Comunicado de REMA y MAPDER sobre el regreso de Gustavo Castro a México

Comunicado de prensa – 04 de abril del 2016

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimineto mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) denuncian la inacción de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México durante la retención ilegal de Gustavo Castro Soto en Honduras y su responsabilidad cero en el regreso del activista mexicano a su país.

A  LA OPINIÓN  PÚBLICA

A través del presente comunicado las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) queremos informar que los días 31 de marzo y 01 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitió dos comunicados -134/135-, en los cuales realiza afirmaciones sobre los resultados de su gestión vinculada al connacional Gustavo Castro Soto, integrante de REMA/Otros Mundos A.C., quien fue retenido de forma innecesaria, ilegal e injusta en Honduras, aun y a pesar de ser víctima y haber recibido el estatus de testigo protegido, por la causa de haber presenciado el cobarde asesinato de la compañera Berta Cáceres, además de salvar la vida del atetando que él mismo sufrió.

 

Al respecto de los comunicados de la SRE queremos aclarar lo siguiente:

1.- La embajada de México en Honduras bajo la tutela de la embajadora Dolores Jiménez Hernández y del Pedro Barragán, realizaron una excelente actuación de protección garantizando, en todo momento y desde la primera hora, la seguridad e integridad de nuestro compañero Gustavo Castro Soto.

Nuestro profundo agradecimiento por su atinada labor y porque la calidez mostrada hacia un connacional durante toda su estancia es digno de mencionar, toda vez que este tipo de actos por parte de nuestros funcionarios mexicanos, son más una excepción que una regla. Nos congratulamos por ello.

2.- Tenemos discrepancias con partes del contenido de los comunicados emitidos por la SRE en México, porque no es verdad que debido a “las constantes gestiones y solicitudes presentadas por el gobierno mexicano, las autoridades hondureñas reconocen que el Sr. Castro ha venido colaborando de la manera más amplia posible en las investigaciones y que podrá seguir haciéndolo en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua vigente entre ambos países”.

El reconocimiento a la colaboración de Gustavo es únicamente resultado de la disponibilidad personal del propio Gustavo y no tiene que ver en absoluto con la gestión del gobierno mexicano. Por el contrario, lamentamos que desde México la SRE no haya fortalecido el trabajo ni diplomático ni jurídico, para que se lograra la implementación del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua. Gustavo sale de Honduras sin tratado alguno porque la SRE desde México fue incapaz de presionar al gobierno hondureño para su implementación, y en dos de las tres reuniones que sostuvimos con ellos, siempre nos manifestaron que era prioritaria la diplomacia, a pesar de que siempre les manifestamos que “no era correcto” que se hablara de diplomacia cuando lo sucedido a Gustavo estaba totalmente relacionado con la violación de sus derechos, por lo tanto, estábamos ante un hecho flagrante de violaciones tanto de las leyes hondureñas como de los tratados internacionales relacionados con la atención de víctimas.

3.- En su comunicado, citan la constante comunicación establecida con Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, mismas en las que participamos como REMA y MAPDER. La comunicación por parte de la SRE en México, estuvo circunscrita a tres reuniones presenciales, una primera para definir una ruta conjunta de trabajo, en donde Otros Mundos y REMA fuimos quienes solicitamos la aplicación del Tratado; la segunda reunión para que nos mostraran los avances de sus gestiones, mismas que nunca pudimos corroborar por medio de ningún documento o minuta de trabajo, a la vez que nosotros les entregamos información que desconocían, la cual era útil para su mediación diplomática y; la tercer reunión se realizó en el marco de la negativa rotunda por parte de la Sra., secretaria la Lic. Claudia Ruiz Massieu quien simplemente por motivos de “agenda” fue incapaz de recibir a la familia de Gustavo a pesar de realizar una solicitud expresa. Esta negativa refleja la poca sensibilidad de la señora Secretaria, además de que abre la puerta a la especulación sobre sus diferentes formas de actuar cuando, por ejemplo, está de por medio su apoyo a connacionales de su partido político a quienes, aun en categoría de imputados, sacan de España casi de forma inmediata y bajo un despliegue mediático impresionante.

4. La SRE miente cuando hace suponer que “la comunicación mantenida entre las autoridades de México y Honduras durante todo el proceso refleja el excelente estado de las relaciones que existen entre los dos países, la pertinencia del marco jurídico que ambas naciones han construido, así como el compromiso de atender aquellos casos en los que estén involucrados nuestros connacionales”. Reiteramos que la retención de Gustavo estuvo siempre enmarcada en la incertidumbre, opacidad e ilegalidad de la actuación del gobierno hondureño, por lo tanto, fue una acción violatoria de sus derechos que le acrecentó daños psicológicos. Por otra parte, la pertinencia del marco jurídico entre ambas naciones nunca fue instrumentada. El tratado bilateral de asistencia mutua es como si no existiera y la SRE no tiene documentos que hagan valer ese supuesto excelente estado de las relaciones entre ambos países, porque a nosotros nunca nos entregaron un sólo oficio de respuesta del gobierno hondureño a pesar de las peticiones que realizamos para ello.

5.- Lamentamos que la SRE se jacte de que sus gestiones fueron la causal para que Gustavo regresara a México. Los recursos jurídicos interpuestos por los abogados de Gustavo, los amicus, las medidas cautelares solicitadas por organizaciones, el trabajo de la misión internacional, y la gran presión política y mediática generada por cientos de voces y movimientos en el mundo, fueron acorralando al gobierno hondureño quien resistió varias semanas los embates, hasta que finalmente les fue insostenible seguir manteniendo retenido a Gustavo por más tiempo y de forma injustificada. Ambos gobiernos jugaron al desgaste de la presión política y mediática y fueron incapaces de aplicar el único instrumento legal que existe: el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería lamenta la pobre actuación política, diplomática y de falta de respeto a las leyes y a los derechos humanos que desde México realizó la SRE para un connacional que fue re-victimizado y violentado por el estado hondureño.

“Cuando las leyes se violan, los “buenos oficios” diplomáticos o la diplomacia en sí misma no puede ser utilizada como un medio o mecanismo de paz y cordialidad para quien violenta las leyes y viola los derechos humanos. La diplomacia en sí misma debe ser una fuerza permanente de legalidad, certidumbre, transparencia, de no impunidad y de libre determinación”.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS
Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS  (MAPDER)


Este comunicado fue leído en conferencia de prensa este lunes 04 de abril del 2016 en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro Prodh), en la Ciudad de México.

