Alerta por criminalización del movimiento indígena en América Latina

Por Marielle Cauthin. ecoportal.net

Para la CIDH es sintomático que atropellos contra los derechos humanos, hostigamiento, agresión y ataques van en aumento a medida que se incrementan los conflictos con “sectores de gran poder económico, como lo son las empresas que lideran proyectos de las industrias extractivas”; de hecho, la CIDH ha ubicado los conflictos sobre megaproyectos en la misma categoría de países con quiebres democráticos, conflicto armado interno o enfrentamiento con grupos del crimen organizado.

Golpistas, terroristas, opositores y saboteadores, entre otros han sido los calificativos que gobiernos de la región han usado estos últimos años para referirse a las acciones del movimiento indígena en Sudamérica; consecuente con esto, líderes indígenas, activistas y organizaciones de apoyo en su defensa han denunciado ser víctimas de persecución política y judicial, a tal extremo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho una mención especial a la situación de riesgo de líderes y lideresas indígenas e hizo pública su preocupación sobre las sistemáticas agresiones, amenazas y actos de hostigamiento que padecen[1].

Las cifras demuestran la magnitud de estas aseveraciones: organizaciones indígenas de Ecuador denuncian el procesamiento de 194 indígenas por sabotaje y terrorismo; mientras en Bolivia 24 altos dirigentes y dirigentas indígenas y no indígenas -que participaron de una marcha en 2011- son investigados por delitos de secuestro e intento de homicidio. A esto se suman situaciones crónicas como la peruana: los últimos diez años se han abierto procesos penales contra decenas de dirigentes y campesinos peruanos por delitos de secuestro, lesiones y daños a la propiedad provocados durante manifestaciones contra empresas privadas; por la misma causa en Chile más de cien mapuches han sido acusados al amparo de la Ley Antiterrorista y se han abierto causas contra el pueblo rapa nui.

En ese contexto no suena ajena la posición pública de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)[2] -que aglutina a Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú- que ha exigido públicamente el 15 de marzo pasado el cese de la criminalización y persecución de indígenas, la anulación de procesos y la dotación de garantías para el ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta. Para la CIDH, “la persistencia de los ataques” buscan “reducir las actividades de defensa y protección de territorios y recursos naturales, así como la defensa del derecho a la autonomía e identidad cultural” de los pueblos indígenas, ataques se dan a través de la criminalización, la intimidación y la estigmatización.

Intereses de izquierda, de derecha y de las transnacionales

Con el tiempo se ha hecho evidente la ruptura del pacto político y las alianzas entre el movimiento indígena y gobiernos como el boliviano, el ecuatoriano, el brasileño e incluso el peruano, los cuatro países de amplia población indígena. De hecho presidentes como Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador) se apoyaron en estos movimientos electoral y discursivamente, los comprometieron en procesos constituyentes y les reafirmaron el cumplimiento de derechos colectivos, pero han sido los primeros en poner límites a las prerrogativas indígenas a favor de proyectos de inversión extranjera en sus territorios.

En otras palabras, no se han modificado la lógica de contraponer intereses privados en desmedro de los derechos colectivos. En ese sentido, el movimiento indígena se enfrenta a millonarios proyectos de infraestructura, privatización del agua, concesiones petroleras, gasíferas, mineras y forestales, e incluso cuestiona la tenencia y distribución de la tierra: en Bolivia se enfrentan a un proyecto carretero de 400 millones de dólares que atraviesa el territorio indígena TIPNIS, en Perú se oponen a la explotación de oro por la minera Yanacocha que invertirá 4.800 millones en Cajamarca y en Brasil buscan evitar la construcción de una hidroeléctrica que costará 11.000 millones de dólares, entre otros casos.

Para la CIDH es sintomático que atropellos contra los derechos humanos, hostigamiento, agresión y ataques van en aumento a medida que se incrementan los conflictos con “sectores de gran poder económico, como lo son las empresas que lideran proyectos de las industrias extractivas”; de hecho, la CIDH ha ubicado los conflictos sobre megaproyectos en la misma categoría de países con quiebres democráticos, conflicto armado interno o enfrentamiento con grupos del crimen organizado.

Al mismo tiempo, esta situación de vulnerabilidad se incrementa con la paulatina militarización de territorios indígenas y violencia policial como se ve en los casos de Bolivia, Chile y Colombia. En Bolivia el territorio indígena del TIPNIS ha denunciado la invasión de la Armada Naval para intimidar y perseguir a la dirigencia[3]: “Ahora vinieron al TIPNIS a militarizarlo, a dar miedo a la gente humilde como nosotros”, denunciaba la dirigenta Miriam Yubanore. En tanto que en Chile el pasado 23 de marzo, 30 policías y 15 funcionarios municipales desalojaron «en forma muy violenta» a un comunario de Tekel Mapu, pero estos casos de violencia policial son recurrentes para los mapuche y las organizaciones que defienden sus derechos: «es un tema triste y avergonzante para la sociedad chilena», dijo la ONG Comisión Ética contra la Tortura[4], ya que en 2010 sucedió otra violenta represión contra el pueblo rapa nui. En Colombia la situación de los grupos armados en conflicto y la militarización de las zonas rurales ha desencadenado en muertes y desplazamientos de indígenas.

Ecuador y Bolivia: dos marchas nacionales denuncian persecución

Las últimas acusaciones en Ecuador ocurrieron con motivo de la Marcha Plurinacional por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, que llegó a Quito el 22 de marzo. En operativos realizados días antes de iniciarse la marcha, el Gobierno detuvo a una decena de jóvenes (estudiantes y activistas) y los acusó de planificar actos sediciosos y de pertenecer a grupos subversivos irregulares. En su defensa los detenidos sostuvieron que son simpatizantes y militantes del Partido Marxista Leninista Ecuatoriano (PMLE), vinculado al partido Movimiento Popular Democrático (MPD), como declarara el director del MPD, Luis Villacís.

No solo organizaciones políticas que apoyan al movimiento indígena son acusadas, Humberto Cholando, principal dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), ha dicho que una de las demandas de la marcha es el cese de la criminalización y judicialización de 194 indígenas, y señaló que el gobierno en lugar de atender sus demandas “se apresuró a calificar la marcha de ‘golpista’, de ‘intento de desestabilización del régimen’ y ‘desestabilizar la democracia’”[5]. Estas mismas quejas fueron elevadas ante la veeduría internacional del exjuez Baltazar Garzón por las organizaciones indígenas CONAIE, Ecuarunari y Pachakutik que representan a pueblos indígenas amazónicos, de costa y sierra.

En la misma lógica, en Bolivia en este momento 24 dirigentes indígenas entre hombres y mujeres de los pueblos mojeño, yuracaré, chimán, quechua, aymara, guaraní, entre otros, además de la fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y otros defensores y activistas de derechos indígenas forman parte de la investigación judicial del gobierno por el delito de “tentativa de homicidio” y “lesiones graves y leves”. Esta acusación se basa en los hechos ocurridos entre el 24 y 25 de septiembre de 2011 mientras se desarrollaba la VIII Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que logró una Ley que prohíbe la construcción de la millonaria carretera que atravesaría su territorio y comprometería su hábitat, este proyecto es financiado por Brasil y ejecutado por la empresa brasileña OAS. Mientras el gobierno boliviano los acusa de estos delitos, los indígenas acusan al gobierno por la violenta represión policial del día 25, en la que 600 policías gasificaron, torturaron, agredieron y secuestraron a dirigentes y a más de 800 marchistas.

Organizaciones como la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEMB) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denunciaron en varias resoluciones las “acciones de amedrentamiento y persecución de la Fiscalía” contra indígenas, “por delitos que nunca cometieron ni se dieron en la realidad”. El ex dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, ha denunciado hostigamiento y persecución política ante el Concejo Continental del Pueblo Guaraní que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia: “en Bolivia hay una coyuntura represiva de los principales líderes y quien habla es uno de los blancos del gobierno”, sostuvo.

