Categoría: Agroindustria

Por Gabriela Martínez, La Jornada Baja California

Ensenada, 21 de julio.- Mientras permanece hincada sobre los campos de cultivo, María se talla los ojos enrojecidos. El sudor cae de su rostro como si fuera lluvia y desde hace unos años un dolor agudo no se le quita de las manos, pero eso no evita que por lo menos seis días a la semana arranque miles de fresas del rancho donde trabaja de jornalera, una por una, aunque la piel de las manos se le caiga a pedazos.

No sabe de qué, ni por qué se enfermó, solo tiene la certeza de que su condición empeoró hace unos cinco años; no lo entiende, dice que siempre ha hecho lo mismo. Despierta de madrugada, se dispara hacia el trabajo y antes de que salga el sol se lava las manos en agua carbonatada; luego, cuando es tiempo de fumigar, respira el aire tóxico de los pesticidas.

“Me arde como si me estuviera quemando”, dice mientras levanta las manos despellejadas; “tengo que hacerlo, los patrones cuidan más las plantas que a uno”.

Dice que mientras recoge las fresas, a su alrededor se forma una neblina blanca, casi imperceptible para los recolectores, de no ser por el olor a metal que emana y el ardor que provoca en el cuerpo.

Como si estuviéramos malditos, todos enfermamos

María apenas tiene 31 años; es menudita como si fuera una niña, pero tiene el rostro cansado. Aunque no mide más de metro y medio, es capaz de cargar hasta 20 kilos de fresas. Dice que las fuerzas se le han acabado poco a poco, pero no puede darse el lujo de no trabajar, porque es el único sustento de sus cuatro hijos y su madre, enferma de cáncer.

“Es como si estuviéramos malditos, todos nos enfermamos”, dice mientras saca una fotografía de su bolsa y clava la mirada en las caras de dos adolescentes. “A mi mamá le dio cáncer y ya no pudo seguir en el campo; toda su vida la pasó entre cultivos, a mí no me falta tanto tiempo y ahora, miro a mis hijas y tengo mucho miedo”.

Ángela es una adolescente de 15 años. Es hija de María y, al igual que ella, tiene el cuerpo color chocolate. Vista de espaldas aparenta menos edad, pero el tiempo se le viene encima en las manos y en el rostro; su camino es idéntico al de su madre.

Convulsiones y sicosis

Los tanques de pesticidas están bajo resguardo de los capataces y mayordomos del rancho. Rara vez los campesinos se asoman por el cuarto donde los tienen almacenados, pero en esta ocasión la curiosidad le ganó. José, uno de los jornaleros, fotografió los envases: bromuro de metilo + cloropicrina, dice sobre las etiquetas.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ambos pesticidas son considerados tóxicos y dañinos para la salud. Una de las exigencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que periódicamente se deben realizar pruebas neurológicas y neurosicológicas a los trabajadores expuestos a estas sustancias.

La recomendación obedece a que se detectó una relación entre el contacto de personas con ambos fumigantes y daños en el sistema nervioso, que se traducen en convulsiones o sicosis.

En el caso de la cloropicrina, tiene fuerte olor y efectos irritantes. Principalmente se utiliza junto con otros fumigantes líquidos como “agente de alerta”, pero, al igual que el bromuro de metilo, tiene efectos negativos en la salud; por ejemplo, causa irritación severa en el tracto respiratorio superior, los ojos y la piel. Puede esperarse que la ingestión cause una gastroenteritis corrosiva.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) advierte que la exposición puede generar neuropatías periféricas, dificultad para hablar y secuelas neurosiquiátricas como dificultad en el andar, movimientos involuntarios de los ojos, temblores, contracciones musculares involuntarias, ataques, disminución de las habilidades mentales y desórdenes severos mentales, las cuales pueden desarrollarse hasta semanas después de la exposición y pueden persistir indefinidamente.

Trajes viejos para las inspecciones

José cuenta que bomberos protegidos con trajes herméticos llegan periódicamente para fumigar la tierra; es una escena que no comprenden porque, mientras, cientos de campesinos permanecen arrodillados entre las legumbres o las frutas, unos pizcando u otros regando. El gas tóxico los invade de pies a cabeza.

–¿Llevan algún tipo de
protector?

–No, ninguno. Bueno ellos, los bomberos, sí, pero nosotros no.

–¿Guantes, cubrebocas, trajes… algo?

–Nada… Sí, tienen algún equipo de esos viejos y cuando vienen las inspecciones, pues sí arman todo y nos dan las cosas, pero muy pocas veces los usamos.

Campesinos y familiares de los trabajadores han comenzado a reunirse para contar los casos de padecimientos cancerígenos, enfermedades crónico-degenerativas o incluso nacimientos de niños con malformaciones. Ninguno de ellos tiene la certeza de que las enfermedades estén plenamente relacionadas con los plaguicidas, pero exigen la intervención de las autoridades para investigarlo. 

Mujeres, las más vulnerables

En la familia de María existen al menos dos diagnósticos de cáncer: el de ella y el de su madre. Tiene cuatro hijos, dos son mujeres y teme por ellas; piensa que, como ha ocurrido, el nombre de esa terrible enfermedad también las puede alcanzar. Aunque quisiera sacarlas del trabajo del campo, la realidad es que su economía no les permite pensar en esa opción.

La investigadora Gabriela Muñoz, del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), explica que existen estudios de organizaciones internacionales que relacionan enfermedades como el cáncer y malformaciones con pesticidas y fumigantes, particularmente en los casos de la mujer.

Señala que los compuestos de estas sustancias tienen moléculas orgánicas y otras que además son tóxicas, las cuales al tener contacto con las personas se almacenan en los tejidos adiposos. En este caso, dice, las mujeres quedan en desventaja, ya que su anatomía las hace más vulnerables: “senos, caderas, muslos o incluso el trasero.

“Hay estudios de organizaciones internacionales que confirman la relación entre los pesticidas con la leche materna. Es decir, tendríamos que pensar, bajo el supuesto de que las empresas no usan medidas preventivas, que las mujeres embarazadas que tuvieron contacto con los fumigantes están gestando a sus hijos en condiciones tóxicas, pero que además, al nacer, se van a llevar una inyección de químicos con la leche materna”, advierte.

