M4 se solidariza con el Ejido Carrizalillo de Guerrero, México

m4M4 SE SOLIDARIZA CON EL EJIDO CARRIZALILLO DE GUERRERO, MÉXICO

El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) envía un saludo fraternal y solidario a los pobladores de Carrizalillo, en el estado de Guerrero, México, en su resistencia contra la empresas minera canadiense GoldCorp.

El M4 lo componen resistencias contra el Modelo Extractivo Minero en todos los países de Mesoamérica y sus aliados en los Estados Unidos y Canadá. En la región también contamos con movimientos y pueblos que luchan contra los estragos de la GoldCorp en Honduras y Guatemala, donde nos han dejado deforestación, agua contaminada con metales pesados, pobreza, migración y compañeros y compañeras con enfermedades como el cáncer, entre otras, fruto de la irresponsabilidad corporativa de la GoldCorp. Por ello, les invitamos a sumarse a la Campaña ¡GoldCorp Me Enferma! para decirle ya basta de impunidad y violación a los derechos humanos. También nos hemos sumado a la Alianza Mundial No al Oro (AMO) que promueve evitar consumir, comprar o portar oro ya que ello es y ha sido a costa de muchas muertes, enfermedades y devastación de nuestra Madre Tierra.

Sabemos lo que sufren por los efectos del proyecto minero de la GoldCorp, por ello nos sumamos a sus reivindicaciones y a la lucha que niños, niñas, ancianos, hombres, mujeres, trabajadores y campesinos de la comunidad libran en este momento contra la trasnacional.

Les enviamos nuestros más fraternales saludos,

¡DE PANAMÁ A CANADÁ, LA MINERÍA NO VA!
MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4)
www.movimientom4.org
3 de Abril de 2014

La explotación minera amenaza reservas naturales de Chiapas, denuncian ONG

Señalan a Amado Ríos Valdez como el principal promotor de las afectaciones

Hermann Bellinghausen. La Jornada
Foto: Moysés Zúñiga Santiago

San Cristóbal de las Casas, 2 de abril.

Negada oficialmente en Chiapas, la explotación minera persiste como una amenaza que para muchas comunidades y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, ya se materializa en la actualidad, particularmente en la Sierra Madre y la costa, poniendo en riesgo dos importantes reservas de la biósfera, El Triunfo y La Encrucijada, así como la vida de las comunidades y tierras agrícolas. No faltan señales de alarma.

Desde que en 2013 fue designado delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el biólogo Amado Ríos Valdez, diversas fuentes denuncian que se incrementaron los permisos para la explotación minera. Grupos ambientalista, como Alianza Sierra Madre y Red Mexicana de Afectados por la Minería han denunciado estas políticas.

Antes de asumir el cargo, Ríos Valdez fungía como coordinador general del Grupo Ocelote Gestión Ambiental Integral, empresa de consultoría que asesora en sus inversiones mineras al Grupo Salinas, el cual en Chiapas goza de amplias facilidades. La condición de consultor minero del delegado alarmó a los ambientalistas, y aunque el funcionario ha negado ante la prensa que existan proyectos mineros en Chiapas, se reiteran señalamientos de que existen decenas de concesiones en el norte y la sierra.

Al delegado se le ha identificado como promotor de la minera Cristina, muy cuestionada pues amenaza las reservas de la biósfera El Triunfo y La Encrucijada. Su antecesor en el cargo, Hernán Pedrero Sierra, sólo permaneció un mes como delegado. Se ha dicho que renunció al negarse a otorgar los permisos mineros. Como sea, siguieron ocho meses sin delegado de Semarnat, hasta que llegó Ríos Valdez.

En Chiapas existen 19 reservas federales y 26 estatales. De las federales, siete son reservas de la biósfera. Algunas de las más importantes están en riesgo ante la posibilidad de extracción minera a cielo abierto en ciertos municipios. Esto, ha señalado la Alianza Sierra Madre, en tierras ya afectadas por décadas de políticas oficiales a favor de prácticas agrícolas y ganaderas nocivas en el largo plazo, como la provisión de semillas híbridas que destruyen el rico genoma agrícola existente, el reparto de fertilizantes químicos que sólo disfrazan la irreparable pérdida del suelo y la expansión del ganado.

No obstante sus privilegios, para los inversionistas mineros el camino ha sido accidentado en Chiapas. Muy mal precedente sentó en 2009 el asesinato del líder antiminero Mariano Abarca, en Chicomuselo, por un pistolero de la minera canadiense Blackfire. Hoy asoma nuevamente la explotación de minerales en la codiciada Sierra Madre, con sus grandes fallas geológicas ricas en titanio, hierro, plomo y oro. Ante la inminencia de una explotación sin control, en la Alianza decidieron aglutinarse organismos sociedades civiles, ejidos, comunidades y activistas ambientales.

En tanto, en un contexto local, campesinos del ejido Benito Juárez (municipio de Motozintla, en los lindes con Siltepec en la Sierra Madre) se presentaron hace tres semanas como «autodefensas comunitarias» e iniciaron rondas de vigilancia en las 500 hectáreas de la zona llamada El Carrizalito. Los ejidatarios sostuvieron que «ya están concesionadas», y denunciaron a «los saqueadores», que en ocasiones exhiben permisos gubernamentales «para realizar estudios de campo y valorar la explotación de minerales en la sierra».

En una información que no fue desmentida (La Jornada, 29/09/2013) se asentaba que existen 111 concesiones mineras en la entidad, siete de ellas en una zona de 119 mil hectáreas limítrofe con El Triunfo. Cinco operan a sólo dos kilómetros de su polígono, que abarca territorio de los municipios Ángel Albino Corzo, Acacoyagua, La Concordia, Mapastepec, Pijijiapan, Siltepec y Villa Corzo. Están en fase de exploración Las Golondrinas, Los Cacaos, Titán, La Libertad y Cristina, que pretenden extraer titanio, oro, cobre y barita.

Crisol de voces latinoamericanas contra la minería

Desde el centro de resistencia al extractivismo minero en la Sierra Negra de Puebla, activistas llaman a no dejarse encantar por el dinero y a pensar contrapartidas prácticas y ambientalmente afables para las poblaciones.