En ambos casos los gobiernos de turno han desmentido o minimizado los actos de criminalización del movimiento indígena, incluso apelando a calificativos que desmerecen a la dignidad indígena: el presidente Correa se ha referido a los indígenas participantes de la marcha como “cuatro emponchados y emplumados”[6]. Estas declaraciones no son distintas a las que Evo Morales hiciera respecto a las indígenas que se oponen a la carretera a través de su territorio, incitando a seducirlas para que acepten el proyecto: “conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino”[7], dijo.

Perú y Chile: pugnas contra intereses privados

La CAOI también ha denunciado que existen decenas de dirigentes y comunarios peruanos víctimas de persecución policial y con procesos penales en su contra por participar en protestas antimineras. Entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 se arrestaron a dirigentes del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y de la Plataforma Institucional de Celendin[8], acusados de «atentar contra los servicios públicos, producto de la protesta social» contra el proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha, que planea drenar cuatro lagunas. El presidente del Consejo Regional, Elzer Elera López, denunció que habría un plan de detención de personas, autoridades y líderes sociales.

Previo a estos nuevos conflictos, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) ha recordado su preocupación por el proceso que se sigue a 17 campesinos por participar en una movilización en defensa de más de 80 ojos de agua en Condorhuain en 2008, durante el gobierno de Alan García. El pronunciamiento de las organizaciones sostiene: “en represalia de nuestra defensa por el agua, ahora somos víctimas de persecución penal. Nos acusan de secuestro, lesiones, daños a la propiedad y otros delitos, pretendiendo imponernos 30 años de cárcel”[9].

En contrapartida, el problema de criminalización y represión en Chile se ha agudizado por los atropellos que sufren las comunidades indígenas mapuche: redadas policiales, allanamientos y represión con uso de balines y gases. A esto se suma la aplicación y vigencia de la Ley Antiterrorismo, norma en la que se ampara gran parte de los juicios iniciados contra los mapuche por delitos comunes y por los cuales se les da el trato judicial de terroristas, ha denunciado la ONG Human Rights Watch. Según estimaciones, tan solo en el gobierno de Ricardo Lagos (2000 – 2006) la Ley fue aplicada 11 veces, de las cuales 10 se la utilizó contra el pueblo mapuche; de hecho, 108 indígenas han sido acusados bajo esta Ley y -hasta 2011- 10 fueron condenados[10].

Uno de estos casos es el que en 2008 involucró a 17 mapuches de una comunidad cercana a la orilla del lago Lleulleu en la región del Bio Bio, por el reclamo a privados de la devolución de tierras que ellos asumen como propiedad ancestral. Casos similares son la condena contra un dirigente en conflicto con la represa hidroeléctrica Ralco en los Altos del Bio Bio y el vocero de la comunidad Huilliche Pepiukelen, enjuiciado en 2010 por la empresa salmonera Los Fiordos, acusada de contaminar ríos y lagos. Esta semana 10 mapuche (dos menores de edad) comienzan un juicio por «robo con intimidación de carácter terrorista, incendio terrorista y asociación ilícita terrorista» en Victoria, de ser hallados culpables pagarían una pena de 25 años.

La CIDH ha denunciado el caso ocurrido en julio de 2010, cuando cerca de 70 personas del pueblo rapa nui -que ocupaban la plaza Riro Kainga como acto de protesta por derechos ancestrales territoriales- fueron desalojadas por un centenar de carabineros armados, fueron golpeados mujeres y niños. En este caso, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor del pueblo Rapa Nui y exigió al Estado chileno cesar la violencia armada, acciones judiciales y desalojos.

Brasil y Colombia, otras formas de violencia contra los indígenas

En Brasil y Colombia hay un situación de vulneración de derechos humanos por terceros. En Colombia, es persistente la amenaza de las ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles (campesinos e indígenas) por militares que falsamente los asocian a grupos insurgentes o guerrilleros y obtienen réditos por esto[11], los casos más conocidos son los homicidios de los indígenas wayúu, aunque a lo largo de 2010 la CIDH ha denunciado los casos de asesinatos de dirigentes de los pueblos nasa, wayúu, sikuani, pasto, embera-chamí y la dirigenta del pueblo u’wa.

En marzo, la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenaron al Estado colombiano proteger a los indígenas awá amenazados por grupos armados en conflicto en la guerra en Nariño, enfrentamiento que este año ha dado como saldo varias desapariciones y asesinatos, además del desplazamiento de 800 personas. Aunque la respuesta del gobierno es incrementar la militarización, los indígenas la rechazan: «Ellos creen que la solución de las cosas se limita a enviar más tropa a la región, pero eso en vez de darnos seguridad, nos expone aún más al peligro del conflicto», declaró el líder, Alex Guanga[12].

En Brasil, el líder de los guaraní-kaiowá en el estado de Mato Grosso do Sul fue asesinado en 2003 y este 2012 el juez absolvió a los presunto homicidas, acusados de tortura por otros seis dirigentes. La muerte sucedió cuando cerca de 40 hombres armados golpearon a varios líderes indígenas que demandaban las tierras de un hacendado, situación recurrente en esta región pues los hacendados buscan ampliar sus tierras en predios guaraníes. Pero los indígenas no solo se enfrentan a hacendados y grupos armados, recientemente los indígenas kayapó y otros pueblos se han enfrentado al gobierno brasileño para detener la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte[13] que compromete su hábitat, ya que inundará un área que los obligará con el tiempo a éxodos masivos. La portavoz indígena Vera Glass sostuvo: “Las presas causarán daños culturales, sociales y medioambientales irreversibles. Nos están tratando como a animales”. La OIT ha declarado que el gobierno violó el Convenio 169 porque no se consultó a los indígenas sobre esta construcción y la pugna continúa.

¿Hacia el movimiento internacionalista indígena?

Pero desde otra óptica, estos conflictos y la nueva coyuntura política en la región están significando un desafío para la internacionalización e independencia del movimiento indígena en América del Sur y el fortalecimiento de sus alianzas, como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Andinas (cuatro países), el Concejo Continental del Pueblo Guaraní (cuatro países) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (nueve países), que han comenzado a afianzar nexos de solidaridad con activistas, artistas e intelectuales e instituciones, firmando peticiones, organizando acciones, etc.

Al mismo tiempo, gran parte de los conflictos están ubicando al movimiento indígena en un contexto no solo de legítima defensa de sus derechos político y culturales, de la ética medioambiental, de los cuestionamientos de modos de desarrollo de saqueo versus modos de desarrollo sustentables; sino que los pueblos indígenas movilizados se van convirtiendo en un actor fundamental para “la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia”, como lo dice la CIDH.

Más allá, nuevamente el movimiento indígena se encuentra en un momento decisivo para demostrar si es capaz de construir una agenda propia de contra poder, a sabiendas que sus antes aliados, los gobiernos de corte progresista, no van a profundizar las reivindicaciones históricas de tierra, territorio y soberanía y autogobierno; sino que son gobiernos de continuidad del sometimiento al extractivismo neoliberal a favor de empresas transnacionales y potencias internacionales, como denuncian quechuas, guaraníes, aymaras, mapuches, awás, wayús, moxeños, yuracarés o kayapós.

Marielle Cauthin es Periodista. Colabora con Upside Down World, Zur2 y medios bolivianos.

