierta!! Pedimos a los miembros de la Junta que rechacen la solicitud de financiamiento REDD por más de USD 60 millones que ha sido presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua.

Desde 2015, unos 40 indígenas han sido asesinados, 47 han sido heridos, 44 han sido secuestrados y 4 han sido desaparecidos, en casos relacionados con invasiones de tierras en Nicaragua, mientras que la represión de voces disidentes ha alcanzado niveles alarmantes.

La Secretaría del Fondo Verde para el Clima, en tanto, recomienda que la Junta del Fondo en su 27a reunión -que se realizará del 9 al 13 de noviembre- apruebe una solicitud de financiamiento REDD por más de USD 60 millones que ha sido presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua. El conflicto, la criminalización y la represión de las voces críticas se convertirán en una realidad previsible si la Junta sigue la recomendación de la Secretaría.

¡Esto no debe suceder! Firme por favor esta Carta Abierta, pidiendo a los miembros de la Junta que rechacen la solicitud de financiamiento presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua.

La Carta está abierta para firmas de organizaciones hasta el viernes 6 de noviembre de 2020. Esta se enviará a la Junta del Fondo Verde para el Clima antes de su reunión que inicia el 9 de noviembre.

>>Firma aquí<<

CARTA ABIERTA a los 

Miembros de la Junta del Fondo Verde para el Clima

Exhortamos a la Junta del Fondo Verde para el Clima a rechazar la solicitud de financiamiento (FP146) “Bio-CLIMA Project. Integrated climate action to reduce deforestation and strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres”* (Proyecto Bio-CLIMA. Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en BOSAWÁS y Biosferas de Río San Juan), presentado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua. Esta solicitud de financiamiento deja de manifiesto por qué el Fondo Verde para el Clima debe dejar de aportar fondos a proyectos REDD de manera urgente: la descripción tendenciosa e incompleta de las causas de la deforestación y las preocupantes actividades que resultan de este análisis inadecuado presentado en la FP146 evidencian una vez más que REDD es un concepto que no ha contribuido a resolver los factores causantes de la deforestación. Peor aún, su aplicación pone en riesgo las formas de sustento e incluso las vidas de las personas y exacerba los conflictos, tanto entre los organismos estatales y quienes proponen el proyecto REDD por un lado, y las comunidades que ejercen sus derechos tradicionales a la tierra por el otro, así como entre y dentro de las comunidades.

La solicitud de financiamiento del BCIE afecta las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz, en las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe de Nicaragua. En estas dos zonas se encuentran los mayores bosques intactos de Latinoamérica después de la Amazonía, que por generaciones han sido protegidos por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes cuyos territorios se superponen en gran parte con las áreas protegidas Bosawás e Indio Maíz.

La solicitud de financiamiento REDD presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua plantea un riesgo extraordinariamente elevado y predecible de incrementar las tensiones sobre el uso de la tierra en una zona donde la (in)acción histórica de los gobiernos de turno ha provocado una escalada de asentamientos ilegales y extractivismo empresarial dentro de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en las dos zonas en donde se centra la solicitud de financiamiento. El resultado ha sido una deforestación masiva, con la destrucción anual de 150.000 hectáreas de bosque en Nicaragua entre 2005 y 2015, gran parte de las cuales fueron en las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz/Río San Juan.

La implementación de esta propuesta de financiamiento está destinada a violar los derechos de los pueblos indígenas. Las actividades descritas en la solicitud de financiamiento no reducirán la deforestación en estas grandes zonas de bosque intacto de la Costa del Caribe de Nicaragua porque el proyecto ignora causas claves de la deforestación, tales como el otorgamiento de permisos de extracción maderera y minera a empresas extranjeras sin el consentimiento de las autoridades competentes en los territorios de pueblos indígenas. Por ejemplo, al mes de una nueva ley que creó la Compañía Minera Nicaragüense en 2017 y que facilitó el acceso a concesiones mineras para empresas extranjeras, el total de tierras con concesiones mineras aumentaron más del doble, de aproximadamente 1,2 millones a 2,6 millones de hectáreas. Esto es más del 20 por ciento del país. Alrededor de 853.800 hectáreas de esas concesiones están en la zona de amortiguamiento del área protegida Bosawás.1

Un informe reciente también expone el vínculo entre las concesiones mineras, la deforestación y la violencia en las zonas en las que se centra el FP146. El informe revela que los directores de tres compañías mineras están detrás de una de las empresas madereras, MLR Florestal, responsable de la destrucción de bosques y situaciones de violencia en estas zonas.2 Muchas de las concesiones industriales dentro de esas zonas han sido entregadas sin el consentimiento legalmente requerido de los pueblos indígenas, cuyos territorios están siendo destruidos por estas actividades madereras y mineras.

Si bien la solicitud de financiamiento menciona a la ganadería como causa de deforestación, no presenta un análisis exhaustivo de las causas subyacentes, tales como un sector cárnico orientado a la exportación, con vínculos entre la industria de exportación y la ganadería a menudo realizada en asentamientos ilegales dentro de territorios de pueblos indígenas. Como resultado, las actividades propuestas para manejar los asentamientos ilegales y la ganadería no lograrán reducir la deforestación y provocarán más violencia y desesperanza.

Otro agente de deforestación al que no se hace alusión en la solicitud de financiamiento es la falta de acción gubernamental a lo largo de los años para completar el paso final del reconocimiento legal de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en las dos Regiones Autónomas de la Costa del Caribe. Estos derechos están protegidos por la Constitución nicaragüense, y la Ley Constitucional 28 requiere, entre otras cosas, este paso final llamado Saneamiento, o curación de la tierra. Exige que el Estado suprima a todos los colonos y compañías que operan dentro de los territorios de pueblos indígenas que no tengan títulos legales o acuerdos de arrendamiento con las autoridades comunitarias apropiadas.

