México: Organizaciones acusan al Estado por violar derecho humano al agua

Vía Movimiento M4

Descargar documento Las violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento generadas por la proliferación de las industrias extractivas en México:

Huauchinango, agua-ddhhPue.- Organizaciones sociales, entre ellas algunas de la Sierra Norte de Puebla, solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que intervenga para evitar las violaciones del Estado mexicano al derecho humano al agua y al saneamiento, entre otros.

La petición incluye el nombramiento de cuatro relatores especiales para que velen por el respeto a los derechos al agua y al saneamiento; los de los pueblos indígenas; los humanos y el medio ambiente y otro que conozca de la criminalización que viven los defensores de los derechos humanos en el país.

 

El documento presentado la semana pasada ante el organismo internacional fue firmado por el Consejo de la Tierra Tiyat-Tlali, Fundar, la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Tras hacer un recuento sobre la entrega de recursos naturales a empresas nacionales y extranjeras para el desarrollo de la industria extractiva en vastas regiones del país y la puesta en marcha de reformas legales que “institucionalizaron” este modelo económico en detrimento de los derechos de los pueblos y de su territorio, las organizaciones solicitaron a la ONU se tomen medidas para que el Estado mexicano garantice el derecho humano al agua y al saneamiento.

Además pidieron que se le exhorte para que modifique las leyes y las políticas que afectan este derecho y “se garantice el derecho a la información, a la participación y a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables”, incluso antes de la entrega de concesiones para la explotación de hidrocarburos, electricidad, minería y recursos hídricos.

También pidieron que la ONU exhorte al gobierno mexicano a que prohíba las actividades consideradas de alta gravedad en términos de afectaciones al ambiente y a los derechos de las poblaciones, como es el caso de la fractura hidráulica

Debido a que consideraron que se ha violado el derecho a la consulta de los pueblos con el otorgamiento de estas concesiones, se han generado más de 100 conflictos sociales vinculados a actividades mineras como en Carrizalillo, Guerrero; Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Zautla, Ixtacamaxtitlán y Tetela en la Sierra Norte de Puebla.

Mientras que pobladores de los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo Puebla y Tabasco viven en riesgo por el uso del  fracking para la extracción de petróleo y gas shale y ya se hay “490 pozos de fracking activos en el oriente del país”, por lo que pidieron que se prohíba el uso de esta técnica.

“Sólo en el estado de Veracruz existen 112 proyectos hidroeléctricos en puerta que han generado conflictos. Asimismo, se han identificado conflictos socioambientales por los trasvases de cuencas en el Río Verde, la cuenca del Pánuco y el Río Yaqui”, detallaron.

Esta situación, indicaron, refleja el incumplimiento del Estado mexicano a los tratados internacionales que ha firmado como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y es una amenaza al derecho al agua y al saneamiento.

Nota extradía de Municipios Puebla

Ambiente, salud y derechos humanos. Hacia una continuada política ecológica

Ambiente, salud y derechos humanos. Hacia una continuada política ecológica

Por Juan Almendares*

Salud, inmunidad y nutrición de la totalidad viviente

saludLa salud no es patrimonio exclusivo de los humanos, sino de todos los seres planetarios. La vida es relación, producción, reproducción, transformación de los procesos coevolutivos, codependientes de los organismos y los seres sociales. Estas relaciones permiten a los seres establecer identidades y diferencias que han transformado la vida misma y la composición material del planeta.

El esbozo de esta idea radica en el saber ancestral. En la concepción indígena la naturaleza es inseparable del ser social. «La tierra es nuestra madre». La vida tiene un sentido más comunitario. En la concepción mercantilista y capitalista la tierra es un objeto de explotación, de propiedad individual o empresarial; su «naturaleza» es la naturaleza de las cosas; que al igual que la salud se convierte en mercancía.

La Holobiosalud se refiere a la salud de la totalidad de la vida. Holos es totalidad, bios vida. La enfermedad (Holobiopatologia, Holos = totalidad, bios = vida y pathos = enfermedad), por lo tanto, se refiere a los estados y procesos morbosos de la vida planetaria.

Sin embargo la enfermedad, sobre todo la infecciosa, alérgica o parasitaria, ha sido explicada en gran parte por la inmunología. La inmunidad viene del latín «inmunitas» que quiere decir protección. Las células y moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmune.

La respuesta coordinada del organismo a la introducción de sustancias extrañas se llama respuesta inmune (Abbas y Lichtman, 2003).

La inmunología en su marco conceptual utiliza el lenguaje de la guerra. Es explicada como un sistema bélico que se defiende de los invasores. La inmunología convencional divide la inmunidad en natural o innata y la adaptativa o adquirida; se refiere a plantas, animales y seres humanos. El enfoque dominante ha estado centrado en los genes (biotecnología), en la biología molecular (células, anticuerpos y antígenos) y en consecuencia en un reduccionismo biológico.

Sin embargo los mecanismos de inmunidad no constituyen una simple relación lineal: agente-huésped y ambiente; sino que responden a la complejidad: organismo —entorno y naturaleza— sociedad.

El fenómeno inmunológico es un sistema complejo de información y comunicación cuya naturaleza cibernética logra establecer la identidad de los organismos autopoiéticos consigo mismos, o la identidad o diferencias con respecto a otros organismos u agentes extraños o redes que ocurren siempre en el marco de las relaciones naturaleza-sociedad, para producir situaciones nuevas emergentes; y cualitativamente diferentes.

Así los cambios climáticos (Almendares y Epstein, 2009), el fenómeno del Niño, la deforestación, el uso masivo de plaguicidas y antibióticos y las políticas económicas pueden cambiar las relaciones entorno-naturaleza y sociedad y ocasionar el crecimiento rápido de unas especies, el menoscabo de otras o el surgimiento de nuevas formas de organización que alteran la Holobioinmunidad (Inmunidad de la totalidad viviente) y en consecuencia la Holobiosalud.

Promoviendo estos cambios nos encontramos con técnicas y actores poderosos. Así por ejemplo la biotecnología y la industria farmacéutica cuando son controladas por los intereses multinacionales promueven bioplaguicidas, organismos genéticamente modificados, fitofármacos, antibióticos, plaguicidas, agro combustibles y nanotecnología que son extremadamente peligrosos para la salud y el ambiente.

La categoría sociedad (Herrera, J., 2000), se considera en el marco de la historia, cultura, ideas, teorías, valores ideológicos, éticos, políticos y las relaciones sociales de producción, género, étnicas, fuerzas productivas y las instituciones y organizaciones sociales (Estado, movimiento social, ambientalista, sociedad civil) y su relación con los derechos humanos. Sin embargo nosotros hablamos de derechos humanos y planetarios; de la Madre Tierra que son indivisibles, histórico naturales, contextualizados (locales, nacionales, regionales) articulados a lo universal (global).

Son los derechos de la totalidad viviente (microorganismos, plantas animales y seres humanos) que se organiza, desorganiza y se vuelve a organizar dialécticamente. Son espacios sociales y políticos de lucha y prácticas sociales por el respeto a la vida y a la dignidad humana y planetaria (Holobiodignidad).