[1] Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas (28/03/2012), en: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
[2] Pronunciamiento de las organizaciones indígenas andinas (15/03/12), en: http://www.coordinadoracaoi.org/
[3] Ex viceministro denuncia militarización del Tipnis (12/03/12), en: http://lapatriaenlinea.com/?nota=100621
[4] ONG denuncia violencia policial contra mapuches (15/1/12), en: http://noticias.aollatino.com/2012/01/15/chile-ong-denuncia-violencia-policial-contra-mapuches/ – (27/03/12)Denuncian violento desalojo a Mapuches: http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=27261
[5] Carta al pueblo ecuatoriano (19/03/12), en: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=169356&umt=10h20_movilizacion_indigena_llega_hoy_a_latacunga_conaie_entrega_carta_al_pueblo_ecuatoriano
[6] Indígenas denuncian persecución y siguen su marcha a Quito (14/03/12), en: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101298249/1/Ind%C3%ADgenas_denuncian_persecuci%C3%B3n_y_siguen_su_marcha_a_Quito.html
[7] Mujeres le exigen a Evo una disculpa pública por sus declaraciones «machistas» (04/08/11), en: http://www.paginasiete.bo/2011-08-04/Sociedad/Destacados/MUJERES.aspx
[8] Detienen en Perú a siete dirigentes antimineros de Cajamarca (06/03/12), en: http://exwebserv.telesurtv.net//secciones/noticias/101292-NN/detienen-en-peru-a-siete-dirigentes-antimineros-de-cajamarca/
[9] Deficiencias en Acusación Fiscal retrasan Juicio Oral a procesados del caso Condorhuain (21/03/12), en: http://www.conacami.pe/2012/03/deficiencias-en-acusacion-fiscal.html
[10] Usan en Chile leyes antiterrorismo contra indios mapuche, en: http://noticias.latino.msn.com/latinoamerica/chile/usan-en-chile-leyes-antiterrorismo-contra-indios-mapuche-80
[11] Estarían involucrados en la presunta ejecución extrajudicial de dos indígenas de la comunidad Wayúu (27/07/11), en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10025406.html
[12] Las voces awá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Víctimas (22/03/12), en: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/40-masacres/3950-las-voces-awa-en-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/
[13] Organismo de la ONU dice que Brasil viola los derechos indígenas (26/03/12), en: http://www.survival.es/noticias/8226

CONVOCATORIA a Pre Audiencia de Tribunal Permanente de los Pueblos en Materia de Desplazamiento Forzado y Guerra Sucia

¡POR UNA JUSTICIA CONSTRUIDA DESDE EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO!
La Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas” denominados Guardianes de la Memoria y Esperanza como mensajeros de la Paz, luego de 13 años de lucha y resistencia. Y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.

CONVOCAN A:
Asistir y ser testigos del pre audiencia de Tribunal Permanente de los Pueblos en Materia de Desplazamiento Forzado y Guerra Sucia teniendo lugar en el auditorio de “Las Abejas” de Acteal; dando inicio a partir de las 9:00 horas de la mañana del día lunes 16 de Abril del año 2012.

Solo es posible una justicia verdadera construida por la memoria de los pueblos. Ven y acompáñanos a construir juntos la otra justicia.

Te esperamos con nuestros mártires!!.
Abril, 2 del 2012.

INVITAN
La Mesa Directiva de “Las Abejas”
La FrayBa de SCLC.

http://acteal.blogspot.mx/

DECLARACIÓN POLÍTICA del Primer encuentro transfronterizo de la nación Q’anjab’alana

Nosotras y nosotros, descendientes de la civilización maya, en el marco del Oxlajuj Baktun; reunidos los días usluk ix, lajkab tzikin y oxlajon txab’inal, en el lugar denominado Onh Xewila’ al pie del cerro Q’anil del territorio Xaqla’ conocido hoy como municipio de Jacaltenango, venimos de Yalmotx, Jolom konob’, Oyeb’ Txo’ Konob’, Wajxaklajunh, Yaxb’atz, Akatan, Tajlaq, Yich Kan, Tzikina’ y Chiapas a unir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras palabras, también compartimos sonrisas, alegrías, pese a las condiciones adversas en que vivimos. Venimos con fuerzas y energías cósmicas a reunirnos en el Primer Encuentro Transfronterizo de la Nación Q’anjab’alana.

Sabemos que nuestros abuelos y abuelas siempre desarrollaron este tipo de eventos, pero que se fue destruyendo al imponerse fronteras estatales, departamentales y municipales. Rendimos tributo a esos abuelos que se manifiestan hoy en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras palabras.

Reafirmamos que en nuestros pueblos, se mantiene en el envoltorio sagrado, conocimientos técnicos y científicos que proponemos hoy revitalizar como el sistema de salud, el sistema económico, sistema de producción, el sistema jurídico, el sistema de organización social, el sistema político. Estas propuestas no son excluyentes; sino fortalecen la democracia y replantea la estructura del Estado actual; debilitado por sus propios modelos excluyentes e irresponsables; estas propuestas, son verdaderas soluciones a la crisis actual; soluciones a los males que denigran nuestra dignidad y que amenazan nuestros territorios.

Conscientes del rol que jugamos hoy en nuestras comunidades, familias y ante el mundo, los reunidos en El Primer Encuentro Transfronterizo de la Nación Q’anjab’alana

DECLARAMOS:

1. Las amenazas actuales que impulsa el modelo neoliberal como la explotación minera, la construcción de hidroeléctricas, monocultivos; no es nada nuevo; el despojo de tierras, los desalojos, la militarización, la criminalización de las luchas, tampoco son nuevas prácticas, se han dado durante los últimos quinientos años de diferentes formas en todos nuestros territorios. La explotación de la mano de obra con salarios de hambre, la violencia contra la mujer, tampoco es nuevo; por eso nos comprometemos a sanar nuestros territorios de esos males.

2. Nos comprometemos a defender la madre tierra, a defender el sagrado maíz, a defender los ríos, a defender los bosques y montañas, a defender a nuestras familias. Los defenderemos con nuestros propios valores, principios y prácticas ancestrales, basándonos también en la legislación nacional e internacional. Nos comprometemos a rescatar, fortalecer y defender la Nación Q’anjab’alana.

3. Que somos descendientes directos de la civilización maya y pertenecemos a la Nación Q’anjab’alana conformada por Chuj, Akateko, Popti’, Tojolabal, Q’anjab’al. Las fronteras y divisiones geopolíticas impuestas no nos impedirán reunirnos yreconocernos como la Nación Qánjab’alana.

4. Que el jelq’ab’, Wayab’, Bajkutx, KolK’ex, son prácticas ancestrales de un enorme valor actual que debe rescatarse y ponerse en práctica de forma generalizada.

5. Que el B’atxBinaq, Lextol, YajabilKonob, son nuestras propias formas de organización social y política que deben reconocerse, respetarse y fortalecerse.

6. Que el patq’um, q’umlab’ahily, lajti, son sistemas de construcción de propuestas desde la cosmovisión maya q’anjab’alana.

7. Que tenemos nuestros propios héroes como Q’anil, B’alum Q’ana’, B’alum Imox, Tulum, Ben, Tenam, Jolom Konob’, Ochewal, Kuxlam quienes son referencia para el perfil de la población q’anjob’alana.

8. Que además de la identidad cultural, lingüística que son razón y corazón de nuestros pueblos, tenemos un territorio, una familia Maya y un idioma que proviene del protomaya occidental, por lo que nos comprometemos a impulsarlo y desarrollarlo en plenitud.

9. Que seguiremos luchando y generando aportes básicos para que Guatemala se constituya en un Estado Plurinacional.

10. Condenamos las acciones del Estado guatemalteco y mexicano dirigidas a violentar los derechos de la población q’anjab’lana que defienden su territorio; rechazando el modelo minero extractivo, las hidroeléctricas transnacionales, la actividad petrolera, la militarización de nuestros territorios y la criminalización de nuestras legitimas luchas. Rechazamos la persecución legal que hay contra nuestros hermanos y hermanas por parte de la empresa Hidrosanta Cruz; en Barillas y la empresa PDH (proyecto de Desarrollo Hídrico) en Pojom San Mateo Ixtatan.

11. Las consultas comunitarias de buena fe efectuadas en nuestro territorio, así como la declaración de los territorios Huista, Chuj, Akateko, Q´anjob´al “Libres de minería”; fortalecen la gobernabilidad y la democracia; sin embargo la actitud del Estado guatemalteco de no reconocer la valides y legitimidad de este proceso, es una violación concreta a nuestros derechos individuales y colectivos; nos comprometemos a hacer valer nuestra libre determinación como pueblos originarios; uniremos esfuerzos con otros pueblos para luchar y denunciar a nivel nacional e internacional hasta que se reconozcan nuestros derechos.

12. Reiteramos que son inconstitucionales las leyes que violan los derechos inherentes a los pueblos indígenas como por ejemplo la ley de minería que viola el derecho a la “Consulta” al fue aprobada por el Congreso de la República; después que el Estado Guatemalteco haya ratificado el Convenio 169 de la OIT.

13. Los pueblos que integramos la nación q’anjobalana, somos parte del Consejo de Pueblos de Occidente -CPO-, luchamos por la reconstitución de nuestros territorios originarios, e invitamos a todos los pueblos mayas, garífunas y xinkas de Guatemala y México avanzar en esta lucha de reconstitución como naciones.