>> Video de la conferencia: https://www.youtube.com/watch?v=ltPnpvV2Okc&feature=youtu.be

>> Participantes (izquierda a derecha): Miguel Angel Mijangos Leal: REMA; Edgar Cortez: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Gustavo Castro Soto: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México / REMA / MAPDER; Libertad Díaz: Otros Mundos A.C/Amigos de la Tierra México / REMA / MAPDER; Oscar Castro Soto: hermano de Gustavo Castro Soto; Gustavo Lozano: REMA / MAPDER

Encuentro Internacional de los Pueblos «Berta Cáceres Vive»

Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive”
13, 14 y 15 de Abril de 2016

“!Despertemos¡, !despertemos humanidad¡ ya no hay tiempo”
Berta Cáceres

Con la espiritualidad y fuerza de nuestros ancestros y ancestras, los movimientos sociales y populares del mundo nos auto convocamos, para honrar la lucha de Berta Cáceres, compartiendo sus ideales y el profundo amor por la madre tierra y los bienes comunes de la naturaleza.

Objetivos del Encuentro:

    Impulsar un proceso de coordinación y articulación, desde la solidaridad internacional, para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres y por la liberación del compañero Gustavo Castro.
    Promover el internacionalismo militante por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y la lucha contra el modelo extractivista.

Fecha y Lugar:
13 y 14 de Abril de 2016. – Encuentro en Tegucigalpa.
15 de Abril de 2016. – Movilización hacia el Río Gualcarque, Intibucá.

Inscripción:
Las organizaciones participantes y medios de comunicación pueden inscribirse a través del formulario en http://encuentrobertacaceresvive.blogspot.com/p/inscribete.html

Más información
Para más información visite http://encuentrobertacaceresvive.blogspot.com
También puedes comunicarte al email encuentrobertacaceres@gmail.com
Teléfono: +504 9920-5210
Skype: encuentro.bertacaceres

Convocan:
    Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH)
    Articulación Popular Hondureña Berta Cáceres y
    Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

Fiscalía hondureña interviene empresa a la que se oponía activista ambiental asesinada

Reuters España

TEGUCIGALPA (Reuters) – La Fiscalía de Honduras intervino a la empresa que desarrollaba un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la premiada activista ambiental Berta Cáceres, asesinada este mes en el país centroamericano tras denunciar amenazas de muerte, informaron el jueves las autoridades locales.

En el registro de la empresa local Desarrollos Energéticos (DESA) se decomisaron armas y documentos, aunque la policía todavía no maneja ninguna hipótesis oficial sobre la muerte de Cáceres, acribillada el 3 de marzo por desconocidos en su vivienda.

«El pasado 13 de marzo se intervino por orden judicial la empresa (DESA). De haber indicios suficientes se complementarán con la prueba científica para posteriormente presentar las acciones correspondientes», dijo la Fiscalía en un comunicado.

DESA impulsaba el complejo hidroeléctrico Agua Zarca, en el noroeste del país, al que Cáceres plantó cara con protestas y manifestaciones hasta que logró paralizar una obra que desplazaría a cientos de familias indígenas del río Gualcarque, que consideran sagrado.

No fue posible contactar con responsables de DESA para obtener comentarios.

El Ministerio Público, cuya investigación es objeto de duras críticas de organizaciones locales e internacionales, como Amnistía Internacional, también anunció que dejará salir del país al activista mexicano Gustavo Castro, quien fue testigo del homicidio y temía por su vida.

Un abogado de Castro dijo a Reuters que «saldrá en breve» rumbo a México, donde dirige una organización no gubernamental en Chiapas.

La muerte de Cáceres, maestra y madre de cuatro hijos, desató una condena internacional y llevó a que al Banco de Desarrollo de Holanda (FMO) retirara su apoyo de 15 millones de dólares al proyecto.

Los defensores de la planta de 21 megavatios dicen que fortalecería el suministro eléctrico regional y reduciría el uso de combustibles contaminantes como el petróleo, que todavía suponen más de la mitad de la matriz energética de Honduras.

Gustavo Castro ya puede regresar a México

Comunicado – San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, al 31 de marzo de 2016

Tras 24 días retenido en Honduras, el coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México fue notificado del cese de la alerta migratoria

El día de hoy, jueves 31 de marzo de 2016, el Juzgado Primero de Letras de Intibucá, Honduras, con instrucciones de la Jueza Victorina Flores Orellana, ha resuelto dejar sin valor y efecto la medida de prohibición para salir de ese país a Gustavo Castro Soto a la que estaba sometido desde el 7 de marzo.

Esta resolución fue tomada después de que en el día de ayer, 30 de marzo, el Ministerio Público de Honduras presentara ante la misma Jueza el cese de la alerta migratoria, argumentando que se han “agotado todas las investigaciones y pruebas científicas” necesarias para esclarecer el asesinato de Berta Cáceres ocurrido el 3 de marzo.

Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, fue testigo del asesinato de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y herido durante el atentado. Como ciudadano mexicano testigo y víctima de un atentado en Honduras, tenía el derecho de continuar colaborando con la justicia hondureña desde su propio país, en virtud del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal firmado entre Honduras y México.

Sin embargo, este derecho fue violado por la Jueza Victorina Flores Orellana quien el 7 de marzo emitió una alerta migratoria de 30 días en contra de Gustavo Castro, y por el Ministerio Público hondureño quien tardó 24 días en levantar esta medida. Durante este período de retención, solo se le ha requerido someterse a dos diligencias más que, como expresamos anteriormente, hubiera podido realizar desde México.

Nos alegramos de esta decisión: ya por fin puede regresar nuestro compañero Gustavo. Sin embargo denunciamos la falta de reacción del gobierno mexicano, en particular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, la cual, a pesar de su comunicado fechado en el día de hoy, no ha realizado con celeridad las acciones necesarias frente al gobierno hondureño para que deje salir a un ciudadano mexicano, mientras el equipo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, los familiares y la defensa de Gustavo Castro, las organizaciones solidarias e instancias internacionales no han dejado de denunciar la violación a sus derechos humanos que constituía esta alerta migratoria.