Pueblos indígenas tales como la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN) han advertido que “están colonizando todos los territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. En la Reserva Biológica Indio-Maíz se están estableciendo mineros en busca de oro y en numerosas ocasiones grupos armados han amenazado a familias de los Pueblos Indígenas Rama y Afrodescendientes Kriol. Mientras tanto, en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, grupos de hombres armados con armas de guerra provocaron el desplazamiento forzado de comunidades enteras de los pueblos indígenas Miskitos y Mayangna, y el Estado ha fracasado en proteger a esos pueblos a pesar de múltiples pedidos”3. A pesar de los reiterados llamados por parte de las asociaciones de pueblos indígenas para que el gobierno de Nicaragua implemente plenamente una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que confirma esta obligación legal del estado, el gobierno no ha tomado medidas concretas para eliminar los asentamientos ilegales o las corporaciones que operan sin el consentimiento de las comunidades indígenas.4

En suma, la solicitud de financiamiento REDD presentada por el BCIE no menciona en lo absoluto ni a la minería ni a la extracción maderera industriales, así como tampoco a la falta de acción del gobierno en llevar a cabo el Saneamiento en los territorios indígenas reconocidos en las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz/Río San Juan. En cambio, la solicitud de financiamiento es una más de la larga lista de propuestas REDD que perpetúan el discurso unilateral de culpar a la agricultura campesina de la deforestación. Si bien los asentamientos ilegales son sin duda una causa de deforestación en esas dos áreas protegidas y en los territorios indígenas, la propuesta de financiamiento no brinda la contextualización y el análisis de este fenómeno, el cual sería crucial para obtener respuestas adecuadas a esta devastación.

El cumplimiento del gobierno de esta obligación legal sería una contribución importante al cese de la deforestación en estos territorios indígenas. Sería especialmente importante a la luz de la escalada de asentamientos ilegales desde el estallido de la pandemia del COVID-19. Esos asentamientos no serían posibles sin la complicidad de las autoridades estatales y de la participación del sector privado (tanto de capitales nacionales como extranjeros). Esta misma situación favorece la construcción de nuevas iglesias dentro y alrededor de los asentamientos ilegales. Un informe de julio de 2020 identifica la construcción ilegal de un total de 23 iglesias dentro del área protegida de Indio Maíz/Río San Juan.5 El informe señala el apoyo explícito de las autoridades gubernamentales para la construcción ilegal, citando como ejemplo la oficina del alcalde de un pueblo de la región que proveyó los materiales de construcción.

La escalada de asentamientos ilegales desde el estallido de la pandemia del COVID-19 también provocó un alarmante aumento de gente asesinada. El número de personas indígenas que han sido asesinadas en conflictos con los invasores prácticamente se ha duplicado, en comparación con años recientes.6 Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades de los Mayangna y los Miskitos, en la Región Autónoma de la Costa Norte del Caribe, fueron asesinadas, elevando a 46 el número total de asesinatos desde 2015.

En febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) subrayó la falta de protección de los derechos de los pueblos indígenas y la impunidad por los crímenes cometidos contra pueblos indígenas en las regiones donde se llevaría a cabo el Proyecto BIO-CLIMA. ACNUDH urgió al gobierno de Nicaragua a adoptar las medidas necesarias para impedir que continúe la violencia y proteger la tierra, los territorios y los recursos de las comunidades indígenas.7 Pero desde entonces la situación ha cambiado para peor.

Nada de esto se refleja en la solicitud de financiamiento que el BCIE presentó en nombre del gobierno de Nicaragua. Por el contrario, la solicitud de financiamiento incluye actividades que en esencia darán impunidad a los asentamientos ilegales. Incluso la propia evaluación de riesgo ambiental y social del Fondo Verde para el Clima calificó como “importantes” los “riesgos de la intervención del proyecto que pueden agravar los conflictos entre campesinos-colonos y comunidades (de pueblos indígenas)”.

En otras palabras, esta solicitud de financiamiento REDD seguramente no abordará las causas reales de la deforestación en los bosques de Bosawás e Indio Maíz y las 42 acciones propuestas incluyen varias que muy probablemente agravarán los conflictos existentes que tienen su raíz en políticas gubernamentales que empujan a los campesinos a adentrarse en territorios de pueblos indígenas.

Además, la solicitud de financiamiento REDD del BCIE propone un procedimiento de “consentimiento libre, previo e informado” que socava la protección legal otorgada a los territorios indígenas de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe, donde se implementarán la mayoría de las actividades comprendidas en la solicitud de financiamiento FP146.

La ley 28 de la Constitución de Nicaragua garantiza la inalterabilidad de los derechos a la tierra de Indígenas y Afrodescendientes y reconoce el derecho de estas comunidades a ejercer total control sobre sus tierras. Las decisiones sobre el uso de la tierra, por lo tanto, competen a la comunidad.

Más del 80% del presupuesto de la propuesta de financiamiento se gastará en las dos áreas protegidas que incluyen grandes partes de territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, donde las comunidades tienen garantizados estos derechos legales a determinar el uso de esa tierra. La solicitud de financiamiento del BCIE no oculta el hecho de que la propuesta no ha sido discutida aún con las comunidades de estos territorios.

¿Cómo, entonces, puede el BCIE argumentar que cumple con el requisito del Fondo Verde para el Clima para las solicitudes de financiamiento que afectan territorios de pueblos indígenas, de demostrar “consentimiento libre, previo e informado”? El BCIE simplemente propone excluir a las comunidades que no dan su consentimiento a las actividades propuestas. Esto, como mínimo, es una interpretación muy inverosímil del principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). De hecho, dada la situación actual de intimidación y represión masiva de las opiniones críticas en Nicaragua, que ha dado lugar a una nota, entre muchos otros, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que la Secretaría del Fondo Verde para el Clima dé andamiento a una propuesta que incumple de tal manera el procedimiento del CLPI, seguramente pondrá en situación de riesgo a los miembros de las comunidades de estos territorios indígenas y afrodescendientes. ¿Es a esto a lo que equivale en la práctica la política CLPI del Fondo Verde para el Clima? Un informe publicado hace algunas semanas identifica numerosas instancias en las que gobiernos paralelos que cuentan con el aval del Estado se apropiaron de derechos indígenas a la tierra para controlar el otorgamiento de títulos y concesiones a la tierra.8

¿Cómo puede una propuesta de financiamiento con un enfoque de Consentimiento Libre, Previo e Informado tan inadecuado ser aprobada por el proceso de evaluación del Fondo Verde para el Clima cuando está profusamente documentado que el derecho constitucional de las comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes de los territorios afectados por la solicitud de financiamiento del BCIE ha sido y continúa siendo amenazado?

