Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres” arroja preocupantes conclusiones preliminares

COMUNICADO DE PRENSA
Tegucigalpa, 21 de marzo de 2016

Hoy culminó su visita a Honduras la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”, que ha desarrollado sus actividades en el país centroamericano entre el 17 y el 21 de marzo, contando con la participación de 14 representantes parlamentarios, expertos/as y activistas provenientes de 9 países de América Latina y Europa. Entre los/as integrantes se encontraban: una representante de las Madres de la Plaza de Mayo – Línea Fundadora, diputado/as de los Congresos español y mexicano y del Parlamento Europeo, una ex – Magistrada de la Corte Suprema de El Salvador, representantes de importantes sindicatos como son el estadounidense AFL/CIO-CSA, y la Unión Nacional de Trabajadores de México (UNT-CSA), así como integrantes de organizaciones de alcance regional tales como el Grito de los Excluidos, Jubileo Sur, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), y de redes globales como la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad, entre otro/as.

La Misión fue desplegada en aras de entrevistarse con instancias y funcionarios/as gubernamentales, judiciales y parlamentarios/as, así como representantes de los movimientos sociales hondureños, representantes de las Naciones Unidas, y de la Embajada de los Estados Unidos y de la Representación diplomática de la Unión Europea en este país. Todo ello con el objetivo de contribuir al esclarecimiento del asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres a inicios del mes de marzo de este año y de sostener la urgencia de la liberación inmediata del integrante de MAPDER y coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, Gustavo Castro Soto, así como la garantía de su integridad personal y de su retorno a México.

La fatal agresión que acabó con la vida de la ganadora del Premio Goldman 2015 e hirió al reconocido activista mexicano ha sido analizada por la Misión no como un hecho puntual, sino en el marco de la represión continua y sistemática de las y los defensores de los Derechos Humanos y del medio ambiente en Honduras. En este país se proyectan e implementan, de forma violenta en los territorios de comunidades indígenas y campesinas, un gran número de megaproyectos de infraestructuras, tal como el Proyecto “Agua Zarca”, contra el cual luchaban Berta Cáceres y la organización que coordinaba, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH). Por regla general, estos megaproyectos son llevados a cabo sin respetar el derecho a la Consulta previa e informada de las comunidades. En particular en el ámbito de los recursos hídricos, tras el Golpe de Estado de 2009, se aprobó una Ley General de Aguas y de Minería que ha provocado que se adjudicaran sin las evaluaciones ambientales pertinentes, ni el respeto del Derecho a la consulta previa e informada, un gran número de concesiones y proyectos mineros. Estos megaproyectos se encuentran facilitados y promovidos por los Tratados de Libre Comercio tal como aquel firmado entre Estados Unidos y Centroamérica o los Acuerdos de Asociación y de protección de las inversiones como aquel firmado con la Unión Europea. Estos tratados aseguran los intereses de las empresas transnacionales, pero no disponen de ninguna norma vinculante que sancione el respeto de los derechos humanos. Ante esta situación, organizaciones de comunidades afectadas como COPINH se encuentran en la línea de mira de la represión. Al respecto, el Diputado español e integrante de la Misión, Pedro Arrojo destacó que “hemos recogido testimonios de un gran número de amenazas que han recibido tanto Berta Cáceres como su familia y otros integrantes de COPINH desde 2013 hasta el día de hoy”.

Los resultados preliminares de la Misión han sido presentados el día de hoy en el marco de una rueda de prensa, que ha contado con una importante cobertura mediática y que ha sido retransmitida en directo a nivel internacional. Entre sus primeras conclusiones, la Misión remarcó la gravedad de la falta de garantías en Honduras en términos de los principios democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos. En ese sentido, recordó que lo/as jueces suelen ser el objeto de actos de intimidación, lo que conlleva una notable falta de independencia en el sistema judicial frente al Gobierno. Asimismo, la Misión constató la flagrante transgresión del Derecho Internacional en la implementación de los megaproyectos y de aquel de “Agua Zarca” en particular, en razón de las acciones y omisiones de la empresa DESA y del propio Gobierno hondureño. Se vinculó este hecho con los estrechos vínculos entre el Gobierno y diversos poderes económicos tales como las grandes empresas e instituciones financieras internacionales que participan en los proyectos. La Misión afirmó no haber encontrado ninguna voluntad política del Gobierno hondureño de cara a la lucha contra la impunidad en la violación de los Derechos Humanos, y que el propio sistema de protección no funciona. Su fracaso explica en parte que Berta Cáceres, que gozaba de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fuera asesinada. A la vez, la Misión observó que no existen razones legales que justifiquen continuar restringiendo la libertad de Gustavo Castro Soto, prohibiendo su regreso a México. Peor aún, de acuerdo con sus integrantes, como testigo directo del asesinato de Berta Cáceres Flores, su vida corre peligro al permanecer en Honduras.

La Misión enunció recomendaciones preliminares para el Estado de Honduras de forma general y específica en lo que atañe a los casos de Berta Cáceres y de Gustavo Castro. Asimismo, emitió recomendaciones preliminares para los Gobiernos de los Estados Unidos y de la Unión Europea. En ese sentido, la Misión Internacional afirmó que Consejo Europeo debería suspender el Acuerdo de Asociación con Honduras mientras se incumpla la obligación de “alcanzar el pleno cumplimiento de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Asimismo, la Misión solicitó al Gobierno de EEUU que aclare las condiciones y términos de su participación en la investigación del asesinato de Berta Cáceres. Además, ante las irregularidades surgidas en la investigación del asesinato de Berta Cáceres y de otros miembros del COPINH, la Misión apuntó que se debería evaluar la financiación proveniente del Estado español y de la Unión Europea al Programa EuroJusticia.

Durante la Rueda de Prensa, se destacó que el Gobierno de Honduras se había caracterizado por la falta de transparencia y de claridad sobre el caso de Berta Cáceres. De hecho, la Misión Internacional, recogiendo la petición del COPINH, y respondiendo a la amplia desconfianza social que genera la impunidad de los múltiples asesinatos ocurridos hasta la fecha, manifestó su respaldo a la demanda de una investigación independiente, con la participación de organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante la rueda de prensa, Gustavo Lozano, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA), recordó que “Gustavo Castro es una figura tan relevante como Berta Cáceres. La Misión Internacional denuncia su retención ilegal en Honduras”. A su vez, Tom Kucharz, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad comentó que “próximamente se preparará un informe final y habrá un trabajo intenso con las instituciones parlamentarias a nivel regional e internacional sobre este caso. El compromiso ético y moral que se lleva la Misión Internacional es de poner todo su empeño para conseguir Justicia para Berta Cáceres”.

