Compartimos este pronunciamiento de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) publicado en la web de Educa Oaxaca sobre el T-MEC – A 1 de julio de 2020
En el marco de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hoy 1 de julio, la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) expresa su “preocupación ante la ola de violencia que azota nuestra región vinculada a la imposición de los megaproyectos y las poĺiticas extractivistas del gobierno mexicano”. Han reflexionado sobre la imposición de corredores multimodales en el mundo y “vemos con mucho peligro el hoy llamado Corredor-Tren Transistmico/Interoceánico, proyecto histórico que desde mediados del siglo XIX planteo utilizar la posición geoestratégica del Istmo Mexicano como nodo comercial para el comercio global, esto como parte del proyecto expansionista de EEUU”. Con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), teniendo en cuenta otros tratados importantes vigentes que se han modernizado este 2020. como el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea “cimientan los marcos jurídicos para usar la fuerza por derecho en la imposición de los megaproyectos en México”, advierte APIIDTT. Por su parte, la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) invita a la “Jornada de Lucha contra el T-MEC y los megaproyectos, Tren Maya y Corredor Interoceánico”.
Pronunciamiento sobre la Anexión de Cisjordania, de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina – A 2 de julio de 2020
La anexión que pretende hacer Israel del 30% de Cisjordania es ilegal, inmoral e inhumana. Consideramos que el Gobierno de México debe pronunciarse en contra de este hecho. Sumarse a las naciones y organismos que se han manifestado por impedir esta violación al derecho internacional (Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo y la ONU) es una oportunidad para construir un puente con Palestina, nación que ha padecido por más de 70 años las consecuencias de la ocupación y segregación bajo un sistema de Apartheid. El llamado lo hacemos en función del discurso del reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos y contribuir a lograr la paz entre los pueblos hecho por el Gobierno actual. Desde la solidaridad internacional exigimos el respeto a la soberanía de Palestina. Sin justicia no hay paz. ¡No a la anexión de Cisjordania!
ORGANIZACIONES MEXICANAS SOCIALES Y POLITICAS FIRMANTES:
Coordinadora de Solidaridad con Palestina
Nueva Central de Trabajadores
Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Union General Obereo Campesina y Popular, Coordinadora Antiimperialista de Solidaridad con América Latina y el Caribe (CASALC), Organización Nacional de Poder Popular, Judíos Pro y Por Palestina, Amigos de Mumia en México Grupo Tacuba, Plantón por los 43 EDUCEIN, S.C., Revista Blanco Móvil Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Instituto de Matemáticas, Universidad Nacional Autónoma de México, Partido Popular Socialista de México (PPSM), Mexicanos Unidos, Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), Coordinadora Nacional de Usuari@s en Resistencia (CONUR), Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FREMEXDEHU), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Comite de Solidaridad con Venezuela-Xalapa, Veracruz, Alerta Temprana Red (AT-R), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (LIMEDDH), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. Filial Oaxaca (LIMEDDH-Oax), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL), Foro Permanente de Mujeres Iztacalco, A.C. (FPM-I), Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FREMEXDEHU), Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD), Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, Alzando Voces, (COFADDEM), Centro de Estudios para los Derechos Humanos y la Justicia Ambiental «YURENI», A.C. (CEPDHJA), Actuar Familiares contra la Tortura, (AFT), Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, A.C. (CDH C-28 M), Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, A.C. (CDHAE), Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ENVERO), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C. (FMDVD), Comite de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa”, (CDHBCDO), Red Solidaria Década contra la Impunidad, A.C. (RSDI), Centro de Derechos Humanos Ku’untik (CDHK), Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP-Guerrero), Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza (AVNQVN), Comité de Defensa de Derechos Humanos “Cholollan” (CDHC), Mujeres Guerrerenses por la Democracia, A.C. (MGD), Aliadas por la Justicia, A.C. (AxJ), Desarrollo Humano Internacional, A.C. (DHI), Comunidad Raíz Zubia, A.C. (CRZ), Zihuame Xotlametzin, A.C. (ZX), Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres, A.C. (AGCVIM, A.C.), Alternative Socialista, Comunidad Autonomía y Libertad (COMUNAL), Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Asociación Mexicana de Trabajadores Activos y Jubilados 22 de abril, Movimiento Comunista Mexicano (MCM), Comité Mexicano de la Canción Necesaria (CMCN), Unión Popular Valle Gómez, Instituto Cultural José Martí-Puebla, Centro regional de defensa de derechos humanos José María Morelos y Pavón, Alternativa Latinoamericana Colectivo, Frente Amplio de Lucha Popular-Oaxaca, Movimiento de los Trabajadores por el Socialismo, Comité Antifascista 4T, Movimiento Ciudadano del Sur (MCS)
Partido Popular Socialista
Brujula Metropolitana
Adopta un Niño Muerto
Proyecto de la UNAM «Heteronomías de la justicia: territorialidades nómadas»
Asamblea General de Trabajadores
Alianza de Tranviarios de México (ATM)
Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (STTPDF)
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM)
Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de la Educación Media y Superior (SUTIEMS)
Central Unitaria de Trabajadores de México (CUTM)
Asociación Sindical de Trabajadores del INVI (ASTINVI)
Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, (CONJUPAM)
Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL
Alianza Cooperativista Nacional, A.C. (ALCONA)
Federación Nacional de Sindicatos Democráticos (FNSD)
Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETEBC)
Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit (SITRAyD-Conalep)
Sindicato Nacional de Docentes de Conalep (SINADOCO)
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Nayarit (SITEM)
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, Instituciones Descentralizadas Estales y Empresas Privadas de Nayarit (SYSPEMIDEPN)
Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de Educación del Estado de Nayarit (SITSEN)
Unión General Obrera Popular, Campesina (UGOPC) Chiapas
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero (SUTCOBACH)
Sindicato Autónomo de Trabajadores del Municipio de San Luis Potosí (SATMSLP)
Sindicato Revolucionario Democrático de la Industria Química Similares y Conexos de la República Mexicana (SRDIQSCRM) Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (STAUACH)
Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara (SEPSIAPA)
Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (SUTACEPTET) Sección 9, Oaxaca, Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud (SINTS)
Sindicato Único de Trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Oaxaca (SUTTEBCEO)
Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SUNTUAN)
Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (SUNTUAP)
Cooperativa de Agricultores de Chapingo (CACH)
Asociación de Profesores Jubilados y Pensionados de Chapingo (APJPCH)
Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC)
Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios de Colima (SITU)
Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SITTGE)
Sector INBAL / Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaria de Cultura (SNDTSC)
Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA)
Sindicato Independiente de Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud (SITIC Salud)
Sindicato Internacional de Constructores de Elevadores de México (SICE-M)
Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Educación (FENASTE)
Cooperativa LF del Centro
Centro de Investigación Internacional de Economía Social de la Universidad Iberoamericana
Cooperativa Conejo Mixteco
Cooperativa Labizet
Maak Raíz Artesanal
Programa de Autogestión Cooperativa de la UACM
Junta Promotora de la Nueva Central de Trabajadores en Baja California
Izquierda Democrática Popular Otros Mundos, AC-Chiapas
Geopolitica.com
Partido Popular Socialista-APN Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria, O.P
Compañía «Desde el Harém»
Kolectivo Rebelde-Mérida
Comunidad Internacional de Negocios con Reparto Institucional
Mujeres en Movimiento Acción Social Del MONAE
Nueva Organización San Salvador Huehuetla, Sociedad Civil
Red de Feminismos Descoloniales
Movimiento Ciudadano del Sur
OPT Comité Regional Baja California.
