Categoría: Defensores y defensoras bajo ataque

COPINH y la familia de la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres, pidió al Ministerio Público que rompa la secretividad decretada sobre este emblemático caso que está siendo discutido nacional e internacionalmente.

7 meses de Impunidad e Injusticia.

COPINH

La petición la hizo el apoderado legal de la familia Cáceres, Víctor Fernández, quien consideró como un absurdo que el Ministerio Público no le permita tener acceso a la información y al expediente, cuando ahora éste está en manos de criminales, luego que le fuera hurtado a la magistrada María Luisa Ramos.

El caso de Berta Cáceres, quien fue asesinada el pasado 3 de marzo en su casa de habitación en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, fue declarado en secretividad por el Ministerio Público, sin embargo desde ese entonces el proceso ha estado plagado de irregularidades.

“Rompan con la secretividad para que nos demos cuenta, para contribuir al proceso de investigación, para tener posiciones oportunas sobre lo que está pasando en el caso”, expresó Fernández, quien además es el coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) una organización sin fines de lucro, cuyas oficinas fueron asaltadas recientemente y donde curiosamente se maneja el connotado juicio.

El profesional del derecho reveló este martes que mediante un allanamiento practicado por fiscales del Ministerio se encontró el pasado 2 de mayo en las oficinas de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), una camiseta, supuestamente del Fiscal General de la República.

“Este dato a nosotros nos parece sobremanera relevante y hoy el que el caso lo tiene cualquier gente que se lo robó ¿por qué nosotros debemos seguir conservando el secreto?”, dijo Fernández.

Apuntó que la familia Cáceres quiere que el Ministerio Público tenga éxito en el proceso de juzgamiento, “pero con este comportamiento, con estos datos, cuya respuesta es el secreto, el silencio, es un poco difícil mantener la confianza”, señaló.

Insistió en que es insostenible que el Ministerio Público mantenga en secreto un caso que ya está en manos de la delincuencia, por lo que a reglón seguido pidió la conformación de una comisión internacional. Desde un inicio la familia Cáceres ha venido solicitando la integración de una comisión internacional, liderada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El coordinador de la MADJ pidió que al caso de Berta Cáceres no se le siga dando el trato de cualquier asesinato, porque debe ser considerado un crimen de lesa humanidad.

Fuente: Criterio hn

COPINH

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras rechaza enérgicamente el informe de la Misión contratada por el FMO para legitimar sus actuaciones como banco financiador, así como las de la empresa DESA, la misión en su informe busca desestimar las responsabilidades de estas instituciones en la creación de una situación de conflictividad, intimidaciones, agresiones y asesinatos en las comunidades de Río Blanco y en contra del COPINH, así como en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Este informe busca desacreditar la resistencia legítima que han presentado las comunidades de Río Blanco en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, mediante la criminalización del COPINH, las comunidades indígenas y sus liderazgos.

Al mismo tiempo busca deslegitimar la búsqueda de justicia en el asesinato de nuestra Coordinadora General Berta Cáceres quitando las responsabilidades que claramente tiene DESA, e incluso el documento promueve la reapertura del proyecto.

El COPINH rechaza, una vez más la imposición de las ideas occidentales acerca del “desarrollo” enmascarado en el capitalismo verde que en realidad significa el saqueo del territorio Lenca, de nuestra cosmovisión y espiritualidad.

El informe trata al proyecto Agua Zarca como una solución mágica para los problemas de las comunidades, obviando que los beneficiados son los grupos económicos que en complicidad con las autoridades imponen su beneficio económico sin importar cuántas vidas cueste, arrojando migajas para las comunidades, las cuales debemos suponer que reemplazan las responsabilidades del Estado.

El Convenio 169 de la OIT, al igual que los demás instrumentos jurídicos, han sido producto de las luchas de los pueblos indígenas del mundo por el reconocimiento de nuestros derechos y su letra no puede ser tergiversada al beneficio de las empresas, los bancos o el Estado. El informe busca quitarle las responsabilidades a DESA y a los bancos, en especial al FMO, en la violación de la Consulta y Consentimiento, Libres, Previos e Informados (CLPI).

Agua Zarca es un proyecto aprobado por el Estado, sin consulta a las comunidades afectadas ni a sus organizaciones. Por lo cual desde su origen es ilegal e ilegítimo, y los funcionarios quienes firmaron cualquier contrato o disposición son igual de responsables por la violación a la CLPI y sus resultados en Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres. Jonathan Laínez, exvice-ministro de SERNA y Martiniano Domínguez, exalcalde de Intibucá, están siendo procesados por abuso de autoridad en la violación a la CLPI por los permisos otorgados a DESA sobre el Río Gualcarque. Exigimos castigo por esa violación flagrante de los derechos del pueblo Lenca.