Producción: Hijos de la Tierra
Fuente: desinformemonos.org

Descarga aquí el podcast

Zautla, Puebla. En la Sierra Norte de Puebla, como en el resto de México, miles de hectáreas de tierra ricas en oro, entre otros recursos, están concesionadas a las mineras. Como contrapartida, los pueblos están levantando la resistencia para impedir los trabajos extractivos, informa Ignacio Rivadeneira, miembro del Consejo Tiyat Tlali.

El activista dibuja un amplio panorama de los “proyectos de muerte” (incluyendo el fracking y las hidroeléctricas) que pueblan la zona, sus consecuencias y las reacciones de los pobladores.

Las mujeres, señalan los pobladores en resistencia, han jugado un papel fundamental en las luchas contra las minas. Y una de las estrategias para resistir es desarrollar proyectos alternativos para los pobladores, pero de una forma más afable con el medio ambiente, insisten desde Puebla.

Del 14 al 16 de marzo se llevó a cabo el Encuentro de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, en la comunidad de Tlamanca, municipio de Zautla, Puebla, escenario de una de las luchas antimineras más importantes de la región serrana. Se reunieron movimientos de los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Colima, Guanajuato y Oaxaca, todos de México, así como resistencias de Guatemala, El Salvador, Panamá y Honduras. Presentamos algunos de sus puntos de vista y experiencias antimineras.

Descarga aquí el podcast

Declaratoria Final del Encuentro de Pueblos en Resistencia Contra el Modelo Extractivo

Tlamanca, Zautla, Puebla,
16 de marzo del 2014

Nos reunimos comunidades en resistencia y en defensa del agua, la tierra y la vida de la Sierra Norte de Puebla de los municipios con concesiones mineras de Zautla, Ixtacamaxtitlán, Tlatlauqui y Tetela; y con proyectos hidroeléctricos como Olintla y San Juan Tahitic. También estuvimos presentes, delegadas y delegados de los estados de Chiapas, Guerrero, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Morelos, Estado de México y Veracruz; y de los países de Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala e Italia. Contamos con la participación de diferentes organizaciones de base, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior.

Con el objetivo de fortalecer las luchas de las diferentes comunidades, nos encontramos en un espacio de hermandad y solidaridad pues nos descubrimos en los mismos procesos de resistencia y compartiendo las mismas esperanzas. Además de conocer nuestras experiencias, discutimos alrededor de cuáles ha sido nuestras estrategias organizativo-políticas para la defensa del territorio; revisamos el proceso de minería a cielo abierto y su impacto en la salud y medio ambiente; también reflexionamos alrededor de acciones jurídicas que hemos emprendido; el derecho a la consulta a los pueblos indígenas, la reforma energética y las consecuencias del modelo extractivo minero en la vida de las mujeres, reconociendo su participación activa y sus derechos. La población infantil y juvenil reflexionó y contribuyó a estos debates.

 

En nuestras experiencias e historias hay desconfianza ante la ley y la autoridad. Esto porque por un lado, los distintos niveles de gobierno han negado, ocultado o tergiversado información y promovido con engaños los proyectos mineros; y por otro, porque han violentado los propios marcos legales ambientales, derechos constitucionales y tratados internacionales que garantizan el respeto a los derechos humanos y la protección al territorio y la riqueza de los pueblos que ahí viven.

 

Los diferentes niveles de gobierno son partícipes en la promoción y ejecución de proyectos mineros. El gobierno federal ha concesionado más de la tercera parte del territorio de los pueblos indígenas y campesinos. Por otro lado, las empresas dañan el tejido social por medio del poder económico y político construido con los gobiernos, quienes fortalecen al sector privado con estrategias locales como los programas asistencialistas, y con las reformas constitucionales y estructurales. Finalmente, el estado ha hecho uso de las policías estatales y federales para avalar la entrada de las empresas y actúa como guardián de intereses privados, al mismo tiempo que criminaliza y reprime al pueblo y sus luchas.

 

En este contexto, se ha hecho necesario en nuestras localidades, informarnos sobre esta nueva forma de explotación que es la minería a cielo abierto. Hemos buscado información y llevado a cabo diferentes acciones, algunas han sido formales y dentro del marco del estado, pero otras son cotidianas y fortalecen nuestra resistencia como pueblos indígenas y campesinos, pues implican la construcción de alternativas desde lo local y comunitario.

 

En este proceso, las luchas de las mujeres destacan porque nuestro papel ha sido preponderante en defender la tierra pues es nuestra casa, sustento, medicina y dadora de vida. Esta resistencia se la logrado por medio del fortalecimiento de los espacios de decisión como la asamblea, el saber propio, la lengua, la cultura e identidad y va más allá de las alianzas con las que empresas, autoridades y partidos políticos intentan dañar las decisiones colectivas.

 

En este sentido, recordamos con rabia a quienes han luchado y han sido asesinados. Retomando su fuerza para continuar en la resistencia y en la lucha, exigimos justicia y nos comprometemos a seguir el ejemplo de Noé Vázquez de Veracruz, Bernardo Méndez Vázquez y Bernardo Velázquez Sánchez de Oaxaca, Mariano Abarca del estado de Chiapas.

 

Denunciamos lo ocurrido en la comunidad de Zacualpan, del Estado de Colima, que fue desalojada por fuerzas estatales el día jueves 13 de marzo mientras llevaba a cabo una acción en defensa de sus manantiales en contra de una concesión minera. Durante la agresión, fueron violentadas mujeres, niñas y niños. Así mismo, en el estado de Oaxaca, fue desalojada por caciques regionales, apoyados por la policía estatal, la comunidad de playa Cacalotiyo, municipio de San Pedro Tututepec el pasado 11 de marzo. En este acto fueron detenidos seis habitantes, amenazadas de violación sexual mujeres y niñas, y saqueadas y destruidas sus viviendas.

 

Estos hechos violentos no son aislados, son una muestra de lo que vivimos cotidianamente quienes estamos defendiendo el agua, la tierra y la vida. En este contexto, los gobiernos criminalizan la protesta social y particularmente a las mujeres, violentando nuestros cuerpos y territorios como estrategia constante de represión.

