Apicultores mayas denuncian ante el tribunal de La Haya a Monsanto

Ecocidio y crímenes contra la humanidad, entre los cargos

Luis A. Boffil Gómez, La Jornada

Dirigentes apícolas mayas de Hopelchén, Campeche, acudieron a La Haya, en los Países Bajos, para denunciar ante la Corte Internacional de Justicia a la trasnacional Monsanto, y dar testimonio de carácter ético de las “graves violaciones a los derechos humanos en sus comunidades a raíz de los productos que la empresa desarrolla y comercializa en México”.

En un comunicado emitido por el grupo de derechos humanos estatal Indignación, Greenpeace y los colectivos Sin Transgénicos y Apícola Los Chenes, se informó que Angélica Ek y Feliciano Ucán visitaron La Haya este fin de semana para pedir que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio.

Oposición desde 2012

En 2012, Angélica y Feliciano –apoyados por el Colectivo Apícola Los Chenes, organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos humanos y comunidades mayas de Campeche y Yucatán– presentaron diversos amparos contra el permiso que el gobierno mexicano otorgó a Monsanto para sembrar en forma comercial soya transgénica resistente al herbicida llamado glifosato.

El comunicado refiere que para entregar el permiso las autoridades de agricultura y del medio ambiente ignoraron los dictámenes de los órganos técnicos a cargo de la biodiversidad y las áreas naturales protegidas; por ejemplo, lo referente al destino final del herbicida en los mantos freáticos de la península de Yucatán, que tiene un suelo altamente permeable.

Además, en esta región se produce miel para exportación, por lo que se pone en riesgo el mercado por el rechazo del consumidor europeo a los productos transgénicos. Asimismo, habría restos de polen de soya transgénica en el producto.

Los apicultores destacaron que el glifosato pone en riesgo la salud de los agricultores y de las especies benéficas. Es el producto más empleado a escala mundial, junto con otros agroquímicos, y en la región aumentó su uso.

Denunciaron que en Hopelchén, entre 2005 y 2015, se perdieron 59 mil 880 mil hectáreas de selvas, muchas de las cuales eran cultivadas con soya y maíz naturales. “Es tan sólo una lista de impactos de la empresa Monsanto que, con sus productos, ha provocado la muerte de abejas y afectaciones en flora y fauna, la construcción de pozos de agua ilegales y la pérdida de masa forestal”.

Lo único que se busca, finaliza el reporte de los ambientalistas, es que se respete el modo de vida de los pueblos originarios y su medio ambiente.

…………………

El Tribunal Internacional Monsanto es una iniciativa de la sociedad civil para que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. Prestigiosos jueces escucharán testimonios de víctimas y brindarán una opinión consultiva siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia. Una asamblea popular, será un evento diferente que de forma paralela brindará la oportunidad para que los movimientos sociales puedan congregarse y planear el futuro que queremos. El Tribunal Monsanto y la Asamblea Popular se llevarán a cabo entre el 14 y el 16 de octubre de 2016 en La Haya, Países Bajos

 

Juzgarán a Monsanto en tribunal especial de La Haya por crímenes contra la humanidad

Revista emeequis.mx

Por primera vez la comunidad civil internacional se organizó a los fines de juzgar, a nivel simbólico, a una de las empresas agroindustriales más grandes del mundo por crímenes contra la humanidad.

Del 14 al 16 de octubre, la estadounidense Monsanto, fabricante de productos agroquímicos y de biotecnología, será juzgada en La Haya en una especie de tribunal popular en un hecho que no tendrá valor jurídico real, pero que servirá para llamar la atención sobre las prácticas de la empresa con testimonios de todo el mundo.

El jurado del autodenominado Tribunal Internacional Monsanto en La Haya, creado a iniciativa de un grupo de activistas, evaluará los posibles daños causados por la multinacional estadounidense a la salud humana y al medio ambiente. Un grupo de expertos escuchará testimonios de víctimas y ofrecerá luego una opinión consultiva, siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia.

La acusación es la siguiente: El modelo agroindustrial impulsado por Monsanto es responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana. También es en gran parte responsable del desgaste de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción de la biodiversidad y de la marginación de millones de pequeños agricultores.