Liga Comunista Internacionalista- CORCI
Junta Promotora de la NCT en Baja California
Comité Nacional de Estudios de la Energia
Comite de Solidaridad con Venezuela-Xalapa
Movimiento Autónomo Zapatista (MAZ)
Frente Mexicano Pro-Derechos Humanos (FREMEXDEHU)
Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros Sindicato Mexicano de Electricistas
Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México
Maderas del Pueblo del Sureste, AC Central Unitaria de Trabajadores Fraternidad para el Desarrollo Social A. C
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de julio de 2020
El primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Este tratado representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Cabe recordar que el marco normativo y la política minera que asolan desde hace más de dos décadas y media el territorio nacional, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley Minera aún vigente. Esta ley, en conjunto con la reforma constitucional al Artículo 27, con una clara tendencia a dañar la propiedad social de la tierra, y fomentar una nueva legislación sobre la gestión pública del agua, representaron adecuaciones hechas por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para establecer las bases para destrabar las negociaciones condicionadas por EU que dieron origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el TLCAN y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero, anula los derechos de poblaciones habitantes y dueñas de los territorios afectados en forma permanente por estas actividades y, las poblaciones supuestamente beneficiarias y dependientes de los servicios ambientales prestados por estos territorios, así como de los propios trabajadores que, por necesidad económica o por coacción o por sometimiento por parte de grupos armados que operan en el contexto de las empresas mineras, participan en las actividades de extracción, mientras progresivamente son despojados del valor de su territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales.
En el apartado sobre Medio Ambiente, el TMEC establece:
“24.2.5.- Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5).
“24.6.3.- (Con respecto procedimientos administrativos, cuasi-judiciales o judiciales que busquen resolver disputas en materia ambiental) (…) Las partes reconocen que esos procedimientos no deberían ser innecesariamente complicados ni poner cuotas o límites de tiempo irrazonables.” (capítulo 24, Artículo 6, fracción 3)
Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio.
Para las empresas mineras en el TMEC sólo reconocen la existencia de esquemas de simulación filantrópica a partir de “… adoptar e implementar mejores prácticasvoluntarias de responsabilidad social corporativa que estén relacionadas con el medio ambiente” (Artículos 14.17 y 24.13.2) y “…el uso de mecanismosflexibles y voluntarios para proteger el medio ambiente y los recursos naturales…” (artículo 24.14.2.a). En ese mismo contexto, “Las partes también reconocen que esos mecanismos deberían ser diseñados de manera que maximicen sus beneficios ambientales y eviten la creación de barreras innecesarias al comercio.” (Artículo 24.14.2)
Un punto particularmente pernicioso es el Resolución de Controversias.En este punto, es importante tomar en cuenta que México no ha firmado solamente este Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. y Canadá, sino también tiene vigente otros diez tratados de libre comercio y 29 acuerdos de inversión bilateral. Estos tratados dan recurso a que las empresas pueden demandar por millones o miles de millones de dólares al gobierno de México en tribunales supranacionales, pero no al revés, en caso de que consideren afectadas sus inversiones, como pueden ser a partir de restricciones ambientales, las expropiaciones directas o indirectas, la anulación de concesiones, la imposición de aranceles a algunos minerales estipulados en la lista la eliminación de barreras no arancelarias, entre otros elementos. En el caso de T-MEC, queda disponible este recurso para las empresas estadounidenses, mientras se lo quita para las empresas canadienses. Sin embargo, en el caso canadiense, las empresas mineras pueden recurrir al arbitraje bajo el paraguas del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica
(CPTPP) que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2018. México ha tenido en su contra 34 demandas de transnacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio – 21 demandas concluidas y las otras 13 pendientes – y ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina por ser el más demandado. Estados Unidos y Canadá han sido los que más han demandado a México por violentar sus derechos como inversores. El 30 de agosto de 2000, el tribunal de arbitraje del TLCAN obligó a México a pagar a la empresa estadounidense Metalclad Corporation una compensación por $16,685,000 USD por haber cerrado el confinamiento de residuos peligrosos de la empresa en el estado de San Luis Potosí ante los peligros para la salud pública. Hasta la fecha, México ha sido ordenado de pagar una suma de por lo menos $242.94 millones de dólares estadounidenses en un total de 12 casos que favorecieron a las empresas. En septiembre de 2013, Lone Pine Resources demandó a Canadá por la decisión de la provincia de Quebec de prohibir el fracking en su territorio. Logró obtener una compensación por $250 millones de dólares. Actualmente, hay tres demandas pendientes por empresas mineras, inclusive una por $3,54 miles de millones de dólares que está siendo llevada por la empresa minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration en contra de México por no haber otorgado una licencia ambiental para una mina de fosfato en el fondo del mar en el Golfo de Ulloa, en la costa de Baja California Sur, en donde este proyecto tendrá un impacto devastador sobre la biodiversidad, la
pesca y los pueblos que dependen de todo ello. Así que, la intención del gobierno de México de estatizar la producción de litio, se ve endeble porque, en las circunstancias actuales, podría ser un eje de demandas en los tribunales internacionales del TMEC.