La delegación está conformada por :
 
Miguel Urbán Crespo – Europa, Eurodiputado PODEMOS – Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL
Nora Cortiñas – Argentina, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Pedro Arrojo – España, Diputado de PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España
José Olvera – México, UNT-CSA México, Unión Nacional de Trabajadores / Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
Beverly Keene   – Argentina, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina,  integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las  Transnacionales y  poner fin a la Impunidad.
Mirna Perla Jiménez – El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador
Brian Finnegan – Estados Unidos, AFL/CIO – CSA. Federación estadounidense del trabajo y congreso de organizaciones industriales
Zulma Larin – El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia
Natalia Atz Sunuc  – Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC),  integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las  Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Gustavo Lozano  – México, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales  por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA) en articulación con el  movimiento centroamericano.
Tom Kucharz  – España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento  Europeo, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de  las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Miguel Ángel de los Santos – México, Abogado de la Red Iberoamericana de Jueces.

Contacto con la Misión:
misioninternacionaljbc@gmail.com

América Latina:
Número local: +  50489748879
J. Elosegui (Radio Mundo Real / Amigos de la Tierra Internacional): +  598-98846967
A. Sandoval (Jubileo Sur Américas): +  50587136579
Europa:
P.Pof (Podemos): +  34-618 154 002
M. Vargas (Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la impunidad): +  34-662026497
À. Guillamón (Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte):  +  34-932683366 / +  34 – 691501789

Asesinados por defender la tierra

El crimen de Berta Cáceres es sólo uno de entre los cientos que se producen cada año contra ambientalistas en el mundo. Las disputas por un territorio cada vez más explotado les han situado en el disparadero de empresas y gobiernos. En el 99% de los casos, los asesinatos quedan impunes. Esta es la historia de los mártires de la ‘Pachamama’.

LUCÍA VILLA, publico.es

MADRID. -“Si bajara un enviado del cielo y me garantizase que mi muerte fortalecería nuestra lucha, diría que hasta valdría la pena. Pero la experiencia nos enseña lo contrario. Un acto público y un entierro numeroso no salvarán la Amazonía. Quiero vivir”. El emblemático activista brasileño Chico Mendes escribió en 1988 esta frase en su testamento, probablemente consciente del riesgo al que se exponía. Sólo unos meses más tarde, el sindicalista cauchero era asesinado a tiros frente a la puerta de su casa, en Xapurí, en el estado de Acre, a manos de los mismos terratenientes a los que enfrentaba a diario por la brutal deforestación de una selva que hoy sigue gravemente amenazada. Casi tres décadas después, el 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres, indígena hondureña y ganadora del premio Goldman por su oposición al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, fue abatida por dos sicarios mientras dormía.

Convertidos en símbolos de la lucha ambiental, Chico y Berta son sólo dos números más en una abultada lista de ecologistas que pagaron con su vida por la defensa del medio ambiente. El reguero de mártires de la Pachamama, como se denomina a la Madre Tierra entre las comunidades indígenas de Suramérica, se extiende a la velocidad a la que crece la demanda de recursos para abastecer a una población creciente y consumista. Las disputas por un territorio cada vez más explotado les han situado en el disparadero de empresas y gobiernos. La ONU considera a los ambientalistas el segundo colectivo de defensores de derechos humanos más vulnerable del mundo.

Los datos dan buena prueba de esta tendencia, que las organizaciones internacionales han denominado ya como un “fenómeno mundial en sí mismo”. Entre 2002 y 2014, un total de 1.024 personas fueron asesinadas por su labor en cuestiones agrarias y ambientales, según la ONG Global Witness, que ha realizado varias investigaciones sobre estos casos en los últimos años. 2012, el año más sangriento hasta la fecha, dejó un saldo de 147 muertos, una cifra que triplica a la de una década atrás. Actualmente, la media de asesinatos llega a más de dos por semana. Aún así, las cifras son sólo orientativas.

“Es prácticamente seguro que se hayan dado más casos, pero es difícil encontrar la información pertinente debido a la naturaleza del problema, y es aún más difícil verificarla. Además, la cifra de víctimas mortales apunta a que el nivel de violencia no letal e intimidación es mucho mayor”, advierte la organización.

El caso de Berta Cáceres, indígena y hondureña, y de su compañero Nelson García, asesinado varios días después, es especialmente paradigmático. El 40% de los crímenes de defensores de la tierra y el medio ambiente que se cometen en el mundo tienen como víctimas a personas indígenas, especialmente en las poblaciones de América Latina. Aunque Brasil es, de lejos, el país donde se perpetúan más asesinatos (la mitad de las muertes se producen allí), Honduras, en relación a su población, es la nación más peligrosa para defender los recursos de la tierra. Sólo en 2014 fueron asesinados allí 12 activistas. Las presas hidroeléctricas, como las que combatía Berta y sus compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) son, detrás de los proyectos mineros y extractivos, la segunda causa de las matanzas.

“Lo único que hizo Berta fue denunciar el sistema. Denunció a las multinacionales, al capitalismo, el patriarcado y el sistema racista. Había recibido ya una serie de amenazas, la propia guardia privada de la empresa nos amenazó y tras su muerte y la de Nelson, el resto de miembros del Consejo estamos siento objeto de un sicariato policial”, dice desde Honduras Asunción Martínez, miembro del COPINH, que responde por teléfono a Público en medio de una manifestación para exigir una investigación independiente sobre el caso y que se ponga fin a la retención de Gustavo Castro, herido en el asesinato de Berta y único testigo del crimen. Pese al riesgo que corre, el Gobierno de Honduras le prohíbe abandonar el país.

Alejandro González, de la ONG Amigos de la Tierra, denuncia que las autoridades tratan de involucrar a Gustavo y a otros compañeros del COPINH en el asesinato de Berta orientando las investigaciones hacia un “crimen pasional”, desvinculado de los intereses políticos. Una delegación internacional de visita estos días en el país para impulsar una investigación independiente ha señalado la “nula predisposición” del Gobierno para este propósito.

La desconfianza, en uno de los países más corruptos, desiguales y violentos del continente americano, está justificada. Más aún después del golpe de Estado militar de 2009 que trajo consigo una permanente situación de inseguridad institucional. En Honduras han muerto asesinados 111 activistas entre 2002 y 2014. Un 90% de los casos siguen sin resolverse.

“El actual Gobierno de derechas que dirige el presidente Juan Orlando Hernández ha invertido de forma prioritaria en la minería, silvicultura, agroindustria y presas hidroeléctricas”, dice Global Witness en un informe de 2014. “Se sospecha que los principales autores de estos abusos son poderosos intereses económicos, que suelen usar la ayuda de empresas de seguridad privada. La policía y el ejército del país también han cometido violaciones de los derechos humanos de los activistas”, prosigue.