El objetivo único es generar procesos que transformen radicalmente este sistema capitalista globalizado que genera un mundo donde más del 80 por ciento de los habitantes del planeta, ya sean humanos, animales, plantas y microorganismos, viven en la más humillante pobreza; que se refleja en los desbalances de los ciclos de la vida de todos los seres.

Por lo cual se hace necesario1 reflexionar sobre el Ecologismo Popular, Ecologismo de los Pobres y movilizarnos por la justicia ambiental. A continuación veremos cómo la malaria y la explotación minera en el Valle de Siria, Honduras, ejemplifican las ideas señaladas anteriormente.

La malaria

La existencia de la malaria data desde hace 4000 años. Su erradicación con plaguicidas, pistolas de láser, sustancias radioactivas y drogas antimaláricas ha fracasado; porque continúan los brotes de la enfermedad. La malaria está asociada a la pobreza, a los salarios bajos, a las viviendas insalubres, a la deforestación; tiene que ver irremisiblemente con represas, minas, monocultivos y falta de educación ambiental. Es propia de países tropicales y no tropicales. La malaria puede coexistir con desnutrición, parasitismo, sida y tuberculosis.

Según el informe de Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2008, la mitad de la población mundial tiene riesgo de contraer malaria. En el año 2006 se detectaron 250 millones de casos y se produjo aproximadamente un millón de muertes. El vector transmisor es el mosquito Anopheles y el parásito responsable es el Plasmodium con cuatro tipos: P. falciparum, P. vivax, P. Ovale y P. Malarie.

La estrategia para tratar el problema de la malaria ha consistido en dos mecanismos: destruir al mosquito con plaguicidas, con la desventaja de que pronto desarrollan resistencia a los tóxicos, al igual que otros vectores como la Mosca blanca y el mosquito del dengue. Además estos venenos afectan a insectos benéficos como las abejas y dañan la salud humana.

La segunda ha sido una terapia supresora mediante drogas antimaláricas. Ambas estrategias no han sido exitosas para la salud; sin embargo la más beneficiada ha sido sin dudas la industria químico farmacéutica.

La Costa Atlántica de Honduras, (Sinclair, M., 2008) con altas tasas de malaria en las comunidades de Ceiba Grande, Municipio de Jutiapa, y la comunidad de Feo en el municipio de Bonito Oriental; reveló que tanto en la sangre de niños como en los ambientes de las viviendas se contenían residuos de DDT (1,1,1-Tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)-etano). Las concentraciones más altas eran en Ceiba Grande: 7 nano gramos/gramo en sangre infantil y 640.5 microgramos /Kg en el interior de las habitaciones.

Las investigaciones indicaron que a través del trabajo a nivel local, participativo y comunitario, y mediante la utilización de plantas repelentes como el Nim y el mejoramiento social, era innecesaria la utilización del DDT en la prevención de la malaria. El citado estudio evidenció así mismo que el cultivo de la palma aceitera por el contrario favorecía al crecimiento de mosquitos y por lo tanto el desarrollo de la malaria y el dengue.

Pese a la existencia de estos estudios el DDT fue usado por recomendaciones de los organismos de salud en décadas pasadas, y también en épocas recientes por parte de la agroindustria de la palma aceitera. Igualmente los cultivos de agro combustibles a partir de la palma aceitera siguen siendo apoyados por EUA, Europa y el Banco Mundial. En la actualidad los planes para Honduras incluyen el sembrar 200 mil hectáreas de palma aceitera en la Costa Atlántica.

Por lo cual se hace necesario1 reflexionar sobre el Ecologismo Popular, Ecologismo de los Pobres y movilizarnos por la justicia ambiental. A continuación veremos cómo la malaria y la explotación minera en el Valle de Siria, Honduras, ejemplifican las ideas señaladas anteriormente. 

La expropiación de territorios por parte de las transnacionales y la minería

La apropiación de los territorios mediante la invasión tecnológica; mediante monocultivos, camaroneras, industria maderera, minería y las invasiones de los «marines» han sido la historia de Honduras, país que incluso hoy continúa siendo ocupado militarmente por  los Estados Unidos de América como una base de la estrategia geopolítica con respecto a América Latina.

Los ejércitos y cuerpos policiales y los equipos de seguridad privada históricamente se han comportado como guardianes de los intereses multinacionales desalojando las poblaciones campesinas y garífunas; destruyendo y quemando viviendas y centenares de cultivos de maíz y frijoles y el resultado es la tortura y el asesinato de dirigentes populares, ambientalistas y defensores de los derechos humanos.

Un mes después de ocurrido el huracán Mitch a finales del año 1998, las empresas mineras multinacionales influyeron en los diputados del Congreso Nacional para reformar la ley minera y concesionar el 30% del territorio hondureño, creando privilegios para pagar exiguas cantidades de impuestos y lograr la aprobación de la explotación minera a cielo abierto a base cianuro, que es un procedimiento de bajo costo y de alta contaminación.

Es ilógico e inmoral construir lagunas de cianuro en países con tormentas tropicales, huracanes y fenómenos sísmicos; y eso sólo cabe cuando el fin es la acumulación del capital. La fiebre minera después del Mitch se extendió a El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Nuestros estudios, en proceso de publicación, en la zona del Valle de Siria de Honduras son indicativos de qué enfermedades sufren las comunidades cercanas a la mina; y que las aguas escasas e insalubres para consumo humano y animal son consecuencias de las grandes cantidades de agua de exacción y la contaminación de metales pesados y semimetales que se producen durante las operaciones mineras. Los frecuentes derrames de cianuro y metales a las aguas del subsuelo y a los suelos también afecta la salud de la flora, la fauna y la biodiversidad.

Más de 50 millones de toneladas de mineral han sido excavadas. Las poblaciones han sufrido de problemas dermatológicos, oculares, nerviosos y respiratorios (ver gráficos 1 y 2). Como puede observarse en estos cuadros los trastornos se han incrementado progresivamente durante y desde los años 2001 al 2006. Los empresarios y las autoridades han ignorado las demandas de las comunidades. El drenaje ácido no ha sido controlado y se estima que la contaminación continuará de manera indefinida por decenas de años aun cuando la mina cese en sus actividades.

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Conclusiones. El mensaje de la evidencia

El aprendizaje de la sabiduría de las culturas ancestrales y de la lucha de los movimiento sociales y populares, articulados al mundo académico, científico y artístico desde una postura ética y mediante la toma de conciencia sobre la historia de lo local, nacional y regional nos obliga a tomar posición y comprometernos por la vida individual; la vida colectiva y la vida planetaria. Si asumimos con modestia, pero de manera férrea, nuestra posición ante el aprendizaje de la lucha de los pobres y por los pobres nos daremos cuenta de que es ésta lo que constituye la esencia de la ecología política.

