Rifa solidaria por los 24 años del COPINH en San Cristóbal de las Casas

En el marco de la jornada «¡Berta Vive! ¡COPINH sigue» organizada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, y el resto del mundo, a un año del asesinato de Berta Cáceres, la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), proponemos un rifa solidaria para recaudar fondos para el Consejo.

Los premios se entregarán el 27 de marzo, día del 24º aniversario del COPINH. Cada boleto se vendrá a 20 pesos y todo el dinero será entregado en mano al COPINH al fin del mes en La Esperanza, Honduras.

Pueden comprar sus boletos en tres lugares de San Cristóbal de las Casas:

Librería La Cosecha (Calle Belisario Dominguez #3D)

Foro Cultural Independiente (Kinoki – Calle Belisario Dominguez #5A)

Paliacate Espacio Cultural (Calle 5 de mayo #20)

Los pueden conseguir también en los eventos de Otros Mundos A.C.:

– Martes 7 de marzo, 6 PM: Conversatorio sobre «Criminalización de los movimientos sociales: cuando defender el territorio es un delito» en La Enseñanza (Belisario Domínguez #13)

Organizadores y donadores de premios: Otros Mundos A.C., Comunicadores y Comunicadoras Populares Por la Autonomía (COMPPA), Red de Foro Cultural Independiente, Paliacate Espacio Cultural, Librería La Cosecha

 

A un año del asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de homicidio de Gustavo Castro, la impunidad del gobierno hondureño impera

Ha pasado un largo año desde el cobarde asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres así como de la tentativa de homicidio de nuestro compañero Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), sin que hasta la fecha el Estado hondureño haya dado verdaderas muestras de atender la exigencia mundial de justicia, verdad y reparación.

El dos de marzo del 2016, prácticamente a la media noche, un grupo de sicarios ingresó a su domicilio para asesinarla, con el propósito de acallar a la principal vocera del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien toda su vida la dedicó a fortalecer la organización comunitaria y luchar por la defensa de los bienes comunes naturales del pueblo Lenca, estos pretendidos desde hace décadas por las empresas trasnacionales. Estas desde hace años operan coludidas con el gobierno hondureño, a tal grado que la autonomía y libre determinación del pueblo Lenca constantemente está amenazada por alrededor de 50 proyectos hidroeléctricos, mineros, eólicos, REDD+, AVA-FLEGT (comercio forestal para el mercado europeo), así como la imposición de «ciudades modelo».

Esa misma noche, Gustavo Castro también fue víctima del atentado de homicidio y, al igual que Berta, también es un referente Latinoamericano en la defensa de los bienes comunes naturales y del fortalecimiento de la organización de los pueblos.

Las primeras indagaciones del gobierno apuntaron hacia la fabricación de un delito. No obstante, las declaraciones de Gustavo Castro pronto tumbaron la versión del gobierno, forzando las autoridades a replantear su investigación. Hasta la fecha, el expediente del caso de Berta sigue en la secretividad, lo cual implica que sus abogados se encuentren en total indefensión para poder analizar y participar en la presentación de pruebas adicionales, al margen de las que supuestamente ha realizado la fiscalía.

La mañana posterior al asesinato de Berta, su organización, el COPINH, solicitó al gobierno hondureño invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que enviara un grupo de investigación independiente, y de esa manera ayudara a realizar las pesquisas y lograr una pronta aclaración del caso. Eso permitiría darle veracidad y confianza a la investigación, toda vez que el COPINH lleva años siendo criminalizado por el Estado hondureño, lo que evidentemente hace que la investigación de la fiscalía carezca de total veracidad y de apego al derecho, y no permita el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la procuración de justicia, y la creación de mecanismos para una legítima reparación del daño.

A un año del cobarde asesinato de Berta, se dispone de información en la que se detalla la participación de la directiva de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA), responsable del proyecto eléctrico Agua Zarca, puesto que varios de los ocho imputados que actualmente están detenidos, han mantenido relaciones laborales con dicha empresa, incluyendo también la participación, directa e indirecta, de algunos de ellos con la ocupación de cargos en el gobierno hondureño.

Hasta la fecha, básicamente, la investigación se ha centrado en la búsqueda de los autores materiales que involucra tanto a sicarios como intermediarios, sin embargo, no hay un solo indicio que apunte a los autores intelectuales relacionados tanto con la directiva de DESA como con los actores del gobierno que han sido serviles a la misma, siendo estos los que ordenaron y pagaron por la ejecución y asesinato de Berta Cáceres.

En el caso de Gustavo Castro, ratificamos nuestro reconocimiento a la embajadora de México en Honduras, por su apoyo y cuidado desde el primer momento, a pesar de la brutalidad, maltrato y violación de los derechos de nuestro compañero, cuando en todo momento Gustavo dispuso de una colaboración y participación amplia durante las declaraciones que le fueron solicitadas por parte del gobierno hondureño.

En ese contexto, todo el cuerpo diplomático de México en Honduras, fue clave para salvaguardar con vida a nuestro compañero, aunque, por otro parte, las otras instancias del gobierno en México, ha sido incapaces de garantizar su seguridad física y emocional, después del retorno de nuestro compañero, por lo que no ha podido reintegrarse a la importante labor que realiza como defensor del territorio y de los derechos colectivos de los pueblos, viéndose forzado a salir el país, desde donde realiza las gestiones jurídicas que requiere la atención de su caso en particular, de las cuales sobresale la decisión por demandar judicialmente al estado hondureño por los tratos de los que fue víctima.