La impunidad, en cualquier caso, es endémica. En los más de mil asesinatos investigados por la ONG en más de una treintena de países, sólo 10 personas fueron juzgadas, condenadas o castigadas, lo que se traduce en un saldo de crímenes no resueltos del 99%. A menudo, quienes aprietan el gatillo son delincuentes comunes o trabajadores a sueldo de los autores intelectuales, a los que es mucho más complicado echar el guante.

“Recibí bastantes amenazas. A veces escuché disparos o aparecían saqueadores con machetes donde estábamos trabajando. No podías ir sola. Íbamos a la policía a poner las denuncias y allí se quedaban, aunque conseguimos que personal del Ministerio, que iba armado, nos acompañara cuando teníamos que patrullar las playas”. La que habla es Lydia Chaparro, una bióloga española que trabajó hace años en varios proyectos de protección de tortugas marinas en Costa Rica junto a Jairo Mora. En 2013, Jairo, de 26 años, fue asesinado presuntamente por un grupo de saqueadores de huevos de los que había recibido constantes amenazas y frente a los que Jairo había pedido protección. Pese a estar prohibida su venta, los huevos de tortuga son una fuente de financiación importante para las mafias en la zona, que funcionan muchas veces en paralelo a los narcotraficantes. Las autoridades trataron primero de vincular el asesinato a la delincuencia común y más tarde absolvió a los sospechosos. Ahora, la presión social ha conseguido que se repita el juicio. Lydia reconoce que su trabajo en España también le ha costado insultos y amenazas verbales.

“Es difícil probar quién está realmente detrás, aunque si se sigue la pista se sabe. Pero los Estados no ponen los recursos para esclarecer los hechos o directamente cierran los casos. Muchos países tienen una violencia estructural muy fuerte y los delitos se achacan a la violencia común”, dice Erika González, investigadora.

Aunque los orígenes son diversos, buena parte de los conflictos que se generan vienen derivados de grandes proyectos eléctricos, extractivos o mineros, muy ligados al recurso del agua y que producen fuertes impactos sobre el hábitat, la alimentación y los modos de vida de las poblaciones que ocupan el territorio. Sólo en 2014, América Latina captó el 27% de la inversión en exploración minera a nivel mundial. Muchas veces las empresas que llegan, generalmente norteamericanas y europeas, se encuentran además con un panorama legislativo que les es absolutamente favorable. En aras de atraer la inversión extranjera, los gobiernos llevan a cabo profundos procesos de desregularización, por los que se suavizan o eliminan leyes de protección laboral, social y medioambiental. Los ecologistas, en su mayor parte ciudadanos locales de escasos recursos, son vistos como opositores al desarrollo y obstáculos para el crecimiento económico del país y de las empresas, que en ocasiones obligan a las poblaciones a desalojar por la fuerza el área donde viven, violando incluso los acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que obliga a los Estados a hacer una consulta previa en el caso de las comunidades indígenas.

Todo lo anterior genera un caldo de cultivo idóneo para los enfrentamientos por los recursos y la tierra, que se extiende a lo largo y ancho del hemisferio Sur. Sólo un vistazo al mapa latinoamericano da una idea de la dimensión del problema. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que documenta y cartografía estas crisis en el continente, tiene localizados sólo por asuntos mineros 37 conflictos en México, 36 en Perú, 36 en Chile, 20 en Brasil, 13 en Colombia, 9 en Bolivia, 7 en Ecuador, 6 en Guatemala, 4 en Honduras y otro buen número de ellos repartidos por el resto de países.

“El extractivismo se ha ido convirtiendo en casi un dogma económico incuestionable, promocionado y defendido indistintamente tanto por gobiernos progresistas como neoliberales. En los primeros se trata, según el propio discurso, de fuentes frescas de divisas para pagar la deuda social. En los segundos, el discurso es de crecimiento y desarrollo”, dice en un informe el Observatorio. “Es en este contexto donde las legislaciones nacionales buscan adecuarse a las facilidades requeridas por las empresas, a condición de tener un trato preferencial por el gremio minero internacional y concentrar así las mayores inversiones de la región”.

Si las políticas de los gobiernos ayudan poco o nada a la resolución de estos conflictos, las empresas que firman o financian los proyectos dejan a su vez un largo historial de malas prácticas que no hacen sino empeorar la situación. El Tribunal Permanente de los Pueblos, un jurado ético no gubernamental entre cuyos miembros se encuentra el magistrado español del Tribunal Supremo Perfecto Andres Ibáñez, además de economistas, catedráticos, médicos, abogados y destacados defensores de los derechos humanos, condenó en 2010, tras más de seis años de investigación sobre la labor de las transnacionales, a buena parte del tejido empresarial más importante de Europa por las “violaciones sistemáticas” de los derechos humanos y el medio ambiente en Lationamérica. En la sentencia, de carácter no vinculante, se reflejan los casos de, entre otros muchos, Aguas de Barcelona, Bayer, BBVA, HSBC, Santander, Benetton, British Petroleum, Calvo, Canal de Isabel II, Continental, Endesa, Nestlé, Percanova, Repsol YPF, Sol Melià, Shell, Suez, Syngenta, Telefónica, Unilever o Unión Fenosa.

Aunque la matriz es extranjera, la mayor parte de estas compañías operan en los países de destino a través de la compra de filiales o empresas subcontratadas -explica Erika González-. Llegado el caso de conflictos o denuncias, la mayoría se desentienden de la responsabilidad de sus derivadas, haciendo muy difícil que puedan ser juzgadas en sus países de origen.

“Desde la perspectiva institucional vigente, las responsabilidades y obligaciones empresariales son ignoradas, dejando a las propias empresas la decisión sobre el respeto a las mismas. Hasta el momento, las ETNs (empresas transnacionales), con la complicidad de los gobiernos, han logrado resistirse a la adopción de cualquier código internacional vinculante que determine el cumplimiento de sus obligaciones”, dice en su texto el Tribunal.

En efecto, no existen instancias jurídicas internacionales ante las que denunciar a las empresas por los casos de violaciones de derechos humanos o al medio ambiente. En su día, se planteó que la Corte Penal Internacional , encargada de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, agresión y lesa humanidad, pudiera también juzgar a las empresas, pero finalmente se descartó esta posibilidad.

“Las multinacionales disponen de multitud de mecanismos que protegen su impunidad y sus intereses, mientras que no hay ninguno para proteger los derechos de las personas”, sentencia Erika.

Honduras: incorrecta utilización del nombre del Alto Comisionado de Naciones Unidas

Nota de prensa
 
La Esperanza, 19 de marzo de 2016

Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”  expresa preocupación en relación al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres” que mantiene sus actividades estos días en Honduras, expresa su onda preocupación por la incorrecta utilización del nombre del Alto Comisionado  de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte del Gobierno Hondureño en relación a la investigación del Ministerio Fiscal del asesinato de Berta Cáceres.

