¿Qué tienen que ver los bosques con el cambio climático, los mercados de carbono y REDD+?

Compartimos este librillo publicado por el Movimiento Munidal por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) – «¿Qué tienen que ver los bosques con el cambio climático, los mercados de carbono y REDD+? – Herramientas para activistas comunitarios»

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Diseños: Nieves Capote
Diagramación: Juan Morante

En los últimos 10 años, en diversos debates internacionales en torno a cómo detener la pérdida de bosques, se ha inventado una nueva palabra: REDD. Con REDD, los países con altos índices de deforestación reciben dinero por adoptar medidas que resultan en la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los bosques. El pago está condicionado a que el receptor demuestre que se han reducido las emisiones de carbono causadas por la destrucción de bosques. Es por eso que en ocasiones se dice que REDD es un pago en base a resultados. Pero esto es sólo una parte de la historia de REDD.

La otra parte de la historia rara vez se menciona: contrariamente a lo que sugiere el nombre, en realidad REDD no tiene nada que ver con los bosques. Ante todo y sobre todo REDD tiene que ver con los países industrializados y las empresas que dependen de la combustión de petróleo y carbón, y posterga la decisión de poner fin al uso de estos combustibles fósiles. Cuando el petróleo y el carbón son quemados se libera un gas llamado dióxido de carbono. Cuando se destruyen bosques también se libera ese mismo gas, el dióxido de carbono, porque los árboles acumulan carbono en su tronco y ramas mientras crecen. Un gran aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está causando el cambio climático. Las empresas que dependen de la combustión de petróleo y carbón afirman que «el dióxido de carbono es el mismo en cualquier parte». Por lo tanto, argumentan, detener las emisiones de carbono derivadas de la pérdida de bosques contribuye a la lucha contra el cambio climático y a poner fin a la liberación del carbono fósil – el carbono que está en el corazón del modelo de negocios de esas empresas.

La información que se brinda en este librillo explicará por qué importa el lugar en el que se reduce la emisión de carbono, y por qué eso guarda importancia para el cambio climático; por qué el carbono de un bosque no es lo mismo que el carbono fósil de la gasolina o el carbón cuando se trata del cambio climático, y por qué REDD es un mal negocio para el clima, los bosques y los pueblos de los bosques.

El librillo comienza con una breve introducción acerca de cómo las empresas y los países que tienen mayor responsabilidad por el cambio climático, usan REDD para seguir quemando carbono fósil. Los capítulos que siguen aportan más información a la presentada en los 7 afiches que usted puede encontrar en el sitio web del WRM así como también junto a la versión impresa de este librillo. Los dibujos de estos afiches procuran ayudar a los activistas de las comunidades a explicar qué tiene que ver REDD con los bosques, la energía, el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero; qué se esconde detrás de REDD; y por qué algunas personas que visitan a comunidades de los bosques presentan a REDD como una oportunidad para una vida mejor y una nueva herramienta para proteger los bosques, mientras que otros advierten sobre los riesgos que REDD implica
para el control de la comunidad sobre sus territorios.

Los afiches interactivos y este librillo que los acompaña tienen como objetivo brindar apoyo a las comunidades interesadas en explorar qué hay detrás de REDD y que implica REDD para ellas. Los afiches pueden ser utilizados de muchas formas diferentes. Se pueden usar en conjunto, organizar una exhibición y comenzar la reunión con los participantes estudiando las imágenes y compartiendo las ideas que las imágenes provocan. O, se pueden seleccionar algunos de los afiches para una discusión más en pro-fundidad, por ejemplo seleccionando aquellos que provocaron mas reacciones o interés entre los participantes. O también se pueden utilizar algunas imágenes solamente para explicar una sección especial de la conexión entre bosques – cambio climático y el mercado de
carbono. También se puede optar por resaltar algunas partes específicas del afiche, y luego agregar sus propios dibujos y comentarios en el mismo, o cubrir partes de los dibujos del afiche que no son de particular interés en la discusión para de esta forma enfocar en los restantes.

En otras palabras, estas imágenes fueron pensadas para ser un instrumento versátil que facilite la explicación de las complejidades de la conexión entre bosques – cambio climático y el mercado de carbono y, y dan la libertad para trabajar con solo aquellas imágenes que son más relevantes para su reunión o taller o discusión. Las imágenes de los afiches han sido insertadas a lo largo del texto para que resulte más sencillo vincular las explicaciones en este librillo con las imágenes de los afiches. Los argumentos centrales o puntos importantes han sido resaltados en negro, direcciones de páginas webs con otros materiales de interés se pueden encontrar al final de esta publicación.

Los materiales pretenden explicar qué es REDD sin recurrir a un lenguaje elitista y técnico. Somos conscientes de que, para quienes están buscando conocer a fondo REDD, esos materiales por sí solos seguramente no brinden información suficiente. No es ésa la intención, sino que, más bien, han sido concebidos para ayudar a que quienes ya están familiarizados con conceptos como REDD, mercados de carbono y justicia climática, puedan explicar más fácilmente a las comunidades con las que trabajan, lo que se esconde detrás de REDD y de la conservación basada en el mercado. Además, la información destaca cómo y por qué REDD reduce los bosques a unidades comercializables de dióxido de carbono. Esta idea reduccionista está estrechamente vinculada a la visión tecnocrática del mundo que tiene la ciencia occidental. Sería difícil imaginarla en cosmovisiones que conciben a cada bosque como único, integrado a un lugar y como una red indivisible e intrincada de relaciones e interacciones humanas y no humanas y en constante cambio.

Considerada desde la perspectiva de esas visiones del mundo, la idea de REDD sin duda parecerá aún más extraña y contradictoria que a quienes tienen su pensamiento arraigado en la ciencia occidental y el móvil económico. Esperamos que este material les resulte útil e informativo y agradecemos las sugerencias que nos ayuden a mejorar los afiches y la información presentada en este folleto.

DESCARGAR LOS AFICHES POR SEPARADO:

AFICHE 1: ¿Cómo se introducen los proyectos REDD+ en las comunidades? ¿Quién participa en la promoción de REDD+?

AFICHE 2: ¿De qué carbono hablan los consultores, las empresas y las ONG conservacionistas que llegan a las comunidades de los bosques?

AFICHE 3: ¿Qué tiene que ver el carbono con el cambio climático? ¿Qué es el calentamiento global?

AFICHE 4: ¿Qué hacen los gobiernos respecto al cambio climático? ¿Cuáles son los principales acuerdos internacionales sobre el cambio climático?

AFICHE 5: ¿En qué consiste el comercio de carbono?

AFICHE 6: ¿Cómo saben los proyectos de compensación de carbono cuántos créditos de carbono pueden vender?

AFICHE 7: ¿Qué es REDD+? ¿Por qué REDD+ es una amenaza para el uso del bosque por los pueblos de los bosques?

MÁS LECTURA SOBRE REDD:

Nuestro folleto «La Economía Verde»

[AUDIO] Los proyectos REDD no son distintos a otros proyectos del modelo extractivo

[AUDIO] Proyectos REDD+ en Chiapas: Falsas soluciones que se imponen ante el cambio climático

REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras

La amenaza de la ZEE del Istmo de Tehuantepec y de los megaproyectos asociados

Compartimos el documento de análisis «La amenaza de la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec y de los megaproyectos asociados» elaborado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el colectivo GeoComunes y el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio en el marco del Foro «El Extractivismo o la Vida» realizado los 19 y 20 de agosto del 2017 en Ixtepec, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

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Palabras del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio

¡¡Las Zonas Económicas Especiales y los megaproyectos asociados no pasarán!! ¡¡Sin oro y plata se vive, sin agua no!!

Por su ubicación estratégica, la región del Istmo ha despertado el interés de grandes potencias comerciales. Desde la colonia hasta nuestros días se ha intentado arrebatarnos nuestros territorios. Como con el Plan Puebla Panamá o Plan Mesoamérica, y actualmente las Zonas Económicas Especiales. Desde el 2013 Enrique Peña Nieto ha realizado reformas estructurales, como la reforma energética, laboral y educativa, para sentar las bases de una economía basada en el extractivismo.

Con el objetivo de desmantelar el tejido de resistencia comunitaria de nuestros pueblos, el gobierno federal promulgó en junio la Ley Federal de las Zonas Económicas Especiales y así proteger legalmente las inversiones de los empresarios nacionales y extranjeros. Otorgándoles toda clase de privilegios con fondos públicos a perjuicio del derecho de los pueblos a su territorio, cultura y a un ambiente sano. La ilusión de «progreso y desarrollo» está empaquetada de minas, eólicos, gasoductos, represas, agroindustria y maquiladoras.