 

Por lo tanto exigimos:

 

  • Que las autoridades respeten las decisiones de las comunidades que en este encuentro y en sus asambleas locales y acciones cotidianas han expresado un No rotundo a los proyectos mineros.
  • Que las autoridades dejen de proteger los intereses privados y trabajen para respetar los derechos de los pueblos a vivir sin violencia en un territorio sano y seguro, libres de minería y de proyectos de muerte.

 

Nos solidarizamos con el pueblo de Zacualpan Colima. Exigimos el esclarecimiento de los hechos ocurridos. Responsabilizamos al gobernador del estado Mario Anguiano Moreno, al Secretario de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez y a la delegada de la Procuraduría Agraria María Elena Díaz Rivera de cualquier hecho o agresión que pueda sufrir la localidad de Zacualpan y los integrantes de la organización Bios Iguana.

 

También nos solidarizamos con la comunidad de playa Cacalotiyo, San Pedro Tututepec, Oaxaca, y exigimos que el gobernador del estado Gabino Cue Montiagudo y el Secretario de Seguridad Pública Alberto Esteba Salinas, garanticen las condiciones necesarias para que las familias desalojadas puedan retornar y permanecer en su localidad.

 

Nos pronunciamos en contra de las reformas energéticas que continúan favoreciendo al sector privado en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas.

 

Alto a la discriminación y racismo contra las comunidades campesinas e indígenas de México y de América Latina.

 

Finalmente, invitamos a todo el país a decretar territorios libres de minería y proyectos de muerte; a construir espacios comunes de resistencia y buscar estrategias que representen alternativas dignas de vida construidas desde la vida comunitaria de los propios pueblos.

 

Firmamos las y los más de 500 asistentes a este encuentro pertenecientes a las comunidades y a las organizaciones y hacemos un llamado a la sociedad en general a sumarse a esta lucha, que es por la vida, que sea de todos y no solo de los campesinos e indígenas.

 

¡No permitiremos que nos despojen de nuestro territorio!
¡Queremos el agua limpia para todos!
¡Amamos la vida, que defendemos con nuestra propia vida!
¡Luchamos por un mundo sin racismo y discriminación!

 

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Repercusiones en prensa nacional:

 

Fuente: movimientom4.org

 

Encuentro de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero

Encuentro de pueblos contra el modelo extractivo minero Zautla, Puebla, México, 14, 15 y 16 de marzo, 2014

Objetivos:

 

-Intercambiar experiencias, información y construir conocimiento que contribuya a fortalecer los procesos de lucha en contra del modelo extractivo minero.
-Aportar herramientas legales a las que se puede recurrir para hacer la defensa jurídica.
-Establecer vínculos entre las personas y los movimientos de diferentes partes del país de otros países.

Los cupos de participación ya están cubiertos

Entrevista. Concesiones mineras y derechos humanos en Honduras

Por Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero

Hace unas semanas estuvimos en conversaciones con el Doctor Juan Almendarez, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), médico de profesión, ecólogo y defensor de derechos humanos. Fundador del Movimiento Madre Tierra, organización miembro de Amigos de la Tierra América Latina y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero -M4-.

 

¿Cuál es la situación de las concesiones mineras después de las últimas elecciones?

Honduras es un país concesionado y ocupado militarmente. Esta política se incrementó después del golpe de Estado Militar 2009. Las últimas elecciones en el 2013 fueron un testimonio de un proceso electoral militarizado y las fuerzas golpistas controlaban la mayor parte de las estructuras electorales por lo tanto no hubo transparencia.
En un contexto así, entendemos que las garantizar ciertos derechos humanos es más complicado aún

¿Cómo es el estado de los mismos entre quienes luchan por contra la minería y la defensa de los territorios en general?

La situación de los derechos humanos cada vez se agrava más. Tenemos un Estado punitivo, inquisidor y militarizado, con cara civil y corazón duro militar. La impunidad es de más del 90%. La creación de nuevos cuerpos militares enmascarados y sin identidad con el pretexto del control de las drogas, agravan la impunidad y la represión de los movimientos sociales y la protesta social particularmente contra las empresas mineras, represas y facilita los desalojos violentos de los territorios de las comunidades indígenas y garífunas.

Las políticas de militarización y ocupación por parte del Pentágono en alianza con el capital financiero multinacional agravan la situación del país, así como la pobreza, destrucción ambiental y biodiversidad basados en el  acrecentamiento del Modelo Extractivo Minero Agroexportador. Además esto se ve particularmente agravado por la política neocolonialista de explotación del petróleo por parte de Inglaterra en el caribe hondureño.

¿Qué acciones se están realizando para detener este avance privatizador?

El encuentro de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas autoconvocados está luchando en forma constante contra la privatización de los espacios territoriales. La unidad campesina está fortalecida. Existe un nuevo escenario en el Congreso de la República donde la oposición del Partido Libre y Anticorrupción si bien no son mayoría tiene mayor número de voces que podrían constituir una fuerza legislativa real siempre y cuando escuchen y hagan alianzas con los movimientos sociales.

Reiteramos nuestro reconocimiento al M4 (Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero), ATALC (Amigos de la Tierra América Latina) y ATI (Amigos de la Tierra Internacional) en la lucha contra el modelo extractivo minero y la defensa de los territorios  y los derechos de la Madre Tierra.

Guatemala: Atentados a la salud por la Mina Marlin

La empresa Montana Exploradora de Guatemala, S.A. subsidiaria de la transnacional canadiense GOLDCORP, ha provocado con sus actividades mineras, graves daños ambientales y sociales a las comunidades mayas en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. Como resultado de una denuncia internacional la -CIDH- otorgó Medidas Cautelares a favor de 18 de las comunidades mayas Mam y Sipacapense afectadas por la mina Marlin.

VIDEO (15min.):

http://youtu.be/1XZ0_scYyfo

Leer la denuncia penal contra el Alcalde Municipal de San Miguel Ixtahuacán donde opera la mina Marlin por el delito de sometimiento a servidumbre por exigir trabajos forzosos a las comunidades mayas beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Leer resolución del juzgado comunitario de San Miguel Ixtahuacán donde decide enviar la denuncia contra el Alcalde Municipal por el delito de sometimiento a servidumbre por trabajos forzados en cinco comunidades mayas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH contra el Estado de Guatemala y la empresa canadiense transnacional Goldcorp.