 

Por otra parte, reza la acusación, es un modelo que amenaza la soberanía alimentaria de los pueblos a través de las patentes sobre las semillas y es responsable del aumento de casos de cáncer en las zonas fumigadas por el herbicida glifosato.

La periodista francesa Marie-Monique Robin, una de las organizadoras del tribunal, señaló en una visita reciente a Buenos Aires que la iniciativa tiene dos metas: que jueces y abogados evalúen los daños causados por la empresa a lo largo de la historia con químicos como el PCB, el agente naranja y el glifosato, y que revisen el derecho internacional para ver si se debe incluir la figura de “ecocidio”.

“Es una figura penal que permitiría juzgar a los directivos de las multinacionales como Monsanto o Bayer. Hoy en día la única opción para las víctimas es buscar una reparación financiera en una acción civil, pero no pueden ir a la cárcel los directivos”, explicó Robin.

Monsanto, recientemente adquirida por la farmacéutica alemana Bayer, es una de las empresas más polémicas del mundo por las semillas transgénicas que vende, resistentes al herbicida glifosato, principal ingrediente del producto Roundup, que fabrica la misma empresa y que está bajo sospecha de causar cáncer.

Robin denunció las prácticas de la empresa para imponer sus productos en diferentes territorios en el documental El mundo según Monsanto (2008). Ahora, está trabajando en una investigación centrada exclusivamente en el glifosato, que se hará pública en marzo de 2017.

En la nueva película de Robin aparecerán, entre otras cosas, los campamentos sanitarios que realiza la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (Argentina), con el fin de recopilar información sobre enfermedades y causas de muerte.

Argentina es junto con Estados Unidos uno de los dos países que más utilizan el glifosato, ya que es donde más creció en los últimos años el cultivo de organismos genéticamente modificados como la soja.

Desde hace seis años, los futuros médicos de Rosario recopilan datos en diferentes poblaciones de la zona sojera argentina y detectaron un aumento considerable de casos de cáncer, hipotiroidismo, obesidad, infertilidad, abortos espontáneos, malformaciones, entre otros, que atribuyen a las fumigaciones con glifosato.

Por eso, el creador de estos campamentos, el médico argentino Damián Verzeñassi, es uno de los invitados a prestar testimonio en La Haya. Para él, la situación se resume así: “Territorios que eran productores de alimentos ahora producen enfermedades”.

En declaraciones antes de viajar a La Haya, Verzeñassi resaltó la importancia del juicio. “Es la primera vez que se lleva a esta empresa ante un tribunal con el objetivo de fundamentar y documentar la importancia de incluir en los códigos de derecho internacional la figura del ‘ecocidio’”.

Para Verzeñassi, la compra de Monsanto por parte de Bayer “es parte de la estrategia de las corporaciones para ‘blindarse’” ante posibles juicios.

“Ya lo vimos con Texaco-Chevron, que ante la inminencia de la derrota en tribunales de Texaco, acusada por el gobierno ecuatoriano de daño y contaminación de los territorios en donde explotaba petróleo en ese país, fue adquirida por Chevron, quien ante el fallo en contra adujo que ellos no eran Texaco y por eso no se hicieron cargo de los pasivos ambientales de ésta”.

Además, Monsanto y Bayer han actuado juntas en varias oportunidades, recuerda Verzeñassi, desde la guerra de Vietnam con el agente naranja. “Actualmente están ligadas al negocio de la enfermedad en el mundo. Mientras una genera el daño en la salud, la otra te vende las ‘drogas’ que ‘tratan’ los problemas que generan los productos de la primera”.

Monsanto, de todas maneras, desmiente enérgicamente que el glifosato sea peligroso para la salud de las personas. En su página web afirma que “no presenta efectos nocivos sobre la fauna, microfauna, ni sobre la salud humana, ni tiene efectos para el ambiente, cuando es empleado correctamente para los fines previstos en su etiqueta”.