Desde hace varios días, el Fiscal General de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, ha anunciado que ha solicitado a la oficina hondureña del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que certifique la investigación del Ministerio Fiscal en el caso de la dirigente indígena. Según la información recabada por la Misión Internacional, la oficina del Alto Comisionado no tiene capacidades técnicas ni operativas para poder acompañar las indagaciones del Ministerio Público.

Por otra parte, el Alto Comisionado tampoco tiene un mandato para certificar un proceso de investigación de la Fiscalía de un crimen político como el que se cometió contra la coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), Berta Cáceres. Lo que ha expresado la oficina del Alto Comisionado es que abre la oficina para acompañar a Honduras en temas de derechos humanos a raíz de una solicitud del 2014. Sin embargo, en los medios de comunicación, se afirma que Naciones Unidas esta verificando las actuaciones de la Fiscalía en esta etapa del levantamiento de pruebas y otras diligencias de la investigación fiscal.

La misión tenia previsto reunirse con la oficina del Alto Comisionado en Tegucicalpa el día 18 de marzo a las 12:00 para interesarse por el caso de Berta Cáceres y las afirmaciones del Gobierno hondureño sobre el papel del Alto Comisionado en relación a dicho caso. Lamentablemente la cita fue cancelada 20 minutos antes de llegar a la oficina por razones desconocidas. La misión internacional tenia un interés muy especial en esa reunión después de haber estudiado el importante análisis del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, “Una cuestión de respeto – evitar la complicidad en violaciones de derechos humanos en proyectos de desarrollo” del 17 de marzo.

La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres” se quedará en el país hasta el 20 de marzo, manteniendo reuniones con diversas autoridades y organizaciones del movimiento social.

La delegación está conformada por :
 
Miguel Urbán Crespo – Europa, Eurodiputado PODEMOS – Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL
Nora Cortiñas – Argentina, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Pedro Arrojo – España, Diputado de PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España
José Olvera – México, UNT-CSA México, Unión Nacional de Trabajadores / Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
Beverly Keene   – Argentina, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina,  integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las  Transnacionales y  poner fin a la Impunidad.
Mirna Perla Jiménez – El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador
Brian Finnegan – Estados Unidos, AFL/CIO – CSA. Federación estadounidense del trabajo y congreso de organizaciones industriales
Zulma Larin – El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia
Natalia Atz Sunuc  – Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC),  integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las  Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Gustavo Lozano  – México, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales  por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA) en articulación con el  movimiento centroamericano.
Tom Kucharz  – España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento  Europeo, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de  las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Miguel Ángel de los Santos – México, Abogado de la Red Iberoamericana de Jueces.

Contacto con la Misión:
misioninternacionaljbc@gmail.com

América Latina:
Número local: +  50489748879
J. Elosegui (Radio Mundo Real / Amigos de la Tierra Internacional): +  598-98846967
A. Sandoval (Jubileo Sur Américas): +  50587136579
Europa:
P.Pof (Podemos): +  34-618 154 002
M. Vargas (Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la impunidad): +  34-662026497
À. Guillamón (Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte):  +  34-932683366 / +  34 – 691501789

Exhortamos al Estado mexicano a incrementar su labor diplomática, política y jurídica para que Gustavo Castro regrese al país

COMUNICADO

Sr. Enrique Peña Nieto

Presidente de la República Mexicana

Lic.Claudia Ruiz Massieu

Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Lic. Luis Raúl González Pérez

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Ciudad de México – 18 de marzo del 2016

 Señor presidente de la república; señora y señor titulares de SRE y CNDH respectivamente, quienes firmamos este comunicado ratificamos lo valioso e importante de las acciones emprendidas por ustedes para resguardar la integridad de nuestro compañero Gustavo Castro Soto, quien se encuentra en la República de Honduras en calidad de testigo protegido y bajo la protección del consulado mexicano en Honduras, además de disponer de medidas cautelares solicitadas por la CNDH a través del oficio CNDH/QVG/123/2016 al Subsecretario para América del Norte de la SER.

Sin embargo, transcurre el tiempo y conforme avanza la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, se incrementa la represión para los compañeros de COPINH que ha derivado en un segundo asesinato acaecido el día de antier, ahora del compañero Nelson García también de COPINH, lo cual potencialmente supone mayor peligro para Gustavo Castro. A la par de lo anterior, disponemos de información oficial que muestra tajantemente las irregularidades del proceso aplicado a nuestro compañero y que deja observar la violación contra sus derechos fundamentales.

En ese contexto, nos vemos en la urgente necesidad de hacerles llegar un enérgico extrañamiento para que el estado mexicano incremente y ponga a la disposición de Gustavo Castro, toda la fuerza diplomática y legal para que de inmediato termine su colaboración en Honduras y regrese a México totalmente protegido y con el pleno goce de sus derechos. Exigimos se actúe con prontitud y con ello se detenga el terrible daño psicológico que tiene nuestro compañero, de tal manera tenga condiciones adecuadas y suficientes para que inicie su proceso de recuperación que los hechos violentos le han generado, mismos que se siguen incrementando por el trato inhumano y violatorio que sufre al tenerlo retenido en Honduras sin ningún motivo jurídico.

El gobierno mexicano ya debe invocar formal, explícita e inmediatamente la aplicación del tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal que existe entre ambos países, el cual se sumaría y complementaría otras razones jurídicas de peso que han sido puestas en curso por parte de su defensa. Nos parece inconcebible que Gustavo haya sido retenido por la juez en un acto análogo de presunto responsable y no se le consideren beneficios a los cuales tiene derecho como testigo protegido realizando una flagrante falta a la ley. El estatus de testigo protegido le permite continuar con su colaboración desde nuestro país, mismo que él ha ratificado a partir de mostrar total disponibilidad para seguir aportando información que permita accesar a la justicia para Berta Cáceres, así como su asesinato no quede en la impunidad.

Consideramos que el estado mexicano, desde la Presidencia de la República, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deben incrementar y renovar sus esfuerzos, porque lo hecho hasta ahora, aunque importante, empieza a resultar insuficiente y se alarga en demasía un proceso que ya debería estar finiquitado y que incrementa día a día la vulnerabilidad de nuestro compañero.

         1- No debemos permitir se continúe con esta franca violación al derecho internacional y a los derechos humanos de nuestro compañero. En ese contexto, puntualmente solicitamos su actuación urgente en los siguientes aspectos: Exhortarlos para que incrementen su labor diplomática, política y jurídica en la instrumentación de todo el procedimiento que se requiera para la inmediata aplicación del Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre Ambos Países. Es un instrumento legal, a la vez que es un derecho para Gustavo Castro Soto.