Exigimos que se respete el derecho que Gustavo Castro tiene a seguir colaborando con la investigación desde México de acuerdo al tratado de cooperación jurídica entre ambos países.

Nuestra postura sigue siendo la misma: exigimos una investigación imparcial de los hechos hasta que se aclarezcan el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro y se responsabilice a los verdaderos culpables.

Próximamente daremos más información sobre la situación.

Gracias por su solidaridad.

Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

 

ENGLISH version: Travel Ban for Gustavo Castro Soto Lifted

Comunicado: El Gobierno de Honduras, la juez y la Fiscalía tratan a Gustavo Castro como delincuente

30 de Marzo de 2016 – COMUNICADO DE PRENSA

El Gobierno de Honduras, la juez y la Fiscalía tratan a Gustavo Castro como delincuente, violan todos sus derechos como testigo y como víctima y lo mantienen en permanente estado de alerta, inseguridad y vulnerabilidad judicial.

Han sido ya 27 días en los que ha sufrido interrogatorios por días sin dormir, privación de asistencia para su integridad física, detención ilegal de su persona, intento de ser sustraído de la protección de la Embajada de México en Honduras, coacciones para declarar, amenaza de aprehensión, ausencia de citatorios claros, impedimentos para obtener el expediente judicial, suspensión de su abogada, ausencia de respuesta a los recursos interpuestos para levantar la Alerta Migratoria de 30 días y privación ilegítima de su libertad.

El equipo de abogad@s de Gustavo Castro ha denunciado hoy que han pasado 14 días sin que la justicia hondureña resuelva el recurso de Habeas Corpus denunciando que la alerta migratoria contra Gustavo Castro viola sus derechos humanos. En la Constitución hondureña se señala que estos recursos deben ser resueltos inmediatamente, por lo que esta omisión incurre en un delito de abuso de autoridad. Tampoco fue resuelto el amparo interpuesto por violación al derecho a la libertad de locomoción. Ayer se rechazó la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pedía la salida de Gustavo Castro para asistir a una audiencia en Washington prevista para la primera semana de abril.

A lo señalado hoy en Conferencia de Prensa ofrecida por CEJIL, el equipo de abogad@s de Gustavo Castro y su hermano Oscar Castro desde Honduras enfatizamos que Gustavo Castro ha sido y está siendo expuesto a un proceso judicial totalmente arbitrario e irregular, que viola las propias leyes hondureñas y los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y de atención a víctimas.

Ante la información difundida hoy por el diario La Tribuna de Honduras señalando un  atentado ocurrido contra Oscar Castro Soto, quien se encuentra en Honduras acompañando a su hermano de Gustavo Castro Soto, queremos aclarar que: La información expuesta por este diario no es correcta. Oscar Castro Soto no resultó herido en ningún atentado.

En el transcurso de Semana Santa se produjo un incidente que puso en alerta la seguridad de Oscar Castro y que no fue difundido públicamente. Este incidente le llevó a atenderse en el hospital. Oscar Castro se encuentra bien. El Equipo de Otros Mundos ha estado atento a este hecho y apoyando el acompañamiento requerido para esta situación. Se le cambió de hotel y se ha solicitado la ampliación de las medidas cautelares para Oscar Castro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Gobierno de México. Sobre este hecho se dará más información posteriormente.

Esta situación nos hace insistir en la alerta: Gustavo Castro Soto corre peligro mientras permanezca en Honduras.

La situación de Gustavo Castro se agrava en la medida que:

El Gobierno de Honduras ignora todas las solicitudes internacionales para que Gustavo Castro salga inmediatamente de ese país por el peligro que corre su vida. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH), como instancias de Naciones Unidas (ONU) se han sumado a esta petición.
 
Por otro lado la Secretaría de Relaciones Exteriores de México recibió desde el día 11 de Marzo la solicitud de aplicar el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal firmado por ambos países, siendo una vía regular para la salida de Gustavo Castro de Honduras, y a la fecha sigue sin activarlo. Por este motivo la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, es responsable de la prolongación de la situación de malos tratos, tortura psicológica y riesgo para la vida de Gustavo Castro Soto.

Exigimos que la Señora Ruíz Massieu eleve al máximo el nivel de acción del aparato diplomático para traer  a Gustavo Castro Soto a México y reciba a la familia Castro Soto, que ha buscado una cita con ella desde la semana pasada sin respuesta afirmativa.

OTROS MUNDOS A.C

ESCUCHA EL AUDIO de la Conferencia sobre la situación actual de Gustavo Castro en Honduras

[ENG] Honduran Government, judge and Prosecutor´s Office treating Gustavo Castro as a criminal

Denunciamos la falta de respuesta y atención de la SRE al caso de Gustavo Castro

 Comunicado de prensa – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, al 29 de Marzo de 2016

    Desde Otros Mundos Chiapas A.C. expresamos nuestra preocupación por la falta de respuesta y atención de la Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu al caso de Gustavo Castro Soto.

   A más de tres semanas de que la jueza Victorina Flores de Honduras decretara una alerta migratoria por treinta días para Gustavo Castro, sin un marco legal adecuado y contradiciendo el derecho a ser protegido como víctima de un atentado fuera de su país, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no hace valer el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal firmado por ambos países, el cuál indica como primera medida de protección la salida inmediata del país del testigo y la consecuente colaboración en la investigación.

   La Secretaria de Relaciones Exteriores tiene conocimiento pleno de la situación de Gustavo Castro: sabe de las irregularidades en el procedimiento de investigación del caso de parte de la Fiscalía, de las excesivas medidas tomadas por la Jueza en Honduras (que incluso cesó a la abogada Ivania Galeano, dejando en indefensión al testigo), conoce las medidas que ha solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras para la protección de Gustavo Castro y la ampliación de medidas también solicitadas para el equipo legal y su hermano Oscar Castro quien se encuentra acompañándole.

   Durante estos días, la Fiscalía de Intibucá y la Corte de Apelaciones de Acomayagua, deberán dar respuesta a los recursos legales que interpuso el equipo legal de Gustavo Castro: recurso ante la Fiscalía para revocar la alerta migratoria por treinta días, amparo que denuncia la medida violatoria de derechos del testigo protegido, Habeas Corpus que protege a Gustavo Castro en su calidad de víctima y testigo. Es necesario que estos tengan una respuesta favorable.

