Familia de Berta Cáceres acusa a Gobierno hondureño de “marginarlos” del caso

elpais.cr

México, 13 may (EFE).- La familia de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres y la ONG que lideraba denunciaron sentirse “marginados” en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía hondureña, que criticaron por sus “carencias y vacíos”.

“Tenemos preocupaciones con respecto a la falta de cumplimiento con los derechos de las víctimas en cuanto a que estamos marginados de las investigaciones por la ilegal secretividad interpuesta por el Ministerio Público”, criticó José Gaspar, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

En una rueda de prensa en la Ciudad de México, Gaspar explicó que se les ha negado el acceso a participar en las indagaciones, que se caracterizan por su falta de “exhaustividad”.

También destacó “las carencias y vacíos que se presentan en las diligencias” del asesinato de Cáceres y del intento de homicidio al ambientalista mexicano Gustavo Castro.

Berta Cáceres, coordinadora general del Copinh y líder de la etnia lenca, en el occidente hondureño, fue asesinada el pasado tres de marzo, pese a tener medidas cautelares y tras haber recibido amenazas de muerte.

En el lugar del crimen se encontraba Castro, que pudo volver a México el pasado 1 de abril tras ser retenido en Honduras por la autoridad, en una decisión que definieron de “arbitraria e ilegal” y en la que intervino el Gobierno mexicano para que se resolviera.

Castro anunció hoy en la conferencia de prensa que se incorpora, a través de sus abogados, como acusación privada en el proceso de investigación y judicial, porque las indagaciones resultan “insuficientes”.

“Me reafirmo como víctima de un intento de homicidio y por ello he decidido participar de una manera más activa en este proceso”, subrayó.

También exigió que se retiren fondos contra proyectos ambientales que vulneran los derechos humanos y atacan a los indígenas.

Y enfatizó en la necesidad de abundar en los intereses de firmas como DESA, de capital hondureño y chino, compañía que pretende desarrollar la hidroeléctrica Agua Zarca, a la que la ambientalista se oponía.

Berta Zúñiga, hija de la activista, cuestionó además las entidades financieras y fondos de desarrollo que permiten “la concreción de estos proyectos que han significado la muerte”.

Asimismo, insistió en su petición a las autoridades hondureñas para que un grupo de expertos interdisciplinario e independiente designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coadyuve en el caso.

Esto por la “desconfianza” hacia “las autoridades hondureñas porque estas mismas instituciones fueron las que persiguieron y criminalizaron” a su madre, señaló.

Resaltó la necesidad de identificar el autores o autores intelectuales del crimen, para evitar que este quede en la impunidad.

Hasta la fecha hay cinco detenidos por el crimen: Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado, y Sergio Rodríguez, ejecutivo de la empresa Agua Zarca que impulsa un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.

Además de Emerson Duarte, gemelo de Edilson Duarte, a quien se le encontró el arma de fuego con la que Cáceres habría sido asesinada.

El abogado de la familia de Cáceres, Víctor Fernández, denunció que el Gobierno hondureño busca “apropiarse” del proceso.

En su turno, el letrado de Castro, Edy Tábora, aseveró que el ambientalista mexicano no ha sido citado por la Fiscalía hondureña ni informado del caso, y no descartó una posible demanda a la autoridad de la nación centroamericana por la “detención ilegal” que vivió su representado.

“La impunidad en el asesinato de Berta Cáceres y otros defensores asesinados sería un gran mensaje erróneo de que situaciones como esta se pueden volver a repetir”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.

Qué fácil es matar a una ecologista

Berta Cáceres fue asesinada en Tegucigalpa por oponerse con éxito a la construcción de la presa de Agua Zarca

Jan Martínez Ahrens, El País

Berta Cáceres sabía que la muerte le pisaba los talones. Nunca lo dudó. Cuando en abril de 2015 la ecologista hondureña recibió el Goldman Enviromental Prize, el Nobel verde, lo dijo. Luego lo repitió a todo el que quiso escucharlo. Su vida estaba amenazada.

No era nada extraño. A lo largo de su lucha habían caído otros compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Ella misma era consciente de que la última batalla, contra la mastodóntica presa de Agua Zarca, le había puesto la diana en la frente.

El proyecto hidroeléctrico vaciaba el río Gualcarque, sagrado entre los indios. Para evitarlo, Cáceres movilizó a las comunidades lencas, dio dimensión internacional a su denuncia y no dudó en plantar cara a poderes que en Centroamérica tienen el gatillo fácil. La estrategia surtió efecto. Al menos, en parte. El Banco Mundial y la constructora pública china Sinohydro abandonaron la obra. Al timón quedó la compañía hondureña Desarrollos Energético SA (DESA).

Lo que vino después es una historia mil veces repetida en Honduras. La noche del 2 de marzo, Cáceres fue asesinada de dos tiros en su casa de La Esperanza, al oeste de Tegucigalpa. La autoría del crimen, desentrañada este mes por la fiscalía, saca a la luz un trama terrorífica por su previsibilidad.

El homicidio fue ordenado por el gerente de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana. En su comisión le ayudó uno de sus jefes de seguridad, el teniente retirado Douglas Geovanny Bustillo. Una bestia con ojos de ofidio a quien Cáceres ya había denunciado públicamente por amenazas y hasta acoso sexual. Dio lo mismo.

Bustillo contrató los servicios del mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales. Su tarea era diseñar la operación. Trazado el plan, emplearon a dos sicarios. Edilson Duarte, de 25 años, fue el que disparó contra la indomable ecologista. Dos balazos del calibre 38. A cambio recibió 50.000 lempiras (2.200 dólares).

Los cuatro implicados ya están encarcelados. Las últimas empresas internacionales que participaban en la presa de Agua Zarca (un banco de desarrollo holandés y un fondo de inversión estatal finlandés) han decidido, tarde y mal, irse. Pero nadie respira tranquilo. El país centroamericano vive en el abismo. Tiene una de las mayores tasas de homicidio del mundo, el 90% de los delitos queda impune y en poco más de una década, 113 activistas ambientales han sido asesinados. No es difícil prever que los seguirán eliminando. ¿Quién lo va a parar?

Ante las amenazas que sufrió Berta Cáceres, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado su protección policial. Pero la noche en que acabaron con su vida nadie la custodiaba. Tan solo 12 días después, otro compañero suyo de organización fue asesinado. Se llamaba Nelson García. Tenía 38 años. Lo mataron de un tiro en la cara.

Bertha Zúñiga, hija de Berta Cáceres, durante la conferencia de prensa de hoy. Foto: Sergio Ortiz Borbolla

Comunicado del COPINH sobre el caso de Berta Cáceres y Gustavo Castro

Comunicado del COPINH – Ciudad de México, 13 de mayo del 2016

Este comunicado fue leído durante la conferencia de prensa dada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hoy viernes 13 de mayo del 2016 en las oficinas de Amnistía Internacional en la Ciudad de México.

Bertha Zúñiga, hija de Berta Cáceres, durante la conferencia de prensa de hoy.  Foto: Sergio Ortiz Borbolla

A la comunidad internacional:

Dadas las recientes actuaciones por parte del Ministerio Público y el gobierno de Honduras en relación al asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres y el intento de asesinato del defensor de DDHH Gustavo Castro, las víctimas de los hechos y quienes nos representan expresamos lo siguiente:

Tenemos preocupaciones respecto a la falta de cumplimiento con los derechos de las víctimas en cuanto a que estamos marginados de las investigaciones por la ilegal secretividad interpuesta por el Ministerio Público. Se nos sigue negando el acceso a la participación activa de las indagaciones.