         2- Reforzar diplomática y políticamente el acto jurídico interpuesto por la defensa de Gustavo, en la cual se le solicita al fiscal retire su petición de retención, recurso que lo tiene retenido en demasía sin justificación jurídica alguna.

         3- Continuar e incrementar las acciones de protección que garanticen totalmente el resguardo de su integridad física, así como se haga un extrañamiento al estado hondureño para que de manera inmediata se detengan las acciones que le están ocasionando daño psicológico, al mismo tiempo se garantice que el estado hondureño cumpla sin restricción alguna con el total respeto de los derechos humanos de Gustavo Castro Soto.

         4- El traslado inmediato de Gustavo Castro a México.

 Atentamente,

OTROS MUNDOS, CHIAPAS

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4)

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RIOS

(MAPDER)

INSTITUTO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA A.C.

¡Justicia para Berta Cáceres y Nelson García!

¡Alto a la Represión contra COPINH y el Movimiento Hondureño!

Palabras de Gustavo Castro al pueblo de Honduras

Tegucigalpa, Honduras – 15 de marzo de 2016

AL PUEBLO DE HONDURAS

No se si algún día estas líneas lleguen a ustedes.

Vine a Honduras con tanta ilusión. Hacía muchos años que no venía. Pero le agradezco a Berta que me haya invitado. Amiga del alma desde hace tantos año, ella y su familia. Pese a todo lo vivido no me arrepiento de haber venido ni de haber sido elegido por el destino para poder despedirme de mi querida amiga. 

Me duelen tanto mis heridas aunque ya van cicatrizando, pero me duele más el dolor del querido pueblo hondureño que no se merece esto, nadie nos lo merecemos. Siempre hemos admirado a este pueblo noble lleno de valentía y lucha por una vida digna para todos y todas, donde quepan todos, sin distinción y con justicia. Esa fue la lucha de Berta.

Así como siento el amor del pueblo hondureño por México, así es el amor que siento por este hermoso país, por sus paisajes, por su naturaleza y sobre todo por su gente, por su orgullo de ser catrachos. No dejemos que ni los asesinatos ni los gorgojos nublen la esperanza ni el paisaje.

Cuando en México me topo por las calles con migrantes de esta tierra, no resisto el acercarme para tenderles la mano y reconocer su valentía, porque sé la travesía que llevan a cuestas, y el dolor por lo que dejan para seguir la ruta de la vida, de la esperanza, de buscar algo mejor. Y me digo y les digo, no se vayan, regresen, el viaje es difícil, nuestra gente, nuestra tierra nos necesita. Y les despido con una palabra que Berta siempre me decía: “Cheke!”.

Nuestra tierra es generosa, nuestra sangre la misma, los mismos lazos mesoamericanos que nos unen desde siempre y que nos invitan a luchar, al igual que Berta, por una vida más digna y mejor para todos.

En estos días de espera por reunirme con los míos, mucha gente hondureña me ha mandado su solidaridad y saludos de afecto. A todos les agradezco tanto, tanto. Berta significaba mucho para mí como para todos ustedes. Berta fue una mujer excepcional que luchó por una Honduras mejor, más digna, más justa, por un país para todos. Su espíritu crece en el corazón del pueblo hondureño, porque no la enterramos sino que la sembramos para que desde La Esperanza, alimente la esperanza.

Que no les quepa duda, he apoyado todas las diligencias que me han pedido las autoridades a la hora que me lo han solicitado, más de diez, y lo seguiré haciendo para que se haga justicia. Aunque siempre las autoridades me dijeron en múltiples ocasiones que me podía ir, incluso dispusieron de un helicóptero para salir de La Esperanza a Tegucigalpa, a última hora me solicitaban que me quedara para nuevas diligencias, lo que siempre he aceptado. Por el momento ya hice todo lo que está en mis posibilidades. Tengo vida, tengo familia. Desde México nunca dejaré de apoyar y siempre estaré dispuesto a ayudarlos para encontrar la verdad. Para ello tenemos entre ambos países un Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Honduras.

Desde México seguiré asumiendo la responsabilidad histórica que tengo con el pueblo de hondureño, con Berta y su familia y con el Copinh. En mi cuerpo llevo tatuadas las heridas para toda la vida que nunca me dejarán olvidar este compromiso.

Agradezco al Copinh haberme recibido. Son gente hermosa, sencilla, digna de sus ancestros, dignos de estas tierras maravillosas, y es un pueblo con un espíritu incansable de lucha por preservar su identidad y su lugar de origen, admirable en su respeto a la naturaleza y por su amor a Honduras. Y eso también se los admiro y agradezco mucho a ellos. Son también lo que el mundo conoce y respeta de Honduras, son esperanza, son la semilla de donde germinará con más fuerza el espíritu de Lempira, de los pueblos ancestrales, del pueblo hondureño. Han sido ejemplo e inspiración de muchos en todo el mundo, como también lo han sido para el pueblo hondureño. Del mismo modo son ejemplo de dignidad todas las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y garífunas y que luchan por un país mejor. A todos ellos les agradezco tanta solidaridad.

Agradezco a mi Embajadora y al Cónsul por todo su apoyo invaluable, que me han recibido con los brazos abiertos y protectores para poder hacer frente a esta situación tan adversa.  Agradezco toda la solidaridad hondureña y la internacional por el cariño a Berta y por sus generosas muestras de preocupación.  Sus miles de cartas, firmas y mensajes que no tengo cómo pagar.

Pronto habrá justicia.

Gustavo Castro Soto

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Misión Internacional Justicia Para Berta

Nota de prensa – 16 de marzo del 2016

A partir de hoy,  numerosos representantes de redes sociales de varias partes del mundo se desplazarán a Honduras en el marco de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”.

La Misión ha sido organizada a iniciativa de las organizaciones hondureñas Consejo Cívico de  Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), de la Red  Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y, de personas,  colectivos y organizaciones de una red de  solidaridad internacional que se ha constituido en apoyo al pueblo de Honduras y, para pedir el esclarecimiento del brutal asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres, acaecido el 3 de marzo.

La presencia de la Misión coincidirá con la organización de un gran número de  movilizaciones de la sociedad civil hondureña en los tres próximos días,  en protesta por el asesinato de Berta Cáceres y en solidaridad con Gustavo Castro, herido en  el ataque a Berta y retenido por las autoridades de Honduras en el pais  a pesar de haber ya atendido los requerimientos de la justicia en  numerosas oportunidades y de poder hacerlo desde México.

Dos semanas después del asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres en Honduras, el día de ayer fue acribillado otro líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Nelson Noé García, en la comunidad de Río Chiquito (Cortés). Esta nueva agresión a un defensor de los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos Indígenas y del medio ambiente se produjo luego del desalojo violento realizado por la Policía Militar de Orden Público y el Comando Especial Cobras de 150 familias lencas del COPINH en Río Lindo, Cortés.