El fracaso del proceso de selección del Fondo Verde para el Clima para REDD ha sido nuevamente puesto al descubierto por la Secretaría que adelantó el FP146 para su aprobación por la Junta. Esto viene justo después de la 26a reunión de la Junta del Fondo Verde para el Clima en agosto de 2020 (B26), donde algunos miembros de la Junta expresaron sus críticas con respecto a la deficiente calidad de evaluación de las propuestas REDD presentadas para aprobación de la Junta. Las expresiones de preocupación tales como las manifestadas por los miembros de la Junta en el B26 son importantes. Pero si no están seguidas de acciones, resultan ser un ejercicio en vano. Claramente es tiempo de poner fin al experimento del Fondo Verde para el Clima de financiar REDD.

Esta propuesta de financiamiento presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua demuestra por qué es imperativo que el Fondo Verde para el Clima cese de inmediato el financiamiento de REDD. Que una propuesta de proyecto como FP146, que se basa en una evaluación tan peligrosamente inadecuada de las causas y el contexto de la deforestación, pudiera ser aprobada por el proceso de evaluación del Fondo Verde para el Clima, es muy preocupante. De hecho, la omisión de haber evaluado adecuadamente los riesgos contenidos en esta solicitud de financiamiento REDD y el haber presentado esa propuesta REDD a la aprobación de la Junta corre el riesgo de amenazar la vida de las personas en un contexto de violenta represión estatal de las opiniones críticas en Nicaragua. Permítanos recordarles que para las organizaciones de la sociedad civil siquiera publicar una carta que critica el pedido de financiamiento presentado a la Junta del Fondo Verde para el Clima representa exponerse a un riesgo real de represión y criminalización.

La aprobación del FP146 sin duda pondría en serio riesgo la reputación del Fondo Verde para el Clima: conflictos, criminalización y represión de opiniones críticas son una realidad previsible si esta solicitud de financiamiento es aprobada por la Junta del Fondo. Por todas estas razones exhortamos a la Junta a que rechace la solicitud de financiamiento FP146 del BCIE para el “Bio-CLIMA Project. Integrated climate action to reduce deforestation and strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres” (Proyecto Bio-CLIMA. Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en BOSAWÁS y Biosferas de Río San Juan) y suspenda la aprobación de nuevas solicitudes de financiamiento de REDD+.

05/09 de noviembre de 2020

WRM – Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Imagen: Mongabay

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Entrevista: Tratados de Libre Comercio

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Les compartimos una entreviste hecha por Voces en Lucha a nuestro compañero Gustavo Castro sobre los Tratados de Libre Comercio

Semilla de la entrevista al sociólogo mexicano y defensor del territorio y los derechos de los pueblos, Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos. Quien fue testigo del asesinato de la gran luchadora hondureña Berta Cáceres, icono de la defensa del territorio y la vida digna nos habla sobre la historia de los Tratados de Libre Comercio en América Latina.

Entrevista realizada en Ciudad de México en febrero de 2020

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T-MEC y Corredor Transístmico, partes de política expansionista de Estados Unidos: APIIDTT

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Compartimos este pronunciamiento de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) publicado en la web de Educa Oaxaca sobre el T-MEC – A 1 de julio de 2020

En el marco de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hoy 1 de julio, la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) expresa su “preocupación ante la ola de violencia que azota nuestra región vinculada a la imposición de los megaproyectos y las poĺiticas extractivistas del gobierno mexicano”. Han reflexionado sobre la imposición de corredores multimodales en el mundo y “vemos con mucho peligro el hoy llamado Corredor-Tren Transistmico/Interoceánico, proyecto histórico que desde mediados del siglo XIX planteo utilizar la posición geoestratégica del Istmo Mexicano como nodo comercial para el comercio global, esto como parte del proyecto expansionista de EEUU”. Con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), teniendo en cuenta otros tratados importantes vigentes que se han modernizado este 2020. como el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea “cimientan los marcos jurídicos para usar la fuerza por derecho en la imposición de los megaproyectos en México”, advierte APIIDTT. Por su parte, la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) invita a la “Jornada de Lucha contra el T-MEC y los megaproyectos, Tren Maya y Corredor Interoceánico”.

Boletín de la APIIDTT aquí.

Imagen: Educa Oaxaca

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Condena a la Anexión de Palestina

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Pronunciamiento sobre la Anexión de Cisjordania, de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina – A 2 de julio de 2020

La anexión que pretende hacer Israel del 30% de Cisjordania es ilegal, inmoral e inhumana. Consideramos que el Gobierno de México debe pronunciarse en contra de este hecho. Sumarse a las naciones y organismos que se han manifestado por impedir esta violación al derecho internacional (Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo y la ONU) es una oportunidad para construir un puente con Palestina, nación que ha padecido por más de 70 años las consecuencias de la ocupación y segregación bajo un sistema de Apartheid.
El llamado lo hacemos en función del discurso del reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos y contribuir a lograr la paz entre los pueblos hecho por el Gobierno actual. Desde la solidaridad internacional exigimos el respeto a la soberanía de Palestina. Sin justicia no hay paz.
¡No a la anexión de Cisjordania!

ORGANIZACIONES MEXICANAS SOCIALES Y POLITICAS FIRMANTES:

