Categoría: Agroindustria

por Elena Álvarez-Buylla, La Jornada

En medio del luto que nos sacude a raíz de la tragedia de Ayotzinapa, sorprende la noticia de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha aprobado el libre consumo de 132 productos transgénicos, de los cuales 50 por ciento corresponde a maíz, el resto son de algodón, soya y canola, entre otros. Esto manifiesta entusiasta Alejandro Monteagudo Cuevas, director ejecutivo de AgroBio México, pues mantiene el negocio en lo que se aprueba la siembra de maíz transgénico, declaró recientemente.

Gracias a una acción colectiva se logró la suspensión de la liberación de maíz transgénico en México, con base en evidencias científicas sobre su impacto nocivo en el ambiente y la biodiversidad del maíz nativo. El futuro del maíz, ante retos de cambio climático y otros, depende de las variedades nativas mexicanas, producto del cuidado de los pueblos autóctonos y que hoy aún sustentan una parte importante de la producción nacional. La liberación de maíces transgénicos las amenaza de múltiples formas.

Parece que para compensar esta interrupción del negocio de productoras monopólicas de transgénicos, y a costa de la soberanía alimentaria y la salud de todos, el Estado aprueba el consumo de algunas más de sus líneas transgénicas. Este favor a las trasnacionales coincide con que en varios países de Europa, Asia y América rechazan los transgénicos. Es abundante la evidencia científica de los daños en la salud por su consumo, incluyendo los agrotóxicos que se usan en su cultivo.

A estudios hechos en animales se suman datos epidemiológicos en Paraguay, Argentina y Estados Unidos, país en el que la salud de sus habitantes se ha deteriorado aceleradamente en los últimos 20 años. El aumento de muertes a causa de varios tipos de cánceres, diabetes, daño renal o por alteraciones metabólicas, o incluso por enfermedades como Alzheimer, a partir de mediados de la década de 1990, es pavoroso. Esto ha sido publicado en las revistas de mayor reconocimiento científico. ¿Cuál es la causa de esta tendencia? Estudios recientes indican que el consumo de transgénicos y sus agrotóxicos asociados pudieran tener un papel causal. Los transgénicos se empezaron a liberar masivamente en Estados Unidos a principios de 1990. Uno de los componentes que más claramente se correlaciona con la tendencia es el glifosato, llamado «Faena» en México. Este herbicida se usaba desde aproximadamente 10 años antes de la liberación de los cultivos transgénicos en Estados Unidos, pero empezó a usarse masivamente en los transgénicos tolerantes al mismo. En Europa no se aprobó la siembra de transgénicos tolerantes a este agrotóxico y se evita su consumo. La correlación entre el aumento de la prevalencia de enfermedades y el uso de glifosato y/o el cultivo de soya y/o maíz transgénicos tolerantes al mismo es mayor a 90 por ciento en muchos de los casos a partir de mediados/finales de la década de 1990. Aunque una correlación no indica causalidad, el hecho de que la correlación sea tan alta para tantas enfermedades (22 estudiadas) indica que este herbicida es un agente causal.

Los estadunidenses están sujetos a contaminantes en agua, aire y comida, y al parecer el glifosato afecta sistemas corporales que lidian con ellos. A pesar de ello, el gobierno estadunidense sigue usando a su población de «conejillos de indias», no ha aprobado el etiquetado de transgénicos, y tampoco prohíbe el uso del faena y otros agrotóxicos. Algunos expertos aluden a corrupción. Estos expertos insisten en que las instituciones públicas que regulan el uso de estas sustancias deberían aplicar el principio precautorio, más que esperar a que aparezcan los daños. Éstos y la permanencia de los tóxicos en el ambiente son difíciles de revertir; y ahora que se va conociendo la importancia de la herencia epigenética, es probable que la exposición a tóxicos afecte a las futuras generaciones, aun si los hijos y nietos de estas ya no estuvieran expuestos. En ausencia de corrupción, el faena nunca se hubiera aprobado para uso masivo y sería retirado del mercado. Además, la presencia y diseminación de los organismos transgénicos mismos, que implican una contaminación con vida propia e impactos impredecibles, será irreversible si no se para ya. Esto es particularmente importante para centros de origen y diversidad, como es el caso de México para el maíz. Ante los datos recientes en torno a los daños en salud por el cultivo y consumo de transgénicos, lo único aceptable es impedir que estos cultivos contaminen nuestro ambiente y alimentos. Su razón de ser es sólo el lucro; a 20 años de su liberación no han alimentado a un solo hambriento del mundo y tampoco han aumentado los rendimientos o disminuido el uso de tóxicos.