La represión no constituye un hecho aislado, sino que se integra en la violación sistemática de los Derechos Humanos que tiene lugar de forma cotidiana, en el proceso sistémico de asegurar los intereses de las empresas transnacionales. De hecho, Berta Cáceres se encontraba en la resistencia frente al proyecto “Agua Zarca”, una represa que cuenta con la participación de empresas e instituciones financieras europeas y estadunidenses: la gigante alemana Voith Siemens, el FMO (Netherlands Development Finance Company), el Finnfund (Finnish Fund for Industrial Cooperation), y el CABEI (Central American Bank for Economic Integration). Ante la creciente presión de la sociedad civil a nivel internacional, el FMO ha decidido hoy suspender todas sus operaciones en Honduras, incluyendo su participación en “Agua Zarca”, mientras la retirada definitiva de estas corporaciones y finaciadores de los territorios Lenca ha sido la demanda del COPINH.

La Misión Internacional ha previsto reunirse con las más altas autoridades del país para exigir el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres, con la participación de una Comisión Investigadora Internacional; demandar la liberación inmediata del mexicano Gustavo Castro, así como garantizar su integridad personal y asegurar su retorno a México.

La misión asume como propias las demandas de la familia de Berta Cáceres y el COPINH, que incluye la suspensión inmediata y definitiva del proyecto Agua Zarca y la anulación de todas las concesiones y proyectos extractivistas de los territorios lencas.

La delegación está conformada por las siguientes personalidades:

Miguel Urbán Crespo – Europa, Eurodiputado PODEMOS – Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL

Nora Cortiñas – Argentina, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora

Pedro Arrojo – España, Diputado de PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España

José Olvera – México, UNT-CSA México, Unión Nacional de Trabajadores / Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas

Beverly Keene  – Argentina, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y  poner fin a la Impunidad.

Mirna Perla Jiménez – El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador

Brian Finnegan – Estados Unidos, AFL/CIO – CSA. Federación estadounidense del trabajo y congreso de organizaciones industriales

Zulma Larin – El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia

Natalia Atz Sunuc – Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

Gustavo Lozano – México, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA) en articulación con el movimiento centroamericano.

Tom Kucharz – España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.

Miguel Ángel de los Santos – México, Abogado de la Red Iberoamericana de Jueces.

La Misión se quedará en el país hasta el 20 de marzo y sostendrá reuniones con organizaciones del movimiento social, y visitará a la familia de Berta Cáceres y la coordinación del COPINH, en La Esperanza, Intibucá.

El jueves 17 de marzo tendrá lugar la primera Rueda de Prensa de la Misión Internacional en Tegucigalpa.

Contacto con la Misión: misioninternacionaljbc@gmail.com

América Latina: Radio Mundo Real / Amigos de la Tierra Internacional: 00598-98846967

Europa: P.Pof (Podemos): 0034-618 154 002
    M. Vargas (Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la impunidad): 0034-662026497

Otros Mundos Chiapas habla sobre situación de Gustavo Castro, su salud y las principales demandas

RadioMundoReal.fm

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La organización Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México reclama que se permita a su coordinador, el activista Gustavo Castro, testigo del asesinato en Honduras de la dirigente lenca Berta Cáceres y retenido en ese país, regresar a México y atender las necesidades judiciales a distancia. Alerta además que la justicia de Honduras sigue sin revelar información sobre los requerimientos y sus razones que hace al activista.

Gustavo está en la Embajada de México en Honduras, en la capital de ese país, Tegucigalpa. Ha sido protegido siempre por esa casa diplomática y está mejorando bien de sus heridas. Sin embargo, hace días que no se le solicita nada por parte de la justicia hondureña, aunque le estableció una alerta migratoria de 30 días que le prohibe salir del país.

Otros Mundos enfatiza que los abogados de Gustavo siguen trabajando para que se impugne esa resolución. “No le encontramos mucho sentido, Gustavo ha hecho todas las diligencias y tiene derecho a hacerlas desde México”, dijo a Radio Mundo Real este martes la vocera de Otros Mundos en este caso, Libertad Díaz.

La activista contó que existe un convenio entre Honduras y México para dar protección a los testigos, y que estipula el derecho, en este caso de Gustavo, de hacer las diligencias judiciales desde su país. “Estos convenios los conoce también la Cancillería mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, entoces hacemos un llamado no sólamente a la Fiscalía hondureña, sino también a todas las demás instancias para que hagan ejercicio de estos convenios”, pidió Díaz.

La representante de Otros Mundos alertó también que la Fiscalía de Honduras sigue sin entregar ningún documento que explique cuáles son las diligencias que Gustavo debe hacer o las copias de las que ya ha hecho. “Nunca ha habido claridad sobre ésto, el equipo de abogados no tiene claro el por qué de la alerta migratoria”.

Díaz también se refirió a la suspensión por 15 días de la abogada de Gustavo, también dictaminada por la justicia hondureña, luego que la representante legal del activista solicitara su expediente judicial.

El pedido días atrás de Otros Mundos para que el gobierno mexicano atendiera directamente el caso de Gustavo en Honduras y asegurara el respeto a los derechos del activista mexicano tuvo eco en las autoridads del país norteamericano. Según nos relató Díaz, hubo un compromiso de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de solicitar que Gustavo Castro pueda regresar al país y cooperar con la línea de investigación desde México. Se reconoció su apoyo a esas investigaciones y que Gustavo no se ha negado a ninguna diligencia.

Otros Mundos subraya que Gustavo además de testigo del terrible asesinato de Berta Cáceres, es una víctima de ese ataque, que de hecho le significó dos heridas de bala. La organización mexicana con sede en Chiapas llama a que continúe la solidaridad internacional, y que se siga presionando a las autoridades de Honduras para que Gustavo pueda regresar a su país, “y sobre todo que se atiendan las demanas del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras)”, que Berta coordinaba y que se ha mantenido cerca de Gustavo desde el ataque del 2 de marzo. “Desde México estamos trabajando para eso. Nos parece, al igual que el COPINH y la familia de Berta, que la línea de investigación debe ser ampliada, que no apunte a criminalizar a los compañeros y que también debe ser observada por organismos internacionales”, cerró Díaz.

16 de marzo: día de movilización para Berta y Gustavo en Honduras

Mañana miércoles 16 de marzo, la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CONROA) de Honduras convoca a la movilización por los bienes naturales “Todos y Todas somos Berta” en Tegucigalpa, capital del país. Los participantes pedirán justicia para la coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asesinada el 3 de marzo en La Esperanza, Honduras, después de haber luchado varios años contra el proyecto de presa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque que viola los derechos humanos del pueblo Lenca.