Nos intentan convencer de aceptar este despojo y con el espejismo de creación de empleos y obras sociales se proponen saquear los bienes naturales, contaminar los ríos, tierras y aire. Esa es la oferta para nuestra región.

Paisanos y paisanas, es por ello que vemos con urgencia reflexionar los caminos para una vida digna y sostenible. En el sanar, alimentarnos y aprender, que nos permita fortalecer nuestra soberanía alimentaria con respeto a nuestra cultura y naturaleza. Por nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Defendamos el bien común.

¿Qué son las Zonas Económicas Especiales (ZEE)?

El gobierno define las ZEE como un lugar o área con «un excepcional ambiente de negocios» en que las empresas privadas
nacionales o extranjeras tienen la facultad de definir la organización de esa área a partir de sus intereses económicos. Son áreas que «tienen ciertas ventajas tanto logísticas como naturales con potencial para convertirse en regiones altamente productivas».

Una ZEE es área geográfica delimitada que tiene un régimen para el pago de impuestos especial y diferente a cualquier otra parte del país. Adentro de una ZEE se pueden realizar actividades de manufactura, agroindustria, transformación de materias primas, innovación y desarrollo científico y tecnológico, etc, por medio de clústers (o parques industriales) donde se concentran un conjunto de empresas que se benefician de las aventajas fiscales funcionando como «maquiladoras» que sobreexplotan a l@s trabajador@s.

La ZEE y su Área de Influencia

ZEE: concentra los clústers o parques industriales que pueden ser dedicados a diferentes sectores (agroindustria, automotriz, textil, etc). Recibe las materias primas desde la Área de influencia y exporta los productos transformados por el medio de una infraestuctura de transporte masiva (ej: puerto).

Área de Influencia: son las poblaciones urbanas y rurales aledañas a la ZEE donde se desarrollan un conjunto de proyectos de infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarril) o energética (gasoductos, parques  eólicos, hidroeléctricas) necesarios para abastecer las actividades de la ZEE. Otros proyectos extractivos como la minería o la actividad petrolera que necesitan también este tipo de infraestructura para operar pueden ser favorecidos en el Área de influencia.

Principales pasos para el establecimiento de las ZEE

1. Ley Federal de ZEE (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2016)

2. Reforma de la Ley General de Bienes Nacionales (Bienes imuebles federales dentro del régimen de dominio público)

3. Leyes estatales (Aprobadas en 7 estados durante 2016)

4. Carta de intención (Los Gobiernos estatales entregan una carta a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE -AFDZEE- para la declaración de ZEE en sus territorios)

5. Dictamen (Elaborado por la AFDZEE, delimita geográficamente la ZEE y su área de influencia)

6. Decreto (El Ejecutivo Federal determina el establecimiento de una ZEE y su Área de Influencia. El Decreto contiene la delimitación geográfica precisa y los beneficios fiscales.)

7. Programa de Desarrollo (Elaborado por el gobierno y el sector privado. Contiene el ordenamiento territorial, las obras complementarias al exterior de la ZEE y las políticas públicas.)

8. Plan Maestro de la ZEE (Es el instrumento de planeación de la Zona, elaborado por el Administrador Integral y aprobado por la Autoridad Federal. Tiene que ser revisado cada 5 años.)

Mapa: Megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec

 

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Más información sobre las ZEE:

Declaratoria del foro nacional «El Extractivismo o la Vida» en Ciudad Ixtepec, Oaxaca

Resumen del foro «El Extractivismo o la Vida» en PDF

[AUDIO] 19 y 20 de agosto: Foro «El extractivismo o la vida» en Ixtepec, Oaxaca

VIDEO: Alberto Arroyo habla de los tratados de libre comercio y las Zonas Económicas Especiales en Oaxaca

Oaxaca: Declaratoria del Foro «Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente»

Colombia: Compensaciones ambientales, legitimando el extractivismo

Artículo de Marcela Gómez y Andrea Echeverri de CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia, publicado en el Boletín 232 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

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Colombia es uno de los primeros países latinoamericanos en configurar e implementar normas y regulaciones concretas sobre las compensaciones por pérdidas de biodiversidad. Además del artículo 50 de la Ley 99 de 1993, la Resolución 1503 de 2010 y la Ley 1450 de 2011, establecen la necesidad de estandarizar los mecanismos de compensación ambiental. Luego, en 2012, el Ministerio de Ambiente aprobó la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), donde establece como uno de sus ejes estratégicos «Fortalecer las actividades e institucionalidad relacionada con la evaluación de los impactos ambientales, recuperación de pasivos ambientales y con la asignación de compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad, ligadas a proyectos licenciables ambientalmente, a escala nacional, regional y local».

Más adelante en el mismo año, el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad (MACPB) se adoptó a través de la Resolución 1517, con apoyo de ONGs transnacionales como la WWF o The Nature Conservancy. La aplicación de dicho Manual es de uso obligatorio para solicitantes de licencia ambiental de los sectores minería, hidrocarburos, infraestructura, eléctrico, marítimo y portuario. Su aplicación considera la determinación y cuantificación de las compensaciones desde la etapa de planeación de los proyectos licenciables, y que debe considerar tres aspectos: establecer cuánto compensar en términos de área, dónde compensar y cómo hacerlo con un enfoque de «no pérdida neta», donde la disminución de la diversidad en un sitio puede ser compensada en otro sitio con «equivalencia ecológica», es decir sumas y restas engañosas.

Tanto la Ley de 2011 como el Manual fueron criticados por los sectores ecologistas colombianos. Una de las principales críticas se debía a que el puñado de ONGs trasnacionales involucradas mantienen un estrecho vínculo y reciben financiamiento de las mismas corporaciones que necesitan la compensación para mantener y aumentar sus niveles de destrucción. Se prescindió de la consulta a diversos actores colombianos como la academia y organizaciones nacionales y locales.

Basados en esas normativas y en el discurso que promueve la reducción de la huella de carbono, la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare – Cornare (1) propone la creación de «BanCO2» para la ejecución de planes de compensación por pérdida de biodiversidad, a través de un alianza con Bancolombia, la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, por su sigla en inglés), WWF y la Fundación Natura.

BanCO2 fue lanzada en 2013 por Cornare y fue adoptada rápidamente por otras Corporaciones Autónomas Regionales. Se está implementando a través de una supuesta cooperación o pago a familias rurales, a partir del apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales (actualmente 20) y la inversión de empresas, tales como las energéticas ISAGEN, Ecopetrol y Petrobras, las mineras AngloGoldAshanti Colombia y Antioquia Gold, la cementera Argos, la industrial de servicios públicos EPM, entre otras. Estas empresas figuran como «compensadoras», es decir, son quienes pagan una cuota para supuestamente compensar su degradación ambiental. De esta manera, el pago por la conservación de una determinada área en alguna parte de Colombia le permite a estas empresas poder seguir con sus industrias extractivas en otra(s).

Tres ejemplos de BanCO2:

– Al oriente del departamento de Antioquia, en el municipio de San Roque, el proyecto Gramalote de la minera multinacional AngloGoldAshanti Colombia, le paga a 15 familias campesinas por la protección de 215 hectáreas. Sin embargo, ese proyecto de extracción de oro abarca un área de más de 9.413 hectáreas en seis municipios, afectando potencialmente a 50 mil personas. Además, mientras que en BanCO2 tiene una plataforma perfecta para que la AngloGoldAshanti se presente como «cuidadora del ambiente», esta multinacional sudafricana posee 504 títulos mineros en Colombia y otras 3.074 solicitudes que contarían con la posibilidad de desplazar y afectar a miles de familias en el territorio nacional (Censat Agua Viva, 2016).

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) es una multinacional colombiana que actualmente está construyendo el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, para el cual ha talado más de 4 500 hectáreas de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia. La compensación de esta empresa a través de BanCO2 por sus enormes afectaciones ambientales ha sido un pago a 56 familias que por tres años asciende a 1.209 millones de pesos colombianos (alrededor de US 421.482 dólares). Las utilidades de EPM en 2016 fueron de 1.86 billones de pesos colombianos (alrededor de US 619.392.994 dólares) (Gómez & Echeverry, 2017).

– «Bosques de paz» es un programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que a través de la resolución 0470 de 2017 propone formular actividades productivas «con el fin de generar bienes y servicios mercadeables y contribuir a la conservación…». Con base en ello se invertirán en el municipio de Granada 3.500 millones de pesos (alrededor de US 1.172.409 dólares) en prácticas agroforestales en 1 200 hectáreas de bosque. La meta es crear 150 Bosques de Paz en todo el territorio nacional a través de la siembra de alrededor de 8 millones de árboles en los próximos dos años, acompañado de estrategias de compensaciones ambientales como BanCO2.