En una carta abierta, la compañía alega que la iniciativa popular que arranca el jueves “es un evento escenificado, un juicio simulado donde los críticos de la tecnología anti-agricultura y anti-Monsanto juegan el rol de organizadores, jueces y jurado, y donde el veredicto está prefijado”.

Además, la empresa sostiene en su web que los transgénicos que ofrece son la solución al hambre en el mundo, ya que se trata de plantas productivas y sencillas de recolectar.

El negocio es lucrativo: en 2015, el grupo obtuvo un beneficio neto de 2 mil 300 millones de dólares (2 mil 50 millones de euros). Queda por verse si algo de lo que se plantee en La Haya en los próximos días hará mella en este desempeño.

Justin Trudeau y el lodo de las mineras canadienses en América Latina

Por Jaime Porras Ferreyra, nytimes

Canadá está de regreso”, ha dicho Justin Trudeau —carismático y bilingüe— en reuniones internacionales, como para mostrar la impronta que quiere darle a la política exterior canadiense respecto de la de su predecesor, Stephen Harper. El primer ministro de Canadá ha empleado en sus discursos términos muy precisos: justicia, cuidado medioambiental, democracia, derechos humanos. Incluso se atrevió a evocar alguno de ellos en su visita oficial a China hace algunas semanas, pero los chinos no lo aplaudieron por eso, sino por sus sonrisas y propuestas de negocios.

Trudeau ya ha dado algunos pasos. Acogió a miles de refugiados sirios, incluyó a Canadá en la lucha contra el cambio climático y ofreció tropas para los cascos azules. América Latina comienza también a sentir los efectos de este viraje diplomático. A partir de diciembre, los mexicanos ya no tendrán que tramitar visa para viajar a Canadá. Además, el gobierno canadiense anunció hace unos días un paquete de ayuda a Colombia —en el marco de la firma de los acuerdos de paz— para auxiliar a los desplazados y apoyar en la reforma de los cuerpos policiales. Aunque se desconoce qué pasará con esta ayuda a raíz del triunfo del No en el plebiscito.

La Trudeaumanía avanza en el mundo entre ciertas acciones, un estilo fresco y palabras de terciopelo, pero puede que esté apuntando demasiado lejos al prometer a mansalva. Trudeau ha levantado esperanzas tan grandes que resulta difícil comprender su mutismo ante uno de los temas más importantes para los latinoamericanos; el mismo que ha provocado que la imagen de Canadá porte gruesas capas de lodo: el reprobable proceder de varias mineras en la región, sobre todo desde que Harper promovió con tesón la presencia canadiense en el sector extractivo fuera de sus fronteras. En los últimos años, entre 50% y 70% de la actividad minera en América Latina ha estado a cargo de compañías de Canadá.

Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social, entre otros puntos.

Indígenas guatemaltecas acusan a Hudbay Mineral Inc. de estar detrás de un desalojo de las tierras donde habitaban. Las mujeres sufrieron agresiones sexuales y sus hogares fueron quemados durante el operativo. En Zacatecas, México, grupos responsabilizan a la compañía Goldcorp de contaminar los mantos freáticos y de afectar la vida silvestre por sus actividades en la mina Peñasquito. Además de Guatemala y México, la situación es preocupante en países como Perú, Chile, Argentina, Panamá y Honduras. El tema ha sido expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, un informe de la ONU sobre Canadá y los derechos humanos publicado en julio de 2015 incluía la inquietud por los abusos de mineras canadienses en el extranjero.

La llegada de Justin Trudeau al cargo de primer ministro ha oscilado entre la esperanza y el pesimismo para poner freno a estas prácticas. Hay que recordar sus mítines en campaña afirmando que sería la antítesis de Harper en política exterior. Un signo positivo es que, cuando era diputado, Trudeau votó a favor de una propuesta de ley presentada ante el parlamento por su colega liberal John McKay en 2010. La propuesta C-300 buscaba imponer sanciones a compañías extractivas canadienses envueltas en actividades ilegales fuera del país. El proyecto finalmente fue derrotado por los votos conservadores. Sin embargo, los liberales no han retomado el tema desde que están en el poder. ¿Acaso preparan una dulce sorpresa o simplemente desean preservar el statu quo?