Por todo lo anterior, sorprende que el actual y los dos anteriores gobiernos de México sacrifiquen nuestra soberanía alimentaria y sanitaria, nuestro ambiente y alimento, así como nuestra salud, a cambio de oscuros acuerdos comerciales. Las evidencias científicas de los últimos años, que muestran una fuerte asociación entre el consumo de alimentos transgénicos y la exposición a glifosato con el aumento de la prevalencia de enfermedades tales como inflamación en el intestino, incidencia de ciertos tipos de cánceres, alteraciones renales y enfermedades neurodegenerativas (por ejemplo: Interdiscip Toxicol. 2013; Vol. 6(4): 159-184; http://www.uccs.mx/agricultura_ alimentacion/agrotoxicos/prensa/3/ correlacion-altisima-entre-el-uso-de-glifosato-asociado-a-transgenicos-tolerantes-a-este-agrotoxico-y-22-de-enfermedades) tendrían que ser suficientes para impedir que este tipo de agrotóxicos contaminen nuestros alimentos.

* Coordinadora de campañas, UCCS (más información en: www.uccs.mx ), e investigadora del Instituto de Ecología, UNAM

La Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, más conocida como “Ley Monsanto”, fue derogada este jueves, “de urgencia nacional”, con los votos a favor de 111 diputados al Congreso de la República, cuatro en contra y 33 ausentes.

CERIGUA

Diversos sectores sociales, mayoritariamente campesinos, habían manifestado su rechazo a la legislación; Álvaro Folgar, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, consideró que derogar la ley fue lo mejor que pudo hacer el Legislativo; Folgar exhortó a los diputados a actuar con responsabilidad e incluir a la sociedad civil en la discusión y aprobación de leyes de impacto nacional.

El dirigente de la Vía Campesina Guatemala, Daniel Pascual, consideró que “es un gran triunfo para la lucha aquí en Guatemala, principalmente para los pueblos Mayas, Xincas y Garífunas, de los hombres y mujeres de maíz”.

Pascual señaló que esta ha sido una de las pocas veces que se ha podido hacer retroceder una ley en Guatemala, y que ha significado una derrota no sólo para la transnacional “Monsanto”, sino para las multinacionales semilleras Dupont, Bayer, entre otras empresas que “controlar la producción de semillas y alimentos”.

La “Ley Monsanto”, denominada así por considerarse que favorecería a esa compañía internacional, contemplaba penas de uno a cuatro años a las personas que utilizaran o transportaran semillas patentadas, sin el permiso del propietario.

Las licencias serían concedidas a personas individuales o jurídicas, nacionales e internacionales, que hubieran creado o descubierto una semilla, entre las que también se incluían las ya utilizadas, como el maíz o el frijol.

Representantes de diversas organizaciones, entre ellas la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria (REDSAG) habían señalado que esta legislación vulneraría la biodiversidad de semillas existentes en Guatemala, al favorecer los transgénicos, y pone en riesgo las cosechas de las milpas.

El pasado martes, varios miles de pobladores de Sololá, bloquearon la ruta Interamericana, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en demanda de que ese mismo día fuera derogada la normativa, lo que fue posible hasta este jueves;  los campesinos argumentaban que los pueblos originarios, a través de las abuelas y los abuelos, han desarrollado sus propias semillas durante más de 7 mil años.

“Cuando se habla de establecer normas que privaticen nuestra biodiversidad se habla también del exterminio de las culturas, un nuevo genocidio, un nuevo etnocidio, porque el objetivo es acabar con las culturas milenarias y dominar el sistema de alimentación”, señalaron.