Con la implementación de BanCO2 se abre una verdadera disputa por los derechos de uso de los territorios campesinos. Si bien los territorios no cambian de propietario, cuando los campesinos se inscriben al BanCO2, se cambia quienes ejercen poder sobre la finalidad de uso en determinado territorio. La familia campesina pierde su poder de decisión sobre su territorio y lo otorga a las corporaciones regionales, quienes son los encargados de controlar el cumplimiento de dichos compromisos, al servicio del mercado.

Sumado a ello, más recientemente, se creó la estrategia «Banco de Hábitat» a través del Decreto 2099 de 2016, que fue lanzado públicamente en 2017 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Banco de Hábitat empezará con una inversión privada de US 1.5 millones de dólares para la restauración y conservación de 605 hectáreas en el municipio de San Martín, Meta,  financiada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (6). Este programa «busca que las empresas que tienen la obligación de compensar los impactos negativos que generan sobre el medio ambiente, puedan hacerlo a través de estos predios predestinados a la conservación y restauración«.

Como vemos los proyectos conservacionistas de compensación donde se apela a la «responsabilidad social y ambiental» de las empresas son una hábil maniobra con una doble ganancia para estas. La legitimación de sus políticas se traduce en mayores precios de las acciones y en una suerte de aval para continuar expandiéndolas. Las empresas apuntan a construir una imagen como redentoras de los territorios, centrándose en medidas compensatorias altamente publicitadas pero cuyas credenciales ecológicas son cuando menos cuestionables.

(1) Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), son «entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país»

CDMX: Programa de la exposición «Patrimonio biocultural y megaminería: un reto múltiple»

Desde el 19 de agosto, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en la calle Moneda 13, Centro Histórico, en la Ciudad de México, aloja la exposición «Patrimonio biocultural y megaminería: Un reto múltiple», impulsada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en estrecha colaboración con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

A través de un recorrido amplio histórico y actual, nos va detallando la transición que ha tenido la minería en el mundo, hasta lo que hoy se conoce como la megaminería, haciendo especial énfasis en sus consecuencias y aportes nacionales. A través de maquetas, fotografías, datos de estudios científicos y videos que muestran un arduo trabajo de campo y de investigación, se va mostrando esta problemática que hoy está encadenada a la propia dinámica nacional de la privatización de bienes naturales.

El objetivo es que las y los visitantes amplíen su mirada sobre el modelo extractivo minero que se fomenta en la actualidad, en especial por medio de la megaminería, y le permita crear una reflexión propia sobre las consecuencias que ello trae en contra el patrimonio histórico y biocultural.

En el marco de esta exposición, el Museo organiza un ciclo de conferencias sobre el tema de la minería y sus impactos:

1° SESIÓN / 19 AGOSTO, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras
Tema: «Patrimonio biocultural y megaminería tóxica en México y el mundo: un reto múltiple»

2° SESIÓN / 26 AGOSTO, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Miguel Ángel Mijangos Leal, miembro de la asociación civil Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP A.C.) y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Tema: «Criminalización, violencia y luchas antimineras»

3° SESIÓN / 2 SEPTIEMBRE, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Jennifer Moore, coordinadora del programa de América Latina de Alerta Minera Canadá (MiningWatch Canada)
Tema: «Minería canadiense: mitos y su legado en América latina»

4° SESIÓN / 9 SEPTIEMBRE, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Colectivo Geocomunes
Tema: «Dimensión geopolítica, socio-ambiental y territorial de la actividad minera en México»

5° SESIÓN / 23 SEPTIEMBRE, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Hilda Salazar y Maritza Rodríguez, integrantes de Mujer y Medio Ambiente A.C.
Tema: «Los impactos del extractivismo desde el enfoque de género»

Se otorgará una constancia a los y las visitantes que asisten a 80% de las sesiones.

(ver la imagen en grande)

Más lectura:

La vida o el mineral: los cuatro ciclos del despojo minero en México

Mapa interactivo de concesiones mineras en México

Día mundial contra la megaminería: Rechazamos el saqueo institucionalizado en México

Declaratoria del foro nacional «El Extractivismo o la Vida» en Ciudad Ixtepec, Oaxaca

Declaratoria de los y las convocantes* al Foro «El Extractivismo o la Vida» – Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a 20 de agosto del 2017

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Reunidos en la comunidad de Ixtepec, Oaxaca, lugar en donde llevamos a cabo el FORO NACIONAL «EL EXTRACTIVISMO O LA VIDA», las y los participantes provenientes de 9 estados y 23 municipios, en especial de la región Istmo de Tehuantepec, quienes estamos integrados en diversos grupos en resistencia contra la imposición del Modelo Extractivo y los diferentes megaproyectos asociados que han y continúan estableciéndose tanto en México como en el resto del mundo, intercambiamos experiencias útiles para continuar fortaleciendo nuestros procesos organizativos en las comunidades, ejidos, bienes comunales y municipios que hemos alzado la voz para detener estos proyectos que, con el falso discurso del progreso y desarrollo, están generando el despojo del territorio y la destrucción de los bienes comunes naturales, lo cual en consecuencia, genera el desplazamiento forzado de miles de pobladores quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales, los que en conjunto son los que nos dan sentido de pertenencia.

Nuestro diálogo sirvió para actualizar la información sobre el Modelo Extractivo y en particular sobre los diferentes megaproyectos que siempre están encadenados entre sí y que han alcanzado su máxima expresión de usurpación con la descarada definición de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), en donde es manifiesto el cinismo desmedido con el cual, el gobierno anti-nacional y sumiso, en colaboración con todos los partidos políticos, han dispuesto cambios tanto a la constitución, como a diversas leyes y reglamentos, para que el despojo quede «legalizado» y con ello legitimen y permitan la voracidad, el saqueo, la contaminación, la destrucción y los irreversibles daños a la salud y el ambiente, que el modelo extractivo y sus megaproyectos ocasionan.

Cabe destacar que al mismo tiempo, estos falsos gobernantes le hacen el trabajo sucio a los empresarios al encabezar el fomento de conflictos que utilizan para dividir a las comunidades y las familias quienes, además de sufrir el despojo y desplazamiento forzado, también sufren del desprestigio por medio de fuertes campañas mediáticas en las que se incluye la persecución, el hostigamiento, las amenazas, el encarcelamiento, la desaparición y hasta el asesinato de compañeras y compañeros, con la abierta participación de las fuerzas federales integradas por el ejército, la marina y la policía federal, así como de fuerzas policiacas estatales y municipales, quienes, también actúan en contubernio con grupos de choque corporativos al igual que con grupos vinculados al crimen organizado y de paramilitares.

La banca multilateral, los empresarios y sus corporaciones, los gobiernos desnacionalizados y sumisos y la banca comercial, apoyados por estructuras de implementación internacionales y nacionales, son los que han definido para ellos cómo debe ser impuesto este Modelo Extractivo que fomenta el despojo descarado. Para lograrlo, también disponen con la estrecha colaboración de estructuras de justicia que sólo han contribuido al incremento de la impunidad y fomentan la falta de procuración de justicia, por lo tanto, es evidente que con ello han disuelto el papel y los roles sociales que le correspondían al Estado-Nación, para ahora dar origen a una nueva forma de gobernanza llamada Nación Corporativa. Las y los participantes al Foro renovamos nuestro compromiso de continuar mejorando los procesos organizativos y las estrategias que detengan este saqueo desmedido, tenemos claro que nuestra principal fuerza es continuar luchando a favor de la vida y en contra el extractivismo y sus proyectos de muerte.

Ponderamos no perder de vista la fuerza que representa la comunalidad y en ese contexto, las mujeres que participamos en este Foro aseveramos que somos nosotras que de manera natural y permanentemente quienes sostenemos un contacto directo para con los ciclos de la vida y lo que en conjunto con la naturaleza representa para todas y todos. Somos nosotras quienes garantizamos la reproducción de la vida y fortalecemos la identidad histórica y cultural de todas y todos nosotros, al mismo tiempo  refrendamos la continuidad de nuestra histórica lucha por ser libres de pensamiento, de sentimientos y actitudes, y con ello incidir en la toma de decisiones.