Se evidencia de manera amplia que no hay exhaustividad en la investigación. No se conocen acciones o diligencias importantes para determinar a la totalidad de los autores intelectuales, ya sean otros miembros del ejército, las responsabilidades institucionales de este cuerpo, ni la de los directivos o grupos económicos que conforman la empresa DESA. Así mismo, constatamos que de los requerimientos fiscales presentados no hay claridad acerca de las responsabilidades de los hombres imputados y que existen serias deficiencias de los elementos de prueba presentados.

 

Frente a todo lo anterior, manifestamos, de nuevo, la necesidad de que el Ministerio Público rompa con el secreto en que se ha manejado la investigación para nosotros, las víctimas.

Todas las carencias y vacíos que se presentan en las diligencias de la investigación del asesinato y el intento de asesinato no dejan duda para reflejar que se necesita de manera inmediata la participación de un equipo interdisciplinario de expertos, que sean independientes e internacionales, que garantice un proceso transparente y objetivo que agote la autoría intelectual del hecho, evitando que este vil crimen quede en la impunidad.

Aunado a estas debilidades investigativas, a Gustavo Castro no se le ha informado de los avances en las investigaciones, es por estas razones que él ha decidido incorporarse activamente como acusación privada en el proceso investigativo y judicial.

Demandamos que a partir de todos los indicios presentados de la participación de la empresa DESA en el crimen, ésta se retire de manera inmediata del Río Gualcarque y asuma sus responsabilidades, al igual que lo deben hacer todas las entidades financiadoras involucradas.

Reiteramos:

¡Justicia para Berta y Gustavo es justicia para el mundo!

¡Berta Vive!

Firman:

Bertha Zúñiga

Gustavo Castro

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

Video de la conferencia de prensa de hoy:

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Pueden escuchar y descargar el audio aquí

Join Peter Gabriel and Susan Sarandon in demanding justice for Berta Cáceres

This post is part of a campaign in solidarity with the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH in Spanish) launched in collaboration with Witness.

Ver la versión en español aquí

Two months ago Berta Cáceres, a Honduran environmental activist and human rights defender, was assassinated. Cáceres was the coordinator of the National Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH), headquartered in La Esperanza, Intibucá in western Honduras.

On May 2nd, the Honduran government announced the arrest of four suspects, including an active member of the Honduran military police; a member of Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA) – the Honduran company responsible for the construction of Agua Zarca, a hydroelectric dam that COPINH has long resisted for violating the human rights of hundreds of indigenous Lenca people; and two former members of DESA and the Honduran army respectively. The four are being held in prison but have not yet prosecuted.

For Berta’s family and COPINH, these arrests confirm DESA’s responsibility for the murder and show collusion between the Honduran government and the company, which they have always denied. However, these four names represent only a small part of the long list of those responsible for Berta Caceres’ murder, according to Berta’s family and COPINH. They report that the Attorney General has not conducted a comprehensive and thorough investigation to identify the masterminds of the crime. Moreover, they doubt the consistency of the investigation as the Attorney General has not allowed them to participate and hasn’t kept them informed of their progress.

In order to ensure complete impartiality in the investigation, Berta’s family and COPINH are demanding the creation of an independent, reliable and professional group of international investigators led by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR). However, to date, the Honduran government has not responded to this demand. Berta’s family and COPINH demand that the government recognize the political nature of the crime because Berta was murdered for her fight against the Agua Zarca project and the extractive industry model in Honduras, as well as her defense of the rights of the indigenous Lenca people. They are also calling for a comprehensive and impartial justice process and the definitive and immediate cancellation of the hydroelectric dam project Agua Zarca, which stands accused of violating rights such as the right to consultation of indigenous peoples, as stated in Convention 169 of the International Labour Organization (ILO). The Agua Zarca project is funded mainly by three banks: the Central American Bank for Economic Integration (BCIE), The Netherlands Development Finance Company and Finnish Fund for Industrial Cooperation.

In their struggle for truth and justice, COPINH members have received a single response from the Honduran government: repression. On May 9, during a peaceful action organized in front of the Presidential Palace in the capital Tegucigalpa the group was assaulted by the Honor Guard of the president. A minor was seriously injured in the attack and had to be hospitalized for a cerebral concussion.

Without local and international pressure on the Honduran government, it is unlikely that these demands will be met, which is why celebrities like Peter Gabriel and Susan Sarandon have joined the campaign to demand the Honduran government bring justice for Berta and satisfy all the demands of her family and COPINH.

Watch their video messages and add your voice to the call for justice by tweeting the messages below:

Susan Sarandon:

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Peter Gabriel:

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Tweet: Berta was murdered 2 months ago. Join us today asking for justice to President @juanorlandoh #Justice4Honduras http://ctt.ec/8F4fi+Berta was murdered 2 months ago. Join us today asking for justice to President @juanorlandoh #Justice4Honduras http://ctt.ec/8F4fi+

Tweet: Berta was killed 2 months ago. Demand President @JuanOrlandoH #Justice4Honduras and cancellation of #AguaZarca http://ctt.ec/K9aqP+Berta was killed 2 months ago. Demand President @JuanOrlandoH #Justice4Honduras and cancellation of #AguaZarca http://ctt.ec/K9aqP+

 Tweet: .@JuanOrlandoH: Conduct transparent investigations and ensure accountability for crimes #Justice4Honduras http://ctt.ec/9jioG+.@JuanOrlandoH: Conduct transparent investigations and ensure accountability for crimes #Justice4Honduras http://ctt.ec/9jioG+  

Tweet: .@SusanSarandon “I'm calling on the Honduran gov to conduct a thorough and transparent investigation”#Justice4Honduras http://bit.ly/1Ws7dIp.@SusanSarandon “I’m calling on the Honduran gov to conduct a thorough and transparent investigation”#Justice4Honduras http://bit.ly/1Ws7dIp

Tweet: .@itspetergabriel “Stop the persecution of Lenca community” Join us asking for #Justice4Honduras http://bit.ly/1Ws7onk .@itspetergabriel “Stop the persecution of Lenca community” Join us asking for #Justice4Honduras http://bit.ly/1Ws7onk    

A dos meses del asesinato de Berta, personalidades se suman para exigir justicia

Este post es parte de nuestra campaña en apoyo al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en colaboración con Witness.

Hace poco más de dos meses fue asesinada la defensora hondureña Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en La Esperanza, Intibucá, sede la organización en el oeste del país.  El 2 de mayo el gobierno hondureño anunció la captura de 4 presuntos responsables, uno integrante de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA), encargada de la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca contra la cual el COPINH lleva años resistiendo por violar los derechos humanos de cientos de indígenas lencas; un miembro en activo de la policía militar hondureña y dos ex integrantes de la empresa DESA y del ejército hondureño, respectivamente. Los cuatro fueron enviados a la cárcel de manera preventiva, pero no juzgados aún.

Para la familia de Berta y el COPINH, estas detenciones confirman la responsabilidad de la empresa DESA en el homicidio, así como la colusión entre el gobierno hondureño y dicha empresa, como siempre lo han denunciado. Sin embargo, estos 4 nombres representan sólo a una pequeña parte de la larga lista de responsables del homicidio de Berta Cáceres, según sostienen la familia de Berta y el COPINH. Denuncian que el Ministerio Público no ha llevado una investigación exhaustiva ni profunda que permita encontrar a todos los autores intelectuales del crimen. Además, dudan de la regularidad de la investigación ya que el Ministerio Público no les ha dejado participar en ella, ni siquiera manteniéndolos informados de sus avances. A fin de asegurar una completa imparcialidad en la investigación, demandan la creación de un grupo de investigación internacional, independiente, confiable y profesional, dirigido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, a la fecha el gobierno hondureño no ha dado una respuesta sobre esta demanda. 