Hace unos días, Amnistía Internacional denunció “los graves defectos en la investigación”: “Las autoridades hondureñas nos han dicho que están decididas a encontrar a los responsables de la muerte de Berta Cáceres, pero no han seguido las líneas de investigación más básicas, incluido el hecho de que Berta llevaba mucho tiempo recibiendo graves amenazas de muerte en relación con su labor de defensa de los derechos humanos”, destacó la organización. Por ello, el COPINH pide “la firma de un convenio de asistencia técnica entre el Estado de Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para efectos de nombrar una comisión de personas expertas, independientes y de confianza del COPINH y la familia de manera que supervisen, apoyen y participen de las investigaciones que actualmente realiza el Ministerio Público.”

Exigirán también el retorno inmediato a México del ambientalista connacional Gustavo Castro, coordinador de la organización Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra México, hermana del COPINH en la lucha por la defensa del territorio y contra los megaproyectos en Mesoamérica. El compañero fue testigo del asesinato de Berta y herido por los hombres que la mataron, ha declarado y colaborado con la Fiscalía en todas las diligencias que le han requerido, sin embargo las autoridades hondureñas no le han tratado como una víctima y lo retienen arbitrariamente en Honduras. Sigue bajo la protección de la Embajada de México en Tegucigalpa y la Secretaria de Relaciones Exteriores de México se ha comprometido a accionar las medidas necesarias para que pueda continuar cualquier otra diligencia judicial desde el territorio mexicano (Aquí pueden firmar nuestra acción urgente para exigir su retorno a México).

La marcha partirá a las 9 de la mañana de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morarán (UPNFM) para dirigirse hacia la Casa Presidencial.

>> Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/461657174034116/ 

Por otra parte, un grupo de activistas, defensores, defensoras y periodistas independientes solidarios convocaron a una “Jornada de solidaridad con Gustavo Castro” a las 5 de la tarde frente a la Embajada de México en Tegucigalpa.

 

Cine-debate: Berta Cáceres y la lucha del COPINH

Seminario Permanente de la Sustentabilidad
invita:
Cine (con conciencia) en Kinoki

 

este Martes 15 de marzo de 2016, a las 6.30pm
 
Berta Cáceres y la lucha del COPINH
Honduras
 

 
 

Martes 15 de marzo a las 6.30pm en KINOKI. Entrada gratuita.
Av. Benito Juárez #5 (esq. Andador) | Centro Histórico, San Cristóbal de Las Casas.
 
Veremos los documentales COPINH, la gente que venimos de la tierra (40min) y La Voz Lenca No Se Calla (37min)

Pueblos originarios de la región norte de Chiapas México, exigen justicia y libertad para Gustavo Castro detenido en Honduras

A 12 DE MARZO DE 2016

A JUAN ORLANDO HERNANDEZ, PRESIDENTE DE HONDURAS
A LOS CONSULADOS DE HONDURAS EN TAPACHULA Y COMITAN, CHIAPAS
AL LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE DE MÉXICO
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
A TODA LA SOLIDARIDAD DEL MUNDO

Comunidades de los pueblos indígenas de Tsotsil, Tseltal y Ch’ol de la región norte del estado de Chiapas, México, estando en una asamblea regional en el Ejido La Ilusión, Municipio de Simojovel de Allende, Chiapas, convocado por el Pueblo Creyente de Simojovel, analizamos la situación crítica de nuestro compañero ambientalista y patriota Gustavo Castro Soto, ante esta situación nos manifestamos en contra de la criminalización y muerte de compañeros indígenas y activistas ambientalistas. El asesinato cobarde de la compañera indígena lenca Berta Cáseres y el intento de asesinato del ambientalista hermano mexicano Gustavo Castro Soto no es una casualidad y mucho menos un hecho aislado; este cobarde acto es la práctica de exterminio que ha impuesto el capital internacional con la complacencia de los gobiernos nacionales.
La justicia del país de Honduras debe seguir la línea de investigación hacia la empresa que ha presionado a los compañeros indígenas del COPINH para arrebatarles sus tierras e inundarlas con la obra de la represa hidroeléctrica, ese es el móvil del asesinato de la compañera indígena Berta Cáceres y el intento de asesinato del compañero Gustavo Castro.

Solicitamos y exigimos el traslado inmediato a México del compañero ambientalista Gustavo Castro Soto. El compañero es una de las victimas del cobarde asesinato de la compañera indígena Berta Cáceres ocurrido el jueves 3 de marzo en la madrugada, en el poblado La Esperanza en Honduras. Es una arbitrariedad mantener a Gustavo Castro Soto por 30 días más en ese país por orden de la Fiscalía General de Honduras
Pedimos la seguridad de Gustavo Castro durante todo el proceso de ampliación de su declaración y durante su permanencia en la Embajada de México en Tegucigalpa. Exigimos al gobierno de Honduras que cumpla con su promesa de levantar la alerta migratoria que pusieron sobre su persona para que Gustavo Castro pueda salir inmediatamente de Honduras terminado este último proceso judicial requerido sin que haya ningún otro motivo ni acción que se lo impida.
De la seguridad, integridad física y psicológica hacemos responsables a los dos gobiernos –Mexicano y de Honduras-. Exigimos la intervención al más alto nivel de los dos gobiernos para que inmediatamente el compañero Gustavo Castro Soto pueda salir de Honduras.
ATENTAMENTE.
Pueblos originarios de la región norte de Chiapas México
Organización sociedad Civil de las Abejas de Acteal
Pueblo Creyente de Simojovel
Parroquia San Juan Bautista El Bosque
Parroquia San Juan Dieguito de San Cristóbal
Parroquia Santa Catarina Pantelho
Consejo Estatal de Nuevo Constituyente de Chiapas
Luz y Fuerza del Pueblo de Huitiupán
Centro de Derechos Humanos Oralia Morales de Frontera Comalapa
Luz y Fuerza de Chiapas
• Firmado en presencia de Observadores Nacionales e Internacionales del Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor), Integrantes del Reconocimiento Jtatik Samuel Jk’anan Lum: Centro de Derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba), Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación comunitaria A.C.(Coreco), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas A.C (Desmi), Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), Instituto de Estudios e Investigación Intercultural A.C. (Inesin), Coordinación de mujeres (Codimuj) y Vicaria de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
A 12 DE MARZO DE 2016.