En tanto, Israel Macario, director de la Plataforma Agraria, manifestó su satisfacción por la derogación de la normativa, que atentaba contra la salud y la seguridad alimentaria de todas y todos los guatemaltecos.

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La Justicia de Guatemala suspende la polémica ‘ley Monsanto’

Sobre Monsanto en América Latina

En la pequeña ciudad de Nitro en West Virgina se produjo Agente Naranja desde 1948 hasta 2004. Ahora Monsanto deberá pagar por los daños que la dioxina ha causado a la comunidad.

Paulina Lordméndez, veoverde.com

Monsanto ha perdido esta vez y por una causa justa. La Suprema Corte del Estado de West Virginia ha declarado que la empresa deberá pagar $93 millones de dólares a la ciudad de Nitro por los daños que la producción del Agente Naranja ha causado a su población. Aunque el acuerdo se aprobó desde hace un año, recién entrará en vigor al definir la forma en que se hará uso de los fondos.

El Agente Naranja es un herbicida altamente tóxico que fue utilizado para rociar los campos vietnamitas durante la guerra, principalmente para eliminar malezas donde se pudieran esconder los adversarios. Su uso dañó a millones de personas en Vietnam, pero de eso nadie se preocupa pues era una guerra. El problema fue que el Agente Naranja se fabricó en la pequeña ciudad de Nitro desde 1948 hasta 2004.

La dioxina contenida en el Agente naranja causa graves afecciones en la salud aún en las concentraciones más pequeñas. La ciudad de Nitro puso entonces una demanda colectiva para legar a un arreglo, pues no hay duda de sus efectos tóxicos. Este realmente es un acuerdo histórico en el que una corte reconoce el daño que ha causado Monsanto e impone una sanción para el beneficio de la gente.

La Corte de West Virginia declaró que el acuerdo requiere que los fondos de Monsanto se utilicen de la siguiente manera:

-De los $93 millones, $21 serán destinados a pruebas para determinar si las personas han sufrido envenenamiento por la dioxina. $9 de ellos se destinarán a limpiar la dioxina de los hogares.
-Los habitantes de Nitro serán monitoreados a 30 años y no sólo unos meses.
-$63 millones serán utilizados para pruebas de contaminación por dioxina adicionales en caso de ser necesario.
-Será sujeto de prueba cualquier ciudadano en la zona de Nitro nacido entre enero de 1948 y diciembre de 2010. La persona deberá comprobar que vivía en la zona y serán candidato a prueba si ya viven ahí.
-Los empleados de Monsanto no son elegibles para estos beneficios.
-Los residentes podrán presentar demandas individuales a Monsanto en caso de que las pruebas demuestren que han sufrido daños físicos por la exposición a dioxinas.
-Las pruebas para ciudadanos de Nitro estarán validadas por el abogado Charleston Thomas Flaherty, designado por el tribunal para la oficina que se creó con este fin.

Es una pequeña batalla pero muy bien ganada, al menos el gobierno estadounidense está luchando por su gente. Este caso aún no considera el glifosato, otra toxina presente en herbicidas como el RoundUp, pero el caso de la ciudad de Nitro es el principio de una lucha por el derecho a saber qué hay en nuestros alimentos y a ser protegidos de los efectos tóxicos de los agroquímicos de Monsanto.

Fuente: elcantor.com

El trozo de tierra en el que Leydi Pech tiene sus colmenares no es grande. Tiene, si acaso, dos hectáreas y de él proviene el sustento no solo de esta indígena maya, sino de los diez integrantes de su familia. Forma parte de un ejido en el estado de Campeche, donde los integrantes de su comunidad tienen parcelas similares. La mayoría se dedica a lo mismo: cultivar miel de la delicada abeja melipona, que no posee aguijón, por lo que no puede defenderse de sus depredadores.

Forma parte de un ejido en el estado de Campeche, donde los integrantes de su comunidad tienen parcelas similares. La mayoría se dedica a lo mismo: cultivar miel de la delicada abeja melipona, que no posee aguijón, por lo que no puede defenderse de sus depredadores.

