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A menos de tres meses antes del asesinato de la lideresa Lenca, Berta Cáceres, el Programa de Inversión Social de Desarollos Energéticos SA (DESA)— la compañía hondureña que está llevando a cabo el proyecto de la presa Agua Zarca— y blanco de un campaña liderada por Cáceres— firmó un acuerdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)a través de Fintrac, socio de la agencia y empresa de proyectos de desarrollo contratante estadounidense.
Gloria Elena
Foto: Sergio Rodriguez, en polo blanco, empleado de Desarollos Energeticos S.A. firma contrato con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de Fintrac, un socio de USAID. Radio America.
¿Desarrollo o comprando conciencia?
El Programa de Inversión Social de DESA según la compañía, “ha destinado un porcentaje de sus utilidades para crear y realizar proyectos de enfocados en mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas al proyecto.” Para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, estas iniciativas son nada más que limpieza de imagen para una empresa controversial y otra forma de comprar la gente directamente afectada por la represa. La foto arriba sirve como ejemplo. Como parte de su Inversión Social en la Educación, DESA donó mochilas con el logo de la empresa a joven estudiantes. Se puede argumentar que este tipo de caridad encaja más con un trabajo de publicidad. De igual manera, el COPINH ha criticado la supuesta infraestructura que emprendió la empresa supuestamente para el beneficio de la comunidad que más bien sirvió para transportar el equipamiento de DESA. Es bastante probable que dicha empresa donó muy poco de su bolsillo ya que tenía acuerdos con el Ministerio de Educación y USAID a través de Fintrac, entre otras.
Enriqueciendo el Rico Para Servir al Pobre
Irónicamente, mientras USAID estaba entregando recursos a DESA, a través de Fintrac, cuyos dueños forman parte del elite de Honduras, para comprar consciencia, en su página web observa:
«Honduras ha experimentado una recuperación moderada desde la recesión económica mundial de 2008-2009. A pesar de esta tendencia alentadora, las ganancias económicas a lo largo de los últimos años han favorecido en gran medida las clases medias y altas, lo que lleva a una mayor desigualdad de ingresos en el país».
Los residentes de Río Blanco están en contra de la presa Agua Zarca principalmente porque dependen económica y culturalmente en el Rio Gualcarque. Por lo tanto, la USAID no sólo estaba ayudando a enriquecer una familia rica, pero con su apoyo al proyecto estaba perjudicando a la misma gente que decia ayudar. Olivia Marcela Zúñiga, hija de Berta Cáceres, se dirigió a los financieros extranjeros y cómplices de la presa Agua Zarca en su página de facebook, afirmando:
“el desarrollo no puede pasar sobre la vida humana, el desarrollo debería ser para mejorar la vida de los seres vivos no para aniquilar la vida. el mundo occidental no nos puede imponer su visión de desarrollo, ya que estos son nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestra visión de desarrollo debe prevalecer porque garantiza la existencia de la madre tierra y con ello la existencia de la humanidad. El desarrollo no puede ser autodestructivo de la humanidad, no puede ser capitalista, racista y patriarcal. No puede tomar como mercancía nuestra madre tierra que nos da agua, oxigeno y alimentos. Nuestra visión de desarrollo es una visión de armonía, equilibrio y respeto hacia todos los seres vivos.”
La Complicidad de la USAID y Fintrac
Debidas diligencias por parte de Fintrac probablemente habría obligado a esta empresa que se dice ser de mujeres propietarias con orgullo a evitar colaboración con una compañía que estaba en guerra con unas de las lideresas más respetadas y reconocidas de Honduras. Todas las alegaciones y pruebas existían: a pesar que el COPINH afirmaban que la presa seguía adelante sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los miembros locales afectados, que alegaban que el jefe de seguridad de DESA, Douglas Geovanny Bustillo, había acosado sexualmente a Berta. Estas alegaciones y pruebas hubiesen impedido su asociación con DESA según su código de ética y otras políticas internas. Por otro lado, sería difícil para la USAID alegar desconocimiento sobre el conflicto en Río Blanco ya que son un actor clave en la campaña contra la represa.
El contrato entre Fintrac y DESA se firmó en diciembre el año 2015 entre el DESA dentro el marco del programa de USAID llamado MERCADO y se trataba de proporcionar asistencia técnica a DESA para el beneficio de productores en 10 comunidades y 180 familias en dos municipios de Honduras. Información pública sobre el contrato es escasa aparte de algunos medios de comunicación locales que cubriendo el evento público donde se firmó el contrato. Lamentablemente, Fintrac eligió hacer este importante servicio social con DESA y no con otra organización.
En una alerta de acción del febrero de 2016, COPINH denunció USAID por su complicidad en apantallar un “desarrollo, empleo, energía limpia y responsabilidad social” y animó a sus simpatizantes contactar a la USAID y la embajada EEUU en Tegucigalpa entre otros con sus quejas por su papel en el avance de la presa.
Foto: El 2 de mayo, autoridades detuvieron a Sergio Rodríguez en conexión con el asesinato de Berta Cáceres. Jorge Cabrera/Reuters.
DESA expresó sorpresa tras la detención de Rodríguez, quien representó a DESA en la firma del contrato con Fintrac, y afirmó no estar involucrado en el asesinato de Cáceres. Sin embargo, menos de un mes antes del asesinato de Cáceres, Rodríguez fue uno de los denunciados por «amenazar la integridad física y emocional» de los miembros del COPINH en una denuncia que tuvo que ver con la última manifestación en cual Berta participó el 20 de febrero 2016.
Se informó a la familia Cáceres que el contrato con DESA fue cancelado a petición de la misma, en las semanas después del asesinato de Berta. Mientras Fintrac y USAID tranquilamente cancelaron el contrato con DESA sin mucha bulla, deberían rendir cuentas con los pobres que dicen ayudar y con los ciudadanos estadounidense que con sus impuestos financian sus actividades.
Por Aldo Santiago, Heriberto Paredes y Susana Norman /Agencia SubVersiones/
El asesinato de Berta Cáceres ha desnudado una serie de intereses económicos que involucran distintos niveles de funcionarios, instituciones financieras, integrantes de gobiernos centroamericanos, europeos, estadounidenses y canadienses (por lo menos) que dejan ver la arquitectura del despojo. La llamada «energía limpia», representada supuestamente por las represas no es más que una estrategia de enriquecimiento que pasa por encima de poblaciones enteras, destruye ríos y afluentes vitales para la reproducción de la vida y es –contrario a lo expresado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– la energía más contaminante y sucia de las últimas décadas, según un informe elaborado por la Comisión Mundial de Represas en 2000 y referida en una entrevista a Gustavo Castro (de pronta aparición).
Las distintas conexiones entre empresarios multinacionales y hondureños se consolidan como una compleja red que manipula leyes, recurre a recovecos legales y lleva a cabo estrategias económicas para consolidar la imposición de proyectos como Agua Zarca. Gracias a recientes conversaciones con Tomás Gómez, coordinador interino del COPINH así como una serie de rastreos y análisis, presentamos aquí algunos avances de esta investigación. Acompañamos este texto con un mapa elaborado por Geo Comunes, quienes han logrado cartografiar el panorama general de proyectos ligados al «capitalismo verde» y por ende a las nuevas fases del despojo.