Coordinadora de Solidaridad con Palestina

Nueva Central de Trabajadores

Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Union General Obereo Campesina y Popular, Coordinadora Antiimperialista de Solidaridad con América Latina y el Caribe (CASALC), Organización Nacional de Poder Popular, Judíos Pro y Por Palestina, Amigos de Mumia en México
Grupo Tacuba, Plantón por los 43 EDUCEIN, S.C., Revista Blanco Móvil
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Instituto de Matemáticas, Universidad Nacional Autónoma de México, Partido Popular Socialista de México (PPSM), Mexicanos Unidos, Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), Coordinadora Nacional de Usuari@s en Resistencia (CONUR), Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FREMEXDEHU), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Comite de Solidaridad con Venezuela-Xalapa, Veracruz, Alerta Temprana Red (AT-R), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (LIMEDDH), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. Filial Oaxaca (LIMEDDH-Oax), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL), Foro Permanente de Mujeres Iztacalco, A.C. (FPM-I), Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FREMEXDEHU), Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD), Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, Alzando Voces, (COFADDEM), Centro de Estudios para los Derechos Humanos y la Justicia Ambiental «YURENI», A.C. (CEPDHJA), Actuar Familiares contra la Tortura, (AFT), Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, A.C. (CDH C-28 M), Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, A.C. (CDHAE), Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ENVERO), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C. (FMDVD), Comite de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa”, (CDHBCDO), Red Solidaria Década contra la Impunidad, A.C. (RSDI), Centro de Derechos Humanos Ku’untik (CDHK), Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP-Guerrero), Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza (AVNQVN), Comité de Defensa de Derechos Humanos “Cholollan” (CDHC), Mujeres Guerrerenses por la Democracia, A.C. (MGD), Aliadas por la Justicia, A.C. (AxJ), Desarrollo Humano Internacional, A.C. (DHI), Comunidad Raíz Zubia, A.C. (CRZ), Zihuame Xotlametzin, A.C. (ZX), Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres, A.C. (AGCVIM, A.C.), Alternative Socialista, Comunidad Autonomía y Libertad (COMUNAL), Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Asociación Mexicana de Trabajadores Activos y Jubilados 22 de abril, Movimiento Comunista Mexicano (MCM), Comité Mexicano de la Canción Necesaria (CMCN), Unión Popular Valle Gómez, Instituto Cultural José Martí-Puebla, Centro regional de defensa de derechos humanos José María Morelos y Pavón, Alternativa Latinoamericana Colectivo, Frente Amplio de Lucha Popular-Oaxaca, Movimiento de los Trabajadores por el Socialismo, Comité Antifascista 4T, Movimiento Ciudadano del Sur (MCS)

Partido Popular Socialista

Brujula Metropolitana

Adopta un Niño Muerto

Proyecto de la UNAM «Heteronomías de la justicia: territorialidades nómadas»

Asamblea General de Trabajadores

Alianza de Tranviarios de México (ATM)

Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (STTPDF)

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM)

Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de la Educación Media y Superior (SUTIEMS)

Central Unitaria de Trabajadores de México (CUTM)

Asociación Sindical de Trabajadores del INVI (ASTINVI)

Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, (CONJUPAM)

Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL

Alianza Cooperativista Nacional, A.C. (ALCONA)

Federación Nacional de Sindicatos Democráticos (FNSD)

Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETEBC)

Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit (SITRAyD-Conalep)

Sindicato Nacional de Docentes de Conalep (SINADOCO)

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Nayarit (SITEM)

Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, Instituciones Descentralizadas Estales y Empresas Privadas de Nayarit (SYSPEMIDEPN)

Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de Educación del Estado de Nayarit (SITSEN)

Unión General Obrera Popular, Campesina (UGOPC) Chiapas

Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero (SUTCOBACH)

Sindicato Autónomo de Trabajadores del Municipio de San Luis Potosí (SATMSLP)

Sindicato Revolucionario Democrático de la Industria Química Similares y Conexos de la República Mexicana (SRDIQSCRM)
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (STAUACH)

Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara (SEPSIAPA)

Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (SUTACEPTET)
Sección 9, Oaxaca, Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud (SINTS)

Sindicato Único de Trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Oaxaca (SUTTEBCEO)

Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SUNTUAN)

Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (SUNTUAP)

Cooperativa de Agricultores de Chapingo (CACH)

Asociación de Profesores Jubilados y Pensionados de Chapingo (APJPCH)

Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC)

Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios de Colima (SITU)

Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SITTGE)

Sector INBAL / Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaria de Cultura (SNDTSC)

Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA)

Sindicato Independiente de Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud (SITIC Salud)

Sindicato Internacional de Constructores de Elevadores de México (SICE-M)

Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Educación (FENASTE)

Cooperativa LF del Centro

Centro de Investigación Internacional de Economía Social de la Universidad Iberoamericana

Cooperativa Conejo Mixteco

Cooperativa Labizet

Maak Raíz Artesanal

Programa de Autogestión Cooperativa de la UACM

Junta Promotora de la Nueva Central de Trabajadores en Baja California

Izquierda Democrática Popular
Otros Mundos, AC-Chiapas

Geopolitica.com

Partido Popular Socialista-APN
Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria, O.P

Compañía «Desde el Harém»

Kolectivo Rebelde-Mérida

Comunidad Internacional de Negocios con Reparto Institucional

Mujeres en Movimiento Acción Social Del MONAE

Nueva Organización San Salvador Huehuetla, Sociedad Civil

Red de Feminismos Descoloniales

Movimiento Ciudadano del Sur

OPT Comité Regional Baja California.

Liga Comunista Internacionalista- CORCI

Junta Promotora de la NCT en Baja California

Comité Nacional de Estudios de la Energia

Comite de Solidaridad con Venezuela-Xalapa

Movimiento Autónomo Zapatista (MAZ)

Frente Mexicano Pro-Derechos Humanos (FREMEXDEHU)

Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros
Sindicato Mexicano de Electricistas

Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México

Maderas del Pueblo del Sureste, AC
Central Unitaria de Trabajadores
Fraternidad para el Desarrollo Social A. C

Preparatoria Popular Tacuba

Imagen: La voz del árabe

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CONDENA A LA ANEXIÓN DE PALESTINA

Con el T-MEC se profundiza el modelo extractivo minero

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de julio de 2020

El primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Este tratado representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe recordar que el marco normativo y la política minera que asolan desde hace más de dos décadas y media el territorio nacional, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley Minera aún vigente. Esta ley, en conjunto con la reforma constitucional al Artículo 27, con una clara tendencia a dañar la propiedad social de la tierra, y fomentar una nueva legislación sobre la gestión pública del agua, representaron adecuaciones hechas por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para establecer las bases para destrabar las negociaciones condicionadas por EU que dieron origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el TLCAN y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero, anula los derechos de poblaciones habitantes y dueñas de los territorios afectados en forma permanente por estas actividades y, las poblaciones supuestamente beneficiarias y dependientes de los servicios ambientales prestados por estos territorios, así como de los propios trabajadores que, por necesidad económica o por coacción o por sometimiento  por parte de grupos armados que operan en el contexto de las empresas mineras, participan en las actividades de extracción, mientras progresivamente son despojados del valor de su territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales.

En el apartado sobre Medio Ambiente, el TMEC establece:

“24.2.5.- Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5).

“24.6.3.- (Con respecto procedimientos administrativos, cuasi-judiciales o judiciales que busquen resolver disputas en materia ambiental) (…) Las partes reconocen que esos procedimientos no deberían ser innecesariamente complicados ni poner cuotas o límites de tiempo irrazonables.” (capítulo 24, Artículo 6, fracción 3)

Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio.