La familia de Berta y el COPINH exigen que se reconozca el carácter político del crimen, pues Berta fue asesinada por su lucha contra el proyecto Agua Zarca y el modelo industrial extractivo en Honduras, así como por su defensa de los derechos del pueblo indígena lenca en su país. Ello implica, no sólo un proceso de justicia exhaustivo e imparcial en el caso, sino también la cancelación definitiva e inmediata del proyecto de presa hidroeléctrica Agua Zarca, donde han sido violado numerosos derechos incluido el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, previsto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El proyecto Agua Zarca es financiado principalmente por tres bancos: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el banco de desarrollo holandés  FMO y el banco de desarrollo finlandés Finnfund. Tras el asesinato de Berta, FMO y Finnfund han suspendido sus financiamientos pero aún no se han retirado totalmente del proyecto. Por su lado, el BCIE sólo ha anunciado su participación en una misión que visitará el sitio de Agua Zarca.

En su lucha por la verdad y la justicia, los miembros del COPINH han recibido una sola respuesta de parte del gobierno hondureño: la represión. El 9 de mayo, durante una acción pacífica organizada en frente de la Casa Presidencial en la capital, Tegucigalpa, fueron agredidos por la Guardia de Honor del presidente. Un menor de edad resultó gravemente herido en el ataque y tuvo que ser hospitalizado por una contusión cerebral.

Por ello, personalidades como Peter Gabriel y Susan Sarandon se han sumado a la campaña en video para demandar al gobierno hondureño justicia integral en el caso de Berta, satisfaciendo todas las demandas de la familia y el COPINH. Establecen que difícilmente eso se logrará si no seguimos poniendo presión al Gobierno hondureño para que esto se logre, por tanto este es un llamado a que sigamos demandando justicia para este caso.

Susan Sarandon:

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Peter Gabriel:

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Da clic en los mensajes para compartir en Twitter:

Tweet: Berta fue asesinada hace 2 meses. Exige al Presidente @JuanOrlandoH #Justice4Honduras y la cancelación de #AguaZarca http://bit.ly/1Tb8H5Q Berta fue asesinada hace 2 meses. Exige al Presidente @JuanOrlandoH #Justice4Honduras y la cancelación de #AguaZarca http://bit.ly/1Tb8H5Q

Tweet: Sí a la creación por la @CIDH de un grupo de investigación independiente sobre la muerte de #Berta #Justice4Honduras http://bit.ly/1Tb8H5QSí a la creación por la @CIDH de un grupo de investigación independiente sobre la muerte de #Berta #Justice4Honduras http://bit.ly/1Tb8H5Q   

Tweet: .@JuanOrlandoH Antes de Berta 4 miembros de @COPINHHONDURAS fueron asesinados x resistir #AguaZarca #Justice4Honduras http://bit.ly/1Tb8H5Q.@JuanOrlandoH Antes de Berta 4 miembros de @COPINHHONDURAS fueron asesinados x resistir #AguaZarca #Justice4Honduras http://bit.ly/1Tb8H5Q 

 Tweet: .@SusanSarandon  .@SusanSarandon “Exijo al Gob. Honduras una investigación independiente y exhaustiva” http://ctt.ec/t0AbE+ #Justice4Honduras

  Tweet: .@itspetergabriel “Pongamos un alto a la persecución de comunidad Lenca” #Justice4Honduras http://ctt.ec/e0f23+ #JusticiaParaBerta.@itspetergabriel “Pongamos un alto a la persecución de comunidad Lenca” #Justice4Honduras http://ctt.ec/e0f23+ #JusticiaParaBerta

Condenamos la represión contra el COPINH y defendemos su derecho a la verdad y la justicia

Comunicado – Lunes 9 de mayo del 2016, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

Condenamos la represión contra el COPINH

y defendemos su derecho a la verdad y a la justicia

Desde México y desde las organizaciones contra el modelo extractivo, condenamos los nuevos actos de represión sufridos por los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) este lunes 9 de mayo del 2016 en la capital hondureña, Tegucigalpa.

Desde las 6 de la mañana, los miembros del COPINH están manifestando de manera pacífica ante la Casa Presidencial para pedir el esclarecimiento total del asesinato de su coordinadora Berta Cáceres, ocurrido hace dos meses y siete días. Sufrieron dos agresiones por parte de la Guardia de Honor de la Casa Presidencial hasta ahora.

 

Alrededor de las 6 de la mañana, cuando iban a iniciar un plantón pacífico, un contingente de la Guardia de Honor de la Casa Presidencial les agredió mediante golpes y bombas de gas lacrimógeno. Seis miembros del COPINH fueron detenidos y liberados pocas horas después. Varios fueron heridos. A pesar de esta primera agresión, los compañeros y las compañeras del COPINH mantuvieron su acción pacífica y fueron agredidos de nuevo alrededor de las 10 de la mañana. Cuatro miembros del COPINH fueron detenidos en este segundo acto de represión, incluyendo a dos menores: Javier González Gómez, Yunior Misael Muñoz Amaya, Jesús Vásquez González y Walter Isaac Matute Mejía. Además, el menor Yunior Misael Muñoz Amaya sufrió golpes que le provocaron una contusión cerebral y requiere una cefalea intensa.

La violencia fue la respuesta del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ante la acción pacífica de una organización cuya única exigencia es el respecto de su derecho a la verdad y a la justicia. Desde Otros Mundos A.C./Amigos del Tierra México, el Movimiento de Afectad@s por la Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA), pensamos que esta represión devela una voluntad de callar a los miembros del COPINH quienes denuncian la participación del gobierno hondureño en el asesinato de Berta Cáceres. No le conviene que el COPINH exija el reconocimiento del carácter político del homicidio, obviamente motivado por la voluntad de poner un alto a la resistencia encarnada por la defensora contra el proyecto Agua Zarca. Un proyecto de presa hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, en el oeste del país, que viola los derechos humanos de cientos de indígenas lencas.

Si bien las recientes seis detenciones realizadas por el Ministerio Público evidencian la participación de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA), encargada de la construcción de Agua Zarca, y del Estado hondureño, en el asesinato de Berta, pensamos junto con los miembros del COPINH que la lista de los autores intelectuales del homicidio es mucho más larga. Por ello, exigimos junto con ellos la creación de una comisión de investigación independiente enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Exigimos junto con el COPINH la cancelación total y definitiva del proyecto Agua Zarca y nos solidarizamos con todas sus acciones, empezando con la de hoy. Pedimos la liberación inmediata de los cuatro compañeros detenidos durante la segunda agresión y responsabilizamos al gobierno hondureño por todas las agresiones que los miembros del COPINH puedan sufrir en el marco de su lucha por la verdad y la justicia.


¡JUSTICIA Y VERDAD PARA BERTA Y EL COPINH!

¡FUERA AGUA ZARCA DE HONDURAS!