Bibliografía

ESCOBAR, A., Territories of Difference, Duke University Press. London, 2008

LEFF, E., Ambiente y Articulación de las Ciencias. Los Problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo. Siglo Veintiuno editores México, 2000 p 30

MILTON SANTOS, La naturaleza del espacio, Ariel Geografía 2000.

MATURANA, H., La realidad ¿objetiva o construida?, Editorial Anthropos, España, 1997.

MALPARTIDA A., y LAVANDEROS L., «The Society-Nature: the Ecotomo» , Inerscientia, vol, 3, n.1 (1998).

REID, W., Millennieum Ecosystem Assesment, Ecosystems and Human Well-being, Island Press, Washington, 2009.

ABBAS, A., LICHTMAN, A., Cellular and molecular immunology, Saunders. China, 2003.

ALMENDARES, J., EPSTEIN, P., Climate change and health vulneralbilities,State of the World, W.W.. Norton Company, New York, 2009.

HERRERA, J., El vuelo de anteo, Editorial Desclée de Brouwer, 2000

CUELLAR M., MORALES, F., «La mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) como plaga y vectora de virus en frijol común (Phaseolus vulgaris L.)». Revista Colombiana de Entomología, Enero, 1, 2006.

ALMENDARES, J., Science, Human Rights, and the Precautionary Principle in Honduras. Precaution, Environmental Science and Preventive Police, Edited by Tickner, J.,Island Press, Washington, 2002.

SINCLAIR, M., Comunicación y entrevista sobre el Programa Regional de Acción y Demostración de Alternativas Sostenibles para el Control de Vectores de la Malaria sin Uso de DDT en México y América Central» de la OPS 2008.

*publicado en la revista Ecología Política #37. Descargar revista completa

Demandamos al Estado mexicano adherirse al Protocolo Facultativo del PIDESC

En el 20° aniversario de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos demandamos al Estado mexicano mostrar compromiso y congruencia y adherirse sin más demora al Protocolo Facultativo del PIDESC

(Junio 2013)

descA 20 años de haberse llevado a cabo la Segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena, Austria en junio de 1993, organizaciones civiles y sociales, redes, movimientos y defensoras y defensores de derechos humanos exigimos al Estado mexicano mostrar congruencia con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos subrayados entonces y reconocidos actualmente en el artículo 1° de nuestra Constitución Política, adhiriéndose sin más demora al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

En la conmemoración de Viena + 20 el movimiento global de derechos humanos hace balance sobre el cumplimiento de la Declaración y el Plan de Acción de Viena, concluyendo que los derechos humanos están en crisis. No sólo hay nuevos y múltiples desafíos que enfrentar tanto en países desarrollados como en desarrollo, también hay severos retrocesos en la realización de los derechos humanos de cientos de miles personas en diversos campos: ambiental, laboral, educativo, de salud, seguridad social, de vivienda, agua, tierra y territorio, alimentación, entre otros vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). La situación actual muestra que los Estados no han tomado seriamente los compromisos asumidos en Viena, ni las obligaciones jurídicamente vinculantes derivadas de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos que han suscrito.

El consenso gubernamental y social de Viena fue significativo porque enfatizó la primacía de los derechos humanos sobre cualquier otra responsabilidad de los Estados; puso de relieve la indivisibilidad, universalidad e interdependencia de todos los derechos; reconoció la pobreza extrema como una violación a la dignidad humana; promovió el reconocimiento del derecho al desarrollo; impulsó la creación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y, entre otras cuestiones, recomendó acciones para garantizar el reconocimiento y la vigilancia de los DESC a nivel nacional, regional e internacional, alentando a seguir examinando protocolos facultativos del PIDESC.

En diciembre de 2008, quince años después de Viena, y 42 años más tarde de que se adoptara un mecanismo internacional de quejas sobre violaciones a derechos civiles y políticos, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo del PIDESC para que las personas o grupos de personas dentro de la jurisdicción de un Estado Parte puedan presentar al Comité de DESC de la ONU denuncias por violaciones a cualquiera de los derechos contenidos en el Pacto, y acceder por este medio a la justicia que no encuentran en sus propios países. Como han explicado recientemente Relatores Especiales y Expertos Independientes de las Naciones Unidas, la jurisprudencia que generará este mecanismo sentará precedentes para proveer una reparación adecuada a situaciones específicas, al tiempo que establecerá un significado concreto de las normas del PIDESC para facilitar su comprensión por parte de los servidores públicos y su cumplimiento por parte de las cortes nacionales, y contribuirá también a la prevención de violaciones de derechos humanos.

El Protocolo Facultativo del PIDESC está en vigor desde el pasado 5 de mayo y constituye el cierre de una brecha histórica en el plano teórico y jurídico, y la apertura de una oportunidad sin precedentes para que los Estados demuestren su verdadero compromiso con la integralidad de los derechos humanos. Así lo señalamos organizaciones y redes de la sociedad civil desde que el instrumento se abrió a firmas y ratificaciones en 2009 y el gobierno mexicano respondió que se encontraba realizando una serie de consultas dentro de la administración pública federal para tomar la decisión de convertirse en Estado Parte del mismo. Por nuestro lado, conformamos una alianza de más de un centenar de actores de la sociedad civil, organismos públicos autónomos, académicas(os), comunicadoras(es), promotoras(es) y defensoras(es) de derechos humanos e impulsamos la Campaña mexicana por la firma y ratificación del PF PIDESC.[1] Sumando esfuerzos recabamos y entregamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 2011 y 2012, más de 19 mil firmas ciudadanas con un claro exhorto al Ejecutivo federal a que firmara el instrumento y lo enviara al Senado de la república para su ratificación.  No obstante, contrario a lo que se había anunciado desde la cancillería, el sexenio de Felipe Calderón concluyó sin que se diera este importante paso.

En mayo pasado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó a los Estados en el seno del Consejo de Derechos Humanos que “la salud, la educación, la vivienda y una administración de justicia imparcial no son productos a la venta de unos pocos, sino derechos de todas las personas sin discriminación” y señaló que “el contexto económico actual es un momento oportuno para que los Estados ratifiquen el Protocolo Facultativo”, subrayando que las políticas económicas deben siempre ser diseñadas para avanzar en la materialización de los DESC y promover una mayor igualdad, sustentabilidad y protección. Desde la Campaña mexicana hacemos eco a las palabras de la Alta Comisionada y sumamos nuestras voces a las de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas que igualmente han urgido a los gobiernos del mundo a ratificar este instrumento y unirse así al “club por la justicia social.”

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno federal actual a no desechar los resultados favorables a la firma del Protocolo Facultativo del PIDESC que se derivaron de más de tres años de consultas conducidas por la Cancillería con otras Secretarías de Estado y dependencias del gabinete económico y social; y reiteramos la exigencia de congruencia y compromiso con los derechos humanos para hacer accesible en nuestro país, en el menor plazo posible, este mecanismo internacional de justiciabilidad.

http://ratificapfpidescmex.org/  Contacto: Areli Sandoval Terán, Coordinación de la Campaña: ratificapfpidescmex@gmail.com

Conferencia de Maude Barlow: Implementando el derecho humano al agua: la tarea comienza

Conferencia Magistral de Maude Barlow: Implementando el derecho humano al agua: la tarea comienza

barlow

Fecha y Hora: Jueves 8 de noviembre de 2012 de las 17:30 horas

Lugar: Salón Digna Ochoa de la CDHDF ubicada en Av. Universidad 1449, col. Florida, pueblo de Axotla, del. Álvaro Obregón

Convoca: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Food & Water Watch, Blue Planet Project, Council of Canadians y Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA).