Para las empresas mineras en el TMEC sólo reconocen la existencia de esquemas de simulación filantrópica a partir de “… adoptar e implementar mejores prácticas voluntarias de responsabilidad social corporativa que estén relacionadas con el medio ambiente” (Artículos 14.17 y 24.13.2) y “…el uso de mecanismos flexibles y voluntarios para proteger el medio ambiente y los recursos naturales…” (artículo 24.14.2.a). En ese mismo contexto, “Las partes también reconocen que esos mecanismos deberían ser diseñados de manera que maximicen sus beneficios ambientales y eviten la creación de barreras innecesarias al comercio.” (Artículo 24.14.2)

Un punto particularmente pernicioso es el Resolución de Controversias.En este punto, es importante tomar en cuenta que México no ha firmado solamente este Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. y Canadá, sino también tiene vigente otros diez tratados de libre comercio y 29 acuerdos de inversión bilateral. Estos tratados dan recurso a que las empresas pueden demandar por millones o miles de millones de dólares al gobierno de México en tribunales supranacionales, pero no al revés, en caso de que consideren afectadas sus inversiones, como pueden ser a partir de restricciones ambientales, las expropiaciones directas o indirectas, la anulación de concesiones, la imposición de aranceles a algunos minerales estipulados en la lista la eliminación de barreras no arancelarias, entre otros elementos. En el caso de T-MEC, queda disponible este recurso para las empresas estadounidenses, mientras se lo quita para las empresas canadienses. Sin embargo, en el caso canadiense, las empresas mineras pueden recurrir al arbitraje bajo el paraguas del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica

(CPTPP) que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2018. México ha tenido en su contra 34 demandas de transnacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio – 21 demandas concluidas y las otras 13 pendientes – y ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina por ser el más demandado. Estados Unidos y Canadá han sido los que más han demandado a México por violentar sus derechos como inversores. El 30 de agosto de 2000, el tribunal de arbitraje del TLCAN obligó a México a pagar a la empresa estadounidense Metalclad Corporation una compensación por $16,685,000 USD por haber cerrado el confinamiento de residuos peligrosos de la empresa en el estado de San Luis Potosí ante los peligros para la salud pública. Hasta la fecha, México ha sido ordenado de pagar una suma de por lo menos $242.94 millones de dólares estadounidenses en un total de 12 casos que favorecieron a las empresas. En septiembre de 2013, Lone Pine Resources demandó a Canadá por la decisión de la provincia de Quebec de prohibir el fracking en su territorio. Logró obtener una compensación por $250 millones de dólares. Actualmente, hay tres demandas pendientes por empresas mineras, inclusive una por $3,54 miles de millones de dólares que está siendo llevada por la empresa minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration en contra de México por no haber otorgado una licencia ambiental para una mina de fosfato en el fondo del mar en el Golfo de Ulloa, en la costa de Baja  California Sur,  en donde este  proyecto tendrá un impacto   devastador sobre la biodiversidad,   la

pesca y los pueblos que dependen de todo ello. Así que, la intención del gobierno de México de estatizar la producción de litio, se ve endeble porque, en las circunstancias actuales, podría ser un eje de demandas en los tribunales internacionales del TMEC.

Se puede mencionar también a la demanda presentada en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en enero del 2019 por Vulcan Materials Company[1], la principal empresa productora de materiales agregados para construcción en los EEUU, reclamando 500 millones de dolores al Estado Mexicano por no autorizar la ampliación de su mina Calica en Playa del Carmen que ha devastado 1200 ha de selva en los últimos 30 años[2]. Cabe mencionar los estrechos lazos entre esta empresa y el gobierno de Donald Trump por el medio de Elaine Chaoc actual Secretaría de Transporte de los EEUU, que fue parte de la junta directiva de Vulcan Materials Company en 2016 y 2017. Después de su entrada en el gobierno Elaine Chao mantuvo  acciones de 300 mil dólares en la empresa lo que representa un claro conflicto de interés[3]. 

Por todo lo expuesto, desde la REMA denunciamos la continuidad, propiciada por el gobierno de la Cuarta Transformación, del modelo de despojo impuesto a partir de tratados de comercio e inversiones impuestos sobre los pueblos de los tres países del continente norteamericano.

¡En defensa del territorio y la vida exigimos un fin al modelo extractivo de despojo y muerte!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Internet

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La invasión de la palma africana en la Selva Lacandona

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Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020

Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México

En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.

Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de “Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma africana.

Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han desaparecido.

Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.

1.Cambios en la selva

La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.

Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva. Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para sembrar la palma africana”.

El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para la ganadería.

En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América Latina.

Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en zonas selváticas.

Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

2.Campos sin vida

El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.

Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma africana, no hay más flora.

Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”. Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las comunidades.

Lee más | México: comunidades demuestran que es posible vivir del bosque y, al mismo tiempo, conservarlo

Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.

El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo. Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal, “las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.

Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

3.Realidad que contradice el discurso

Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.

Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y nacionales para propagar el cultivo de palma.

Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.

El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10 naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México estableció su programa de reconversión productiva.

Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.

Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

4.Deforestación hormiga

Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de sus parientes se enfermaron de gravedad.

Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”, recuerda.

En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana. Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia el cultivo que les es redituable.

Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que trabajan de noche.

Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería, pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados clandestinamente.

Plantación de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala, Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

5.Salida para pobladores

La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra que están aumentando exponencialmente sus ganancias.

Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.

La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva genera una ganancia de 100 000 pesos al año.

Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está talando la selva para sembrar palma”.

Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.

Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta 1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos, dueño de una de las casas más amplias del pueblo.

“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.