¡RIOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra México

Movimiento de Afectad@s por la Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA)

Comunicado de la familia de Bertha Cáceres y el COPINH ante las detenciones

Ante las actuaciones del Ministerio Público hondureño, exigimos inmediatamente la participación de la comisión internacional, independiente de expertos para la investigación del asesinato de nuestra Berta

Olivia, Berta, Laura y Salvador, Zúniga Cáceres, hijas e hijo, Austra Bertha Flores madre, así mismo el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, víctimas del asesinato de Berta Cáceres, recibimos con sorpresa la noticia de esta mañana acerca de capturas de personas involucradas en el vil crimen de nuestra Berta por parte del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal- ATIC.

La familia y el COPINH, al igual que toda la sociedad hondureña y la comunidad internacional, demandamos justicia y verdad en el asesinato de nuestra Berta.

Debido a que se nos ha excluido del proceso de investigación desde sus inicios, no tenemos forma de calificar si las capturas realizadas son producto de diligencias exhaustivas ni tampoco sabemos si estas comprenden la autoría intelectual en todos sus niveles. Sin embargo, la noticia de la presunta participación de militares activos y retirados vinculados con la empresa DESA pareciera demostrar el involucramiento de agentes estatales en el asesinato, lo cual debe ser profundizado, y es razón suficiente para suspender el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de manera inmediata y definitiva.

Lamentamos que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público no se han desarrollado con nuestra participación, ni se hayan escuchado nuestras voces.

Hoy, a dos meses del asesinato de nuestra Berta, seguimos siendo revictimizados y debemos enterarnos de este tipo de noticias a través de los medios de comunicación y no por los canales que nos corresponden por derecho.

La desconfianza que todavía mantenemos en el Ministerio Público ha sido fomentada por sus propias actuaciones poco transparentes y que nos ignoran como víctimas. Si el Estado realmente ha realizado una investigación exhaustiva, diligente, basados en pruebas científicas y respecto de todas las autorías (material e intelectual), hoy mismo debería aceptar la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, a través de un grupo de personas expertas independientes se analicen las actuaciones hasta ahora realizadas y se establezca si las mismas son conformes con los mayores estándares internacionales de debida diligencia.

Si el Ministerio Público y su agencia han desarrollado de manera correcta su trabajo, no debe haber ningún temor en que esta comisión que la CIDH ya ha puesto a disposición, comience su investigación de manera inmediata.

Buscamos que haya verdad y justicia en el asesinato de nuestra Berta, si se logra, ganamos todos y todas.
¡Berta Vive!

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 2 días del mes de Mayo
Olivia, Berta, Laura y Salvador Zúniga Cáceres, Austra Bertha Flores y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas. Con el acompañamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

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Pronunciamiento a 6 años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Pronunciamiento a 6 años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

«Nosotrxs seguimos apostando por la vida»

A los pueblos del mundo
A la gente de abajo y a la izquierda
A los medios de comunicación libres y comunitarios
A lxs compañerxs que apuestan por la vida

Hoy 27 de abril del 2016 se cumplen 6 años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola cuando una caravana de ayuda humanitaria de la que formaban parte, fue emboscada por paramilitares en el paraje La Sabana, en la región triqui de San Juan Copala, Oaxaca. La emboscada en la que fueron asesinados Bety y Jyri, también hirió a periodistas y defensores de derechos humanos que asistían a llevar ayuda y a registrar lo que en San Juan Copala estaba sucediendo desde hacía 5 meses, un cerco paramilitar que tenía secuestrados en su propia comunidad a niños y niñas, hombres y mujeres adultos y ancianos promotores de un municipio autónomo.

Hoy a seis años de dolor e impunidad seguimos señalando que el asesinato de nuestrxs compañerxs no es un hecho aislado, es parte de un sistema que en México asesina, encarcela, desaparece, amenaza y atenta contra la vida lxs defensorxs y sus pueblos. La violencia contra lxs activistas que defienden la vida en México se ha ido incrementando en los últimos años, en un contexto de tragedia nacional que atenta contra la vida de la población que es despojada de su tierra, territorios, de sus formas y modos de vida. Aquí son asesinadxs hombres y mujeres que protegen la vida de los migrantes en tránsito, mujeres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos y al señalar a los asesinos las vuelven blanco también de la violencia; jóvenes de barrios populares señaladxs como daños “colaterales de la guerra contra el narco”, mujeres y hombres que se oponen a los proyectos de muerte impuestos en sus territorios.

La agresión contra defensorxs de la vida ha sido perpetrada por grupos paramilitares, comandos armados, policías o militares; muchos viven bajo serias amenazas de muerte y acoso permanente para ellxs, sus familias y organizaciones. El asesinato de decenas de defensorxs de la vida, así como de miles de personas en este país está impune y los malos gobiernos encargados de impartir justicia, buscan mantenerlxs en el sótano del olvido, borrarlxs de la memoria de cada uno de nostrxs y de la memoria colectiva. Sin embargo la vida de nuestrxs compañerxs, así como su muerte nos recuerdan que no debemos claudicar en la lucha por la defensa de la vida, que es necesario no perder la esperanza en tiempos en el que el sistema capitalista patriarcal racista nos coloca en el lugar de lo desechable, por eso nos asesina y apuesta también por colocarnos en el olvido.

Por eso seguimos insistiendo en que no olvidamos a nuestrxs asesinadxs, seguimos señalando que reivindicar su vida de lucha y sus ideales es imprescindible y que no acabaron con ellxs pues siguen vivos sus ideales por los que hay que seguir luchando.
También queremos decir que NO creemos en su justicia, que esta es solo una máscara que construye una idea ilusoria de que la justicia puede ser posible en este sistema capitalista patriarcal de muerte, por ello apostamos a construir otras formas de justicia que cruzan por la reivindicación de la vida de lucha de nuestrxs compañerxs y la construcción de caminos en donde la apuesta por la vida es impostergable, como nos decía nuestra compañera Bety.

Este 30 de abril y 1 de mayo, lxs convocamos a reunirnos en Chila de las Flores, en la mixteca poblana, el pueblo de Bety Cariño Trujillo para celebrar la vida de nuestrxs asesinadxs, para reivindicar sus ideales y para gritar juntxs que no quedarán en el olvido, que su vida nos sigue acompañando y que no nos rendimos. A 6 años del asesinato de Bety y Jyri, retomamos las palabras de Bety y decimos que «mientras ellos apuestan por la muerte, nosotrxs seguimos apostando por la vida».

PROGRAMA:

30 DE ABRIL:
17:00 hrs. Ceremonia de bienvenida
18:00 hrs. Marcha-procesión de antorchas al panteón de la comunidad donde está sembrada Bety
20:00 hrs. Cena

1 DE MAYO:
11:00 hrs. Celebración religiosa
11:30 hrs. Acto político-cultural en el centro de la población.
15:00 hrs. Comida

Contacto Facebook: Homenaje A Bety Cariño

AFECTUOSAMENTE:

Familia Cariño Trujillo y compañerxs organizadorxs del Homenaje a Bety Cariño.

Una Entrevista con Gustavo Castro

Danielle Marie Mackey, the intercept

GUSTAVO CASTRO fue el testigo único del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, el día 3 de marzo de este año. Castro, director de Otros Mundos, una organización ambiental en Chiapas, México, también recibió disparos en el ataque. Después de prohibírsele irse de Honduras, a Castro lo liberaron el día 30 de marzo, a partir de lo cual se acomodó en una ubicación no revelada. La semana pasada habló por teléfono con The Intercept sobre la noche del asesinato y las razones por las cuales el ambientalismo en Latinoamérica resulta ser tan peligroso.