Xaqla’, OxlajonTxab’in.
Jacaltenango, 30,31 y 1 de abril de 2012.
“Caminando hacia la reconstitución de nuestros territorios“

Derechos de los pueblos y comunidades indígenas frente a la exploración y explotación minera, petrolera, hidroeléctricas u otros megaproyecto en sus territorios

23/02/12 Por Efrén D. Domingo
Fuente: ecoportal.net/

En este pequeño trabajo, se abordarán algunos derechos de los indígenas establecidos en el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos, frente a la exploración y explotación de recursos naturales en los territorios indígenas por parte de los gobiernos.

A. Introducción

Es públicamente conocido que los Estados americanos siguen violando los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el Convenio 169, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente los derechos indígenas relacionado con el derecho a la consulta, consentimiento previo, libre e informado, tierras, territorios y recursos naturales.

Prueba de ello, es que los gobiernos, faltando a sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos, siguen extendiendo licencias o concesiones para la exploración y explotación de minas, petróleo, construcción de represas y otros megaproyectos en territorios indígenas que no responden a las necesidades de las comunidades, sino a la de las corporaciones empresariales nacionales y extranjeras. En otras palabras, los gobiernos lo único que hacen es obedecer a los poderes económicos oligárquicos, hablando únicamente de política o matriz energética, interconexión energética, mercado, competitividad, certeza jurídica para las inversiones, exportación e importación, crecimiento económico y tantas otras cosas. En relación a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, no dicen absolutamente nada. Los derechos indígenas no son prioritarios para los gobiernos, lo que les interesa es comerciar con los derechos a la tierra, territorios y recursos naturales de los pueblos originarios y tribales.

Por otra parte, los pueblos indígenas y tribales son víctimas de violaciones a sus derechos humanos porque desconocen los instrumentos nacionales e internacionales que reconocen y protegen sus derechos, así como los mecanismos para hacerlos valer frente al Estado. Por cierto, los Estados no tienen voluntad política de dar a conocer a los indígenas sus derechos porque tienen miedo de que se haga real el dicho que dice que cría cuervos y te sacaran los ojos. Mientras los indígenas sigan desconociendo las normas y mecanismos para hacerlos valer, seguirán siendo victimas de violaciones a sus derechos por parte de los gobiernos.

En este pequeño trabajo, se abordarán algunos derechos de los indígenas establecidos en el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos, frente a la exploración y explotación de recursos naturales en los territorios indígenas por parte de los gobiernos. Es objetivo de estas líneas divulgar algunos de los derechos indígenas para que sean conocidos y apropiados por parte de los propios pueblos indígenas.

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A todas las Organizaciones Sociales y Políticas
A todos los Defensores de los Derechos Humanos
A la prensa Nacional e Internacional.
A la Sociedad Civil
A la Otra Campaña y
A la Opinión Pública

Hermanos y hermanas:

Queremos darles la bienvenida a esta su casa, que desde varios pedazos del planeta tierra platicaron con su pensamiento y corazón para que sus pasos se juntaran con otros muchos pasos y encontrarse aquí sobre la madre tierra en Acteal. Nuestro corazón se alegran por ver otras y otros corazones presentes. Hoy, aquí se abrazan y se saludan luchas y resistencias. Juntos venimos a hacer memoria y pedir fuerzas para seguir caminando sin detenernos.
 
Aquí en Acteal justo por donde descansan los 45 cuerpos de nuestras hermanas y hermanos, hace un poquito más de 14 años, nuestro hermano Alonso Vázquez uno de los catequistas masacrados, soñó que aquí en Acteal habían milpas hermosas, muchas calabazas, era todo bonito. Su sueño para nosotras significa este encuentro, esta conmemoración que se han repetido durante 14 años y durante 14 veces 12.

Hoy no hacemos fiesta como cuando se inauguran obras o migajas que entrega Juan Sabines Guerrero a comunidades y personas no organizadas. No estamos haciendo una fiesta para lanzar un candidato en busca de un hueso en el 2012. No. Sino, que hoy hacemos una conmemoración de un hecho vergonzoso cometido por el estado mexicano aquí en Acteal. Aunque también nuestro corazón hoy siente dolor, pero al mismo tiempo nace alegría y esa alegría se transforma en fiesta, pero en una fiesta por nuestros logros y trabajo por la paz y la justicia durante casi dos décadas de nacimiento de Las Abejas. Esta conmemoración que hacemos no es un teatro o un acto político con intereses electorales y económicos, sino, por los caídos de Acteal y las víctimas de guerra de un gobierno represor y antidemocrático de México.

En estos largos 14 años el mal gobierno gracias a su impunidad y su estrategia de desgaste y política de olvido ha permitido que los amigos de los paramilitares, el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), Hector Aguilar Camín, Manuel Ansaldo Menéses (dirigente del Frente Cardenista un partido político de paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal) y algunos pastores evangélicos como Hugo Erick Flores también dirigente de la asociación política Encuentro Social y amigo de Zedillo; hayan aprovechado la negligencia del estado para promover mediante una campaña mentirosa la liberación de los paramilitares autores materiales de Acteal. La negligencia y omisión del Estado Mexicano, ha hecho que la masacre de Acteal se pisotee y se manipule con intereses políticos y económicos. Recordamos que la Suprema Corte de Injusticia de la Nación también alimentó la impunidad al liberar hasta hoy a 44 personas responsables materiales de la masacre.

A 14 años de Acteal, vemos que el gobierno de Felipe Calderón y de Juan Sabines Guerrero no han hecho justicia más que burlarse de nuestra organización y lucha. El gobierno federal y estatal para nada quieren la justicia, la paz, la libertad. No sólo no quieren hacer justicia, sino que están continuando con las políticas de los gobiernos anteriores y todavía peor. Calderón es ahora responsable de la muerte de más de 60 mil compatriotas a causa de su “guerra contra el narco”. Y Juan Sabines sigue entregando a las trasnacionales minas y recursos naturales de Chiapas además de ser un represor de pueblos organizados, de defensoras y defensores de derechos humanos.

Hoy volvemos a desmentir la demanda contra Zedillo hecha a nombre de 10 “sobrevivientes de Acteal”, que no quisieron dar a conocer su identidad; porque para nosotros solo busca el olvido y burla a la memoria y dignidad de nuestros hermanos y hermanas masacradas. Estas personas quieren vender la sangre de nuestros muertos, porque la demanda sólo es de carácter civil y no penal. Aclaramos que si queremos castigo a Zedillo por su responsabilidad en este crimen de estado, pero no queremos que se profane el respeto y memoria que se merecen los mártires, con intereses oscuros, electoreros y económicos.

Queremos subrayar que se confirma lo que siempre hemos dicho: la masacre de Acteal es un crimen de estado como lo señala el documento de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado y aquellos cometidos en el Poblado de Acteal, que en su “balance” dado a conocer en la corte de Estados Unidos, concluye que la matanza de Acteal es responsabilidad del gobierno estatal y federal.

Y tienen nombres y responsabilidades concretas: Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro, Homero Tovilla Cristiani, Uriel Jarquín Galvez, Jorge Enríque Hernández Aguilar, David Gómez Hernández, Antonio Pérez Hernández y los altos mandos militares: Gral. Enríque Cervantes y Gral. Mario Renán Castillo, son los principales autores intelectuales de la masacre de Acteal.

En este recuento largo de la impunidad en el caso Acteal, queremos denunciar abiertamente que a 14 años siguen las amenazas en contra nuestra, porque ya están aquí los paramilitares paseando libres, gozando de sus regalos que les otorgó Sabines. A 14 años no ha habido tranquilidad en nuestras familias, al contrario los paramilitares que nos quemaron nuestras casas, robaron pertenencias y masacraron a nuestros papás, hermanos, hermanas y hermanitos, quieren volver a desplazarnos y masacrarnos, al respecto les vamos a contar sólo 2 casos más recientes:

1) Hace menos de 2 semanas en la colonia Miguel Utrilla Los Chorros conocido como cuna de los paramilitares, un compañero nuestro fue amenazado verbalmente por un paramilitar con estas palabras “si siguen denunciando a nuestros familiares presos por Acteal, vamos a ver si no huyen otra vez como pasó en el año de 1997”. Este paramilitar está muy molesto porque sus familiares no han logrado su liberación a pesar del plantón que mantienen en la Ciudad de México.