Se puede mencionar también a la demanda presentada en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en enero del 2019 por Vulcan Materials Company[1], la principal empresa productora de materiales agregados para construcción en los EEUU, reclamando 500 millones de dolores al Estado Mexicano por no autorizar la ampliación de su mina Calica en Playa del Carmen que ha devastado 1200 ha de selva en los últimos 30 años[2]. Cabe mencionar los estrechos lazos entre esta empresa y el gobierno de Donald Trump por el medio de Elaine Chaoc actual Secretaría de Transporte de los EEUU, que fue parte de la junta directiva de Vulcan Materials Company en 2016 y 2017. Después de su entrada en el gobierno Elaine Chao mantuvo acciones de 300 mil dólares en la empresa lo que representa un claro conflicto de interés[3].
Por todo lo expuesto, desde la REMA denunciamos la continuidad, propiciada por el gobierno de la Cuarta Transformación, del modelo de despojo impuesto a partir de tratados de comercio e inversiones impuestos sobre los pueblos de los tres países del continente norteamericano.
¡En defensa del territorio y la vida exigimos un fin al modelo extractivo de despojo y muerte!
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020
Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México
En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.
Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño
poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de
“Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que
promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una
figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos
de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma
africana.
Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del
Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en
México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han
desaparecido.
Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de
madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a
inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada
a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan
investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la
siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.
1.Cambios en la selva
La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en
el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno
federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las
condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil
hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las
necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan
biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.
Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace
poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva.
Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más
grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para
sembrar la palma africana”.
El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el
gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo
hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para
la ganadería.
En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran
que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el
objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó
la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de
Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América
Latina.
Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en
zonas selváticas.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
2.Campos sin vida
El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y
profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la
siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.
Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de
trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de
las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es
comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma
africana, no hay más flora.
Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de
estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”.
Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese
cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las
comunidades.
Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les
ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la
fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y
estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.
El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla
está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo.
Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal,
“las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la
deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del
agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las
regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.
Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
3.Realidad que contradice el discurso
Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas
de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que
consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas
produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.
Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay
programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos
estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.
La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara
Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada
de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella
observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas
y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y
nacionales para propagar el cultivo de palma.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al
discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las
contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.
El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas
se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores
internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10
naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su
Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México
estableció su programa de reconversión productiva.
Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete
están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los
productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras
y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el
total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir
hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio
de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.
Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
4.Deforestación hormiga
Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las
inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este
cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de
sus parientes se enfermaron de gravedad.
Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región
selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que
aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la
vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”,
recuerda.
En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica
indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana.
Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que
los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas
tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando
así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia
el cultivo que les es redituable.
Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a
Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la
selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que
trabajan de noche.
Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la
mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados
por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en
Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados
con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería,
pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados
clandestinamente.
Plantación
de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala,
Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
5.Salida para pobladores
La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José
Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la
pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra
que están aumentando exponencialmente sus ganancias.
Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró
la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores
esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como
frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.
La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios
Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de
selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva
genera una ganancia de 100 000 pesos al año.
Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado
entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está
talando la selva para sembrar palma”.
Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se
extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran
predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la
empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.
Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta
1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don
José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así
se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos,
dueño de una de las casas más amplias del pueblo.
“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.
Compartimos el boletín n° 247 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) – Noviembre/Diciembre 2019
Indice:
Opinión: Cómo el lenguaje de dominación estimula la deforestación…………………………………2
Una lista (incompleta) de conceptos que matan los bosques………………………………………………………..4
«El interés nacional»: neofascismo en la selva amazónica ………………………………………….11
Portucel en Mozambique: la realidad tras el discurso de las “plantaciones sustentables”………………17
India: mujeres, bienes comunes y patriarcado ……………………….21
Cadena de bloques (blockchain) y contratos inteligentes: los más recientes intentos del capital por apoderarse de la vida en la Tierra…………………………………………………………………………………………..26
Un nuevo nombre para una vieja cortina de humo: las Soluciones Basadas en la Naturaleza son el nuevo REDD………………………………………………………………………………………………37
RECOMENDADOS
Diccionario de Desarrollo ………………………………………………………………41
Trampas, dilemas y contradicciones en el discurso de derechos en los bosques…………………………..41
Las Soluciones Basadas en la Naturaleza: ¿qué intereses hay por detrás? (Nature-Based Solutions: Whose interests are behind?) …………………………………………………………………………………………………41
FSC: Promocionando a la tala como una actividad “sostenible” ………………………………………………..41
Destrucción Reglamentada: Por qué la compensación equivalente de biodiversidad protege las ganancias de las empresas y facilita la destrucción del medioambiente……………………………………….41
Declaración de indígenas Mapuches y otros en Chile: ¡No a los mecanismos basados en el mercado! ………………………………………………………………………………………………42
Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: Missão Tabita, Mozambique; activistas de la India; Núcleo de investigación en trabajo, territorio ypolítica en la Amazonía, Brasil; The Cornerhouse UK y miembros del secretariado internacional delWRM.
Nuestra Opinión Cómo el lenguaje de dominación estimula la deforestación
Términos como REDD – el principal mecanismo internacional de política sobre bosques que ha impactado los bosques tropicales durante los últimos 15 años, Sostenibilidad y muchos otros más, han influido fuertemente en los debates dentro y entre los grupos de la sociedad civil, las ONGs, las autoridades responsables de formular políticas, las instituciones financieras y las empresas. Sin embargo, parece haber nociones radicalmente diferentes sobre lo que estos términos realmente significan y cuál es o debería ser su función.