Ratificamos nuestra continuidad en la construcción de espacios de mujeres que fortalezca la unión y la organización, además de poner en la agenda de nuestras luchas la problemática de género como un problema estructural, tanto económico como político. Por lo tanto, concluimos seguir luchando por la autodeterminación de nuestro territorio y nuestro derecho a decidir el futuro que queremos, lo que somos, lo que nos da esa identidad forjada a través de nuestras milenarias expresiones culturales, así como también entre todas y todos, asumimos el compromiso de continuar en conexión con la naturaleza a través del significado amplio que representa una de nuestras actividades milenarias el «sembrar milpa».

Desde Ixtepec, les decimos al gobierno y a los diferentes grupos con los que actúa en contubernio, que no aceptaremos ningún proceso de consulta ni de consentimiento promovido por ellos, porque lo único que han demostrado es su capacidad para engañar y hacer trampas que justifiquen su modelo de imposición y despojo. Por el contrario, ratificamos que las asambleas agrarias, municipales y de barrios son el proceso basado en nuestro derecho a la libre determinación que desde hace siglos hemos asumido como un elemento fundamental de consentimiento pleno, libre, informado y culturalmente adecuado, porque es ahí, en ese espacio colectivo, en el que mejor se emana el espíritu y ejercicio de nuestros derechos colectivos, por lo tanto, lo que ahí dirimimos fortalece nuestra autonomía y nuestra capacidad para decidir por nosotros mismos, siempre en total correspondencia con nuestro territorio y nuestros bienes naturales. Es ahí en donde decidimos el rumbo que deseamos como pueblo y para nuestras familias.

Nos congratulamos y unimos a los procesos en resistencia que hay en el país y todo el continente americano, por lo mismo, les hacemos llegar nuestro abrazo solidario y les manifestamos nuestro interés de continuar trascendiendo en mejores procesos de articulación y de estrategias que acaben con el modelo extractivo, la impunidad y el daño a la madre tierra.

¡POR LA VIDA Y CONTRA EL EXTRACTIVISMO!

¡TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS!

¡DEROGACIÓN INMEDIATA DE LA ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES!

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS ESTRUCTURALES!

¡EL ISTMO NO SE VENDE! ¡SE AMA Y SE DEFIENDE!

FIRMAN: Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) | Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco Radio Totopo | Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio | Asociación Agrícola Local Ixtepec | Espacio de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra | Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo | Bienes Comunales de San Mateo del Mar | Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar | Guigu Beu Radio | Comité Pro-Defensa de los Recursos Naturales de Laollaga | Consejo Ciudadano Indígena de San Blas Atempa | Pobladores Salina Cruz-Oaxaca AC | Grupo Ecologista Zanatepec | Bibaani AC | Comuneros en Defensa del Territorio y la Comunidad de Ixtepec | Laguna Encantada A.C. | Asociación Ganadera Local | Comuneros de Benito Juárez Chimalapa | PROIXT AC | Casa Panteón | Resistencia Istmo Salina Cruz | Preparatoria por cooperación José Martí de San Francisco Ixhuatán | Acción Colectiva Socioambiental AC de Guanajuato| Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP A.C.) | Otros Mundos A.C. | Bios Iguana A.C. | Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero | Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio | La Voz del Pueblo de Huehuetan Chiapas |Frente Cívico Tonalteco | UEBESI A.C. | Frente Unido de los Pueblos de la laguna en Defensa de la Vida de Durango.

Agradecemos también la solidaridad con este foro; Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO A.C.) Foro Oaxaqueño del Agua, Radio Plantón, EDUCA A.C., Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Tepeyac A.C., Radio Plantón, Ojo de Agua Comunicación, CEREC, OIDHO, Finca Alemania, CODEDI, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de PEMEX.

Materiales:

Resumen del foro en PDF

Nuestro análisis:

El Escaramujo 65: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES

El Escaramujo 66: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES 2

En la prensa:

Zonas Económicas Especiales una amenaza para la región del Istmo : ONG’s

Rechazan consultas amañadas a comunidades del Istmo, Oaxaca

Van pueblos de Oaxaca contra megaproyectos

Trasnacionales aniquilan y deshumanizan: obispo de Tehuantepec, Oaxaca

La vida o el mineral: los cuatro ciclos del despojo minero en México

Les compartimos la Presentación en .PDF del nuevo libro de Francisco López Bárcenas: La Vida o el Mineral: los cuatro ciclos del despojo minero (Akal/Inter Pares, 2017)

Descargar la Presentación del libro

Ver el programa de Rompeviento.TV «Vivir del negocio minero»,

con Francisco López Bárcenas:

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Extracto de la Presentación de La Vida o el Mineral:

En México, la minería es una industria floreciente, tan solo superada por la petrolera, la automotriz y las remesas de los migrantes. Su incidencia en la economía comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre nuestro país, Estados Unidos de América y Canadá, dos hechos fundamentales en el futuro de la industria minera; el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación y la inversión extranjera en este sector económico para facilitarla, mientras el segundo marcó sus nuevas pautas, que no se reducen a la legislación, pues incluyen el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, los usos del suelo, el agua necesaria para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro. De esta manera se construyeron las vías por las cuales la globalización se instaló en nuestro país.

El resultado de estas modificaciones, junto a las políticas acordes con ellas es que, en 2010, 28.58% del territorio mexicano (el equivalente a 51.76% de la propiedad social y una superficie mayor a la dedicada a la producción de alimentos) se encontraba concesionado a empresas mineras, la mayoría de ellas de capital transnacional, y en gran número canadienses, pero también australianas, norteamericanas, peruanas, rusas, sudafricanas, brasileñas, chinas y chilenas. Esas empresas en su mayoría se dedican a la extracción de oro, plata, cobre y zinc, aunque la tendencia es que en los años siguientes migrarán a explotar otros minerales de importancia estratégica para la industria tecnológica, como el berilio, el indio y las tierras raras, importantes para la elaboración de diversos productos, entre ellos computadoras, celulares y cabezas de misiles. De esa manera se configuró la participación subordinada de nuestro país en la economía mundial.

Una característica de la minería que se practica actualmente es que la mayoría de los proyectos se han instalado o se están instalando en lugares que hace años albergaron proyectos similares y fueron abandonados porque el mineral se agotó. Pero esa es una verdad a medias; se agotó el que se encontraba en vetas, no así el desparramado alrededor de ellas y, al agotarse las vetas, adquirió una importancia económica singular. Sólo que su apropiación no puede realizarse como años atrás, con la técnica de socavón, para lo cual se construían túneles donde se introducían los trabajadores y la maquinaria; como no hay vetas sino mineral esparcido en forma de polvo por todas partes, ahora tiene que hacerse a cielo abierto, demoliendo cerros completos y afectando pueblos enteros para llegar al mineral; usando grandes cantidades de agua y químicos para separar el mineral de otras materias —mediante el proceso de lixiviación—, generando problemas de salud entre los habitantes de los pueblos aledaños y contaminando gravemente el medio ambiente.

A las actividades extractivas de las empresas mineras y sus efectos se oponen los campesinos, porque destruyen las tierras donde viven y obtienen sus alimentos, contaminan los ríos y mantos acuíferos; los pueblos indígenas las rechazan porque destruyen sus territorios, sus lugares sagrados y sus formas de vida, y la sociedad en general lo hace porque sabe que indebidamente se apropian de los recursos naturales que pertenecen a todos los mexicanos, sin que esto genere algún beneficio al país, pues lo que pagan por los derechos de uso de cada hectárea concesionada es simbólico —entre cinco y ciento diez pesos, según veremos más adelante— y ningún impuesto por la exportación del mineral. Además de despojar al país de sus recursos, las actividades de esas empresas transforman negativamente las expectativas de vida de los mexicanos y, en la mayoría de los casos, truncan sus posibilidades de desarrollo de acuerdo con sus propias aspiraciones. De esta manera, se configura una lucha entre el capital y los dueños del mineral o perjudicados por esos procesos de acumulación capitalista, cuyo principal atributo es la desposesión de los bienes naturales de sus legítimos dueños.

En medio de estos actores se coloca el Estado mexicano que, en lugar de defender los intereses del país y sus habitantes, discursivamente se asume imparcial y aparentemente trata de conciliar los intereses en pugna. Decimos aparentemente porque —según se documenta en esta investigación—, con las reformas constitucionales y legales a las que nos referiremos y que analizaremos a profundidad en el capítulo correspondiente, también se transformó la estructura del Estado, despojándolo de su facultad para crear instrumentos que procuren el bien público, hasta convertirlo en administrador de los intereses del capital transnacional, función que realiza aplicando los instrumentos que las instituciones y leyes le permiten (a través de las políticas mineras), que siempre están cargados hacia los primeros. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que el Estado mexicano ha dejado de ser un Estado nacional para convertirse —como propone Joachim Hirsch— en un Estado de competencia.

