vía Movimiento M4
En los últimos diez años ha sido notable el crecimiento exponencial de conflictos socioambientales en todo el territorio mexicano por la disputa en torno al acceso, control y gestión de los bienes comunes naturales, pero también por los efectos negativos de la extracción, producción, circulación, consumo y desecho la riqueza social convertida en mercancía en el marco de la acumulación del capital.
Se trata de un nuevo giro en la extracción de bienes naturales renovables y no renovables, de la mano del desarrollo de numerosos proyectos de infraestructura carretera, portuaria y enclaves turísticos. A lo que debemos sumar, el impulso de un nuevo sistema agroalimentario, en manos de grandes transnacionales, a costa de la exclusión masiva de los pequeños productores rurales.
Esta reconfiguración ha sido impulsada por las políticas del capital privado y la participación de los gobiernos en sus diferentes ámbitos y niveles, a través de un amplio abanico de estrategias jurídicas, de cooptación, disciplinamiento y división de las comunidades, represión, criminalización, militarización y hasta contrainsurgencia, para garantizar a cualquier costo la apertura de nuevos espacios de explotación y mercantilización. Desde está lógica podemos comprender las detenciones de Juan Carlos Flores y Enedina Rosas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla-Morelos-Tlaxcala contra el Proyecto Integral Morelos, que incluye el despojo de las tierras de decenas de comunidades para la construcción de dos centrales termoeléctricas, un gasoducto, una línea eléctrica y un acueducto. O el caso del comunero Marco Antonio Suástegui del emblemático Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), reconocido por la férrea resistencia campesina que logró durante once años bloquear dicho proyecto hidroeléctrico. Un común denominador de todas estas aprehensiones es la opacidad e irregularidades en el debido proceso legal.
Así, y a partir de la revisión de múltiples conflictos socioambientales en México, vemos que las estrategias de dominación del Estado y capital operan sobre la base de por lo menos cuatro aspectos que buscan ocultar y disfrazar el verdadero carácter del despojo:
- Los proyectos de despojo se presentan como medios para el desarrollo, progreso y bien común. Sin embargo, este desarrollo no es igual para todos; al contrario, hay poblaciones y territorios que son sacrificados y desechados y que su vida es transformada radicalmente. Aquí, el Estado aparece como un árbitro neutral y autónomo de la lógica económica. En su aparente búsqueda por garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, despliega una legalidad que en nombre de la igualdad jurídica favorece a los poderosos, consagrando el despojo y manteniendo la desigualdad de propiedad.
- Si bien sabemos que las ganancias del desarrollo de unos cuantos son a costa del sacrificio de otros, para evitar la oposición de las comunidades “afectadas” se les promete desarrollo local, crecimiento económico y prosperidad social. Sin embargo, esta narrativa desarrollista es la mayoría de las veces una apariencia, debido a que estos proyectos al funcionar con una lógica de enclave -es decir, sin una propuesta integradora de las actividades primario-exportadoras al resto de la economía y la sociedad-, no promueven los mercados internos, ni generan los empleos prometidos. Lo cierto es que profundizan las condiciones de desigualdad y miseria, debilitan o desmantelan la cohesión, el arraigo y apego comunitario, y generan un proceso de desposesión y expulsión que orilla a la migración y búsqueda de oportunidades, principalmente en las ciudades.
- Todos aquellos que se oponen al interés general de las mayorías se presentan como intransigentes, instigadores del orden y opositores del progreso, con lo que se busca justificar el uso de la violencia para mantener el control social y no poner en riesgo las jugosas inversiones del capital.
- Existe una guerra contra las formas comunitarias –que en la mayoría de los casos son indígenas y campesinas- consideradas como prescindibles, intrascendentes y en algunos casos inexistentes. La narrativa desarrollista se impone sobre un único modo de pensamiento y de vida, el resto de formas son pre-modernas o primitivas.
No obstante, pese a las condiciones tan asimétricas a las que se enfrentan las comunidades, se han logrado acuerpar decenas de resistencias en todo el territorio mexicano. La investigadora María Fernanda Paz (2012), ha publicado que hasta 2011 se registraron 95 conflictos relacionados al despojo de bienes comunes naturales, distribuidos en 21 estados del país. Si bien, no todos los procesos de resistencia registrados han logrado la plena defensa de sus territorios, lo cierto es que muchos de ellos han sido capaces de obstaculizar momentáneamente el despojo, mediante el retraso o directa paralización de la implementación de los megaproyectos.