Este boletín no pretende embarcarse en un debate sobre lo que es o debería ser la Sostenibilidad, o cualquier otro de los conceptos discutidos en los artículos de esta edición.Más bien, nuestro objetivo es abrir un espacio para la reflexión crítica sobre lo queestos conceptos realmente generan en los bosques y en los pueblos que dependen deellos.
Las numerosas luchas contra las empresas que afirman actuar de manera Sostenible o queimplementan proyectos REDD en los bosques son evidencia de las claras contradiccionesentre el sentido positivo que difunden quienes respaldan estos conceptos y lasconsecuencias reales de los numerosos proyectos y actividades a través de los cuales estosconceptos se manifiestan en el terreno. Los gobiernos se comprometen a una economíaSostenible y las empresas comercializan sus productos como Sostenibles porque al usaresta terminología atraen a los patrocinadores financieros y consumidores.
Es importante notar que cuando la oposición a un concepto se vuelve demasiado fuerte eimpide que el concepto logre su propósito de “maquillar de verde” la destrucción del bosque,se introduce rápidamente otro nuevo concepto. Sin embargo, lo nuevo tiende a ser solo elnombre y la propaganda, mientras que las ideas subyacentes que sostienen laeconomía capitalista se mantienen firmes. La creciente exigencia pública de quegobiernos y empresas adopten medidas significativas para abordar el caos climático, porejemplo, ha dado lugar a una gama completamente nueva de conceptos ambiguos yexpresiones confusas, tales como productos con deforestación neta cero, soluciones basadas en la naturaleza, soluciones climáticas naturales y prácticas inteligentes para el clima.
Parece que para casi todos los “productos” y procesos industriales que causan devastaciónambiental, se presenta una versión Sostenible como solución. Pero en general, estasnuevas versiones resultan ser soluciones falsas porque no representan una ruptura con elparadigma del crecimiento ilimitado, que impulsa la sobreproducción y el consumodesenfrenado. Para estas supuestas soluciones lo que cuenta no es la realidad de milesde comunidades del bosque que se enfrentan al acaparamiento continuo de sustierras, la destrucción de sus territorios y medios de vida, la violencia y lacontaminación, sino que las empresas utilicen etiquetas anunciando que apoyan undesarrollo Sostenible. Mesas redondas, sistemas de certificación, programasempresariales de responsabilidad social y ambiental, salvaguardas de bancos multilaterales,entre muchos otras iniciativas similares, prometen una economía capitalista ecológica ysocialmente amigable. Una economía basada en la producción industrial de aceite de palmaSostenible, plantaciones de árboles Sostenibles, minería Sostenible, energía Sostenible.Pero en realidad, estas prácticas hacen poco más que maquillar de verde la destrucción delbosque y allanar el camino para una mayor expansión industrial
Reportes sobre los desastrosos impactos de un agente específico de la deforestación, laganadería industrial para la producción de carne, por ejemplo, a menudo concluyen con unalista de recomendaciones para que las empresas, los gobiernos y los financiadores apliquenmejores prácticas o desarrollen un nuevo conjunto de salvaguardas o pautas voluntarias.Pero muy a menudo, estas recomendaciones fortalecen conceptos que de hechodestruyen los bosques, porque rara vez exigen una ruptura radical con el status quo y encambio se centran en mejoras que llevan a una destrucción que “pudo haber sido peor”.Estas recomendaciones ofrecen una oportunidad para que las empresas se llamen a símismas Sostenibles, mientras que las comunidades deben continuar enfrentando prácticasde acaparamiento de tierras y destrucción de bosques que supuestamente “pudieron habersido peor”. En este contexto, las llamadas mejores prácticas, salvaguardas y guíasvoluntarias se vuelven fundamentales para la supervivencia del capitalismo y el“modelo de desarrollo” que es el causante de la mayor parte de la destrucción de losbosques.
Otra amenaza importante pero bastante oculta de estos conceptos es que obstaculizan lamovilización y la organización colectiva entre los grupos de la sociedad civil. Noobstante, movimientos, comunidades del bosque y grupos de apoyo siguen canalizandomucha energía en involucrarse con estos conceptos, con el argumento de que esto mejorarásu implementación.
Con las múltiples crisis ecológicas y sociales determinadas a continuar, lo que a su vezgenera un número creciente de conceptos que distraen de la necesaria ruptura con laeconomía capitalista (verde), tal vez sea tiempo de reflexión. ¿Cómo pueden losmovimientos de base y las organizaciones que las apoyan evitar quedar atrapados en unsinfín de debates políticos y procesos de diálogo relacionados a conceptos que, a lalarga, sirven para perpetuar la muerte de los bosques, mientras que obstaculizan lamovilización y la organización colectiva?
Compartimos la 3ra edición del Boletín «El Zanate» una producción de Otros Mundos A.C. – A Diciembre de 2019
En este número del Zanate hablamos sobre la economía verde, te invitamos a lo descargues y compartas desde la web de Materiales.
Esperamos les sea muy útil en sus luchas y resistencias
Este manual fue publicado bajo la licencia Creative Commons. Pueden
reproducirlo libremente, siempre y cuando mencionen los créditos y no lo
comercialicen.
Comunicado de prensa vía CDHAL– A 8 de abril de 2019
El gobierno canadiense está revirtiendo su promesa de crear un organismo independiente para monitorear las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas canadienses.
El gobierno de Canadá está incumpliendo su promesa de nombrar un ombudsman independiente para la responsabilidad corporativa que detenga poder real para investigar los abusos y reparar los daños causados por las compañías canadienses que operan en el extranjero.
Las empresas canadienses que operan en el extranjero están asociadas a violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos, en especial, el trabajo forzoso, la violación y el asesinato. Hace quince meses, el gobierno anunció la creación de una oficina independiente para investigar esas prácticas. En cambio, presentó un puesto de consulta sin real poder, que poco difiere de lo que ha existido durante varios años. Está claro que Canadá necesita un ombudsman que pueda contribuir a prevenir la complicidad tácita de Canadá en los abusos corporativos y para garantizar que las cadenas canadienses de suministro en la industria minera y textil respeten los derechos humanos.
