Categoría: Defensores y defensoras bajo ataque

Caso Berta Cáceres: se crea Grupo Internacional de Personas Expertas para colaborar con la investigación

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Tegucigalpa, 7 de noviembre de 2016.- A petición de los familiares de Berta Cáceres Flores y con el apoyo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares y Cívicas de Honduras (COPINH), de Gustavo Castro Soto y de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, se ha creado el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), un equipo conformado por especialistas en derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional y derecho penal comparado.

El objetivo central del GAIPE es realizar un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos de los que fueron víctimas Berta Cáceres Flores y Gustavo Castro Soto, ocurridos el 2 de marzo de 2016. A la vez establecerá los patrones y el modus operandi que dieron lugar a este asesinato y que afectaron a otros integrantes del COPINH.

El GAIPE dará seguimiento a las diligencias de investigación adoptadas por el Estado de Honduras, con un enfoque multicultural y de género. También brindará recomendaciones para garantizar el esclarecimiento de los hechos y una reparación integral de los daños sufridos por las víctimas, así como para fortalecer los procesos investigativos que impacten a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país.

“Queremos poner a disposición nuestras experiencias y capacidades para lograr que pronto se conozca la verdad y se haga justicia por el caso”, declaró Liliana Uribe, abogada colombiana y vocera del grupo.

Integran el equipo: Liliana Uribe (Colombia), Miguel Ángel Urbina (Guatemala); Roxanna Altholz (Estados Unidos); Daniel R. Saxon (Holanda/Estados Unidos); y Jorge Molano (Colombia). Todas estas personas cuentan con amplia experiencia y alta capacidad técnica en la investigación de violaciones de derechos humanos.

El GAIPE llegó al país el 4 de noviembre con el fin de sostener reuniones con los familiares de Berta Cáceres, Gustavo Castro y sus equipos legales; con el COPINH; autoridades nacionales y organizaciones, entre otros actores, para establecer canales de comunicación y diálogo.

El 14 de noviembre a las 9:30 a.m. se realizará una rueda de prensa para brindar mayores detalles. Esta conferencia tendrá lugar en el salón Lenca, Hotel Plaza de El General, Tegucigalpa, Honduras.

>> Transmisión en vivo aquí

Somos todas y todos MST

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Comunicado de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC) – A 4 de noviembre del 2016

Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC) expresa su profundo rechazo a las acciones de persecución y criminalización cometidas en la mañana de este viernes 4 de noviembre contra el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil. En los estados de Paraná, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul, la Policía Civil allanó locales y arrestó militantes del movimiento sin contar con órdenes judiciales.

El centro allanado en São Paulo fue la Escuela Nacional Florestan Fernandes, la cual varios integrantes de nuestras organizaciones han visitado para participar en actividades y reuniones. La escuela es un símbolo de lucha y un ejemplo, para toda América Latina y el mundo, de educación popular, y el MST es uno de los principales aliados de nuestras luchas y banderas ambientalistas.

En este día, en el que nos encontramos en las calles de América Latina luchando por Democracia y contra el Neoliberalismo, denunciamos las recurrentes acciones de persecución y criminalización contra las y los militantes campesinos de Brasil, especialmente del MST, que conducen digna y bravamente la lucha por la Reforma Agraria en ese país.

Exigimos que el gobierno ilegítimo, producto del reciente golpe parlamentario, detenga estas acciones y aclare los tristes hechos ocurridos esta mañana.

¡Estamos alertas y en permanente solidaridad con el MST!

¡Luchar no es crimen!

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AUDIOS – Memoria del conversatorio «Resistencia al modelo extractivo: criminalización e impunidad en América latina»

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El martes 25 de octubre, Otros Mundos A.C. organizó en el Foro Cultural Kinoki de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, un conversatorio sobre la resistencia al modelo extractivo en América latina, enfocado a la criminalización y la impunidad en medio de las que avanza. En el debate moderado por Libertad Díaz, integrante de Otros Mundos A.C., participaron Gustavo Castro (vía videollamada), también miembro de la organización, Berta Zúñiga Cáceres, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el abogado Miguel Ángel de los Santos, y Chenna Maço, integrante del Movimiento de afectados por las represas en Brasil (MAB, por sus siglas en portugués).

AUDIO 1 – Bienvenida y agradecimientos 

El conversatorio dio la oportunidad a los miembros del equipo de Otros Mundos A.C. que estaban presentes de agradecer a la audiencia la inmensa solidaridad que demostró después del asesinato de la coordinadora del COPINH, Berta Cáceres, y de la tentativa de asesinato de Gustavo Castro el pasado 2 de marzo, seguida de su retención arbitraria en Honduras.

AUDIO 2 – Agradecimientos de Gustavo Castro

Gustavo Castro, quien recibió el apoyo de muchas personas y organizaciones solidarias de San Cristóbal de las Casas y de Chiapas cuando estaba retenido en Honduras, pudo agradecer personalmente a la audiencia.

AUDIO 3 – Solidaridad con Luís Díaz

Gustavo Castro expresó su solidaridad con el activista español Luís Díaz López, acompañante del COPINH y observador de derechos humanos, a quien las autoridades migratorias hondureñas impidieron la entrada al país el 25 de octubre.

AUDIO 4 – ¿Qué es el modelo extractivo?

Gustavo Castro explica qué entendemos como “modelo extractivo”: un modelo depredador cuyo principal objetivo es extraer bienes comunes naturales al menor costo, sin tomar en cuenta los costos sociales y ambientales.

AUDIO 5 – Las tres formas de resistencia

Gustavo Castro distingue tres formas de resistencia: la resistencia pasiva, la resistencia activa y la resistencia propositiva.

AUDIO 6 – El dilema de los movimientos sociales de América latina

Gustavo Castro comentó que no todos los movimientos sociales de América latina tienen la misma concepción de la resistencia: unos quieren resistir al modelo extractivo desde arriba (transformándose en partidos políticos, tomando las estructuras del Estado), y otros desde abajo (construyendo autonomía y procesos locales).

AUDIO 7 – La prevención como estrategia de resistencia a la minería

Gustavo Castro explica que la Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la que forma parte Otros Mundos A.C., ha apostado a la prevención como estrategia de resistencia al modelo minero, para evitar la mayor violencia. Pero eso no suple la necesidad de buscar una resistencia propositiva.