A un año de distancia, la indignación nuevamente nos motiva a alzar la voz para que este brutal asesinato sea esclarecido plenamente basados en la verdad, la justicia y la participación de otros actores, ajenos al estado hondureño, que den fe que la lucha de Berta y del COPINH ni es contra el estado, ni es contra la ley. La Lucha de Berta y el COPINH son por la vida del pueblo Lenca y sus bienes comunes naturales, por lo tanto, también es por la vida de cada uno de nosotras y nosotros.

Alzamos la voz para exigirle al Estado hondureño deje de criminalizar a los integrantes del COPINH, a quienes hostigan por medio de la estigmatización, la persecución y la violencia, y dejen de apoyar a las empresas privadas de capitales nacionales y transnacionales para que realicen el saqueo a modo de los bienes naturales de Honduras.

Declaramos que la lucha del COPINH contra los proyectos de muerte se reproduce por toda América Latina y Norte América, mismos que, con cara de progreso y desarrollo, quieren imponernos a través de presas, minas, gasoductos, fracking, monocultivos, transgénicos, basureros, carreteras, parques eólicos, siembras para biocombustibles, la privatización del agua y el control del ADN y de la Biodiversidad. A estos megaproyectos les decimos que en nuestros países continuarán encontrándose con fuertes resistencias como la del COPINH, aun y a pesar de que los Estados les han dispuesto «garantías legales y judiciales» que les permiten actuaciones bajo una legalidad simulada que sólo significan el despojo y el desplazamiento de los pueblos y en consecuencia de la desaparición de sus bienes comunes. Denunciamos que no es casual que, en el continente Latinoamericano, a solamente dos meses del inicio del 2017, la CIDH tiene conocimiento del asesinato de 14 compañeras y compañeros por defender su territorio.

Hoy salimos a gritar fuerte que «¡Hace Un Año a Berta No la Enterramos!. ¡LA SEMBRAMOS!». Y hoy en este grito que hacemos al mismo tiempo en varias embajadas de Honduras en el mundo, les decimos nuevamente que estamos germinando con su tenacidad y conciencia siempre vivas para continuar su lucha, y con la cual continuaremos nuestra lucha colectiva y en defensa de nuestro derecho a decir NO, a la vez que ejercemos nuestra libre determinación y autonomía para decidir el tipo de vida que queremos acorde a nuestras costumbres y sin el saqueo de nuestras tierras.

¡JUSTICIA, VERDAD Y REPARACION PARA BERTA!
¡BASTA DE CRIMINALIZAR A LAS Y LOS INTEGRANTES DE COPINH!
¡FUERA LA EMPRESA DESA Y SU PROYECTO HIDROELÉCTRICO!
¡FUERA BANCOS INTERNACIONALES FMO, BCIE Y FIFUUD SAQUEADORES DEL TERRITORIO LENCA!
¡POR UN REGRESO PRONTO EN TOTAL SEGURIDAD Y ATENCIÓN PARA GUSTAVO CASTRO!

El Estado mexicano apuesta por liquidar a lo mejor de los Mexicanos

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadxs por la minería – A 19 de enero del 2017

ISIDRO BALDENEGRO LÓPEZ, indígena mexicano distinguido por defender la vida, incansable protector del bosque de Coloradas de la Virgen en el Mpio. Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua, ganador del premio Goldman por su perseverante lucha por la protección de la naturaleza, ha sido asesinado. Y en ese asesinato están presentes, en su abyección y servilismo, las y los legisladores de todos los partidos, corruptos insaciables y cobardes que han elaborado y permitido leyes y reglamentos a modo para las empresas extractivistas que se enriquecen de forma irracional, a la vez que nos dejan contaminación, enfermedades, nos despojan del territorio y, cuando éste ya no les sirve, lo abandonan.

ISIDRO fue asesinado por gatilleros cobardes al servicio del gobierno y de las empresas, igual que sucedió con Mariano Abarca en Chicomuselo, Chiapas, igual que Bety Cariño y Yuri Jaakkola en Oaxaca, igual que Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís, en Chihuahua. De la misma manera pasa con los gobernantes de otras naciones, como sucedió con Berta Cáceres en Honduras o la compañera Emilsen Malyoma quien fue asesinada ayer en su natal Colombia, igual que les pasó a Laura Leonor Vásquez y Sebastián Alonso, ambos también asesinados hace un par de días en Guatemala. Es una lista interminable de entrañables defensoras y defensores que día a día se incrementa en medio de la corrupción, de la impunidad de la falta de procuración de justicia.

 

Todas y todos tuvieron un común denominador: defendían la vida, defendían la naturaleza, defendían el territorio, defendían los derechos humanos colectivos que gobernantes y empresas violentan todo el tiempo, escudados y protegidos bajo sus propias reglas, quienes al sentirse descubiertos o al ser denunciados, tan cobardes y miserables son, que buscan en el uso de las balas una razón para ocultar el despojo de la naturaleza y de la vida de los pueblos.

En REMA nos entristece terriblemente la pérdida de cada compañera y de cada compañero con tal envergadura ética, moral y colectiva; también nos indigna profundamente que su ausencia este asociada al uso de asesinos a sueldo protegidos por empresas y gobernantes.