No, no es un terreno grande el de Leydi. Sin embargo, ahora mismo está en el centro de una batalla de alcances globales: la de quienes están a favor o en contra de los cultivos transgénicos.

Apicultores como Leydi temen que los cultivos transgénicos puedan contaminar la miel que producen artesanalmente. México es el tercer exportador mundial de este producto y la mayoría de quienes la trabajan son indígenas.

Amparos

La semana pasada, un juez concedió un amparo a indígenas y campesinos de Yucatán por medio del cual se suspendía la siembra de soya transgénica en la región por parte de la empresa Monsanto.

Dos amparos similares habían sido otorgados en marzo y abril a campesinos e indígenas de Campeche, entre los que se encuentra Leydi.

Según medios de comunicación y activistas, las medidas cobijan a unos 30 mil apicultores con sus familias, en su mayoría de pueblos originarios.

En los fallos de Campeche se indica que el gobierno no consultó a las comunidades indígenas mayas sobre una decisión que las tocaría directamente.

En el dictamen de Yucatán, además de este argumento, también se contempla la posibilidad de que las semillas transgénicas puedan afectar los cultivos y en especial la producción de miel.

“Es el derecho a que no se puede implementar ningún tipo de biotecnología hasta que no se garantice plenamente los efectos secundarios” explica el abogado Jorge Fernández, quien forma parte del colectivo Ma OGM , que asesora a los apicultores.

En los tres amparos -que han sido calificados de “históricos” por defensores del medio ambiente-, además de suspender los cultivos transgénicos se ordena realizar las debidas consultas con las comunidades indígenas.

Guerra jurídica

Esta nueva batalla entre agricultores y activistas contra la siembra de semillas transgénicas se viene desarrollando con especial intensidad en México desde junio de 2012.

Ese mes, el gobierno autorizó al gigante Monsanto a sembrar soya transgénica a nivel comercial en más de 253.000 hectáreas distribuidas en siete estados.

Según dijo Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) a la periodista Elva Mendoza -especialista en medio ambiente de la revista Contralínea- “cuando el Estado da permisos para la liberación, en este caso de soya, es porque no hay elementos de bioseguridad que nos digan que algo malo va a pasar”.

No es lo que opinan activistas ecológicos ni los indígenas y campesinos que tienen sus sembradíos en los alrededores de las áreas donde se cultivaría la soya, quienes de inmediato interpusieron demandas en cuatro de los siete estados donde se concedieron los permisos.

No son los únicos que se oponen. En una serie de reportajes publicados en 2013, Elva Mendoza indica que, antes de que se concedieran los permisos, tres organismos gubernamentales -la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas- se habían pronunciado de manera negativa a la solicitud de siembra de Monsanto.

Sus argumentos iban desde “la posible filtración de agroquímicos (glifosato) a los mantos acuíferos”, hasta “la colindancia de los polígonos liberados con áreas naturales protegidas y zonas prioritarias terrestres, marinas e hídricas”.

A pesar de eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que estudió esos conceptos, dio luz verde a la siembra.

De hecho, según el diario El Financiero, en la decisión del juez de Yucatán influyó que no se tomaran en cuenta las opiniones técnicas de los mencionados organismos. El juez además “desechó los argumentos de las autoridades demandadas quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel”.

¿Qué dice Monsanto?

Desde su sede en México se indica que la gigante trasnacional, especializada en investigaciones tecnológicas agrícolas (en su sitio de internet dicen que invierte US$2 millones diarios en investigar), no está concediendo entrevistas sobre el tema.

Sin embargo, luego del dictamen en Yucatán dio a conocer un comunicado en el que fija su posición.

En él se indica que “cualquier afectación resultante de la liberación de organismos genéticamente modificados debe ser evaluada por las autoridades competentes en estricto apego a la ley y con base en evidencias y estudios científicos concluyentes”.

Se agrega que durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer el fallo “terceros distintos a quienes interpusieron el amparo” divulgaron información “que genera confusión ante la opinión pública”.