Comienza Tomás con un planteamiento inicial básico para luego indicarnos una ruta posible para llevar a cabo nuestra investigación:
«El proyecto ha tenido varias fuentes de financiamiento. Uno es el Banco Mundial, otro es el BID. Estos bancos por el momento han parado otro desembolso que iban hacer y han visto que hay violaciones de derechos humanos y a la consulta. Esto ha sido a través de los bancos nacionales como el Grupo Financiero FICOHSA, entre otros. A nivel de Europa está involucrado el banco FMO, de Holanda, que no ha parado el financiamiento a pesar de que ha habido fuertes denuncias del COPINH, y de la comunidad internacional; ellos han llegado al grado de suspender el proyecto».
DESA fue fundada por dos empresas: Inversiones Las Jacarandas S.A., a título de José Eduardo Atala Zablah quien proveyó dos tercios del capital inicial (más de 33 millones de lempiras) y Potencia y Energía de Mesoamérica (PEMSA), representada por Gerardo Carrasco Escobar, quien aportó el resto (más de 16 millones de lempiras). Aparte de esta información, no existen datos públicos sobre los dueños de Las Jacarandas y PEMSA, y es probable que DESA haya recibido una suma de inversión mayor. Lo claro es que José Eduardo Atala Zablah junto a sus hermanos Jacobo y Pedro forman parte de la mesa directiva. La familia Atala, junto a figuras como Miguel Facussé –empresario de la palma africana beneficiado por las dádivas de lavado verde mediante créditos de carbono del Banco Mundial– han sido denunciadas como participantes clave en el golpe de estado militar contra Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009. Destaca entre los apoyadores al golpe el primo de los hermanos Atala Zablah, Camilo Atala, vice presidente del Grupo Financiero FICOHSA, considerado el conglomerado financiero más grande de Honduras.
«FICOHSA es de una familia potentada de Honduras, se ve el interés del gobierno y de los bancos, porque es de la familia Atala, dueño del equipo Motagua y de ahí vemos el banco Finnfund, que también son parte financiera a esta represa hidroeléctrica. A estos bancos no les ha importado que haya asesinatos, no les importa violaciones de los derechos de la comunidad indígena, no les importa nada. Hasta ahora solamente han llegado a suspender (el financiamiento). Nosotros como COPINH exigimos al banco FMO y Finnfund que retiren definitivamente todo el financiamiento para cualquier otro tipo de proyecto, poque son 10 proyetos los que están financiado para que ya no sigan aportando al asesinato, genocidio, a la intimidación, a la pérdida de soberanía alimentaria, a la privatización, al concensionamiento. Pedimos que suspendan inmediatamente todos esos tipos de proyectos. Hay empresas como Siemens, que provee equipo como turbinas y otras que le facilitan a la empresa DESA para construir el proyecto hidroeléctrica. Siemens tiene inversión, un 30% del financiamiento a Voyth Hydro, osea que son la misma cosa. A todos les exigimos que paren todas sus acciones contra el financiamiento de Agua Zarca».
Aunque no está claro si los hermanos Atala Zablah tienen un interés en FICOHSA, Jacobo es presidente de las operaciones hondureñas del creciente Banco de America Central. En un principio se esparció la noticia de que Agua Zarca era financiada por FICOHSA, a través del Banco Mundial. Pese a ello el ente financiero internacional negó su participación en el proyecto; reportes del financiamiento de FICOHSA podrían haberse derivado de la inversión de la familia Atala en DESA. José Eduardo Atala fue electo en 2011, vicepresidente de la Asociacion de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA por sus siglas en inglés), grupo que representa más de 200 mil compañías y el 80% de la inversión privada estadounidense en Centroamérica. También se desempeñó como representante hondureño ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), experiencia que probablemente ayudó a DESA coordinar el préstamo de 24 millones de dólares otorgado por aquel banco en 2012.
El hombre más rico de Centroamérica, Camilo Atala, compró desde 2014 todas las operaciones hondureñas de la corporación CITIGROUP –cuarto mayor banco de Estados Unidos envuelto en graves casos de corrupción, como la quiebra del gigante energético Enron– y representa junto al nicaragüense Ramiro Ortíz Mayorga, los dos mayores conglomerados financieros de Centroamérica. Ortíz, dueño del Grupo Promerica ha estado buscando proporcionar sus servicios bancarios a la inversión de 50 billones de dólares para la construcción del canal de Nicaragüa, propuesto por China; a su vez, Atala, quien se desempeñara como ministro asesor en inversiones en el gobierno de Ricardo Maduro, mantiene presencia empresarial desde Guatemala hasta Panamá valuada en más de 4 billones de dólares.
Sin embargo, su boyante empresariado es auspiciado por organismos multinacionales privados como la Corporación Financiera Internacional (IFC por siglas en inglés), perteneciente al Banco Mundial, quien le otorgó en 2011 una inversión de 70 millónes de dólares para «crear fuentes de empleo y expandir el acceso al crédito para pequeños negocios». La IFC auditó las prácticas de préstamos de FICOHSA en 2014; el reporte explica que la institución no comprendió totalmente el arriesgado ambiente de operación bancario y sus clientes. Entre estos se incluye la Corporación Dinant, compañía de aceite de palma aficana vinculada al tráfico de drogas, quien utiliza violencia para desalojar de su tierra a los agricultores hondureños, con especial saña en la región noreste, en el Bajo Aguán.
«El proyecto fue insistente y en el 2013, el 1 de abril, inician una toma directo en ese proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Cuando los compañeros toman el acceso principal al proyecto, entonces comienza la militarización. El estado de Honduras comienza a poner ejército, policías y Tigres; a esa operación se la llamó Morazán o Morazanica y desde el 15 julio se inicia una movilización muy fuerte, pacífica, con el propósito de ir a decir a DESA, a darles un ultimatúm a los ejecutivos a que salieran. Pero cuando llegamos antes de 30 metros, empiezó la policía y el ejército a disparar. Cuando llegamos a poco metros le tiran al compañero Tomás García, luego le pegan otro disparo en la frente y lo asesinan de un solo. Eso fue el primer batallón de ingenieros de Siguatepeque quien lo asesinó y luego el intento de asesinato al hijo, Alan García, que el estado a eso no le da importancia si asesinan a un indígena, o si hacen el atentado contra el niño».
«A pesar de toda esta criminalización, hostigamiento, intentos de asesinato a familias enteras como en el caso de la compañera María (que la quisieron asesinar, a su hijo de 12 años, a su esposo Roque), nosotros vemos que desde ahí es esa fase donde también salen los constructores, que era Sinohydro, empresa de China que también salió ese día 15 de julio viendo que habían ilegalidades y era ilegítimo el proyecto».
Tras la separación del gigante chino Sinohydro en agosto de 2013, producto del firme bloqueo del COPINH a la construcción del proyecto, el actual contratista es COPRECA quien se promueve como «una compañía familiar con cultura y conducta local, oriunda de Guatemala» y que en la práctica está involucrada en un espiral de corrupción: lavado de dinero y activos, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, entre otros delitos en un fraude al gobierno salvadoreño en 2005, cuando COPRECA ganó un contrato por 25 millónes de dólares para construir una carretera que nunca fue realizada.
A su vez el FMO y el BCIE son responsables de las muertes y represión contra el pueblo Ngabe Bugle, de Panamá, al financiar e intentar imponer el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en el río Tabasara. Pese a la inversión de bancos de desarrollo como el holandés FMO y el alemán KFW proveyeron a Generadora del Istmo (propiedad del hondureño Luis Kafie, involucrado también en el delito de estafa al seguro social de Honduras), el 9 de febrero de 2015 fueron suspendidos temporalmente los trabajos en Barro Blanco. Como consecuencia las agencias financieras europeas enviaron una carta al gobierno panameño donde advirtieron que «la suspensión pesará contra futuros préstamos». Pese a ello el 24 de mayo de 2016 se anunció el llenado de seis hectáreas del futuro embalse «como parte del inicio de pruebas de la central hidroeléctrica y su conexión al sistema nacional panameño». En su nivel máximo se espera que la represa anegue 250 hectáreas que incluyen cinco comunidades indígenas.