Fuente: Movimiento M4

BOLETIN DE PRENSA BIOS IGUANA POR LAS AMENAZAS, COLIMA

Colima, Colima a 26 de Febrero de 2014
 
Un Clima de tensión y amenazas ha provocado intencionalmente la Delegada en Colima de la Procuraduría Agraria María Elena Díaz Rivera quien desde hace 30 días en un derroche de impotencia, soberbia y autoritarismo frente a la frustración de no poder imponer la minería en Zacualpan ha impulsado en contra de integrantes de Bios Iguana A.C. azuzando a los promoventes de la mina en el poblado de Zacualpan a que la acompañen en una guerra sucia de linchamiento social, acusaciones sin prueba y lanzar como efecto una ola de amenazas de muerte contra miembros de Bios Iguana A. C., excediéndose de sus funciones.

Este clima hostil contra los miembros Bios iguana A.C., transita desde acusaciones dolosas y discriminatorias de María Elena Díaz Rivera quien acusa a Bios Iguana de cometer ilícitos en la comunidad aunque no precisa cuáles “yo no he visto” menciona; “Les exigen dinero y les traen gente de afuera para armar ahí sus escándalos”, “son asuntos judiciales” y “son delincuentes que ya la Procuraduría de Justicia debe entrarle, que ya debe entrarle el gobierno del estado para salvaguardar la comunidad” hasta insinuar públicamente “Lo que pasa es que les afecta a las organizaciones que uno tenga que hablar sobre qué es lo que sí están haciendo, qué es lo que ellos ocultan. Ellos lo que no quieren es que yo me presente a ver ciertos sembradíos en lugares específicos que ellos tienen, a ellos les afecta” ; “Yo denuncio a las autoridades porque es mi obligación denunciar la delincuencia y los delitos que se estén cometiendo, que en este caso les afecta los sembradíos y cuestiones de intereses de ellos”; y amenaza “Porque si los Bios Iguana son entrones, yo también. A eso vengo a defender al campesino, a actuar con justicia”, Ninguna de las supuestas acusaciones han sido probadas por la delegada y son justamente la antesala de una cadena de amenazas directas que se materializaron a partir del pasado viernes 21 en que se realizó una protesta de habitantes de Zacualpan frente a las instalaciones de la Procuraduría Agraria, en el que resultaron agredidos y amenazados de muerte el abogado Jonathan Ochoa Hernández y Alejandro Bueno, integrantes del equipo técnico de Bios Iguana A.C. agredidos físicamente e intimidados por Carlos Soule, empleado de la Procuraduría Agraria y familiar directa de la delegada María Elena Díaz de Soule (nombre de casada), mientras otra integrante de Bios Iguana fue agredida verbalmente en el estacionamiento y vía publica frente a elementos de la seguridad pública del estado por Verónica Casas, personal de la Procuraduría Agraria Delegación Colima.
 
Al día siguiente por la noche, el abogado fue nuevamente alcanzado en una calle del primer cuadro de la ciudad por Carlos Soule, quien iba acompañado por dos personas, y fue amenazado “ya estoy advertido, que me va a matar si sigo participando en las protestas contra la Procuraduría Agraria, que ya me deje de mamadas”.
 
Este lunes 24 un día después de que fue destituido el presidente de bienes comunales Carlos Guzmán por la asamblea de comuneros de Zacualpan, en la ciudad de Colima afuera de las oficina de la comisión estatal de derechos humanos, al toparse con Alejandro Bueno Salazar integrante de Bios Iguana, Rubén Guzmán Aranda, hijo del depuesto presidente de Bienes Comunales de Zacualpan, Carlos Guzmán Teodoro, lanzo amenazas y agresiones verbales contra integrantes de Bios Iguana: “Ahora me vas a conocer, y a patadas te voy a sacar de Zacualpan, a próxima vez que te vea a ti y a tus amigos, tú y los Bios Iguana ya se los cargó con sus sembradíos de marihuana; Te metiste a mi casa, se metieron a mi casa sin permiso y ahora sí a chingadazos los vamos a sacar. Ya te cargó la verga porque si no aprendiste por la buena, ahora vas a aprender por la mala, te vamos a enterrar a ti y a tus compañeros”.
 
Vemos con preocupación que La delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, está pavimentando el camino para criminalizar la lucha social en el estado
 
María Elena Díaz Rivera hace declaraciones situaciones falsas para enrarecer la lucha social y que sin razón pide la intervención de la policía y el ejército para reprimir las manifestaciones, bajo el argumento de que en Zacualpan se pretende organizar una autodefensa similar a las que han surgido en Michoacán, porque según ella hay ciudadanos de ese estado infiltrados entre los opositores a la mina.
 
María Elena Díaz Rivera en el caso de Zacualpan se está tomando un asunto público como algo personal, se extralimita en sus funciones y solicita “refuerzos”, para que otras autoridades intervengan como si fuera una guerra contra la delincuencia organizada.
 
Ante el rechazo público a la mina, a la presencia de la Comisión de Derechos Humanos, del Congreso del estado, ciapacov y otras instituciones que no ven bien la mina en Zacualpan, a la delegada no le ha quedado más que aceptar estar contra la Mina, aunque esa no sea su competencia, sin embargo promueve la violencia institucional y no formal contra la participación ciudadana que disiente de sus intenciones.
 
Este ambiente de violencia se revive después que en diciembre pasado Jesús Santos Quirino, uno de los comuneros que encabezan la oposición a la mina, también denunció agresiones y amenazas de muerte por parte del propio Guzmán Aranda y del empresario local promotor de la mina. Y el 6 de diciembre, mientras realizaba preparativos para la proyección de un video en la plaza principal de Zacualpan sobre los efectos contaminantes de las minas, el presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos, fue detenido temporalmente por policías municipales, por órdenes del comisario municipal Enrique Carpio Rincón, quien le advirtió “que no se metiera en los asuntos de ese pueblo”.
 
Estos sucesos de intimidación, amenazas de muerte y violencia directa han sido documentados en quejas presentadas en la comisión estatal de derechos humanos como en denuncias correspondientes en el ministerio publico la procuraduría de justicia.
 