AUDIO 8 – ¿Cómo resistir a la criminalización?

Según Gustavo Castro, resistir a la criminalización pasa por acabar con los tratados de libre comercio que hacen prevaler los derechos de las empresas por sobre los derechos humanos.

AUDIO 9 – ¿Qué es el COPINH? 

Berta Zúñiga Cáceres, hija de la fundadora del COPINH Berta Cáceres, cuenta cómo nació la organización en el 1993 y con qué objetivos. Su lucha es anticapitalista, antirracista y antipatriarcal.

AUDIO 10 – Las consecuencias del golpe de Estado en Honduras

Berta Zúñiga Cáceres habla de cómo el golpe de Estado del 2009 en Honduras aceleró la extracción de bienes comunes naturales.

AUDIO 11 – La larga historia de criminalización del COPINH

Berta Zúñiga Cáceres recuerda que el COPINH lleva años sufriendo difamación, criminalización, represión, ataques y asesinatos.

>> ¡Basta de represión contra l@s que defienden la tierra y el territorio en Honduras! 

AUDIO 12 –  Los mecanismos de la criminalización y la impunidad

El abogado Miguel Ángel de los Santos, profesor en la Facultad de derecho de la UNACH en San Cristóbal recuerda que nunca fueron castigados los responsables del asesinato de Mariano Abarca, miembro de la REMA quien luchó contra la minera Blackfire en Chicomuselo, Chiapas.

AUDIO 13 – El caso legal de Gustavo Castro 

Miguel Ángel de Los Santos, abogado de Gustavo Castro, habla del caso legal del integrante de Otros Mundos A.C. quien ha sido retenido ilegalmente en Honduras después de haber sido testigo del asesinato de Berta Cáceres y víctima de una tentativa de asesinato el pasado 2 de marzo.

>> Tortura y secuestro de Estado

AUDIO 14 – La criminalización de la resistencia en Brasil después del golpe de Estado 

Chenna Maço, integrante del Movimiento de Afectados por las Represas en Brasil (MAB), habla de la criminalización de la resistencia en su país desde el golpe de Estado de este año, y de los desafíos de su organización. El MAB, Otros Mundos A.C. y el COPINH forman parte del Movimiento latinoamericano de Afectados por las Represas (MAR), fundado en septiembre de este año en Brasil.

AUDIO 15 – Debate: ¿Se puede resistir en medio de la violencia? ¿Se debe de entrarle a la vía electoral?

Debate abierto por la audiencia, en el que participan Gustavo Castro y Berta Zúñiga Cáceres.

¡Gracias por haber sido tan numeros@s!

¡Sí a la vida! ¡No a los proyectos de muerte!

¡Basta de represión contra l@s que defienden la tierra y el territorio en Honduras!

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Comunicado de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 25 de octubre del 2016

Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México, alertamos a la comunidad internacional sobre la grave situación que están viviendo los y las defensores y defensoras de la tierra, del territorio y de los derechos humanos en Honduras. La multiplicación de proyectos extractivos como monocultivos de palma africana, minería y represas en este país de Centroamérica, a la cual nos enfrentamos también en México, se acompaña de una guerra abierta contra los pueblos en defensa de su bienestar y de sus fuentes de vida.

En el Bajo Aguán (norte), donde la corporación hondureña Dinant acapara tierras para extender monocultivos de palma africana con el financiamiento del Banco Mundial, dos miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) fueron asesinados por paramilitares el 18 de octubre: José Ángel Flores, su presidente, y Silmer Dionisio George, uno de sus integrantes. No son casos aislados: desde el 2009, Human Rights Watch tiene documentados más de 29 asesinatos ligados a la defensa de la tierra que han permanecido en la impunidad en el Bajo Aguan.

Denunciamos la violenta represión que sufre el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras (COPINH) de manera ininterrumpida desde hace varios meses. El pasado 9 de octubre, dos de sus miembros fueron víctimas de intentos de homicidio a balazos: Tomás Gómez, su coordinador, y Alexander García Sorto, uno de sus líderes comunitarios. Repudiamos estos ataques perpetrados bajo el orden del poder corporativo y del gobierno hondureño que buscan silenciar la lucha del COPINH contra los proyectos extractivos, en particular contra la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa hondureña DESA sobre el río Gualcarque, en territorio del pueblo Lenca (suroeste).

El COPINH ha sufrido intentos de criminalización y varios ataques que han terminado con la vida de varios compañeros y compañeras por la defensa del río Gualcarque y su lucha histórica de defensa de los bienes comunes. Estos asesinatos permanecen en total impunidad. Exigimos que sean condenados todos los autores intelectuales y materiales del asesinato de la coordinadora Berta Cáceres, acribillada de balas el 2 de marzo de este año. El robo del expediente del caso a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de supuestos ladrones, el 29 de septiembre, es una vergüenza para el gobierno hondureño que trabaja al servicio de la impunidad y no de la justicia.

Reclamamos que cese la guerra cotidiana contra los miembros COPINH, cuya manifestación pacífica por la justicia y la tierra frente al Ministerio Público en Tegucigalpa el 20 de octubre fue violentamente reprimida por la policía, en donde se puso en riesgo la vida de menores de edad al hacer uso indiscriminado de gases lacrimógenos. En la manifestación también resultaron heridos miembros del OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), quienes se enfrentan cotidianamente a la represión por defender su territorio de la expansión hotelera y palmera en el norte de ese país.

Desde México, apoyamos la lucha de los miembros COPINH en defensa del río Gualcarque y del pueblo lenca .Así mismo, abrazamos a los compañeros y las compañeras del OFRANEH y del MUCA en ardua lucha por  la defensa de sus territorios. Exigimos la cancelación definitiva del proyecto Agua Zarca, y de todos los proyectos de muerte que acaparan tierras, desplazan pueblos y destrozan los bienes comunes naturales en nuestro continente.

¡No a los proyectos extractivos que traen muerte en nuestro continente!
¡Sí a la vida y a la autodeterminación de los pueblos!

Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México


– Exigimos al Estado de Honduras que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos

– Repudio al asesinato de campesinos en Honduras (comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, ATALC)

Exigimos al Estado de Honduras que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos

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Honduras, octubre de 2016

ACTUALIZACIÓN:

«Muchas gracias por haber firmado la carta dirigida a autoridades hondureñas sobre la situación de las personas que defienden derechos humanos en su país.  La carta fue firmada por 170 organizaciones y 16 académicos y otras personalidades.  Se entregó esta tarde al Ministerio Público y la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentalización.  Adjuntas encontrarán la versión final, con su firma incluida y la copia de recepción de la misma con los respectivos sellos en la primera y última páginas.  Les invitamos a circular la carta con sus contactos y compartirla con sus respectivos gobiernos.»

CARTA:

Respetables Señora y Señores

Héctor Leonel Ayala
Secretario de Estado de los Despachos de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización

Karla Cueva
Sub-Secretaria de Justicia y Derechos Humanos

Oscar Chinchilla
Fiscal General de la República de Honduras

Apreciables señoras y señores:

Las organizaciones firmantes, acompañantes de diferentes procesos de defensa de los derechos humanos en Centroamérica, manifestamos nuestra preocupación por los graves obstáculos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, tal y como lo evidencian los recientes asesinatos de José Ángel Flores (presidente) y Silmer Dionisio George (miembro) del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) ocurridos el día martes 18 de octubre y los atentados en contra de Tomás Gómez Membreño (coordinador general) y Alexander García Sorto (integrante) del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) el pasado 9 de octubre; así como intimidaciones, amenazas, la represión a la libertad de reunión y de expresión y otros hechos que afectan gravemente las actividades de defensoras y defensores en su país; particularmente cuando éstas afectan los intereses de actores con poder político o económico.

 

Estos ataques en contra de quienes defienden los derechos humanos repercuten negativamente sobre el disfrute de los derechos que defienden, contribuyen a generar un ambiente negativo y de temor para la defensa de los mismos y provocan como consecuencia, la disminución de reclamos y denuncias. En una reciente declaración, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló que “cualquier amenaza o violencia contra los defensores de derechos humanos constituye una violación de las obligaciones de los Estados hacia la realización de los derechos contenidos en el Pacto” (1).

Honduras es el país con mayor número de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): 426 personas beneficiarias, de las cuales 16 defensoras de derechos humanos fueron asesinadas entre 2001 y julio de 2016 (2).

El hecho que José Ángel Flores, Silmer Dionsio George, Tomas Gómez Membreño y Alexander García Soto pertenezcan a organizaciones a las que les fueron concedidas medidas cautelares (3) de la CIDH demuestra una grave falla en el deber del Estado de Honduras de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos y la seguridad de los defensores de derechos humanos, incluidos los que trabajan por hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, tal y como quedó expresado en la última resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos (4), la cual fue co-patrocinada y votada por Honduras.

La continuidad de estos hechos de violencia contra las y los defensores, ponen en evidencia que en Honduras la situación es crítica para ellos, ya que no cuentan con garantías por parte del Estado para ejercer su labor ni sus derechos a la libertad de opinión, de expresión y de reunión o asociación pacíficas, a participar en los asuntos públicos y a interponer recursos efectivos (5) cuando lo consideren oportuno.

Respetados funcionarios del Estado de Honduras,

Como es de su conocimiento, durante este año diferentes órganos de tratado de Naciones Unidas han examinado al Estado de Honduras (6). En sus sesiones los diferentes Comités han preguntado específicamente sobre qué esta haciendo el Estado de Honduras para garantizar el trabajo y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos. Su respuesta como Estado ha sido el reconocimiento de “la labor de los defensores de derechos humanos” y la aprobación, reglamentación e implementación de la Ley de Protección de defensores de derechos humanos, así como “la atención a las 38 solicitudes de protección presentadas ante la Dirección General del Sistema de Protección hasta junio de 2016” (7).

Sin embargo, los hechos de violencia en contra de las y los defensores de derechos humanos demuestra que este mecanismo ha resultado poco efectivo, tal y como ha sido señalado tanto por actores nacionales como internacionales, dada la falta de medidas concretas (8) y específicas de protección para estas personas, más allá del acompañamiento o vigilancia perimetral policial; los cuales en algunos casos se ha brindado sin análisis de riesgos y respondiendo sólo con medidas de urgencia y no de protección (9).

En sus observaciones finales, tanto el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité Contra la Tortura, como el Comité sobre Trabajadores Migrantes expresaron su preocupación por la descalificación (10), las amenazas (11) actos de intimidación (12) y asesinatos (13) en contra de las personas defensoras de derechos humanos y el grado de impunidad de la que gozan los responsables de esos actos (14).

El Comité Contra la Tortura expresó también su preocupación por las (…) declaraciones públicas realizadas por altos funcionarios del Estado en las que se descalifica el trabajo de los defensores de derechos humanos, poniendo así en riesgo su integridad física (15).

Ante esta grave situación, por medio suyo nos permitimos hacer un llamado al Estado de Honduras para que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de protección a los y las defensoras de derechos humanos, entre las cuales están:

  1. Tomar todas las medidas necesarias para la protección efectiva de todas las personas defensoras de derechos humanos, las cuales deben ser desarrolladas en consulta con las beneficiaras (16).
  2. Fortalecer y dotar con los recursos necesarios (17) al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, incluidos los beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, concediendo un mayor espacio de participación a las personas representantes de las organizaciones de derechos humanos (18).
  3. Desarrollar sistemas eficaces de alerta temprana y acción urgente (19) en consulta con las personas defensoras de derechos humanos, con el objetivo de prevenir los ataques en su contra.
  4. Garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y de opinión sin amenazas ni hostigamiento y cualquier otra actividad de promoción y defensa de los derechos humanos (20), e
  5. Investigar de manera exhaustiva, eficaz (21) , sin demora y de manera independiente (22) todas las denuncias y atentados contra la vida e integridad física de los defensores y defensoras de derechos humanos (23). Además, se haga rendir cuentas a los responsables (…) y se garantice de manera efectiva su vida e integridad física (24).

Estamos seguros de que la implementación de estas acciones redundará en mejorar las condiciones del trabajo y la seguridad de las y los defensores, y les daría, además, el respaldo institucional que necesitan para continuar con la defensa de los derechos humanos; lo que redundará en beneficios para toda la sociedad hondureña.