El FMO también concedió al Grupo Financiero FICOSHA un préstamo de 60 millones de dólares destinados a proyectos de «energía limpia», al tiempo que el banco es investigado en Panamá por lavado de activos, sospechoso de estar involucrado en el robo al IHSS pues existe la denuncia en la fiscalía contra el crimen organizado hacia FICOHSA y un total de 13 bancos panameños por asociación ilícita.
En declaraciones a prensa alemana, Tomás Gómez asegura haberse reunido, en marzo de 2015, con los encargados del suministro de turbinas para Agua Zarca. «En aquel entonces ya habían muerto Tomás García Domínguez y Paula Domínguez. Después de nuestra visita murieron otros tres habitantes de la comunidad de Río Blanco, a los que previamente trataron de comprarles sus tierras, necesarias para la aprobación del proyecto. Estos compañeros asesinados tuvieron previamente conocimiento de una lista de aproximadamente 20 personas, entre ellas miembros de la comunidad y tres coordinadores del COPINH: Aureliano Molina, Berta Cáceres y yo. Esta lista se la pasamos a los dirigentes de Voith Hydro con los que nos reunimos. Queríamos parar el proyecto para que SIEMENS y Voith no fueran cómplices de ningún asesinato».
«Esto tiene que ver con hacer las denuncias públicas, luego reunirse con los miembros de los bancos para presionarlos y decirles lo que esta pasando, luego iniciar en los mismos países de origen una demanda contra los bancos para que se cancele todo concesionamiento. A nosotros nos parece importante que los del banco no están queriendo que vayan personas de Holanda, por ejemplo en el caso del FMO, porque los hemos estado denunciando y ellos sirven de testigos para que le digan a los compañeros y compañeras y con eso se va a poder parar el financiamiento definitivo. A nivel local también tenemos definido las movilizaciones, acciones frente al MP. Y algo puntual, como los ejercicios de control territorial, que tienen que ver con ir a reconocer el lugar, a bañarse al río Gualcarque. Nosotros seguimos con el marco del COPINH».
Sin embargo, las peticiones del COPINH se mantienen ignoradas, en palabras de Lars Rosumek, portavoz de la empresa alemana especializada en maquinaria industrial que obtuvo el contrato por 8 millones de euros: «Como no podemos dar por terminada nuestra colaboración, hemos decidido suspender temporalmente el contrato de suministro hasta que se aclare la implicación de los trabajadores de DESA en el crimen. Después decidiremos si cancelamos o no el proyecto», declaró al tiempo que negó cualquier implicación con el asesinato de Berta Cáceres y otros miembros del COPINH, pese a que dos de los cinco sospechosos del asesinato, detenidos a principios de mayo, son trabajadores de DESA: Sergio Ramón Rodríguez Orellana, quien actuaba como gerente del departamento social y medioambiental, además de Douglas Geovanny Bustillo, quien trabajó para una empresa de seguridad privada bajo el mando de la empresa responsable por Agua Zarca. Otros dos detenidos tienen conexiones con el ejército hondureño, el mayor en activo, Mariano Díaz Chávez y el retirado Edilson Atilio Duarte Meza.
Douglas Bustillo habría acusado a Berta y el COPINH de ser guerrilleros, a la par que amenazaba y agredía a la población lenca durante los bloqueos y protestas que realizaban contra Agua Zarca. De acuerdo a algunas hipótesis, Sergio sería el encargado de planear y dar las órdenes a Bustillo para reclutar a los sicarios y al mayor Díaz, especialista en inteligencia militar y con experiencia en la guerra de Irak. Tras 10 días de silencio, fue hasta el 12 de mayo cuando Voyth Hydro anunció la suspensión del suministro de equipo a DESA cuando se hizo público un comunicado donde menciona la visita de «actores internacionales y financieros en una comisión independiente para verficar la honestidad de la empresa». En nota de Dick Emanuelsson, el reportero relata la odisea para obtener declaraciones de la empresa responsable por Agua Zarca. Después de un periplo para conseguir la dirección de la oficina en una de las zonas más caras de Tegucigalpa, consiguió asegurar una entrevista con el vocero de la empresa, Roque Galo. Sin embargo dicha conversación nunca se realizó y permanecen en la ambigüedad detalles como ¿quién es la persona que contrató a Douglas Bustillo, quien responde al nombre de Javier Bográn y qué cargo tiene en DESA? o ¿quienes son los involucrados en las élites financieras y políticas en el planeamiento y ejecución contra Berta?
Por Aldo Santiago, Heriberto Paredes y Susana Norman /Agencia SubVersiones/
Tomas Gómez Membreño es el coordinador interino del Consejo Cívico de Organizaicones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Asumió ese papel después del asesinato de su compañera Berta. En él, siempre cabe una sonrisa y un chiste, a pesar de la fuerte presión que ahora recae sobre él. Cómo su compañera, él también ha recibido amenazas. A las 11 de la noche nos recibe en la casa de sanación que tiene el COPINH en la pequeña ciudad de La Esperanza, capital departamental de Intibucá, uno de los 7 departamentos en donde los lencas tienen su extenso territorio. Su autonomía y libre determinación ahora estan amenazadas por alrededor de 50 proyectos «porque allí abarca no solo proyectos hidroeléctricos, sino concesiones mineras, eólicos, REDD+, AVA-FLEGT (comercio forestal para el mercado europeo) y las ciudades modelo. Eso sabemos es un paquete de privatización, concesionamiento y exterminio de nuestros pueblos porque significa más del 30% territorio hondureño que esta entregado no a nosotros, sino a mano de las empresas privadas» puntualiza Membreño.
El proyecto Agua Zarca, de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) es tan sólo uno más. En dichos proyectos tienen en común que son empresas que carecen de transparencia, tienen capital nacional y extranjero, y han recibido sus conseciones ilegalmente, pues los pueblos indígenas no han sido consultados, a pesar de que Honduras es firmante del Acuerdo 169 de la Orgnización Internacional del Trabajo (OIT). «Entre el 2006 y el 2007 realizaron cabildeos abiertos. Pero al participar los compañeros, de 800 sólo siete personas estaban a favor del proyecto Agua Zarca. Terminaron la votación a favor sólo los presidentes del patronato, secretario y allegados del alcalde. Los cabildos abiertos no son lo mismo que la consulta previa, libre e informada. Las comunidades han denunciado que no ha habido consulta.Si preguntamos a la comunidad de Río Blanco, lo primero que van a responderles que el río Gualcarque es sagrado y ahí están los espíritus de las niñas, abuelos, y ahí está el espíritu de Berta. Una protectora que antes denunciaba y ahora es una guardiana cuidando el rio».