A pesar de nuestra tristeza e indignación, cada compañero asesinado en nosotras y nosotros nos siembra más convicción para multiplicar las luchas e incrementar el compromiso que ellos nos mostraron y enseñaron…En nuestra continuidad por la lucha suya, encontramos la única forma que tenemos para rendirles un homenaje permanente y mostrarles, a quienes no los conocieron, que los asesinaron porque su único móvil fue proteger la vida.

REMA abraza solidariamente a las familias de Isidro, Emilsen, Laura y Sebastián, todos ellos asesinados durante los últimos tres días de este mes, todos asesinados por el delito de defender la vida.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA

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Foto: Isidro Baldenegro recibiendo el Premio Goldman de Medio Ambbiente en 2005 – Goldman Environmental Prize

Leer más sobre el tema:

Un activista defensor de los ríos asesinado en Guatemala

Goldman Environmental Foundation Mourns the Loss of Isidro Baldenegro

Solidaridad con Miriam Miranda y sus compañeros de la OFRANEH agredidos por la policía en Honduras

Solidaridad con Miriam Miranda y sus compañeros de la OFRANEH agredidos por la policía en Honduras

Comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)* en reacción a la agresión policiaca sufrida por Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), y tres de sus compañeros, el 11 de enero – A 12 de enero del 2017

Con una profunda indignación nos enteramos que la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, fue víctima el 11 de enero de una nueva violación de sus derechos por parte de las autoridades hondureñas. Fue detenida de forma irregular por cuatro agentes de la policía nacional junto con tres compañeros de OFRANEH, Luis Gutiérrez, Oscar Gaboa y Luis Miranda. El vehículo en el que circulaban fue retenido 30 minutos en un retén de La Ceiba, en la costa norte de Honduras, zona donde trabaja la organización en la defensa del territorio y de los derechos del pueblo garífuna. Los policías los amenazaron con golpearlos y llevarlos a la cárcel sin motivo alguno. Gracias a la capacidad de reacción de Miriam Miranda, los cuatro integrantes de OFRANEH fueron liberados media hora después de su detención.

Desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), estamos enormemente preocupados por el nivel de persecución, represión y violencia hacia las organizaciones y movimientos sociales que actualmente existen en Honduras. Es hora que cesen las agresiones diarias en contra de organizaciones hermanas como la OFRANEH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Movimiento Independiente Lenca de la Paz en Honduras (MILPHA) y la plataforma Regional del Valle del Aguán, ante las violaciones ocurridas en los últimos meses.

 

La ofensiva del estado hondureño contra OFRANEH lleva años, motivada por el racismo y la protección de los intereses del poder corporativo. Como ATALC repudiamos el proyecto de entrega del territorio garífuna a empresarios mediante la venta ilegal de tierras, la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el desplazamiento forzado, la represión, la persecución y los asesinatos en contra de líderes y lideresas que defienden los bienes comunes naturales.

Le recordamos al Estado de Honduras que Miriam Miranda tiene otorgadas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las mismas que fueron otorgadas a nuestra compañera Berta Cáceres (asesinada el 2 de marzo de 2016 por su lucha en contra de la empresa DESA). Estas medidas fueron implementadas por haber sido víctima de reiteradas amenazas de muerte y agresiones en razón de su labor en defensa de los derechos de las comunidades garífunas e indígenas en Honduras.

Denunciamos que el gobierno hondureño no está tomando las medidas necesarias para garantizar la integridad física y la vida de las defensoras/es ambientales en ese país. Estamos en alerta ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de Miriam Miranda y las/os compañeros del OFRANEH.

Exigimos un cese inmediato al proceso de hostigamiento, amenaza y violencia ejercida hacia los compañeros y compañeras de la OFRANEH y demás organizaciones hermanas en Honduras.

*ATALC reúne a 14 organizaciones miembros de la Federación Amigos de la Tierra Internacional -ATI- en América Latina y el Caribe, dentro de las cuales Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México.

Foto: https://www.flickr.com/photos/130152437@N08/

Testimonio de Miriam Miranda después de la agresión

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Más:

La página web de ATALC

La página web de OFRANEH y su página Facebook

¡Basta de represión contra l@s que defienden la tierra y el territorio en Honduras!

La mafia canadiense del rey porno y la persecución a garífunas en la bahía de Trujillo

COPINH rechaza las agresiones contra la compañera Miriam Miranda

Repudiamos represión a Comunidades Mapuche en Argentina

Comunicado de Amigos de la Tierra Argentina y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) – A 12 de enero 2017

A partir del pasado martes 10, en la comunidad mapuche Lof en resistencia Cushamen, habitantes de la provincia de Chubut sufrieron 2 violentos allanamientos y 3 episodios de represión en 4 días. Al día de redacción de esta nota, siguen detenidos arbitrariamente tres integrantes de la comunidad, y también sigue en estado crítico uno de los dos heridos de bala. Mientras tanto, el gobernador calificó de «terroristas» a los afectados.

La comunidad ejercía su derecho a la protesta en el marco de un conflicto por el recorrido del tren turístico «La Trochita», que atraviesa sus territorios ancestrales. Valiéndose de una opaca orden judicial, más de doscientos efectivos de Gendarmería, apoyados por cuerpos especiales de la Policía Federal y Provincial, numerosos carros de asalto y drones, cortaron los accesos e irrumpieron en la comunidad, agrediendo físicamente a hombres, mujeres y niños, secuestrando ganado y destruyendo viviendas.