Contacto: Claudia Campero . Correo: claucampero@yahoo.com . Twitter: @claucampero

INFORMACIÓN:

Vida, libertad, agua, por Maude Barlow

-Entrevista con MAUDE BARLOW, CONSEJERA DE LA ONU E INTEGRANTE DEL CONSEJO CANADIENSE: “Esta cumbre es una feria comercial”

-(.pdf) NUESTRO DERECHO AL AGUA: Guía para las personas para implementar el reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento de las Naciones Unidas

Foro Internacional el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en las Constituciones: Avances y Retos en América Latina

Foro Internacional el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en las Constituciones: Avances y Retos en América Latina

Fecha y Hora: 17 de octubre de 2012 de las 9:00 a las 18:00 horas
Lugar: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

foroEl reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento en los instrumentos internacionales y en algunas legislaciones de América Latina es, sin duda, un logro del movimiento internacional en defensa del agua en el que confluimos diversas organizaciones civiles, sociales, redes y activistas de diferentes países.

En México, fue apenas el 8 de febrero de 2012 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona el artículo 4o. Constitucional estableciendo el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En el Decreto se mandató al Congreso de la Unión a emitir una Ley General de Aguas en un plazo de 360 días. La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) fuerte impulsora de la reforma constitucional y la consecuente armonización legislativa, ha planteado que la nueva ley debe formularse con la participación amplia y decisiva de la población, recoger sus aspiraciones y propuestas y por supuesto elaborarse a la luz del derecho humano al agua y al saneamiento incorporado en la Constitución para darle cumplimiento

La COMDA y la Red VIDA, organización creada en agosto de 2003 y formada por asociaciones de consumidores, organizaciones de mujeres, medio ambientalistas, sindicatos de trabajadores, activistas por los derechos humanos, religiosos, indígenas y organizaciones sociales conforman la red de 17 países del continente americano (Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá) convocan a la realización de este foro como objetivos:

-Contribuir al intercambio de experiencias, promover el debate y recoger propuestas sobre los avances y retos para hacer realidad el derecho humano al agua.
-Enriquecer el debate en México para la formulación de la Ley General de Agua en el marco del reconocimiento constitucional del derecho humano al agua para fortalecer la participación y propuestas ciudadanas.
-Fortalecer los movimientos sociales por el agua, avanzar en la articulación de las organizaciones mexicanas entre sí y con sus pares en América Latina.
El foro se realizará en el marco del “Octubre Azul”, como se denomina a las acciones concertadas por el movimiento internacional en defensa del agua que durante el mes de octubre de cada año en muchos países del mundo.

El Foro Internacional se realizará el 17 de octubre del 2012 de las 9 a las 18 horas en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ubicada en Av. Universidad 1449, Col. Florida, Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón.

http://www.comda.org.mx/

DESCARGAR: INVITACIÓN, CONVOCATORIA, PROGRAMA

Agua potable: un recurso escaso y nada equitativo

Agua potable: un recurso escaso y nada equitativo

actualidad.rt.com
aguaCasi 900 millones de personas en el mundo carecen de agua potable y casi el 39% de la población mundial, es decir, más de 2.600 millones de personas, no acceden a servicios de saneamiento básico, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al menos 5 millones de seres humanos mueren cada año por enfermedades vinculadas a la falta de agua y saneamiento, lo que equivale a diez veces más que el número de muertos a causa de guerras en el mundo.

Menos del 1% del agua del planeta es dulce y accesible para los humanos y su cantidad es limitada. Debido a que el número de habitantes está creciendo rápidamente, la utilización del agua crece aún en mayor medida.

América Latina, África, Asia y Oriente Medio sobresalen como las regiones que tienen un mayor número de ciudades que están en riesgo. Pero el problema no es exclusivo de las regiones pobres, en Europa habitan 120 millones de personas que tampoco tienen acceso al agua potable, según las fuentes de la ONU.

Problemas de agua en América Latina

América Latina podría pasar de tener 22,3 millones de personas con falta de agua en las ciudades en 2000 a 71,4 millones en 2050 como consecuencia del incremento de la población y el cambio climático, aseguran los expertos de la OMS.

El doctor en Ecología Robert McDonald señala que sólo en la región latinoamericana 441.000 personas tenían «estrés hídrico permanente» en 2000, una cifra que llegaría a los 1,8 millones de personas en 2050.

La falta de agua potable y saneamiento es un problema muy agudo, sobre todo en países como Guatemala, Haití, Nicaragua y Bolivia, donde una concentración significativa de hogares está en los barrios marginales.

La contaminación de ríos y mares afecta sobre todo a las ciudades costeras, donde reside más del 60% de la población de América Latina. En Bolivia, por ejemplo, la actividad minera se ha convertido en la mayor amenaza para las fuentes hídricas.

Hace poco el presidente de Bolivia, Evo Morales, lanzó el programa ‘Más inversión para el agua, Mi Agua’ con un crédito de 100 millones de dólares destinado a proyectos de riego, producción y consumo humano.

México, país rico en recursos naturales, enfrenta actualmente graves problemas de disponibilidad, desperdicio y contaminación del agua debido a que depende mucho de los acuíferos que se recargan de forma natural en una corta temporada de lluvias.

El Gobierno de Cuba señaló que casi la mitad de los 2,2 millones de habitantes de la Habana están sufriendo el impacto de la peor crisis de agua potable que enfrenta la capital en 50 años, debido a una fuerte sequía y el deterioro de los acueductos. En la actualidad, alrededor de 106.000 personas en la Habana reciben agua sólo mediante el uso de camiones cisterna.

La Asamblea de la ONU instauró el Día Mundial del Agua en 1992 con el propósito de sensibilizar a la comunidad internacional, y a iniciativa de Bolivia declaró en 2009 que el acceso al agua es un «derecho humano».

Pagaremos las consecuencias

Ante una situación de escasez de agua la amenaza se cierne sobre tres aspectos fundamentales de la existencia humana: la producción de alimentos, la salud y la estabilidad política y social.

Si la población sigue aumentando (se estima que se pasará de 6.800 millones a 9.000 millones en todo el mundo para 2050), se necesitará mucha más agua para alimentarla.

Un estudio encabezado por el experto en Ecología Rob McDonald proyecta que el número de personas en ciudades con escasez perenne de agua aumentará a casi 1.000 millones para 2050, particularmente en Asia y África debido a los movimientos demográficos.