La experiencia de Castro durante el último mes que estuvo en Honduras nos ofrece una mirada extraordinaria del funcionamiento del sistema de justicia hondureño, el cual se caracteriza por tener una cultura de impunidad. En repetidas ocasiones, durante los meses previos al asesinato, Cáceres dijo que estuvo siendo hostigada por Desarrollos Energéticos, SA (DESA), la compañía privada de energía detrás del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al cual ella se opusó vehementemente. Después del asesinato, la familia de Cáceres señaló de inmediato a DESA. El 31 de marzo, el Ministerio Público de Honduras anunció en un comunicado de prensa que había incautado armas y documentos de la oficina de DESA y cuestionado a varios empleados.

Al ser consultado al respecto, DESA hizo la siguiente declaración: “La Junta Directiva de la empresa que desarrolla el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca no han dado ninguna declaración ni se tiene previsto hacerlo hasta que las autoridades de investigación determinen las causas y hechores del lamentable hecho que acabo con la vida de la dirigente indígena Berta Cáceres.”

¿Qué pasó en las últimas horas con Berta Cáceres?

Yo llegué el primero de marzo a San Pedro Sula, y ese día me habían alojado en otra casa, en una casa de COPINH en La Esperanza. A Berta tenía años de no verla físicamente, pero estuvimos en contacto por correo electrónico. Yo iba a dar un taller de capacitación ambiental. Ese mismo día, Berta me dice, “hermano, véngase acá a mi casa, que acá hay internet y puede comunicarse con su familia.” Y entonces es así como ella me aloja en su casa, y estuvimos platicando un rato incluso también de las amenazas que ella recibió durante las semanas previas, intimidaciones y fuertes amenazas por parte del personal y también, al parecer, sicarios contratados por la empresa DESA, del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Entonces le decía a Berta, esta es una casa muy sola, muy alejada, ¿cómo podés quedarte acá tan sola? Entonces ese mismo día me quedé en su casa, y me puse a trabajar, para preparar el segundo día del taller, y ella estaba también en su habitación. A medianoche se oyó el portazo muy fuerte en la puerta de su casa e inmediatamente en mi cuarto entra uno de los sicarios, y paralelamente también a su habitación entra otra persona. Todo fue muy rápido, 30 segundos quizás, en donde simultáneamente la asesinan a ella y a mi me disparan. A ella la tenían bien localizada y estaban esperando a que estuviera sola, entonces yo creo que les sorprendió ver a otra persona ahí, y no sabían qué hacer, así que simplemente me dispararon y salieron corriendo.

¿Andaban tapados de la cara?

Bueno, no sé del otro, pero él que me disparó no. No tanto (logré ver la cara de la persona), pero de alguna forma ahí me convierto en el principal testigo, en el testigo protegido.

Cuando ella te mencionó que había recibido las amenazas por parte de DESA y Agua Zarca, ¿te especificó en algún momento si esa gente que le andaba persiguiendo era de las fuerzas estatales de seguridad de Honduras? ¿O que eran pandilleros o personas particulares?

No recuerdo ningún comentario así, pero más bien eran trabajadores o gente contratada a favor de la propia empresa. De hecho cuando yo me vino acá a México, el día 30 de marzo, hubo un comunicado público que sacó el Ministerio Público de Honduras en la prensa y en el que se señalaba como parte de la línea de investigación a la empresa. Incluso en el comunicado anuncian que ya habían incautado armas y cuestionado a unas personas de la empresa. Pero no querían llegar a ese punto. Antes de llegar a esa línea de la investigación, me daba la impresión que querían ver si otra línea de investigación les resultaba útil o creíble para la opinión pública nacional e internacional, pero eso era imposible, o sea, toda la gente de COPINH sabía los antecedentes de inmediato. Entonces no hallaron otra versión creíble y no tuvieron otra opción que ir sobre la empresa. Desconozco qué avances han habido en torno a esta línea de investigación.

Durante la última década han habido más de 100 asesinatos de líderes ambientalistas en Honduras. Y todos estos conflictos también vinculan mucho al ejército, a la policía. Es parte de la realidad de Honduras. En este caso muy específico, ella decía que la culpable era la empresa. La empresa era la que tenía un enfrentamiento muy fuerte, muy directo con ella.

Al principio se dijo en los medios que te cuestionaron, te llevaron al aeropuerto y que de repente te dijeron que no ibas a poder salir del país. ¿Así pasó?

Sí. Hubo mucha confusión y mal manejo también del asunto. Los primeros tres, cuatro días estuve en diligencias ahí en La Esperanza todo el tiempo. Yo podría haberme negado participar varias veces, porque uno como víctima y como testigo protegido tiene el derecho de declarar una orden preventiva por seis horas. Sin embargo nunca usé ese instrumento sino que cada vez que me pidieron más diligencias, las hice a cualquier hora, en la madrugada, cuando sea. Entonces estuve casi cuatro días sin dormir. Di la declaración ministerial, la declaración ante el fiscal, pruebas médicas, careos, reconocimiento de fotografías, etc.

Y sí, primero dijeron que me podía ir. Siempre me decían que sólo esta cosa, que solo otra cosa, que solo necesitamos una cosa más, y al final al parecer todo estaba listo. Me alistaron incluso un helicóptero para regresar a Tegucigalpa el día 5 de marzo. Por cuestiones climáticas no podían aterrizar el helicóptero, y entonces se despliega un operativo para acompañarme a Tegucigalpa por tierra. Después la fiscalía dice que iba huyéndome, lo cual es una re-mentira.

Entonces llegué a la embajada Mexicana, donde el embajador y el consulado consiguen mi boleto de avión para el 6 de marzo a las 6:20 de la mañana. Al entrar al aeropuerto, unas oficiales me esperaban, todos estaban escondidos como si fuera necesario eso, como si fuera de orientación criminal el asunto en lugar de ser yo testigo protegido y víctima. Era un operativo tan sinvergüenza, como si yo llevara un ejército a mis espaldas. Y el embajador y el consulado acompañándome. Y de repente aparecen ocho, 10 de la Fiscalía y el Ministerio Público a cerrarme la puerta y decirme que no podía salir. Además ni siquiera querían entregar ningún documento oficial. Yo sé que es un gobierno golpista pero fue tan ridículo que después estaban pidiendo disculpas al embajador y a mí, por ese papel que jugaron lo cual no era necesario. Y obviamente tenían que justificarse ante la prensa nacional e internacional con que yo me iba a huir. En ese momento yo pudiera haber dicho, yo voy. En el marco de un convenio entre México y Honduras de cooperación en materia penal, como víctima y testigo protegido, tuve el derecho de participar en las diligencias desde México. Yo no soy delincuente, soy víctima. Se les olvidaba eso.

Me dijeron, bueno, sólo una diligencia más y estás bien. Yo pedí más seguridad para el viaje de regreso, un chaleco antibalas y más acompañamiento de seguridad. Lo que me pidieron fue una declaración más pero luego resultó ser que eran careos. Al final de la noche salieron con un documento diciéndome que te quedás 30 días más. Era de una manera también ilegal, pues la jueza argumentó tratados internacionales de DDHH para imputados. Cuando mi abogada reclamaba eso, la jueza lo que hizo fue no solamente sacarla del caso sino además suspenderla de su ejercicio profesional por 15 días.