Respetuosamente,

Cc
Roberto Herrera Director Comisionado Nacional de Derechos humanos.
Sr. Embajador Giampaolo Carmelo RIZZO ALVARADO Misión Permanente de Honduras ante el Sistema de Naciones Unidas – Ginebra, Suiza.
Dirección General de Investigación para el Cumplimiento de Compromisos en Derechos Humanos
Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales
Dirección General de Políticas Públicas de los Derechos Humanos y Justicia

Sr. James Callavaro, Relator País, Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Sr. Embajador Choi Kyonglim, Presidente del Consejo de DDHH de NU
Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de DDHH de NU-Ginebra
Sra. María Soledad Pazo Oficina del Alto Comisionado de DDHH- Honduras

Órganos de Tratado de Naciones Unidas:
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Comité contra la Tortura
Comité sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

Relatores/as especiales de Naciones Unidas:
Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas;
Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;
Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación;
Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

(1) E/C.12/2016/2, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Human Rights Defenders and Economic, Social and Cultural Rights, 7 October 2016. Statement by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights.
(2) PBI, Honduras Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Junio 2016).
(3) CIDH. MC 50/14 – Líderes y lideresas campesinas del Bajo Aguán, Honduras y MC 112/16 – Miembros de COPINH, familiares de Berta Cáceres y otro, Honduras.
(4) A/HRC/31/L.28 Protección de los defensores de derechos humanos, ya sean individuos, grupos u órganos de la sociedad, que trabajan en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales (23 de marzo de
2016)
(5) Ibídem A/HRC/31/L.28.
(6) Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité contra la Tortura y Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
(7) Comité contra la Tortura, 58o Sesión. Intervención de Honduras, segundo informe periódico de honduras al Comité contra la tortura. 27 al 28 de julio de 2016. En: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fSTA%2f
HND%2f24652&Lang=en
(8) CAT/C/HND/2, Comité contra la Tortura, Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Honduras, párrafo 42, 10 de agosto de 2016
(9) ¿Es realmente efectivo el mecanismo de protección para Defensorxs de Derechos Humanos?, Coalición contra la Impunidad, 17 octubre de 2016.
(10) E//C.12/HND/CO/2, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Honduras, párrafos 9 y 10, 24 de junio de 2016
(11) E/C.12/HND/CO/2; CAT/C/HND/2; CMW/C/HND/CO/1.
(12) CAT/C/HND/2.
(13) E/C.12/HND/CO/2, CAT/C/HND/2, CMW/C/HND/CO/1.
(14) Op. Cit. CAT/C/HND/2.
(15) Op. Cit.
(16) A/HRC/33/42/Add.2 Consejo de Derechos Humanos
33o período de sesiones,
 Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a Honduras, 2016.
(17) Op. Cit. Coalición contra la Impunidad; A/HRC/33/42/Add.2.
(18) Op. Cit.
(19) Op. Cit. A/HRC/33/42/Add.2.
(20) Op. Cit. CMW/C/HND/CO/1.
(21) Op. Cit. E/C.12/HND/CO/2.
(22) Op. Cit. CMW/C/HND/CO/1.
(23) Op. Cit. E/C.12/HND/CO/2.
(24) Op. Cit. CMW/C/HND/CO/1.

Iniciativa promovida por la Plataforma Internacional contra la Impunidad

[Conversatorio] Resistencia al modelo extractivo: criminalización e impunidad en América latina

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Este martes 25 de octubre del 2016 a las 7 PM,

Otros Mundos A.C. les invita al conversatorio

«Resistencia al modelo extractivo:
criminalización e impunidad en América latina»

en el Foro Kinoki de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Dirección: Belisario Domínguez #5A, Colonia Centro,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

 

Les queremos invitar al conversatorio «Resistencia al modelo extractivo: criminalización e impunidad en América latina», en el que reflexionaremos sobre este sistema económico basado en la acumulación del capital y la extracción de bienes comunes naturales mediante la actividad minera, la construcción de represas hidroeléctricas, la extracción de gas y petróleo, la explotación de los bosques y de la biodeversidad. Este modelo se impone a través de megaproyectos que violan los derechos humanos de los pueblos rurales, negros e indígenas de América latina, destruyendo el medioambiente y las fuentes de vida de las comunidades. Es el modelo contra el cual miles de pueblos están resistiendo para proponer otra forma de vida, más respetuosa del medioambiente y de las tradiciones ancestrales de los pueblos.

Contaremos con la presencia de Bertha Zúñiga Cáceres, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), para hablarnos de la resistencia al modelo extractivo en Centroamérica. Es hija de Berta Cáceres, quien coordinaba dicha organización cuando fue asesinada en la noche del 2 al 3 de marzo de este año en Honduras. Le quitaron la vida por defender al pueblo Lenca del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Tendremos un enlace vía Skype con Gustavo Castro Soto, integrante de Otros Mundos A.C., quien nos hablará de los impactos del modelo extractivo sobre los pueblos y el medioambiente en México y América latina. Como defensor, ha trabajado de cerca con el COPINH durante 20 años, creando redes de resistencia a megaproyectos en la región.

Estará presente también el abogado Miguel Ángel de Los Santos, profesor en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), quien lleva el caso de Gustavo Castro Soto en su proceso de demanda a las autoridades hondureñas por el intento de asesinato del que fue víctima en la noche en la que asesinaron a Berta Cáceres. Nos hablará de los mecanismos de criminalización de los movimientos sociales y de la impunidad en la que permanecen los autores de violaciones de derechos de las y los que resisten al modelo extractivo en la región.

 

Gustavo Castro: «Cuando mataron a Berta Cáceres a mí me dieron por muerto»

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Entrevista

El sociólogo ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto es testigo directo del asesinato de la activista de la tierra y el medioambiente de Honduras. Se encuentra en La Palma invitado por el grupo local de Amnistía Internacional. “Merece la pena morir por defender el planeta”, asegura.