Imágenes: Moysés Zuñiga

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[Boletín] Conceptos que matan los bosques | Boletín 247 – Diciembre 2019

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Compartimos el boletín n° 247 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) – Noviembre/Diciembre 2019

Indice:

  • Opinión: Cómo el lenguaje de dominación estimula la deforestación…………………………………2
  • Una lista (incompleta) de conceptos que matan los bosques………………………………………………………..4
  • «El interés nacional»: neofascismo en la selva amazónica ………………………………………….11
  • Portucel en Mozambique: la realidad tras el discurso de las “plantaciones sustentables”………………17
  • India: mujeres, bienes comunes y patriarcado ……………………….21
  • Cadena de bloques (blockchain) y contratos inteligentes: los más recientes intentos del capital por apoderarse de la vida en la Tierra…………………………………………………………………………………………..26
  • Climatología /Ideología …………………………………………………………………….32
  • Un nuevo nombre para una vieja cortina de humo: las Soluciones Basadas en la Naturaleza son el nuevo REDD………………………………………………………………………………………………37

RECOMENDADOS

  • Diccionario de Desarrollo ………………………………………………………………41
  • Trampas, dilemas y contradicciones en el discurso de derechos en los bosques…………………………..41
  • Las Soluciones Basadas en la Naturaleza: ¿qué intereses hay por detrás? (Nature-Based Solutions: Whose interests are behind?) …………………………………………………………………………………………………41
  • FSC: Promocionando a la tala como una actividad “sostenible” ………………………………………………..41
  • Destrucción Reglamentada: Por qué la compensación equivalente de biodiversidad protege las ganancias de las empresas y facilita la destrucción del medioambiente……………………………………….41
  • Declaración de indígenas Mapuches y otros en Chile: ¡No a los mecanismos basados en el mercado! ………………………………………………………………………………………………42

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: Missão Tabita, Mozambique; activistas de la India; Núcleo de investigación en trabajo, territorio ypolítica en la Amazonía, Brasil; The Cornerhouse UK y miembros del secretariado internacional delWRM.

Nuestra Opinión Cómo el lenguaje de dominación estimula la deforestación

Términos como REDD – el principal mecanismo internacional de política sobre bosques que ha impactado los bosques tropicales durante los últimos 15 años, Sostenibilidad y muchos otros más, han influido fuertemente en los debates dentro y entre los grupos de la sociedad civil, las ONGs, las autoridades responsables de formular políticas, las instituciones financieras y las empresas. Sin embargo, parece haber nociones radicalmente diferentes sobre lo que estos términos realmente significan y cuál es o debería ser su función.

Este boletín no pretende embarcarse en un debate sobre lo que es o debería ser la Sostenibilidad, o cualquier otro de los conceptos discutidos en los artículos de esta edición.Más bien, nuestro objetivo es abrir un espacio para la reflexión crítica sobre lo queestos conceptos realmente generan en los bosques y en los pueblos que dependen deellos.

Las numerosas luchas contra las empresas que afirman actuar de manera Sostenible o queimplementan proyectos REDD en los bosques son evidencia de las claras contradiccionesentre el sentido positivo que difunden quienes respaldan estos conceptos y lasconsecuencias reales de los numerosos proyectos y actividades a través de los cuales estosconceptos se manifiestan en el terreno. Los gobiernos se comprometen a una economíaSostenible y las empresas comercializan sus productos como Sostenibles porque al usaresta terminología atraen a los patrocinadores financieros y consumidores.

Es importante notar que cuando la oposición a un concepto se vuelve demasiado fuerte eimpide que el concepto logre su propósito de “maquillar de verde” la destrucción del bosque,se introduce rápidamente otro nuevo concepto. Sin embargo, lo nuevo tiende a ser solo elnombre y la propaganda, mientras que las ideas subyacentes que sostienen laeconomía capitalista se mantienen firmes. La creciente exigencia pública de quegobiernos y empresas adopten medidas significativas para abordar el caos climático, porejemplo, ha dado lugar a una gama completamente nueva de conceptos ambiguos yexpresiones confusas, tales como productos con deforestación neta cero, soluciones basadas en la naturaleza, soluciones climáticas naturales y prácticas inteligentes para el clima.

Parece que para casi todos los “productos” y procesos industriales que causan devastaciónambiental, se presenta una versión Sostenible como solución. Pero en general, estasnuevas versiones resultan ser soluciones falsas porque no representan una ruptura con elparadigma del crecimiento ilimitado, que impulsa la sobreproducción y el consumodesenfrenado. Para estas supuestas soluciones lo que cuenta no es la realidad de milesde comunidades del bosque que se enfrentan al acaparamiento continuo de sustierras, la destrucción de sus territorios y medios de vida, la violencia y lacontaminación, sino que las empresas utilicen etiquetas anunciando que apoyan undesarrollo Sostenible. Mesas redondas, sistemas de certificación, programasempresariales de responsabilidad social y ambiental, salvaguardas de bancos multilaterales,entre muchos otras iniciativas similares, prometen una economía capitalista ecológica ysocialmente amigable. Una economía basada en la producción industrial de aceite de palmaSostenible, plantaciones de árboles Sostenibles, minería Sostenible, energía Sostenible.Pero en realidad, estas prácticas hacen poco más que maquillar de verde la destrucción delbosque y allanar el camino para una mayor expansión industrial

Reportes sobre los desastrosos impactos de un agente específico de la deforestación, laganadería industrial para la producción de carne, por ejemplo, a menudo concluyen con unalista de recomendaciones para que las empresas, los gobiernos y los financiadores apliquenmejores prácticas o desarrollen un nuevo conjunto de salvaguardas o pautas voluntarias.Pero muy a menudo, estas recomendaciones fortalecen conceptos que de hechodestruyen los bosques, porque rara vez exigen una ruptura radical con el status quo y encambio se centran en mejoras que llevan a una destrucción que “pudo haber sido peor”.Estas recomendaciones ofrecen una oportunidad para que las empresas se llamen a símismas Sostenibles, mientras que las comunidades deben continuar enfrentando prácticasde acaparamiento de tierras y destrucción de bosques que supuestamente “pudieron habersido peor”. En este contexto, las llamadas mejores prácticas, salvaguardas y guíasvoluntarias se vuelven fundamentales para la supervivencia del capitalismo y el“modelo de desarrollo” que es el causante de la mayor parte de la destrucción de losbosques.

Otra amenaza importante pero bastante oculta de estos conceptos es que obstaculizan lamovilización y la organización colectiva entre los grupos de la sociedad civil. Noobstante, movimientos, comunidades del bosque y grupos de apoyo siguen canalizandomucha energía en involucrarse con estos conceptos, con el argumento de que esto mejorarásu implementación.

Con las múltiples crisis ecológicas y sociales determinadas a continuar, lo que a su vezgenera un número creciente de conceptos que distraen de la necesaria ruptura con laeconomía capitalista (verde), tal vez sea tiempo de reflexión. ¿Cómo pueden losmovimientos de base y las organizaciones que las apoyan evitar quedar atrapados en unsinfín de debates políticos y procesos de diálogo relacionados a conceptos que, a lalarga, sirven para perpetuar la muerte de los bosques, mientras que obstaculizan lamovilización y la organización colectiva?