La escasez de agua significa que en la mayoría de los países habrá que pagar precios más altos para comprarla, caminar distancias mayores para conseguirla, y además generará el problema de la disponibilidad de alimentos y el surgimiento de enfermedades por el consumo de aguas contaminadas.

¿Cuánta agua necesitamos realmente?

El consumo de agua en el planeta no es en absoluto equitativo. Un habitante estadounidense consume entre 250 y 300 litros promedio de agua diariamente, mientras que en Somalia sobreviven con menos de 9 litros por persona.

Es importante saber cuánta agua realmente necesitamos si queremos aprender a compartir los recursos de nuestro planeta. Según la OMS, la cantidad de agua existente en el mundo es suficiente para cubrir las necesidades básicas de todos. Los cálculos de los especialistas muestran que a cada persona le hace falta un mínimo de 50 litros diarios para beber, bañarse, cocinar y otras necesidades imprescindibles. Conceder acceso universal a ese mínimo de 50 litros para 2015 implicaría menos del 1% de la cantidad de agua que se usa hoy en el mundo.

A pesar de que parezca un objetivo lejano de alcanzar, para millones de personas en todo el mundo, encontrar el equilibrio hidrológico es una cuestión de vida o muerte.

Vía: ecoportal.net

Demandan hacer realidad el derecho humano al agua y el saneamiento

México, D.F. a 13 de febrero de 2012

    BOLETIN DE PRENSA

        DEMANDAN HACER REALIDAD EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y EL SANEAMIENTO.

derecho al agua
    · No basta que el derecho humano al agua esté en la Constitución, debe reflejarse en las leyes,  las políticas públicas y sobre todo en los hogares de las mexicanas y mexicanos.

    · Demandan iniciar ya un proceso participativo para reformar la Ley de Aguas Nacionales y las leyes estatales.

    La  Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua celebra la entrada en vigor de la reforma constitucional sobre derecho humano al agua y el saneamiento, exigiendo que este logro de la sociedad no quede en letra muerta.

    Para que la reforma constitucional tenga sentido, es necesario que el derecho humano al agua se convierta en el eje rector y transversal de las leyes secundarias. Implica también un viraje importante en la orientación de las políticas públicas, que coloque en el centro de sus programas, proyectos y sobre todo de sus presupuestos, la prioridad de hacer llegar el agua y el saneamiento en cantidad suficiente, de calidad adecuada, accesible y asequible a todas las personas y comunidades que aún carecen de ella, en especial a las mujeres y hombres de las comunidades pobres de zonas rurales y urbanas.

    La COMDA llama a iniciar ya un proceso amplio y participativo para llevar a cabo las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y las Leyes Estatales en la materia, de tal suerte que las consultas no se limiten a foros cosméticos. Para que la participación sea efectiva, debe abrirse inmediatamente un proceso amplio e inclusivo a todo lo ancho y largo del territorio.

    Convoca a todas las organizaciones sociales y civiles a demandar este proceso y a iniciar la redacción de propuestas e iniciativas que deben incorporarse a las leyes.
comda
    Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
    Conformada por:
    Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C.; Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP); Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL); Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS); Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.”; Centro Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.; Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara, A.C.”; Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, Copevi A.C.; Colectivo Radar; Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.); Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota; Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios, Equipo Pueblo; Enlace Rural Regional, A.C. (ERRAC); Espacio DESC; Food First Information and Action Network- México; Guardianes de los Volcanes, A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC); Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Otros Mundos, A.C.; Red de Género y Medio Ambiente; Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC); Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ); y como Aliado internacional: Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)
    
    Para mayor información:
    Brenda Rodríguez  brendtzu27@gmail.com
    Claudia Campero  claucampero@yahoo.com

Invitación a la Jornada por el Derecho al Agua

Invitación a la Jornada por el Derecho al Agua

En el marco del Día Internacional de los Humedales (2 de febrero), el día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el día Internacional contra las Represas (14 de Marzo) y el Día Mundial del Agua (22 de Marzo); El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), Bios Iguana A.C., Yolotlali y el Museo Fernando del Paso de la Universidad de Colima, llevaremos a cabo la Exposición Fotográfica Internacional ”Agua, Ríos y Pueblos” y la ”Jornada por el Derecho al Agua” del 17 de Febrero al 17 de Marzo del presente, en donde tendremos conferencias, páneles, talleres, presentación de libros, mesas redondas, proyección de documentales y teatro; todo con la temática del Agua.

“Agua, Ríos y Pueblos” es una Exposición fotográfica Internacional Itinerante, que pretende dar un perfil humano de las luchas por el agua alrededor del mundo. Esta Exposición, cuyo director es el español Pedro Arrojo Agudo, de la Fundación Nueva Cultura del Agua; inició en el año 2000, después de que, en Londres, la Comisión Mundial de Presas entregara su informe en el que reconocía que se han desplazado por la fuerza, de 40 a 80 millones de personas por la construcción de represas en todo el mundo.

El objetivo de la Exposición y la Jornada es visibilizar la crisis del agua en la que nos encontramos por la contaminación, la deforestación de bosques y ecosistemas de manglar, la construcción de represas, la explotación minera, la producción industrial de agricultura insostenible, los monocultivos, el uso intensivo de agroquímicos, la privatización del agua, y los impactos por proyectos turísticos portuarios e industriales en la zona costera. En suma, todo ello contribuye a la agudización de la crisis climática en cuyo epicentro está el agua. Inundaciones, sequías, enfermedades, entre otras consecuencias sociales y ambientales tienen como eje fundamental el agua.

La Exposición que consta de 76 fotografías, se ha presentado en Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Mélaga y Aínsa en España; en dos ocasiones en París, Francia; en Oslo en Noruega; en San Miguel Ixtlahuacán, Ciudad de Guatemala y Antigua en Guatemala, y en México en Distrito Federal, Jalisco y Veracruz.

En la Exposición se incluyen 12 casos de México: Estado de México, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Coahuila, D.F., San Luis Potosí y Colima (Caso Laguna de Cuyutlán 6 fotografías).

“Jornada por el Derecho al Agua”, los participantes en esta Jornada serán: Amigos de la Tierra Internacional; Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAO), San Luis Potosí; Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Bios Iguana A.C.,Colima; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., Jalisco (IMDEC); Académicos de la UNAM, Michoacán y Coahuila; Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Centro Universitario de Gestión Ambiental, U de Col; Yolotlali, Colima; Comité Salvemos Temaca, Jalisco; Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); Red Nacional de Género y Economía (REDGE); Marcha Mundial de las Mujeres (MMM); Otros Mundos Chiapas; Grupo Ecológico Manglar, Nayarit; Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), D.F; Centro Mexicano de Justicia Ambiental (CMJA), Guanajuato

PROGRAMA (click para ampliar):

Campaña mexicana por la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Comunicado de prensa

23 de septiembre de 2011

 

Organizaciones civiles, sociales y redes, promotoras y defensoras de los derechos humanos, inician

 

 

“la Campaña mexicana por la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”

-Reiteran el llamado al gobierno federal, a través de la canciller Espinosa Cantellano, para que adopte sin mayor demora este instrumento internacional
-Demandan congruencia con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, para que México avance en la garantía del acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales. 