Pero esta no es la primera vez que el mundo pone los ojos en el uso de sustancias químicas para fumigar campos agrícolas, dice Muñoz. Desde hace más de 30 años surgieron las voces de especialistas que denunciaron el impacto de los gases en la salud de los campesinos que periódicamente mantenían contacto.

Una de ellas fue la bióloga Rachel Carson, quien desde 1960 sostenía que los pesticidas y los fumigantes dañaban la capa de ozono, además de ocasionar la muerte de la flora y fauna, y de generar enfermedades entre los trabajadores que eran expuestos. Lo anterior, dice la investigadora, desató una polémica que terminó con la creación de un marco legal para el uso de estas sustancias, pero a casi medio siglo, parece no haber muchos cambios:

“México es la pluma más rápida del Oeste; firma acuerdos internacionales hasta parece que con la convicción de cumplirlos, pero no es así. Tenemos un marco legal y siguen proponiendo más leyes; primero hay que cumplir con las que ya tenemos. Mejorar va a depender de que las personas exijan sus derechos, el gobierno vigile y las empresas cumplan”, señala.

Para Muñoz la exposición de los trabajadores, no solo las mujeres, a los pesticidas es una bomba de tiempo. En México las autoridades todavía no ponen la suficiente atención no solo para regular el uso, sino garantizar el cumplimiento de las empresas agrícolas en las medidas de prevención para evitar daño en la salud de los campesinos.

Incumple protocolo para eliminar el bromuro de metilo

Desde el 1º de enero de 2014, México se declaró libre del bromuro de metilo de acuerdo con el Protocolo de Montreal que firmó. Los estragos causados al medio ambiente por esta sustancia utilizada normalmente por las agroempresas fueron la causa de este pacto de colaboración entre diferentes países.

“El bromuro de metilo es un plaguicida muy eficiente utilizado en la fumigación de suelos agrícolas… sin embargo, es una de las sustancias más dañinas para la capa de ozono. En la Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal de 1992 se reconoció al bromuro de metilo como una de las sustancias responsables del deterioro ambiental”, se lee en una de las publicaciones del protocolo.

El doctor en ciencias químicas de la Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería Rubén Sepúlveda, y ex director de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se pregunta si el bromuro de metilo es dañino para el medio ambiente “¿qué podría causar con trabajadores que están expuestos a esta sustancia diariamente y por largos
periodos?

Con su firma, el Estado mexicano se comprometió a dejar de utilizar los pesticidas y los fumigantes con bromuro de metilo en los campos agrícolas del país. Se presumieron diferentes programas de capacitación para los empresarios sobre otras opciones para fumigar la tierra; sin embargo, la realidad es que no existen garantías sobre el cumplimiento al 100 por ciento del tratado. Ni siquiera de las normas ambientales locales.

Sepúlveda señala que, para determinar el impacto por el contacto con tóxicos, primero se debe analizar el tiempo de exposición, las barreras físicas y la distancia. Para disminuir el riesgo, en el caso de los ranchos agrícolas, las autoridades contemplan el uso de equipo de protección, así como la aplicación de protocolos de seguridad, que no siempre se cumplen.

“Pienso en los campesinos; por ejemplo, con ellos estas barreras se derrumban fácilmente. Fumigan y esparcen las sustancias mientras ellos trabajan; ellos no pueden controlar el tiempo de exposición, pero si, además, ni siquiera les entregan equipo de resguardo… eso definitivamente es poner en peligro su vida”, lamenta.

Por Juan Luis García Hernández, sinembargo.mx

El glifosato es el herbicida de uso más generalizado en el mundo y este mes la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer (IARC) entregará un reporte que lo califica como “probable cancerígeno en humanos”. Mientras que otros países, como Francia, pretenden poner un alto a esta patente de la transnacional Monsanto, en México, su uso está permitido.

De acuerdo con Sandra Laso Jácome, vocera de la campaña de transparencia “Comida Sana, Tierra Sana” de Greenpeace, apuntó que en México hace falta una regulación por parte de las autoridades sobre el uso de agrotóxicos.

“Si consideramos que el catálogo de plaguicidas no ha sido actualizado en los últimos 10 años, y que ha salido a lo largo de este periodo sobre la toxicidad, que algunas de estas sustancias como recientemente fue el glifosato, fueron catalogadas como probables cancerígenas”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

Hasta hoy, el catálogo oficial de plaguicidas de la Secretaría de Salud maneja dos categorías de efectos a la salud por exposición al glifosato: aguda y crónica. En la primera específica “ligero irritante dérmico y oral. Severo irritante de los ojos”, y en la segunda, se limita a informar “no se han encontrado efectos en los estudios realizados en animales”.

El 22 de marzo la IARC, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud (OMS), adelantó, antes de publicar una monografía sobre el glifosato este mes, que nuevas sustancias químicas utilizadas para la agricultura entraron en la lista de “probablemente cancerígena para humanos”, entre ellas los insecticidas malatión y diazinón; y el popular herbicida glifosato, comercializado como Roundup y conocido en México como Aquamaster.

Las razones de la IARC para sustentar la nueva categoría de este herbicida estuvieron basadas en la evidencia “de estudios de exposiciones [de humanos a la sustancia], principalmente agrícolas, en los Estados Unidos, Canadá y Suecia, publicados desde el 2001”, citó la agencia de investigación en un comunicado.

Asimismo, la IARC se basó en investigaciones sobre tumores en ratones. De acuerdo con la IARC, la propia Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, por sus siglas en inglés) clasificó en un inicio al glifosato como “posiblemente cancerígeno” en 1985, pero se desdijo seis años después.

Datos de Greenpeace sostienen que en México, por cada mil hectáreas se utilizan 3 mil 307 toneladas de plaguicidas y el glifosato sería uno de los más aplicados.

Por otra parte, activistas denuncian que el Gobierno mexicano se ha visto incapaz de desmarcarse de los productos de Monsanto que son aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

“Colombia, Ecuador y Perú, están tomando decisiones para prohibir el glifosato, que es altamente utilizado en el combate de la Coca, presionados por el Gobierno de los Estados Unidos”, dijo Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), que agrupa a 60 mil productores de maíz, durante una conferencia en defensa de ese cereal esta semana.

El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) de Colombia resolvió, en mayo, reducir a la mitad el uso de glifosato para atacar las plantaciones ilegales de coca, la cual sirve para obtener el estupefaciente cocaína. Por lo que Suárez Carrera pidió al Gobierno mexicano hacer un posicionamiento claro en contra del plaguicida.