Cómo sucedió esto es un fenómeno que también se analiza en este trabajo. Hemos dicho que la minería a cielo abierto trunca posibilidades de desarrollo para los habitantes en las regiones donde se instala. Aquí la minería engarza con el desarrollo rural, aunque de manera un tanto fuera de lo común, ya que normalmente los estudios de esta naturaleza se enfocan a analizar procesos que potencian el desarrollo rural, pero en este caso es al contrario, pues se estudia un proceso que afecta el bienestar de la gente del campo, lo cual podría dar pie para afirmar que se trata de un tema de «antidesarrollo» rural, si por desarrollo rural se entienden los procesos que buscan el mejoramiento y bienestar de la población del campo, a través del impulso de actividades económicas que lo permitan y, al mismo tiempo, aseguren la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Eso es lo que hace importante el estudio del tema, pues muestra cómo en nombre del desarrollo del país se puede perjudicar a sectores concretos de su sociedad.

Lo anterior hace de la actividad minera un tema que merece ser analizado para comprender sus implicaciones económicas, políticas,
sociales y culturales en nuestro país, y saber si realmente contribuye al desarrollo rural o, por el contrario, lo frena. Así, el objetivo general que nos proponemos en este trabajo es analizar los procesos de explotación minera en México, poniendo énfasis en ubicar los intereses que se encuentran detrás de ellos, la forma en que se expresan y la participación del Estado, para lo cual analizamos la actuación de sus instituciones, el contenido de las leyes que regulan la materia y las políticas elaboradas desde el gobierno para llevarlas a cabo. De la misma manera, esta investigación busca comprender la reacción de los campesinos, los pueblos indígenas y de amplios sectores de la sociedad en general que se sienten afectados por la actividad minera.

El estudio abarca un periodo que va de la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al año 2015, tiempo que coincide con los últimos periodos de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los dos primeros del Partido Acción Nacional (PAN) y la recuperación de la presidencia de la república por el primero. Éste es el periodo de estudio; para explicarlo, también recurrimos a la historia de la minería y, en algunos casos, salimos de él para explicar fenómenos que ya han tenido efectos en años posteriores. En la presente investigación sostenemos que desde la época colonial hasta nuestros días, la actividad minera no ha podido desligarse de factores económicos ajenos al país, que son los que han marcado su derrotero, en el primer caso como economía colonial, en los dos siguientes como un colonialismo moderno y, en el último, como colonialismo global, como afirma Santiago Castro-Gómez en su obra El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, que sucede en América Latina.

De esa manera, en el trabajo se reconocen cuatro ciclos de explotación minera en México:

– el primero va de la llegada de los españoles hasta la consolidación de la república —varias décadas después del decreto de independencia de México—;

– el segundo abarca todo el Porfiriato y las primeras décadas posteriores a la Revolución mexicana;

– el tercero se compone de los años de la «mexicanización», como algunos autores lo denominan;

– el último sería el de la globalización, que comienza con las políticas de apertura comercial y se afianza con la reforma al artículo 27 constitucional, que permitió modificar el marco jurídico y las políticas mineras, así como la firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, Canadá y nuestro país.

Descargar la Presentación del libro completa

«La Revolución del agua»: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco

Compartimos este nuevo corto documental realizado por Mario Marlo de «Somos El Medio»

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Texto de Mario Marlo:

Desde hace doce años, los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ubicadas en los altos de Jalisco luchan por salvar sus pueblos que están en riesgo de quedar inundados a causa de la construcción de la presa El Zapotillo.

A pesar de existir un fallo emitido en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde ordena que la cortina de la presa no pase de los 80 metros, los tres niveles de gobierno (estatal, municipal y federal) no lo están respetando y los intentos de terminar la obra a 105 metros continúan.

El proyecto que comenzó a promoverse en el año 2005 y su construcción en el año 2009, es impulsado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato. Tiene la intención de abastecer de agua a las ciudades de León, Guanajuato, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la región de los Altos de Jalisco sin considerar el impacto social y ambiental de la zona.

En diversas ocasiones, los pobladores y las organizaciones que los acompañan han denunciado los incrementos al costo del Proyecto Presa El Zapotillo–Acueducto Zapotillo León que a la fecha asciende a 20 millones 856 millones de pesos, 49% más de su costo inicial. 43 millones de pesos en la construcción, servicios de vigilancia del predio Talicoyunque donde se pretende reubicar a la población afectada por la presa y 90 millones de pesos pagados a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por la realización de un estudio hidrológico del río Verde.

El pasado 29 de junio de este año, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó el Informe final del estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Proyecto Jalisco Sostenible, Cuenca del Río Verde, por el que pagó 90 millones de pesos del erario público y con el que se apoyó para determinar que su gobierno acataría el escenario número cinco planteado por la UNOPS, una cortina a 105 lo que inundaria los tres poblados en resistencia.

Gabriel Espinoza, líder del movimiento contra la presa El Zapotillo, denunció que el evento fue un fraude para Jalisco y para México al igual que los estudios de la UNOPS.- «No aportan ninguna novedad para el estudio y la Gestión Integral del agua, solo se basan en la oferta y la demanda del agua y la privatización.» Explicó que el Gobernador no tiene la facultad para reubicarlos ni para sacarlos, por lo que seguirán con los amparos a nivel federal e internacional y la resistencia civil pacífica.

Más información:

Página Facebook «Temaca No Está Solo»

Pronunciamiento: «¡Unidos vayamos por una gestión integral del agua»

[AUDIO] 19 y 20 de agosto: Foro «El extractivismo o la vida» en Ixtepec, Oaxaca

Nota y Audio de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Convocamos al Foro «El Extractivismo o la Vida» los 19 y 20 de agosto 2017, de 9 a 6 PM en el Salón Sandunga, Ciudad de Ixtepec, Oaxaca

>> ESCUCHAR Y DESCARGAR EL AUDIO DE LA CONVOCATORIA <<

Los 19 y 20 de agosto, la Ciudad de Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, será la sede del Foro «El extractivismo o la vida», convocado por varias asociaciones que pertenecen a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y organizaciones del Istmo.

El Foro está dirigido a los pueblos de la región y todas las personas preocupadas por las afectaciones de los megaproyectos extractivos en los territorios.

Habrá ponencias y reflexiones sobre las consecuencias de la actual implementación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el sur-sureste de México, entre las cuales la ZEE del Corredor Industrial Inter-Océanico en el Istmo de Tehuantepec. Están relacionadas con la multiplicación de gasoductos y de proyectos mineros, hidroeléctricos o eólicos, entre otros.

Ruben Valencia, del Comité organizativo del Foro, explica qué es el extractivismo y cómo se manifiesta en los territorios:

Nosotros coincidimos con algunos pensadores y organizaciones que el extractivismo no es solo un modelo económico sino un tipo de sociedad, de cultura, basada en la apropiación y el robo. Es ya una mentalidad que nos quieren imponer de avaricia, de individualidad, ya que todo lo mercantiliza, desde el parto hasta lo que comemos. Se ha manifestado de diferentes formas, la más evidente es la minería a cielo abierto, pero también están los gasoductos, las presas hidroeléctricas o la energía eólica, entre otras. Es ya una forma de explotación que no tiene el mínimo proceso de recuperación de su impacto al medio ambiente, mucho menos a la vida de las personas. En el caso de las minas, tenemos información que después de su explotación los lugares donde se instalan quedan convertidos en pueblos fantasmas, si no se mueren por cáncer o por el narcotráfico, huyen de sus tierras abandonando sus sueños, a sus muertos, se fragmenta su identidad.

¿Qué tiene que ver ese extractivismo con la implementación de las Zonas Economicas Especiales?

Estos megaproyectos, por su impacto negativo, han tenido mucha resistencia en diferentes estados y comunidades. Por ello el gobierno con la asesoría de los grandes consorcios internacionales diseñaron a nivel mundial zonas especiales o zonas francas para darles todas las garantías para saquear nuestros «recursos naturales». Sus planes de las ZEE tienen un objetivo integral: eximir de impuestos a las empresas que operen, garantizar la seguridad de sus inversiones reprimiendo la protesta social y poner a las autoridades municipales y comunales al servicio de estos empresarios. Es por ello que nosotros decimos que las resistencias deben juntarse y construir una estrategia integral. Para eso es el foro. Algunas organizaciones que convocamos a este foro, nos adherimos a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), para que en conjunto construyamos una estrategia para mejor defendernos de estas aves de rapiña que son las multinacionales, nacionales y extranjeras.

