¿La nueva cara de la biopiratería en América Latina?
Gerardo Lissardy. Río de Janeiro. BBC Mundo
REDD y Biopiratería en Brasil
Brasil advierte que ciertos contratos acordados por comunidades indígenas y empresas extranjeras podrían llegar a ocultar la práctica de la biopiratería, una práctica que inquieta a la región
Brasil comenzó a advertir que una serie de contratos que permiten a empresas extranjeras acceder a tierras indígenas en la Amazonía pueden servir para camuflar la biopiratería, una práctica que inquieta a la región.
La última alarma para el gobierno brasileño surgió con la noticia de que indios de la etnia mundurucú cedieron por US$120 millones los derechos sobre sus tierras a una empresa irlandesa del negocio de créditos de carbono.
El acuerdo establece que por 30 años los indios estarán impedidos de plantar o extraer maderas de sus tierras, de una superficie similar a El Salvador, a las cuales la empresa tendrá acceso irrestricto, informó hace pocos días el diario ‘O Estado de Sao Paulo’.
Las autoridades brasileñas advierten que este y otros contratos similares ofrecidos a etnias indígenas por empresas de créditos de carbono suponen un riesgo de explotación oculta de la biodiversidad del país.
La ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, dijo en el mismo diario que se debe evitar que las oportunidades para avanzar en la valorización de la biodiversidad ‘disfracen acciones de biopiratería’.
‘Es un nuevo canal que se abre para la biopiratería’, indicó a su vez la asesoría de comunicación de la presidencia de la Fundación Nacional del Indio (Funai), una entidad estatal brasileña, en declaraciones a BBC Mundo.
‘Libre acceso’
La biopiratería es comúnmente entendida como el uso con fines comerciales o científicos de recursos de la biodiversidad y conocimientos ancestrales de la misma sin una autorización o compensación adecuada.
Esta práctica para desarrollar productos medicinales, farmacéuticos, agroindustriales y de otro tipo ha provocado medidas preventivas de las Naciones Unidas y de países latinoamericanos en la región Amazónica.
Ecuador, por ejemplo, anunció hace pocos días que prepara un proyecto de ley para enfrentar el fenómeno en general.
Brasil ha tomado medidas contra la biopiratería desde hace años, pero las autoridades creen que los contratos de empresas que negocian con créditos de carbono en tierras indígenas muestran la necesidad de adaptar las normas.
‘Algunas de las propuestas de contratos presentadas a las comunidades indígenas incluyen cláusulas de libre acceso a tierras indígenas y a todo el patrimonio biológico en ella contenido por parte de las empresas, lo que puede facilitar acciones de biopiratería’, indicó la Funai.
‘El pretexto para tal cláusula es la supervisión del área para que las empresas puedan acompañar la preservación de la selva. No obstante, la falta de reglamentación de ese mecanismo deja espacio para otras actividades e investigaciones no relacionadas con el comercio de carbono’, agregó.
Contratos bajo la lupa
Más de 30 etnias brasileñas han sido abordadas por empresas o personas físicas que buscan negocios vinculados a los créditos de carbono, aunque no siempre se han cerrado contratos, precisó la Funai.
Se desconoce cuántos quilómetros cuadrados de tierras indígenas abarcan los contratos ya firmados, que fueron transferidos a la Procuraduría General de la Unión para que eventualmente tome medidas judiciales.
La Funai niega que los acuerdos tengan validez jurídica, ‘porque Brasil todavía no reglamentó el mecanismo de REDD, como se llama ese mecanismo de compras y ventas de créditos de carbono’.
REDD es un método de pago a países en desarrollo o a comunidades dentro de ellos para que conserven sus bosques y puedan reducir así las emisiones de CO2 derivadas de la deforestación.
Las cantidades de carbono que se dejan de emitir se calculan en créditos, que pueden ser comprados por empresas contaminantes de Europa y otras regiones para delegar la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Las compañías que buscan contratos en tierras indígenas de la Amazonía se especializan en el desarrollo de ese mercado de créditos de carbono.
‘Preocupación legítima’
Celestial Green Ventures, la empresa irlandesa que firmó el contrato con la etnia mundurucú, se define a sí misma como líder mundial en la materia.
Sólo en Brasil tiene 16 proyectos que suman 200 mil kilómetros cuadrados, según ‘O Estado de Sao Paulo’, lo que supone un área mayor a la superficie de Uruguay.
Consultada por BBC Mundo en su sede en Dublín, la empresa declinó formular comentarios sobre la inquietud que generan sus actividades en Brasil e indicó que pronto hará una declaración al respecto.
‘El gobierno tiene una preocupación legítima’, evaluó Carlos Roberto Sanquetta, un especialista brasileño en ecología, cambio climático, proyectos forestales y de carbono, consultado por BBC Mundo.
A su juicio, con los contratos que dan derechos sobre tierras indígenas a empresas extranjeras ‘se corre el riesgo de que haya exportación clandestina de recursos genéticos y de valores culturales de las comunidades indígenas’.
‘Nuestro país debe tener directivas muy claras para que eso no ocurra y la legislación brasileña todavía deja brechas para que esas actividades irregulares puedan suceder’, advirtió.
¿Reacción exagerada?
Sin embargo, Paulo Adario, director de la campaña amazónica de la organización no gubernamental Greenpeace, sostuvo que la reacción brasileña puede ser exagerada.
La venta de créditos de carbono ‘es un mecanismo que nosotros no necesariamente apoyamos, pero que existe en el mercado y no tiene nada (que ver) con la soberanía: creo que hay una confusión ahí’, dijo Adario.
A su juicio, ‘siempre que hay una discusión sobre compañías extranjeras y la Amazonía hay una gran preocupación de Brasil con la cuestión de la soberanía y la biopiratería’.
‘Hay verdad en esto y hay una preocupación muy fuerte con cosas que no existen’, indicó en declaraciones a BBC Mundo. ‘Por supuesto, es necesario verificar los contratos para ver lo que pueda haber detrás’.
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LAVIDA informa a los pueblos y a la sociedad veracruzana que la minera canadiense Fortuna Silver Mines-Minera Cuzcatlán, en complicidad con el presidente municipal de San José del Progreso, Oaxaca, Alberto Mauro Sánchez, propiciaron de manera cobarde y en una emboscada, el asesinato del compañero Bernardo Vázquez Sánchez, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), la noche del 15 de marzo de 2011. Asimismo dejaron seriamente heridos a Rosalinda Dionicio y a Andrés Vásquez Sánchez también integrantes de la CPUVO, quienes desde 2008 han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines. Dicho proyecto minero se lleva a cabo en flagrante violación de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas.
El día de ayer, 15 de marzo de 2012 fueron emboscados por grupos armados Bernardo Vásquez Sánchez (dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán –CPUVO-), Rosalinda Canseco y Andrés Vásquez Sánchez en el crucero de Santa Lucía, Ocotlán, Oaxaca, México, entre las 9 y 10 de la noche. En esta emboscada perdió la vida Bernardo Vázquez por los impactos de bala.
Apenas 147 empresas trasnacionales controlan el 40 por ciento del volumen total de ventas de todas las trasnacionales del globo. El dato más sorprendente no es que sean pocas –existían ya estudios mostrando el alto grado de concentración corporativa–, sino que están estrechamente interconectadas a través de acciones y participaciones entre ellas, constituyendo una «súper entidad» global que ejerce un control enorme sobre mercados, producción y políticas nacionales e internacionales. Las tres cuartas partes de éstas 147 superpoderosas son bancos e intermediarios financieros, que a su vez tienen un importante porcentaje de acciones en las mayores empresas de capital productivo.