Estos hechos fueron llevados a cabo con el aval del poder judicial y el gobierno provincial, y mediando intereses corporativos de uno de los mayores terratenientes de la Argentina: el grupo Benetton. Esta corporación trasnacional, que opera en 120 países, tiene un largo historial de conflictos con comunidades mapuche. El grupo, propietario de casi 1 millón de hectáreas divididas entre las provincias de Buenos Aires, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, tiene inversiones en ganadería, soja, monocultivos industriales de árboles e inclusive minería.

El artículo 75 de la Constitución Argentina dictamina «reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias podrán ejercer concurrentemente estas atribuciones». El Estado Argentino incumple por tanto su Carta Magna, así como otras normativas internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Responsabilizamos por la seguridad de las comunidades afectadas al Gobernador Das Neves, y exigimos la actuación urgente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, y de la Secretaría de DD.HH. de la Nación. El Estado Argentino se encuentra defendiendo los intereses corporativos por encima del interés del pueblo, por lo que denunciaremos este accionar ante la comunidad internacional, en búsqueda de acabar con la impunidad de las corporaciones que violan derechos humanos.

Información relacionada:

Argentina: Carta pública por el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas

Berta Cáceres regresó este enero a La Habana

Artículo publicado el 10 de enero en el sitio web de los Talleres sobre Paradigmas Emancipatorios organizados en La Habana, Cuba, por el Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA) del Instituto de Filosofía de Cuba*

«Berta Cáceres vive» es el nombre del XII Taller Internacional de Paradigmas Emancipatorios desde América Latina y el Caribe, inaugurado en la mañana de este 10 de enero en el Pabellón Cuba, en la Habana.

La voz de la luchadora de Honduras, asesinada en marzo de 2016, volvió a escucharse: «Aquí reafirmamos nuestra esperanza… Juntarnos es algo maravilloso… La solidaridad en espacios como este es una construcción emancipatoria, tiene mucho poder…Tener solidaridad es fundamental para seguir luchando.» Hace un par de años fue filmado esta entrevista en el marco del taller anterior. Berta llegaba como mujer rebelde, como incansable batalladora por la justicia de su pueblo lenca, como referente de la articulación del movimiento campesino, indígena, feminista, popular y latinoamericano.

Entrevista a Berta Cáceres en el Taller del 2015

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 Ahora participa de otro modo. Sus hijas Berta y Laura la traen consigo, recuerdan sus enseñanzas, su firmeza y su alegría. ¿Por qué su mami se volvió un peligro para el sistema que la oprimió como mujer, como campesina, hondureña, madre, indígena? «Berta es la lucha andante», dice Laura. «Ella comprendió que al patriarcado, al racismo y al capitalismo se les combate juntos». «Berta, la semilla, se ha multiplicado y no hay asesino que la pueda matar… Nos enseñó a vivir el mundo, a cambiarlo con lucha y organización, a avanzar.» (Leer la carta completa de Laura aquí)

Laura lee su carta a su madre Berta Cáceres

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Sus hijas destacaron en el intercambio inicial de este Taller, que su madre dejó varios legados: su don para escuchar a los menos escuchados, su visión para apropiarse de herramientas y ponerlas al servicio colectivo, en función de la transformación comunitaria. La organización que fundara, el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y su pueblo lenca, que siguen dando batalla con la misma fuerza esperanzadora de la que ella bebió.

A las puertas del primer aniversario de su asesinato, la justicia sigue pendiente. Los autores intelectuales de su partida no han respondido ante la ley, pero la presión de los movimientos y organizaciones sociales del continente, no se detendrá en el reclamo común, que aviva la lucha popular.

Berta pide justicia para su madre

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Gustavo Castro, de Otros Mundos A.C., también compartió su testimonio sobre Berta y su compromiso por continuar las luchas de Berta porque para esos empeños «nos escogió a todos, a todas… No la sepultamos, la sembramos y ahora vive en muchas luchas, en nuestros corazones, en la esperanza,» dijo.

Gustavo Castro habla de Berta Cáceres

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*El Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA) del Instituto de Filosofía se fundó en 1994. Es un colectivo de estudios socio-filosóficos que incorpora metodologías de Educación Popular y de Investigación Acción Participativa (IAP), contribuye al diagnóstico del movimiento social en Cuba y en América Latina y el Caribe. Promueve debates e intercambios de saberes sobre alternativas emancipatorias en los Talleres Internacionales sobre Paradigmas Emancipatorios, convocados cada dos años desde 1995 hasta la fecha, desde una perspectiva de construcción plural, equitativa y justa para mujeres y hombres.