ratificapfpidescmex.orgEl Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Eco­nómicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008, establece un mecanismo para que las personas, grupos o comunidades puedan presentar casos de violación a sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC) ante el Comité de DESC de la Organización de las Naciones Unidas, toda vez que el Estado incumpla con sus obligaciones de respeto, protección y realización respecto al derecho a la salud, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, a la educa­ción, a la libre determinación, al agua y otros derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El PF-PIDESC quedó abierto a firmas, ratificaciones y adhesiones desde el 24 de septiembre de 2009, año en que el gobierno mexicano copatrocinó la resolución A/HRC/10/L.14 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU invitando a todos los Estados Partes del Pacto Internacional de DESC a considerar la firma, ratificación o adhesión a dicho instrumento. Sin embargo, a dos años de la apertura a firmas, México no se encuentra entre los 37 Estados que han firmado el PF-PIDESC -entre ellos ya hay 9 latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay. Para que el Protocolo Facultativo entre en vigor, se requieren 10 ratificaciones, y a la fecha, solamente cuatro Estados de los 37 firmantes, lo han ratificado (España, Ecuador, El Salvador y Mongolia). 
 
En este contexto, diversas organizaciones civiles, sociales y redes promotoras y defensoras de los derechos humanos inician hoy la “Campaña mexicana por la ratificación del PF-PIDESC” y demandan al gobierno mexicano que avance en la garantía del acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, y muestre congruencia con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.
 
En una carta dirigida el día de hoy a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Emb. Patricia Espinosa Cantellano, 67 organizaciones civiles, sociales y redes con presencia en diferentes entidades federativas y dos redes internacionales, reiteran encarecidamente los llamados anteriores al gobierno mexicano para que adopte sin mayor demora el Protocolo Facultativo del PIDESC. Solicitan informe de los resultados del análisis exhaustivo que la cancillería ha llevado a cabo en los últimos dos años con miras a la firma y ratificación de este instrumento, e insisten en la necesidad de que México lo adopte sin reservas, reconociendo también la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para iniciar procedimientos de investigación sobre situaciones de violaciones a los DESC y para conocer de quejas  interestatales. Las organizaciones firmantes señalan que está abierta una importante oportunidad para que el gobierno mexicano muestre su compromiso real con la integralidad de los derechos humanos en el marco de la Ceremonia de los Tratados, 2011: hacia la participación y aplicación universales que inició este 20 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, misma que se extenderá hasta el día 27 del presente.
 
La Campaña mexicana por la ratificación del PF PIDESC estará vigilante del proceso e impulsará diversas actividades en diferentes estados de la República, informando al público a través del blog:  http://ratificapfpidescmex.org/

 
Organizaciones civiles, sociales y redes nacionales: Alianza Cívica – Baja California; Alianza Internacional de Habitantes; Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP); Amnistía Internacional  sección México – Distrito Federal; Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, A. C. (AUAS) – Coahuila; Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, A. C. (AJAGI) –Jalisco; Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD); Campaña Nacional sin Maíz no hay País; Casa y Ciudad, A.C. – Distrito Federal; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México – Distrito Federal; Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P», A.C. – Distrito Federal; Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”, A.C. – Guanajuato; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan – Guerrero; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) – Distrito Federal; Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. – Distrito Federal; Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROSOC)- Distrito Federal; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) – Jalisco; Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo, A.C. – Distrito Federal; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. – Coahuila; Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) – Distrito Federal; Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos) – Distrito Federal; Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); Espacio DESC- Capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD); Colectivo COA – Jalisco; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste– Baja California; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.-Chihuahua; Comité Nacional de Estudios de la Energía, A.C. – Tabasco; Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas, A.C. (COMCAUSA); Consejo de Comunidades Unidas de Centla – Tabasco; DECA Equipo Pueblo, A.C. – Distrito Federal; Defensoría del Derecho a la Salud – Chiapas; Defensoría del Derecho a la Salud/Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos (CCESC/DDS) – Chiapas; Documenta, A.C. – Distrito Federal; El Caracol A.C. – Distrito Federal; Federación Mexicana de Mujeres Universitarias- Baja California; FIAN sección México – Distrito Federal; Frontera con Justicia, A.C. – Coahuila ; Fronteras Comunes México – Distrito Federal; Greenpeace México – Distrito Federal; Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE) – Distrito Federal; Grupo Mujeres: Dignidad y Resistencia – Baja California; Guardianes de los Volcanes,  A.C.- Estado de México; Humanidad sin Fronteras, A.C. – Coahuila; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. – Yucatán; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. – Distrito Federal; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) – Jalisco; Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (LIMEDDH) – Distrito Federal; Litiga Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C. (LITIGA OLE) – Distrito Federal; Mujer y Medio Ambiente, A.C. – Distrito Federal; Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud (OBSCIUDES) – Chiapas; Observatorio de Política Social y Derechos Humanos – Distrito Federal; Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC-AL); Pobladores, A.C. – Veracruz; Promoción y Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C. (PRODDESCAC) – Estado de México; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C. (PRODESC) – Distrito Federal; RADAR, Colectivo de Estudios Alternativos en Derecho – Distrito Federal; Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos – Baja California; Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC); Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”; Red Nacional Género y Economía; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Semillas de Vida, A.C.; Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Distrito Federal y Chiapas); Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (STINCA); Sociedad Organizada en Lucha (SOL) –  Distrito Federal; Unión Popular Valle Gómez, A.C. (UPVG)-  Distrito Federal. Se adhieren a la carta redes internacionales: Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD); Coalición Internacional de ONG para un Protocolo Facultativo del PIDESC (OP-Coalition).

Para mayor información: Areli Sandoval Terán, contacto de la coordinación de la campaña, ratificapfpidescmex@gmail.com, teléfonos: 55 39 00 15 y 55 39 00 55 (en D.F.)

Chiapas: Organizaciones denuncian al Estado ante relator de la ONU para el derecho a la alimentación

Abandona el Estado el desarrollo rural en favor del libre mercado, acusan organizaciones de Chiapas ante el relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación

Por Emanuel Gómez.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 15 de junio de 2011. En el marco de la visita oficial del relator especial de la ONU en Chiapas, México, las organizaciones presentes denunciaron que en Chiapas se operan políticas económicas favorables al libre mercado en materia de desarrollo rural, marcadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que ha contribuido dejar de ser el principal centro productor de maíz en el sureste y pasar a ser un estado de tránsito para las empresas productoras e importadoras de maíz, lo que representa una pérdida de soberanía alimentaria, afectando a cientos de miles de familias indígenas y campesinas.