2)Otro caso muy delicado y preocupante es sobre los cortes de luz que sufren miembros de nuestra Organización. Nuestro acuerdo como Organización Las Abejas es resistencia al pago de la luz, pues el gobierno federal nos debe mucha justicia. Pero vemos riesgos en la comunidad de Javalton. porque por esta resistencia, los priístas amenazan a las Abejas y realizan cortes de luz y robo de cable. Nuestra Mesa Directiva y Juez de Las Abejas han intervenido como es nuestra costumbre y también por escrito para buscar arreglo de esta situación. Sin embargo, las autoridades tradicionales como agente rural, juez municipal y presidente municipal, no han hecho caso de nuestras solicitudes de llegar a arreglos. La actitud de autoridades oficiales es hacer caso omiso como sucedió en Acteal. Al contrario, el mismo agente rural amenaza a la familia de Las Abejas y les reclama que hayan señalado a los autores materiales de la masacre. Con esa actitud de las autoridades, el riesgo es que las agresiones verbales y físicas puedan darse en cualquier momento. También el riesgo de que la gente se desplace, porque no hay respeto ni seguridad para las familias Abejas.

Estos dos hechos, tienen relación, porque en ambos casos tanto el agente rural de Javalton como el paramilitar de la Col. Los Chorros hablan del tema de los presos por Acteal y ambas personas presionan en dejar de exigir justicia por el caso Acteal. Está muy claro que a 14 años no solamente no se ha hecho justicia por la masacre y los hechos previos a ella, sino que están planeando qué van a hacer para acallarnos. Porque saben que ahí tienen sus armas, porque nunca el mal gobierno desarmó a los paramilitares. Y además dicen que ya no temen ir a la cárcel, porque el gobierno los libera y al contrario salen con regalos y con mucho dinero.

A 14 años de Acteal los paramilitares de Chenalhó se están reactivando, mientras en el Norte del país siguen habiendo más muertes por la guerra de Felipe Calderón. Desde Acteal levantamos nuestra voz y gritamos indignados por la muerte del compañero Nepomuceno Moreno Muñoz, convertido durante el último año en activista social, que por luchar y exigir justicia, lo matan también a él. Otro caso es el de Trinidad de la Cruz a quien Policías federales abandonaron a a su suerte en lugar de protegerlo Y el hecho reciente del gobierno de Guerrero que permitió el asesinato de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero; ¿Qué se puede esperar de un mal gobierno? !Nada justo! Del mal gobierno de Felipe Calderón sólo se espera represión, burla, engaño, robo de nuestros recursos naturales y muerte.

Hermanos y hermanas, esto es un poco de lo que les compartimos de la enfermedad que padecen nuestras comunidades y país por los malos gobiernos. Al respecto exigimos:

Castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal.

Exigimos investigación y justicia por la muerte de nuestro compañero Nepomuceno Moreno Muñoz y de Trinidad de la Cruz y demás luchadores y luchadoras sociales asesinados.

Castigo a los policías que mataron a los 2 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Reconexión inmediata de la luz de nuestro compañero de la comunidad de Javalton, si el presidente municipal no interviene y por su omisión propicia desplazamiento y masacre como hizo su antecesor Jacinto Arias Cruz, también será el responsable y tendrá que responder ante la justicia.

A 14 años de Acteal, la lucha por la paz y la justicia, continúa. Hermanos y hermanas juntemos nuestros pensamientos y luchas. Estamos convencidos que la justicia no va a venir de allá arriba, sino, que el pueblo organizado es el que va a decir cómo debe de ser la justicia y la vida. Aunque muchas personas equivocadas nos difamen y calumnien, practicaremos siempre el respeto entre todas y todos, para vivir en equilibrio y armonía entre el hombre y la mujer y la naturaleza.

ATENTAMENTE

La voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas

EN EL MARCO DEL XVI ANIVERSARIO DE LA POLICIA COMUNITARIA, LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS Y EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA,

CONVOCAMOS

A LA XXX REUNION DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA – REGION CENTRO PACIFICO.  “POR LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS”

Considerando que en Mexico, mas del 25% de nuestro Territorio Nacional ha sido concesionado a empresas extranjeras para el saqueo de nuestros territorios, afectando  directamente al pueblo de Mexico y en particular a los territorios de los pueblos originarios, destruyendo la naturaleza, rompiendo la identidad de nuestros pueblos, atentando contra la seguridad nacional, causando enfermedades y violentando nuestra soberania alimentaria.

Considerando que  la lucha y la resistencia de los pueblos se manifiesta en todos los rincones de nuestra Patria y que es necesaria e indispensable la articulacion de todos los pueblos, comunidades, barrios, colonias, indigenas, no indigenas, y la sociedad entera.

Considerando que la articulacion de nuestras luchas, se basa primordialmente en el dialogo, en los acuerdos, en la movilizacion y en la informacion y difusion de nuestra problemática y alternativas.

Considerando que en la pasada sesion del CNI llevada a cabo en Nurio, Michoacan, se tomo el acuerdo de que la siguiente reunion se celebre en Territorio Comunitario con motivo del XVI aniversario de la Policia Comunitaria.

Llamamos, a las distintas redes, organizaciones sociales y politicas, pueblos y comunidades, academicos, intelectuales progresistas, medios de comunicación libres y alternativos, al pueblo en general, a encontrarnos en Territorio Comunitario, en la comunidad mephaa de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, Gro., los dias 14 y 15 de octubre de 2011, en el marco del 16 Aniversario de la Policia Comunitaria, para dialogar y organizarnos en torno a las siguientes mesas de trabajo.

Mesa 1.- Defensa de nuestros territorios ante las empresas y proyectos capitalistas. (sus impactos en el  medio ambiente, la salud, la seguridad y soberania nacional, la seguridad alimentaria, la identidad de los pueblos)

Mesa 2.- Articulacion del movimiento indigena y social, a partir de los acuerdos, construccion de alternativas y poder del pueblo.

Mesa 3.- Radios Comunitarias, medios alternativos, libres, rebeldes. Seguimiento a la campaña “A corazon abierto, defendamos a nuestra madre tierra”, asi como a los acuerdos del primer encuentro de radios comunitarias y medios libres celebrado en territorio comunitario en el mes de febrero pasado. Estrategias de difusion, informacion y denuncia en defensa de nuestros territorios.

Organizaciones solidarias convocantes
REMA, CDHM Tlachinollan, Radio Ñoomnda
“La palabra del agua”.

370 millones de indígenas han perdido sus tierras por el desarrollo

Franco Gabriel Hernández, Genaro Bautista / AIPIN
Mientras los Estados – nación celebran el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, cerca de 370 millones de personas pertenecientes a estas sociedades, han perdido o están en riesgo de perder sus tierras, territorios  o recursos naturales debido a la inequitativa e injusta explotación en nombre del desarrollo, señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Secretario General Ban Ki-Moon de la ONU y Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamaron este 9 de agosto, a adoptar medidas concretas para hacer frente a los problemas que tienen ante sí los pueblos indígenas.

Ban Ki-moon destacó que los pueblos indígenas viven la marginación, la pobreza extrema y la pérdida de tierras, territorios y sus recursos naturales.

Los países, indica el máximo líder de la ONU, deben comprometerse a acabar con los graves abusos de los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas en muchas partes del mundo.

Por su parte, Navi Pillay pregunta: “¿quién se beneficia realmente de este denominado desarrollo y a qué costo se lleva a cabo?

El cuestionamiento es directo a los gobiernos, agencias de desarrollo y organismos públicos y privados como multinacionales y multilaterales, que en nombre de la palabra mágica de desarrollo deciden por los pueblos los proyectos y programas.

Este tipo de eventos, realizados sin el consentimiento y participación de los pueblos indígenas, responden a los intereses económicos, políticos, culturales y sociales dominantes en cierta región o estado, enfatiza el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.

Las iniciativas de desarrollo, no son necesariamente propuestas de los pueblos indígenas, acentúan.