Más:

Galería de fotos

Toda la cobertura del Taller en la página oficial y en redes sociales siguiendo el hashtag #ParadigmasCuba en Facebook y Twitter

AUDIOS – Memoria del conversatorio «Resistencia al modelo extractivo: criminalización e impunidad en América latina»

Gobierno de Ecuador rechaza críticas de relatores de la ONU ante cierre de Acción Ecológica

Comunicado de prensa de Acción Ecológica – A 2 de enero del 2016

Cinco Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunciaron el 30 de diciembre sobre el inicio del procedimiento de disolución al que ha sido sometida –nuevamente- nuestra organización y el gobierno nacional ha reaccionado de forma virulenta afirmando que esta declaración «contiene aseveraciones tendenciosas y afirmaciones que tergiversan» la situación en el territorio Shuar, «al publicar información que no ha sido contrastada, inobservando los principios de imparcialidad y objetividad» y dando un «uso tendencioso del lenguaje» sobre nuestra situación administrativa, en contravención con su Código de conducta

Según el gobierno nacional es inaceptable aseverar que «está disolviendo sistemáticamente las organizaciones», señalar que se desarrolla una «estrategia de asfixiar a la sociedad civil» y calificar la legislación ecuatoriana vigente como «restrictiva», información que lo afecta políticamente, al tiempo que deslegitima, según él, los mandatos mismos de los Relatores.

Debemos comprender quiénes son los Relatores, qué hacen y cuál es la importancia de sus declaraciones, luego deben recordarse las obligaciones internacionales de los Estados y, finalmente, evaluar si han actuado o no por fuera de sus atribuciones.

 

Sus observaciones son relevantes para cualquier país democrático

Los Relatores junto con los Expertos y los Grupos de Trabajo, son parte de los denominados «Procedimientos Especiales» del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  Surgieron al final de la década de los sesenta para investigar la terrible situación de Derechos Humanos en Sudáfrica y fueron determinantes en la comprensión del fenómeno de las desapariciones durante la dictadura militar en Chile.  Hoy en día abordan los más diversos temas y sus observaciones son relevantes para cualquier país democrático (incluido el Ecuador), así como fundamentales a la hora de concretar las obligaciones de los Estados frente a un derecho o a un grupo poblacional determinado. 

Son elegidos en un proceso público en razón a sus conocimientos especializados, experiencia e imparcialidad,  no reciben ninguna remuneración por su trabajo y están encargados de consolidar una interpretación adecuada de los estándares de derechos humanos, realizar visitas a los países para estudiar determinadas situaciones y formular recomendaciones. A menudo solicitan «con urgencia, aclaraciones por parte de los Gobiernos sobre presuntas violaciones y, llegado el caso, [ruegan] que apliquen medidas de protección para velar por o restaurar el disfrute de los derechos humanos».  Ante determinados eventos y si lo consideran necesario, exponen «los motivos de su preocupación a la opinión pública a través de los medios de comunicación o de otras declaraciones públicas». 

No se alejan de su mandato cuando llaman la atención a un gobierno sobre una situación que les preocupa: de hecho, esa es su razón de ser, pues al manifestarse públicamente advierten sobre la puesta en riesgo de un derecho humano y con ello salvan vidas y promueven el ejercicio democrático del poder de los Estados.

Una reacción contraria a las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano

En el caso de Acción Ecológica, se juntaron cinco Procedimientos en cumplimiento de su deber de promoción de los derechos de los defensores de derechos humanos, entre los que se cuenta el mismo derecho a «dirigirse sin trabas a los organismos internacionales» cuando quiera que consideren que un derecho ha sido vulnerado o puesto en riesgo. 

La reacción del Estado ante un llamamiento de los Procedimientos, debería ser la de disponer lo necesario para iniciar una investigación rápida e imparcial que determine la dimensión de los hechos denunciados (artículo 9 de la Declaración sobre defensores) y así pronunciarse -con las formas propias y adecuadas de la diplomacia internacional-, sobre las medidas que adoptó para corregir o mitigar la situación, o para aclarar información que no es exacta.

En cambio, una reacción basada en acusaciones contra los peticionarios o el descrédito de los Procedimientos, es del todo inconveniente y contraría las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano, específicamente la que lo convoca a cooperar con ellos en el desempeño de sus tareas, respondiendo, según el Código de Conducta de los titulares e mandatos «sin dilación indebida a las comunicaciones que éstos les transmitan».

El gobierno sólo otorgó a Acción Ecológica 24 horas para responder al escrito de disolución

No deja de causar estupor que el Estado exija airadamente que los Procedimientos esperen los 60 días para hacer públicas sus preocupaciones, cuando sólo otorgaron a Acción Ecológica 24 horas para responder al escrito de disolución. Exigir el cumplimiento de la ley requiere de saber cumplirla, más aún cuando se está en representación internacional de todas y todos los ecuatorianos.  

Instamos a que desde el primer día de este nuevo año, se envíen mensajes respetuosos a los organismos internacionales que no hacen más que fortalecer el ejercicio de la democracia y, abierto el debate, proponemos aprovechar la coyuntura, para que las autoridades correspondientes den a conocer a las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos el nivel de cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones realizadas por los Procedimientos que ya han visitado el país (el de derechos de los migrantes en 2001, el de la independencia de jueces y abogados en 2005, el de pueblos indígenas en 2006 y 2009, el de la salud en 2007, el de la extrema pobreza en 2008, el de la deuda externa en 2009, el de la descendencia africana en 2009, el de las ejecuciones extrajudiciales en 201 y, el del derecho a la educación en 2012), teniendo en cuenta el mandato constitucional que nos faculta como ciudadanos a hacer cumplir sus recomendaciones inclusive por la vía de la acción de incumplimiento (artículo 93 de la Constitución de Montecristi). 