En abril de este año, Trudeau recibió una carta donde más de 180 organizaciones no gubernamentales de América Latina y de otras latitudes, le piden realizar reformas que regulen seriamente la actividad de las mineras canadienses en el exterior. Harper creó en 2009 la Oficina del consejero en responsabilidad social de las empresas de la industria extractiva, aunque dicho órgano se enfoca en dar consejos técnicos y en favorecer el diálogo entre partes en conflicto. Los liberales catalogaron la iniciativa como insuficiente cuando se encontraban en la oposición, pero ahora que son gobierno siguen contando con ella. Y, hasta el momento, no ha existido respuesta oficial a la misiva que recibió Trudeau.

No hay que tener el cerebro de Kasparov para comprender que la culpa va más allá de las compañías canadienses. Es conocida la larga lista de problemas en América Latina que contribuyen a esta situación: deficiencias en los sistemas de justicia, facilidad para torcer leyes a cambio de sobres llenos de dólares, deseos de crear fuentes de empleo pese a los altos costos sociales, económicos y medioambientales, entre otros. No obstante, el gobierno de Canadá debe también asumir sus responsabilidades. Los informes subrayan que las autoridades canadienses han apoyado con vigor a las compañías mineras en el exterior sin contar necesariamente con la información que asegure su respeto por los derechos humanos y el medioambiente. Además, el discurso oficial grita a los cuatro vientos que las cosas están cambiando, que ha salido el sol luego de tantos años nublados.

Transitar hacia una diplomacia que tome en cuenta las múltiples preocupaciones globales señaladas por Trudeau no es tarea sencilla, sobre todo cuando ello exige tocar puntos neurálgicos de la economía canadiense. De acuerdo con la Asociación Minera de Canadá, esta industria contribuyó con el 3.5% del PIB del país en 2014 y el 66% de los activos mineros canadienses están ubicados en el exterior. Justin Trudeau no es el primer político que debe hacer frente a dilemas de esta naturaleza, aunque se recuerdan pocos ejemplos de líderes empuñando tantas banderas al mismo tiempo. Ya se sabe: la coherencia entre hechos y palabras es prueba de gran estatura política. Trudeau haría bien en adherirse sin excepciones a los principios que figuran en su visión internacional.

Los distintos informes incluyen recomendaciones para combatir el problema, destacando la creación de un organismo canadiense de monitoreo con verdaderas atribuciones, la posibilidad de presentar demandas por parte de individuos o grupos afectados en el exterior ante instancias legales de Canadá, y el cese de toda ayuda gubernamental a empresas involucradas en violaciones a los derechos humanos. Acciones de este tipo contribuirían significativamente a reducir el impacto negativo de la minería canadiense fuera de sus fronteras. Trudeau defendería la justicia, el cuidado medioambiental, la democracia y los derechos humanos al intervenir en el tema. Tiene la oportunidad de matar varios pájaros de un tiro y de obtener el reconocimiento permanente de millones de personas que han tomado muy en serio su compromiso global. De otro modo, la decepción sería colosal.

Soconusco, Chiapas: llevan 15 días en campamentos para detener la minería (+VIDEO)

Por Pia Rioblanco / Otros Mundos A.C.

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Un video de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México /

Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA)

Desde el 26 de septiembre del 2016, habitantes de 29 barrios y comunidades de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, en la Sierra Madre de Chiapas, protagonizan una etapa importante de la defensa del territorio ante la expansión de la actividad minera en la entidad. Están reunidos dentro del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), un movimiento ciudadano pacífico, nacido el 20 de junio del 2015, que tiene como objetivo proteger del despojo esta hermosa región, ubicada en el Soconusco (la zona costera de Chiapas) y en las faldas de la reserva de la biósfera El Triunfo.

Con unas simples cuerdas atadas a los árboles, están impidiendo el paso de las maquinas de la empresa minera mexicana El Puntal S.A. de C.V. hacia el predio de explotación de 500 hectáreas “Casas Viejas”, ubicado entre las comunidades Magnolia, Los Cacaos y Satélite Morelia, en Acacoyagua.