¡Disfruten la lectura!

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[PDF] Boletín «El Zanate» n°3 «La economía verde»

Publicada el | por Otros Mundos AC | 1 comentario en [PDF] Boletín «El Zanate» n°3 «La economía verde»

Compartimos la 3ra edición del Boletín «El Zanate» una producción de Otros Mundos A.C. – A Diciembre de 2019

En este número del Zanate hablamos sobre la economía verde, te invitamos a lo descargues y compartas desde la web de Materiales.

Esperamos les sea muy útil en sus luchas y resistencias

Este manual fue publicado bajo la licencia Creative Commons. Pueden reproducirlo libremente, siempre y cuando mencionen los créditos y no lo comercialicen.

>>Descargar en pdf<<

Más Zanates:

El gobierno de Canadá rompe la promesa de nombrar un ombudsman para los derechos humanos

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en El gobierno de Canadá rompe la promesa de nombrar un ombudsman para los derechos humanos

Comunicado de prensa vía CDHAL– A 8 de abril de 2019

El gobierno canadiense está revirtiendo su promesa de crear un organismo independiente para monitorear las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas canadienses. 

El gobierno de Canadá está incumpliendo su promesa de nombrar un ombudsman independiente para la responsabilidad corporativa que detenga poder real para investigar los abusos y reparar los daños causados por las compañías canadienses que operan en el extranjero.

Las empresas canadienses que operan en el extranjero están asociadas a violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos, en especial, el trabajo forzoso, la violación y el asesinato. Hace quince meses, el gobierno anunció la creación de una oficina independiente para investigar esas prácticas. En cambio, presentó un puesto de consulta sin real poder, que poco difiere de lo que ha existido durante varios años. Está claro que Canadá necesita un ombudsman que pueda contribuir a prevenir la complicidad tácita de Canadá en los abusos corporativos y para garantizar que las cadenas canadienses de suministro en la industria minera y textil respeten los derechos humanos.

Un verdadero ombudsman debe ser independiente del gobierno y tener el poder de ordenar a los que están bajo investigación que presenten documentos y que presten testimonio bajo juramento. El puesto consultivo creado hoy no cumple con ningún de esos requisitos.

“Las personas y comunidades que han sido perjudicadas por las compañías mineras canadienses todavía no tienen a quién recurrir”, dijo Emily Dwyer, de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa. “Este ombudsman solo lleva el título. Es el mismo enfoque vano que ya ha demostrado ser ineficaz”.

El gobierno ha anunciado que ha encargado una evaluación sobre la posibilidad de otorgar al asesor poderes de investigación. “Quince meses después de iniciar este proceso, anunciar una nueva evaluación de condiciones es simplemente indignante. Lo que necesitamos es de acción, no de otros estudios “, agregó la Sra. Dwyer.

En los últimos tres años, al menos cuatro organismos de las Naciones Unidas han pedido a Canadá que responsabilice a las empresas canadienses por sus actos. Recientemente, en junio de 2018, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos hizo un llamado a la creación de una oficina de ombudsman en Canadá para contribuir a poner fin a los abusos.

“El puesto anunciado hoy tiene carácter meramente consultivo, que no encierra un poder real y no operará de forma independiente del gobierno, es decir, sin interferencias políticas o corporativas”, dijo Dwyer. “El gobierno debe actuar con determinación para detener el abuso corporativo. Esa fue la promesa hecha en enero de 2018. Esta es la promesa que debe cumplirse.”

Emily Dwyer

Coordinadora de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa

Fuente y foto: http://cnca-rcrce.ca 

Más información: 

Sr. Presidente de México, ¿De dónde saca usted que en Canadá las empresas mineras son bien portadas? 

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México 

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL 

Ciudadanos canadienses, no Ottawa ni la industria, logran que mineras canadienses vayan a juicio

[VIDEO] Nuevas herramientas para entender la Captura Corporativa

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en [VIDEO] Nuevas herramientas para entender la Captura Corporativa

Publicación de la Red-DESC – A 18 de enero 2018

Los miembros de la Red-DESC han venido utilizando cada vez más el término «captura corporativa» para referirse a los medios por los cuales una élite económica socava la realización de los derechos humanos y medioambientales al ejercer una influencia indebida sobre los tomadores de decisiones nacionales e internacionales y las instituciones públicas.

En los últimos cuatro años, con el liderazgo del Grupo Asesor del Proyecto de Captura Corporativa, el grupo de trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa de la Red-DESC ha trabajado para aumentar la sensibilización y diseñar estrategias para abordar esta tendencia global. En el 2018, los miembros han llevado a cabo acciones de abogacía, investigación y comunicación, con el liderazgo del Grupo Asesor del Proyecto, incluyendo:

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Sobre la base de este proyecto, en 2019, la Red-DESC iniciará una campaña en toda la red para empezar una conversación más amplia sobre la captura corporativa y el impacto que esta tendencia está teniendo sobre los derechos a la tierra, la vivienda y los recursos naturales. Prestando atención a cómo esas preocupaciones impactan a las mujeres y requieren su liderazgo, esta campaña trabajará para involucrar al conjunto de los miembros de la Red-DESC para sensibilizar sobre la tendencia de la captura corporativa y el desarrollo de estrategias para contrarrestarla. Si usted desea saber cómo puede unirse a la campaña de la Red-DESC sobre captura corporativa en el 2019 envíe un correo electrónico Gabriela C Martins: gcmartins@escr-net.org.

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Conclusiones de la 4ta sesión del grupo de trabajo de la ONU para un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos

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Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional sobre las conclusiones de la 4ta sesión del grupo de trabajo de la ONU hacia un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos – Ginebra, A 20 de octubre 2018

Importantes aportes de los pueblos afectados, participación constructiva de los Estados, distanciamiento de la UE de las conclusiones y confirmación de la 5ta sesión para negociar la revisión del borrador en 2019

El viernes 19 de octubre 2018 por la tarde, concluyeron las negociaciones luego de la discusión de importantes propuestas. Los Estados reconocieron que el diálogo se centró en el contenido del borrador cero de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos y tomaron nota de los aportes recibidos por una cantidad sin precedentes de actores relevantes.