Así mismo, creemos importante que se aclare públicamente la razón por la cual no se han hecho efectivas las invitaciones y visitas de los Procedimientos que lo han solicitado, es decir, los relativos a personas desplazadas, a la independencia de jueces y abogados, a los pueblos indígenas, de libre expresión, de derechos culturales y del derecho a la asociación y reunión. Temas de relevancia particular en los actuales momentos.

Estamos convencidos de que una apertura a estos Procedimientos enviaría una señal positiva sobre la voluntad de someterse al examen internacional como una forma de mejorar la democracia, y como una prueba real de que los funcionarios públicos creen y respetan el mandato constitucional  que «reconoce al derecho internacional como norma de conducta» (art. 416, numeral 9).

El actor estadounidense Jared Leto, una de las numeras personalidades solidarias con Acción Ecológica y el pueblo Shuar.

Más información:

ACCIÓN URGENTE en solidaridad con Acción Ecológica y el Pueblo Shuar en Ecuador

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe se solidariza con Acción Ecológica

Ecuador – Petición en solidaridad con el pueblo Shuar de Nankints en lucha contra la minería

Sigan el hashtag #SOSAccionEcologica en Facebook y Twitter

Sigan el hashtag #SOSPuebloShuar en Facebook y Twitter

ACCIÓN URGENTE en solidaridad con Acción Ecológica y el Pueblo Shuar en Ecuador

ENGLISH HERE

#SosAcciónEcológica. El gobierno de Ecuador continúa criminalizando la lucha del pueblo Shuar contra la minería. Ahora, además, arremete contra la organización Acción Ecológica quien, con 30 años de trabajo en la defensa territorial y por los derechos humanos, apoya esta causa. Nos sumamos a las acciones de repudio y solidaridad con nuestros hermanos ecuatorianos. Tu también puedes sumarte firmando esta acción urgente.

FIRMA LA ACCIÓN URGENTE AQUÍ

Al gobierno ecuatoriano: contra la doble cacería extractivista

21 de diciembre de 2016,

Al Presidente de Ecuador,
Dr Rafael Correa,

Por la presente, queríamos hacerle llegar nuestra preocupación frente el avance de la megaminería en territorio shuar, donde fue desalojada la comunidad de Nanknits en agosto de 2016, en Morona Santiago, para dar paso a la construcción de un campamento minero, por parte de la empresa china Explorcobres S.A. Es sabido que este proyecto minero avanza sin consulta previa ni consentimiento de parte de las comunidades afectadas y que las comunidades shuar han interpuesto diferentes recursos legales, sin ser escuchadas por su gobierno.

En los últimos días, frente al reclamo de la comunidad shuar, los niveles del conflicto con la transnacional minera han escalado de tal manera que ya hay un muerto y varios heridos. En el enlace ciudadano semanal del 17 de diciembre, usted descalificó a los indígenas afirmando que: “se trata ya de grupos paramilitares y semi delincuenciales…” Asimismo, el discurso de criminalización se vio acompañado por el decreto de Estado de Excepción y la militarización inmediata de los territorios shuar, para lo cual su gobierno lanzó una verdadera cacería contra dirigentes y miembros de las comunidades, en una clara ilustración de violencia extractivista.

 

En ese marco de violación de derechos humanos, el gobierno acaba de lanzar también una segunda cacería, arremetiendo contra la ONG Acción Ecológica, conocida a nivel nacional e internacional por su defensa de los derechos colectivos de los pueblos y los derechos de la naturaleza, a la cual amenaza con cerrar y disolver, por presiones de la transnacional china y debido a su apoyo al pueblo shuar.

Los abajo firmantes, intelectuales, activistas y personas que creemos en la autodeterminación de los pueblos, repudiamos la violencia extractivista del gobierno ecuatoriano y nos solidarizamos con la lucha del pueblo shuar y con la defensa de derechos humanos realizada por Acción ecológica, exigiendo el inmediato cese de esta doble cacería.

FIRMA LA ACCIÓN URGENTE AQUÍ

Imagen: Acción Ecológica

Más información:

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe se solidariza con Acción Ecológica

– Comunicado de Acción Ecológica a 20 de diciembre

– Rueda de prensa de Acción Ecológica a 20 de diciembre

– Comunicado de Acción Ecológica pidiendo paz y verdad para los Shuar de la Cordillera del Cóndor a 18 de diciembre

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe se solidariza con Acción Ecológica

Declaración de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe -ATALC-* en solidaridad con la organización ecuatoriana Acción Ecológica a quien el ministerio del Ambiente de Ecuador le notificó su cierre el 20 de diciembre por «desviarse de los fines y objetivos por los cuales» fue constituida. La solicitud de su extinción y disolución fue enviada por el ministerio del Interior el 19 de diciembre por haber «manifestado su respaldo a las acciones y hechos violentos cumplido por la comunidad shuar» – quien sufre represión y militarización en su territorio amenazado por la minería – y denunciado «los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarian de la actividad extractivista».

En solidaridad con Acción Ecológica

A 21 de diciembre del 2016,

Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC- manifiesta su profunda preocupación por las noticias recibidas en las últimas horas desde el hermano país del Ecuador, en las que se señala la solicitud de procedimiento administrativo para la extinción y disolución (cierre) de la Organización Social Corporación Acción Ecológica, por parte del viceministro de seguridad interna Dr. Diego Torres Saldaña.