   Todos los recursos han sido avalados y apoyados por redes, universidades, organizaciones, movimientos nacionales e internacionales, quienes a través del envió del Amicus Curie y cartas dirigidas a la Juez y al Fiscal General de Honduras actúan de forma inmediata a favor de la protección de derechos del ciudadano mexicano.

   Todo esto cobra mucha más fuerza ante los señalamientos que los familiares de Bertha Cáceres, el COPINH, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y la Articulación Popular Berta Cáceres hacen acerca de las irregularidades en el caso del asesinato de Berta y de la violación de derechos humanos a Gustavo Castro.

   Ante este escenario la Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu, debe actuar para salvaguardar la seguridad física y psicológica de nuestro compañero Gustavo Castro, recibir a la familia Castro Soto y garantizar las medidas necesarias para su pronto regreso. Garantizar su integridad y poner el más alto nivel de acciones para que esto suceda.

OTROS MUNDOS A.C / Amigos de la Tierra México

Celebración del 23mo Aniversario del COPINH: «Berta Vive»

Queridos y queridas compañeras y hermanos del COPINH:

Desde hace años la fuerza y el espíritu lenca que vuela como las aves sobre las montañas de Intibucá y planea custodio sobre el Río Gualcarque, se manifiesta en las luchas del COPINH que han caminado por tantas veredas y montañas, defendiendo la vida, la madre tierra, y no solo para bien del pueblo lenca, sino para todos los hondureños, los mesoamericanos, los latinoamericanos y para el planeta entero. Como custodios de la madre tierra y del bien de nuestras vidas, mucho tenemos que agradecerles a ustedes en este 23 Aniversario de vida del COPINH.

Berta está en este momento tan presente, en este mes de su natalicio y en el mismo en que renació con el COPINH hace 23 años. Ahora renace en el corazón de cada uno de ustedes, de nosotros, de millones de personas que levantamos la voz para clamar justicia. Berta se ha convertido ahora en esa ave que posa sus garras en Utopía, vigilante, cuidadora, y que despliegas sus alas por las montañas para cuidarnos y para guiarnos como siempre lo hizo.

En este mes de su natalicio y del nacimiento de todos ustedes como COPINH, también nació nuestra conciencia y nuestro agradecimiento a ustedes por conocer a un pueblo en lucha contra el poder que pretende aplastar la vida de todos. Fuente de inspiración que nos han regalado. Ahora, más que nunca, no solo el equipo de Otros Mundos AC nos hemos hermanado más con ustedes, sino toda la fuerza y los movimientos en el mundo que no cesan sus gestos de solidaridad y cariño para con ustedes.

No están solos, nunca lo olviden. Gracias por habernos regalado a Bertita, gracias por habernos regalado el COPINH en el alma de todas y todos los que soñamos por que otros mundos sean posibles, justos, humanos, invencibles.

Felicidades!!
Berta Vive!!!

Gustavo Castro Soto

Hoy 27 de marzo, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) cumple 23 años de lucha por la defensa de los bienes comunes y de la naturaleza.

CELEBRACIÓN DEL 23mo ANIVERSARIO DE COPINH, BERTA VIVE!!!

Les compartimos el homenaje de la cantante hondureña Karla Lara, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Berta le había pedido una canción para el aniversario antes de ser asesinada el 3 de marzo.

VAMOS A LUCHAR POR ESTE COPINH QUE AMABA TANTO
Y VAMOS A CUIDAR LA ORGANIZACIÓN QUE NOS HA DEJADO…
https://soundcloud.com/guarajambala-lenca/aniversario-de-copinh

Criminalización de defensores de derechos humanos: un preocupante fenómeno en América Latina

París, Ginebra, México, 25 de febrero de 2016 – La criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos se ha convertido en un fenómeno muy preocupante en América Latina, denuncia hoy el Observatorio en México durante la presentación de su último informe titulado “La criminalización de defensores de derechos humanos en contextos de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina”. El documento da también cuenta del rol de las empresas, funcionarios públicos, fiscales, jueces, poderes del Estado entre otros, en este fenómeno.

El informe está disponible aquí: Informe Observatorio Criminalización América Latina

El informe toma como referencia casos concretos de defensores de derechos humanos criminalizados en ocho países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú).

“Criminalizar y hostigar a quienes defienden los derechos humanos y los derechos a la tierra se está convirtiendo en una conducta recurrente en América Latina. No se trata de un fenómeno aislado” señaló el Observatorio. “Muchas veces los jueces y fiscales tienen su parte de responsabilidad en el proceso de criminalización. Esta complicidad debe terminar”.

El informe destaca en particular dos ejes comunes a todos los países investigados:

Primero, es en el contexto de la extracción de recursos naturales y de mega proyectos en que aparecen con más virulencia los casos de criminalización a defensores. En los casos documentados, éstos defienden derechos relacionados a la tierra y al territorio ya grupos vulnerables, como comunidades indígenas, afro, rurales o campesinas. También tienen un papel clave en visibilizar las violaciones de derechos relacionados a la cuestión de la propiedad, la explotación de la tierra y sus recursos, el medio ambiente, el derecho al agua, los derechos laborales, entre otros. En los casos de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú descritos en el informe, el uso indebido del derecho penal para criminalizar a los líderes y dirigentes comunitarios contribuyó a la desestructuración de sus movimientos.

Segundo, el informe subraya el rol clave de las empresas y del poder judicial en la criminalización de los defensores. Esto a pesar de la obligación que tienen de respetar los derechos humanos y la legitimidad de la protesta social pacífica. Son las empresas quienes en casi todos los casos inician los procesos penales contra defensores, solicitando la aplicación de leyes de excepción, como por ejemplo leyes antiterroristas.

El informe denuncia igualmente la falta de independencia y de imparcialidad de la justicia y su  determinante impacto en el fenómeno de la criminalización de defensores, y en particular, la actividad del Ministerio Público que lidera la acción penal y que además de decidir criminalizar indebidamente, en la mayoría de los ejemplos presentados en el informe, solicita la prisión preventiva y en muchos casos se empeña en perseguir penalmente una, dos y más veces a los defensores. Esto es extremadamente grave en la medida que se violan las garantías mínimas del debido proceso, así como el derecho a la libertad personal. Asimismo, si bien los jueces no siempre condenan a los defensores y defensoras, casi sistemáticamente acceden a las solicitudes de medidas cautelares tales como la detención preventiva.

