Periódico La Jornada. EDITORIAL
El pasado viernes, en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, fue asesinado el activista ambiental Noé Salomón Vázquez Ortiz, integrante de la organización Defensa Verde: Naturaleza Siempre, y dirigente de la oposición social a proyectos hidroeléctricos en esa entidad. El homicidio del ecologista veracruzano, así como el grado de encarnizamiento empleado para cometerlo, da cuenta del entorno de violencia, persecución y muerte que padecen los defensores y defensoras del medioambiente.
El caso de Velázquez Ortiz se suma a la veintena de activistas ambientales ultimados en el curso del último sexenio. Otros ejemplos destacados de crímenes de este tipo son el asesinato del activista Aldo Zamora, quien al momento de su muerte, en mayo de 2007, participaba en la defensa de los bosques de la región de Zempoala, en los estados de Morelos y de México; los homicidios de Leonel Castro Santana y Ezequiel Castro Pérez, integrantes de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, cometidos el 26 de junio de 2009; el homicidio de Mariano Abarca, del Frente de Chimiscuelo, quien encabezaba la resistencia local contra proyectos mineros; el asesinato de María Edy Fabiola Osorio, ocurrido en Pie de la Cuesta, Acapulco, en mayo de 2012, presumiblemente a consecuencia de su oposición a la construcción de un muelle en una laguna. Cabe recordar, asimismo, el crimen contra varios comuneros de Cherán, Michoacán, quienes decidieron armarse ante el acoso de talamontes y paramilitares.
Además de las fallas evidentes en las tareas de Estado de proveer seguridad y hacer justicia, crímenes como los referidos se encuentran estrechamente vinculados con el modelo económico vigente en el país desde hace casi tres décadas: en todo este tiempo, y en aras de una supuesta modernización y de la generación de «ventajas comparativas», las sucesivas administraciones del ciclo neoliberal han adoptado como política la aplicación de legislaciones laxas en materia ecológica y han otorgado a los grandes consorcios internacionales amplio margen de maniobra para la devastación ambiental; han claudicado en su obligación de preservar y defender los ecosistemas y han allanado el camino, en suma, con los intereses privados en perjuicio del equilibrio ecológico y de la vida de comunidades enteras, en su mayoría integradas por campesinos pobres e indígenas.
La situación ha derivado en un rosario de batallas jurídicas y sociales –relacionadas con construcciones carreteras, presas hidroeléctricas, crecimiento irracional de asentamientos urbanos y devastación deliberada de los entornos agrícolas, junto a otros proyectos que afectan el entorno– entre las comunidades de los territorios afectados y los poderes fácticos –grupos de talamontes, impulsores de megaproyectos, empresas mineras, de energía o de explotación hídrica–, con el telón de fondo del alineamiento gubernamental en favor de los segundos. Ello deriva en actos de corrupción, despojo, persecución judicial y, en casos extremos, en el asesinato de ecologistas populares.
No deja de ser significativo que, a contrapelo de la difusión de políticas gubernamentales para proteger el medioambiente, la defensa popular de los ecosistemas y los derechos ambientales, así como la demanda por introducir elementos de racionalidad, control y protección de los recursos naturales, hayan terminado por volverse causas perseguidas, criminalizadas y sumamente peligrosas, si se atiende al número de activistas ambientales muertos en los últimos años. Ante la inacción y la complicidad de las autoridades, la sociedad debe repudiar crímenes como los comentados; debe exigir su esclarecimiento y la suspensión del acoso de los poderes fácticos y los formales en contra de quienes han dedicado su vida a la defensa del medio ambiente y el bienestar común.
Mi compañero, mi camarada, mi hermano, mi amigo, con quien compartí tiempos de juventud, luchas, errores, algunas victorias, alegrías, tristezas, quien se convirtió en defensor de los derechos indígenas en su estado natal, Oaxaca, fue asesinado impunemente; para hombres como él, el mejor homenaje es continuar con el trabajo y la lucha por un mejor mundo, un mejor país, con justicia y dignidad, donde quepan todos los mundos, donde la realidad de lo diverso pueda existir, donde derechos, culturas, sociedades, podamos vivir en paz, donde tengamos derecho a la felicidad, Compañero Heron Sixto Lopez, tu memoria, tu ejemplo, tu ternura, vivirán con nosotros tus hermanos y amigos, tu familia y camaradas de vida por siempre.
El Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) expresa su solidaridad con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) por el incalificable asesinato del compañero Tomás García y nuestra atención por las heridas recibidas por su hijo Allan García Domínguez.
Hoy lunes 15 de julio, en el Achotal, Río Blanco, Intibucá, hace aproximadamente una hora el Ejército de Honduras ha asesinado al compañero Tomas García, miembro del Consejo Indígena y Auxiliar de la comunidad, miembro activo del COPINH, compañero respetado, muy prudente y luchador, compañero que nunca claudico ante las presiones de las empresas DESA y SINOHYDRO. Condenamos esta brutal acción que enluta nuevamente la Población Lenca de Río Blanco. Además ha sido impacto de bala de los fusiles de la soldadesca el joven Lenca Allan Garcia Dominguez, hijo del compañero Tomas, quien se encuentra en estado delicado y ha sido trasladado al Hospital de Santa Barbará. Este hecho fue perpetrado mientras la comunidad se desplazaba, como siempre lo ha hecho durante estos 106 días de resistencia a un plantón pacifico frente a las instalaciones del proyecto de DESA y SINOHYDRO
Durante la mayor parte de su vida, Rubén ha trabajado activamente como líder comunitario en torno a muchas campañas ambientales y por la justicia social, reuniendo a redes y organizaciones comprometidas con el bien social.
Exigimos la inmediata libertad de Berta Cáceres, dirigente del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), y de Tomás Gómez Membreño, coordinador de Radio Guarajambala, radio comunitaria del COPINH. Ambos fueron detenidos cuando se trasladaban a la toma de carretera en Río Blanco, que lleva hoy 53 días de resistencia en defensa del Río Gualcarque, amenazado por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Los que suscriben con dirección en Circuito Presidentes 62, Col. Emiliano Zapata, Xalapa, Veracruz, teléfono 01 228 841 93 06 y 
Durante tres años hemos atestiguado la falta de interés gubernamental por hacer justicia. No hemos percibido un real voluntad para que estos homicidios se resuelvan y los responsables de los mismos sean castigados como lo señala la ley.
Ayer martes 17 abril, en horas de la noche se confirmo el lamentable asesinato del hermano y compañero Daniel Pedro, secuestrado el pasado domingo 7 de abril del presente año y el día de ayer encontraron su cuerpo destrozado en jurisdicción del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango.
En marzo de 2010, diversas organizaciones canadienses solicitaron a la Policía Real Montada de Canadá una investigación contra Blackfire por violar la Ley de Corrupción de Autoridades Públicas Extranjeras de Canadá. El 30 de junio de 2010, Otros Mundos AC/Rema presentó formalmente ante el Órgano Superior de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Chiapas, una solicitud investigación sobre dichos fondos, solicitud que nunca fue respondida[2].