CONVOCATORIA:

Más información:

VIDEO: Alberto Arroyo habla de los tratados de libre comercio y las Zonas Económicas Especiales en Oaxaca

Oaxaca: Declaratoria del Foro «Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente»

Zonas Económicas Especiales: negocios por 35 mil millones de dólares

>> Escuchar más spots audios de invitación al Foro <<

>> Escuchar y descargar la Canción de Ixtepec por la Vida y contra la Mina: «Ndani Gueza» <<

>> Consultar el Programa del Foro <<

Defensores y defensoras de la costa de Chiapas exigen el cese de la minería ante el Gobernador

Les compartimos estas nota de prensa e imágenes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), publicada en la página Facebook del FPDS.

ACACOYAGUA, CHIAPAS, 10 DE AGOSTO 2017 (FPDS) – Hoy, en el marco de la visita del gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello al municipio de Acacoyagua, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) denunciamos la falta de actuación de las autoridades locales ante la amaneza minera que afecta nuestro territorio y las agresiones que sufrimos por defenderlo.

A las 3.30 horas de la tarde, dos integrantes del FPDS entregamos en mano propia un oficio al gobernador durante el evento que organizó dentro de la Unidad Deportiva de Acacoyagua. En dicho documento, le señalamos que «en los últimos meses hemos recibido amenazas de muerte, desprestigios en medios de comunicación, ataques verbales, señalamientos, por parte de los mineros y empresarios mineros» por exigir la cancelación de las 21 concesiones existentes en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

Le recordamos que el pasado 4 de agosto, «los mineros se manifestaron frente al Palacio Municipal de Acacoyagua generando un clima de violencia y de ataques en nuestra contra, sin que las autoridades hicieran algo al respecto para evitar un posible enfrentamiento».

Además, denunciamos que «el presidente municipal de Acacoyagua, Patricio Elí Matías, no cumple con sus funciones ya que nunca nos ha atendido con todo el cabildo«. Por fin, exigimos «la cancelación de los permisos y concesiones mineros en la región costa de Chiapas y en particular en los municipios de Acacoyagua y Escuintla; la suspensión de toda actividad minera en la región costa de Chiapas, toda vez que pone en riesgo nuestra vida, la salud y el medio ambiente; y que se garantice la integridad física, emocional y psicológica de quienes estamos defendiendo la vida».

Al terminar el evento, alrededor de las 3.45 horas de la tarde, un grupo de alrededor de 100 integrantes del FPDS, en mayoría mujeres, estábamos esperando la salida del gobernador afuera de la Unidad Deportiva gritando «No a la minería», «Fuera mineros de Acacoyagua», con pancartas que decían «Sí a la Vida, No a la Mina», «La minería contamina, destruye, mata, divide y empobrece», «Nuestra sierra es verde y verde la queremos» y «El agua vale más que el oro».

Nuestra acción de protesta llamó la atención del gobernador quien se acercó a nosotros para escuchar nuestras exigencias.

¡Ya es tiempo que las autoridades del municipio de Acacoyagua y del estado de Chiapas actúen para que cese el despojo minero en el Soconusco!

¡Sí a la vida! ¡No a la mina!

Firmamos: Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS)

El oficio que el FPDS entregó al Goberador:

Contexto:

Opositores a la minería en la costa de Chiapas sufrieron dos agresiones en una semana

Defensores mayas en lucha contra Monsanto denuncian al gobierno mexicano por hostigar e intentar dividirlos

Comunicado del colectivo MA OGM y varias organizaciones sociales de México – Ciudad de México, a 8 de agosto del 2017

[Contexto: La lucha de MA OGM, de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial]

Representantes indígenas denuncian a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por intentar dividirlos para realizar consulta indígena

  • Presentan ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidencia de la estrategia de división y hostigamiento, «Nos mantendremos unidos, no nos callarán», afirman;
  • Las dependencias buscan dividir opiniones y frenar participación de las comunidades en consulta indígena sobre la soya transgénica en Campeche;
  • Mientras tanto continúa la deforestación y destrucción de la Selva Maya.

Representantes de comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo (Campeche) que participan en el proceso de consulta indígena ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la siembra de soya transgénica en Campeche, presentaron documentos en las oficinas de la CNDH y ante diversas Instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México para denunciar el clima de hostigamiento y la estrategia de división implementadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) con el fin de desgastar y desarticular el proceso organizativo de las comunidades en este proceso.

Angélica Ek Canché, Feliciano Ucán Poot y Luis Canul Vela de los municipios de Hopelchén y Tenabo acudieron a las oficinas de la CNDH con la boca tapada con una cruz en señal de protesta por los intentos de silenciar su opinión. Antes de ingresar a las oficinas a entregar las evidencias las partes se retiraron al grito de «No nos callarán».

En la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los representantes mayas, así como las organizaciones civiles que los han acompañado en el proceso de consulta, cuestionan los intereses de la CIBIOGEM y la CDI de acercarse a las autoridades ejidales de Bolonchén de Rejón, Tenabo y otras varias para incentivar procesos de consulta por comunidad y la organización de asambleas ejidales para la elección de nuevos representantes desconociendo los acuerdos de que las comunidades van juntas en el proceso de consulta y a los representantes nombrados.

Según algunas autoridades ejidales y comunales, esta campaña liderada por CIBIOGEM y CDI busca dividir y desarticular a las comunidades y ha llegado hasta los últimos rincones del municipio de Hopelchén, en donde el abogado Marco Ramírez de CIBIOGEM ha ido a prometer a autoridades ejidales diferentes beneficios a cambio de que se separen de la consulta en conjunto.

El domingo 8 de julio de 2017 se convocó a una asamblea de ejidatarios en Bolonchén en donde Marco Ramírez de CIBIOGEM comentó sobre la conveniencia de que esta comunidad se separe del proceso de consulta en el municipio. El 23 de julio de 2017, el mismo funcionario acudió a una Asamblea ejidal en Tenabo a invitar a los ejidatarios a nombrar siete representantes de la consulta, desconociendo a los actuales representantes nombrados en el proceso y acusándolos de engañar a los miembros de su comunidad.

Naayeli Ramírez, asesora legal de las comunidades en el proceso de consulta, declaró que «las autoridades están atentando contra el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades mayas, e interviniendo para desincentivar la organización de los pueblos en este proceso de consulta.» Estas acciones van en contra de los acuerdos tomados en el proceso de consulta indígena del 25 y 26 de marzo de 2017 -en donde las comunidades acordaron con CIBIOGEM y CDI ir juntas como una sola unidad en este proceso– y en contra del principio de buena fe establecido en la ley para toda consulta indígena.

La última sesión de la consulta en Hopelchén (27 de mayo de 2017) se levantó a propuesta de la funcionaria de CIBIOGEM, Sol Ortiz, porque no hubo las condiciones de seguridad y orden necesarios para llevarla a cabo. Alrededor de 100 acarreados de Iturbide y el municipio de Campeche interrumpieron la sesión constantemente e insultaron a los representantes. Esta no es la primera vez que personas de fuera invaden las sesiones de consulta; en la sesión del 25 de marzo de 2017 aventaron objetos a los representantes y ninguna autoridad tomó medidas al respecto. La falta de orden, seguridad y libertad ha permeado las sesiones de consulta indígena.

Durante las últimas sesiones, esta funcionaria federal calló, intimidó e insultó a varios de los representantes de las comunidades y sus asesores. Por esta razón, el 28 de mayo de 2017 en Tenabo, los representantes de las comunidades confrontaron
duramente a la CIBIOGEM y a la CDI y los acusaron de contradecirse, de tratar de inmiscuirse en el ámbito de autoridad de sus pueblos y de insultarlos. En el acta de ese día consta que los representantes se sintieron insultados por los comentarios de la funcionaria. Uno de los representantes le reclamó al representante de la CDI su falta de lealtad y de apoyo a las comunidades mayas.

También reclamaron a los representantes de la CNDH su falta de imparcialidad ya que durante la sesión, la funcionaria de la CNDH le dio consejo legal a CIBIOGEM y CDI sin que todos pudieran escuchar. La sesión se levantó sin que se pudieran lograr acuerdos sustantivos porque la representante de CIBIOGEM, Sol Ortiz, insistió en no reconocer la voluntad de los pueblos de Tenabo de ir juntos en la consulta. Desde ese día, las intimidaciones, amenazas y la difamación a líderes de las comunidades y asesores en el proceso de consulta han escalado poniendo en riesgo la integridad de los que participan en la consulta y el proceso mismo.