21 concesiones mineras en Acacoyagua y Escuintla, 99 en todo Chiapas

Expresan así su rechazo a perder la salud y la vida por la contaminación que genera este proyecto de extracción de oro, plata, titanio y hierro, activo desde alrededor de quince años. Desgraciadamente, “Casas Viejas” es solo uno de los 3 proyectos mineros en actividad en el municipio, que abarca en total 13 concesiones mineras (más de 36 000 hectáreas). A éstas se suman las 8 concesiones ubicadas en el municipio vecino de Escuintla (más de 15 000 hectáreas). Son 99 las concesiones mineras en todo el territorio chiapaneco.

Los miembros del Frente tienen dos campamentos. Uno en la comunidad de Santa Anita, bautizado “Campamento Alberto Montaño Espejel”, y otro en la comunidad de Las Cadenas, llamado “Campamento José Luciano”. El primer personaje luchó por la creación del municipio libre de Acacoyagua (quedó bajo el dominio de Escuintla hasta 1947) y el segundo dio su vida por recuperar tierras para la gente de su pueblo bajo Porfirio Díaz. “Estamos defendiendo nuestro territorio para que nuestros hijos puedan seguir viviendo tan felices como nosotros lo hemos sido en estos lugares”, cuenta una habitante del municipio asentada en el plantón “José Luciano”.

22% de muertes por cáncer en Acacoyagua

Los derechos de los habitantes de Acacoyagua y Escuintla a un medio ambiente sano, a la salud y al agua, están siendo violados cotidianamente por la actividad minera. Una de las comunidades afectadas, Jalapa, en Acacoyagua, ha sido víctima de un desastre ambiental muy preocupante. La mina “Casas Viejas” se encuentra a solo unos 200 metros del sistema de captación de agua que abastece a la comunidad. Durante esta temporada de lluvia, los desechos mineros taparon el tanque, dejando a los habitantes sin agua. Al constatar la catástrofe, una gran parte de Jalapa decidió oponerse al proyecto.

Juan Velázquez, doctor en Acacoyagua, calcula que entre el 2005 y el 2015, la tasa de muertes por cáncer en el municipio subió del 7% al 22%. “Los cánceres de todos tipos, principalmente el del hígado, se volvieron las primeras causas de muerte en la localidad”, recuerda el médico. “Nosotros estamos luchando para sobrevivir”, dijo, asegurando que la actividad minera libera partículas tóxicas y radioactivas como el torio y el silicio.

Ríos contaminados y enfermedades de la piel

Muchos habitantes se quejan de haber sufrido enfermedades de la piel al estar en contacto con el agua de los ríos, en los que se sabe que las mineras descargan materiales extraídos del subsuelo. “Uno de los motivos por los que la SEMARNAT no aprobó el cambio de uso de suelo para el proyecto minero Bambú en Acacoyagua es porque la empresa que lo manejaba (Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V) descargaba directamente sus desechos en el río Cintalapa, el cuál abastece de agua a alrededor de 3,000 habitantes de Escuintla”, recuerda Libertad Díaz, integrante de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México y la REMA apoyan la lucha del FPDS. Exigen junto con sus miembros que el ayuntamiento de Acacoyagua cumpla con la promesa que hizo al declarar el municipio territorio libre de minería el 16 de agosto del 2016: revocar las licencias de exploración y explotación vigentes y comprometerse a no entregar una sola más.

LLAMAMOS a la comunidad nacional e internacional a que se solidarice con el Frente Popular en Defensa del Soconusco y exija la revocación de las licencias de los proyectos mineros.

RESPONSABILIZAMOS al gobierno de Chiapas por cualquier atentado a la integridad física y psicológica de los integrantes del movimiento.

Pueden mandar sus cartas de apoyo a frentesoconusco@gmail.com

#RiosLibres
#NoALaMineria

+++ Avances en la lucha del FPDS, a 17 de noviembre del 2016

Minería y despojo: Existen 407 concesiones distribuidas en 220 municipios de Oaxaca

La Minuta.