El Observatorio insta a los poderes judiciales de los países mencionados a no ser cómplices de la indebida criminalización a defensores de derechos humanos y a iniciar una reflexión en el seno de su sistema judicial sobre la necesidad de impartir justicia, respetando la igualdad ente las partes sin privilegiar los intereses de poderes políticos y económicos.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la FIDH y la OMCT y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Gustavo Castro en Honduras

22 de Marzo de 2016

Opinión IMDHD, por Edgar Cortez

Gustavo Castro estaba hospedado en casa de Berta Cácerez, defensora hondureña de las comunidades indígenas y de sus territorios, cuando fue asesinada el 3 de marzo pasado. Gustavo fue testigo de los hechos y desde entonces está impedido de salir de Honduras y regresar a México.

Gustavo es un defensor de derechos humanos que durante años se ha dedicado a defender  a comunidades campesinas e indígenas afectadas por construcción de grandes presas o por la imposición de proyectos mineros. Su trabajo, junto con el equipo de la organización Otros Mundos, A. C. (http://bit.ly/1UzTfCO) lo desarrolla en México y en distintos países de América Latina ya que buscan generar coordinación entre las comunidades afectadas en todo el continente.

Luego del asesinato de Cácerez, Gustavo declaró ante el Fiscal que inició la investigación, pocas horas después la investigación fue cambiada a un fiscal especializado en asuntos indígenas y Gustavo tuvo que declarar de nueva cuenta (3 de marzo); al día siguiente participó en la reconstrucción de los hechos. Lo anterior sucedió en la comunidad de la Esperanza donde vivía y fue asesinada la líder hondureña.

El sábado 5 de marzo Gustavo viaja, protegido por consulado mexicano, a Tegucigalpa con la expectativa de regresar a México. El  domingo 6 de marzo en el aeropuerto de Tegucigalpa la policía intenta detenerlo argumentando la existencia de una prohibición de abandonar el país. Gustavo nunca fue notificado de tal decisión ni tampoco la embajada Mexicana.

Posteriormente se conoció que la Fiscalía había solicitado a una juez que impidiera la salida de Gustavo pues se requería su participación en unos careos con otras personas. La prohibición de salida del país era de sólo 30 horas.

El lunes 7 marzo Gustavo viaja de Tegucigalpa a la comunidad de la Esperanza para participar en un par de careos. Al mismo tiempo la Fiscalía solicita a la juez que extienda el plazo de 30 horas pues posiblemente no sería suficiente para realizar los careos, a lo cual la juez sin precisar razones decide ampliar el plazo hasta 30 días. Gustavo y sus abogados tienen conocimiento de la decisión hasta el 8 de marzo y sólo muchos días después obtienen el documento con la decisión de la juez.

Desde ese 7 de marzo hasta el día 15 Gustavo no es requerido para ningún otro asunto relacionado con la investigación. Será hasta el día 16 que la Fiscalía lo solicita entregue sus zapatos.

En total Gustavo ha participado en más de una decena de diligencias de investigación ante la Fiscalía y algunas más ante la juez que conocerá del juicio. Esta es la evidencia que Gustavo ha colaborado plenamente con la justicia hondureña y toda la información que tiene como testigo ya obra en poder de las autoridades.

Sin embargo a la fecha Gustavo sigue obligado a permanecer en Honduras y por tanto no puede retornar a México, no puede estar con su familia y tampoco seguir con su labor de defensor.

Gustavo permanece en Honduras a causa de las deficiencias y del  autoritarismo existente en el sistema de justicia de aquel país.  Una Fiscalía que poco avanza en esclarecer el asesinato de Berta y mantiene al mexicano por si se requiere alguna otra diligencia sin precisar cuál podría ser y cuánto tiempo puede llevar realizarla.

Una juez que reconoce que no existe legislación para determinar cómo tratar a un testigo y entonces decide tratarlo como si fuera una persona acusada y  bajo esa idea errónea ordena, sin justificación  alguna, una alerta migratoria de 30 días; impide el acceso a sus decisiones y además obstaculiza la defensa legal de Gustavo al suspender a su abogada por 15 días para que no actúe en este caso, ni en ningún otro –sólo por el hecho de solicitar copia del expediente.

Frente a este cumulo de arbitrariedades la defensa interpone tres recursos legales. Un recurso de reconsideración para que la Fiscalía retire su solicitud para que Gustavo no abandone el país. Un amparo contra la decisión de la jueza y un Habeas Corpus. Todos estos recursos deberán resolverse en los próximos días.

Amén de lo anterior, desde 2004 los gobiernos hondureño y mexicano firmaron un Tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal  y, que permite que Gustavo regrese a México al existir todas las garantías de su colaboración con la investigación del asesinato de Berta Cácerez.

El gobierno hondureño reconoce la existencia del tratado pero no se ajusta al mismo, mientras que el gobierno mexicano pide apenas tibiamente que se cumpla dicho tratado, en tanto Gustavo sigue retenido en Honduras.

¿Qué más debe pasarle a Gustavo para que México exija enérgicamente a Honduras su regreso a nuestro país? ¿Sólo si se tiene un apellido ilustre –Moreira, por ejemplo– el gobierno garantizaría sus derechos? Estas preguntas requieren de inmediata respuesta.

@edgarcortezm

Misión Internacional «Justicia para Berta Cáceres» arroja preocupantes conclusiones preliminares

COMUNICADO DE PRENSA
Tegucigalpa, 21 de marzo de 2016

Hoy culminó su visita a Honduras la Misión Internacional «Justicia para Berta Cáceres», que ha desarrollado sus actividades en el país centroamericano entre el 17 y el 21 de marzo, contando con la participación de 14 representantes parlamentarios, expertos/as y activistas provenientes de 9 países de América Latina y Europa. Entre los/as integrantes se encontraban: una representante de las Madres de la Plaza de Mayo – Línea Fundadora, diputado/as de los Congresos español y mexicano y del Parlamento Europeo, una ex – Magistrada de la Corte Suprema de El Salvador, representantes de importantes sindicatos como son el estadounidense AFL/CIO-CSA, y la Unión Nacional de Trabajadores de México (UNT-CSA), así como integrantes de organizaciones de alcance regional tales como el Grito de los Excluidos, Jubileo Sur, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), y de redes globales como la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad, entre otro/as.