Más recientemente, en Francia, la Ministra de Ecología Segolene Royal anunció la prohibición de la venta libre del Roundup, del cual su principal componente es el glifosato.

La Ministra habló en televisión nacional sobre “encabezar una ofensiva”contra los pesticidas tóxicos y pidió “a las tiendas de jardinería que retiren de la venta” los productos con dicho componente.

En contraste la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México, no ha establecido un pronunciamiento luego de los hallazgos de la IARC.

GLIFOSATO Y AUTISMO

Antonio Turrent Fernández es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y tiene una larga trayectoria en la investigación de temas agrícolas. Turrent recalca que además de cáncer, a la patente de glifosato de Monsanto se la han acuñado otros males como el autismo y el daño a la microbiota intestinal.

“En Estados Unidos desde 1990 para acá se ha vuelto transgénico en todo, pero en los ochentas antes de la era transgénica, ya había, la frecuencia de niños con autismo, era de uno por cada 2 mil 500 niños, pero todo esto empezó a crecer, y en la actualidad es uno de cada 68 nacimientos”, dijo Turrent a SinEmbargo.

El autismo es un problema complejo y multicausal. Sin embargo, en el 2012 la investigadora Stephanie Seneff of the Massachusetts Institute of Technology (MIT), hizo una correlación entre el glifosato y dicho trastorno.

“Ella dice que el glifosato, es una antibiótico. Cuando se le da a las plantas inhibe uno de los ciclos, que produce tres aminoácidos esenciales para la planta pero también para nosotros”.

Seneff señaló la correlación entre el incremento de los plaguicidas en el cultivo agrícola con glifosato y los altos índices de autismo.

De acuerdo con la investigadora, el principal problema de las regulaciones de los Estados Unidos es que son ciegos frente a que el glifosato incrementa la toxicidad de otros químicos como el aluminio y la glutamina. Esto hace que se eliminen las bacterias buenas para el organismo, relacionadas con la digestión y la microbiota intestinal.

“Si yo ingiero glifosato se va a mi flora intestinal y mata mis bacterias que son susceptibles, y las que son tolerantes se quedan, pero, ya no son las que yo necesito para funcionar”, aseveró el doctor Turrent.

Si no hay nada más rico que la Nutella, no hay nada más raro que un país serio como Francia le declare la guerra. Pero tienen razón. Es porque utiliza aceite de palma y sus plantaciones son una amenaza al medio ambiente por la deforestación y por la irresponsabilidad de empresas como Repsa, que hace dos meses aceptó que estaba contaminando el río La Pasión, como consta en un documento al que tuvieron acceso Nómada y CMI.

Por Rodrigo Véliz Y Gladys Olmstead
Nomada.gt

(Primera parte de la investigación.)

El ecocidio desde el 6 de junio en el río La Pasión impactó a Guatemala y al mundo. Las imágenes de miles de peces y algunas tortugas muertas no se irán de la memoria colectiva. Y cada vez queda menos espacio para esconder la responsabilidad de la empresa que lo causó.

Repsa lo niega. Una y otra vez. Difunde versiones de que fueron las comunidades o alguna perversa oenegé. O los narcos. El 11 de junio publicó un comunicado en el que dijo que “en 15 años no ha sido responsable de ningún daño a las fuentes acuíferas de la localidad”. Pero es mentira. Los periodistas que escriben este reportaje tuvieron acceso a un documento entregado por Repsa al Ministerio de Ambiente a inicios de mayo, en donde acepta que sus lagunas de oxidación (donde se retiene el agua con pesticidas usada en sus cultivos) se rebalsaron debido a lluvias 38 días antes del gran ecocidio.

En el documento número GAC-0026-2015-gac, Repsa explica que la noche del martes 28 y el miércoles 29 de abril se registraron lluvias más fuertes de lo normal, lo que provocó que los riachuelos que corren en los márgenes de la laguna de oxidación 10 se saturaran, inundándola y ensuciando parte de su caudal. La corriente siguió por el Arroyo San Ignacio, desembocando en el Río La Pasión. Repsa aceptó por escrito que no tuvo capacidad de reacción. En el documento al que tuvieron acceso Nómada y CMIguate.org, Repsa escribió el jueves 30 de abril que tuvo noticias de peces flotando con síntomas de asfixia.

Luego de tomar muestras del río, Repsa las envió a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de San Carlos, que el 1 de mayo confirmó, como se publicó en este reportaje de Luis Solano, que el agroquímico utilizado era Malatión, letal para cualquier ecosistema.

Repsa ha negado responsabilidad en los hechos. Y no meten las manos al fuego por ella otras empresas, pero sí lo hacen desde el gobierno del PP o desde el partido Líder.

Consultados sobre el asunto, las cámaras donde está agremiada Repsa prefirieron no opinar. Grepalma dijo a estos periodistas que “cada empresa maneja sus propios controles agroquímicos”, y la Cámara del Agro fue de la misma opinión.

Pero el Estado de Guatemala parece no tener ningún poder sobre Repsa. Las instalaciones de su planta procesadora en Sayaxché fueron allanadas por el Ministerio Público y el juzgado tercero ordenó el cierre temporal de la planta, a lo que Repsa se ha negado porque dice que es inocente.

El Gobierno de Otto Pérez y el partido Líder, de Manuel Baldizón, parecen hacerle hacen caso. Benedicto Lucas, del Consejo de Áreas Protegidas (Conap), y el diputado petenero de Líder, Manuel Barquín, dijeron a la prensa que narcotraficantes del área podían estar entre los implicados, eximiendo de responsabilidad a la empresa.

Aunque la relación entre palmeros y narcos no es tan conflictiva. Una investigación de Plaza Pública en 2012 denunció que le alquilaban propiedades al capo Ottoniel Turcios.

Se pidió la opinión de varios representantes de Repsa sobre estas acusaciones, pero no respondieron. Se les preguntaría no sólo sobre este documento en el que asumieron responsabilidad, sino también sobre sus compradores. Investigaciones académicas han publicado que venden en su mayoría a empresas multinacionales con sede en México y exportan también hacia el puerto europeo de Rotterdam, el más grande de ese continente. Empresas intermediarias a las que les compran fábricas como la de Nutella.