Esas palabras recuerdan otras vertidas en la reunión de expertos realizada recientemente en Oaxaca y convocada por la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la entidad del sureste mexicano, cuando uno de los “expertos” dijo que a los pueblos indígenas solamente hay que consultarles sobre los programas de infraestructura pero no en todos los campos porque los gobiernos no podrían gobernarlos ni ejercer su poder sobre esos pueblos.

Es postura fue cuestionada por distintos liderazgos presentes, ya que se infiere que los indígenas no se dan cuenta de lo que les conviene o como si no pensaran ni pudieran razonar sobre lo que les beneficia y les perjudica.

Para el “experto” a los pueblos indígenas no pueden decir ni opinar lo que les conviene.

Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos plantea: “Aseguremos que el desarrollo para algunas personas no vaya en detrimento de los derechos humanos de otras”.

Este principio se ha olvidado para los pueblos indígenas, como se ejemplifica en Malasia, donde las presas hidroeléctricas en Sarawak y Sabah han causado gran preocupación de los pueblos indígenas desplazados o despojados de sus tierras para estas obras.

La agresión de las empresas madereras de los pueblos Penan ha motivado que la Comisión de Derechos Humanos de Malasia inicie un estudio sobre la situación de la tierra de los pueblos indígenas en ese país.

Algo similar acontece con el proyecto de Paso de la Reyna en el área de la costa de Oaxaca que amenaza con desplazar a los indígenas mixtecos cuyas tierras de cultivo y de agostadero quedarán irremediablemente inundadas.

O la histórica experiencia del desplazamiento de los mazatecos y chinantecos por la construcción de la Presa Miguel Alemán y Cerro de Oro, sólo por mencionar casos emblemáticos.

La funcionaria de la ONU cita a la India, donde se han dado tensiones y conflictos debido a la adquisición de tierras para proyectos de desarrollo y de minería.

En ese país los pueblos Adivasi defienden sus tierras ancestrales y bosques comunales pero reciben agresiones a pesar de contar con derechos reconocidos por la constitución y por la Corte Suprema de ese país.

No vamos lejos para ver en Oaxaca una situación parecida: San José del Progreso Ocotlán que lucha por evitar la explotación minera en sus territorios.

En verdad que la situación de los pueblos indígenas en el mundo, de los huicholes en México donde el gobierno federal autorizó la explotación minera en sus territorios considerados sagrados, y Oaxaca es de una situación de injusta y completa desigualdad, así como de violación impune de sus derechos humanos.

Con ello, la Declaración de las Naciones para los Derechos de los Pueblos Indígenas, es sepultada por los gobiernos a cuatro años de su aprobación.

En tanto se espera la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en 2014, pero donde estos pueblos no han sido invitados a tal festejo.

Las Comunidades Indígenas de la región Amador Hernández, Reserva de Biosfera Montes Azules, en la Selva Lacandona, comunican lo siguiente:

Al Pueblo de México, a los Pueblos del Mundo, a las Organizaciones y grupos que no sirven a los intereses del poder sino a los de su propia gente, la gente de abajo.

Los días 20 y 21 de agosto, las comunidades de la región celebramos un Foro en el ejido Amador Hernández, denominado: Foro Regional en Contra de la Brecha Lacandona y el Despojo Capitalista de la Selva Lacandona, y aprobamos la siguiente:

DECLARACIÓN:

1. Rechazamos, y no nos cansaremos de ratificarlo, el paso de la brecha Lacandona al lado de nuestras tierras porque tiene como propósito disponer las tierras medidas del lado Lacandón en servicio de las potencias capitalistas.

2. El proyecto REDD+ en la Reserva de Montes Azules es la nueva máscara, máscara climática, con la que el gobierno Federal de Felipe Calderón y el de Chiapas de Juan Sabines pretenden encubrir el despojo de la biodiversidad de los pueblos.

3. Hablando del cambio del clima, para nosotros está claro que los responsables mayores son las empresas capitalistas y sus gobiernos, como el Federal de Felipe Calderón y el de Chiapas de Juan Sabines, que han pactado con los países ricos que sus emisiones de gases de efecto invernadero se mitiguen en los bosques de nuestros pueblos.

4. Rechazamos todas las formas con las que los gobiernos, federal y de Chiapas, y dirigentes de organizaciones, en servicio de los capitalistas, quieren despojarnos de nuestras tierras y de nuestros recursos. Como los programas: REDD+ (en la Reserva de Montes Azules), Reconversión Productiva, Pago de Servicios Ambientales y FANAR.
Llamamos a estar pendientes de la doble intención de esos programas:
despojarnos pero también cambiar nuestra cultura para desorganizarnos y neutralizar nuestra resistencia.

5. Denunciamos el control que el gobierno federal ejerce sobre el pueblo que por decreto (1972) llamó Lacandón, que ha venido utilizando para legitimar todos los planes de despojo de tierras y desalojos de
nuestros pueblos.

6. Rechazamos los proyectos turísticos de los capitalistas o de los gobiernos federal y de Chiapas, como el que ha dividido al ejido Emiliano Zapata en la Laguna de Miramar.

7. Rechazamos los monocultivos, en especial los de agrocombustibles y el nuevo peonaje al que es sometido el campesino en su propia tierra, como los hacendados hacían en tiempos de la dictadura porfirista.

8. Rechazamos la política de acaparamiento de tierras impulsada por el banco mundial, las organizaciones conservacionistas y sus gobiernos neoliberales como el de Chiapas.

9. Rechazamos igualmente la otra cara del despojo: los proyectos de Minería, aprobados para regiones no importantes para la conservación y explotación trasnacional de la biodiversidad, como sucede en el municipio de Chicomuselo donde resisten los pueblos.

10. Exijimos la regularización agraria de las comunidades Galilea, Benito Juárez Miramar y Chumcerro, ubicadas dentro de la Reserva de Biosfera Montes Azules.

PROPONEMOS

Reorganizarnos y ampliar a todos los niveles nuestras relaciones con otros pueblos y con organizaciones independientes que no sirvan al poder, para constituir una red de resistencia de los pueblos.

Elaborar planes internos en nuestras comunidades para fortalecer la producción de nuestros propios alimentos.

Fortalecernos en la palabra de Dios y en la memoria comunitaria de nuestros abuelos.

Acordado en el Ejido Amador Hernández, Reserva de Biosfera Montes Azules, Selva Lacandona, Chiapas, México, a 21 de agosto del 2011

 
“Somos Pueblos sin Dueños, igual que la Vida”

Mandato de Manaus: Acción Indígena por la Vida

Reunidos en Manaus – Brasil del 15 al 18 de agosto del 2011, en 1ra. Cumbre Regional Amazónica, los pueblos indígenas amazónicos y las organizaciones nacionales de nueve países : Bolivia (CIDOB), Brasil (COIAB), Ecuador (CONFENIAE), Colombia (OPIAC), Guyana (APA), Guyana Francesa (FOAG), Perú (AIDESEP), Venezuela (ORPIA) y Surinam (OIS) y en diálogo con aliados de diversas entidades sociales, estatales y ambientales; comprobamos que la crisis climática y ambiental, es gravísima, muy pronto irreversible, mientras los poderes globales y nacionales, no pueden ni quieren detenerla, y peor, pretenden “aprovecharla” con más “negocios verdes” aunque pongan en peligro todas las formas de Vida.
 
Alertamos al mundo que hemos pasado los límites de peligro de gases contaminantes en la atmósfera y del calentamiento global, pero eso es solo uno de los efectos más grave de causas más profundas. Estamos en tiempos oscuros, de una profunda crisis y agresión climática global que hace parte de la más amplia crisis de una civilización y un patrón de poder, basados en el racismo, patriarcado, individualismo y consumismo desenfrenados; de mercantilización y privatización de todo; y la irresponsable soberbia de “dominio” de la naturaleza olvidando que apenas somos una pequeña parte de ella.
 