«Han asesinado a cinco compas en Río Blanco, Intibucá. Pero también asesinaron a la coordinadora general del COPINH; han asesinado las costumbres, han atentado contra la soberanía alimentaria de las comunidades donde les quitan sus tierras, donde les quitan sus cultivos o les tiran máquinas encima. Generan sistematicamente genocidio contra las comunidades indígenas. Para nosotros es fundamental que en memoria de Berta Cáceres vamos a seguir en el proceso de defensa del territorio con la misma dinámica del COPINH para enfrentar a este monstruo. Nosotros como COPINH lo tenemos bien claro, no nos enfrentamos con las comunidades, sino contra la privatización y consecionamiento de estas empresas que el estado hondureño les dio a las empresas privadas no para beneficiar a las comunidades, no para llevar escuelas, sino para llevar la muerte a comunidades indígenas», continúa Tomás.
El historial de agresiones comenzó desde la presentación del proyecto en 2010. Desde abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos hasta cuerpos de seguridad hondureños trabajando para DESA que invadieron las ancestrales tierras lencas, cobijados por una sólida estructura económica privada y militar estatal. El proyecto Agua Zarca es sólo uno de las decenas de construcciones hidroeléctricas impulsadas por entes financieros globales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en un proceso que busca rendir frutos para inversiones y corporaciones trasnacionales respaldadas por corruptos sistemas judiciales y el soporte de fuerzas estatales de seguridad financiadas, entrenadas y armadas por Estados Unidos, Canadá y el mismo Banco Mundial.
En 2011, cuando representantes de DESA presentaron el proyecto de Agua Zarca en la comunidad de La Tejera en la región de Río Blanco, los pobladores rechazaron la construcción pues para ellos el río Gualcarque es sagrado. Pese a ello en diciembre del mismo año, en un acto de abuso de autoridad, el alcalde municipal de Intibucá, Martiniano Domínguez emitió el permiso de construcción del proyecto hidroeléctrico. La firma del funcionario público iba acorde al proceso ilegal de compra de títulos de tierra en el área de Río Blanco, acción que DESA comenzó desde agosto de 2011. Los títulos, también emitidos ilegalmente por la alcaldía de Intibucá, fueron concedidos a una familia rica del vecino departamento de Santa Bárbara de apellidos Pineda Madrid, quienes utilizaron violencia e intimidación contra la población lenca para reclamar la propiedad del territorio y posteriormente venderla a DESA. La concesión de estos títulos es una violación a la ley municipal de 1990 y al artículo 169 de la OIT, ratificado por Honduras en 1994. Otro de los funcionarios implicados es Rigoberto Cuellar, quien al fungir como Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, emitió permisos para la construcción de Agua Zarca sin completar los estudios de impacto requeridos por ley. Desde 2015, Cuéllar, ya como fiscal adjunto del Ministerio Público, es investigado por su involucramiento en el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social.
DESA es una empresa hondureña creada en 2009, la cual obtuvo el derecho de uso del río, avalado por la aprobación de la Ley General de Aguas y el decreto 233 (que prohibía la construcción en áreas protegidas) promovidas por el gobierno resultado del golpe militar del mismo año, el cual otorgó 347 concesiones hidroeléctricas en todo Honduras. Y contando. Pese al respaldo estatal, la empresa se ha valido de artimañas para obtener los títulos de propiedad de las tierras en el área del proyecto a través de violencia, fraude e intimidación, actos permitidos por las instancias gubernamentales locales e incluso promovidas por funcionarios de Estados Unidos, como la embajadora Lisa Kubiske, cuando en junio de 2013 declaró públicamente que «el gobierno (hondureño) debe garantizar un sistema de justicia funcional que proceda contra aquellas personas que motiven a los campesinos a invadir tierras», marcando claramente la afectación a los intereses financieros estadounidenses en proyectos hidroeléctricos, concesiones mineras y la expansión de monocultivos de palma africana. Aunado a ello las declaraciones recrudecieron las campañas de criminalización y agresiones contra defensores de derechos humanos, tales como aquellos que integran el COPINH y especialmente contra Berta Cáceres.
El proyecto AZ fue aprobado ilegalmente y es ilegitímó. Nosotros hemos probado a nivel juzgados, que ese proyecto es ilegal. Que también el ministerio público, parte de la estructura del Estado ha dicho que es ilegal porque al viceministro De Serna le dictaron auto de prisión preventiva. Desde ahí verificamos nosotros que este proyecto es ilegal e ilegítimo porque no ha habido consulta», destaca Tomás Membreño
Aunado a la transformación del Estado hondureño hacia una corporación-Estado que actúa bajo estructuras que imponen proyectos privados a traves de instituciones públicas, se sospecha que ganancias de actividades ilegales como el tráfico de drogas, es lavado e invertido en el corrupto sector de la construcción, sobre todo de presas y minas. El mismo Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, a través del Programa de Recuperación de Activos Robados, lanzaron un estudio donde analizan como las estructuras corporativas han sido utilizadas para lavar billones de dólares de ganancias ilegales, pese a ello no existen medidas globales reales en trasparencia corporativa; entidades como Wells, Fargo, Citibank y el Banco de América, por mencionar sólo algunos casos, se han visto involucrados en escandalos de lavado de dinero.
Otro ejemplo de como la corrupción se exhibe tal acto de exterminio es representado con la imposición de la hidroelétrica de Belo Monte, en Brasil, donde las mismas empresas que son investigadas por desvíos de recursos en la Petrobras (Oderbrecht, Camargo Correa y Andrade Gutierrez) son las mismas beneficiadas por la construcción de la presa, la cual antes de comenzar a funcionar ya había comprometido y devastado poblaciones enteras. Para los escépticos, la cereza en el pastel es apenas la minúscula ventana sobre la voracidad del capitalismo global evidenciado en las filtraciones de los Panama Papers un mes después del asesinato de Berta Cáceres.
Otro actor importante es el capital de origen canadiense, pues dicho país es el segundo mayor inversionista extranjero en Honduras con más de 600 millones de dólares. También es el mayor inversionista en mineración, liderea la industria de la confección y emerge como personaje clave en la creciente industria del turismo en la costa norte hondureña. Es razonable tratar el caso de Río Blanco como parte de una trayectoria más amplia de Canadá en Honduras, especialmente porque DESA es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el estado canadiense a través del Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las Américas (Proyecto «Profile»). DESA es en parte, una empresa hondureña financiada por el estado canadiense en un país donde compañias hondureñas funcionan con frecuencia como filiales de las firmas canadienses.
En 2015, el pueblo lenca de Río Blanco se enteró sobre otro proyecto hidroeléctrico, esta vez en el río Canjel cerca de la frontera entre los departamentos de Santa Barbara e Intibucá el cual estaba siendo construido, por lo cual comenzó una serie de protestas para denunciar el proyecto. La empresa Blue Energy, fundada por el inversor estadounidense Peter Ochs, perteneciente a una firma de capital privado con sede en Kansas, Capital III, junto a la compañia canadiense Hydrosys Consultants con sede en Montreal, fueron las responsables de iniciar la construcción sin consultar a la población lenca afectada.
Capital III planea el financiamiento de cuatro presas en Honduras, tres de las cuales el COPINH ha denunciado. Una de las mayores es la del Proyecto Hidroeléctrico Zompopero el cual afectará tres departamentos hondureños y representa una inversión de 50 millones de dólares. A su vez Hydrosys Consultants está involucrada en por lo menos cinco hidroeléctricas en Honduras y cuatro más en Centroamérica. Hydrosys fue contratada por Rio Power S.A. propiedad de Fredy Nasser, yerno de Miguel Facussé, ambos apoyadores, planeadores y ejecutadores del golpe de Estado en 2009.