Según los representantes de las diferentes comunidades en Campeche que están siendo consultadas, el comportamiento de la CIBIOGEM y CDI evidencia que las autoridades federales no buscan un diálogo sino proteger los intereses de las empresas comercializadoras de Organismos Genéticamente Modificados como Monsanto.

El clima de hostilidad y hostigamiento que se ha ido incrementando en la región desde que comunidades mayas han intentado defender el territorio en contra de organismos genéticamente modificadas y otros monocultivos se da mientras que la deforestación y afectación a los recursos naturales de su territorio ancestral continúa sin que las autoridades ante las que se han denunciado estos hechos (PROFEPA, PGR, SENASICA y CONAGUA) hayan tomado acciones para investigar estos sucesos, sancionar y reparar los daños.

Firman:

MA OGM
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
SERAPAZ-Servicio y Asesoría para la Paz
Centro Prodh
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)
EDUCE-Educación Cultura y Ecología A.C.
Muuch Kambal A.C.

[Contexto: La lucha de MA OGM, de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial]

Foto: MA OGM

Ductos, ¿por dónde circulan los hidrocarburos en México?

Compartimos este estudio realizado por CartoCrítica

¿Cuántos tipos de ductos para transportar hidrocarburos existen en México? ¿Cuántos son? ¿De qué longitud? ¿Están en las ciudades o bosques, cruzan ríos o cultivos? ¿Quién tiene conocimiento y autoridad sobre ellos? Además de tomas clandestinas, ¿hay fugas? ¿Cruzan por áreas naturales protegidas? ¿Qué ecosistemas afectan? ¿Son ductos públicos o privados? ¿Se respetan los derechos de vía? ¿Representan riesgos para la salud, los ecosistemas o los centros de población?

Todas estas dudas y más surgen cuando uno quiere saber sobre la infraestructura del transporte de hidrocarburos por ductos en el país. Las respuestas no están disponibles fácilmente, aún cuando son relevantes para quienes habitan o tienen propiedades en las zonas aledañas, para la protección civil y la conservación ambiental. Tras la reforma constitucional en materia energética y leyes secundarias, se ha dificultado aún más el acceso a estos datos.

Para responder a estas preguntas, CartoCrítica junto con la Fundación Heinrich Böll Stiftung elaboramos el presente estudio, a modo de una primera caracterización sobre los ductos para el transporte de hidrocarburos que existen en el país. En este esfuerzo se identificaron 6 mil 777 proyectos de ductos, cuya longitud es de 68 mil 843.15 kilómetros, equivalente a dar 1.7 veces la vuelta a la Tierra en el ecuador. El 94% son ductos terrestres, mientras que 3 mil 973.8 km están en el Golfo de México, frente a Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas; y 21.5 km están en el Océano Pacífico frente Baja California.

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Mapa de ductos en PDF (baja resolución, 4Mb)

Mapa de ductos en PDF (alta resolución, 55M)

Chiapas:

Introducción

El principal constructor de ductos a lo largo del país ha sido Petróleos Mexicanos (Pemex). Tiene ductos para la recolección del petróleo crudo y gas provenientes de los pozos de extracción, el transporte a las refinerías, petroquímicas y complejos procesadores de gas, y para la distribución de productos finales a las terminales de almacenamiento y consumidores finales. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es también una importante constructora de ductos para abastecer de gas a las plantas generadoras de energía eléctrica del país. También están los ductos de las comercializadoras de gas natural que atraviesan ciudades enteras, así como los construidos por y para el servicio de grandes usuarios industriales.

A diferencia de otras instalaciones industriales peligrosas, los ductos no están dentro de un complejo industrial con características de seguridad; por el contrario, se despliegan a lo largo y ancho de tierras propiedad de terceros, entre ciudades y carreteras, o en tierras agrícolas, ríos y parajes naturales, incluyendo propiedades privadas, núcleos agrarios, áreas naturales protegidas y territorios indígenas. Por lo que, en caso de fuga de hidrocarburos, el riesgo de derrames, contaminación y explosiones es sumamente alto, con rangos que van desde los 20 metros para los ductos de diámetro pequeño, hasta más de 300 metros para los grandes ductos o de alta presión.

Las tuberías están normalmente enterradas; sin embargo, su construcción, supervisión y mantenimiento requiere de amplios derechos de vías libres y sin cobertura vegetal. El diámetro de los ductos puede variar desde una hasta 50 pulgadas o más, pero las excavaciones para la construcción, mantenimiento y franja de seguridad o derecho de vía, que puede ser de más de 10 metros de ancho, producen una intensa perturbación del suelo y el entorno. Numerosas invasiones se registran sin ningún control, se pueden encontrar viviendas, industria, comercio, escuelas, torres de alta tensión y hasta instalaciones militares sobre el derecho de vía de los ductos.

El acceso a la información pública en formatos abiertos sobre los ductos es inexistente. La infraestructura se encuentra sumida en la opacidad, escudada con el argumento de la seguridad nacional. La ubicación de los ductos, su antigüedad, bitácoras de mantenimiento, riesgos, fugas, incidentes y tomas clandestinas, entre muchas otras características, se mantienen resguardadas con recelo. Las autoridades responsables solo publican agregados estadísticos o infográficos ilustrados con mapas simplificados del país, incluso los datos sobre capacidad o longitud varían entre una publicación y otra. Este escenario dificulta la protección civil e imposibilita los estudios para cuantificar impactos y riesgos sociales o ambientales, entorpece la disponibilidad previa de información para consultas públicas y, sin duda, es un obstáculo para la participación ciudadana.

Marco regulatorio

El transporte por ductos puede ser sumamente complejo, para entenderlo, se puede catalogar por empresa, tipo de hidrocarburo, diámetro, función desempeñada, estado actual de operación, entre otros; el análisis por categorías arroja claridad sobre diversos aspectos. De manera esquemática, lo más sencillo es distinguir entre los ductos de recolección y los de transporte y distribución.

Los ductos de recolección permiten el acopio de hidrocarburos que se han extraído del subsuelo, se realiza mediante un sistema de líneas de descarga que van desde el cabezal de cada pozo en el yacimiento hasta las primeras baterías de separación o, en su caso, hasta los sistemas de transporte (NOM-027-SESH-2010). Estos ductos solo se encuentran en donde se extraen hidrocarburos del subsuelo, principalmente en aguas del Golfo de México, en Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Chiapas. Según el marco regulatorio actual, solo pueden estar dentro de un Área Contractual o un Área de Asignación, ya que pertenecen a la fase de exploración y extracción de los hidrocarburos, por lo mismo, están regulados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) (Artículo 38 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética).

Posteriormente, están los ductos de transporte y distribución. Estos son los que conducen los hidrocarburos en múltiples fases, entre estaciones o plantas para su compresión, bombeo, procesamiento, almacenamiento y finalmente distribución. Aquí se incluyen tanto los ductos nacionales como los de internación, es decir aquellos cuya capacidad está destinada a la importación de hidrocarburos. Estos se encuentran distribuidos a lo largo de prácticamente todas las entidades del país, aunque no necesariamente interconectados entre sí, pueden interconectarse con buques cisterna o ferrocarriles. Con la expansión del sistema de gasoductos propuesta por la Secretaría de Energía (Sener) en el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019 («Plan Quinquenal de Gasoductos»), al parecer solo en Nayarit no habría ductos de ningún tipo. La regulación de estos ductos está a cargo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Artículo 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética); aunque adicionalmente, los de transporte y distribución de gas natural, de carácter público, están integrados al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sintragas), cuyo gestor y administrador independiente es el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas). Integrar los ductos privados de gas natural al Sintragas es de carácter voluntario (Artículo 65 y 66 de la Ley de Hidrocarburos).

Para el crecimiento de la importación, exportación y uso del gas natural en México, la reforma energética del 2013 contempló establecer un nuevo arreglo institucional en el manejo de los gasoductos públicos existentes y aumentar la red de gasoductos del país. De este modo, la gestión y administración del Sistema Nacional de Gasoductos cambió drásticamente en enero del 2016, al pasar de manos de Pemex Logística al recientemente creado Cenagas, organismo descentralizado sectorizado a la Sener. A este, Pemex le transfirió tanto la infraestructura de gasoductos de transporte que poseía, como los contratos de ocupación superficial y derechos inmobiliarios que poseía.