Un verdadero ombudsman debe ser independiente del gobierno y tener el poder de ordenar a los que están bajo investigación que presenten documentos y que presten testimonio bajo juramento. El puesto consultivo creado hoy no cumple con ningún de esos requisitos.
“Las personas y comunidades que han sido perjudicadas por las compañías mineras canadienses todavía no tienen a quién recurrir”, dijo Emily Dwyer, de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa. “Este ombudsman solo lleva el título. Es el mismo enfoque vano que ya ha demostrado ser ineficaz”.
El gobierno ha anunciado que ha encargado una evaluación sobre la posibilidad de otorgar al asesor poderes de investigación. “Quince meses después de iniciar este proceso, anunciar una nueva evaluación de condiciones es simplemente indignante. Lo que necesitamos es de acción, no de otros estudios “, agregó la Sra. Dwyer.
En los últimos tres años, al menos cuatro organismos de las Naciones Unidas han pedido a Canadá que responsabilice a las empresas canadienses por sus actos. Recientemente, en junio de 2018, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos hizo un llamado a la creación de una oficina de ombudsman en Canadá para contribuir a poner fin a los abusos.
“El puesto anunciado hoy tiene carácter meramente consultivo, que no encierra un poder real y no operará de forma independiente del gobierno, es decir, sin interferencias políticas o corporativas”, dijo Dwyer. “El gobierno debe actuar con determinación para detener el abuso corporativo. Esa fue la promesa hecha en enero de 2018. Esta es la promesa que debe cumplirse.”
Emily Dwyer
Coordinadora de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa
Los miembros de la Red-DESC han venido utilizando cada vez más el término «captura corporativa» para referirse a los medios por los cuales una élite económica socava la realización de los derechos humanos y medioambientales al ejercer una influencia indebida sobre los tomadores de decisiones nacionales e internacionales y las instituciones públicas.
En los últimos cuatro años, con el liderazgo del Grupo Asesor del Proyecto de Captura Corporativa, el grupo de trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa de la Red-DESC ha trabajado para aumentar la sensibilización y diseñar estrategias para abordar esta tendencia global. En el 2018, los miembros han llevado a cabo acciones de abogacía, investigación y comunicación, con el liderazgo del Grupo Asesor del Proyecto, incluyendo:
una investigación sobre mecanismos políticos y legislativos para mapear las formas en las que se aborda la captura corporativa;
un vídeo sobre captura corporativa, que se estrenó en el Foro de los Pueblos en inglés y español:
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Sobre la base de este proyecto, en 2019, la Red-DESC iniciará una campaña en toda la red para empezar una conversación más amplia sobre la captura corporativa y el impacto que esta tendencia está teniendo sobre los derechos a la tierra, la vivienda y los recursos naturales. Prestando atención a cómo esas preocupaciones impactan a las mujeres y requieren su liderazgo, esta campaña trabajará para involucrar al conjunto de los miembros de la Red-DESC para sensibilizar sobre la tendencia de la captura corporativa y el desarrollo de estrategias para contrarrestarla. Si usted desea saber cómo puede unirse a la campaña de la Red-DESC sobre captura corporativa en el 2019 envíe un correo electrónico Gabriela C Martins: gcmartins@escr-net.org.
Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional sobre las conclusiones de la 4ta sesión del grupo de trabajo de la ONU hacia un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos – Ginebra, A 20 de octubre 2018
Importantes aportes de los pueblos afectados, participación constructiva de los Estados, distanciamiento de la UE de las conclusiones y confirmación de la 5ta sesión para negociar la revisión del borrador en 2019
El viernes 19 de octubre 2018 por la tarde, concluyeron las negociaciones luego de la discusión de importantes propuestas. Los Estados reconocieron que el diálogo se centró en el contenido del borrador cero de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos y tomaron nota de los aportes recibidos por una cantidad sin precedentes de actores relevantes.
Los representantes de 94 países y alrededor de 400 delegados y delegadas de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos/as representantes de Amigos de la Tierra Internacional de 20 países, se congregaron en Ginebra en el marco de la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental (IGWG4) que tuvo como resultado la confirmación de una quinta sesión de negociaciones que se centrará en una versión revisada del borrador del tratado.
Representantes de los pueblos afectados por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales describieron en detalle las amenazas que enfrentan contra sus vidas y sus medios de sustento en el marco de la lucha por la justicia. Estos son los mismos pueblos que están reelaborando leyes relativas a los derechos humanos desde las bases.
La federación Amigos de la Tierra Internacional continuará activamente involucrada y seguirá trabajando con los movimientos sociales y miembros de la sociedad civil de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo, coaliciones nacionales que forman parte de una creciente Alianza para el Tratado y otros actores relevantes, como miembros del Parlamento y autoridades locales de todo el mundo, para seguir presentando propuestas constructivas.
Como afirmó Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional:
«Continuaremos participando activamente y esperamos con ansias las sesiones futuras necesarias para cumplir con el mandato de la Resolución 26/9 de reglamentar, en el marco del derecho internacional en materia de derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas. Nos decepcionó que las recomendaciones de la presidencia del IGWG no hicieran referencia a los vitales debates de los últimos cuatro años, como los relativos al Documento de Elementos de 2017, además de la falta de participación constructiva de algunos Estados que se distanciaron de las negociaciones en esta etapa tan avanzada en la que se están analizando contenidos y procedimientos importantes. Lo que se necesita básicamente para reglamentar a las grandes empresas que controlan complejas cadenas mundiales de producción son normas concretas para estas empresas en función de obligaciones directas para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos. Este es el camino a seguir para detener las violaciones e derechos humanos que afectan a millones de personas y a sus medios de sustento en todo el mundo”.
Los/as representantes de Amigos de la Tierra Internacional aportaron propuestas técnicas junto con expertos/as, académicos/as, abogados/as y representantes de los pueblos afectados, con base en los contextos nacionales y regionales y la experiencia de la resistencia comunitaria.
