Categoría: Minería

Lic. Fernando Francisco Gómez Mont/Secretario de Gobernación
Lic. Ulises Ernesto Ruiz Ortiz/Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
José Luís Soberanes Fernández/Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Ing. Genaro García Luna/Secretario de Seguridad Pública Federal
Lic. Javier Rueda Velázquez/Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca
Sra. Margaret Sekaggya/Relator Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU
Sr. John Ruggie/Representante Especial sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Trasnacionales y Otras Empresas Comerciales de la Organización de las Naciones Unidas

Ante el desalojo violento que han sufrido los habitantes del Municipio de San José el Progreso, Ocotlán, Oaxaca, México, quienes vienen denunciando los daños y la contaminación que provoca en sus familias y sus tierras la explotación de la Minera Cuzcatlán, nos sumamos a sus exigencias:
         1) Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante dialogo, ya que este tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.
         2) Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México.
         3) Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que éste pone en riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.
         4) Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera, particularmente que cese el hostigamiento hacia el Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol y se tomen medidas para resguardar su condición de defensor de derechos humanos, de acuerdo a la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas” de la ONU, firmada por nuestro país.

DESCARGAR CARTA: mina_san_jose.pdf

Benedicto XVI critica impactos de explotación minera
La Jornada Mundial de la Juventud, asistió el papa Benedicto XVI.

Esta Jornada es el evento religioso juvenil «más grande del mundo“. La Iglesia Católica reunió en el 2008 en Australia a 150,000 personas.

El Papa Benedicto XVI criticó los impactos de la explotación minera y demás proyectos que dañan el medio ambiente. «Hay cicatrices en la superficie de nuestra Tierra, erosión, deforestación, derroche de los recursos minerales y de los océanos, para satisfacer al consumo insaciable», declaró ante 150 mil peregrinos que participaron en las Jornadas Mundiales de la Juventud, desarrolladas en Sidney, Australia.

Leer más: EL_PAPA_CONTRA_LA_MINERIA.pdf

Entre 2002 y marzo de 2005 el gobierno federal otorgó 50 concesiones para exploración y otras tres para explotación minera en Chiapas, donde la actividad en esta rama industrial es incipiente, por un total de 357 mil 443.87 hectáreas.
Tan sólo dos transnacionales canadienses, ambas buscadoras de oro, Linear Gold y Fronteer Development Group, concentran concesiones para explorar 284 mil 942 hectáreas.

Leer más: La_Mineria_en_Chiapas.pdf

Presentación .pps con fotos de la zona de Chicomuselo, en la frontera de Chiapas con Guatemala. El embate de Mineras canadienses y la destrucción de sus
montañas y la contaminación de sus Ríos.

Ver: FOTOS_FRONTERA_SUR_en_PELIGRO.pps

Chiapas (México) – Periódico Diagonal

Tras las movilizaciones contra la minería en Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y demás países latinoamericanos, la sociedad civil mexicana reacciona ante la nueva oleada de inversiones mineras.

El oro es el mineral precioso por excelencia. Desde tiempos inmemoriales ha sido el símbolo de riquezas y lujos, y aún lo sigue siendo. Y para conseguirlo las compañías transnacionales no escatiman desagravios. Ya en el siglo XVI, la Corona española financió las expediciones en busca de yacimientos y, allí donde los hubo, esquilmó las tierras y esclavizó a los pobladores para conseguir el sustento del imperio. Hoy en día, el oro, salvo muy pequeñas excepciones, sólo es para eso: una demostración de lujo que da multimillonarios beneficios a unas cuantas corporaciones mineras apoyadas por financieras como ING, HSBC, Citigroup, Santander, Barclays o BBVA. Según diversos investigadores y estudios sobre el tema, “la minería es una de las actividades más depredadoras del mundo” y “va dejando a su paso un ambiente y una sociedad destruidos, en la mayoría de los casos en forma irreversible” (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, WRM). El informe de la Environmental Protection Agency (EPA), oficina de protección ambiental del Gobierno de EE UU, considera que la minería es después del calentamiento global la mayor amenaza a los ecosistemas del planeta, además de ser la mayor industria de contaminación tóxica de ese país.

No es sólo el oro, sino muchos otros recursos los que se extraen, para satisfacer algunas de sus necesidades, básicas o no. Pero también es cierto que el consumo excesivo de una parte está destruyendo las formas de sustento y el medio ambiente de la otra parte de la humanidad, que habita en áreas impactadas por la minería. El caso del oro es uno de los más flagrantes. Encuentro en Chiapas Con motivo de la toma de conciencia de los graves problemas que generan las compañías mineras, en mayo se celebró el primer Encuentro Chiapaneco contra la Minería, que recogía la necesidad planteada desde diversos estados mexicanos para formar “una red nacional para combatir la minería y con el apoyo de organizaciones hermanas solidarias de Argentina, Estados Unidos, Canadá y Guatemala en una alianza estratégica”.