Esa información, añaden, también “ignora la afectación que incide sobre los productores de soya de la región, quienes han subsistido su cultivo durante años y tienen derecho a acceder de forma voluntaria a mejores tecnologías agrícolas en beneficio propio de sus familias”.

En el comunicado también se anuncia que Monsanto está analizando el amparo “a efecto de interponer los recursos que por ley le asisten para defender sus derechos”.

Además de en México, Monsanto sostiene -o ha sostenido- batallas jurídicas en diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Brasil (donde los cultivos transgénicos ya superarían a los naturales), Chile o Francia.

La miel de la melipona

México es el tercer exportador de miel a nivel mundial (detrás de Argentina y China) y el sexto productor global. Según reportes, anualmente se producen en este país unas 57.000 toneladas de miel.

Más del 40% de la miel mexicana proviene de la llamada península de Yucatán, que se adentra como una espuela en el Mar Caribe y que incluye al estado del mismo nombre, así como a Campeche y Quintana Roo.

Casi la totalidad de la miel que produce la península -donde unas 30.000 familias dependen de su cultivo- se exporta a la Unión Europea. Uno de los temores que existen entre los apicultores es que la UE rechace su miel si encuentra que supera los limites aceptados de polen transgénico.

Y la miel más preciada de Yucatán es la que proviene de la abeja melipona, que puede venderse hasta por diez veces el precio de la miel común.

La voz de Leydi Pech se endulza cuando habla de ella.

“Es una abeja ancestral que los mayas hemos utilizado por mucho tiempo. Para nuestro consumo y para curarnos. Lo que tiene de especial esta abejita es que selecciona la floración que recolecta. También produce menos cantidad de miel”, dice con el español golpeado que caracteriza a los maya-hablantes.

Luego, un toque de hiel: “es una abeja que está en peligro de extinción en la península de Yucatán”.

El cultivo de la miel entre los mayas es prehispánico. En un estudio, la doctora Alejandra García Quintanilla, de la Universidad Autónoma de Yucatán, indica que tanto en la cerámica del período maya clásico (200 a 1.000 DC), como en los libros del Chilam Balam, se encuentran testimonios sobre la importancia de este néctar en la vida de las comunidades indígenas.

Es un conocimiento que sigue vivo: Leydi aprendió todo lo que sabe de la apicultura a los doce años, de su abuelo. Él, a su vez, recibió el saber de sus padres.

“Lo que más recuerdo de lo que me enseñó mi abuelo es que no hay que dejar que las abejas se mueran, siempre hay que defenderlas. Porque las abejas no sólo sirven para hacer la miel, sino para polinizar nuestros alimentos, lo que consumimos. Eso las comunidades mayas lo tenemos muy claro: es un servicio que nuestras abejas nos están dando. Y gratis”.

Lo que se viene

Lo más seguro es que, como lo insinúa en su comunicado, Monsanto impugne las decisiones de los jueces de Campeche y Yucatán. Y un tribunal superior bien puede ordenar la reanudación de los cultivos de soya. Quienes apoyan los cultivos transgénicos insisten en que no hay pruebas de que hayan contaminado la miel.

A nivel global, quienes respaldan los cultivos genéticamente modificados aseguran que son indispensables para alimentar a una población mundial en aumento.

De vuelta en México, los amparos plantean enormes retos logísticos. Los jueces ordenaron que se consulte a las comunidades. El de Yucatán incluso dio plazo: seis meses. El abogado Jorge Fernández cree esto en inviable en tan corto período: hay que traducir al maya -y en un lenguaje comprensible- el proyecto. Luego viene la consulta interna no sólo entre los apicultores, sino entre sus comunidades. Además, es algo que nunca antes se ha hecho.

Leydi no tiene dudas en que, como sea, hay que consultarlos: “nosotros tenemos asambleas. Cada comunidad, cada ejido hace su asamblea por usos y costumbres y tomamos nuestras decisiones… Estamos peleando esa parte: que nos pregunten. Porque tenemos derecho a opinar. Conocemos nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad, porque la hemos cuidado por miles de años”.