El gobierno quiso tenerme físicamente bajo su control. No tiene ley de víctimas. Tampoco hay reglamentos ni protocolos, ni presupuesto para los defensores de derechos humanos. No hay tampoco un reglamento para los testigos protegidos. Entonces ellos querían que estuviera bajo su supuesta seguridad cuando no hay ningún reglamento que les obliga a nada. Razón por la cual me quedé en la embajada de México. Pero fue un mes de una hipertensión horrible, cuando el gobierno ante tanta falta de reglamentos podía imputarme tranquilamente y llegar a la embajada en cualquier momento con una orden judicial y ante eso la embajada no hubiera podido hacer nada. Una semana antes de que yo llegara, se había disuelto el Consejo de la Judicatura, entonces no había instrumento legal para mi defensa. No había con quien demandar a un juez que cometiera un acto ilegal porque la comisión estaba disuelta. Entonces me encontré en una total indefensión jurídica. Sin abogada, porque la había suspendido su ejercicio profesional. Y parecía que ni la presión internacional ni el gobierno mexicano podían hacer nada. Entonces hubo una total inseguridad — y pues una violación permanente de mis derechos humanos.

¿En algún momento intentaron culpabilizarte oficialmente de algo?

No fue nada explícito. La prensa manejaba rumores de que desde el Ministerio Público hubo intentos de ver si podían justificar que yo estaba involucrado de alguna manera en eso. Pero con las pruebas y mis declaraciones, simplemente no podían inventar tanta farsa. Por más que le dieron vueltas, llegaron a la empresa, no tenían otra opción. Yo tuve la sensación de que por eso me detuvieron, porque si encontraban algo me querían ahí. Era una incertidumbre horrible, sobre todo porque sientes que no tienes abogado. Que tienen la capacidad de dejarte en la total indefensión jurídica.

¿Cómo explicas que oponerte a las represas hidroeléctricas resulte ser una amenaza tan grande?

No es así solamente en Honduras — también sucede en Guatemala, México, Chile, etc. Una de las razones es que las represas significan la inundación de grandes territorios de selva, de bosques, y de territorios indígenas y campesinos. Y eso genera una reacción muy fuerte de los pueblos, porque son miles y miles los desplazados violentamente.

Por otro lado, uno de los mayores negocios en este momento es la venta de energía eléctrica, especialmente en América Latina, porque los tratados de libre comercio están abriendo a las empresas transnacionales las grandes inversiones. Y eso qué significa? Por ejemplo: los tratados de libre comercio permiten a las grandes inversionistas la instalación de maquiladoras, de parques industriales, de infraestructura, de minas, todas son cosas que consumen muchísima energía y muchísima agua. Tomá en cuenta que una mina de oro utiliza de 1 a 3 millones de litros de agua cada hora, y eso implica ceder el agua de las comunidades, sus ríos, los pozos. Y utilizarlo para generar energía eléctrica para los grandes corredores industriales. Entonces la venta de la energía, y por lo tanto las inversiones en energía, son de los negocios más rentables para la gran capital. Pero implica enfrentarse en una disputa por el territorio con las comunidades campesinas e indígenas.

Si a eso le sumamos que bajo el Protocolo de Kyoto han inventado la estúpida idea que las represas generan energía limpia, entonces vemos que para ganar bonos de carbón y reducir los gases invernaderos, los países del norte invierten en represas. Por esto tenemos un mundo de construcción de represas.

Hoy casi todos los países de América Latina tienen tratados de libre comercio con los EEUU, Canadá, Europa, y algunos también con Asia. Significa que tienen que modificar su constitución, sus reglamentos ambientales que rigen el agua, la energía y la inversión extranjera, para adoptar a los nuevos marcos de libre comercio. Si no las empresas te demandan. Y para los gobiernos les es más fácil reprimir que pagar las indemnizaciones que los tratados de libre comercio les obligan a otorgar a las empresas. Sirve de ejemplo el caso de El Salvador y la mina de oro. El Salvador ha tenido que gastar millones de dólares para defenderse de la demanda de una empresa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial. Estamos hablando de una mina, pero imagínate 10,000, 15,000 — estamos hablando de miles de concesiones mineras en la región. Y si a eso le sumás las represas, y las carreteras, los puertos, los aeropuertos, el fracking, el petróleo, los grandes centros comerciales, las zonas económicas especiales, las ciudades modelo, los grandes conjuntos turísticos de élite — hay tantas concesiones.

Si los gobiernos hacen eco de los reclamos de derechos humanos de los pueblos — por contaminación del agua, por afectaciones de tierras, por no tomar en cuenta la información previa y consentida de las comunidades — o si expulsan a una empresa porque derramó al río su desecho tóxico, porque asesinó pueblos, porque la gente que vive cerca del sitio de la mina está enferma de cáncer como es el caso en Honduras, México y Guatemala — si los gobiernos deciden hacer algo con esos reclamos de derechos humanos, y expulsan a las industrias extractivistas, ellos tendrán que pagar millones y millones de dólares que no tienen. Cada país tendría que vender su propio país 20 veces para acabar con la deuda. Entonces no es fácil de resolver.

Eso lleva al enfrentamiento con los pueblos. Y significa un enfrentamiento cada vez más terrible por cosas como el Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica, así que los gobiernos van a preferir criminalizar la protesta ciudadana, que antes era un derecho humano: el derecho a la movilización pacífica. Ahora todo eso lo llaman “terrorismo,” “violencia.” Es una criminalización de los derechos humanos.

En una entrevista reciente, Hillary Clinton dijo que el golpe de estado de Honduras no era ilegal. ¿Tienes una opinión al respecto?

Me parece que el gobierno al final de cuentas tuvo que justificar que otro grupo llegara al poder, y la antigüedad jurídica en Honduras permite posicionar cualquier tipo de argumento. Por ejemplo, a Zelaya una de las razones por las cuales le dijeron, “estás mal y te vamos a destituir,” es que propuso modificar la constitución para que hubiese reelección. Eso mismo es lo que ahora está haciendo el actual presidente, Juan Orlando Hernández — modificando la constitución para que haya reelección el siguiente año. Entonces por eso digo que depende de cómo lo ves. Si lo propone Zelaya, es inconstitucional y hay que destituirlo. Si lo proponen las fuerzas oligárquicas y hegemónicas, pues es legal, es democrático.

¿Cómo ves tu futuro? ¿Tienes pensamientos al respecto, o estás viviendo más día a día?

Más día a día. Me preguntan muchos si tiraré la toalla, si soy como el boxeador que ya no aguanta más y se da por vencido. Y les digo, no, esa toalla la estoy recogiendo. Esta lucha se tiene que mantener. Y yo no soy el único. Hay por toda América Latina miles de personas criminalizadas, que están siendo perseguidas y amenazadas, porque están luchando por los derechos humanos y por el bien de todo el planeta. Nos tenemos que dar cuenta de que nadie estamos exentos de esta criminalización. Como muchos amigos que han sido asesinados por resistirse. Pero somos muchos, y persistirémos en esto.

El capitalismo atroz no puede seguir así, de forma tan acelerada, extractivista. Está acabando con este planeta. Yo creo que el gran reto que tenemos es darnos cuenta que otros mundos son posibles, que podemos construir otras cosas distintas, con dignidad y con justicia. Hay agua para todos. Hay tierra para todos, hay comida para todos. No podemos seguir alimentando este sistema depredador de acumulación de capital incesante en tan pocas manos. Este sistema es insustentable en sí mismo. Entonces desde dónde estemos — en América, en Europa, en Asia — a todos nos va a afectar. Parece a veces que la crisis no llega a otros lados, y a veces los problemas que hay en EEUU, en Canadá, en Francia, en España no se vinculan de manera estructural al mismo capitalismo. Pero ojalá nos demos cuenta pronto, porque nos afectará a todos, tarde o temprano. Y yo quiero decir que estamos a tiempo todavía para hacer algo, y urge.