Esther R. Medina – eldiario.es

Está convencido de que merece la pena morir por defender los derechos humanos y el patrimonio natural del planeta. El sociólogo ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto se encuentra en La Palma invitado por el grupo local de Amnistía Internacional. Durante su estancia en la Isla mantendrá encuentros con los estudiantes de diferentes institutos y el próximo viernes, 7 de octubre, a las 20:00 horas, ofrecerá una conferencia en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma. Es defensor de los derechos humanos y de la tierra y el medioambiente y fundador de la organización Otros Mundos con sede en Chiapas. Este destacado activista es asimismo miembro de la coordinación nacional de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), del Movimiento Mexicano de los afectados por las Represas (Mapder), de la Red Latinoamericana contra las Represas (Redlar) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4). Gustavo Castro era compañero y amigo de Berta Cáceres, la líder y defensora de la tierra y el medioambiente de Honduras que fue asesinada en marzo de 2016. Fue testigo directo de su muerte. “Este hecho ha supuesto un antes y un después y me ha marcado la necesidad de revisar la vida”, ha manifestado en una entrevista con La Palma Ahora. Está amenazado de muerte y lleva dos meses en España acogido en el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

-¿Merece la pena morir por defender los derechos humanos y el patrimonio natural?

-Pues creo que a fin de cuentas sí, porque se trata de la vida de todos y todas. La defensa del medioambiente es también la defensa de la propia vida, de la vida de nuestros hijos, y es la vida del planeta en el que vivimos todos y todas. No tenemos otra opción, hay que hacerlo.

-Ha sido testigo directo de la muerte de Berta Cáceres. ¿Cómo le ha marcado esa experiencia?

-Ha sido como un antes y un después. Fui testigo del momento en el que asesinan a Berta, la vi fallecer, y también sufrí yo un intento de homicidio, me dieron por muerto aunque quedé herido. Este hecho me ha marcado la necesidad de revisar la vida, las estrategias de lucha y de resistencia que se tienen que hacer en América Latina para defender el medioambiente, porque no solo estoy yo, hay mucha gente más: comunidades, pueblos, hombres y mujeres que están en la misma situación defendiendo el patrimonio de la humanidad, los ríos, los bosques, en bien de todo. 

-¿Piensa regresar a América Latina?

-Por lo pronto, no. Estoy en el programa de protección de Amnistía Internacional, y el proceso legal y jurídico contra el Gobierno de Honduras por el asesinato de Berta y de la tentativa de asesinato en mi caso, sigue todavía, se han detenido a cinco presuntos delincuentes -que son los que estuvieron en el atentado-, el gerente de una empresa hidroeléctrica, un militar, un ex militar, sicarios… y la inseguridad para mí continúa porque yo vivo muy cerca de Honduras, por eso veo la necesidad de estar un tiempo fuera, y desde España seguir colaborando en la investigación para que se haga justicia por el caso de Berta.

-¿Qué mensaje desea transmitir a la sociedad palmera?

-Me gustaría platicar mucho con los chicos sobre el amor a la tierra, el amor a este planeta que es de todos y todas, y que no solo es responsabilidad nuestra cuidarlo sino responsabilidad de todos estemos donde estemos. En este sentido, vale la pena protegerlo porque estamos hablando de nuestro futuro. Alguien en una comunidad dijo que los adultos debemos preocuparnos por el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y otro comentó que habría que preocuparse qué hijos vamos a dejar a este planeta, hijos críticos, hijos sanos, hijos con ganas de cambiar la realidad, de defender la humanidad, el medioambiente, y yo quiero transmitir eso, enseñar a no ser pasivos, a enamorarnos de nuestro planeta, de nuestra vida y de nuestro futuro.

Honduras: Experto de la ONU advierte sobre el riesgo de impunidad en el caso de Berta Cáceres

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Pronunciamiento Naciones Unidas sobre caso BERTA CÁCERES

GINEBRA (6 de octubre de 2016) – El experto independiente de las Naciones Unidas Michel Forst expresó hoy graves preocupaciones sobre la marcha de la investigación judicial en el caso de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, asesinada en marzo de este año.

Las declaraciones del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos se producen tras la desaparición del expediente original del caso. Según la información recibida, el miércoles 28 de septiembre la jueza encargada del proceso fue interceptada por hombres armados que robaron su auto y el expediente que en él se encontraba.

“El robo del expediente original del caso de Berta Cáceres es muestra de la vulnerabilidad del sistema judicial hondureño y da cuenta, en este sentido, del problema de fondo que perpetúa la impunidad en Honduras: la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades hondureñas para investigar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos”, recalcó el Sr. Forst.

“Las autoridades hondureñas deben investigar de manera prioritaria el robo del expediente y las condiciones en las que sucedió, así como tomar medidas adecuadas y eficaces para evitar la repetición de tales hechos”, señaló.

Asimismo, el Relator Especial pidió que “la reconstrucción del expediente se haga de manera transparente y con la plena participación de los representantes de la víctima y sus familiares”.

“Las autoridades hondureñas deben actuar con profesionalidad, transparencia e independencia en la búsqueda de justicia en el caso de Berta Cáceres”, indicó el Sr. Forst. “De igual forma, deben tomar las medidas necesarias para garantizar la participación plena y efectiva de las víctimas y sus representantes legales en todas las etapas del proceso judicial”.

Para el experto de la ONU, “es fundamental que se restablezca la confianza de las víctimas en el funcionamiento del sistema judicial, no sólo para obtener justicia en el caso de Berta Cáceres, sino para combatir activamente la impunidad en Honduras”.

“Insto al Estado hondureño a aceptar la creación de la comisión independiente de expertos propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cooperar en la investigación del asesinato de Berta Cáceres”, dijo el Relator Especial.

“El caso de Berta Cáceres es un ejemplo del nivel de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en Honduras y, en particular, las mujeres defensoras”, concluyó.

Las declaraciones del Sr. Forst cuentan con el respaldo del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.

El Sr. Michel Forst (Francia) fue designado Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en 2014. El Sr. Forst tiene una vasta experiencia en el tema de los derechos humanos, específicamente sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Fue Presidente de Amnistía Internacional (Francia) y Secretario de la primera Cumbre Mundial sobre Defensores de Derechos humanos en 1998. Para mayor información, visite: http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx

Lea el informe del Relator Especial sobre las amenazas globales que enfrentan los defensores, y sobre la situación de los defensores de los derechos de la mujer:
http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/AnnualReports.aspx

COPINH y familia de Berta Cáceres piden al Ministerio Público que rompa la secretividad

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COPINH y la familia de la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres, pidió al Ministerio Público que rompa la secretividad decretada sobre este emblemático caso que está siendo discutido nacional e internacionalmente.