El relator de la ONU, Oliver De Shutter, después de visitar Santiago El Pinar, municipio donde opera el programa Ciudades Rurales, conoció de viva voz las denuncias y propuestas de las organizaciones, entre ellas las de productores de maíz, que acusaron al Estado de facilitar la siembra experimental de maíz transgénico en 1,000 hectáreas en el norte de México y la apertura a que la empresa Monsanto, principal interesada en la comercialización de organismos genéticamente modificados en el mundo, establezca hasta 20,000 has. de siembra experimental de maíz, a través de un convenio recientemente firmado entre el gobierno del estado y la fundación Fundar, filial de la multinacional en Chiapas. También los cafetaleros denunciaron que la empresa AMSA, filial de Nestlé, está promoviendo, sin éxito entre los productores, la adopción de café robusta, así como está próxima a liberarse una variedad  de café transgénico.

“La desnutrición en las comunidades indígenas de Chiapas, es muy grave, no en vano en esta región tzeltal-tzotzil se ubican 14 de los municipios con el menor Índice de Desarrollo Humano de México”, recordó Juan Velasco, de la cooperativa Chol Xumulhá, quien señaló que la producción de maíz es básica para el autodesarrollo y la alimentación y sin embargo la tendencia en la población es la producción agrícola comercial, por ejemplo de café, que si bien es un ingreso importante para los campesinos, no resuelve problemas para autoconsumo.”

“En Los Altos de Chiapas, la tenencia de la tierra se ha pulverizado hasta llegar a media hectárea por familia, lo que resulta insuficiente y es factor de conflictos sociales. La pulverización de la tenencia de la tierra ha sustituído el sistema agrícola de los mayas, que se basaba en el sistema de Roza-Tumba y Quema, por un sistema dependiente de insumos agrícolas distribuídos por el gobierno, y esto representa una pérdida de $600 pesos. por ha, lo que anteriormente se resolvía con la incorporación de insumos orgánicos a la tierra”, señaló Velasco.

Se denunció que la  SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) tiene un programa de apoyo a la agricultura de maíz de autoconsumo en zonas marginadas, y sin embargo en 2011 este programa se operó en las zonas Soconusco y Frailesca, donde no viven los productores de autoconsumo, sino los de alta producción. Ante esta situación, la Unión de Milperos y la Red de Semillas Nativas  o Red Maíz Criollo, demandó que el fomento de las semillas nativas sean la base de todos los programas de gobierno.

Por su parte, Jesús Andrade, de UNORCA-Vía Campesina, señaló que el impulso de los programas de fomento a la producción de alimentos debería sustituir los programas de importación de alimentos o de distribución de insumos agrotóxicos; así como se pronunció por la prohibición de las semillas transgénicas.

El dr. Manuel Parra, académico de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), señaló que la población ha perdido su capacidad de producir sus propios alimentos. Mencionó que los ingresos familiares se componen de agricultura minifundista, remesas por inmigración y subsidios gubernamentales. “Hace 20 años, las familias disponían hasta de 20 has para producción agrícola, y actualmente sólo cuentan con 0.5 a 2 has, lo que es insuficiente para alimentar a las familias, los terrenos tienen poca disponibilidad de agua y se encuentran alejados de los centros de población, lo que aumenta la inseguridad alimentaria.

Por su parte, el Dr. Marcos Arana, del Instituto Nacional de Nutrición y del Centro de Capacitación para Campesinos (CCESC), comentó que la dispersión de la población en Chiapas, que afecta a 20,000 comunidades y 25,000 personas desplazadas por conflictos armados desde 1994 y aún antes, ha tenido poca atención estatal, al grado que no existe un informe oficial de las condiciones de salud y alimentación de la población. “En este contexto de dispersión poblacional, el estado es incapaz de brindar atención adecuada a la población, por lo que ha instrumentado el programa Ciudades Rurales, sin embargo, no hay una política gubernamental de acceso a la información de este programa, se ofrece a la población reubicarse en viviendas construídas con materiales inadecuados para las condiciones regionales.

Es necesario una evaluación de impacto de Ciudades Rurales, externa e independiente, que profundice las consecuencias en la población. Chiapas se ha convertido en un estado expulsor de población, se calcula que en los últimos años, entre el 8 y 10% de la población chiapaneca ha emigrado hacia Estados Unidos, Cancún y Ciudad Juárez, un síntoma del abandono en que se encuentra la población rural”, señaló el investigador, quien acusó que en las comunidades indígenas el programa Oportunidades distribuye hasta 6 millones de despensas alimentarias con altos índices de azúcares, lo que es un riesgo muy alto de incrementar la desnutrición y diabetes infantil. El 80% de los niños de Chiapas vive en viviendas donde se cocina con leña, por lo que están expuestos al humo de leña, por su parte, el gobierno promueve la construcción de estufas ahorradoras de leña, pero no se ha evaluado su impacto, aceptación por la población y resultados, dijo.

Las organizaciones coincidieron que la cultura alimentaria está en un proceso de erosión, señalaron que en las comunidades indígenas los refrescos tienen un precio más bajo que el agua y la leche, lo que ha disparado el consumo de refrescos entre las comunidades indígenas, particularmente las que tienen acceso limitado al agua de ríos. Las compañías refresqueras han sido tratadas con privilegios sin parámetros, por ejemplo, se afirmó que en San Cristóbal de Las Casas, la empresa Coca Cola tiene acceso a los acuíferos de mayor calidad.

Julio Arce, de la Unión Campesina del Sur, denunció que el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), aplicado por la Secretaría del Campo del gobierno del estado con metodología de la FAO, favorece a las empresas de insumos agrícolas, que se asocian con las comunidades para que se les elija como  proveedoras exclusivas de las familias beneficiadas por el programa, pues las comunidades son incapacez de aportar el 30 ó 50% de los recursos financieros que exige el gobierno para acceder a los proyectos productivos. Esto se debe, dijo, a la situación de desempleo y muy bajos ingresos obtenidos por la agricultura.

Entre las propuestas que las organizaciones de la sociedad civil de Chiapas hicieron al relator, se insistió en la importancia de prohibir la siembra de maíz trasnsgénico y, en su lugar, fomentar la agricultura indígena, familiar y de pequeños campesinos, con base en los conocimientos tradicionales de manejo de los agroecosistemas y la incorporación de insumos natuales u orgánicos. El relator coincidió en que la agroecología es la base de una nueva agricultura de bajo impacto ambiental y económico, mas se preguntó cómo hacer de las experiencias exitosas una política de estado.

Se propuso al relator sugerir al Congreso de la Unión que la asignación del presupuesto para el desarrollo rural fuera bianual, de tal manera que la entrega de recursos a los campesinos estuviera marcada por el calendario agrícola, pues en la actualidad el calendario fiscal obliga a las instituciones en la materia a gastar los recusos asignados en menos de 6 meses, por lo que los recursos no se pueden aplicar durante las actividades agrícolas y se malgastan. Otra propuesta para el Congreso de la Unión fue que se reconociera la agricultura indígena y familiar mediante un decreto o ley de fomento a la cultura agrícola.

En su momento, el relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, Oliver De Shutter, agradeció a la sociedad civil su participación y señaló que en sus próximas reuniones con las autoridades estatales y federales les haría llegar sus propuestas. Así mismo, comentó que observa una dificultad en la situación actual que, por un lado, hay un modelo de desarrollo diseñado para Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los estados más pobres de México, pero por otro lado está la modernización en curso, que al considerla como la única posible se omite un tercer camino, el del reconocimiento de la participación social de las autoridades.