Honduras: situación de los defensores de los derechos humanos

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de abril de 2016, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Honduras (2016/2648(RSP))

-Condena en los términos más enérgicos el reciente asesinato de Berta Cáceres, Nelson García y Paola Barraza, así como cada uno de los asesinatos registrados anteriormente de otros defensores de los derechos humanos en Honduras.

-Expresa su profunda preocupación por que, a pesar de las medidas cautelares dictadas por
la CIDH, las autoridades de Honduras no brindaron a la Sra. Cáceres protección adecuada

-Expresa profunda preocupación por el clima de extrema violencia, en particular contra las
personas LGBTI y aquellos que defienden sus derechos

-Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que velen por que la ayuda
europea no fomente ni permita proyectos de desarrollo a menos que estos cumplan la
obligación de realizar una consulta previa y libre e informen a las comunidades indígenas

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A. Considerando que, según varios informes de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, activistas mediombientalistas, defensores de los derechos de los pueblos indígenas, periodistas, profesionales de la Justicia, sindicalistas, campesinos, activistas de los derechos de la mujer y de las personas LGBTI, entre otros activistas, continúan siendo objeto en Honduras de abusos, violencia, detenciones arbitrarias, amenazas y homicidios;

B. Considerando que el Gobierno de Honduras ha contraído compromisos positivos y ejercido su iniciativa legislativa en materia de protección de los defensores de los derechos humanos, periodistas y profesionales de la Justicia, entre los que figura la apertura de una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la disponibilidad de las autoridades nacionales para permitir misiones de control de los derechos humanos de carácter internacional, y la aprobación de la Ley de 2015 relativa a la protección de los defensores de los derechos humanos;

C. Considerando que, a pesar de lo expuesto anteriormente, Honduras es en la actualidad uno de los países más peligrosos de la región para los defensores de los derechos humanos; y que Honduras es uno de los países más violentos del mundo para los activistas medioambientalistas, ya que entre 2010 y 2015 fueron asesinados por lo menos 109 de ellos;

D. Considerando que, de conformidad con la información disponible Berta Cáceres, destacada experta en cuestiones de medio ambiente, defensora de los derechos de los pueblos indígenas y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su domicilio por hombres no identificados; y que su muerte generó una ola de indignación a escala
internacional y preocupación en la opinión pública en relación con los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y del derecho de propiedad de la tierra en Honduras;

E. Considerando que el 16 de marzo de 2016, apenas dos semanas más tarde, fue asesinado Nelson García, otro miembro del COPINH; y que la rápida intervención de las autoridades de Honduras condujo a la detención de su supuesto asesino;

F. Considerando que Gustavo Castro Soto, ciudadano mexicano, único testigo del asesinato de la Sra.  Cáceres, que fue herido de bala, no pudo abandonar el país durante casi un mes por razones ligadas a la investigación; y que el 6 de abril de 2016 fue autorizado a abandonarlo el país;

G. Considerando que el Gobierno de Honduras condenó rápidamente este crimen abominable, confirió a la investigación sobre el asesinato de la Sra. Cáceres carácter prioritario a escala nacional, e informó a la opinión pública sobre los avances realizados; y que el Gobierno ha solicitado oficialmente la cooperación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en relación con la investigación de este asesinato;

H. Considerando que Berta Cáceres, que vivía bajo una amenaza permanente, se beneficiaba de medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, según informaciones difundidas, Honduras no aplicaba adecuadamente; y que la Sra. Cáceres es uno de los 15 defensores de los derechos humanos que han perdido la vida entre 2010 y 2016 en Honduras a pesar de beneficiarse de medidas cautelares;

I. Considerando que estos asesinatos registrados recientemente deben examinarse en el contexto de la resistencia pacífica que realizan desde hace una década el COPINH y otros activistas contra la presa hidroeléctrica de Agua Zarca, en el río Gualcarque, un proyecto de dimensiones faraónicas que depende en gran medida de la tecnología y de los inversores europeos que, al parecer, se está construyendo sin haber realizado previamente una consulta libre y después de haber informado a las comunidades indígenas con vistas a la obtención de su consentimiento, tal como exige el Convenio 169 de la OIT; y que el banco neerlandés de desarrollo, el FMO, y Finnfund han suspendido los pagos en favor del proyecto de la presa de Agua Zarca, del que Berta Cáceres era una destacada opositora;

J. Considerando que el asesinato de Paola Barraza el 24 de enero de 2016, defensora de los derechos de las personas LGBTI, mujer transexual y miembro de la Asociación Arcoiris, pone de relieve el creciente peligro al que se enfrenta la comunidad LGBTI en Honduras; que su asesinato es el último de una serie de muertes violentas de miembros activos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI en los últimos 11 meses, entre las que figuran los asesinatos de Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina Hernández Vásquez (también conocida como Génesis Hernández), Jorge Alberto Castillo, Estefanía Zuniga, Henry Matamoros y Josselin Janet Aceituno Suazo; que se han recibido informaciones en el sentido de que desde 1994 han sido asesinadas en Honduras 235 personas LGBTI y que solamente son 48 los casos que se han puesto en manos de los tribunales; y que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha denunciado que el 92 % de los delitos no han sido investigados correctamente, por lo que siguen sin
resolverse;

K. Considerando que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Frost, declaró el 18 de marzo 2016 que este ciclo de violencia solo se detendrá cuando se aborde la impunidad y los autores de estos ataques sean puestos a disposición judicial, e hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades hondureñas adopten medidas concretas con carácter inmediato para velar por la seguridad de los defensores de los derechos humanos y de sus familiares en el país;

L. Considerando que Honduras se encuentra en fase de reforma de su código penal, que debería basarse en los convenios internacionales y convertirse en un instrumento importante para garantizar los derechos de los grupos vulnerables;

M. Considerando que la Unión y sus Estados miembros apoyan el fortalecimiento del sector judicial y de los derechos humanos mediante diversos programas y proyectos de cooperación, en particular el Programa de apoyo a los derechos humanos en Honduras (PADH) y Eurojusticia;

N. Considerando que varios Estados miembros de la Unión todavía no han ratificado el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, por lo que el «diálogo político» no ha entrado en vigor; y que el respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, civiles y políticos de los pueblos de las dos regiones son elementos fundamentales del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica;

1. Condena en los términos más enérgicos el reciente asesinato de Berta Cáceres, Nelson García y Paola Barraza, así como cada uno de los asesinatos registrados anteriormente de otros defensores de los derechos humanos en Honduras, y transmite su más sentido pésame a las familias y amigos de todos estos defensores de los derechos humanos;

2. Rinde homenaje a la Sra. Cáceres, activista medioambiental hondureña y dirigente indígena del pueblo lenca, cofundadora y coordinadora del COPINH, quien dedicó su vida a la lucha por una sociedad más democrática en su país; pone de relieve que su asesinato es un caso emblemático en un país en el que se registra un número extremadamente elevado de homicidios y una impunidad generalizada;

3. Expresa su profunda preocupación por que, a pesar de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, las autoridades de Honduras no brindaron a la Sra. Cáceres protección adecuada; pide al Gobierno de Honduras que movilice todos los medios a su alcance con objeto de aplicar eficazmente las 92 medidas cautelares de la CIDH vigentes en el país en la actualidad y que impida que se registren hechos similares contra otros activistas medioambientales e indígenas que están amenazados;