Kwami Kpondzo, de Amigos de la Tierra Togo en nombre de Amigos de la Tierra África dijo:
«Me enorgullece ver a los Estados africanos -54 en total, representados por Togo – unidos y comprometidos para apoyar este tratado que es tan necesario para remediar los males provocados por décadas de impunidad empresarial. Me sentí alentado por el liderazgo de Sudáfrica como co-proponente de la resolución 26/9 y como inspiración para la creciente cantidad de Estados que están apoyando el proceso del Tratado, defendiendo el mandato del IGWG y presentando aportes para cubrir las lagunas que existen en materia de las reglamentaciones para las empresas transnacionales».
Mageswari Sangaralingam, de Amigos de la Tierra Malasia, afirmó:
«Amigos de la Tierra Asia Pacífico se ve impulsada por el continuo apoyo de países como Indonesia y Filipinas a favor de un tratado vinculante que hará rendir cuentas a las empresas transnacionales y a todas sus cadenas de suministro por los crímenes ambientales y las violaciones de derechos humanos. Creemos firmemente que este tratado vinculante es un instrumento para los países en desarrollo y para los pueblos. Le urgimos a los países de Asia Pacífico y la sociedad civil que eleven el perfil de este tratado para que podamos respetar, proteger y satisfacer efectivamente los derechos de nuestros pueblos y el medioambiente».
Ike Teuling, de Amigos de la Tierra Europa comentó:
«A pesar de la presencia comprometida de la sociedad civil europea en Ginebra, la UE no participó de forma sustancial en el proceso e hizo caso omiso a la resolución recientemente adoptada del Parlamento Europeo en apoyo al tratado vinculante. Con la excepción de una única declaración de Franca sobre el contenido, permanecieron en silencio durante la mayor parte de las negociaciones e incluso se retiraron de la sala durante las discusiones sobre las conclusiones del grupo de trabajo. Como declaración final, la UE se desvinculó de las conclusiones, y se aisló del consenso al que llegaron todos los demás países. Es claro que la UE se pone del lado de las empresas y no de los pueblos, cuyos derechos son violados por las empresas transnacionales europeas».
Alberto Villarreal, de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, agregó:
«Los pueblos afectados deben ponerse en el centro de este proceso. Por lo tanto, esperamos un borrador más ambicioso, uno que responda a las expectativas y exija justicia y el fin de la impunidad. También reclamamos que se garantice que los/as activistas y defensores/as de derechos humanos continúen siendo recibidos/as en el Consejo de Derechos Humanos. Nos preocupa enormemente que algunos Estados cuestionen el derecho que tienen las víctimas y representantes de la sociedad civil a compartir sus testimonios. Esto es inaceptable y va en contra del espíritu del tratado, un tratado dirigido a todos los pueblos. Por otro lado, muchos países recibieron con calidez nuestra pasión, nuestros testimonios y aportes sustanciales al borrador del tratado y al proceso en general».
Para Amigos de la Tierra y la Campaña Global, entre los puntos clave que deben ser incluidos en el próximo borrador y en las consultas informales en el camino hacia la 5ta sesión se destacan:
un enfoque en las empresas transnacionales y en las actividades de estas como se establece en la resolución 26/9;
el establecimiento de obligaciones directas y la responsabilidad penal, civil y administrativa por las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales;
una Corte Internacional sobre empresas transnacionales y derechos humanos;
la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos comerciales y de inversiones;
la protección del proceso del tratado de la influencia indebida de las empresas y sus representantes y que se garantice la participación segura de la sociedad civil en todo el proceso.
Contactos para los medios:
– Lucia Ortiz, programa de Justicia Económica, Amigos de la Tierra Internacional lucia[at]foei.org +55 48 99915-0071
– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe: comerc[at]redes.org.uy +598 98 556 360
– Ike Teuling, campañista de responsabilidad empresarial, Amigos de la Itera Europa: ike.teuling[at]foeeurope.org +316 29593882
– Kwami Kpondzo, Directorio de Amigos de la Tierra África kwadodzi[at]yahoo.fr +22898221457
Hoy, tendrá lugar en Ginebra la cuarta negociación informal sobre el tratado vinculante de las Organizaciones de Naciones Unidas que obligaría a las empresas transnacioneales a respetar los derechos humanos en todos los países donde tienen actividades. Exhortamos a la Unión Europea a que empiece finalmente a respaldar este proceso.
El respaldo de la sociedad civil a un tratado jurídicamente vinculante que regule a las empresas transnacionales está creciendo, especialmente en el Sur global. Sin embargo, en lugar de intervenir comprometidamente en las negociaciones de este tratado de la ONU, la Unión Europea está dilatando y descarrilando el proceso. ¿Con qué cara puede la UE decir que está comprometida con la protección de los derechos humanos y de quienes los defienden, cuando está tratando de impedir el avance de este proceso histórico?
En 2015, un grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas empezó a trabajar en pos de un tratado para reglamentar las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas de negocios, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. A pesar del voto negativo de 14 países europeos contra la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014, la iniciativa concita cada vez más apoyo generalizado y las conversaciones se encaminan ahora hacia una cuarta sesión de trabajo formal en octubre, cuando se empezará a negociar un Borrador Cero. La UE funciona como un bloque en Ginebra, lo que significa que coordina la postura de todos sus Estados miembros individuales.
Los reclamos por mecanismos jurídicos que permitan prevenir y evitar los abusos y violaciones de derechos humanos por empresas y sus ataques contra gobiernos elegidos democráticamente han sido reiterados, desde aquel discurso memorable de Salvador Allende en 1972 ante la Asamblea General de la ONU. Pero los crímenes empresariales contra el medioambiente y los derechos de los pueblossiguen ocurriendo desde entonces sin cesar, al mismo tiempo que la violencia contra los defensores y defensoras de los territorios y los derechos de los pueblos asciende a niveles alarmantes. Las empresas casi nunca o nunca son responsabilizadas ante la justicia por sus actos.