En esta segunda entrega del trabajo de investigación realizado por EDUCA en el proyecto Observatorio de Derechos Territoriales, se revela que con datos del 2015, en Oaxaca se encontraban registradas ante la Secretaría de Economía 407 concesiones en todo el estado y 35 proyectos mineros impulsados por 38 empresas registradas en Canadá, USA, Perú, Australia y México. Según datos de la Secretaría de Economía 29 se encuentran en etapa de exploración, 2 en etapa de desarrollo, 2 postergados y 2 en etapa de explotación. Éstos últimos han sido ubicados por el Gobierno del Estado de Oaxaca como “dos de los proyectos mineros más importantes de la historia, generando una inversión privada durante el periodo 2011-2015 por 6 mil 382 millones de pesos, lo cual ha colocado al estado en el séptimo lugar nacional en producción minera”. Pero también Oaxaca ocupa el nada honroso segundo lugar en pobreza extrema. Las concesiones mineras están distribuidas en 220 municipios del estado, casi un 40 % del total de municipios de la entidad.

Ver mapa

Ver CONTEXTO SOBRE MINERÍA EN OAXACA.

Nuevo estudio confirma que las grandes represas son una fuente principal de los gases causantes del cambio climático

Investigadores de la Universidad del Estado de Washington concluyeron que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, generan 1.3 por ciento del total de gases de efecto invernadero producido por la humanidad. El hallazgo ratifica una vez más que las represas no son energía limpia y afectan el clima.

AIDA America

Seattle, Estados Unidos. Un nuevo e importante estudio a cargo de investigadores de la Universidad del Estado de Washington da cuenta que los embalses de las grandes represas son una fuente “subestimada” de gases de efecto invernadero, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono. La investigación evidencia además que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, son gran fuente de emisiones contaminantes a la atmósfera.

De acuerdo con el estudio, los gases contaminantes provienen de la descomposición de la materia orgánica que es inundada por los embalses artificiales de agua. La contaminación generada es de gran magnitud. Los embalses generan 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero de toda la humanidad en un año (más que todas las emisiones contaminantes de Canadá) y el 80% de esa contaminación es metano, señala la investigación.

“En toda América, gobiernos están impulsando la construcción de cientos de grandes represas, sobretodo para producir energía, argumentando que ayudan a mitigar el cambio climático al ser fuentes limpias”, explicó Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Es cada vez más claro que las grandes represas, más que una solución, son un problema. Los líderes del mundo deben con urgencia empezar a planificar e implementar soluciones energéticas alternativas a fin de conseguir un avance real en la lucha contra el cambio climático”.

Junto con una coalición de organizaciones de la sociedad civil, AIDA, Amazon Watch e International Rivers hemos insistido por años que la implementación de grandes proyectos hidroeléctricos —como la represa Belo Monte en Brasil— causan daños serios al ambiente, el clima, y a los derechos de las comunidades afectadas.

“Las grandes represas son uno de los causas más importantes de la destrucción ambiental en la Amazonía”, dice Leila Salazar-López, directora ejecutiva de Amazon Watch. “Además de emitir metano, destruyen la biodiversidad y los bosques ancestrales de miles de comunidades indígenas y tradicionales que han vivido por siglos de los ecosistemas ribereños. Es imprescindible calcular los costos reales de las grandes represas para entender todos sus impactos y no generar más daños que beneficios”.

Como organizaciones trabajando en la promoción de soluciones reales al cambio climático, estamos dispuestas a compartir evidencia científica sobre los daños de las grandes represas con gobiernos, organismos internacionales e instituciones financieras, para contribuir al cambio energético que todos necesitamos.

“Los nuevos hallazgos tumban el mito de las hidroeléctricas como fuente limpia de electricidad y ponen de relieve porqué las grandes represas deben ser excluidas de los mecanismos de financiamiento climático”, dijo Kate Horner, directora ejecutiva de International Rivers.

Los hallazgos de este nuevo estudio deben ser considerados en los inventarios de emisiones contaminantes que contribuyen al cambio climático, y en la ejecución de programas y planes orientados a resolver nuestras necesidades energéticas.