Cómo sigue el río ahora que ya no hay peces muertos (ni vivos)

Con 353 kilómetros de largo (casi la distancia entre Ciudad de Guatemala y Sayaxché) el río La Pasión alberga al menos 14 comunidades en sus orillas. Pequeñas sociedades, con unas 10 mil personas, viven de las aguas de su caudal. O por lo menos lo hacían hasta hace 18 días.

El 6 de junio la vida se trastornó para miles de animales y árboles, pero también para miles de personas en Sayaxché, Champerico, El Pato, Semuy, Flor de Selva, el Colorado. El agua para tomar, para lavar, para bañarse y pescar, ahora es una corriente que despide un olor desagradable y miles de moscas. El río ya no es lo que era antes, aseguran sus habitantes.

La comunidad de El Pato es la primera a la que llegaron estos periodistas en las orillas del río La Pasión. La mitad de la población trabaja para Repsa, con la que colinda. Ellos reciben el agua que viene del río Sebol. Y el caudal se alimenta de diversos riachuelos hacia el río Usumacinta. En medio de la comunidad sale un arroyo conocido como San Ignacio. El mismo que ahora funciona para marcar el antes y el después.

En la primera mitad de la comunidad El Pato, las mujeres bajan al río a lavar, los niños salen a nadar, y la vida es lo que se espera que sea a la orilla de un río. Pero acercarse al arroyo San Ignacio es otra historia. El olor dentro de esta ramificación del río es insoportable. El agua tiene un color oscuro y se puede ver aceite en su superficie. Estos periodistas vieron un pez agonizando el sábado pasado. “Las lagunas de oxidación están cerca de aquí, pero ya no se puede pasar, eso sólo lo puede ver si viene desde adentro”, explica el conductor de la lancha y residente de El Pato.

Los nombres de los comunitarios que hablaron para este reportaje no se publicarán para evitar represalias de la empresa. HAME es el nombre del consorcio de Repsa y de su dueño, Hugo Alberto Molina Espinoza. Mientras se hacía este reportaje, un picop con las siglas HAME fue visto por estos periodistas vigilando a las comunidades y con quiénes hablaban sus vecinos.

Avanzando sobre al río La Pasión, las plantaciones de palma africana son imponentes. Hay kilómetros de kilómetros de kilómetros de palma sembrados a la orilla, y luego una tubería sobresale del agua. “De ahí sacan los desechos”, asegura el guía.

Luego se observa el ferry privado de Repsa. También hay camiones esperando a ser cargados y un depósito de agua. En el que se lee OLMECA. Sí, de los aceites, que se sacan de la palma. A la par, hay grandes pipas industriales de las que sale humo negro. “Ellos siguen trabajando (a pesar de la orden del juzgado). Ya desde hace días que se escuchan las máquinas arrancadas”, dicen algunos vecinos.

Aquí empezó a sentirse el desastre. “Ese día, navegando adentro del río se sentía un olorcito que qué pestilencia. Había un aceitaje sobre el agua, que era toda la shuquedad saliendo del arroyo”, dice un vecino. Pero a esa altura del río en ese primer momento no vieron ni un solo pez muerto. Porque todos los que se murieron ahí fueron arrastrados por la corriente, río abajo.

Fueron a caer a la comunidad de Champerico. Sus vecinos recuerdan que trabajadores de Repsa dieron la alarma. “Ellos nos llamaron y nos dijeron que se estaban muriendo los peces, que bajáramos a la orilla a ver. Cuando llegamos aquí se venían a morir algunos y otros saltaban afuera del agua, como buscando vida, pedían auxilio”, asegura el alcalde auxiliar de Champerico, Domingo Chop.

En este poblado, el agua sí quedó totalmente restringida. Por lo que representantes de la comunidad decidieron hablar con Repsa y solicitar agua y una pileta para poder tener una reserva. La empresa aceptó, a cambio de que se le eximiera de responsabilidad por escrito, en un documento firmado el 15 de junio. “Las autoridades no nos escuchan y nuestra gente está pasando penas. Si la palmera me escucha y me responde, yo voy pedirle cosas a la palmera”, explica un comunitario.

Estas alianzas de algunas comunidades con Repsa dividió a los vecinos del municipio de Sayaxché. En un documento al que tuvo acceso Nómada, la mayoría pidió a la alcaldía de Sayaxché que anulara ese acuerdo del 15 de junio, exigiera a Repsa que se comprometiera a a cumplir con sus compromisos con las comunidades y dejara sin efecto el documento firmado por algunos Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

Entre los grupos que aceptaron una alianza con la empresa palmera, se encuentra también la Cooperativa de Pescadores de Sayaxché. El presidente, Evaristo Calvenate, explica sus razones. Los pescadores no tienen otros trabajos. Su vida la dedicaron a la pesca, y ahora se quedaron con equipo y deudas. “Yo lo que pedí fueron entre Q20 mil y Q30 mil para cada pescador. Pero no es para que paguen sus deudas, sino para que puedan empezar otro proyecto que pueden ser: gallinas ponedoras, tener alguna cosecha, cuidar ganado o seguir con la pesca en otros ríos”, dice Calvenate.

El ecocidio podría ser más grave y permanente

La magnitud de este desastre ecológico es imposible de medir. Sus efectos no se limitan a la mortandad de los peces. Los químicos que el río lleva en sus aguas podrían afectar a todas las especies alrededor de la cuenca (incluída la especie humana). Raúl Maas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, considera que “cayó una sustancia con una demanda de oxígeno muy grande, lo que dejó a los peces sin la capacidad de respirar, por lo que murieron de asfixia”.

Maas asegura que los animales que murieron son los que cuentan con respiración acuática. Y es por esta razón que se encontraron muy pocas tortugas muertas y ni un solo cocodrilo. “Lo importante en este caso es conocer el cóctel biocida que fue vertido en el agua. Me refiero a una sustancia que seguramente está compuesta por diversos químicos y es la causante de la contaminación”.

El investigador asegura que no es posible calcular el tiempo para que este problema se resuelva y que la biodiversidad regrese a ser lo que era. Y explica que “habían peces en peligro de extinción, especies consideradas endémicas como el pez blanco y la pigua”. El daño que se le ocasionó al río es prácticamente irrecuperable: un ecocidio.

Los trabajadores defienden a Repsa

En este panorama, sólo los trabajadores de Repsa la defienden. Uno de ellos dice que trabaja en una oficina allí. Con un horario de 12 horas diarias. “De 12 a 12”. Con salario mínimo de Q2,500. “Pero con las horas extra podemos llegar hasta a Q6,200”, asegura el empleado.