Muchos países han formulado propuestas concretas respecto del contenido y la aplicación de un tratado vinculante que permita cerrar los vacíos legales que persisten en el derecho internacional de los derechos humanos y que mejore el acceso a la justicia para los pueblos afectados. Esto incluye leyes nacionales en algunos Estados europeos que les fijan obligaciones jurídicas a las empresas transnacionales para que eviten los abusos de derechos humanos y los daños ambientales a todo lo largo de sus cadenas de suministro. Actualmente, se están dando grandes avances al respecto en países como Francia y Suiza, empujados por la sociedad civil organizada y los parlamentos.
La UE mantiene sin embargo su postura obstruccionista. Sus representantes no se presentaron al inicio de las conversaciones en la ONU en 2015, e intervinieron recién en 2016 y 2017 en respuesta a las presiones de las organizaciones de la sociedad civil. Durante las consultas informales más recientes, en mayo y junio, la UE siguió impidiendo las negociaciones al reclamar una nueva resolución que restrinja el mandato del grupo de trabajo intergubernamental. Eso implicaría revertir cuatro años de avances, y le daría a la UE la oportunidad de cambiar el alcance del tratado, o de lavar sus contenidos hasta transformarlo en una mera enmienda de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
El Borrador Cero que será elaborado este mes es el resultado de tres sesiones de discusiones fructíferas entre Estados, sociedad civil, expertos, y representantes de comunidades afectadas, así como de las asociaciones empresariales opositoras, y debe basarse en el documento de elementos discutido el año pasado en la tercera sesión. Para Amigos de la Tierra Internacional, para que el nuevo instrumento jurídicamente vinculante sea eficaz, debe incluir entre sus elementos clave obligaciones para las empresas transnacionales de respetar los derechos humanos, responsabilidad civil y penal para las empresas y sus directores en casos de violaciones, transparencia en las cadenas de suministro para habilitar el levantamiento del velo societario que les permite a las empresas evadir sus responsabilidades, y un tribunal internacional de derechos humanos al que puedan acudir las personas y colectivos afectados en caso que sus tribunales nacionales no les brinden acceso adecuado a la justicia.
El Borrador Cero debe establecer obligaciones estatales operativas que garanticen la primacía de los derechos humanos frente a los acuerdos comerciales, brindar caminos para que las comunidades afectadas obtengan compensación, y proteger contra nuevos abusos a l@s defensores de territorios. También debe incluir disposiciones que impidan que las instituciones financieras internacionales actúen con impunidad cuando financian proyectos destructivos o apoyan políticas que socavan los derechos de los pueblos a servicios públicos.
Por más mecanismos voluntarios que haya en el mundo, no podrán proteger las vidas de l@s defensores de territorios de las amenazas y ataques sistemáticos de empresas contra el medioambiente, las fuentes de sustento y los derechos de los pueblos. Sería un fracaso histórico para la legislación universal sobre los derechos humanos que, tras más de 45 años de lucha por la responsabilización de las empresas transnacionales, el grupo de trabajo intergubernamental presidido por Ecuador en la ONU y respaldado por más de 100 Estados miembros de la ONU cediera a las tácticas obstruccionistas de la UE.
No puede ser la intención de la UE abandonar explícitamente a su suerte a l@s defensores de derechos humanos que actúan en todos los rincones del planeta. L@s ciudadanos europeos no quieren pasar a la historia como la región que bloqueó esta oportunidad histórica de brindarles justicia a los millones de personas que han sufrido abusos de manos de empresas transnacionales. La UE no debería hacer caso omiso del llamado de más de 400 organizaciones de la sociedad civil del mundo entero que les reclaman a los gobiernos que intervengan constructivamente en las consultas informales en curso y en las negociaciones del Borrador Cero en octubre. La UE no quiere oponerse al número creciente de resoluciones de parlamentos regionales y nacionales, incluido el Parlamento Europeo, que abogan por la responsabilización de las empresas transnacionales. Hoy, tendrá lugar en Ginebra la cuarta negociación informal sobre este tratado de la ONU. En lugar de argumentar en contra del proceso con cuestiones de procedimiento y solicitar consultas sin participación de la sociedad civil, exhortamos a la UE a que empiece finalmente a respaldar este proceso. Es hora de que la Unión Europea actué en consonancia con sus electores y la comunidad internacional de defensores de derechos humanos para ponerle punto final a la impunidad empresarial.
Entrevista con Karin Nansen, presidenta de ATI, en octubre 2017:
Organización: Nalu Faria e Renata Moreno Textos: Marcha Mundial de las Mujeres, Clarisse Paradis, Natalia Carrau, Viviana Barreto Traducción: Maria Fernanda Marcelino e Mauro Ramos Foto de portada: Elaine Campos Proyecto gráfico y diagramación: Caco Bisol
SUMÁRIO: 5PRESENTACIÓN 13¡LAS MUJERES RESISTIMOS! Desafíos del feminismo en tiempos de ofensiva conservadora 25 LA RESISTENCIA FEMINISTA CONTRA EL LIBRE COMERCIO Y la lucha por la autonomía sobre cuerpo, trabajo y territorio Clarisse Paradis, Natália Carrau y Viviana Barreto
PRESENTACIÓN
La presencia masiva de las mujeres en las luchas populares, la visibilidad y la fuerza de la agenda feminista son marcas del período reciente de las resistencias y movilizaciones en todo el continente. En las luchas feministas por justicia, igualdad y libertad, las exigencias de fin del patriarcado, del racismo y del capitalismo son imbricadas, desde una mirada crítica al colonialismo y a la heteronormatividad.
La ofensiva neoliberal que enfrentamos hoy en todo el continente es una reacción a un período de cambios y ampliación de derechos. Es una ofensiva extremadamente violenta, que ataca a los cuerpos, los territorios y las condiciones de producción del vivir. Ataca, al mismo tiempo, la democracia y da un nuevo impulso a los procesos de expoliación, mercantilización y militarización. El resultado es la ampliación del alcance del control y dominio de las élites detenedoras del poder económico sobre la vida de los pueblos.