Estas prácticas de intimidación y acusaciones sin pruebas hacia Bios Iguana A.C. no son las únicas, si recordamos que durante el proceso de análisis y discusión de la MIA de la ampliación portuaria de Manzanillo de 2004 y del que finalmente por acciones de Bios Iguana se canceló la MIA por insuficiencia técnica, los ataques por parte de la SCT a través del Titular de la API de aquel entonces, duraron prácticamente 3 años. Posteriormente en el proceso de discusión de la MIA de la Terminal de Gas Licuado Manzanillo en 2007 en el que por insuficiencia técnica fue cancelado, el propio exgobernador Silverio Cavazos Ceballos usando toda la administración pública estatal lanzo una guerra sucia contra Bios Iguana A.C. intentando confundir a la opinión pública con supuestas acusaciones de “soborno al gobierno” o incluso por medio del entonces procurador Arturo Díaz Rivera (hermano de la actual delegada de la procuraduría Agraria) quien sostuvo sin pruebas que integrantes de Bios Iguana pertenecían a grupos guerrilleros internacionales sin poderlo demostrar nunca.
 
Bios Iguana A.C. es una organización dedicada a la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos desde hace 20 años
 
Responsabilizamos de cualquier agresión física a miembros de Bios Iguana A.C o integrantes derl Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan que se oponen a la mina, a la Delegada de la Procuraduría Agraria delegación Colima y exhortamos a su Titular de la institución Lic. Cruz López Aguilar, Procurador general Agrario que intervenga para garantizar la seguridad de la comunidad de Zacualpan y su derecho a ser asesorados, así como la integridad física de los miembros de Bios Iguana A.C
 
Solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las medidas cautelares que garanticen la seguridad de la población y Bios Iguana.
 
FIRMA LA ACCIÓN URGENTE:

Difamaciones y amenazas a defensores y defensoras en Colima

Con información proporcionada por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

DECLARACIÓN DE ZACUALPAN: FORO NACIONAL DE AFECTADOS POR LA MINERIA 2014

FORO NACIONAL DE AFECTADOS POR LA MINERIA 2014
DECLARACIÓN DE ZACUALPAN
Los días 15 y 16 de Febrero de 2014, en el territorio indígena de Zacualpan, Colima, nos reunimos más de 30 organizaciones provenientes de 11 entidades del país entre ellos de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, Colima, Guanajuato, Michoacán, Baja California Sur, San Luis Potosí, Nayarit y Jalisco, con el fin de compartir experiencias de resistencia contra los proyectos mineros y en solidaridad con la lucha y la resistencia del pueblo de Zacualpan.

Con música tradicional, ceremonias, música prehispánica y cuenta cuentos, se instaló el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan que inauguró su nueva oficina de la resistencia para ofrecer un espacio para la lucha, para la lectura y la organización de la comunidad. Del mismo modo se estableció el Consejo de Mayores que con el espíritu de la sabiduría acompañará la lucha y las esperanzas del pueblo de Zacualpan contra la minería y a favor de la vida, de sus territorios y los derechos humanos del pueblo indígena.

En este Foro convocado por el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la organización Bios Iguana y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), se recibieron mensajes y cartas de solidaridad por parte del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), del Consejo de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio y en Contra de la Minería y la Reserva de la Biosfera de la Montaña de Guerrero; de la organización Jacinto Canec de Hecelchacán, Campeche; del Comité de Campesinos Pobres de Colima y Nayarit; de los Hijos Ausentes de Zacualpan, de Amigos de la Tierra, de la REMA; así como de otras 20 comunidades y 70 organizaciones de los países de España, Canadá, Italia, Costa Rica, México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba, entre otros.

En este foro compartimos las experiencias de lucha y los retos que tenemos en el movimiento por decretar territorios libres de minería. Analizamos la creciente ola de concesiones mineras en todo el país acompañadas, por parte de los gobiernos y las empresas, de mentiras, engaños, represión, compra de líderes y autoridades comunitarias; dividiendo a comunidades y sus familias; contaminando las aguas, deforestando, desplazando y criminalizando la protesta y el movimiento social que lucha por la defensa de la vida y exige el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, en este contexto y pese a toda adversidad, saludamos la lucha de los ejidatarios del Ejido Canoas, Manzanillo, Colima, por su lucha incansable contra la explotación minera y que han logrado declarara a su ejido libre de todo tipo de minería.

Ante todo ello, las y los participantes de este Foro denunciamos los actos de intimidación, calumnias, incumplimientos de la Ley Agraria por parte del presidente del Comisariado de los Bienes Comunes de Zacualpan y con al apoyo y asesoría de la Delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, María Elena Díaz Rivera. La misma Delegada agraria ha hecho declaraciones ante los medios de comunicación difamando a la organización Bios Iguana quienes han ayudado con información, explicar los derechos de los comuneros y la Ley Agraria a la comunidad, lo que no ha hecho la misma delegada.

Por tanto:
1) Exigimos la destitución de la Delegada de la Procuraduria Agraria de Colima, María Elena Díaz Rivera, por actos de omisión, mentiras, difamación y faltas a la labor y papel que le dicta la Ley Agraria.
2) Exigimos la destitución del presidente del Comisariado de Bienes Comunales que ha entorpecido y evitado la instalación y el registro de las Asambleas Comunales, violando la Ley Agraria.
3) Hacemos responsables a los tres niveles de gobierno, a la Delegación de la Procuraduría Agraria de Colima, al empresario dueño del proyecto minero y al Presidente de Bienes Comunales, por la integridad física, mental y moral de los comuneros de Zacualpan.
4) Exigimos el respeto a la decisión de la mayoría de los comuneros y denunciamos que la presencia de la policía, a solicitud de la Delegada agraria, violenta e intimida la vida y las condiciones adecuadas para la libre participación de los comuneros para definir su territorio.
5) Nos solidarizamos con la lucha del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan.
6) Exigimos la anulación de la concesión minera de Zacualpan, de las más de 360 concesiones en el estado de Colima y las miles que en este país ponen en riesgo los derechos humanos y el medio ambiente de nuestro país.

Las luchas por la defensa de los territorios son contra los proyectos mineros, pero también contra la imposición de otros megaproyectos como represas, monocultivos, transgénicos, y otros que ponen en peligro la existencia de los pueblos y la vida de nuestro planeta.