La Misión fue desplegada en aras de entrevistarse con instancias y funcionarios/as gubernamentales, judiciales y parlamentarios/as, así como representantes de los movimientos sociales hondureños, representantes de las Naciones Unidas, y de la Embajada de los Estados Unidos y de la Representación diplomática de la Unión Europea en este país. Todo ello con el objetivo de contribuir al esclarecimiento del asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres a inicios del mes de marzo de este año y de sostener la urgencia de la liberación inmediata del integrante de MAPDER y coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, Gustavo Castro Soto, así como la garantía de su integridad personal y de su retorno a México.

La fatal agresión que acabó con la vida de la ganadora del Premio Goldman 2015 e hirió al reconocido activista mexicano ha sido analizada por la Misión no como un hecho puntual, sino en el marco de la represión continua y sistemática de las y los defensores de los Derechos Humanos y del medio ambiente en Honduras. En este país se proyectan e implementan, de forma violenta en los territorios de comunidades indígenas y campesinas, un gran número de megaproyectos de infraestructuras, tal como el Proyecto “Agua Zarca”, contra el cual luchaban Berta Cáceres y la organización que coordinaba, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH). Por regla general, estos megaproyectos son llevados a cabo sin respetar el derecho a la Consulta previa e informada de las comunidades. En particular en el ámbito de los recursos hídricos, tras el Golpe de Estado de 2009, se aprobó una Ley General de Aguas y de Minería que ha provocado que se adjudicaran sin las evaluaciones ambientales pertinentes, ni el respeto del Derecho a la consulta previa e informada, un gran número de concesiones y proyectos mineros. Estos megaproyectos se encuentran facilitados y promovidos por los Tratados de Libre Comercio tal como aquel firmado entre Estados Unidos y Centroamérica o los Acuerdos de Asociación y de protección de las inversiones como aquel firmado con la Unión Europea. Estos tratados aseguran los intereses de las empresas transnacionales, pero no disponen de ninguna norma vinculante que sancione el respeto de los derechos humanos. Ante esta situación, organizaciones de comunidades afectadas como COPINH se encuentran en la línea de mira de la represión. Al respecto, el Diputado español e integrante de la Misión, Pedro Arrojo destacó que “hemos recogido testimonios de un gran número de amenazas que han recibido tanto Berta Cáceres como su familia y otros integrantes de COPINH desde 2013 hasta el día de hoy”.

Los resultados preliminares de la Misión han sido presentados el día de hoy en el marco de una rueda de prensa, que ha contado con una importante cobertura mediática y que ha sido retransmitida en directo a nivel internacional. Entre sus primeras conclusiones, la Misión remarcó la gravedad de la falta de garantías en Honduras en términos de los principios democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos. En ese sentido, recordó que lo/as jueces suelen ser el objeto de actos de intimidación, lo que conlleva una notable falta de independencia en el sistema judicial frente al Gobierno. Asimismo, la Misión constató la flagrante transgresión del Derecho Internacional en la implementación de los megaproyectos y de aquel de “Agua Zarca” en particular, en razón de las acciones y omisiones de la empresa DESA y del propio Gobierno hondureño. Se vinculó este hecho con los estrechos vínculos entre el Gobierno y diversos poderes económicos tales como las grandes empresas e instituciones financieras internacionales que participan en los proyectos. La Misión afirmó no haber encontrado ninguna voluntad política del Gobierno hondureño de cara a la lucha contra la impunidad en la violación de los Derechos Humanos, y que el propio sistema de protección no funciona. Su fracaso explica en parte que Berta Cáceres, que gozaba de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fuera asesinada. A la vez, la Misión observó que no existen razones legales que justifiquen continuar restringiendo la libertad de Gustavo Castro Soto, prohibiendo su regreso a México. Peor aún, de acuerdo con sus integrantes, como testigo directo del asesinato de Berta Cáceres Flores, su vida corre peligro al permanecer en Honduras.

La Misión enunció recomendaciones preliminares para el Estado de Honduras de forma general y específica en lo que atañe a los casos de Berta Cáceres y de Gustavo Castro. Asimismo, emitió recomendaciones preliminares para los Gobiernos de los Estados Unidos y de la Unión Europea. En ese sentido, la Misión Internacional afirmó que Consejo Europeo debería suspender el Acuerdo de Asociación con Honduras mientras se incumpla la obligación de “alcanzar el pleno cumplimiento de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Asimismo, la Misión solicitó al Gobierno de EEUU que aclare las condiciones y términos de su participación en la investigación del asesinato de Berta Cáceres. Además, ante las irregularidades surgidas en la investigación del asesinato de Berta Cáceres y de otros miembros del COPINH, la Misión apuntó que se debería evaluar la financiación proveniente del Estado español y de la Unión Europea al Programa EuroJusticia.

Durante la Rueda de Prensa, se destacó que el Gobierno de Honduras se había caracterizado por la falta de transparencia y de claridad sobre el caso de Berta Cáceres. De hecho, la Misión Internacional, recogiendo la petición del COPINH, y respondiendo a la amplia desconfianza social que genera la impunidad de los múltiples asesinatos ocurridos hasta la fecha, manifestó su respaldo a la demanda de una investigación independiente, con la participación de organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante la rueda de prensa, Gustavo Lozano, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA), recordó que “Gustavo Castro es una figura tan relevante como Berta Cáceres. La Misión Internacional denuncia su retención ilegal en Honduras”. A su vez, Tom Kucharz, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad comentó que “próximamente se preparará un informe final y habrá un trabajo intenso con las instituciones parlamentarias a nivel regional e internacional sobre este caso. El compromiso ético y moral que se lleva la Misión Internacional es de poner todo su empeño para conseguir Justicia para Berta Cáceres”.

La delegación está conformada por :
 
Miguel Urbán Crespo – Europa, Eurodiputado PODEMOS – Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL
Nora Cortiñas – Argentina, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Pedro Arrojo – España, Diputado de PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España
José Olvera – México, UNT-CSA México, Unión Nacional de Trabajadores / Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
Beverly Keene   – Argentina, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina,  integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las  Transnacionales y  poner fin a la Impunidad.
Mirna Perla Jiménez – El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador
Brian Finnegan – Estados Unidos, AFL/CIO – CSA. Federación estadounidense del trabajo y congreso de organizaciones industriales
Zulma Larin – El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia
Natalia Atz Sunuc  – Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC),  integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las  Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Gustavo Lozano  – México, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales  por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA) en articulación con el  movimiento centroamericano.
Tom Kucharz  – España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento  Europeo, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de  las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Miguel Ángel de los Santos – México, Abogado de la Red Iberoamericana de Jueces.