Canadá ha desempeñado un rol activo en Honduras desde el azote del huracán Mitch en 1998 y después del golpe de Estado en 2009. En 2014 el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA por sus siglas en inglés) reportó que «las auto proclamadas fuerzas pacificadoras han construido una fortaleza en Honduras a través de la inversión en industrias y el apoyo al gobierno ilegítimo creado a raíz del golpe de estado. La relación de Canadá con Honduras es un emblema de su desplazamiento en la comunidad internacional, como una presencia imperial, estableciendo y expandiendo industrias en países menos desarrollados a expensas de ciudadanos locales y el medio ambiente. Canadá promovió una nueva ley minera post golpe y después aprobó un acuerdo de libre comercio con Honduras para promover las inversiones canadienses a pesar de las evidencias en serias violaciones a los derechos humanos y ambientales.
Aproximadamente fueron aprobadas 829 proyectos hidroeléctricos en Sudamérica, durante 2014, con un total de inversión de 22 billones de dólares. La fiebre en la construcción de megaproyectos hidroeléctricos aparece después de que a medidados de los 90 numerosas protestas consiguieron frenar la estrategia impulsada desde el Banco Mundial. Fue cuando recibieron la etiqueta de «energía limpia» como una solución a la crisis climática mediante las negociaciones del Protocolo de Kyoto en 1997, ratificado e impuesto por los acuerdos de París en diciembre de 2015 durante la COP21, ya que las mega hidroeléctricas han recibido un mayor impulso y financiamiento en busca de tomar ventaja a través de las nuevas oportunidades de negocios creadas para simular la respuesta a la crisis climática, donde las corporaciones son las beneficiadas por soluciones de mercado como los Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Pero las hidroeléctricas son todo menos limpias. en regiones tropicales como Honduras son una enorme fuente de gas metano que agrava el efecto invernadero de la atmósfera, además de que las mega hidroeléctricas facilitan la extracción de combustibles fósiles como el carbón y el gas. En Perú, Colombia y Brasil, gigantescas hidroeléctricas están siendo construidas con la intención de generar energía barata para la industria extractiva.
Por Dick Emanuelsson / Resumen Latinoamericano
Reflexiones subjetivas sobre un consorcio hidroeléctrico que prácticamente ha desaparecido del escenario público
TEGUCIGALPA / Durante los años como reportero, tanto en Suecia como en Latinoamérica siempre he tenido el principio de dar a todas las partes involucradas en un conflicto el derecho a opinar. Nada insólito sino es un principio periodístico universal.
Por eso entrevistamos a Douglas Bustillo, el subjefe de seguridad del proyecto Hidroeléctrica Agua Zarca en el Río Gualqarque el 9 de diciembre de 2013. Fue cuando hicimos el reportaje sobre el conflicto entre el pueblo indígena lenca y Copinh por un lado y la empresa Desa y una parte de la población lenca en Río Blanco, por otro lado.
No era la primera vez que visitamos las regiones por donde pasa el Río Gualcarque. Ya en el mes de marzo de 2010, ocho meses después del golpe de estado militar en Honduras, llegamos con el padre Bonifacio de la parroquia de La Esperanza, cabecera departamental de Intibucá a San Francisco de Opalaca, un Edén de naturaleza en esta parte de Honduras.
Comprando la población con confites
El querido sacerdote hablaba pausado y muy pedagógico allá en la humilde capilla en la montaña un sábado con un sol radiante sobre la importancia que el pueblo originario no se vendiera por unos confites, bolsa de maíz o 100 lempiras (5 US-dólares). Porque los testimonios, sobre todo de las mujeres lencas, relataban justamente eso; la empresa intentaba de comprar la población indígena, como fueran colonialistas españoles, aprovechando la extrema pobreza.
Desde ya se hablaba de firmas falsificadas de los títulos, actas inventadas entre un alcalde vendido y su población que reclamaba justicia que en el postgolpe en Honduras no existía. El Congreso Nacional, cuyo presidente entonces se llamaba Juan Orlando Hernández, había otorgado más de 50 concesiones a empresas mineras o de represas, nacionales o transnacionales.
Acusaba a Bertha & Copinh por guerrilleros
A Douglas Bustillo queríamos enfrentar por las acusaciones de Bertha y Copinh en el sentido que él era responsable por las amenazas a la líder de Copinh, que además la acusaba a ella y a Copinh por ser guerrilleros. En la entrevista pudo aclarar que él no compartía esa conclusión y liberó a los mencionados sobre esas acusaciones.
El 2 de mayo fue detenido Bustillo junto con tres hondureños más, acusados de ser los autores y programadores del asesinato de Bertha Cáceres el 3 de marzo. No era cualquier persona Sergio Rodríguez. Él es el gerente de la empresa Desa, acusado por dar órdenes a Bustillo de reclutar los sicarios materiales del asesinato y reclutar a Mariano Díaz, un mayor activo del Ejército de Honduras, especialista de inteligencia militar y con experiencia de la guerra en Irak.
Para cualquier empresa que tiene dos empleados involucrados en un asesinato que ha sacudió y ha causado a la nación centroamericana un escándalo internacional sin precedentes, pues no es cualquier cosa. Esa gerencia, si es totalmente sin responsabilidad del asesinato, intenta inmediatamente, ante la opinión pública, responder cualquier acusación en su contra.
Produce comunicados pero no da la cara
Y las acusaciones contra Desa han llovido. El dueño de Desa es el clan oligárquico más poderoso de Honduras, Atala-Faraj, de origen cubano-palestino. Copinh y Bertha Cáceres acusaban a la empresa por ser los máximos responsables por los atropellos y hasta asesinatos de integrantes de Copinh. Hoy Copinh y los familiares de Bertha acusan a la empresa de ser los autores intelectuales del asesinato de su mamá.
Cuando la fiscalía detuvo a los cuatro implicados y el juez, cinco días más tarde decidió detenerlos por ser los presuntos autores del asesinato de Bertha Cáceres, la empresa todavía no contestaba ninguna pregunta de los periodistas, que se quejaban en sus columnas por no responder las llamadas de los comunicadores.
El día de la detención, el 2 de mayo, Desa expidió un comunicado de prensa en donde expresaba su sorpresa sobre la detención del gerente de Desa, Sergio Rodríguez.
Voith Hydro y Banco Holandés suspenden actividad
De ahí un silencio total durante diez días hasta que la empresa multinacional alemana, Voith Hydro, informaba el 12 de mayo que suspendía todo suministro de productos, entre ellos las tres turbinas, mientras no se aclaraba el supuesto involucramiento de Desa en el asesinato de Cáceres. El Banco Desarrollo de Holanda, co financiador del proyecto hidroeléctrico ya había tomado la decisión de cancelar toda las actividades en Honduras, horrorizado por los asesinatos de los indígenas.
En la tarde ese día 12, fue publicado un comunicado de Desa en donde decía que confía “en que la justicia hondureña llegará a los responsables de este lamentable suceso”, y que los actores internacionales y financieros enviaran una comisión independiente para verificar la honestidad de la empresa y su inocencia en la muerte de Bertha Cáceres.
Para los periodistas eran muchas noticias “calientes” e interesantes. Pero Desa no salió a la luz pública. Solo publicó su comunicado de prensa.
¿La empresa Desa va a la clandestinidad?
Intentamos por todos lados encontrar los datos de la empresa como números de teléfonos pero solo encontramos una página de web que ni siquiera tenía una dirección de su oficina en Tegucigalpa. Llamamos a Hondutel, la empresa estatal de telefonía y nos dio un teléfono en Río Blanco, ocho horas en carro de la capital en donde contestó una señora que no era el teléfono de Desa.