Reconocemos la lucha de los hombres, de los ancianos, de los jóvenes, de los niños y en especial la lucha de las mujeres de Zacualpan. Y agradecemos también las muestras de solidaridad y acompañamiento a esta lucha por parte de organizaciones, redes, pueblos y comunidades de distintas partes de México y otros países.

Por el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas.
Por la defensa de nuestros territorios y la vida de nuestros pueblos
¡POR UN ZACUALPAN LIBRE DE MINERIA!
FORO NACIONAL DE AFECTADOS POR LA MINERIA 2014
16 de Febrero de 2014

Zacualpan: un pueblo contra la minería
por Francisco López Bárcenas, La Jornada

Lucha y Sobrevivencia ante el Colonialismo y la Minería en Canadá

Ponencia por la Jefa Indígena de la comunidad Xat’sull, Bev Sellars, para el V Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en Lima, Perú, el 7 de noviembre de 2013.

 

Antes que nada, quisiera expresar la satisfacción que siento de estar aquí y de tener la oportunidad de convivir con diversos pueblos indígenas y con comunidades afectadas por la minería en las Américas. También quisiera agradecer a todas y a todos las y los organizadores de este evento por permitirnos tener este importante diálogo. Aunque siempre he querido venir a visitar, esta es la primera vez que llego a Sudamérica y espero regresar en otra oportunidad con más tiempo para conocer su bello país.

Para empezar, quisiera contarles un poco sobre mis orígenes. Soy del pueblo indígena Secwepemc, de lo que hoy se conoce como la provincia de Columbia Británica en Canadá, y traigo los saludos que mandan los 17 jefes de mi pueblo. Mi comunidad se llama Xat’sull y es la más norteña del pueblo Secwepemc, localizándose a unas 350 millas [573 km] al norte de la ciudad de Vancouver, Canadá. El pueblo Secwepemc está integrada por unas 10 mil personas.

Igual que en el caso de la historia de los territorios de ustedes, los pueblos indígenas de Canadá ayudamos a los recién llegados a adaptarse a la tierra. Les enseñamos qué plantas podían comer, cómo cazar, qué medicinas usar, qué rutas tomar para llegar a su destino y todo lo que necesitaban saber sobre el territorio. Siempre he dicho que la mayor fuerza de los pueblos indígenas es su disposición a compartir. Aún hoy, los pueblos indígenas de Canadá contamos con los peores indicadores económicos y, sin embargo, sobrevivimos porque compartimos entre nosotros lo que tenemos.

Debo decir, además, que nuestra debilidad principal con los recién llegados a nuestras tierras, también fue compartir. Ayudamos a quienes vinieron a nuestras tierras porque compartir constituía parte de nuestra cultura, pero los recién llegados no tenían la cultura de compartir como los pueblos indígenas. Los recién llegados tenían la cultura de acaparar todo para ellos mismos y de asignar una “propiedad” a cosas que no tenían derecho a reclamar. Como resultado, una vez que los pueblos indígenas dejaron de serles útiles, las relaciones con muchos de los recién llegados se volvieron terribles. La cita que un funcionario de la provincia de Columbia Británica realizara en 1858 lo dice todo. Al comunicar su preocupación por la masiva llegada de mineros que buscaban oro en esa provincia, dijo: “Se ha vuelto costumbre de los mineros en general disparar a los indígenas como si fueran un perro; creen que es muy divertido dispararle al indígena a larga distancia y verlo saltar en el momento en que la bala penetra su corazón.” Como decía mi abuela, que murió en 1997 a la edad de 101 años, “Los pueblos indígenas salvaron a mucha gente blanca que no sabía cómo desenvolverse y ahora piensa mal del indígena”.

Poco después del primer contacto con los recién llegados, comunidades indígenas enteras fueron traumatizadas de manera permanente por las numerosas muertes atribuibles a las enfermedades, por la expulsión de nuestros terruños, por la pérdida de la autonomía económica y de la autosuficiencia, por el desplazamiento forzoso de nuestros hijos e hijas de sus hogares y por las tácticas de asimilación.*

Regresemos ahora a 2013… el trauma del colonialismo continúa presente hoy y los pueblos indígenas de Canadá siguen intentando reconstruir sus comunidades, muy quebradas pero nunca totalmente destruidas. Cuando el Departamento de Estadísticas de Canadá dio a conocer los datos del censo de 2006 en torno a los pueblos indígenas, algunas personas no indígenas quedaron impactadas. A pesar de que hoy sólo constituimos 5% de la población de Canadá, más de la mitad de los pueblos indígenas del país vive muy por debajo de la línea de pobreza; la tasa de desempleo es tres veces más alta que el promedio nacional; 75% de los niños abandona la escuela antes de terminar sus estudios. Estas terribles estadísticas también se reflejan en el encarcelamiento, en las tasas de violencia, de lesiones, de problemas de salud, de suicidio, de adicciones y de muchos etcéteras. Todo esto sucede en uno de los países más ricos del mundo.

Asimismo, sigue adelante la lucha por proteger nuestras tierras y nuestras economías. La opinión de los indígenas de que “la tierra te da todo lo que necesitas para sobrevivir” choca con aquella de los no indígenas de que “hay que conquistar la tierra”. Los pueblos indígenas de Canadá seguimos obteniendo una parte importante de nuestra economía de la tierra, de los animales, de las plantas que nos nutren y nos curan, y de la importante agua pura que apoya esa economía. Pero, cada vez es más difícil mantener intacta nuestra economía. La que llamo la “falsa economía”, basada sólo en el dinero, parece prevalecer sobre todo lo demás. No sólo estamos luchando contra las principales compañías mineras, sino también contra el gobierno que parece estar controlado por las mismas.

Por ejemplo, en la región donde vivo, Taseko Mines quería abrir una mina a cielo abierto para explotar $1 mil millones de cobre y de oro, lo cual hubiera destruido un lago donde el pueblo Xeni Gwet’in ha pescado y que ha sido utilizado para otras actividades culturales. En 2010, un panel independiente de revisión de asuntos de medio ambiente rechazó el proyecto debido a sus importantes implicaciones en materia de agua, de animales silvestres y de cultura indígena. Ahí habría terminado el asunto si no fuera porque el gobierno federal permitió que la empresa reelaborara sus planes para la mina y los presentara a otra audiencia del panel, aun cuando la empresa Taseko había dicho que su primera propuesta había sido la mejor. La semana pasada, los pueblos indígenas de nuestra región se congratularon porque un nuevo informe sobre el proyecto minero estableció que existen aún más preocupaciones y críticas que aquellas generadas por la propuesta inicial.