Denunciamos la hipocresía y contradicción en las políticas globales y nacionales sobre los bosques, donde al lado de declaraciones, planes, pequeños proyectos “sustentables”; se profundiza la depredación, deforestación, degradación por los negocios mineros, de hidrocarburos, mega hidroeléctricas, ganadería extensiva, soya, agronegocios, “agro-combustibles”, super carreteras de colonización, transgénicos, pesticidas, superposición de áreas protegidas en territorios indígenas, biopiratería y robo de los conocimientos ancestrales. Siendo necesarias mejores prácticas forestales, se encubre que la mejor de ellas, es cambiar profundamente la macro políticas de la globalización neoliberal.
 
Proponemos los siguientes objetivos, enfoques, alternativas y acciones :

1. Territorios de Vida Plena para el enfriamiento planetario.

Está demostrado que los refugios de la vida, son los bosques y territorios de los pueblos amazónicos, como efectivas barreras a la depredación. Por eso es indispensable cambiar las legislaciones y políticas públicas para garantizar la demarcación de los territorios de los pueblos indígenas amazónicos y su titularidad colectiva como pueblos, y también para respaldar, y no agredir ni marginar, nuestras estrategias de “Vida Plena” distintas de la mercantilización de la naturaleza. Esto es una estrategia eficaz y eficiente para reducir el calentamiento global y recuperar la armonía con la madre tierra, que mantuvimos por miles de años. Para que no cambie el clima, hay que cambiar el sistema. Es el sistema el que debe “adaptarse” al clamor de la madre naturaleza y nosotros sus hijos del color de la tierra. El “costo” financiero para solucionar esta deuda histórica originada en el etnocidio de las colonizaciones, es muchísimo menor que el dedicado a ineficaces debates y experimentos. Parte de esta deuda es el derecho a los Territorios de los Pueblos Libres y Autónomos (llamados en “aislamiento voluntario”) a que los dejen vivir en paz y no sean amenazados.

2. Fortalecer “ReDD+ Indígena” y que deudores ecológicos reduzcan su contaminación

Frente a quienes deciden sobre el proceso “REDD+”: los  Estados FCPF (BM-BID), FIP, ONU-REDD, COP17-CMUNCC, Río+20 y otros; demandamos garantías y condiciones inmediatas para los Pueblos antes de avanzar más en estos procesos sobre REDD+ hasta que sean debidamente atendidas:
 
· Respetar y fortalecer la propuesta de REDD+ Indígena o adecuación del REDD+ a las cosmovisiones y derechos colectivos de los pueblos;  incluidas en los “Lineamientos de COICA sobre cambio climático y REDD+” y en las propuestas de las organizaciones nacionales, y que entre otros aspectos, los siguientes :
Sin Territorios ni derechos colectivos es inviable el REDD+ * Ningún contrato comunal hasta que se ejecuten reglas internacionales; ni a largo plazo, cediendo gestión territorial o propiedad intelectual, con más penalidades que beneficios, ni en idiomas y leyes extranjeras * Respetar y apoyar la conservación holística de los bosques, y no solo donde hay deforestación o  reduciéndolos a toneladas de carbono * Respetar nuestras propuestas de reglamentaciones nacionales sobre REDD+ y la consulta y    consentimiento libre, previo y vinculante * Respetar informes de COICA sobre los procesos REDD+ paralelos al de los Estados * Mecanismos de solución de conflictos con garantías de neutralidad y eficacia * No apoyar el mercado de créditos de carbono para encubrir a los contaminadores globales.
· Prioridad de políticas y fondos para consolidación y titulación Territorial de los Pueblos Indígenas, como condición irrestricta antes de avanzar sobre REDD+
·  Cambios legislativos nacionales para consolidar Derechos colectivos en las leyes de servicios ambientales, forestales, sobre “fugas de Redd+” (minería, hidrocarburos, agrocombustibles, etc) y de consulta y consentimiento,
·   Estados y Bancos asuman su responsabilidad para frenar la expansión de los  estafadores de REDD+ (“carbón cowboys”, “burbuja REDD+”) mediante : * Registro y acreditación pública internacional de los operadores de Redd+ * Rechazo de las empresas y ONGs estafadoras denunciadas por los pueblos indígenas * Recomendar a las comunidades no comprometerse con contratos “hacia REDD+” o “negocios de carbono” hasta que las regulaciones internacionales y nacionales estén precisadas e implementadas.
·  Prioridad de la reducción de la contaminación por Gases de Efecto Invernadero (GEI) por parte los deudores ecológicos industrializados de minorías ricas del poder en el Norte y el Sur

3.  Unidad entre Saberes Ancestrales y Pervivencia de la Biodiversidad

Nuestros saberes ancestrales están unidos profundamente en la “conservación productiva” de la naturaleza, y en ese camino, frente a la Conferencia de las Partes 11 del Convenio de Diversidad Biológica y el Congreso de la Unión Internacional de la Naturaleza (UICN) llamamos a que se respalden las propuestas siguientes :
·  Priorizar la demarcación, legalización y seguridad jurídica de los territorios indígenas, como garantía para la conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos, y los saberes ancestrales.
·  Consolidar el Derecho de Consulta Previa y el Consentimiento Libre, Vinculante, Previo e Informado, para el acceso a los recursos genéticos dentro de los territorios indígenas y los conocimientos tradicionales asociados.
·  Los recursos genéticos de los territorios indígenas y los conocimientos ancestrales constituyen el patrimonio natural e intelectual colectivo indígena, conservado por milenios y transmitido de generación en generación.
·  El acceso a los conocimientos ancestrales y los recursos genéticos deben contemplar la participación justa y equitativa en los beneficios, incluyendo los productos derivados, tanto de los recursos genéticos como de los conocimientos tradicionales asociados.
·  Los conocimientos ancestrales no están en el dominio público, sino en el ámbito cultural de los pueblos indígenas, y los Estados y organismos internacionales (como el Convenio sobre la Diversidad Biológica,CDB), adopten normativas jurídicas sui generis de protección legal de estos conocimientos ancestrales.
· No a la comercialización del conocimiento ancestral y al uso indebido y no autorizado para las reivindicaciones de patentes biotecnológicas.

4. Río+20 : Soluciones para la Vida no para los Mercados

La conferencia ONU de junio del 2012 Río de Janeiro será una de las últimas posibilidades para salvar todas las formas de vida del planeta. Los pueblos amazónicos llamamos a efectuar Actos Culturales-Políticos en las cercanías de la Cumbre oficial, con líderes de pueblos y movimientos, artistas, científicos, intelectuales, que ganen la opinión pública y política global. Así mismo desarrollar estrategias de intervención política dentro y fuera de Rio+20 y construir una Cumbre de los Pueblos plural y democrática, con amplia visibilidad pública. Todo ello para ganar el más amplio apoyo político para que la ONU no se someta al irresponsable juego de intereses del Poder, y se avancen en enfoques, objetivos y propuestas tales como:
·  No aceptar que la “Economía Verde” sea la combinación de neoliberalismo desarrollista con “proyectos verdes” sino un cambio profundo con reducción del consumismo, despilfarro y depredación y el cambio del patrón de producción, consumo, distribución y energía (hidrocarburos, biocombustibles) con alternativas de armonía entre sociedades, culturas y naturaleza.
·  Renovación del protocolo de Kyoto, donde haya compromisos firmes y exigibles, de reducción de gases de efecto invernadero y con espacios de participación de los pueblos indígenas. No dejar al mundo a la deriva con poderes que impongan cuanto, como y cuando reducen sus emisiones.
·  Consolidación de las Territorialidades de los Pueblos Indígenas y sus Visiones  de Vida Plena de gestión holística de la naturaleza para el “enfriamiento” del planeta; mediante el aumento cualitativo de los fondos públicos globales para implementar dicha demarcación y titulación.
·  Establecimiento de una Corte Ambiental Internacional, de funcionamiento urgente,  independiente de los poderes globales, con espacios de participación indígena, los más afectados por los delitos ambientales.
·  Reorganizar las actuales entidades ambientales de la ONU para no subordinarse a los poderes contaminantes, superar el burocratismo y ampliando los espacios de participación e incidencia para los pueblos indígenas amazónicos y del mundo.
 