Contacto con la Misión:
misioninternacionaljbc@gmail.com

América Latina:
Número local: +  50489748879
J. Elosegui (Radio Mundo Real / Amigos de la Tierra Internacional): +  598-98846967
A. Sandoval (Jubileo Sur Américas): +  50587136579
Europa:
P.Pof (Podemos): +  34-618 154 002
M. Vargas (Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la impunidad): +  34-662026497
À. Guillamón (Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte):  +  34-932683366 / +  34 – 691501789

Asesinados por defender la tierra

El crimen de Berta Cáceres es sólo uno de entre los cientos que se producen cada año contra ambientalistas en el mundo. Las disputas por un territorio cada vez más explotado les han situado en el disparadero de empresas y gobiernos. En el 99% de los casos, los asesinatos quedan impunes. Esta es la historia de los mártires de la ‘Pachamama’.

LUCÍA VILLA, publico.es

MADRID. -“Si bajara un enviado del cielo y me garantizase que mi muerte fortalecería nuestra lucha, diría que hasta valdría la pena. Pero la experiencia nos enseña lo contrario. Un acto público y un entierro numeroso no salvarán la Amazonía. Quiero vivir”. El emblemático activista brasileño Chico Mendes escribió en 1988 esta frase en su testamento, probablemente consciente del riesgo al que se exponía. Sólo unos meses más tarde, el sindicalista cauchero era asesinado a tiros frente a la puerta de su casa, en Xapurí, en el estado de Acre, a manos de los mismos terratenientes a los que enfrentaba a diario por la brutal deforestación de una selva que hoy sigue gravemente amenazada. Casi tres décadas después, el 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres, indígena hondureña y ganadora del premio Goldman por su oposición al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, fue abatida por dos sicarios mientras dormía.

Convertidos en símbolos de la lucha ambiental, Chico y Berta son sólo dos números más en una abultada lista de ecologistas que pagaron con su vida por la defensa del medio ambiente. El reguero de mártires de la Pachamama, como se denomina a la Madre Tierra entre las comunidades indígenas de Suramérica, se extiende a la velocidad a la que crece la demanda de recursos para abastecer a una población creciente y consumista. Las disputas por un territorio cada vez más explotado les han situado en el disparadero de empresas y gobiernos. La ONU considera a los ambientalistas el segundo colectivo de defensores de derechos humanos más vulnerable del mundo.

Los datos dan buena prueba de esta tendencia, que las organizaciones internacionales han denominado ya como un “fenómeno mundial en sí mismo”. Entre 2002 y 2014, un total de 1.024 personas fueron asesinadas por su labor en cuestiones agrarias y ambientales, según la ONG Global Witness, que ha realizado varias investigaciones sobre estos casos en los últimos años. 2012, el año más sangriento hasta la fecha, dejó un saldo de 147 muertos, una cifra que triplica a la de una década atrás. Actualmente, la media de asesinatos llega a más de dos por semana. Aún así, las cifras son sólo orientativas.

“Es prácticamente seguro que se hayan dado más casos, pero es difícil encontrar la información pertinente debido a la naturaleza del problema, y es aún más difícil verificarla. Además, la cifra de víctimas mortales apunta a que el nivel de violencia no letal e intimidación es mucho mayor”, advierte la organización.

El caso de Berta Cáceres, indígena y hondureña, y de su compañero Nelson García, asesinado varios días después, es especialmente paradigmático. El 40% de los crímenes de defensores de la tierra y el medio ambiente que se cometen en el mundo tienen como víctimas a personas indígenas, especialmente en las poblaciones de América Latina. Aunque Brasil es, de lejos, el país donde se perpetúan más asesinatos (la mitad de las muertes se producen allí), Honduras, en relación a su población, es la nación más peligrosa para defender los recursos de la tierra. Sólo en 2014 fueron asesinados allí 12 activistas. Las presas hidroeléctricas, como las que combatía Berta y sus compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) son, detrás de los proyectos mineros y extractivos, la segunda causa de las matanzas.

“Lo único que hizo Berta fue denunciar el sistema. Denunció a las multinacionales, al capitalismo, el patriarcado y el sistema racista. Había recibido ya una serie de amenazas, la propia guardia privada de la empresa nos amenazó y tras su muerte y la de Nelson, el resto de miembros del Consejo estamos siento objeto de un sicariato policial”, dice desde Honduras Asunción Martínez, miembro del COPINH, que responde por teléfono a Público en medio de una manifestación para exigir una investigación independiente sobre el caso y que se ponga fin a la retención de Gustavo Castro, herido en el asesinato de Berta y único testigo del crimen. Pese al riesgo que corre, el Gobierno de Honduras le prohíbe abandonar el país.

Alejandro González, de la ONG Amigos de la Tierra, denuncia que las autoridades tratan de involucrar a Gustavo y a otros compañeros del COPINH en el asesinato de Berta orientando las investigaciones hacia un “crimen pasional”, desvinculado de los intereses políticos. Una delegación internacional de visita estos días en el país para impulsar una investigación independiente ha señalado la «nula predisposición» del Gobierno para este propósito.

La desconfianza, en uno de los países más corruptos, desiguales y violentos del continente americano, está justificada. Más aún después del golpe de Estado militar de 2009 que trajo consigo una permanente situación de inseguridad institucional. En Honduras han muerto asesinados 111 activistas entre 2002 y 2014. Un 90% de los casos siguen sin resolverse.

«El actual Gobierno de derechas que dirige el presidente Juan Orlando Hernández ha invertido de forma prioritaria en la minería, silvicultura, agroindustria y presas hidroeléctricas», dice Global Witness en un informe de 2014. «Se sospecha que los principales autores de estos abusos son poderosos intereses económicos, que suelen usar la ayuda de empresas de seguridad privada. La policía y el ejército del país también han cometido violaciones de los derechos humanos de los activistas», prosigue.