Optamos por pedir un contacto con Desa a través de su correo electrónico; comunicacion@hidroelectricaaguazarca.hn, y aprovechamos al mismo tiempo de enviar unas preguntas escritas para darle la oportunidad a la empresa de responder nuestro petición. Fue enviado el 12 de mayo de 2016 a las 16.38 horas.
La empresa contestó, para nuestra sorpresa, casi inmediatamente, a las 16.43, con las palabras:
“Buen día,
Para Hidroeléctrica Agua Zarca es de vital importancia proporcionar la información que nos solicita,
Le compartimos el presente pronunciamiento oficial que recién se está liberando,
Gracias por su atención”.
Desa nos envió el comunicado publicado el mismo día pero no nos dio ni un teléfono, ni persona de contacto ni respuestas a nuestras preguntas.
El oculto vocero de la empresa, Roque Galo
Logramos encontrar una dirección después de varios días de búsqueda en Tegucigalpa; Blvd. Juan Pablo II Edif. Torre Alianza II, 10 Piso, Suite 1001. Pero nada de teléfono. Enviamos una pregunta por la Red Fian en Honduras y después un silencio de tres días nos llegó un correo de un colega con dos teléfonos y el nombre del vocero de la empresa, Roque Galo.
El lunes pasado (16 de mayo) fuimos a la oficina de Desa sin avisar nuestra llegada. La empresa tiene oficina en el 10º piso en uno de los edificios más caros de arriendo de la capital hondureña, Torre Alianza. Los vigilantes llamaron a la oficina y ahí dijeron que no podían atender hasta a las 5 de la tarde, ese mismo día, lo cual hicimos.
En la oficina de Desa no responde, cuando uno llama, con el nombre de la empresa Desa. Solo dice “aló”. Y pregunta quien llama. Presenté mi misión y que nos había dicho que llamaríamos a las 17.00 horas para hacer la entrevista. Pero la respuesta fue negativa. El señor Roque Galo no estaba, llegaría más tarde y hablaríamos más tarde. Pasó lo mismo, y acordamos que me enviara su mensaje sobre la hora a mi correo electrónico.
¿Porqué se niega la existencia de Desa?
Pero hasta ahora, cuando editamos estas líneas, no hay nada de Desa en el correo. Hemos llamado aproximadamente 25 veces al celular y al fijo. En este último teléfono tampoco responde la secretaria con el nombre de la empresa sino con una pregunta de sospecha ¿“quien llama”?
Primero ella negaba que Desa tenía oficina ahí pero sí, que el señor Roque Galo había estado la semana pasada en la oficina, cuando él mismo había estado en la oficina el lunes, al medio día cuando llegamos sin avisar. Llamamos a Hondutel nuevamente para que buscara los dueños registrados del número del teléfono fijo y efectivamente es el número de la empresa Desa. ¿Por qué dio la orden a la secretaria de negarlo?
Subrayamos la importancia que Desa comentara la entrevista que habíamos hecho con el vocero de la empresa alemana Voith Hydro y el hecho que la empresa revocara el contrato si la justicia hondureña llegara a la conclusión que empleados de Desa están involucrados en el asesinato de Bertha Cáceres.
Pero nada, la empresa Desa se esconde, prefiere que los medios especulan o publican lo que dicen otros. Y es muy insólito, porque una empresa que no tiene responsabilidad en un hecho tan trágico como la muerte de un ser humano, pues tiene todo interés de deshacerse cualquier mancha en su fachada.
Pero eso no pasa con Desa.
Pero no nos rendimos, y si Roque Galo y Desa ven las siguientes preguntas enviadas el 12 de mayo a su correo electrónico, pues ¡adelante para que las respondan! Entre las ocho preguntas enviadas el 12 de mayo, nos interesan sobre todo las siguientes:
Leer más:
Reportaje marzo 2010: Desde la cuna de los indígenas Lencas en donde un pueblo se ha unido y ha tomado conciencia.
Por Dick y Miriam Emanuelsson
VIDEO (1 hora): vimeo.com/13473895
DÍA DE ACCIÓN GLOBAL: 15 DE JUNIO!!! JUSTICIA PARA BERTA
México, 13 may (EFE).- La familia de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres y la ONG que lideraba denunciaron sentirse “marginados” en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía hondureña, que criticaron por sus “carencias y vacíos”.
“Tenemos preocupaciones con respecto a la falta de cumplimiento con los derechos de las víctimas en cuanto a que estamos marginados de las investigaciones por la ilegal secretividad interpuesta por el Ministerio Público”, criticó José Gaspar, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
En una rueda de prensa en la Ciudad de México, Gaspar explicó que se les ha negado el acceso a participar en las indagaciones, que se caracterizan por su falta de “exhaustividad”.
También destacó “las carencias y vacíos que se presentan en las diligencias” del asesinato de Cáceres y del intento de homicidio al ambientalista mexicano Gustavo Castro.
Berta Cáceres, coordinadora general del Copinh y líder de la etnia lenca, en el occidente hondureño, fue asesinada el pasado tres de marzo, pese a tener medidas cautelares y tras haber recibido amenazas de muerte.
En el lugar del crimen se encontraba Castro, que pudo volver a México el pasado 1 de abril tras ser retenido en Honduras por la autoridad, en una decisión que definieron de “arbitraria e ilegal” y en la que intervino el Gobierno mexicano para que se resolviera.
Castro anunció hoy en la conferencia de prensa que se incorpora, a través de sus abogados, como acusación privada en el proceso de investigación y judicial, porque las indagaciones resultan “insuficientes”.
“Me reafirmo como víctima de un intento de homicidio y por ello he decidido participar de una manera más activa en este proceso”, subrayó.
También exigió que se retiren fondos contra proyectos ambientales que vulneran los derechos humanos y atacan a los indígenas.
Y enfatizó en la necesidad de abundar en los intereses de firmas como DESA, de capital hondureño y chino, compañía que pretende desarrollar la hidroeléctrica Agua Zarca, a la que la ambientalista se oponía.
Berta Zúñiga, hija de la activista, cuestionó además las entidades financieras y fondos de desarrollo que permiten “la concreción de estos proyectos que han significado la muerte”.
Asimismo, insistió en su petición a las autoridades hondureñas para que un grupo de expertos interdisciplinario e independiente designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coadyuve en el caso.
Esto por la “desconfianza” hacia “las autoridades hondureñas porque estas mismas instituciones fueron las que persiguieron y criminalizaron” a su madre, señaló.
Resaltó la necesidad de identificar el autores o autores intelectuales del crimen, para evitar que este quede en la impunidad.
Hasta la fecha hay cinco detenidos por el crimen: Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado, y Sergio Rodríguez, ejecutivo de la empresa Agua Zarca que impulsa un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.
Además de Emerson Duarte, gemelo de Edilson Duarte, a quien se le encontró el arma de fuego con la que Cáceres habría sido asesinada.
El abogado de la familia de Cáceres, Víctor Fernández, denunció que el Gobierno hondureño busca “apropiarse” del proceso.
En su turno, el letrado de Castro, Edy Tábora, aseveró que el ambientalista mexicano no ha sido citado por la Fiscalía hondureña ni informado del caso, y no descartó una posible demanda a la autoridad de la nación centroamericana por la “detención ilegal” que vivió su representado.
“La impunidad en el asesinato de Berta Cáceres y otros defensores asesinados sería un gran mensaje erróneo de que situaciones como esta se pueden volver a repetir”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.