–¿Qué pasaría si Repsa no asume su responsabilidad una vez declarada culpable? ¿Buscarían justicia para su comunidad?
– Yo no sé qué haríamos, porque nosotros ¿de qué vamos a vivir? Millones de personas se quedarían sin trabajo, y eso no le conviene a nadie, ¿o sí?

(La palma africana, de hecho, es la agroindustria que menos mano de obra usa en el país.)

–Pero el agua contaminada tampoco le conviene a nadie, ¿buscarán presionar desde adentro?
– Es nuestra comunidad. Pero toda la gente ya vendió sus terrenos a la perforadora. Si ellos se van o cierran, nosotros de qué vamos a vivir.

Una perforadora de palma que produce 80 toneladas por hora, 960 cada 12 horas, 1,980 toneladas por día en una de las dos fábricas que tiene en la región. Ha dicho a sus empleados que podría cerrar. Ellos defienden su trabajo y no confían en las personas de afuera.

La no-vida en la cuenca

Los trabajadores son los únicos que la defienden. Los demás vecinos le tienen miedo a la empresa. Tanto que piden que no se publiquen sus nombres como condición para hablar con los periodistas.

La vida en Sayaxché es poca vida. “Los pescadores estamos como caballos desbocados, sin riendas ni rumbo”, dice uno de ellos. Sin la posibilidad de salir a pescar para traer insumos a la casa, no tienen nada qué hacer. Nada. “Si viene cualquier día aquí a la casa, nos va a ver igual, sin hacer nada”.

La esposa de otro pescador dice que de sus cuatro hijos, “tres son profesionales y todos salieron de la pesca; sólo falta la última”. A la que intentará ayudar a estudiar con su negocio de tortillas. “Yo le digo que no se preocupe, aunque de la tortiada la verdad es que no se saca mucho”.

“Es una gran crisis, tenemos el río vedado por los de Conred”, añade otro. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres cuenta con un equipo en la zona para monitorear el agua e informar a los vecinos.

Y los vecinos la están pasando mal. Otro de Sayaxché había logrado graduar a seis hijos con su trabajo en la pesca. Ahora está sin nada para trabajar. “De brazos cruzados, porque yo pescaba y mi esposa vendía el pescado”. Pero además de la falta de empleo, se le suma una deuda en el banco por Q150,000, de la que tiene ya un mes atrasado. “Hipotecamos la casa porque necesitábamos el dinero para arreglarla, estábamos confiados del trabajo que teníamos”, asegura el pescador, que fue uno de los que Repsa contrató para recolectar los peces muertos. “No se puede decir quintalería sino toneladas de peces eran”.

Conred le dijo a los vecinos que tal vez en cinco años se recupere el ecosistema. Por eso cuando se les pregunta cómo están responden que llorando el río. A un niño de cinco años, con el nombre inventado de Byron, se le preguntó si le gustaba nadar. “Ya no, ahí hay veneno”.

“Es una tragedia que lleva veinte años”

FOTOGRAFIA › LA SERIE EL COSTO HUMANO DE LOS AGROTOXICOS, DE PABLO PIOVANO, GANO DOS PREMIOS

Las imágenes captadas por el fotógrafo de Página/12 representan un testimonio potente y conmovedor sobre el impacto de la fumigación masiva con agroquímicos, en particular el glifosato y el 2.4D, sobre las comunidades del Litoral y el Norte argentino.

Por Andrés Valenzuela, Página/12

“Para mí este trabajo es, sobre todas las cosas, un acuerdo con la tierra”, plantea el fotógrafo de Página/12 Pablo Piovano. Su serie de fotos El costo humano de los agrotóxicos ganó esta semana dos premios internacionales. En el de la agencia FID Prensa se impuso por sobre más de 1300 participantes. Además, obtuvo el tercer lugar en el Premio Carolina Hidalgo Vivar de Medio Ambiente, una de las categorías de Pictures of the Year Internacional, en la sección iberoamericana. La serie de doce fotos presenta un testimonio conmovedor sobre el impacto de la fumigación masiva con agroquímicos, en particular el glifosato y el 2.4D, sobre las comunidades de las provincias del Litoral y el Norte argentino. “Me fui dos veces a recorrer más o menos 6000 kilómetros en cada viaje porque veía cifras que eran alarmantes y no había ningún tipo de información seria, no se visibilizaba un asunto que es un genocidio por goteo”, cuenta Piovano.

Los datos que aporta apabullan: un tercio de la población Argentina está afectada directa o indirectamente por el glifosato. Son 13.400.000 personas que viven en los alrededores de la zona tratada con estos agroquímicos. En 2012 se utilizaron 370 millones de litros de agroquímicos sobre 21 millones de hectáreas sembradas con semillas transgénicas, es decir, sobre el 60 por ciento de la superficie cultivada del país. En la última década se triplicaron los casos de cáncer infantil y las malformaciones congénitas se cuadruplicaron. Aunque cuesta zanjar la cuestión entre informes científicos de uno u otro bando, para el fotoperiodista la causalidad es clara. Por eso, advierte que el glifosato y otros agroquímicos están prohibidos en 74 países.

“Me resultaba increíble, por eso salí a constatarlo, a documentarlo –continúa–; la primera vez me acompañó Arturo Avellaneda, un militante, y fue simplemente para hacerme compañía, para bancarme.” Las escenas que presenciaban eran tan duras que Avellaneda lloraba tres veces por día, revela Piovano. “El tiene una conciencia biológica muy fuerte, es un tipo muy instruido, y se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero en Chaco me dijo que no daba más, y seguí solo hasta Misiones.” Para Piovano su material es “muy fuerte”. Y no exagera nada: se queda corto.

El segundo viaje también lo hizo de forma independiente, como una suerte de misión personal. Para esta segunda experiencia sumó al periodista Carlos Rodríguez –también de Página/12–, para que pudiera plasmar un testimonio escrito de lo que comprobaban. “Para mí la causística que hace que una persona tenga una enfermedad, una malformación, un cáncer, una columna bífida o hidrocefalia, tiene que ver con que se haya fumigado durante las primeras temporadas de embarazo, o que sus padres hayan trabajado toda su vida ahí o los niños hayan nacido en ese contexto”, señala. Las fotografías de la serie revelan ese impacto en la salud de las poblaciones rurales. “En un pueblo de Chaco tienen un pozo común que abren dos horas al día, esa agua es fumigada y lo doloroso es ver cómo ese agua de consumo familiar se carga en los bidones recién vacíos de glifosato.”