Finalmente, la Cumbre planteó posicionar la comunicación como una línea de acción política, no solo instrumental.
Incidir en políticas públicas de acceso a medios de comunicación y uso de tecnologías de información y comunicación y poner en marcha el proyecto de Red COICA de Comunicadores Amazónicos
 
Los pueblos indígenas y la naturaleza somos unos solo, y por eso, estamos obligados estamos a mantener los  bosques en pié, reducir la deforestación y ser guardianes de sus servicios como el agua, biodiversidad, clima para la sobrevivencia de la Vida.  Solo pedimos que nos dejen trabajar en paz en nuestra misión.
 

Los Pueblos Indígenas Amazónicos, caminando sobre la huella de nuestros ancestros, pedimos al mundo abrir sus corazones y sueños y unirnos en las jornadas por la Vida, para Todas y Todos
 
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasilera, COIAB

Más información: http://www.coica.org.ec/cumbre2011/

Ley de baldíos: áreas naturales protegidas en territorio indígena

Ana de Ita
La Jornada 15 de enero de 2011

A la par que en el mundo aumentan las presiones para mantener protegidos sitios de alta diversidad biológica, los pueblos indígenas y comunidades locales redoblan sus luchas de resistencia al establecimiento de áreas naturales protegidas en sus territorios. La política que busca mantener los reductos mejor conservados del planeta se enfrenta muchas veces con los derechos de los pueblos nativos, ya que muchos de esos reductos existen porque las comunidades indígenas los han conservado, recreado y mantenido.

En México, donde la mitad del territorio nacional es propiedad de ejidos y comunidades agrarias, hogar de campesinos y pueblos indígenas, aunque el discurso de protección de la naturaleza es afín a sus concepciones, las áreas naturales protegidas (ANP) se han convertido en una amenaza para sus territorios y para la autonomía o libre determinación, que es su principal demanda.

Las ANP se establecen por decreto de cualquier nivel de gobierno y son de utilidad pública, lo que permite incluso su expropiación. Los derechos de los poseedores están por debajo de la regulación del decreto, el programa de manejo y el ordenamiento ecológico, además no tienen prioridad sobre otro sujeto o grupo social involucrado, si no que se consideran uno más de las llamadas «partes interesadas» (stakeholders). Los poseedores tampoco tienen derecho de veto, ni se garantiza su conocimiento previo informado, aun sean pueblos indígenas.

Pero en las ANP no se garantiza que los objetivos de conservación prevalezcan sobre intereses de lucro, pues no están prohibidas actividades altamente contaminantes, como la explotación de petróleo o de minerales, ni la apropiación de agua, o cualquier otro recurso por cualquier agente económico, únicamente se exige que no cause deterioro al equilibrio ecológico.

En las ANP los administradores gubernamentales, las organizaciones internacionales de conservación, o incluso las empresas privadas enajenan a la asamblea de ejidatarios y comuneros el control de las decisiones sobre el territorio y uso de los recursos, de ahí que cada vez tengan mayor dificultad para establecerse.

Hasta el año pasado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) administraba 174 ANP, en una extensión de 25.4 millones de hectáreas. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, 95 por ciento de las ANP están ubicadas en superficies de uso común, ejidales y comunales, por lo que se adueñan de 23 por ciento de la superficie del sector social y al menos 71 de ellas se encuentran sobre territorios de 36 pueblos indígenas. Aún más de las 152 áreas terrestres prioritarias para la conservación, que abarcan 51.6 millones de hectáreas, al menos 60 se traslapan con territorios indígenas.

A finales de los años 80, las pretensiones gubernamentales de instalar ANP fueron enfrentadas por los ejidos y comunidades poseedores de los territorios proponiendo áreas voluntarias de conservación. Existen 177 áreas voluntarias, en 15 estados del país, que abarcan alrededor de 208 mil hectáreas, y en ellas participan al menos nueve pueblos indígenas. La mayoría se encuentran ubicadas en Oaxaca, donde existen 79 áreas de certificación voluntaria. Pero en 2008, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente cambió y colocó las áreas voluntarias de conservación como una categoría más de área natural protegida –estableció su carácter de utilidad pública y de competencia federal– y extendió sus condicionamientos hacia ellas, adoptando atribuciones sobre los territorios que las comunidades habían buscado no permitir.

Esto ha ocasionado fuertes conflictos entre las comunidades y la Conanp, al enfrentarse en los territorios dos modelos de conservación y dos estructuras de gobierno. La conservación que viene de las comunidades con sus regulaciones decididas por acuerdo de asamblea, y la conservación impuesta desde afuera, que busca tomar las decisiones sobre el territorio. Cuando las comunidades han buscado dar por terminado el compromiso de «conservación voluntaria» se han encontrado con que es obligatorio y deben esperar hasta terminar el plazo, o pagar un estudio técnico que justifique su negativa.

El año pasado, justo antes de las Conferencias de las Partes en Nagoya, sobre el Convenio de Diversidad Biológica (COP 10) y en Cancún, sobre Cambio Climático (COP 16), varios pueblos indígenas: Kuna, Kichwa Kayampi, Q’eqchi de Livingston, Bene Gulash, Ñu Savi, empezaron a circular la llamada Declaración de Heredia, en la que exigen que no se establezcan más áreas naturales protegidas en territorios indígenas, se anulen las que a la fecha se han decretado y se restituyan dichas tierras y territorios a las comunidades y pueblos despojados.

El establecimiento de ANP considera que los territorios indígenas y campesinos son territorios baldíos.

DESDE CHIAPAS SUMÉMONOS A CARAVANA CIVIL EN APOYO AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA, ZONA TRIQUI, OAXACA

Como respuesta pacífica e indignada de la sociedad civil nacional e internacional, ante la artera agresión paramilitar perpetrada el pasado 27 de abril, por parte de miembros de la Organización Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT-PRI) de la región Triqui de San Juan Copala, Oaxaca, en contra de la Misión Civil de Observación de Derechos Humanos, integrada por defensores y defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, así como por periodistas, agresión que desembocó en el cobarde asesinato de la entrañable compañera oaxaqueña, Beatriz Alberta Cariño Trujillo (Bety) –directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y fundadora de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano- y del compañero finlandés Jyri Jaakkola.

Uno de los objetivos de la Misión era el de tratar de romper de forma pacífica, el inhumano cerco armado, ejercido por los paramilitares, en contra la población civil de San Juan Copala, hecho que fue cobarde y arteramente impedido por los paramilitares, a través de la citada emboscada.

Porque –como airadamente señalan las autoridades del municipio autónomo San Juan Copala- “el silencio no puede ser impuesto por el ruido de las armas”,dichas autoridades autónomas y el propio pueblo, emitieron recientemente la Convocatoria a participar en La caravana humanitaria Bety Cariño y Jyri Jaakkola, que se realizara el día 8 de junio de 2010.

Consideramos que, por la trágica experiencia vivida en carne propia, por pueblos, comunidades y sociedad civil en nuestro estado de Chiapas, es importante que una representación de Organizaciones Sociales, ONGs y compañeros-as en lo individual, estemos presentes en esta Caravana, haciendo patente nuestra indignación por los hechos y por la impunidad prevaleciente y manifestando nuestra solidaridad con el pueblo triqui del municipio autónomo de San Juan Copala.

De ahí que hacemos extensiva una Convocatoria abierta a conformar una representación chiapaneca que se integre a La caravana humanitaria Bety Cariño y Jyri Jaakkola, el día 8 de junio de 2010.

ATENTAMENTE

Maderas del Pueblo del Sureste, AC
y
Otros Mundos, AC

OJO SI ESTÁS INTERESADO-A EN SUMARTE Y PARTICIPAR -COMO PARTE DE LA REPRESENTACIÓN CHIAPANECA- EN La caravana humanitaria Bety Cariño y Jyri Jaakkola, el día 8 de junio de 2010., A SAN JUAN COPALA, ZONA TRIQUI, OAXACA, COMUNÍCATE CON MADERAS DEL PUEBLO A TRAVÉS DEL TEL (967) 1160506…

NOTA.- EL COSTO DEL PASAJE Y LA ALIMENTACIÓN DURANTE VIAJE CORRERÁ POR PARTE DE CADA ASISTENTE… PERO NECESITAMOS CONFORMAR A LA BREVEDAD EL GRUPO, PARA VER LA CONTRATACIÓN DE VEHICULO Y SU COSTO…