Esa ofensiva plantea para los movimientos sociales y las fuerzas políticas de la izquierda en general, anti-capitalistas en particular, el desafío de construir otro nivel de rearticulación y construcción de procesos organizativos, acciones y luchas concretas.
La Marcha Mundial de las Mujeres es activa en esos procesos de construcción de alianzas y luchas comunes. La lucha contra el neoliberalismo es central en nuestra agenda, y combina la resistencia al poder de las corporaciones transnacionales, a las políticas de ayuste, la militarización y los acuerdos de comercio e inversiones. Esos enfrentamientos son inseparables de la lucha por la democracia, la autodeterminación, la integración y soberanía de los pueblos. Todas esas son luchas feministas.
Desde nuestro feminismo, frente a los retrocesos tan veloces de políticas y derechos, insistimos en partir de nuestros acumulados políticos y teóricos. La afirmación de esos acumulados es también una respuesta a nuevas explicaciones y tendencias que ganan tanta repercusión, en análisis muchas veces distantes de las prácticas concretas de lucha y de la construcción de sujetos colectivos en movimiento. Sabemos que en tiempos tan complejos, no existen respuestas listas, y apostamos que las prácticas apuntan los caminos, límites y contradicciones que deben ser enfrentadas también en la izquierda.
Las experiencias políticas y económicas construidas por las mujeres en todo el continente componen esos acumulados, y son esas que resisten permanentemente en los territorios, contraponiéndose a la lógica del capital desde la lógica de la vida. En la construcción cotidiana de la auto-organización, la agroecología, la comunicación y la economía feminista y solidaria; de las estrategias para garantizar las condiciones de sobrevivencia y para construir la autonomía sobre el cuerpo, la sexualidad que desafía la heteronormatividad, y una vida libre de las violencias racistas y patriarcales, las mujeres expanden las fronteras de lo posible, enfrentan las contradicciones, construyen las condiciones para transformar concretamente sus vidas, al paso que ejercitan y apuntan los caminos de cambio del modelo.
Del 11 al 13 de diciembre, cientos de hombres y mujeres de todo el mundo reunidos dentro de la Confluencia «Fuera OMC» levaron a cabo la Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC-Construyendo Soberanía» en Buenos Aires, en paralelo a la XI Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) recibida por el presidente Mauricio Macri en la capital argentina.
«Creemos que es muy importante esta confluencia que venimos organizando desde hace varios meses con muchísimas organizaciones sociales, ambientales, sindicales, docentes y de todo tipo, porque ante la apertura neoliberal que está sufriendo nuestro país, es necesario que nos organicemos. Creeemos que la venida de la OMC a Argentina es una muestra del rumbo que va a tomar en los proximos años, especialmente conociendo que el proximos años recibiremos el G20″, explica Natalia Salvático, integrante de Amigos de la Tierra Argentina, en un video publicado hoy por la Confluencia.
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En la víspera de su apertura oficial, la Cumbre organizó el festival«Fuera OMC – Por los Derechos y la Vida» el 10 de diciembre, primer día de la Reunión Ministerial. Los participantes, reunidos en la Plaza de los Congresos, leyeron la Declaración de la Confluencia, firmada en junio 2017 por más de 250 organizaciones y personalidades incluyendo Otros Mundos A.C.: «Veinte años de tratados de ‘libre’ comercio (TLC) en la región muestran los efectos nefastos de la desregulación y del avance de los privilegios corporativos sobre nuestros pueblos y el medio ambiente. Frente a esto, es hora de avanzar en las alternativas sociales, políticas, económicas, feministas y ambientalistas que pongan fin a la impunidad corporativa, den primacía a los derechos humanos y garanticen la armonía con el medio ambiente.»
La Cumbre fue un espacio de formación políticia intensa y de contra-propuestas ante las decisiones neoliberales tomadas en la Reunión Ministerial. Se organizaron decenas de ponencias y debates en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en una serie de foros y seminarios paralelos, como el Foro «Soberanía Sanitaria: El impacto del Neoliberalismo sobre el Derecho a la Salud», el Foro Feminista Frente al Libre Comercio, el Foro «Derechos y Soberanía frente al Libre Comercio, la Deuda y el Poder corporativo» o el Foro «Bienes Comunes, Justicia Climática y Soberanía Energética», entre otros. (Ver el programa completo aquí)
«Estamos creando un movimiento de solidaridad transnacional para enfrenter el poder transnacional», agregó la activista, cuya Campaña estuvo presente en octubre en Ginebra, Suiza, para presionar a los países miembros de la ONU durante su tercera ronda de negociaciones hacia un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. La Campaña había presentando su propia propuesta de texto, que incluía entre otro la creación de una «Corte Internacional sobre las Empresas Transnacionales y sus Directivos» y un «Centro Internacional de Monitoreo de las Empresas Transnacionales», y espera será tomada en cuenta durante la próxima ronda de negociaciones en marzo 2018. (Leer la propuesta completa aquí)
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El 12 de diciembre en la tarde, la Confluencia organizó una gran marcha pacífica en las calles de Buenos Aires desde la Plaza de los Congresos. «Nuestra movilización fue masiva y diversa expresando voces que surgen desde la sociedad civil y no acuerdan con las políticas económicas que busca constantemente instalar organizaciones como la OM», declaró la Conflluencia en su página Facebook después de la marcha.
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La Confluencia denunció que la Policía intervinó, reprimió y detuvo a manifestantes. El 13 de diciembre, seguían detenidas tres personas: «lxs detenidxs son un docente de SUTEBA Escobar, una integrante de la Defensoría de Géneroa y un hombre en situación de calle», informó la Confluencia. «La otra novedad del estado de excepción del macrismo fue bloquear el paso a las abogadas e intentar impedirnos el ingreso a la comisaría para atender a nuestrxs defendidxs. Aflojaron ante la amenaza de denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y por negar el derecho a la defensa», agregó la Confluencia.
Fotos de la marcha y la represión policial del 12 de diciembre en Buenos Aires (Crédito: Cobertura colaborativa Fuera OMC)