“Este trabajo tiene la intención de ser un trabajo documental de largo aliento –plantea Piovano–. Es distinto a mi tarea de todos los días, al retrato de alguien del mundo de la cultura, quizás; aquí enfrente hay víctimas, están el dolor y la enfermedad.” El fotógrafo se siente también obligado hacia las 70 familias que le abrieron las puertas de sus casas para que los retratara. “Esto es una tragedia que lleva 20 años, cuando ya en el ‘96, siendo (Carlos Saúl) Menem presidente, Felipe Solá como ministro de Agricultura firmó un acuerdo con Monsanto, con folios en inglés y sin constatar con científicos nacionales e independientes. Este es el costo humano de este nuevo sistema agropecuario, que produce una rentabilidad enorme, pero también un daño irreparable.” El trabajo continúa. Los premios internacionales que ganó, confía, serán puertas para abrir al mundo un tema crucial que los medios concentrados no abordan.

Algunas de sus fotos en el Suplemento RADAR.

por Raúl Zibechi, en cipamericas.org

Campaña Paren de Fumigados

En los pequeños pueblos de la pampa argentina, las fumigaciones con glifosato enferman a la población y contaminan la vida. La resistencia al modelo de agricultura industrial crece día tras día.

“Estoy aquí porque enterré a cuatro familiares”, dice Raquel en un tono casi inaudible. “Mi papá, mi primo y un hermano de mi papá que trabajaban fumigando, además de mi hermano que trabajaba en una escuela rural”. Raquel es maestra y vive en Elortondo, un pequeño pueblo de seis mil habitantes a 300 kilómetros al sur de Santa Fe, donde reinan la soja y las enfermedades provocadas por las fumigaciones.

“El 80 por ciento son gente de campo”, agrega.

 

Raquel carga una pesada carpeta con trabajos de sus alumnos de 7° grado, casi todos de 13 años. Con ellos hicieron una amplia encuesta para conocer la realidad sanitaria de la población. La escuela está pegada a las vías del tren y frente a los silos secadores de soja. Casi todos los encuestados por los niños, sus vecinos y familiares, tienen conciencia de los problemas de salud que provocan las fumigaciones.

“Para llegar a la escuela hay que pasar cerca de los silos y no se puede respirar. Los niños que salen a la calle mientras funciona la secadora quedan con la ropa blanca, que es el polvillo que sale de los silos que se difumina en la escuela y en todo el pueblo”, explica la maestra. El proyecto que encabeza Raquel se llama “Somos lo que respiramos”, pero las autoridades les impidieron concursar ya que aborda un tema “polémico”.

Se pone triste y apaga aún más la voz cuando relata la indiferencia de las personas que podrían implicarse en la defensa de la salud. Es común que en los pueblos el presidente comunal, la directora escolar y la cooperadora con la escuela tengan algún tipo de relación con los plantadores de soja. “Vine porque en el pueblo queremos formar un grupito, para hacernos sentir”. Con esa intención llegó al 17° Plenario de la Campaña Paren de Fumigarnos de la provincia de Santa Fe.

Los pequeños grandes avances

Carlos Manessi y Luis Carreras, dos de los militantes del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), sienten que el muro de silencio se va resquebrajando por las dos noticias que se difundieron en las semanas anteriores a la celebración del plenario, a cuya organización dedicaron muchas horas de trabajo al “viejo estilo”: dedicar todo el tiempo posible a la causa.

La primera es que la Organización Mundial de la Salud declaró el 20 de marzo que “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)” y que el mismo herbicida “causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”. El periodista ambiental Darío Aranda escribió que “el glifosato desde hace más de diez años es denunciado por organizaciones sociales, campesinas, médicos y científicos independientes de las empresas” (MU, 22 de marzo de 2015).

En Argentina hay 28 millones de hectáreas de cultivos transgénicos (soja, maíz y algodón) sobre los que se riegan 300 millones de litros de glifosato cada año. Pero también se utiliza en frutales, girasol, pasturas, pinos y trigo. Aranda explica que en la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, uno de los espacios de la OMC, 17 expertos de once países trabajaron durante un año para llegar a la conclusión de que el glifosato es cancerígeno.

El glifosato es el herbicida de mayor uso en el mundo, tanto en productos de aplicación agrícola como en espacios urbanos y en el hogar. El producto de Monsanto se comenzó a usar masivamente con el desarrollo de los cultivos transgénicos. En 1996 en Argentina se usaban 11 millones de litros de glifosato, pero ese año se aprobó la soja transgénica y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados estima que ahora se utilizan 320 millones de litros.

En 2009, Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet) advirtió que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios. Como recuerda Aranda, “debió enfrentar una campaña de desprestigio por parte de las empresas, de sectores de la academia y de funcionarios políticos”.

Carrasco abrazó la causa de los afectados por el glifosato, apoyó incondicionalmente a las poblaciones de los pueblos fumigados como las Madres de Ituzaingó[1], afirmaba que “la mayor prueba de los efectos de los agrotóxicos no había que buscarlas en los laboratorios, sino ir a las comunidades fumigadas”. Falleció en mayo de 2014, semanas después de participar en la escuelita zapatista y hoy es un símbolo de la lucha contra los agrotóxicos.

La segunda resolución que anima a Luis y Carlos es la reciente del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, del 25 de marzo, que prohíbe la aplicación del potente tóxico 2,4-D en toda la provincia y restringe severamente la aplicación aérea y terrestre. En adelante sólo podrá usarse en aplicaciones aéreas a más de 6.000 metros de las poblaciones y en las terrestres a más de 1.000 metros de los centros poblados (http://www.cepronat-santafe.com.ar/, 31 de marzo de 2015).

En junio de 2014 Cepronat había presentado un expediente solicitando la prohibición o restricción del 2,4D, el agrotóxico que es el segundo herbicida más usado por la agricultura en la Argentina y el tercero en Estados Unidos. De este modo, la provincia se convierte junto a Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Córdoba, en una de las primeras en adoptar restricciones.