El gobierno federal ya tiene la información que necesita para meter clavos en el ataúd de esta mina. Sin embargo, un vocero de Taseko Mines declaró que este informe no detendrá el avance de la mina. Expresó confianza en que el gobierno federal otorgará su aprobación a la mina. Además, el gobierno provincial apoya la apertura de la mina a pesar del informe contundente. Ahora, nuevamente tenemos que luchar para asegurar que los gobiernos federal y provincial no desvíen la atención y aprueben el proyecto con la justificación de que creará fuentes de empleo y fortalecerá la economía. No existe escasez de cobre en el mundo y 50 a 80% del oro se utiliza para joyería. El medio ambiente y los pueblos indígenas sufren por la vanidad de otras personas.

Los pueblos originarios sufren las consecuencias de un régimen que favorece la minería por encima del medio ambiente y de los pueblos indígenas. A pesar de que hemos tenido algunos éxitos eventuales, durante el proceso de aprobación de proyectos mineros los aparatos de justicia a nivel federal y provincial no suelen realizar consultas adecuadas a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en algunos casos, los indígenas no somos avisados con el tiempo suficiente para detener un proyecto. En otros casos, no contamos con el tiempo ni tenemos los instrumentos necesarios para realizar estudios y preparar una defensa adecuada. La protección institucionalizada de los derechos indígenas ayudaría a remediar estas deficiencias, pero no contamos con ella.

Los directivos de muchas empresas siguen creyendo que pueden pasar por alto la ley y los derechos indígenas. Gastan millonadas en campañas de relaciones públicas que los pintan como los grandes redentores de la economía, alentando entre el público la idea de que los pueblos originarios son obstáculos irracionales a la riqueza y a la prosperidad. Gastan su tiempo y sus recursos en intentos de dividir a las comunidades indígenas. Tristemente, algunas de sus tácticas consisten en aprovecharse de personas indígenas empobrecidas a las que se les pagan generosas sumas de dinero y se les ofrecen oportunidades de viajar – que nunca tendrían por sí mismas – para que se desplacen y digan al mundo que los pueblos indígenas están a favor de la minería.

Un libro titulado “Canadá imperial, s.a.: Paraíso legal preferido por las empresas mineras del mundo”, establece que Canadá es el país de preferencia para muchas de las empresas mineras puesto que ofrece al sector extractivo mundial un ambiente comercial que fomenta la especulación, facilitando el flujo de capitales para el financiamiento de dudosos proyectos en el extranjero, distribuyendo subsidios gubernamentales y, especialmente, porque crea un paraíso legal politizado libre de litigios. En Canadá, el derecho a la reputación suplanta totalmente la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene el público. Ello significa que las empresas radicadas en Canadá pueden demandar por difamación a cualquier persona o entidad legal que cite documentos o que genere análisis sobre sus prácticas corporativas con los cuales no estén de acuerdo. Un ejemplo importante de ello lo constituye el caso de la Jefa Indígena Betty Patrick de la Nación del Lago Babine quien fue demandada por una empresa minera porque dijo la verdad sobre la destrucción que causaba una mina en su región. Al final, su comunidad empobrecida tuvo que pagar $90 mil en gastos legales para que la demanda fuera rechazada en tribunales.

Canadá se presenta ante la comunidad internacional como defensor de los derechos humanos. Sin embargo, la situación imperante respecto a los pueblos indígenas dentro de sus fronteras es otra. Luchamos por nuestros derechos y hemos ganado varios pleitos en tribunales con sus propias leyes, pero los gobiernos no respetan siquiera sus propias leyes. Por ello seguimos luchando para proteger nuestras tierras y nuestros derechos humanos como pueblos indígenas. En 2012, en Canadá nació un movimiento llamado “Basta a la Pasividad” (“Idle No More” en inglés), que pronto se convirtió en uno de los movimientos indígenas de masas de mayor envergadura en la historia del país e incentivó la realización de cientos de mítines y de protestas. El nombre “Basta a la Pasividad” surgió en una reunión entre cuatro mujeres indígenas. Ellas estaban molestas por el Proyecto de Ley C-45 impulsado por el gobierno federal. Este proyecto de ley presupuestal sobre asuntos distintos proponía debilitar las protecciones establecidas a favor del medio ambiente y de los pueblos indígenas. La mayor frustración de las mujeres tenía que ver con que nadie parecía estar hablando de ello. Por eso, decidieron pronunciarse. Serían “Basta a la Pasividad”. El movimiento “Basta a la Pasividad” caló. Muchas de las tensiones existentes en las comunidades indígenas empezaron a irrumpir. “Basta a la Pasividad” acogió a un movimiento amplio que pugnaba por el reconocimiento de los derechos establecidos en los tratados entre pueblos indígenas y el estado canadiense, por la revitalización de las culturas indígenas y por la abolición de leyes impuestas sin consulta verdadera.

“Basta a la Pasividad” se volvió mucho más que “un asunto indígena”. Personas de todas las razas se unieron en las protestas y en los mítines con el fin de apoyar a los pueblos indígenas y también para hacer llegar su voz al Primer Ministro Stephen Harper con el mensaje de que las frágiles leyes ambientales de Canadá deben ser protegidas y fortalecidas, en vez de debilitadas por las leyes que se pretende incluir a la fuerza en la legislatura.

Los grupos indígenas de Canadá se oponen al desarrollo de la minería irresponsable. Casi todas las semanas se difunden noticias en torno a que algún grupo de indígenas canadienses está protestando o está iniciando una acción legal para detener las destructivas prácticas mineras en su región.

Nos anima la idea de encontrar formas de trabajar con las comunidades indígenas alrededor del mundo con el fin de proteger el medio ambiente, lo cual, por consiguiente, protegerá nuestras culturas. Nos complace que muchas personas no indígenas vean ahora la importancia de este trabajo nuestro y se unan a nosotros en nuestra lucha para salvar a la Madre Tierra.