Berta Cáceres fue asesinada en Tegucigalpa por oponerse con éxito a la construcción de la presa de Agua Zarca
Berta Cáceres sabía que la muerte le pisaba los talones. Nunca lo dudó. Cuando en abril de 2015 la ecologista hondureña recibió el Goldman Enviromental Prize, el Nobel verde, lo dijo. Luego lo repitió a todo el que quiso escucharlo. Su vida estaba amenazada.
No era nada extraño. A lo largo de su lucha habían caído otros compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Ella misma era consciente de que la última batalla, contra la mastodóntica presa de Agua Zarca, le había puesto la diana en la frente.
El proyecto hidroeléctrico vaciaba el río Gualcarque, sagrado entre los indios. Para evitarlo, Cáceres movilizó a las comunidades lencas, dio dimensión internacional a su denuncia y no dudó en plantar cara a poderes que en Centroamérica tienen el gatillo fácil. La estrategia surtió efecto. Al menos, en parte. El Banco Mundial y la constructora pública china Sinohydro abandonaron la obra. Al timón quedó la compañía hondureña Desarrollos Energético SA (DESA).
Lo que vino después es una historia mil veces repetida en Honduras. La noche del 2 de marzo, Cáceres fue asesinada de dos tiros en su casa de La Esperanza, al oeste de Tegucigalpa. La autoría del crimen, desentrañada este mes por la fiscalía, saca a la luz un trama terrorífica por su previsibilidad.
El homicidio fue ordenado por el gerente de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana. En su comisión le ayudó uno de sus jefes de seguridad, el teniente retirado Douglas Geovanny Bustillo. Una bestia con ojos de ofidio a quien Cáceres ya había denunciado públicamente por amenazas y hasta acoso sexual. Dio lo mismo.
Bustillo contrató los servicios del mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales. Su tarea era diseñar la operación. Trazado el plan, emplearon a dos sicarios. Edilson Duarte, de 25 años, fue el que disparó contra la indomable ecologista. Dos balazos del calibre 38. A cambio recibió 50.000 lempiras (2.200 dólares).
Los cuatro implicados ya están encarcelados. Las últimas empresas internacionales que participaban en la presa de Agua Zarca (un banco de desarrollo holandés y un fondo de inversión estatal finlandés) han decidido, tarde y mal, irse. Pero nadie respira tranquilo. El país centroamericano vive en el abismo. Tiene una de las mayores tasas de homicidio del mundo, el 90% de los delitos queda impune y en poco más de una década, 113 activistas ambientales han sido asesinados. No es difícil prever que los seguirán eliminando. ¿Quién lo va a parar?
Ante las amenazas que sufrió Berta Cáceres, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado su protección policial. Pero la noche en que acabaron con su vida nadie la custodiaba. Tan solo 12 días después, otro compañero suyo de organización fue asesinado. Se llamaba Nelson García. Tenía 38 años. Lo mataron de un tiro en la cara.
Comunicado del COPINH – Ciudad de México, 13 de mayo del 2016
Este comunicado fue leído durante la conferencia de prensa dada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hoy viernes 13 de mayo del 2016 en las oficinas de Amnistía Internacional en la Ciudad de México.
A la comunidad internacional:
Dadas las recientes actuaciones por parte del Ministerio Público y el gobierno de Honduras en relación al asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres y el intento de asesinato del defensor de DDHH Gustavo Castro, las víctimas de los hechos y quienes nos representan expresamos lo siguiente:
Tenemos preocupaciones respecto a la falta de cumplimiento con los derechos de las víctimas en cuanto a que estamos marginados de las investigaciones por la ilegal secretividad interpuesta por el Ministerio Público. Se nos sigue negando el acceso a la participación activa de las indagaciones.
Se evidencia de manera amplia que no hay exhaustividad en la investigación. No se conocen acciones o diligencias importantes para determinar a la totalidad de los autores intelectuales, ya sean otros miembros del ejército, las responsabilidades institucionales de este cuerpo, ni la de los directivos o grupos económicos que conforman la empresa DESA. Así mismo, constatamos que de los requerimientos fiscales presentados no hay claridad acerca de las responsabilidades de los hombres imputados y que existen serias deficiencias de los elementos de prueba presentados.
Frente a todo lo anterior, manifestamos, de nuevo, la necesidad de que el Ministerio Público rompa con el secreto en que se ha manejado la investigación para nosotros, las víctimas.
Todas las carencias y vacíos que se presentan en las diligencias de la investigación del asesinato y el intento de asesinato no dejan duda para reflejar que se necesita de manera inmediata la participación de un equipo interdisciplinario de expertos, que sean independientes e internacionales, que garantice un proceso transparente y objetivo que agote la autoría intelectual del hecho, evitando que este vil crimen quede en la impunidad.
Aunado a estas debilidades investigativas, a Gustavo Castro no se le ha informado de los avances en las investigaciones, es por estas razones que él ha decidido incorporarse activamente como acusación privada en el proceso investigativo y judicial.
Demandamos que a partir de todos los indicios presentados de la participación de la empresa DESA en el crimen, ésta se retire de manera inmediata del Río Gualcarque y asuma sus responsabilidades, al igual que lo deben hacer todas las entidades financiadoras involucradas.
Reiteramos:
¡Justicia para Berta y Gustavo es justicia para el mundo!
¡Berta Vive!
Firman:
Bertha Zúñiga
Gustavo Castro
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
Video de la conferencia de prensa de hoy:
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This post is part of a campaign in solidarity with the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH in Spanish) launched in collaboration with Witness.
Ver la versión en español aquí
Two months ago Berta Cáceres, a Honduran environmental activist and human rights defender, was assassinated. Cáceres was the coordinator of the National Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH), headquartered in La Esperanza, Intibucá in western Honduras.
On May 2nd, the Honduran government announced the arrest of four suspects, including an active member of the Honduran military police; a member of Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA) – the Honduran company responsible for the construction of Agua Zarca, a hydroelectric dam that COPINH has long resisted for violating the human rights of hundreds of indigenous Lenca people; and two former members of DESA and the Honduran army respectively. The four are being held in prison but have not yet prosecuted.
For Berta’s family and COPINH, these arrests confirm DESA’s responsibility for the murder and show collusion between the Honduran government and the company, which they have always denied. However, these four names represent only a small part of the long list of those responsible for Berta Caceres’ murder, according to Berta’s family and COPINH. They report that the Attorney General has not conducted a comprehensive and thorough investigation to identify the masterminds of the crime. Moreover, they doubt the consistency of the investigation as the Attorney General has not allowed them to participate and hasn’t kept them informed of their progress.
In order to ensure complete impartiality in the investigation, Berta’s family and COPINH are demanding the creation of an independent, reliable and professional group of international investigators led by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR). However, to date, the Honduran government has not responded to this demand. Berta’s family and COPINH demand that the government recognize the political nature of the crime because Berta was murdered for her fight against the Agua Zarca project and the extractive industry model in Honduras, as well as her defense of the rights of the indigenous Lenca people. They are also calling for a comprehensive and impartial justice process and the definitive and immediate cancellation of the hydroelectric dam project Agua Zarca, which stands accused of violating rights such as the right to consultation of indigenous peoples, as stated in Convention 169 of the International Labour Organization (ILO). The Agua Zarca project is funded mainly by three banks: the Central American Bank for Economic Integration (BCIE), The Netherlands Development Finance Company and Finnish Fund for Industrial Cooperation.