7 meses de Impunidad e Injusticia.

COPINH

La petición la hizo el apoderado legal de la familia Cáceres, Víctor Fernández, quien consideró como un absurdo que el Ministerio Público no le permita tener acceso a la información y al expediente, cuando ahora éste está en manos de criminales, luego que le fuera hurtado a la magistrada María Luisa Ramos.

El caso de Berta Cáceres, quien fue asesinada el pasado 3 de marzo en su casa de habitación en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, fue declarado en secretividad por el Ministerio Público, sin embargo desde ese entonces el proceso ha estado plagado de irregularidades.

 

“Rompan con la secretividad para que nos demos cuenta, para contribuir al proceso de investigación, para tener posiciones oportunas sobre lo que está pasando en el caso”, expresó Fernández, quien además es el coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) una organización sin fines de lucro, cuyas oficinas fueron asaltadas recientemente y donde curiosamente se maneja el connotado juicio.

El profesional del derecho reveló este martes que mediante un allanamiento practicado por fiscales del Ministerio se encontró el pasado 2 de mayo en las oficinas de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), una camiseta, supuestamente del Fiscal General de la República.

“Este dato a nosotros nos parece sobremanera relevante y hoy el que el caso lo tiene cualquier gente que se lo robó ¿por qué nosotros debemos seguir conservando el secreto?”, dijo Fernández.

Apuntó que la familia Cáceres quiere que el Ministerio Público tenga éxito en el proceso de juzgamiento, “pero con este comportamiento, con estos datos, cuya respuesta es el secreto, el silencio, es un poco difícil mantener la confianza”, señaló.

Insistió en que es insostenible que el Ministerio Público mantenga en secreto un caso que ya está en manos de la delincuencia, por lo que a reglón seguido pidió la conformación de una comisión internacional. Desde un inicio la familia Cáceres ha venido solicitando la integración de una comisión internacional, liderada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El coordinador de la MADJ pidió que al caso de Berta Cáceres no se le siga dando el trato de cualquier asesinato, porque debe ser considerado un crimen de lesa humanidad.

Fuente: Criterio hn

 

 

Honduras: El FMO y su informe mentiroso

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COPINH

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras rechaza enérgicamente el informe de la Misión contratada por el FMO para legitimar sus actuaciones como banco financiador, así como las de la empresa DESA, la misión en su informe busca desestimar las responsabilidades de estas instituciones en la creación de una situación de conflictividad, intimidaciones, agresiones y asesinatos en las comunidades de Río Blanco y en contra del COPINH, así como en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Este informe busca desacreditar la resistencia legítima que han presentado las comunidades de Río Blanco en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, mediante la criminalización del COPINH, las comunidades indígenas y sus liderazgos.

Al mismo tiempo busca deslegitimar la búsqueda de justicia en el asesinato de nuestra Coordinadora General Berta Cáceres quitando las responsabilidades que claramente tiene DESA, e incluso el documento promueve la reapertura del proyecto.

El COPINH rechaza, una vez más la imposición de las ideas occidentales acerca del “desarrollo” enmascarado en el capitalismo verde que en realidad significa el saqueo del territorio Lenca, de nuestra cosmovisión y espiritualidad.

El informe trata al proyecto Agua Zarca como una solución mágica para los problemas de las comunidades, obviando que los beneficiados son los grupos económicos que en complicidad con las autoridades imponen su beneficio económico sin importar cuántas vidas cueste, arrojando migajas para las comunidades, las cuales debemos suponer que reemplazan las responsabilidades del Estado.

El Convenio 169 de la OIT, al igual que los demás instrumentos jurídicos, han sido producto de las luchas de los pueblos indígenas del mundo por el reconocimiento de nuestros derechos y su letra no puede ser tergiversada al beneficio de las empresas, los bancos o el Estado. El informe busca quitarle las responsabilidades a DESA y a los bancos, en especial al FMO, en la violación de la Consulta y Consentimiento, Libres, Previos e Informados (CLPI).

Agua Zarca es un proyecto aprobado por el Estado, sin consulta a las comunidades afectadas ni a sus organizaciones. Por lo cual desde su origen es ilegal e ilegítimo, y los funcionarios quienes firmaron cualquier contrato o disposición son igual de responsables por la violación a la CLPI y sus resultados en Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres. Jonathan Laínez, exvice-ministro de SERNA y Martiniano Domínguez, exalcalde de Intibucá, están siendo procesados por abuso de autoridad en la violación a la CLPI por los permisos otorgados a DESA sobre el Río Gualcarque. Exigimos castigo por esa violación flagrante de los derechos del pueblo Lenca.

La Misión del FMO se parcializó para favorecer a los actores involucrados en la violación de los derechos del pueblo de Río Blanco y construyó un discurso que respalda las nefastas actuaciones de la empresa. La Misión ignoró y desestimó testimonios de personas e instituciones claves para entender el contexto de violencia y conflictividad creado por la empresa y el Estado hondureño. E incluso evitó hablar con la familia de nuestra compañera Berta Cáceres aún cuando su tarea es producto de su vil asesinato y la vinculación de DESA en este.

La violencia sufrida en las comunidades de Río Blanco ha sido producto de la instauración de un modelo de terror paramilitar y división implantado desde la empresa DESA, dirigida por su gerente, militar de inteligencia, David Castillo, en complicidad con todos los niveles del Estado (Ejecutivo, congreso, alcaldes municipales), para imponer a toda costa un proyecto que no brinda beneficios a las comunidades, sino muerte y destrucción.

La responsabilidad de la violencia recae en las actuaciones de esta empresa y su alianza con las instituciones estatales que han agredido, humillado y asesinado con impunidad. Sin embargo, el informe de la misión del FMO busca alegar que la violencia proviene de las comunidades y criminaliza al COPINH. El informe ignora la naturaleza sistemática de la violencia, lo cual incluye los asesinatos de cuatro miembros de COPINH, así como los cientos de casos de intimidación y agresiones por parte guardias de seguridad, policías y militares contra las comunidades.

Este informe es sacado a la luz con el objetivo de tergiversar la verdad acerca del proyecto de muerte Agua Zarca y permitir que DESA/Agua Zarca continúen sembrando la muerte para lucrarse.

La Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas de la ONU, ha expresado en su reciente informe acerca de la situación de los pueblos indígenas en Honduras “El Caso de Río Blanco es emblemático de la situación de violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia que amenaza a los pueblos indígenas de Honduras, particularmente en relación con los proyectos de inversión”. Y ha añadido; “Deben profundizarse las líneas de investigación del asesinato de Berta Cáceres respecto a la posible participación de personas adicionales, incluyendo empleados y agentes de la empresa y agentes estatales, policiales, militares y de seguridad privada”.

Sabemos que se está desarrollando toda una estrategia mediática a nivel nacional para limpiar la imagen de DESA/Agua Zarca y poner en funcionamiento el proyecto, con la aparición de figuras indignas y vendidas como Elsia Paz entre otras.

El COPINH deja claro que no vamos a permitir de ninguna manera que Agua Zarca continúe y que se sigan despojando nuestros territorios. Nuestra búsqueda de justicia por Berta será inagotable y todos los responsables deben ser castigados.

Exigimos que el FMO, Finn Fund, y el BCIE se retiren de manera inmediata y definitiva del Proyecto Agua Zarca.  Exigimos la cancelación inmediata del Proyecto Agua Zarca en el sagrado Rio Gualcarque.

Seguimos en pie de lucha. Por Berta y por todos y todas nuestras mártires. Por nuestros ríos, bosques y montañas. Por todas las comunidades que resistimos este sistema capitalista, racista y patriarcal.

En el documento adjunto se amplían las inconsistencias, sesgos, y errores del informe de la misión del FMO, solicitamos a la solidaridad nacional e internacional su difusión y apoyo.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

Dado a los 30 días del mes de septiembre de 2016.

AQUI PUEDEN LEER EL DOCUMENTO ADJUNTO COPINH rechaza el informe de la Misión del FMO

ADEMAS: Mediante asalto roban expediente judicial del asesinato de Berta Cáceres http://www.clibrehonduras.com/alerta/mediante-asalto-roban-expediente-judicial-del-asesinato-de-berta-c%C3%A1ceres

El gobierno de Honduras paga a militares para recabar información de activistas

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La organización de Berta Cáceres hace esta denuncia a raíz de la confesión de un militar infiltrado en el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras)

Marta del Vado, Cadena Ser

Llevaba unos diez años trabajando para el ejército hondureño hasta que lo descubrieron, dos meses después del asesinato de Berta Cáceres, pasando información de activistas al gobierno de Juan Orlando Hernández. En ese momento, formaba parte de la Guardia de Honor presidencial de las Fuerzas Armadas de Honduras aunque llevaba un año haciéndose pasar por campesino, defensor de los derechos del pueblo lenca y activista contra el proyecto hidroeléctrico que la empresa DESA pretende llevar a cabo en el municipio de La Esperanza, al oeste del país centroamericano. «El orejas», como le llaman los miembros del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), participaba en las actividades de la organización que impulsó Berta hace 23 años y que enfrenta medio centenar de proyectos de multinacionales extractoras en territorio indígena lenca. Pero en realidad se dedicaba a redactar informes sobre las acciones que planean las organizaciones civiles y fotos de los defensores.

Según los documentos incautados en su teléfono móvil, los informes eran remitidos directamente a Casa Presidencial. Cuando los líderes del COPINH se dan cuenta de que tienen un espía entre sus filas, le interrogan. «El orejas» admite que trabaja para el gobierno, niega saber quién está detrás del asesinato de Berta y reconoce que la información que ha facilitado les ha podido costar la vida a varios activistas. Desde el día en el que reconoció ser un infiltrado, a principios de mayo, se desconoce su paradero.

 

Los defensores hondureños del medioambiente y derechos humanos aseguran que las amenazas se han incrementado desde el asesinato de Berta. Nelson García y Lesbia Janeth, ambos miembros del COPINH, han sido asesinados en marzo y julio de este año respectivamente. El actual coordinador de la organización, Tomás Gómez, ha sufrido tres ataques en estos seis meses, uno de ellos fue a balazos contra su coche. Los activistas creen que el hostigamiento constante y las amenazas directas de policías y militares (además de las de sicarios y trabajadores de multinacionales) forman parte de una política de Estado contra la lucha civil, con el objetivo de eliminar las protestas contra los proyectos de las empresas extractoras.

Gustavo Castro, el único testigo del asesinato de Berta, cuenta en declaraciones a la SER que un desertor, del que no ha trascendido su nombre por seguridad, reconoció a defensores hondureños que pertenecía a un escuadrón de élite del ejército que manejaba una lista de objetivos. “Este escuadrón está apoyado y financiado por Estados Unidos”, según el testimonio de esta persona, dice Castro, “estos militares tenían que entrenar y que reportarse en el cuartel y cada vez eran menos y menos los que regresaban, iban poco a poco desertando, desapareciendo, entonces éste decide huir. Y, efectivamente, cuando ve los nombres que están en la lista de posibles asesinatos, confiesa que estaba el de Berta”.

En los informes que “el orejas” envía a Casa Presidencial no solo aparecen datos del COPINH. También figuran otras organizaciones sociales como la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el Movimiento Amplio Dignidad y Justicia (MADJ) o el Movimiento 5 de Julio, entre ellas. OFRANEH, por ejemplo, se moviliza en la costa Caribe de Honduras, territorio de la etnia garífuna, contra proyectos hidroeléctricos, mineros o de producción de palma africana. Su coordinadora, Miriam Miranda, asegura que el asesinato de Berta no es un caso aislado. “En todo el país existe una gran represión contra las comunidades que inicien cualquier protesta contra los intereses del gobierno; inmediatamente son catalogadas como enemigas del Estado y es el mismo ejecutivo el que nos criminaliza a través de sus aparatos institucionales”. Miranda cree que tras el golpe de Estado en 2009, Honduras se ha convertido en “un laboratorio político que ha sido replicado en países como Paraguay o Brasil, donde se persigue a los defensores de los territorios y los bienes comunes de la naturaleza”. Miranda, al igual que los integrantes del COPINH, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras un intento de secuestro y asesinato en 2012. Pero asegura que “no sirven un carajo porque el Estado no tiene una política de protección y seguridad para los defensores de derechos humanos más allá de ponerles un policía”. Y se pregunta, “¿cómo vamos a querer ir acompañados de policías cuando en este país altos mandos de las fuerzas armadas están involucrados en el crimen organizado y en los hostigamientos?”.

Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas medioambientales y de derechos humanos. Desde 2009, más de 110 defensores han sido asesinados en este país según la organización Global Witness.

 

Honduras: «El Estado y la imposición del modelo extractivista son responsables del asesinato de Berta»

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Entrevista con Tomás Gómez, coordinador interino del Copinh

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Este 2 de septiembre, en varias ciudades del mundo volvieron a levantarse voces de protesta contra el silencio cómplice de las autoridades hondureñas, y el velo de impunidad que, después de seis meses, aún cubre el brutal asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres Flores.

En La Esperanza, Intibucá, cientos de indígenas Lenca convocados y convocadas por el Copinh[1] se movilizaron junto a familiares de la luchadora social asesinada y a miembros del pueblo garífuna organizado en la Ofraneh[2], exigiendo justicia para Berta Cáceres, castigo para los responsables materiales e intelectuales del crimen y el cese inmediato de la criminalización de la lucha contra el modelo extractivista y el saqueo de los bienes comunes de la naturaleza.

Tomás Gómez Membreño es el coordinador interino del Copinh. Hace seis meses le tocó asumir el cargo e iniciar a trabajar sin descanso para que el dolor, la frustración y la ira de un entero pueblo se transformara en fuerza creadora y propositiva. La LINyM conversó con él.

– LINyM: ¿Qué han significado estos seis meses de indignación y lucha contra la impunidad?
– Tomás Gómez: Han sido meses difíciles y el asesinato de nuestra coordinadora general está quedando en la impunidad. El Estado de Honduras sigue negándonos las informaciones y el secretismo es total. También ha profundizado la criminalización, estigmatización y el hostigamiento contra nuestra organización y las comunidades Lenca en lucha, como por ejemplo las de Río Blanco que se oponen al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” de la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa).

Hemos denunciado la campaña mediática de desprestigio contra el Copinh lanzada por los medios corporativos de comunicación, al tiempo que hemos continuado exigiendo el cumplimiento de los 5 puntos de nuestra agenda, que son la creación de una comisión de investigación independiente e imparcial, el cierre inmediato y definitivo de “Agua Zarca” y la cancelación de las 50 concesiones hidroeléctricas en territorio Lenca.

Asimismo pedimos la desmilitarización de nuestros territorios, la derogación de la nueva Ley de Minería y el cese de cualquier financiamiento nacional e internacional a proyectos de muerte, que son parte del actual modelo económico depredador.

A las autoridades hondureñas no les importa investigar el asesinato de Berta, ni encontrar a los verdaderos responsables. Tampoco les interesa investigar el asesinato de los demás compañeros y compañeras del Copinh.

Pese a las dificultades y al ‘vacío’ dejado por nuestra compañera Berta, vamos a seguir en la lucha y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, avanzando en la organización de las comunidades, en la capacitación de sus miembros y en el fortalecimiento de la lucha contra este modelo.

– Tanto el Copinh como la familia de Berta siguen denunciando que fue un crimen de Estado. ¿Qué significa eso?
– Fue un crimen de Estado porque sus instituciones amenazaron, persiguieron, acosaron y criminalizaron a Berta, y porque nunca hicieron nada para evitar que la asesinaran, más bien trataron de responsabilizar al Copinh de este vil asesinato. Pero también fue un crimen del modelo extractivista impulsado por el gobierno de Honduras. Un modelo neoliberal, patriarcal y racista que depreda recursos, arrebata territorios, criminaliza y asesina a quienes luchan en defensa de la vida.

En Honduras atentar contra los intereses económicos del gran capital nacional y transnacional es un delito, y ese delito se paga con la vida. Es evidente que a Berta la asesinaron para detener la lucha de resistencia contra el proyecto “Agua Zarca” y para acabar con el Copinh y sus 23 años de lucha.

– Hay un fuerte debate acerca de la reglamentación del derecho a la Consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT. ¿Cuál es la posición del Copinh?
– Rechazamos contundentemente la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada que el Estado, con el apoyo del Pnud[3], pretende ahora imponer. Además de no tomar en cuenta a los pueblos en su elaboración y discusión, el proyecto deja la decisión final en manos del Estado a través de la Dirección de pueblos indígenas y afrohondureños (Dinafroh), desconociendo así la condición fundamental de ‘Consulta Libre’.

 Actualmente hay como cuatro propuestas, una de ellas es la que el Observatorio de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Honduras (Odhpinh) introdujo en marzo de este año al Congreso Nacional. Esta propuesta se construyó desde las comunidades y de acuerdo con la cosmovisión de los pueblos indígenas y negros. La misma Berta participó activamente en la elaboración del texto de esta propuesta de ley, que es la que apoyamos.

– ¿Qué es lo que más hizo falta de Berta en estos seis meses y cómo el Copinh se está preparando de cara al futuro?
– Berta ha hecho falta en todos los ámbitos. Su asesinato se dio mientras estábamos desarrollando nuestro plan quinquenal y nos tocó replantearlo. A nosotros nos toca ahora asumir su legado e ir apostando al tema de la integralidad de la propuesta. Vamos avanzando de a poco, superando crisis y dificultades, para ir desmontando ese sistema neoliberal que nos oprime.

– Se mantiene un gran apoyo solidario.
– Hay un desborde de solidaridad con el Copinh, con la familia de Berta, algo fundamental para seguir denunciando lo que está pasando. Estamos infinitamente agradecidos con todas aquellas organizaciones y personas que siguen apoyándonos y luchando a la par nuestra.

Notas
[1] Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras
[2] Organización fraternal negra hondureña
[3] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Fuente: LINyM

Reportaje de Al-Jazeera:

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