Muchas gracias.

* Recientemente, la Jefa Bev Sellars publicó un libro llamado “Me Llamaron Número Uno” que cuenta su propia historia, de ella, su madre y su abuela, quienes sufrieron años durante su niñez en la Misión de San José en el Lago Williams, provincia de Columbia Británica, Canadá. La misión fue una escuela residencial “cuya objetivo era ‘civilizar’ a los niños y las niñas indígenas a través de la educación cristiana, la separación forzada de sus familias y su cultura, y la disciplina.” En todo Canadá había 130 escuelas residenciales entre los 1870s hasta 1996, cuando la última escuela residencial se cerró. El gobierno auspició estas escuelas, manejadas por la iglesia, “para eliminar el involucramiento de los padres indígenas en la vida intelectual, cultural y espiritual de sus hijos y hijas”. Actualmente, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá tiene el mandato de investigar y educar al pueblo canadiense sobre lo que sucedió en las escuelas.

 

Fuente: MiningWatch Canada

REINICIAN ACTIVIDADES EN LAS MINAS DE CHICOMUSELO

24 de Enero de 2014, Chicomuselo, Chiapas, México

El domingo 19 de enero aproximadamente a las ocho de la noche arribaron a la cabecera municipal de Chicomuselo seis camiones de doble remolque, para luego dirigirse al Ejido Santa María. Al día de hoy dos de ellos han salido cargados de barita. Para no provocar la reacción de protesta, evitan pasar por la calle de la cabecera municipal de Chicomuselo donde Mariano Abarca había mantenido clausurado el paso a la empresa Blackfire en el año 2009 que culminó con su asesinato. Sin embargo, ante el paso molesto de los grandes camiones frente a la plaza central de la cabecera municipal, el presidente municipal pretende derribar un árbol con el fin de que los camiones llenos de material puedan doblar en otra esquina, pero cuyo propietario se niega a ello.

En el contexto del conflicto suscitado por la mina de Blackfire en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo, y del asesinato de Mariano Abarca Roblero, integrante de la Rema en Chiapas, al parecer las empresas mineras buscan otras estrategias para sacar los minerales. Esa estrategia consiste en fomentar las cooperativas mineras y convertirse así en coyotes mineros. Sólo llegarán entonces con intermediarios a comprar, en este caso, la barita del municipio.

Y este es el caso del Ejido Santa María de Chicomuselo, donde treinta miembros de la comunidad, el mínimo de socios requeridos por ley, entre ellas 12 mujeres, decidieron conformar la Agrupación Minera Santa María de Chicomuselo, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, el 24 de noviembre de 2011 con sede oficial en la Casa Ejidal, aportando mil pesos cada miembro a dicha cooperativa, según su Acta Constitutiva. Con la oposición de muy pocos ejidatarios a la actividad minera y que han sido hostigados por el resto de los miembros del ejido, los socios de la Cooperativa establecieron en su estatuto el Poder Especial Irrevocable y exclusivo para la comercialización otorgado a la Ong denominada Coordinadora de Fuerzas Campesinas de Chiapas, A.C., bajo la representación del C. Oscar Jesús Hidalgo Ruiz, “para que a nuestro nombre comercialice nuestro material mineral denominado barita (sulfato de bario)”. Esta organización formará parte de la Comisión de Comercialización de la Cooperativa que en la Clausula 55 sus Estatuto la define como la que “estará integrada por un miembro electo en Asamblea General, que puede ser socio o persona externa a la sociedad y tendrá como objetivo Garantizar el funcionamiento homogéneo de la cadena, mediante el uso de instrumentos legales como normas, certificaciones, patentes, reglamentaciones, entre otras, que fomenten buenas prácticas productivas y comerciales”.

Según los Estatutos, la Cooperativa puede contar con oficinas, agencias o sucursales en cualquier parte del país o del extranjero, y su duración se estableció por tiempo indefinido. El objeto social de la Cooperativa minera es “La exploración, explotación y comercialización de todo tipo de minerales y sus derivados, así como también la importación y exportación de los mismos”; “Adquirir maquinaria para los trabajos, preparación, tratamiento y fundición de primera mano e industrialización de los productos minerales en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar y obtener minerales o sustancias al igual que elevar la concentración y pureza de sus contenidos en beta, mantos, masas, yacimientos y depósitos distinto, de los componentes de los terrenos calificados como lotes que serán verificados en los títulos de exploración y explotación (…)”. El objeto social también incluye comprar, vender, distribuir, operar y rentar equipos; establecer moliendas del mineral, entre otros. El 80% de las ganancias mineras serán repartidos entre todos los socios de la Cooperativa.

El Modelo Extractivo Minero se pretende implementar con mentiras, engaños, falsas promesas, con pobreza, degradación ambiental, contaminación y violación a los derechos humanos donde los gobiernos estatales siempre han estado coludidos apoyando este tipo de actividad extractiva. Por ello, en Chicomuselo y en la región de la Sierra siguen acechando los intereses por extraer oro, plata, plomo, cobre, barita, magnetita, titanio, entre otros minerales a costa de los pueblos. Las resistencias en la región siguen aumentando así como en todos los rincones del país con el fin de liberar los territorios de los megaproyectos, entre ellos las concesiones mineras.

En el contexto de la Reforma Energética que acarrea modificaciones a la ley agraria, de amparo, de bienes nacionales, de expropiación, entre otras, en el marco de Tratado TransPacífico, los proyectos extractivistas se acentuarán en Chiapas para despojar a los pueblos de sus territorios. Efectivamente, como se ha pronunciado el Movimiento Mexicano de Alternativa a las Afectaciones Ambientales y al Cambio Climático (MOVIAC), esta Reforma es un “Crimen de Estado” que pretende despojar a los pueblos de sus medios de sustento y elementales derechos humanos. Y hacemos eco de su llamado a la insurrección social nacional para defender nuestras tierras y los derechos humanos fortaleciendo las resistencias, generando alternativas de vida digna.


¡MARIANO VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Fundación Ambientalista Mariano Abarca

Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)/M4

NOTAS:

Empresas mineras reanudaron ilegalmente trabajos en Chiapas (la Jornada)

Reactivan, de manera ilegal, extracción minera en Chiapas (chiapasparalelo.com)