38 años resistiendo

Cepronat participa en la Campaña Paren de Fumigarnos, nacida en setiembre de 2006 en las provincias más afectadas del país. Santa Fe es junto a Córdoba y Buenos Aires una de las tres principales provincias sojeras. Sólo en Santa Fe la campaña reúne organizaciones y personas de cien localidades que, como señala uno de sus documentos, “veían deteriorar su calidad de vida y cambios en la forma de enfermar y de morir”.

La campaña cuenta con el apoyo de organizaciones barriales, culturales y sindicatos, como el de los maestros que cedieron el camping a 15 kilómetros de la ciudad para albergar al medio centenar de participantes del plenario. En la ronda de presentaciones se nombran unas 20 organizaciones de varios pueblos, algunos de los cuales se definen como “refugiados ambientales”, que serían hasta 250 mil en la provincia.

Una decena de militantes (del Cepronat y de otras organizaciones que integran el Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente) preparan el espacio del encuentro, registran a los asistentes y colocan carteles. Ezio, el “presidente” de Cepronat, transpira bajo el fuerte sol del mediodía junto a la parrilla donde prepara la comida. Luis no para de trajinar, con sillas, con cajas y botellas, de trepar para colocar pancartas. Carlos abre el plenario y explica los modos de trabajo. Un equipo de gente sencilla, entregada a la lucha por la vida.

Cepronat nació en 1977, en plena dictadura militar, dos meses antes que la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Todos los meses publican el boletín El Ambientalista (que ya lleva 284 ediciones) con informaciones sobre los pueblos fumigados, denuncias de productos que dañan la salud y de cualquier iniciativa que destruya el medio ambiente.

El Centro de Protección de la Naturaleza “es la primera organización no gubernamental formada por ciudadanos preocupados por el ambiente en el interior de la Argentina”, que ya en 1978 se involucró en frenar las fumigaciones de mosquitos en Santa Fe, realizó cientos de plantaciones de árboles autóctonos en la ciudad y fue una de las primeras organizaciones en oponerse a la IV Central Nuclear y conseguir la ordenanza que declara “Santa Fe No Nuclear” (El Ambientalista N°283, marzo 2015).

En la década de 1990 promovió el rechazo a una represa en el Paraná Medio. Desde que comenzó a implementarse el nuevo modelo agrícola a mediados de la década, se encuentran en una encrucijada que los lleva a abordar los dos problemas principales: las aspersiones con agrotóxicos y la defensa de los espacios públicos urbanos. Es una misma lucha o, mejor, la resistencia a un mismo modelo.

Luis relata con inocultable pasión una de las últimas batallas en la que estuvo empeñado Cepronat: la defensa del parque Alberdi, un emblemático espacio verde en el corazón de la ciudad, muy cerca del río Paraná. El gobierno de la ciudad decidió remodelar el parque que alberga más de cien árboles, con menos verde, más cemento y la concesión a una empresa privada.

Lo que más rechazo generó fue la decisión de construir 300 plazas semisubterráneas para coches porque cambia la fisonomía del parque, mientras los empresarios privados que la construyen tendrán la explotación por 30 años, abonando un canon de poco más de cien dólares mensuales. La comuna les entrega un espacio público de 15 millones de dólares cuya inversión recuperarán en los primeros cinco años.

Cuando comenzaron a talar los árboles cientos de vecinos ocuparon el parque, el 14 de junio de 2014, instalaron tiendas y durmieron allí durante varios días. Crearon la Asociación Ciudadana en Defensa de lo Público y los días 14 de cada mes retornan en grupos al parque recordando la fecha de la toma. La privatización y especulación con los espacios públicos es parte del mismo modelo extractivo que los monocultivos de soja y la minería a cielo abierto.

Enfermedad y dominación

La ronda empieza los debates. Luego de las presentaciones de rigor, Carlos recuerda que la Campaña Paren de Fumigarnos lleva más de seis años recorriendo pueblos, realizando tres plenarias provinciales cada año y que ahora cuenta con la presencia del grupo de médicos de la Universidad de Rosario y de un equipo de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, además de un grupo de la vecina Paraná.

Entre los testimonios de los afectados, destaca –además de Raquel de Elortondo- el de Roberto, de Ceres, una ciudad de 15 mil habitantes a 260 kilómetros al noroeste de la capital. Tiene 38 años y trabajó nueve como aplicador de agroquímicos manejando un “mosquito” hasta que comenzaron los dolores de estómago. Hace varios años que no puede trabajar porque perdió movilidad en los brazos. En el hospital le recetaron medicamentos psiquiátricos porque creían que mentía. Muchos médicos son cómplices del modelo y se resisten a aceptar la realidad de las fumigaciones.

Daniel Verzeñassi, bioquímico e integrante del Foro Ecologista de Paraná, advierte que “no sólo nos fumigan a través del aire sino del agua contaminada”. Explica que el agua de lluvia arrastra los tóxicos hasta las capas subterráneas de las que se saca el agua para consumo humano. “Los 800 o mil metros que exige el movimiento de distancia de las fumigaciones del lugar de residencia, es necesario pero insuficiente. Somos todos pueblos fumigados”, concluye.

En la ronda, alguien dice una frase densa, de esas que golpean como piedras: “Cuando predomina la enfermedad perdemos libertad”. Luego explica que la enfermedad se construye como dependencia del enfermo, anulando su autonomía. En los tres grupos que se formaron para profundizar el debate, salieron casi todos los temas centrales: desde el miedo que existe en los pequeños pueblos, que impide la denuncia y la organización, hasta la necesidad de estudiar y formarse para luchar mejor.

Alguien se pregunta “¿cómo cambia la gente?”. En el intercambio hay unanimidad en evaluar que mientras trabajaron contra las fumigaciones y los cultivos de soja, no conseguían remover la indiferencia. Pero cuando decidieron centrarse en la salud y las consecuencias sanitarias del modelo, la gente comenzó a denunciar los casos de cáncer, leucemias y malformaciones.

El médico Damián Verzeñassi recordó que de los cien mil productos liberados al ambiente desde el fin de la segunda guerra mundial (1945), “sólo dos o tres mil fueron evaluados desde el punto de vista cancerígeno”. Sostiene una tesis polémica pero que debemos contemplar: los alimentos forman parte de un proyecto geopolítico de control de la población mundial. ¿Exagerado? Días después del plenario de la Campaña, dos científicos mexicanos del Instituto de Ecología de la UNAM recordaron que “Monsanto y el gobierno de Estados Unidos conocían de la toxicidad del glifosato desde 1981” (La Jornada, 17 de abril de 2015).