Sin lugar a dudas, ante la creciente intensificación de la violencia para la extracción de recursos naturales con las reformas anunciadas y recientemente aprobadas, como dice la feminista Silvia Federici estas experiencias se vuelven fundamentales, “pues son luchas que ponen un freno, un alto al avance de las relaciones capitalistas. Si estas luchas se pierden, todos enfrentaremos un futuro todavía más duro”.
Y es que en definitiva, La supervivencia y protección de los bienes comunes constituye una condición fundamental para la continuidad de la vida, que puede seguir y potencialmente estar en manos de sujetos comunitarios a partir de formas de autoregulación social que incorporen entre sus principios, frenos y controles que eviten la sobreexplotación, degradación o agotamiento de los recursos. Una cuestión central para la sobrevivencia humana frente a la crisis civilizatoria que el mundo vivo enfrenta.
Fuentes consultadas:
NAVARRO, Mina Lorena/ Linsalata, Lucia, “Crisis y reproducción social: claves para repensar lo común. Entrevista a Silvia Federici”, realizada junto con Lucía Linsalata, Revista OSAL, No. 35, Buenos Aires, 2014. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20140506032000/OSAL35.pdf
PAZ, María Fernanda, “Deterioro y resistencias. Conflictos socioambientales en México”, en: Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, ITESO, Guadalajara, 2012. http://www.publicaciones.iteso.mx/libro.php?id=221
*Doctora en Sociología y Profesora-investigadora del Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades ‘Alfonso Vélez Pliego’ de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Ha acompañado procesos organizativos orientados a la defensa del territorio en México. Activista e integrante de Jóvenes en Resistencia Alternativa. mina.navarro.t@gmail.com
Fuente: La Jornada de Oriente
MOVIMIENTO M4
La minería es riqueza. Sin embargo, su explotación está estructurada para que esa riqueza se vaya fuera del país. Es fuente de corrupción y beneficios para funcionarios y políticos locales, al tiempo que es generadora de desastres ecológicos, ambientales y una amenaza creciente para la vida de las comunidades. La explotación minera y los proyectos hidroeléctricos van unidos por el mismo modelo extractivo, depredador, consumista y contaminador y concentrador de bienes y recursos. Es una explotación basada en la lógica del consumo infinito sobre un mundo con recursos limitados. La riqueza mineral deja miseria y desastre ambiental en contraposición a la creciente vida de lujo y derroche de los propietarios de las compañías mineras.

En todo el mundo, el actual «modelo extractivo minero» ha demostrado ser altamente devastador. En México, la amenaza de la minería sobre comunidades, ejidos, pueblos y millones de hectáreas de territorio es inminente e inconmensurable. Los daños asociados a ella son notables: militarización del territorio, violaciones a los derechos humanos, división de comunidades, atentados contra la integridad y criminalización de defensores y luchadores sociales además de la contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria y biodiversidad, así como altísimas contribuciones al cambio climático, afecciones a la salud y empleos precarios, son algunos de ellos cuando las mineras hacen su aparición. Debido a su extraordinaria capacidad depredadora, la minería constituye uno de los ejes de conflictividad social más significativos a tener en cuenta en los próximos años en nuestro país.
Las industrias extractivas se constituyen bajo la premisa de que es posible la generación de riqueza a expensas de la destrucción -en muchos casos irreversible- de una parte del medioambiente. Es por lo tanto una fuente de conflictos cuya resolución definitiva pasa por replantear la lógica desde donde las partes observan la situación-problema.

Compartimos audios realizados especialmente para las luchas antimineras. Son 30 cuñas con datos e informaciones sobre esta devastadora actividad y 10 más que refieren a las acciones de la trasnacional minera canadiense GoldCorp.
El activista detalló que en Chiapas, concesiones entre 2010 y 2012 han sido otorgadas inicialmente a un total de 51 propietarios diferentes. De todos ellos, 41 son mexicanos y el resto extranjeros entre Canadá y Chile.
Barrick Gold y su filial Nevada SpA están acusadas de haber violado el derecho al agua y a un medioambiente sano en el valle de Huasco (Chile), una zona andina glaciar donde inició las operaciones de construcción de su proyecto minero Pascua Lama en 2009. Estas actividades, que fueron suspendidas por la corte suprema de Chile en abril de 2013, «han tenido impactos significativos sobre los recursos hídricos y naturales» del valle, indicó el TPP