A través de la presente comunicación, ATALC quiere manifestar su solidaridad con Acción Ecológica, a la que considera una de las organizaciones que históricamente han luchado en nuestra América por la defensa de los derechos de la naturaleza, buscando la garantía de un ambiente sano y en pos del buen vivir y el respeto integral entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza.

 

Como organización ambientalista de la región de América Latina y el Caribe hacemos un llamado a las organizaciones ecologistas y que trabajan por la justicia social y ambiental en diferentes lugares del mundo para acompañar a la organización ecuatoriana en este difícil momento.

Al gobierno del Ecuador solicitamos respetuosamente se entreguen todas las garantías para que a través del diálogo democrático se pueda llegar a la resolución adecuada de la situación que hoy se presenta con Acción Ecológica.

Descargar la declaración en español o en inglés en formato pdf.

Imagen: Acción Ecológica

Más información:

– Comunicado de Acción Ecológica a 20 de diciembre

– Rueda de prensa de Acción Ecológica a 20 de diciembre

– Comunicado de Acción Ecológica pidiendo paz y verdad para los Shuar de la Cordillera del Cóndor a 18 de diciembre

– Petición colectiva en solidaridad con el pueblo Shuar de Nankints a 19 de diciembre

Documentos oficiales de clausura de Acción Ecológica:

– Notificación de cierre (Ministerio del Ambiente).pdf

Solicitud de extinción (Ministerio del Interior).pdf

Informe jurídico (Ministerio del Ambiente).pdf

*ATALC reúne a 13 organizaciones miembros de la Federación Amigos de la Tierra Internacional -ATI- en América Latina y el Caribe, incluyende a Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México.

Berta Cáceres, Premio Campeones de la Tierra

CINU

(05 de diciembre de 2016).- Berta Cáceres, la activista hondureña por los derechos de los pueblos indígenas, asesinada en marzo de este año, fue una de los seis elegidos para el Premio Campeones de la Tierra, el máximo galardón que otorga anualmente el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

La líder hondureña fue reconocida de forma póstuma por su labor al frente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una agrupación que aboga por los derechos territoriales de las poblaciones autóctonas del país centroamericano.

Cáceres lideró numerosas campañas por causas ambientales. La más prominente fue en contra del proyecto de represa hidroeléctrica de Agua Zarca por valor de 50 millones de dólares, que según Berta, se estaba construyendo sin una adecuada consulta con la comunidad indígena Lenca.

El premio anual se otorga a figuras destacadas de los sectores público y privado y de la sociedad civil que hayan contribuido significativamente con el medio ambiente.

Los galardones de este año se presentaron en el marco de la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (COP13), que se celebra en Cancún, México del 4 al 17 de diciembre.

También recibieron el galardón el biólogo e investigador mexicano José Sarukhán Kermez, el presidente de Ruanda, la agencia marroquí para la energía sostenible, un ambientalista de la India y otra de Estados Unidos.

Guatemala, laboratorio de la impunidad ambiental

Se multiplican las agresiones a las comunidades defensoras a medida que se depredan los recursos naturales

Alejandro González – Coordinador Amigos de la Tierra España

Nunca hemos vivido tiempos sin violencia. Pero estos últimos han permitido a los movimientos de la sociedad civil sumar y converger. La agenda de la sostenibilidad es también ahora la de la lucha contra la pobreza, la lucha de las mujeres y la lucha por los derechos humanos. Elementos que cuestionan las raíces del sistema en el que vivimos, que no ha entendido que el planeta es finito y que ha puesto los beneficios de unos pocos por encima de los derechos de todo el planeta y sus habitantes.

Uno de los mejores ejemplos de un sistema sediento de recursos naturales para el beneficio de unos pocos son las hidroeléctricas. Destruyen de manera prácticamente irreversible ecosistemas tan vulnerables como los ríos e históricamente han arrasado, en todo el mundo, el hogar de las comunidades locales. La resistencia de la gente por su entorno no se ha podido doblegar sin un abuso de poder del que vemos su mejor ejemplo en Guatemala.

Se trata de un país paradigmático de la situación donde las multinacionales llegan a tener más recursos económicos y poder político que los propios estados, la arquitectura de la impunidad de los delitos ambientales y contra las comunidades indígenas está perfectamente construida en el país: el genocidio y la puesta en libertad de Ríos Montt, el entramado corrupto de Otto Pérez Molina y los atropellos de dos multinacionales españolas en territorio indígena que narramos a continuación, son caras del mismo problema.

Hidralia es una empresa gallega con oscuros antecedentes en España ejecutando proyectos hidroeléctricos que ha trasladado la misma lógica a Guatemala. Tal y como recogen los informes realizados por las ONGs, la empresa ha desplegado un entramado financiero en Centroamérica de más de 200 sociedades a través del cual la filial Hidro-Santa Cruz planificó una presa de 5 megawatios en el río ‘Qambalam en la región de Santa Cruz de Barillas, donde habitan varias comunidades indígenas. Jamás se ejecutó una consulta previa, libre e informada tal y como obliga el convenio 169 de la OIT. Fueron de hecho las comunidades las que tuvieron que hacer su propio referéndum.