Por su parte, el sindicato de maestros AMSAFE (Asociación de Magisterio de Santa Fe) destacó que en toda la provincia hay 800 escuelas rurales y periurbanas en las que trabajan dos mil maestros. El sindicato recibe muchas denuncias de maestros que enferman de cáncer y de escuelas que cierran los días de fumigaciones. Muchos directores de escuelas tienen miedo a denunciar. Para visibilizar la situación se proponen convocar un Congreso Provincial de Escuelas Fumigadas.

Campamentos sanitarios

La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, la mayor ciudad de la provincia y la tercera del país, vivió un viraje político en 2007, con el triunfo de una corriente que realizó cambios de fondo en la carrera. Uno de esos cambios fue la introducción de los “campamentos sanitarios” que son “un dispositivo creado en el año 2010, como Evaluación Final Integradora del Ciclo de Práctica Final de la Carrera de Medicina, que integra evaluación, investigación, docencia y extensión”, según lo define Damián Verzeñassi, responsable académico de esa materia.

Sostiene que los campamentos son una herramienta de análisis epidemiológico de las comunidades y que un estudiante no debe terminar sus estudios sin tener una experiencia que le deje en claro que obtuvo su título gracias a los aportes de toda la población y no sólo por méritos personales. Los campamentos duran cinco días y participan entre 90 y 150 estudiantes de la misma cohorte, por lo cual se realizan campamentos cada tres meses.

La facultad firma un acuerdo con el municipio, que debe ser de menos de 10 mil habitantes. Al campamentos acuden los docentes, entre diez y quince, la facultad se encarga del traslado y los equipos y el municipio del alojamiento (duermen en colchones en el suelo en escuelas o polideportivos) y la alimentación. En los tres meses anteriores los estudiantes preparan el campamento, ya saben a qué localidad van a ir y todo lo que tienen que hacer durante los cinco días que estarán en el pueblo.

A cada estudiante se le adjudica una manzana para que lunes y martes visiten todas las casas y encuesten a todas las personas. La encuesta busca una caracterización socioeconómica del grupo familiar y los principales problemas de salud que han padecido, en el último año y a su vez en los últimos 15 años. “Conseguimos una cobertura del 76% de la población en los 21 campamentos realizados”, explica Verzeñassi.

El miércoles construyen un perfil sanitario de la población. “Los docentes evaluamos el trabajo de los estudiantes, su capacidad de entrevistar, de generar empatía con el sujeto, de construir una hipótesis de diagnóstico y de identificar los elementos determinantes de la situación de salud de la familia. Además convierten transformando las escuelas en un gran hospital de campaña, donde hacen un examen físico y control de salud de los niños, controlando crecimiento, desarrollo y las posibles patologías.

El jueves hacen talleres de promoción de salud y prevención de enfermedades en las escuelas primarias y secundarias, pero también en las plazas y centros sociales, “porque los médicos tienen que tener la capacidad de compartir con la comunidad sus saberes para construir una comunidad más saludable. De ese modo podemos evaluar al estudiante en la práctica concreta con la gente que es lo que va a hacer cuando trabaje como médico”.

El viernes los docentes hacen la evaluación de los estudiantes y por la tarde convocan a todo el pueblo para hacer la devolución de los resultados. Luego en la facultad comparan los resultados de las diferentes comunidades a lo largo de estos años que llevan haciendo campamentos, fijando la atención en la evolución de las enfermedades en los últimos 15 años.

“Hemos comprobado que ha existido un crecimiento del cáncer que oscila entre cuatro veces y media y hasta siete más que en el primer quinquenio. Cuando empezamos a ver que en los 21 pueblos nos da incrementos similares de cáncer, de abortos espontáneos, de nacimientos con malformaciones, nos preguntamos qué hay en común en todos ellos y es que están en el medio de las áreas de producción agroindustrial con agroquímicos”, señala indignado.

Una guerra química

En 2008 en Argentina había 206 casos de cáncer cada 100 mil habitantes. En algunos pueblos encontraron hasta dos mil casos, casi diez veces más. En cuanto a las malformaciones, se llega a seis niños en algunos pueblos de 4.000 habitantes cuando la prevalencia es de un caso por millón. Pero lo que más les llama la atención es que no aumenta el mismo tipo de cáncer que había antes sino que aparecen nuevos: linfomas, leucemias, cáncer de tiroides, páncreas y mamas.

Un estudio que se divulgó en el Plenario de Paren de Fumigarnos, realizado por la Universidad de La Plata a pedido de las autoridades de Monte Maíz (un pueblo agrícola de 8.200 habitantes en la provincia de Córdoba) descubrió que hay tres veces más cáncer que el promedio del país. La tasa de abortos espontáneos asciende a 9,9% de las mujeres embarazadas, frente al 3% de media nacional.

La hipótesis de “una guerra química” que busca controlar a los pueblos cobra vigor si tenemos en cuenta que empresas multinacionales y autoridades tienen perfecta conciencia de las consecuencias esperables cuando liberaron los plaguicidas.

Sin embargo, algunas cosas están cambiando, como lo demostró el encuentro de la Campaña Paren de Fumigarnos. En los pueblos existe una clara conciencia de lo que está sucediendo, como demuestra la encuesta escolar de Raquel en Elortondo. De ahí a organizarse, hay un paso: perder el miedo. Pero ese paso lo están dando cada vez más personas en más lugares.

La segunda, es que hay cambios en la academia. Verzeñassi nos recuerda que a comienzo de los campamentos había mucha resistencia entre docentes y alumnos que decían, “no querían trabajar gratis”. Pero de los diez últimos campamentos siete se hicieron a pedido de un médico del pueblo que era un graduado que había participado en los campamentos”. Este cambio en los médicos, y en los docentes –que son figuras claves en los pueblos rurales- puede torcer la balanza contra el modelo de agricultura industrial.

Sin duda la situación es bien diferente a la que existía en 2006 cuando comenzaron la campaña. La campaña contra las fumigaciones no conoce pausas. En junio se realiza en Rosario el 3er. Congreso de Salud Ambiental y el 1er. Encuentro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de América Latina. Se inaugura el 16 de junio, fecha del cumpleaños de Andrés Carrasco, símbolo de ese compromiso.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org)

[1] Ver “El modelo extractivo rechazo en las calles”, en http://www.cipamericas.org/es/archives/10888