La Misión del FMO se parcializó para favorecer a los actores involucrados en la violación de los derechos del pueblo de Río Blanco y construyó un discurso que respalda las nefastas actuaciones de la empresa. La Misión ignoró y desestimó testimonios de personas e instituciones claves para entender el contexto de violencia y conflictividad creado por la empresa y el Estado hondureño. E incluso evitó hablar con la familia de nuestra compañera Berta Cáceres aún cuando su tarea es producto de su vil asesinato y la vinculación de DESA en este.

La violencia sufrida en las comunidades de Río Blanco ha sido producto de la instauración de un modelo de terror paramilitar y división implantado desde la empresa DESA, dirigida por su gerente, militar de inteligencia, David Castillo, en complicidad con todos los niveles del Estado (Ejecutivo, congreso, alcaldes municipales), para imponer a toda costa un proyecto que no brinda beneficios a las comunidades, sino muerte y destrucción.

La responsabilidad de la violencia recae en las actuaciones de esta empresa y su alianza con las instituciones estatales que han agredido, humillado y asesinado con impunidad. Sin embargo, el informe de la misión del FMO busca alegar que la violencia proviene de las comunidades y criminaliza al COPINH. El informe ignora la naturaleza sistemática de la violencia, lo cual incluye los asesinatos de cuatro miembros de COPINH, así como los cientos de casos de intimidación y agresiones por parte guardias de seguridad, policías y militares contra las comunidades.

Este informe es sacado a la luz con el objetivo de tergiversar la verdad acerca del proyecto de muerte Agua Zarca y permitir que DESA/Agua Zarca continúen sembrando la muerte para lucrarse.

La Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas de la ONU, ha expresado en su reciente informe acerca de la situación de los pueblos indígenas en Honduras “El Caso de Río Blanco es emblemático de la situación de violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia que amenaza a los pueblos indígenas de Honduras, particularmente en relación con los proyectos de inversión”. Y ha añadido; “Deben profundizarse las líneas de investigación del asesinato de Berta Cáceres respecto a la posible participación de personas adicionales, incluyendo empleados y agentes de la empresa y agentes estatales, policiales, militares y de seguridad privada”.

Sabemos que se está desarrollando toda una estrategia mediática a nivel nacional para limpiar la imagen de DESA/Agua Zarca y poner en funcionamiento el proyecto, con la aparición de figuras indignas y vendidas como Elsia Paz entre otras.

El COPINH deja claro que no vamos a permitir de ninguna manera que Agua Zarca continúe y que se sigan despojando nuestros territorios. Nuestra búsqueda de justicia por Berta será inagotable y todos los responsables deben ser castigados.

Exigimos que el FMO, Finn Fund, y el BCIE se retiren de manera inmediata y definitiva del Proyecto Agua Zarca.  Exigimos la cancelación inmediata del Proyecto Agua Zarca en el sagrado Rio Gualcarque.

Seguimos en pie de lucha. Por Berta y por todos y todas nuestras mártires. Por nuestros ríos, bosques y montañas. Por todas las comunidades que resistimos este sistema capitalista, racista y patriarcal.

En el documento adjunto se amplían las inconsistencias, sesgos, y errores del informe de la misión del FMO, solicitamos a la solidaridad nacional e internacional su difusión y apoyo.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

Dado a los 30 días del mes de septiembre de 2016.

AQUI PUEDEN LEER EL DOCUMENTO ADJUNTO COPINH rechaza el informe de la Misión del FMO

ADEMAS: Mediante asalto roban expediente judicial del asesinato de Berta Cáceres http://www.clibrehonduras.com/alerta/mediante-asalto-roban-expediente-judicial-del-asesinato-de-berta-c%C3%A1ceres

La organización de Berta Cáceres hace esta denuncia a raíz de la confesión de un militar infiltrado en el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras)

Marta del Vado, Cadena Ser

Llevaba unos diez años trabajando para el ejército hondureño hasta que lo descubrieron, dos meses después del asesinato de Berta Cáceres, pasando información de activistas al gobierno de Juan Orlando Hernández. En ese momento, formaba parte de la Guardia de Honor presidencial de las Fuerzas Armadas de Honduras aunque llevaba un año haciéndose pasar por campesino, defensor de los derechos del pueblo lenca y activista contra el proyecto hidroeléctrico que la empresa DESA pretende llevar a cabo en el municipio de La Esperanza, al oeste del país centroamericano. “El orejas”, como le llaman los miembros del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), participaba en las actividades de la organización que impulsó Berta hace 23 años y que enfrenta medio centenar de proyectos de multinacionales extractoras en territorio indígena lenca. Pero en realidad se dedicaba a redactar informes sobre las acciones que planean las organizaciones civiles y fotos de los defensores.