4. Pide, con carácter de urgencia, que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, independientes, objetivas y exhaustivas sobre estos y otros asesinatos registrados anteriormente con el fin de llevar a sus autores intelectuales y materiales ante la justicia y poner fin a la impunidad; acoge con satisfacción que, a petición del Gobierno de Honduras, la investigación sobre el asesinato de la Sra. Cáceres incluya a representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la OEA; considera que los instrumentos disponibles en el marco de las Naciones Unidas y de la CIDH, como una investigación internacional independiente, conforme a lo solicitado por las víctimas, podrían contribuir a asegurar una investigación imparcial y razonable de estos asesinatos;

5. Expresa profunda preocupación por el clima de extrema violencia, en particular contra las personas LGBTI y aquellos que defienden sus derechos; subraya la necesidad de llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre los asesinatos de miembros activos de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI;

6. Hace hincapié en la necesidad de reforzar la protección contra la discriminación y los delitos motivados por el odio por razones de orientación sexual e identidad de género y de desarrollar directrices de buenas prácticas en estrecha cooperación con la sociedad civil; pide la inclusión de nuevas medidas apropiadas para evitar los actos de discriminación y los delitos motivados por el odio y la protección de la comunidad LGBTI como parte de toda revisión del código penal;

7. Acoge con satisfacción las últimas reformas legales y los esfuerzos del Gobierno de Honduras por aliviar la situación actual de los defensores de los derechos humanos en el país, si bien está profundamente preocupado por la situación general de los derechos humanos en Honduras; pide a las autoridades hondureñas que apliquen y desarrollen plenamente la ley de 2015 en vigor relativa a la protección de los defensores de los
derechos humanos y que velen por que, en un marco de cooperación adecuada con la sociedad civil, el sistema nacional de protección de los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los profesionales de la Justicia sea plenamente operativo y cuente con una financiación adecuada; pide al Gobierno de Honduras que aplique plenamente las recomendaciones recogidas en el último examen periódico universal;

8. Expresa su reconocimiento con respecto al trabajo realizado por el jefe de la Delegación de la Unión en Honduras, Ketil Karlsen, y por su equipo en apoyo de los defensores de los derechos humanos de Honduras; pide a la Delegación de la Unión y a las embajadas y consulados de los Estados miembros en el país que hagan un seguimiento y controlen activamente los procesos relacionados con la investigación de los asesinatos de los defensores de los derechos humanos y que intensifiquen sus esfuerzos para defender a los
defensores de los derechos humanos actualmente en peligro;

9. Considera que las actividades de los inversores europeos deben integrarse en un conjunto sólido de políticas de protección social y medioambiental; apoya firmemente la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, con la inclusión de requisitos claros de diligencia debida, garantías en materia de gestión de riesgos y la puesta a disposición de remedios eficaces, si procede; acoge con satisfacción que tanto el FMO como Finnfund hayan condenado públicamente el asesinato
de Berta Cáceres y que se hayan pronunciado a favor de una investigación exhaustiva, así como que el 16 de marzo de 2016, a raíz de las informaciones sobre el asesinato de Nelson García, el FMO haya suspendido todas sus actividades;

10. Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que velen por que la ayuda europea no fomente ni permita proyectos de desarrollo a menos que estos cumplan la obligación de realizar una consulta previa y libre e informen a las comunidades indígenas, que velen por una consulta adecuada a todas las comunidades afectadas y que apliquen in situ unas garantías sólidas en materia de derechos humanos, laborales y medioambientales;

11. Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica; insta al Consejo a que desarrolle una política coordinada con respecto a Honduras que comprometa a los 28 Estados miembros y a las instituciones de la Unión con un mensaje decidido común en relación con el papel de los derechos humanos en las relaciones entre la Unión y Honduras y en la región en su conjunto;

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, la Comisión, a los Parlamentos nacionales de los 28 Estados miembros, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de Honduras, a la Secretaria de Integración Económica Centroamericana, al Parlacen, a la Asamblea Parlamentaria
EuroLat y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Saludos al Encuentro Internacional “Berta Cáceres”

Saludo a Honduras

Al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
A la familia de Bertha Cáceres y de Nelson García
A las organizaciones y movimientos de Honduras

Las organizaciones, movimientos y colectivos que conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), así como la organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra-México damos un saludo a todos/a ustedes y celebramos la realización del Encuentro Internacional de Solidaridad con los Pueblos “Bertha Cáceres”.

Estamos presentes porque nos une la defensa de nuestra madre tierra y porque junto a ustedes resistimos esta barbarie e irracional explotación de nuestros bienes comunes naturales que pretenden los capitales trasnacionales, quienes sólo han traído como consecuencia la violencia en nuestros territorios, la persecución de quienes con valentía y dignidad defienden la vida, la división de los pueblos y en consecuencia, fomentan la impunidad y acrecentan la violación recurrente de nuestros derechos. En México también padecemos los efectos de este modelo extractivo depredador que se alimenta del despojo de las poblaciones y que intenta arrasarnos y exterminar nuestras formas de vida y nuestra comunalidad. Los asesinatos, las amenazas, el encarcelamiento, el hostigamiento, todas estrategias promovidas por los intereses de las trasnacionales en colusión con los gobiernos, se han vuelto parte del cotidiano en las comunidades, organizaciones, movimientos, estudiantes, periodistas y en general de mujeres y hombres que defienden los derechos humanos y de la naturaleza.

Nos indigna y duele el asesinato de nuestra compañera y amiga Bertha Cáceres, de Nelson García y de todas y todos los compañeros acaecidos en Honduras, a la vez que nos anima también el legado de sus luchas, porque nos brindan la posibilidad para continuar creciendo y consolidando una Latinoamérica unida, solidaria, libre de proyectos de muerte, donde los ríos corran en libertad, la tierra florezca y los pueblos y comunidades determinemos de forma libre y soberana el futuro de nuestras familias; ese es nuestro derecho y por eso lo defendemos.

Estamos seguros que la organización y la vinculación entre los pueblos es la base para crear alternativas de vida distintas a las que nos ofrece el capitalismo. Es precisamente la fuerza y unión de los pueblos organizados que tenemos el potencial para detener la construcción de hidroeléctricas y la explotación minera en Latinoamérica. Pararemos la discriminación hacia los pueblos indígenas y campesinos; evitaremos el despojo y desplazamiento forzado que nos generan esos proyectos de muerte; combatiremos la represión y la impunidad de los gobiernos corruptos coludidos en el saqueo de nuestras naciones.

Bertha Cáceres y el COPINH han sembrado la esperanza en Latinoamérica y nuestro compromiso es llevarla con la misma fuerza a nuestros países, pueblos y organizaciones para que nuestros ríos corran libres y limpios, para que nuestras montañas sigan proveyéndonos de vida.

Nuestro profundo agradecimiento para la familia de Bertha Cáceres, el COPINH y a los movimientos de Honduras por toda la solidaridad que mostraron para nuestro hermano Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas A.C., grupo  miembro de nuestras redes.

El asesinato de Bertha y el atentado a Gustavo nos une en la lucha para que Agua Zarca no se construya y para hacer justicia al pueblo Lenca.

¡JUSTICIA PARA BERTA Y NELSON!

Otros Mundos Chiapas A.C./Amigos de la Tierra-México
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)
Organizaciones y movimientos contra las represas de Latinoamérica