Según recuerda la periodista Elva Mendoza, los permisos para cultivar maíz transgénico -contra el que también se han presentado fuertes protestas- se encuentran asimismo suspendidos desde el año pasado por la interdicción de un juez que recibió una demanda colectiva. Según Mendoza, las transnacionales afectadas, entre ellas Monsanto, ya interpusieron los recursos jurídicos necesarios.

Leydi Pech tiene la esperanza de que la Suprema Corte de Justica de México “atraiga” los casos y de un dictamen definitivo.

Mientras tanto, lo que ha ocurrido con Leydi y sus compañeros apicultores es visto por sus simpatizantes como otra victoria local en medio de una enorme batalla global.

Biodiversidad en América Latina y El Caribe

«Los científicos independientes comprometidos con los valores del conocimiento -y no del lucro o de los intereses económicos particulares- también comprometidos con la justicia social, y la sustentabilidad ambiental, deseamos y debemos entablar un diálogo profundo de saberes con los indígenas y campesinos del mundo. Ellos son poseedores de valiosos conocimientos y técnicas tradicionales milenarias, y con ellos podremos encontrar verdaderas soluciones a la producción agrícola y el abasto de alimentos diversos y sanos, garantizando la soberanía alimentaria.»

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) es una Asociación Civil fundada en 2006 por científicos mexicanos de pensamiento independiente, a los que une la convicción de que el conocimiento científico debe generarse, usarse y aplicarse para mejorar la calidad de vida de la sociedad de manera sustentable y no para beneficio de alguna minoría. Nuestra tarea central es observar, aprender, analizar las oportunidades, peligros y riesgos inherentes del uso del conocimiento científico y divulgar nuestras conclusiones a la sociedad.

El Programa de Agricultura y Alimentación de la UCCS está enfocado en la seguridad alimentaria sustentable (suficiente, accesible a toda la población e inocua), en la soberanía tecnológica y en la protección de la ecología y de la biodiversidad, particularmente la de las especies cultivadas en México y que como en el caso del maíz, fueron domesticadas y/o se diversificaron en México y Mesoamérica. El maíz es central para la seguridad alimentaria y la cultura de la Nación por ser su alimento básico: 53% de la ingesta calórica y 39% de la proteínica de la dieta nacional provienen del consumo directo del maíz. Sin embargo, durante los últimos 10 años debido a políticas deficientes y a una mala planeación por parte del gobierno, la producción de maíz se ha estancado con respecto al requerimiento para consumo nacional, haciéndonos cada vez más dependientes del mercado internacional, principalmente de Estados Unidos y a la vez, exponiéndonos a la creciente volatilidad mundial de su precio.

Las corporaciones multinacionales de semillas transgénicas (CMST) han identificado al creciente déficit nacional de grano de maíz como su oportunidad para llegar a controlar el mercado nacional de semilla de maíz, que es del orden de 200,000 toneladas anuales, con valor potencial para las CMST (incluyendo los herbicidas acompañantes) de más de mil millones de dólares anuales. Su estrategia ha consistido en un intenso cabildeo en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en introducir la práctica de “puertas giratorias’’ en las instituciones de gobierno encargadas de la toma de decisiones a su favor, y, además, en crear adeptos dentro de la comunidad científica y lanzar campañas de propaganda dirigidas a la sociedad a través de la prensa, radio y televisión. La campaña de las CMST anuncia que la introducción de maíz transgénico a México es la modernización necesaria y urgente para alcanzar la seguridad alimentaria de maíz de México, aun considerando al cambio climático inminente. Aseguran que su conocimiento “científico” -que antes de nada está guiado por el lucro- aplicado al campo mexicano consumará la hazaña de resolver los problemas del campo y el hambre. Estas promesas se hacen sin garantía, sin fiador y con propaganda demostradamente falsa.

A cuarenta años de las primeras liberaciones de cultivos transgénicos, ha quedado demostrado que éstos no aportan beneficios sociales o ambientales, y en lugar de ello implican riesgos y peligros públicos que se anticiparon pero no se consideraron con seriedad, y con los años se han ido demostrando científicamente.