Según los documentos incautados en su teléfono móvil, los informes eran remitidos directamente a Casa Presidencial. Cuando los líderes del COPINH se dan cuenta de que tienen un espía entre sus filas, le interrogan. “El orejas” admite que trabaja para el gobierno, niega saber quién está detrás del asesinato de Berta y reconoce que la información que ha facilitado les ha podido costar la vida a varios activistas. Desde el día en el que reconoció ser un infiltrado, a principios de mayo, se desconoce su paradero.

Los defensores hondureños del medioambiente y derechos humanos aseguran que las amenazas se han incrementado desde el asesinato de Berta. Nelson García y Lesbia Janeth, ambos miembros del COPINH, han sido asesinados en marzo y julio de este año respectivamente. El actual coordinador de la organización, Tomás Gómez, ha sufrido tres ataques en estos seis meses, uno de ellos fue a balazos contra su coche. Los activistas creen que el hostigamiento constante y las amenazas directas de policías y militares (además de las de sicarios y trabajadores de multinacionales) forman parte de una política de Estado contra la lucha civil, con el objetivo de eliminar las protestas contra los proyectos de las empresas extractoras.

Gustavo Castro, el único testigo del asesinato de Berta, cuenta en declaraciones a la SER que un desertor, del que no ha trascendido su nombre por seguridad, reconoció a defensores hondureños que pertenecía a un escuadrón de élite del ejército que manejaba una lista de objetivos. “Este escuadrón está apoyado y financiado por Estados Unidos”, según el testimonio de esta persona, dice Castro, “estos militares tenían que entrenar y que reportarse en el cuartel y cada vez eran menos y menos los que regresaban, iban poco a poco desertando, desapareciendo, entonces éste decide huir. Y, efectivamente, cuando ve los nombres que están en la lista de posibles asesinatos, confiesa que estaba el de Berta”.

En los informes que “el orejas” envía a Casa Presidencial no solo aparecen datos del COPINH. También figuran otras organizaciones sociales como la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el Movimiento Amplio Dignidad y Justicia (MADJ) o el Movimiento 5 de Julio, entre ellas. OFRANEH, por ejemplo, se moviliza en la costa Caribe de Honduras, territorio de la etnia garífuna, contra proyectos hidroeléctricos, mineros o de producción de palma africana. Su coordinadora, Miriam Miranda, asegura que el asesinato de Berta no es un caso aislado. “En todo el país existe una gran represión contra las comunidades que inicien cualquier protesta contra los intereses del gobierno; inmediatamente son catalogadas como enemigas del Estado y es el mismo ejecutivo el que nos criminaliza a través de sus aparatos institucionales”. Miranda cree que tras el golpe de Estado en 2009, Honduras se ha convertido en “un laboratorio político que ha sido replicado en países como Paraguay o Brasil, donde se persigue a los defensores de los territorios y los bienes comunes de la naturaleza”. Miranda, al igual que los integrantes del COPINH, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras un intento de secuestro y asesinato en 2012. Pero asegura que “no sirven un carajo porque el Estado no tiene una política de protección y seguridad para los defensores de derechos humanos más allá de ponerles un policía”. Y se pregunta, “¿cómo vamos a querer ir acompañados de policías cuando en este país altos mandos de las fuerzas armadas están involucrados en el crimen organizado y en los hostigamientos?”.

Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas medioambientales y de derechos humanos. Desde 2009, más de 110 defensores han sido asesinados en este país según la organización Global Witness.

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Este 2 de septiembre, en varias ciudades del mundo volvieron a levantarse voces de protesta contra el silencio cómplice de las autoridades hondureñas, y el velo de impunidad que, después de seis meses, aún cubre el brutal asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres Flores.