Hallazgos en medio de la opacidad

Con el argumento de la seguridad nacional, Pemex, la Secretaría de Energía y demás autoridades en materia de energía e hidrocarburos niegan el acceso público a la información desagregada y en formatos abiertos sobre la infraestructura de ductos existente. Muy por el contrario, la recientemente creada Ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos (enero de 2016) define en su artículo 23 que:

«La información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios […] será considerada información de Seguridad Nacional en términos de la Ley en la materia.»

Esto se traduce en que la información desagregada sobre la infraestructura de hidrocarburos es sistemáticamente negada por la autoridad responsable argumentando daños presentes, probables y específicos. Para ello, Pemex, CNH y Sener han clasificado como reservada toda información que permita detallar la ubicación y características de la infraestructura petrolera nacional. El entonces denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI, 2014), determinó en la resolución a un recurso de revisión que:

«La divulgación de la ubicación y características de la infraestructura con que cuenta PEMEX ocasionaría una potencial amenaza y perjuicio a la seguridad nacional, además de causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de delitos, al proporcionar datos mediante los cuales puede obtenerse la ubicación geográfica exacta y características específicas de la red de ductos de PEMEX y sus organismos subsidiarios, así como de sus instalaciones y de los diversos tipos de productos transportados, mismos que podrían ser atacados con explosivos, vehículos e, incluso, ser objeto de acciones hostiles y delitos como el robo, la extorsión y demás hechos ilícitos.»

Esta secrecía en la información territorial de la infraestructura viene acompañada frente a la preponderancia territorial que las leyes le otorgan a la propia industria petrolera, al catalogarla como de utilidad pública (Artículo 28 de la Constitución), interés social y orden público (Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y Artículo 33 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética). Así, no obstante que la Ley de Hidrocarburos considera que las actividades de exploración y extracción «tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas» y, que para ello procederá «la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial» (Artículo 96, Ley de Hidrocarburos), resulta que como sociedad no podemos ni siquiera conocer dónde estas actividades se desarrollan, por ser información reservada. La exploración y extracción de hidrocarburos quedó restringida de las áreas naturales protegidas por la Ley de Hidrocarburos, más no así el transporte por ductos o la presencia de cualquier otra actividad petrolera.

Resulta difícil creer el argumento de la seguridad nacional, puesto que, al buscar en la multiplicidad de documentos oficiales existentes, se encuentra con que esta información ha sido publicada numerosas veces por fuentes oficiales, aunque de manera poco sistemática y en formatos cerrados.

De esta manera, consultando múltiples fuentes públicas, fue posible compilar este mapa -a pesar de la constante negativa de acceso a la información pública en formatos abiertos. Se consultaron las convocatorias para las licitaciones públicas de los gasoductos a cargo de CFE, disponibles públicamente en internet, que contienen trazos vectoriales georreferenciados, listados de coordenadas y planos topográficos que permiten determinar con absoluta precisión la ubicación, trazo, dimensiones y características de los gasoductos que se licitan. Estos son los mismos incluidos en el Plan Quinquenal de Gasoductos del que Sener niega las coordenadas o trazos específicos por atentar contra la seguridad nacional. De igual manera, se consultaron las bases para las licitaciones que celebra Pemex, que incluyen planos y mapas detallados sobre la ubicación de la infraestructura objeto de la licitación, así como de toda la infraestructura circundante. Además, se consultaron las Manifestaciones de Impacto Ambiental que toda obra de hidrocarburos debe cumplir conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA), en las que el promovente de la obra debe incluir mapas y coordenadas específicas del proyecto que piensa llevar a cabo, así como todas sus características e impactos ambientales previstos. Toda esta información es pública y está disponible en internet o en las delegaciones de Semarnat.

De modo que resulta contradictorio que, con el argumento de la seguridad nacional, la autoridad energética se niegue a transparentar, en el estándar de datos abiertos, la información que de facto ya es pública.

En Estados Unidos, es posible consultar públicamente el «Sistema Nacional de Mapas de Ductos» perteneciente a la Administración de ductos y materiales peligrosos, dependiente del Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

En Canadá, la Asociación de Gasoductos de Canadá, que agrupa a las empresas del sector en el país, cuenta también con un mapa público en línea para conocer la localización y características de los ductos.

En México, no es posible contar con un mapa oficial sobre los ductos, por lo que CartoCrítica junto con la Fundación Heinrich Böll presentamos el siguiente mapa, que es una primera caracterización sobre esta infraestructura en el país.

>> DESCARGAR EL MAPA <<

Mapa de ductos en PDF (baja resolución, 4Mb)

Mapa de ductos en PDF (alta resolución, 55M)

Mapa interactivo de concesiones mineras en México

Compartimos este trabajo realizado por Romeo LopCam, de la Agencia SubVersiones

Datos obtenidos del Sistema de Administración Minera (SIAM) de la Secretaría de Economía.
Recuperados el 19 de julio de 2017. Diseño: Agencia SubVersiones / Romeo LopCam.

>> IR AL MAPA <<

>> DESCARGAR: Mapa estático (PNG) + Cartografía minera (Shapefile) + Concesiones mineras (CSV) <<

Instruciones:

Puedes alejar o acercar el mapa, así como buscar lugares, haciendo click en los botones localizados en el extremo inferior izquierdo del mismo, o bien, utilizando la rueda de desplazamiento del ratón.

Al pasar el puntero sobre cada una de las áreas concesionadas, se muestran datos como el titular de la concesión, el municipio en donde se localiza, el nombre del lote, la superficie en hectáreas y el número de título. Éste último es muy útil si se quiere descargar la tarjeta del Registro Público de Minería en la página del Sistema de Administración Minera (SIAM), que contiene otros datos relevantes.

Finalmente, con los menús dinámicos de la barra lateral derecha se puede filtrar la información que se presenta en el mapa, de acuerdo al estado, municipio o titular.

Texto, por Romeo LopCam:

Si bien la existencia de una concesión minera no implica necesariamente la de una mina, la vigencia de las mismas es de hasta 50 años, por lo que estas pueden ser guardadas en los despachos de empresarios y especuladores en espera de tiempos más propicios. Mientras tanto, la gente que tiene sus casas y tierras de cultivo sobre las áreas concesionadas, puede estar viviendo y trabajando sobre ellas sin saber que en determinado momento podría ser víctima de intentos de despojo, contaminación y otros daños ambientales.

El Artículo 6 de la Ley Minera dice a la letra:

«La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.»

Es importante que las comunidades sepan que mucha de la información sobre concesiones mineras es pública, aunque por lo general es presentada en formatos inteligibles solo para quienes cuentan con ciertos conocimientos técnicos o legales. El presente mapa interactivo pretende hacer más transparente dicha información, con el objeto de que las personas afectadas tomen las acciones que crean pertinentes en caso de que su territorio esté siendo cedido por el Estado a la industria del extractivismo minero.

Algunas empresas que aparecen como titulares son filiales de grupos más grandes, tal es el caso de Minerales Monclova, quepertenece a Altos Hornos de México; Las Encinas, que pertenece a la transnacional acerera Ternium; y Exploraciones Mineras Parreña, que pertenece a Industrias Peñoles. Los nombres de estas últimas no suelen aparecer en los registros.

Algo similar sucede con individuos que tienen concesionadas grandes extensiones de terreno. Por ejemplo, Jorge Jiménez Arana, en realidad es el representante legal de Blackfire Exploration México, que en 2009 fue señalada como autora del asesinato del activista Mariano Abarca Roblero, en Chicomosuelo, Chiapas. La mina Payback, proyecto contra el que se manifestaba, fue clausurada en diciembre de ese mismo año por infringir las normas ambientales.

Jorge Jiménez Arana declaró a El Universal en 2014 que la titularidad que mantenía sobre las concesiones era temporal y reconoció que esto se daba así, en razón de que la empresa que representa tuvo «un problema con el gobierno de Chiapas en 2009». Sin embargo, hoy día aparece en la cartografía minera como la persona física con más superficie asignada.

Por otra parte, una vez obtenidos, los títulos de las concesiones mineras se pueden transferir sin mucha dificultad, lo que ocasiona que exista todo un mercado irregular en el que muchos particulares especulan con los mismos. Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el número de concesiones a favor de estos rebasó el 60%. Jenaro Garza Guerra, quien se desempeñó como perito minero entre 1999 y 2007, es un caso paradigmático.

Finalmente, cabe señalar que alguna información puede estar incompleta, como fruto de errores en su manipulación por parte de los funcionarios del Sistema de Administración Minera (SIAM), aunque tanto en la base de datos como en el archivo cartográfico, estos son poco frecuentes. Salvo por la normalización de las abreviaturas de algunos estados de la república, en este trabajo ambos se utilizaron sin mayores cambios.

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