La comercialización y liberación de cultivos transgénicos ha implicado, eso sí, grandes ganancias privadas, y por ello las CMST siguen presionando para expandir su dominación sobre las semillas y la producción, distribución y comercialización de alimentos de todo el mundo, y la consiguiente contaminación de los centros de origen y diversificación de plantas como el maíz.

Los científicos independientes comprometidos con los valores del conocimiento -y no del lucro o de los intereses económicos particulares- también comprometidos con la justicia social, y la sustentabilidad ambiental, deseamos y debemos entablar un diálogo profundo de saberes con los indígenas y campesinos del mundo. Ellos son poseedores de valiosos conocimientos y técnicas tradicionales milenarias, y con ellos podremos encontrar verdaderas soluciones a la producción agrícola y el abasto de alimentos diversos y sanos, garantizando la soberanía alimentaria.

Los consorcios multinacionales de semillas transgénicas plantean una alternativa que cancelaría la soberanía y amenazaría profundamente la seguridad alimentaria de México. Su camino no tiene retorno. Con el tiempo, desaparecería todo maíz normal (no transgénico) del país y hasta las razas nativas serían transgenizadas y potencialmente serían objeto de propiedad intelectual de esos consorcios multinacionales.

Por medio de este cuadernillo de difusión y divulgación, presentado a manera de una introducción general y síntesis, escrita en un lenguaje sencillo accesible para todos, y de ‘’15 píldoras’’ con datos técnicos y científicos, queremos comunicarnos con todos los ciudadanos de México. En particular, nos dirigimos a las y los estudiantes, así como a las maestras y maestros, de nivel básico, medio y superior, de todo el país, y esperamos que con su ayuda, esta información llegue a la mayor parte de los mexicanos.

Nuestro mensaje es: “se debe prohibir toda siembra de maíz transgénico en México: la Nación no lo necesita para lograr su autosuficiencia y seguridad alimentarias; y su liberación implica riesgos y peligros inadmisibles e irreversibles”. El país dispone de alternativas basadas en tecnología pública y conocimiento tradicional, que no requieren del uso de transgénicos.

Además el maíz está en el corazón de nuestras culturas mesoamericanas.

Para acceder al documento, haga clic en el enlace a continuación:
El maiz transgénico en México (en 15 píldoras) (14,62 MB)

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Los transgénicos -organismos de una especie modificados con genes de otra especie distinta para controlar plagas y hierbas- constituyen una cuestión ambiental controvertida y que genera gran preocupación no sólo a ecologistas, sino también al público en general. Suscitan tres debates fundamentales que se entrelazan entre sí.

Uno en torno a la naturaleza y al medio ambiente, que incluye la destrucción de ecosistemas importantes como las selvas tropicales y las amenazas que esa destrucción supone para la biodiversidad y las que representa la contaminación genética.

 

El segundo en torno a la agricultura, al modo de producción industrial, a gran escala y altamente tecnificado de los transgénicos. Implican el uso de grandes cantidades de agrotóxicos en detrimento de modos de agricultura tradicional, agroecológica y orgánica, e imponen patentes comerciales sobre las semillas y la vida.

Y un tercero en torno a la alimentación en un sentido amplio: de los efectos negativos de los alimentos transgénicos sobre la salud y de qué productos contienen ingredientes transgénicos y la necesidad de etiquetar los productos para conocer los ingredientes transgénicos. Y no acaban con el hambre en el mundo, actualmente en cifras más altas que nunca.

Mientras Monsanto, sus políticos amigos y entes reguladores dicen que no hay de qué preocuparse, un creciente número de científicos no están de acuerdo y alzan sus voces para explicar aspectos de la tecnología que ponen en serio riesgo la biodiversidad y la salud humana.

La transnacional de las semillas transgénicas y los políticos que la defienden deben escuchar por todos los medios posibles la oposición mundial a los transgénicos. Las protestas sean locales o globales pueden hacer la diferencia. Únete a un evento o firma la petición -carta y formulario a la derecha.