En La Esperanza, Intibucá, cientos de indígenas Lenca convocados y convocadas por el Copinh[1] se movilizaron junto a familiares de la luchadora social asesinada y a miembros del pueblo garífuna organizado en la Ofraneh[2], exigiendo justicia para Berta Cáceres, castigo para los responsables materiales e intelectuales del crimen y el cese inmediato de la criminalización de la lucha contra el modelo extractivista y el saqueo de los bienes comunes de la naturaleza.

Tomás Gómez Membreño es el coordinador interino del Copinh. Hace seis meses le tocó asumir el cargo e iniciar a trabajar sin descanso para que el dolor, la frustración y la ira de un entero pueblo se transformara en fuerza creadora y propositiva. La LINyM conversó con él.

– LINyM: ¿Qué han significado estos seis meses de indignación y lucha contra la impunidad?
– Tomás Gómez: Han sido meses difíciles y el asesinato de nuestra coordinadora general está quedando en la impunidad. El Estado de Honduras sigue negándonos las informaciones y el secretismo es total. También ha profundizado la criminalización, estigmatización y el hostigamiento contra nuestra organización y las comunidades Lenca en lucha, como por ejemplo las de Río Blanco que se oponen al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” de la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa).

Hemos denunciado la campaña mediática de desprestigio contra el Copinh lanzada por los medios corporativos de comunicación, al tiempo que hemos continuado exigiendo el cumplimiento de los 5 puntos de nuestra agenda, que son la creación de una comisión de investigación independiente e imparcial, el cierre inmediato y definitivo de “Agua Zarca” y la cancelación de las 50 concesiones hidroeléctricas en territorio Lenca.

Asimismo pedimos la desmilitarización de nuestros territorios, la derogación de la nueva Ley de Minería y el cese de cualquier financiamiento nacional e internacional a proyectos de muerte, que son parte del actual modelo económico depredador.

A las autoridades hondureñas no les importa investigar el asesinato de Berta, ni encontrar a los verdaderos responsables. Tampoco les interesa investigar el asesinato de los demás compañeros y compañeras del Copinh.

Pese a las dificultades y al ‘vacío’ dejado por nuestra compañera Berta, vamos a seguir en la lucha y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, avanzando en la organización de las comunidades, en la capacitación de sus miembros y en el fortalecimiento de la lucha contra este modelo.

– Tanto el Copinh como la familia de Berta siguen denunciando que fue un crimen de Estado. ¿Qué significa eso?
– Fue un crimen de Estado porque sus instituciones amenazaron, persiguieron, acosaron y criminalizaron a Berta, y porque nunca hicieron nada para evitar que la asesinaran, más bien trataron de responsabilizar al Copinh de este vil asesinato. Pero también fue un crimen del modelo extractivista impulsado por el gobierno de Honduras. Un modelo neoliberal, patriarcal y racista que depreda recursos, arrebata territorios, criminaliza y asesina a quienes luchan en defensa de la vida.

En Honduras atentar contra los intereses económicos del gran capital nacional y transnacional es un delito, y ese delito se paga con la vida. Es evidente que a Berta la asesinaron para detener la lucha de resistencia contra el proyecto “Agua Zarca” y para acabar con el Copinh y sus 23 años de lucha.

– Hay un fuerte debate acerca de la reglamentación del derecho a la Consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT. ¿Cuál es la posición del Copinh?
– Rechazamos contundentemente la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada que el Estado, con el apoyo del Pnud[3], pretende ahora imponer. Además de no tomar en cuenta a los pueblos en su elaboración y discusión, el proyecto deja la decisión final en manos del Estado a través de la Dirección de pueblos indígenas y afrohondureños (Dinafroh), desconociendo así la condición fundamental de ‘Consulta Libre’.

 Actualmente hay como cuatro propuestas, una de ellas es la que el Observatorio de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Honduras (Odhpinh) introdujo en marzo de este año al Congreso Nacional. Esta propuesta se construyó desde las comunidades y de acuerdo con la cosmovisión de los pueblos indígenas y negros. La misma Berta participó activamente en la elaboración del texto de esta propuesta de ley, que es la que apoyamos.

– ¿Qué es lo que más hizo falta de Berta en estos seis meses y cómo el Copinh se está preparando de cara al futuro?
– Berta ha hecho falta en todos los ámbitos. Su asesinato se dio mientras estábamos desarrollando nuestro plan quinquenal y nos tocó replantearlo. A nosotros nos toca ahora asumir su legado e ir apostando al tema de la integralidad de la propuesta. Vamos avanzando de a poco, superando crisis y dificultades, para ir desmontando ese sistema neoliberal que nos oprime.