La impunidad, en cualquier caso, es endémica. En los más de mil asesinatos investigados por la ONG en más de una treintena de países, sólo 10 personas fueron juzgadas, condenadas o castigadas, lo que se traduce en un saldo de crímenes no resueltos del 99%. A menudo, quienes aprietan el gatillo son delincuentes comunes o trabajadores a sueldo de los autores intelectuales, a los que es mucho más complicado echar el guante.

“Recibí bastantes amenazas. A veces escuché disparos o aparecían saqueadores con machetes donde estábamos trabajando. No podías ir sola. Íbamos a la policía a poner las denuncias y allí se quedaban, aunque conseguimos que personal del Ministerio, que iba armado, nos acompañara cuando teníamos que patrullar las playas”. La que habla es Lydia Chaparro, una bióloga española que trabajó hace años en varios proyectos de protección de tortugas marinas en Costa Rica junto a Jairo Mora. En 2013, Jairo, de 26 años, fue asesinado presuntamente por un grupo de saqueadores de huevos de los que había recibido constantes amenazas y frente a los que Jairo había pedido protección. Pese a estar prohibida su venta, los huevos de tortuga son una fuente de financiación importante para las mafias en la zona, que funcionan muchas veces en paralelo a los narcotraficantes. Las autoridades trataron primero de vincular el asesinato a la delincuencia común y más tarde absolvió a los sospechosos. Ahora, la presión social ha conseguido que se repita el juicio. Lydia reconoce que su trabajo en España también le ha costado insultos y amenazas verbales.

«Es difícil probar quién está realmente detrás, aunque si se sigue la pista se sabe. Pero los Estados no ponen los recursos para esclarecer los hechos o directamente cierran los casos. Muchos países tienen una violencia estructural muy fuerte y los delitos se achacan a la violencia común», dice Erika González, investigadora.

Aunque los orígenes son diversos, buena parte de los conflictos que se generan vienen derivados de grandes proyectos eléctricos, extractivos o mineros, muy ligados al recurso del agua y que producen fuertes impactos sobre el hábitat, la alimentación y los modos de vida de las poblaciones que ocupan el territorio. Sólo en 2014, América Latina captó el 27% de la inversión en exploración minera a nivel mundial. Muchas veces las empresas que llegan, generalmente norteamericanas y europeas, se encuentran además con un panorama legislativo que les es absolutamente favorable. En aras de atraer la inversión extranjera, los gobiernos llevan a cabo profundos procesos de desregularización, por los que se suavizan o eliminan leyes de protección laboral, social y medioambiental. Los ecologistas, en su mayor parte ciudadanos locales de escasos recursos, son vistos como opositores al desarrollo y obstáculos para el crecimiento económico del país y de las empresas, que en ocasiones obligan a las poblaciones a desalojar por la fuerza el área donde viven, violando incluso los acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que obliga a los Estados a hacer una consulta previa en el caso de las comunidades indígenas.

Todo lo anterior genera un caldo de cultivo idóneo para los enfrentamientos por los recursos y la tierra, que se extiende a lo largo y ancho del hemisferio Sur. Sólo un vistazo al mapa latinoamericano da una idea de la dimensión del problema. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que documenta y cartografía estas crisis en el continente, tiene localizados sólo por asuntos mineros 37 conflictos en México, 36 en Perú, 36 en Chile, 20 en Brasil, 13 en Colombia, 9 en Bolivia, 7 en Ecuador, 6 en Guatemala, 4 en Honduras y otro buen número de ellos repartidos por el resto de países.

«El extractivismo se ha ido convirtiendo en casi un dogma económico incuestionable, promocionado y defendido indistintamente tanto por gobiernos progresistas como neoliberales. En los primeros se trata, según el propio discurso, de fuentes frescas de divisas para pagar la deuda social. En los segundos, el discurso es de crecimiento y desarrollo», dice en un informe el Observatorio. «Es en este contexto donde las legislaciones nacionales buscan adecuarse a las facilidades requeridas por las empresas, a condición de tener un trato preferencial por el gremio minero internacional y concentrar así las mayores inversiones de la región».

Si las políticas de los gobiernos ayudan poco o nada a la resolución de estos conflictos, las empresas que firman o financian los proyectos dejan a su vez un largo historial de malas prácticas que no hacen sino empeorar la situación. El Tribunal Permanente de los Pueblos, un jurado ético no gubernamental entre cuyos miembros se encuentra el magistrado español del Tribunal Supremo Perfecto Andres Ibáñez, además de economistas, catedráticos, médicos, abogados y destacados defensores de los derechos humanos, condenó en 2010, tras más de seis años de investigación sobre la labor de las transnacionales, a buena parte del tejido empresarial más importante de Europa por las «violaciones sistemáticas» de los derechos humanos y el medio ambiente en Lationamérica. En la sentencia, de carácter no vinculante, se reflejan los casos de, entre otros muchos, Aguas de Barcelona, Bayer, BBVA, HSBC, Santander, Benetton, British Petroleum, Calvo, Canal de Isabel II, Continental, Endesa, Nestlé, Percanova, Repsol YPF, Sol Melià, Shell, Suez, Syngenta, Telefónica, Unilever o Unión Fenosa.

Aunque la matriz es extranjera, la mayor parte de estas compañías operan en los países de destino a través de la compra de filiales o empresas subcontratadas -explica Erika González-. Llegado el caso de conflictos o denuncias, la mayoría se desentienden de la responsabilidad de sus derivadas, haciendo muy difícil que puedan ser juzgadas en sus países de origen.

«Desde la perspectiva institucional vigente, las responsabilidades y obligaciones empresariales son ignoradas, dejando a las propias empresas la decisión sobre el respeto a las mismas. Hasta el momento, las ETNs (empresas transnacionales), con la complicidad de los gobiernos, han logrado resistirse a la adopción de cualquier código internacional vinculante que determine el cumplimiento de sus obligaciones», dice en su texto el Tribunal.

En efecto, no existen instancias jurídicas internacionales ante las que denunciar a las empresas por los casos de violaciones de derechos humanos o al medio ambiente. En su día, se planteó que la Corte Penal Internacional , encargada de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, agresión y lesa humanidad, pudiera también juzgar a las empresas, pero finalmente se descartó esta posibilidad.

«Las multinacionales disponen de multitud de mecanismos que protegen su impunidad y sus intereses, mientras que no hay ninguno para proteger los derechos de las personas», sentencia Erika.