In their struggle for truth and justice, COPINH members have received a single response from the Honduran government: repression. On May 9, during a peaceful action organized in front of the Presidential Palace in the capital Tegucigalpa the group was assaulted by the Honor Guard of the president. A minor was seriously injured in the attack and had to be hospitalized for a cerebral concussion.
Without local and international pressure on the Honduran government, it is unlikely that these demands will be met, which is why celebrities like Peter Gabriel and Susan Sarandon have joined the campaign to demand the Honduran government bring justice for Berta and satisfy all the demands of her family and COPINH.
Susan Sarandon:
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Peter Gabriel:
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Este post es parte de nuestra campaña en apoyo al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en colaboración con Witness.
Hace poco más de dos meses fue asesinada la defensora hondureña Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en La Esperanza, Intibucá, sede la organización en el oeste del país. El 2 de mayo el gobierno hondureño anunció la captura de 4 presuntos responsables, uno integrante de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA), encargada de la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca contra la cual el COPINH lleva años resistiendo por violar los derechos humanos de cientos de indígenas lencas; un miembro en activo de la policía militar hondureña y dos ex integrantes de la empresa DESA y del ejército hondureño, respectivamente. Los cuatro fueron enviados a la cárcel de manera preventiva, pero no juzgados aún.
Para la familia de Berta y el COPINH, estas detenciones confirman la responsabilidad de la empresa DESA en el homicidio, así como la colusión entre el gobierno hondureño y dicha empresa, como siempre lo han denunciado. Sin embargo, estos 4 nombres representan sólo a una pequeña parte de la larga lista de responsables del homicidio de Berta Cáceres, según sostienen la familia de Berta y el COPINH. Denuncian que el Ministerio Público no ha llevado una investigación exhaustiva ni profunda que permita encontrar a todos los autores intelectuales del crimen. Además, dudan de la regularidad de la investigación ya que el Ministerio Público no les ha dejado participar en ella, ni siquiera manteniéndolos informados de sus avances. A fin de asegurar una completa imparcialidad en la investigación, demandan la creación de un grupo de investigación internacional, independiente, confiable y profesional, dirigido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, a la fecha el gobierno hondureño no ha dado una respuesta sobre esta demanda.
La familia de Berta y el COPINH exigen que se reconozca el carácter político del crimen, pues Berta fue asesinada por su lucha contra el proyecto Agua Zarca y el modelo industrial extractivo en Honduras, así como por su defensa de los derechos del pueblo indígena lenca en su país. Ello implica, no sólo un proceso de justicia exhaustivo e imparcial en el caso, sino también la cancelación definitiva e inmediata del proyecto de presa hidroeléctrica Agua Zarca, donde han sido violado numerosos derechos incluido el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, previsto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El proyecto Agua Zarca es financiado principalmente por tres bancos: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el banco de desarrollo holandés FMO y el banco de desarrollo finlandés Finnfund. Tras el asesinato de Berta, FMO y Finnfund han suspendido sus financiamientos pero aún no se han retirado totalmente del proyecto. Por su lado, el BCIE sólo ha anunciado su participación en una misión que visitará el sitio de Agua Zarca.
En su lucha por la verdad y la justicia, los miembros del COPINH han recibido una sola respuesta de parte del gobierno hondureño: la represión. El 9 de mayo, durante una acción pacífica organizada en frente de la Casa Presidencial en la capital, Tegucigalpa, fueron agredidos por la Guardia de Honor del presidente. Un menor de edad resultó gravemente herido en el ataque y tuvo que ser hospitalizado por una contusión cerebral.
Por ello, personalidades como Peter Gabriel y Susan Sarandon se han sumado a la campaña en video para demandar al gobierno hondureño justicia integral en el caso de Berta, satisfaciendo todas las demandas de la familia y el COPINH. Establecen que difícilmente eso se logrará si no seguimos poniendo presión al Gobierno hondureño para que esto se logre, por tanto este es un llamado a que sigamos demandando justicia para este caso.
Susan Sarandon:
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Peter Gabriel:
{YOUTUBE}GdagNdQ4_I4{/YOUTUBE}
Da clic en los mensajes para compartir en Twitter:
.@SusanSarandon «Exijo al Gob. Honduras una investigación independiente y exhaustiva» http://ctt.ec/t0AbE+ #Justice4Honduras
Comunicado – Lunes 9 de mayo del 2016, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Condenamos la represión contra el COPINH
y defendemos su derecho a la verdad y a la justicia
Desde México y desde las organizaciones contra el modelo extractivo, condenamos los nuevos actos de represión sufridos por los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) este lunes 9 de mayo del 2016 en la capital hondureña, Tegucigalpa.
Desde las 6 de la mañana, los miembros del COPINH están manifestando de manera pacífica ante la Casa Presidencial para pedir el esclarecimiento total del asesinato de su coordinadora Berta Cáceres, ocurrido hace dos meses y siete días. Sufrieron dos agresiones por parte de la Guardia de Honor de la Casa Presidencial hasta ahora.
Alrededor de las 6 de la mañana, cuando iban a iniciar un plantón pacífico, un contingente de la Guardia de Honor de la Casa Presidencial les agredió mediante golpes y bombas de gas lacrimógeno. Seis miembros del COPINH fueron detenidos y liberados pocas horas después. Varios fueron heridos. A pesar de esta primera agresión, los compañeros y las compañeras del COPINH mantuvieron su acción pacífica y fueron agredidos de nuevo alrededor de las 10 de la mañana. Cuatro miembros del COPINH fueron detenidos en este segundo acto de represión, incluyendo a dos menores: Javier González Gómez, Yunior Misael Muñoz Amaya, Jesús Vásquez González y Walter Isaac Matute Mejía. Además, el menor Yunior Misael Muñoz Amaya sufrió golpes que le provocaron una contusión cerebral y requiere una cefalea intensa.
La violencia fue la respuesta del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ante la acción pacífica de una organización cuya única exigencia es el respecto de su derecho a la verdad y a la justicia. Desde Otros Mundos A.C./Amigos del Tierra México, el Movimiento de Afectad@s por la Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA), pensamos que esta represión devela una voluntad de callar a los miembros del COPINH quienes denuncian la participación del gobierno hondureño en el asesinato de Berta Cáceres. No le conviene que el COPINH exija el reconocimiento del carácter político del homicidio, obviamente motivado por la voluntad de poner un alto a la resistencia encarnada por la defensora contra el proyecto Agua Zarca. Un proyecto de presa hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, en el oeste del país, que viola los derechos humanos de cientos de indígenas lencas.
Si bien las recientes seis detenciones realizadas por el Ministerio Público evidencian la participación de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA), encargada de la construcción de Agua Zarca, y del Estado hondureño, en el asesinato de Berta, pensamos junto con los miembros del COPINH que la lista de los autores intelectuales del homicidio es mucho más larga. Por ello, exigimos junto con ellos la creación de una comisión de investigación independiente enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Exigimos junto con el COPINH la cancelación total y definitiva del proyecto Agua Zarca y nos solidarizamos con todas sus acciones, empezando con la de hoy. Pedimos la liberación inmediata de los cuatro compañeros detenidos durante la segunda agresión y responsabilizamos al gobierno hondureño por todas las agresiones que los miembros del COPINH puedan sufrir en el marco de su lucha por la verdad y la justicia.
¡JUSTICIA Y VERDAD PARA BERTA Y EL COPINH!
¡FUERA AGUA ZARCA DE HONDURAS!
¡RIOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra México
Movimiento de Afectad@s por la Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA)