Cada 48 horas un activista es asesinado en el mundo por defender el ambiente

Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes.

Por Darío Aranda, Página 12

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) condena asesinato defensora del ambiente en Honduras

Asesinan a otra integrante del COPINH hondureño: llenos de dolor e indignación llamamos a multiplicar la presión internacional sobre el Estado de Honduras

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), federación de organizaciones ecologistas presente en numerosos países de la región, manifiesta su solidaridad y acompañamiento en estas horas de dolor al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la familia de Lesbia Yaneth Urquía Urquía y el movimiento social de ese país en general.

El asesinato ocurre a pocos días del desarrollo de un proceso de consulta en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz, por el Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH) El Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario y la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CONROA) en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado de Honduras, sobre los siguientes puntos: la realización del catastro de tierras y la construcción de un proyecto hidroeléctrico.

Ambos proyectos son impulsados por el gobierno sin consultar con las comunidades y este último es propiedad de la Vicepresidenta del Poder Legislativo hondureño Gladys Aurora López y miembro del partido en el poder.

El hecho constituye un claro mensaje intimidatorio a la población, para generar terror en las comunidades y que no participen en la consulta. Cabe mencionar que solo en el 2015 se registra la muerte de 15 indígenas lencas del municipio de Santa Elena, departamento de La Paz.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la ola de persecuciones, atropellos, amenazas y asesinatos, a manos de sicarios y de las propias fuerzas públicas del Estado, de dirigentes y luchadores/as sociales hondureños.

ATALC, que tiene entre sus organizaciones al Movimiento Madre Tierra – Amigos de la Tierra Honduras, reafirma la denuncia del COPINH en un comunicado del miércoles sobre la evidencia, con un nuevo asesinato, de la existencia de “un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza, organizados en el COPINH”.

Lesbia Yaneth era una destacada lideresa comunitaria vinculada a esa organización desde las protestas contra el golpe de Estado de 2009 y una activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas, y en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I, en el municipio de San José, La Paz. EL COPINH denuncia la vinculación directa de la presidenta del oficialista Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, en la construcción de esa central.

Semanas atrás el diario británico The Guardian publicó una extensa nota que dio cuenta de la existencia de “listas negras” entre militares y policías hondureños, con nombres de luchadores a asesinar. En tanto, el 1º de julio fuerzas policiales asaltaron en la madrugada la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para reprimir y desalojar a estudiantes que la ocupaban en defensa de la educación pública. Casi a diario llegan noticias desde Honduras de atropellos terribles contra el movimiento social. Hay que recordar que apenas días después del asesinato de Berta, el 15 de marzo, fue asesinado otro integrante del COPINH, Nelson García, de la comunidad de Río Chiquito, en el departamento de Cortés.

Según el COPINH Lesbia Yaneth fue asesinada enseguida después de realizadas dos reuniones en Marcala, el 4 y 5 de julio, en el marco de un llamado “proceso de consulta” del gobierno de Honduras sobre un proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada, a la que tienen derecho las comunidades indígenas.

Como red de organizaciones que luchamos por la justicia social y ambiental, y que defendemos sin vacilaciones los derechos humanos y el derecho de los pueblos a defender sus bienes comunes y soberanía, ATALC  exige al Estado de Honduras que garantice el freno inmediato a las persecuciones y asesinatos de integrantes del COPINH, y que se haga justicia en todos los casos. Asimismo, llamamos a toda la comunidad internacional a redoblar nuestros esfuerzos y acciones para velar por el respeto a los derechos humanos en Honduras.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras con mucho pesar comunica a la comunidad nacional e internacional del asesinato de la compañera Lesbia Yaneth Urquía Urquía de 49 años, madre de dos hijas y un hijo, del municipio de Marcala, La Paz.

La compañera Lesbia Yaneth era una destacada lideresa comunitaria vinculada al COPINH desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009 y activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I del municipio de San José, La Paz en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.

Lesbia Yaneth fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora del consesionamiento y privatización de los ríos en el departamento de La Paz.

El asesinato de la Lesbia Yaneth se da suspicazmente en el marco de un proceso de “consulta” llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada a la que tenemos derecho las comunidades indígenas amparadas en la legitimidad de nuestra historia y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas reuniones en las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se llevaron a cabo en el municipio de Marcala los días 4 y 5.

Este asesinato se produce a 4 meses y 4 días del asesinato de nuestra compañera y lideresa, Berta Isabel Cáceres Flores, y nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza, organizados en el COPINH.

La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta.

Responsabilizamos directamente por este asesinato al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza, de igual forma a la señora Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.

El COPINH exige que cesen los asesinatos contra sus miembros y miembras y se haga justicia en encontrar a los culpables del asesinato del Lesbia Yaneth y de Berta Cáceres y que estos crímenes no queden en la impunidad.

Acompañamos en este profundo dolor a la familia de nuestra compañera. Dado a los 6 días del mes de julio en La Esperanza, Intibucá. Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Etempica, Iselaca se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.

¡Lesbia Yaneth vive, la lucha sigue!
¡Berta vive, la lucha sigue!
COPINH

Asesinada en Honduras otra dirigente ecologista, compañera de Berta Cáceres

Revista Proceso

Por oponerse a proyectos mineros, agroindustriales o eléctricos depredadores del medio ambiente o de los derechos de tierra de pueblos indígenas fueron asesinadas 185 personas en 2015; eso es, una cada dos días y un 59% más que en 2014, según un informe alarmante que publicó hoy la organización Global Witness, cuya sede se encuentra en Londres.