La respuesta social de protesta fue acallada por medio de la represión policial y trabajadores de la empresa. El resultado, cientos de heridos, un trabajador de la empresa muerto y 10 líderes comunitarios encarcelados durante dos años hasta su total absolución este verano. Nuestro compañero Arturo Pablo sabe bien en qué circunstancias le encarcelaron. Además, se ha abierto una brecha profunda entre las comunidades urbanas y rurales aún por cerrar. En otra cuenca, la del río Cahabón, una filial de la empresa de Florentino Pérez, ACS, ha protagonizado un caso similar en varias fases.

Se multiplican las agresiones a las comunidades defensoras a medida que se depredan los recursos naturales, y la sociedad civil no da abasto para tejer redes de denuncia, apoyo y solidaridad. Es por ello que reclamamos un marco vinculante a nivel internacional. Hace muy poco hemos sembrado su semilla.

Estutua en memoria de Mariano en Chicomuselo

A siete años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

Pronunciamiento de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México/Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA) – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 28 de noviembre del 2016

A siete años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

Estutua en memoria de Mariano en ChicomuseloHace siete años, el 27 de noviembre del 2009, el defensor ambiental Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA), fue asesinado a balazos por luchar contra la contaminación del agua en su municipio de Chicomuselo, Chiapas, causada por la minera canadiense Blackfire. Quienes le quitaron la vida fueron trabajadores de dicha empresa que en ese entonces extraía barita en la mina Payback en el ejido de Grecia y sentía sus intereses amenazados por la tenaz resistencia del pueblo de Chicomuselo a su proyecto de muerte, liderada por el querido activista de 49 años.

Año tras año, como Otros Mundos A.C./REMA, hemos denunciado la impunidad en la que permaneció este vil crimen, y, desgraciadamente, 2016 no será una excepción: siete años no bastaron al sistema judicial mexicano para condenar a sus autores. El día de hoy, ningún responsable del asesinato, ni material ni intelectual, se encuentra en la cárcel. Desde el inicio del proceso de investigación, cuatro personas, todas exempleadas de Blackfire, fueron detenidas y luego liberadas: Ricardo Antonio Coutiño Velasco, sobrino del actual gobernador de Chiapas Manuel Velasco; Caralampio López Vazquez, contratado como guarda espalda del expresidente municipal de Chicomuselo, Raúl Fuéntes Gutiérrez, después de su liberación; Jorge Carlos Sepúlveda Calvo; Luis Antonio Flores Villatoro, quien había mandado a Mariano a la cárcel en 2009 después de haber interpuesto una demanda contra él a nombre de la empresa por haber bloqueado el paso de sus máquinas.

 

A pesar de la profunda tristeza que sentimos como compañeros de lucha de Mariano ante la violación de nuestro derecho a la verdad y a la justicia, aseguramos que no pararemos de buscar la condena de los autores materiales e intelectuales del crimen, por todos los medios, junto con sus familiares. Exigimos a las autoridades de procuración y administración de justicia del estado de Chiapas y de México que cumplan con su deber en lugar de obedecer a las presiones de los políticos corruptos y al poder corporativo. Así mismo, denunciamos la corrupción que gangrena el sistema político mexicano, así como el cabildeo ilegal operado por las empresas canadienses en nuestro país, que ha permitido que el expresidente municipal de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón, se haga complice del asesinato de Mariano, recibiendo 20.000 dólares canadienses por parte de la Blackfire por ayudarla a desarrollar su proyecto minero.

Llamamos una vez más al presidente de la República Enrique Peña Nieto y al Gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello, así como a las autoridades canadienses, al ministro de Relaciones exteriores y al ministro de Justicia de ese país, a que no dejen el asesinato de Mariano en la impunidad. Es tiempo de actuar, para que el asesinato de defensore/as de la biodiversidad, de los derechos humanos y de la vida que resisten al modelo extractivo en México y el mundo (Noé Vázquez Ortiz en Veracruz, Berta Cáceres en Honduras…), no se vuelva un método legal de las empresas para imponer sus proyectos.

Las autoridades deben poner un fin a la represión hacia los y las defensores/as orquestada por las empresas a lo largo del país. En la zona costa de Chiapas, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio, miembro de la REMA, sufre de criminalización y de intentos de división por parte de la empresa “El Puntal” S.A. de C.V. por impedir el paso de sus maquinas hacia su mina de titanio “Casas Viejas”, por comprobar que está explotando de manera irregular. En el estado de Colima, la defensora Esperanza Salazar, también miembro de REMA, tuvo que huir ante serias amenazas de muerte tras largos años de lucha contra la minería. Estos son solo algunos ejemplos de la persecución que viven los y las defensore/as del agua, las montañas y la tierra en México por parte de las empresas y los gobiernos. Ya es tiempo que los gobiernos defiendan los derechos humanos antes de los intereses del sector privado para que estos actos no se repitan.

Exigimos justicia para el esclarecimiento del asesinato del compañero Mariano Abarca y justicia para su familia.

Exigimos la cancelación de las 99 concesiones mineras en Chiapas.

Exigimos el cierre definitivo de los actuales proyectos de explotación minera en el estado.

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

– AUDIOS – Memoria del conversatorio “Resistencia al modelo extractivo: criminalización e impunidad en América latina”

Complicidad del Estado canadiense en abusos del sector minero: el caso Blackfire Exploration y la embajada de Canadá

El Escaramujo 54: ¿Qué es un Conflicto Minero?

– El Escaramujo 49: la mineria en chiapas 2015