– Se mantiene un gran apoyo solidario.
– Hay un desborde de solidaridad con el Copinh, con la familia de Berta, algo fundamental para seguir denunciando lo que está pasando. Estamos infinitamente agradecidos con todas aquellas organizaciones y personas que siguen apoyándonos y luchando a la par nuestra.

Notas
[1] Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras
[2] Organización fraternal negra hondureña
[3] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Fuente: LINyM

Reportaje de Al-Jazeera:

{YOUTUBE}5Dbphren7E4{/YOUTUBE}

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

escuche actividades en vivo: http://b.stream.mayfirst.org:8000/guarajambala.ogg

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras a 6 meses del asesinato de la Coordinadora General de COPINH comunica lo siguiente:
·         Con el asesinato de quien fungía como Coordinadora General de COPINH, miembra fundadora de esta organización, se ha cometido un crimen contra todo el pueblo Lenca que lucha por la construcción de su autonomía, por la defensa de la Madre Tierra, los bienes comunes de la naturaleza y por el respeto de nuestros derechos como pueblos indígenas.
 
·        Ante este crimen hemos reafirmado que continuaremos en la lucha beligerante contra los proyectos de muerte que de forma inconsulta se han instalado desde el Golpe militar del año 2009 y por ende sabemos que la compañera Berta Cáceres Flores no ha muerto, mientras no muera su lucha ni su proyecto político, que es esta organización.

·         La compañera Berta Cáceres, nuestra hermana, ha sido víctima de un Crimen de Estado ya que ella sufrió durante todo su ejercicio político la persecución de las autoridades hondureñas como fuerzas de seguridad y tribunales de justicia, la criminalización de su labor en la que también participaron empresas, como DESA, y bancos internacionales como FMO, BCIE y FINNFUND interesados en saquear nuestros Bienes Comunes y convertirlos en ganancia.
 
·         En estos 23 años de existencia de nuestra organización, este crimen  ha significado el golpe más grande para nuestro pueblo y es un intento para acabar con la lucha de COPINH que sigue sufriendo la estigmatización y criminalización por parte del Gobierno, las empresas nacionales y trasnacionales y las instituciones financieras internacionales.
 
·         Habiendo acompañado a Berta en su lucha, que es la de este pueblo, tenemos plena claridad en que la justicia no va a llegar por medio de esta institucionalidad corrupta, ineficiente y promotora del exterminio de los pueblos en resistencia, que esas detenciones no significan la justicia por su asesinato y que son un claro ejemplo de cómo se fabrica la impunidad en este país.
 
·         COPINH sigue demandando la creación de una Comisión Independiente de Investigación que nos permita conocer la verdad de este crimen y de la que el gobierno ha hecho oídos sordos.
 
·         Que COPINH desde hace varios años está exigiendo la salida del Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca” del territorio Lenca que se instaló de manera inconsulta, al igual que 50 concesiones para hidroeléctricas y otros tantos megraproyectos eólicos que pretenden instalarse en nuestro territorio.
 
·         El pueblo Lenca lucha por una vida de paz por eso exigimos la desmilitarización de nuestros territorios ya que los militares, policías y fuerzas privadas de seguridad son los garantes de las inversiones privadas  a través de la violación a los derechos más elementales y de la siembra del miedo, el terror y la muerte.
 
·         Ante este asesinato el gobierno, las empresas y los bancos financiadores del terror y la muerte deben saber que COPINH va a  hacer un esfuerzo permanente por saber quiénes participaron en el hecho, que no crean los perpetradores que descansaremos en la búsqueda de Justica por nuestra hermana y que todos los atropellos que suframos por ejercer nuestra labor van a ser denunciados antes las autoridades internacionales.
 
·         El COPINH sabe que antes y después del Golpe de Estado de 2009 la violencia y atrocidades suceden gracias a la injerencia gringa, con su dinero e intervención como el mismo Golpe de Estado. La implantación del modelo extractivista se da por el empuje de la doctrina capitalista  gringa y  el asesinato de Berta hace parte de una estrategia clara de eliminar por la fuerza a cualquier tipo de oposición a ese modelo económico del que los gringos son el centro.
 
·         Denunciamos las campañas de criminalización a nuestra organización financiadas por DESA en la televisión nacional a la que se presenta a Gloria López,  persona que no representa a las mujeres lencas, que es un remedo de indígena digna y que estamos seguros está siendo utilizada por los empresarios hondureños para manipular la opinión pública y crear más conflictividades.
 