En esa primera reunión en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, estuvieron presentes 150 representantes de comunidades y organizaciones, adonde llegaron también luchadores sociales de Guatemala, que explicaron su situación: “la minera Marlin de la compañía canadiense Goldcorp (la segunda más grande del mundo en extracción de oro) cada día dinamita 14.000 toneladas de roca y usa seis toneladas de cianuro de sodio que se derraman sobre grandes depósitos de arena y agua” (con una gota muere una persona). Además, obtiene facilidades de las instancias gubernamentales: exención de impuestos y demás pactos, por ejemplo “los 250.000 litros de agua por hora que consume la mina sin pagar, equivalen a lo que gasta una familia guatemalteca en el campo por más de 20 años”, declaraba un activista guatemalteco. Los ingresos de esta empresa son de 125 millones de dólares, aunque “tiene que pulverizar una tonelada de roca para poder extraer tan solo una onza de oro (31,1 gramos) que llega a los mil dólares su precio”.

Ante esto, en Chiapas cunde la preocupación “por el escenario a medio plazo ante la nueva oleada que se avecina de inversiones mineras”, según Gustavo Castro, de la asociación civil Otros Mundos Chiapas, pues según relata, la compañía canadiense Linear Gold Corp ha obtenido recientemente diez concesiones para la extracción de oro, que se suman a las exploraciones de otras empresas en este Estado del sureste mexicano. Los efectos sociales y medioambientales están estudiados, aunque silenciados: deforestación irreversible, destrucción de la flora y la fauna, enfermedades por la contaminación del agua, violación constante de derechos laborales, paramilitarización y represión de la protesta, la destrucción del entramado productivo que sostiene con vida a la región, colonización cultural junto a mecanismos de compra de voluntades y ruptura de los lazos comunitarios, intenso tráfico de vehículos, contaminación acústica, etc.

Encuentro en Jalisco
Esta inquietud por las minas sobrepasa las fronteras de Chiapas. A principios de año comenzó a impulsarse la Red Mexicana Antiminera (REMA), que con el propósito de “parar la depredación que este sistema capitalista hace de nuestro planeta” tuvo su Primer Encuentro Nacional del 19 al 21 de junio en Jalisco, hermanándose con el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Prometen hacer seguimientos, informar a la sociedad, impulsar iniciativas de consultas ciudadanas, presión social y lucha contra estas trasnacionales que arrasan con las tierras y los poblados.

Impactos colaterales en las mujeres
La minería está produciendo un gran número de impactos específicos sobre las mujeres, ya que la ‘riqueza’ generada hunde todavía más a las mujeres en la pobreza, el desposeimiento y la exclusión social: las compañías habitualmente sólo entran en negociaciones con hombres y la escasa mano de obra local sólo es masculina, por lo que las mujeres se vuelven cada vez más dependientes de ellos y se ven obligadas a hacerse cargo solas de la casa y la agricultura, afectada, por otra parte, por los vertidos y la deforestación.

La nueva economía basada en el mercado implica una erosión importante o incluso la destrucción de los valores y costumbres tradicionales, que han sido esenciales en el sostenimiento de la solidaridad y la unidad de las familias y las comunidades. La visibilidad económica depende del trabajo en la esfera pública y a quien trabaja en tareas no remuneradas en el hogar o en la comunidad se le categoriza como “improductivo, desocupado y económicamente inactivo”, según Forest People’s Programme.

Del 19 al 21 de junio de 2008 en la comunidad de Temacapulín, Jalisco, se dio un hecho histórico y sin precedentes en la historia del país. Provenientes de doce estados de la República (Chihuahua, Sonora, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila y Veracruz), más de 30 organizaciones sociales, indígenas, campesinas, comunidades, organizaciones de derechos humanos, de educación, de comunicación, movimientos, colectivos de estudiantes, académicos, además de aliados internacionales estratégicos, conformaron la primera Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

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En el año 2007, en Otros Mundos AC observamos la escalada del crecimiento de la explotación minera y la vinculación que tienen con muchos proyectos de presas por ser las primeras altas consumidoras de energía, agua, tierras y ríos. Ante ello nació la propuesta de comunicar nuestras experiencias al menos virtualmente entre algunos miembros del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).

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Los días 19 y 20 de abril, en la comunidad de Las Flores, Municipio de Chicomuselo, Chiapas, con la participación de 140 personas de varias regiones d este municipio pero también de los municipios de Pueblo Nuevo, Jititol, Tapilula, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comalapa, Coapilla, San Cristóbal de las Casas, entre otros, las comunidades y organizaciones reflexionamos sobre la problemática de la minería y sus impactos. También estuvimos presentes las organizaciones de Cáritas de San Cristóbal de las Casas, Cefodecc, Compitch y Maderas del Pueblo y Otros Mundos A.C.

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