“Es importante hacer las denuncias, pero la construcción de alternativas es más importante. Para que estas alternativas sean políticamente posibles y duraderas, es necesario un diálogo con las autoridades. Por ejemplo, el último cambio que hizo el Senado mexicano al artículo 4 de la Constitución, podría ser la base de un Plan de estrategia nacional que dirija sus esfuerzos hacia hacer efectivo el derecho a la alimentación”, señaló el relator.

“¿Cómo podemos hacer para implementar estas medidas estratégicas para asegurar el derecho a la alimentación?”, se cuestionó De Shutter, sugiriendo que se requiere la institucionalización de las experiencias de las organizaciones sociales, lo que es posible mediante el diálogo abierto. Lo que impacta es lo que funciona a nivel local, como la agroforestería, la agroecología, el almacenamiento del agua de lluvia, las reservas comunitarias o familiares de semillas, sin embargo, está claro que las políticas públicas no están ahí.

El relator hizo preguntas a los participantes, entre ellas respecto al Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), pues mencionó que en sus recientes entrevistas con funcionarios de agricultura consideran que este programa tiene excelentes resultados. Sin embargo, parece que este programa no puede resolver el problema de acceso al crédito.

También se cuestionó acerca de la efectividad de programas con base en subsidios como Oportunidades o Procampo, pues estos programas no llegan a las comunidades más alejadas: “Está claro que estos programas y otros deben diseñarse con base en los derechos humanos, y esto no es únicamente un argumento: los programas no pueden basarse en la caridad, sino en el derecho de las personas”, concluyó el funcionario de la ONU.

Oliver De Shutter observó que está claro que el programa Ciudades Rurales atiende las consecuencias de la dispersión poblacional, no las causas, como la pulverización de la tenencia de la tierra y el desempleo, como señalaron las organizaciones. Sin embargo, se preguntó lo que significaba brindar servicios de educación o salud a las poblaciones, pues mencionó que las autoridades le argumentaron que antes del programa los niños tenían que caminar de 2 a 3 horas para
llegar a la escuela, y esto, dijo, es un avance.

Respecto a los cultivos transgénicos, mencionó que PNUD ha diseñado una metodología denominada PACK, de próxima publicación, para que los gobiernos del mundo analicen las capacidades de los agricultores, en particular los que no tienen acceso a los créditos y su vulnerabilidad ante la distribución de transgénicos.

Por último, el relator retomó los datos difundidos por Marcos Arana en esta reunión: más del 80% de los niños de Chiapas tienen problemas nutricionales como sobrepeso o desnutrición, y señaló que esto se debe en gran medida a los alimentos disponibles para la población infantil, ricos en grasas, azúcares y proteínas. Señaló que el programa Oportunidades tiene un componente nutricional muy importante, y sería importante conocer la compatibilidad nutricional de las despensas distribuídas por el gobierno y las necesidades de la población infantil.

Propuestas para la solución de los problemas de agua en San Cristóbal de las Casas

RECOLECCIÓN DE FIRMAS: SI ESTÁS DE ACUERDO EN QUE LAS AUTORIDADES TOMEN EN CUENTA LAS PROPUESTAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE AGUA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, MANDA TU ADHESIÓN A:

cepazdhac@hotmail.com , gustavocastro@otrosmundoschiapas.org ,  alianzacivica@alianchis.org.mx
agua contracorriente
El día 23 de agosto del presente año, Alianza Cívica Chiapas; el  Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos; Otros Mundos, A. C. y jóvenes hombres y mujeres de la UNICH y de la licenciatura en Gestión y Autodesarrollo Indígena de la UNACH, presentamos en conferencia de prensa, las propuestas surgidas de la presentación del video Agua a Contracorriente… Conociendo la Cuenca de San Cristóbal y de espacios de dialogo y reflexión en donde participaron jóvenes de escuelas preparatorias y adultos de barrios y colonias.

Como parte de la actividad, estas demandas y propuestas serán presentadas a las autoridades correspondientes, por lo que iniciamos una semana de actividades y de recolección de firmas, bajo el siguiente

PROGRAMA:

Sábado 28 y domingo 29 de agosto:

16:00 a 21:00 horas – Instalación de mesa de información en los bajos de Palacio Municipal (cerca de oficina de turismo), con la presentación de video y recolección de firmas de adhesión a la Agenda Ambiental.

Martes 31 de agosto:

12:00 horas – Reunión Pública Ciudadana en donde se hará entrega del documento Agenda Ambiental, con la firmas recopiladas a las Instancias de Gobierno. Café Museo Café, Av. Ma. Adelina Flores No. 10.

17:00 horas – Dialogo abierto con el Tema “Rescate de la Cuenca de San Cristóbal”. Reflexiones en torno a las demandas y propuestas de solución plasmadas en la Agenda Ambiental.  Café Museo Café, Av. Ma. Adelina Flores No. 10.

Invitamos a la población en general a sumarse a estas actividades y a suscribir la Agenda Ambiental bajo las siguientes MODALIDADES:

a) Suscribir el documento, de manera personal o como organización civil. Enviar su adhesión a los siguientes correos:

cepazdhac@hotmail.com, o gustavocastro@otrosmundoschiapas.org o    alianzacivica@alianchis.org.mx

b) Apoyar en la recolección de firmas, en los formatos que se anexan al final del documento. Las firmas recopiladas las pueden pasar a dejar en las oficinas de Otros Mundos A. C., en Francisco I. Madero No. 49, Barrio de Guadalupe; en las de Alianza Cívica Chiapas en Av. Diego Duguelay No. 46-C, en el Barrio del Cerrillo o en las mesas de información que serán instaladas los días 28 y 29 de agosto, de acuerdo al presente programa.

VER COMPLETO: Documento con demandas y propuestas para su difusión y/o firma de adhesión (PDF)

Por el Reconocimiento del Agua y de la Luz como Derechos Humanos

Una de cada cinco personas en el mundo (20%) no tiene agua potable segura, siendo las mujeres la población más afectada. Además, el 85% del agua en el mundo la consume el 12% de su población. Por otro lado, más de 2 mil millones y medio de personas (40%) no tienen energía eléctrica y el 10% de la población mundial consume el 80% de la energía producida.

En el contexto de esta tendencia, las políticas del gobierno mexicano se encaminan en la dirección de favorecer a las grandes trasnacionales del agua y de la luz (Suez, Vivendi, Bechtel, Siemens, Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, entre otras), e incorporar la vida a la lógica del mercado, así como todos los elementos esenciales de la existencia humana y de todo ser vivo en nuestro planeta. Actualmente en varios países del mundo existen las tarjetas prepago de agua y energía eléctrica e incluso la posibilidad que se les otorga a las trasnacionales de cortar el suministro de agua en caso de que la población no la pague, como son en los países de Nigeria, Tanganika, Ghana y Australia.

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