·         COPINH deja bien claro que justica ante esta enorme pérdida significa: encontrar a quienes la asesinaron, a quienes mandaron a asesinarla y denunciar la estructura criminal que permitió su asesinato. Significa que la labor de resistencia, de emancipación, de rebeldía del COPINH y del pueblo lenca se mantenga. Significa esa lucha incansable en contra de este sistema económico político, cultural que busca la eliminación de las comunidades, de su resistencias ancestrales y alternativas al despojo, explotación, racismo y exclusión.
 
·         Justicia es mantener viva la memoria de la vida de Berta, de sus convicciones, de lo que la llevó a ser la más grande lideresa del pueblo lenca y que es la historia de  resistencia de pueblo lenca. Justicia es decirles claramente a las empresas,  a los representantes del Estado y a todos los que entren a este territorio lenca que no se va a permitir el desarrollo de ningún tipo de proyecto, ni de acción, ni de actividad que pase por encima de la gente o que supongan la eliminación de nuestras voces. Es buscar el desarrollo de las comunidades y NO de empresas que se aprovechan de las comunidades, del desarrollo basado en las propuestas que surja desde nuestras necesidades.
 
A 6 meses de este vil crimen el pueblo lenca sigue llorando esta pérdida para la lucha social en Honduras, sin embargo no olvidamos que su espíritu nos acompaña como una ancestra más que se suma a la resistencia milenaria del pueblo Lenca.
 
A 6 meses de este asesinato miles de voces se han alzado para exigir Justicia Para Berta y respaldar nuestras demandas, gesto que COPINH agradece profundamente a las comunidades, los movimientos sociales y populares y a la sociedad civil de todas la regiones del continente y del mundo. Como pueblo de lucha sabemos que la justicia llegará solamente por los esfuerzos del movimiento social y popular, y de la población consciente.
 
¡Berta no murió, se multiplicó!
 
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!

Dado en la Ciudad de La Esperanza a los 2 días del mes de septiembre del año 2016.

US House of Representatives Needed to Co-Sponsor Berta Cáceres Human Rights Act — Call Today!

Mural of Berta Cáceres at the World Social Forum, Montreal. Photo Credit: Stephen Bartlett.

Dear community,

We are excited about the growing movement to stop US support for repression in Honduras. Since June 15th, around 30 US Representatives have signed on as co-sponsors to H.R. 5474, the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act! Can you take action to get your representative to co-sponsor this important bill?

Introduced by Rep. Johnson (GA), H.R. 5474 calls for suspension of U.S. military and police aid to Honduras until human rights violations committed by Honduran security forces cease and their perpetrators are brought to justice. Click here to read the provisions included in the bill.

Take three quick actions to push forward the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act:

 1. Write today to ask your Representative to co-sponsor H.R. 5474!

Follow this action link from the Latin American Working Group to enter your zip code and send an email to your US Representative. If they have already co-sponsored, please thank them for their support!

 2. Call your Representative’s Foreign Policy Aid!

Use the number provided from the action link (or call the Congressional switchboard in DC at (202) 224-312 to be connected to your Rep) and ask to speak to the foreign policy aide. If the foreign policy aide is not available, ask to leave a message. Feel free to use the following script:

If you learn that your Representative has agreed to support this bill, please notify Elise Roberts at wfpumw@witnessforpeace.org so co-sponsorship can be confirmed with Rep. Johnson’s office.

 3. Sign this petition to call on all US House Representatives to support H.R. 5474 – and share on social media!

Berta Cáceres as puppet at the Democratic National Convention. Photo Credit: Nas lutas, Twitter: @PersonalEscrito
 

Around the world, people are mobilizing to demand a fair investigation into the murder of Berta and to topple the systems that lead to violence against those defending their communities and territories. In the US, people are organizing to support the passage of this historic bill. Last month, there was a people’s caravan at the Democratic National Convention to demand justice for Berta and “all the other Honduran activists whose lives have been taken violently because of their organizing to defend Indigenous people, the Earth and women, and their struggle for self-determination”. At the World Social Forum in Montreal, people from all over the world gathered in several convergence spaces to hear the call from Laura and Berta Zuniga Cáceres, daughters of Berta, asking for justice and solidarity.

   

Join this movement by calling on the US House of Representatives to support H.R. 5474!

Thank you for taking action!

Onward,

The Other Worlds Team

‪ #‎JusticiaPa‬raBerta‬  ‪#‎HR5474‬‬ ‪#‎JusticeForBerta