Audio:
https://archive.org/details/comunicado_201603

Gustavo Castro: irregularidades y riesgo

Editorial La Jornada

La embajada de México en Honduras calificó ayer como “un hecho objetivo” el riesgo en que se encuentra el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, testigo sobreviviente del asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, perpetrado el pasado 3 de marzo en la localidad de La Esperanza, unos 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. A decir de la legación diplomática de nuestro país, el activista “tiene toda la disposición de contribuir en todo lo que se requiera para el pleno esclarecimiento del crimen”. La víspera, el gobierno mexicano solicitó oficialmente al hondureño para que Castro Soto abandone el territorio de la nación hermana antes del plazo de 30 días fijado por un juez.

Cabe recordar que desde el pasado 5 de marzo las autoridades migratorias de Honduras impidieron abandonar ese país al activista ambiental mexicano, integrante de la organización Otros Mundos Chiapas / Amigos de la Tierra México, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero (M4), quien se encontraba en la vivienda de la lideresa social al momento de la incursión de los asesinos, y resultó herido y dado por muerto en el ataque.

Desde ese momento se han acumulado las voces que claman por la protección del connacional –desde familiares suyos hasta la Organización de Naciones Unidas– y han salido a relucir las irregularidades que enfrenta su proceso: la víspera, familiares del activista acusaron que su detención “ha estado caracterizada por la violación de los derechos humanos y garantías procesales”; indicaron que Castro Soto ha sido sometido a “largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, a la falta de tiempo de reposo entre la realización de las mismas, falta de acceso a sus fotocopias de todas las diligencias, falta de asistencia médica y sicológica como víctima de un delito grave, retención de sus pertenencias y, sobre todo, la prohibición de salir del país, medida que la propia juez del caso, Victorina Flores, reconoce en su resolución como no prevista para testigos”.

Semejantes condiciones desvirtúan el pretendido celo legalista del gobierno hondureño por mantener a Castro Soto en el país centroamericano, amparándose en la innegable relevancia de su testimonio en las investigaciones del asesinato de la activista. Lo cierto es que el empecinamiento en evitar que el activista mexicano salga de ese país no sólo profundiza su vulnerabilidad y el riesgo de represalias en su contra, sino que exhibe un ejercicio distorsionado de la legalidad por parte de las instituciones hondureñas, de por sí desacreditadas por el asesinato perpetrado contra Berta Cáceres.

No sobra señalar que entre México y Honduras existen canales institucionales que permitirían que el connacional pueda colaborar, desde nuestro país, con las pesquisas judiciales. Por contraste, el afán por mantenerlo en la nación centroamericana alimenta la percepción de que el gobierno de Tegucigalpa se conduce en el episodio con una indolencia lamentable, en el mejor de los casos, o con un afán deliberado por exponerlo, en el peor.

Es necesario que las autoridades de nuestro país profundicen los canales diplomáticos binacionales para asegurar que Gustavo Castro salga del territorio hondureño a la brevedad y que se extremen, en tanto, las medidas de seguridad para garantizar su protección. Preservar la integridad física y la vida del activista mexicano debe ser asumido como una responsabilidad primordial de las autoridades nacionales.

-Real, riesgo de que maten al activista Castro en Honduras
Tegucigalpa no responde a petición de repatriarlo, dice embajadora

Alerta por un mexicano en Honduras
por Rafael Landerreche

ONU y Secretaría de Relaciones Exteriores México se suman a la petición de protección para Gustavo Castro y justicia para Berta Cáceres

El asesinato de la Coordinadora del Consejo Indígena Popular de Honduras (COPINH), Berta Cáceres y la retención en tierras hondureñas del Coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, Gustavo Castro, ha levantado la indignación de muchas y muchos quienes trabajamos en la defensa de la vida.

Una primera acción que recibió respuesta inmediata fue la exigencia de protección de Gustavo Castro, herido durante el asesinato de Berta Cáceres, que contó con el apoyo de más de 12 mil 900 firmas.

Ayer, jueves 10 de marzo, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) lanzamos una acción urgente solicitando que el gobierno mexicano actúe para levantar la alerta migratoria que obliga al ambientalista mexicano Gustavo Castro a permanecer 30 días en el país y permita su salida de Honduras.

 

En respuesta a nuestra acción, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó ese mismo día un comunicado titulado “Situación en Honduras del nacional mexicano Gustavo Castro Soto”, en el que se comprometió a garantizar la permanencia de Gustavo Castro en la Embajada de México en Honduras mientras está en ese país y a accionar las medidas necesarias para que pueda continuar cualquier otra diligencia desde territorio mexicano. Destacando que “desde que ocurrió el ataque, el connacional ha mostrado plena disposición para colaborar con la Fiscalía en todos los requerimientos que le han solicitado, con el fin de contribuir a esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.”

>> Leer el comunicado de la SRE completo aquí

En Tegucigalpa, Honduras, familiares de Berta Cáceres, familiares de Gustavo Castro y miembros del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que coordinaba Berta, dieron una conferencia de prensa el día de ayer. Leyeron un comunicado donde denunciaron las “irregularidades en el proceso de retención de Gustavo Castro en Honduras”. Reiteraron “que el proceso judicial ha estado caracterizado por la violación de los derechos humanos y garantías procesales de Gustavo Castro y su familia como ser: largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, la falta de tiempo de reposo entre la realización de las mismas, falta de acceso a sus fotocopias de todas las diligencias, la falta de asistencia médica y psicológica como víctima de un delito grave, la retención de sus pertenencias y sobre todo la prohibición de salir del país”. “Las irregularidades cometidas se suman a las del proceso general de investigación administrativa y judicial que se ha llevado a cabo en el esclarecimiento del asesinato  de Bertha Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro”, señalaron.

>> Leer el comunicado completo aquí

El Dr Juan Almendares, coordinador del Movimiento Madre Tierra / Amigos de la Tierra Honduras, tomó la palabra durante esta conferencia de prensa destacando la labor que tanto el COPINH como Gustavo Castro, vienen realizando en la defensa de los derechos humanos. Denunció que “de acuerdo a la Convención internacional de la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes, Gustavo Castro es una víctima de tortura psicológica y de la perversa crueldad del sistema juridico de este pais.”

>> Ver el discurso completo de Juan Almendares aquí

Por otra parte el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, pidió ayer al Gobierno de Honduras que garantice la seguridad y la protección de Gustavo Castro, y se unió a la petición de la necesidad de su salida inmediata del país. “Ya es hora de que el Gobierno de Honduras intervenga de forma concreta en la situación de flagrante impunidad ante el creciente número de ejecuciones de defensores de los derechos humanos, en particular de los que defienden los derechos del medio ambiente y de la tierra en el país”, señaló Michel Forst.

>> Leer las declaraciones de Michel Forst aquí

Hoy continuamos en alerta y reiteramos nuestro agradecimiento a todas personas que apoyan el alto a la impunidad. Continuaremos exigiendo justicia para el COPINH y la familia de Bertha y el fin de la criminalización a los procesos de defensa de tierra y territorio.