Los representantes de 94 países y alrededor de 400 delegados y delegadas de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos/as representantes de Amigos de la Tierra Internacional de 20 países, se congregaron en Ginebra en el marco de la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental (IGWG4) que tuvo como resultado la confirmación de una quinta sesión de negociaciones que se centrará en una versión revisada del borrador del tratado.

Representantes de los pueblos afectados por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales describieron en detalle las amenazas que enfrentan contra sus vidas y sus medios de sustento en el marco de la lucha por la justicia. Estos son los mismos pueblos que están reelaborando leyes relativas a los derechos humanos desde las bases.

La federación Amigos de la Tierra Internacional continuará activamente involucrada y seguirá trabajando con los movimientos sociales y miembros de la sociedad civil de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo, coaliciones nacionales que forman parte de una creciente Alianza para el Tratado y otros actores relevantes, como miembros del Parlamento y autoridades locales de todo el mundo, para seguir presentando propuestas constructivas.

Como afirmó Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional:

«Continuaremos participando activamente y esperamos con ansias las sesiones futuras necesarias para cumplir con el mandato de la Resolución 26/9 de reglamentar, en el marco del derecho internacional en materia de derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas. Nos decepcionó que las recomendaciones de la presidencia del IGWG no hicieran referencia a los vitales debates de los últimos cuatro años, como los relativos al Documento de Elementos de 2017, además de la falta de participación constructiva de algunos Estados que se distanciaron de las negociaciones en esta etapa tan avanzada en la que se están analizando contenidos y procedimientos importantes. Lo que se necesita básicamente para reglamentar a las grandes empresas que controlan complejas cadenas mundiales de producción son normas concretas para estas empresas en función de obligaciones directas para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos. Este es el camino a seguir para detener las violaciones e derechos humanos que afectan a millones de personas y a sus medios de sustento en todo el mundo”.

Los/as representantes de Amigos de la Tierra Internacional aportaron propuestas técnicas junto con expertos/as, académicos/as, abogados/as y representantes de los pueblos afectados, con base en los contextos nacionales y regionales y la experiencia de la resistencia comunitaria.

Kwami Kpondzo, de Amigos de la Tierra Togo en nombre de Amigos de la Tierra África dijo:

«Me enorgullece ver a los Estados africanos -54 en total, representados por Togo – unidos y comprometidos para apoyar este tratado que es tan necesario para remediar los males provocados por décadas de impunidad empresarial. Me sentí alentado por el liderazgo de Sudáfrica como co-proponente de la resolución 26/9 y como inspiración para la creciente cantidad de Estados que están apoyando el proceso del Tratado, defendiendo el mandato del IGWG y presentando aportes para cubrir las lagunas que existen en materia de las reglamentaciones para las empresas transnacionales».

Mageswari Sangaralingam, de Amigos de la Tierra Malasia, afirmó:

«Amigos de la Tierra Asia Pacífico se ve impulsada por el continuo apoyo de países como Indonesia y Filipinas a favor de un tratado vinculante que hará rendir cuentas a las empresas transnacionales y a todas sus cadenas de suministro por los crímenes ambientales y las violaciones de derechos humanos. Creemos firmemente que este tratado vinculante es un instrumento para los países en desarrollo y para los pueblos. Le urgimos a los países de Asia Pacífico y la sociedad civil que eleven el perfil de este tratado para que podamos respetar, proteger y satisfacer efectivamente los derechos de nuestros pueblos y el medioambiente».

Ike Teuling, de Amigos de la Tierra Europa comentó:

«A pesar de la presencia comprometida de la sociedad civil europea en Ginebra, la UE no participó de forma sustancial en el proceso e hizo caso omiso a la resolución recientemente adoptada del Parlamento Europeo en apoyo al tratado vinculante. Con la excepción de una única declaración de Franca sobre el contenido, permanecieron en silencio durante la mayor parte de las negociaciones e incluso se retiraron de la sala durante las discusiones sobre las conclusiones del grupo de trabajo. Como declaración final, la UE se desvinculó de las conclusiones, y se aisló del consenso al que llegaron todos los demás países. Es claro que la UE se pone del lado de las empresas y no de los pueblos, cuyos derechos son violados por las empresas transnacionales europeas».

Alberto Villarreal, de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, agregó:

«Los pueblos afectados deben ponerse en el centro de este proceso. Por lo tanto, esperamos un borrador más ambicioso, uno que responda a las expectativas y exija justicia y el fin de la impunidad. También reclamamos que se garantice que los/as activistas y defensores/as de derechos humanos continúen siendo recibidos/as en el Consejo de Derechos Humanos. Nos preocupa enormemente que algunos Estados cuestionen el derecho que tienen las víctimas y representantes de la sociedad civil a compartir sus testimonios. Esto es inaceptable y va en contra del espíritu del tratado, un tratado dirigido a todos los pueblos. Por otro lado, muchos países recibieron con calidez nuestra pasión, nuestros testimonios y aportes sustanciales al borrador del tratado y al proceso en general».

Para Amigos de la Tierra y la Campaña Global, entre los puntos clave que deben ser incluidos en el próximo borrador y en las consultas informales en el camino hacia la 5ta sesión se destacan:

  • un enfoque en las empresas transnacionales y en las actividades de estas como se establece en la resolución 26/9;
  • el establecimiento de obligaciones directas y la responsabilidad penal, civil y administrativa por las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales;
  • una Corte Internacional sobre empresas transnacionales y derechos humanos;
  • la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos comerciales y de inversiones;
  • la protección del proceso del tratado de la influencia indebida de las empresas y sus representantes y que se garantice la participación segura de la sociedad civil en todo el proceso.

Contactos para los medios:

– Lucia Ortiz, programa de Justicia Económica, Amigos de la Tierra Internacional
lucia[at]foei.org
+55 48 99915-0071

– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe:
comerc[at]redes.org.uy
+598 98 556 360

– Ike Teuling, campañista de responsabilidad empresarial, Amigos de la Itera Europa:
ike.teuling[at]foeeurope.org
+316 29593882

– Kwami Kpondzo, Directorio de Amigos de la Tierra África
kwadodzi[at]yahoo.fr
+22898221457

Por consultas generales sobre medios:

Amelia Collins
press[at]foei.org
+447740979709

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