De acuerdo con el informe, Brasil resultó el país más peligroso para los ecologistas, ya que 50 de ellos fueron asesinados el año pasado, sobre todo en los estados de la Amazonia. Le siguen las Filipinas y Colombia, con 33 y 26 activistas asesinados. Con cuatro casos registrados, México formó parte de los 16 países en los que se registraron asesinatos de activistas.

“Muchos de los asesinatos documentados ocurrieron en pueblos remotos o lejanos en los bosques lluviosos” planteó la organización, al precisar que “nuestros datos están probablemente subestimados”. Añadió que “cerca del 40 por ciento de las víctimas eran indígenas”.

El informe señaló la complicidad de las autoridades del Estado en 97 de los crímenes documentados: en 16 casos, los asesinos eran integrantes de grupos paramilitares; en 13 casos eran militares; en 11 casos eran policías y en 11 más, fungían como empleados de empresas de seguridad privada.

“Hubo escasa evidencia de que las autoridades investigaron a fondo los crímenes o tomaron acciones para que los perpetradores rindan cuentas”, aseveró el documento, al señalar que los pueblos indígenas enfrentan solos a empresas con capital extranjero, “muchas veces respaldadas por el Estado”.

En 2015 fueron asesinados 42 opositores a proyectos mineros, mismos que los gobiernos suelen promover como “factores de desarrollo”, ya que atraen inversiones extranjeras. En Filipinas, por ejemplo, el 97% de las inversiones en minería provienen de Estados Unidos, Canadá, China y Japón.

Otros 20 activistas fueron asesinados a raíz de su oposición a proyectos agroindustriales el año pasado, mientras que la lucha contra proyectos de presas hidroeléctricas costó la vida a 15 personas, “principalmente en Honduras, Guatemala y México”, señaló el documento.

Morir en defensa de la naturaleza

La ecologista hondureña Berta Cáceres fue asesinada el pasado 2 de marzo en La Esperanza, un año después de recibir el Premio Medioambiental Goldman por la lucha que libró contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, el cual amenazaba con privar las comunidades indígenas Lenca del acceso al río Gualcarque.

Otros 15 ecologistas perdieron la vida por pelear contra proyectos de deforestación, y 13 más por enfrentar a cazadores.

“La sobrevivencia de la cultura de los pueblos indígenas está amenazada”, advirtió el informe, al recordar que una quinta parte de los territorios del mundo son territorios indígenas y se encuentran “generalmente en áreas relativamente intocadas donde recursos naturales de alto valor se ven destinados a la explotación”.

“Para cada vida perdida, muchas más están siendo arruinadas por la violencia vigente, las amenazas y la discriminación”, deploró la organización, que registró mil 176 casos de asesinatos de ecologistas y defensores de la tierra desde 2002.

Vía: Movimiento M4

En 2015 más de tres personas fueron asesinadas a la semana en el mundo por defender su tierra, sus bosques y sus ríos, según un informe de Global Witness. Doce de esas muertes fueron de indígenas miskitos en el Caribe Norte nicaragüense.

El informe titulado “En terreno peligroso” documenta 185 muertes ocurridas el año pasado por todo el mundo, en las que incluyen los casos de los indígenas nicaragüenses, tras la violencia provocada por la invasión de colonos a sus territorios.

Los casos a los que se refiere el informe se han registrado todos en comunidades de los territorios de Wangki Twi Tasba Raya y Wangki Li Aubra, para las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció medidas cautelares, sin que el gobierno las haya acatado.

De los doce muertos, el informe se limita a referir un caso ocurrido a mediados de diciembre del 2015, cuando un grupo armado de colonos atacó la comunidad La Esperanza, en Wangki Twi Tasba Raya, donde raptaron a tres comunitarios y horas más tarde, asesinaron a los indígenas Rey Müller y Kent Disman Ernesto e hirieron a otros tres. “Se teme que los tres hombres secuestrados hayan muerto”, señala el informe de Global Witness.

El informe supone que la cifra de muertos en general sea mayor, pero aún así considera “la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada”, pues representa un aumento del 59 por ciento respecto a 2014.

Entre las principales causas de estos asesinatos se encontraban la minería, con 42 casos; la agroindustria, con 20 muertes; la tala, 15 muertos, y los proyectos hidroeléctricos, 15 muertos.

“En terreno peligroso” destaca también la situación cada vez peor que viven los pueblos indígenas de Colombia y Nicaragua, cuyas tierras y recursos naturales están siendo saqueados por poderosos intereses políticos y empresariales. En el Caribe nicaragüense han dejado también unos tres mil indígenas desplazados.

Impacto ambiental

Lottie Cunningham, directora de Cejudhcan, explicó que a la violencia que sufren las comunidades, también destaca el impacto ambiental que causan los colonos en el bosque y contaminación de los ríos donde ellos toman agua. Sin embargo, por el riesgo que significa no han tenido capacidad de hacer un estudio de ese impacto ambiental.

Como parte de la propaganda electoral, el gobierno ha intentado ofrecerles préstamos a los comunitarios para gallinas y cerdos, pero estos señalan que en qué terrenos los dejarán, si sus territorios están invadidos, dijo Cunningham.

Fuente: La Prensa

Vía Movimiento M4