Para más información consulte:

  • Estudio de la Universidad del Estado de Washington (inglés).
  • Comunicado de la Universidad del Estado de Washington sobre el estudio (en inglés).
  • 10 razones por las que las iniciativas climáticas no deberían incluir grandes proyectos hidroeléctricos (manifiesto).
  • Carta abierta a organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras para que dejen de considerar a las grandes represas como energía limpia e implementen soluciones reales al cambio climático.

 

Mantienen dos campamentos para detener la actividad minera en el Soconusco

Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – Acacoyagua (Chiapas, México), martes 4 de octubre del 2016

 

El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio mantenemos

dos campamentos para detener la actividad minera en nuestro territorio.

Las familias que integramos el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) ejercemos nuestro derecho a un medio ambiente sano y al agua, a proteger nuestra tierra y el patrimonio de nuestros/as hijo/as.

Este 26 de septiembre determinamos cuidar los caminos del paso de la maquinaria de excavación y transporte del proyecto minero “Casas Viejas”. Siendo nosotros/as lo/as propietario/as de los caminos que usan los mineros como paso de trabajo, establecimos de manera colectiva que es nuestro deber cuidar la reserva de El Triunfo, los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María, así como los manglares de la zona costera de la explotación minera de Titanio. De manera pacífica, con el sentimiento de unión y solidaridad, nos organizamos para mantener dos campamentos para impedir el saqueo y la contaminación de nuestra naturaleza.

El proyecto minero “Casas Viejas” (en los ejidos Cacaos, Magnolia y Satélite Morelia) es parte de cinco proyectos que se han establecido desde hace quince años. Tan solo en el 2009, se explotaron 49.000 toneladas del proyecto “Cristina” y, durante los últimos cinco años, se han concesionado 21 títulos en los municipios de Escuintla y Acacoyagua. Las empresas Male S.A. de C.V., el Puntal S.A. de C.V., Tristán Canales Reyna y Socios, Honour Up Tranding S.A de C.V., Sociedad Cooperativa Unidad Piedritas y Servicios S.C.L. de C.V. se han apoderado de nuestro territorio y ponen en riesgo nuestro futuro.

 

Las familias del FPDS hacemos efectiva la Declaratoria de Municipio Libre de Minería firmada por el presidente municipal y los/as regidores del H. Ayuntamiento de Acacoyagua y el compromiso que desde entonces establecimos: los y las representantes de los ejidos y comunidades de Acacoyagua declaramos que no permitiremos ninguna reanudación de proyectos mineros, nada de trabajos a escondidas (ni de exploración ni explotación), nada de máquinas por los caminos, nada de visitas de empresarios chinos, nada de promesas de minería sustentable. Porque nuestro territorio merece ríos sanos, gente sin enfermedades, trabajo digno y con tierra para las nuevas generaciones.

Los/as integrantes exigimos: comunidades sanas, ríos libres, tierra para sembrar y futuro para nuestros hijos/as.

¡Vida Sí, Minería No!
¡Aguas para la Vida, No para la Minería!

Firman:

Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Para mayor información:

salvadorchavit@hotmail.com
libertaddiaz@otrosmundoschiapas.org

Protegiendo a su Comunidad Contra la Minería y Otras Operaciones Extractivas: Una Guía para la Resistencia

Vía Movimiento M4

Ésta es una guía para la resistencia contra la explotación minera y otras operaciones extractivas. Proporciona a estrategias y a tácticas para prevenir la extracción, y para reducir daño si la extracción está ya en curso. Orienta a dirigentes de la comunidad en la ordenación y toma de medidas local, regional, nacional e internacionalmente, para resistir al asalto devastador de operaciones extractivas. Esto es una versión ampliada, en dos volúmenes, de la primera edición publicada en 2009.

Bajar Ahora!

También pueden descargar aquí el Suplemento Protegiendo a su Comunidad”

Compartido desde MiningWatch Canada

La Feria Popular Alternativa alerta sobre el peligro de Monsanto

El 25 de mayo del 2016, la Feria Popular Alternativa, integrada por varias organizaciones y Otros Mundos A.C., convocó a varias asociaciones y colectivos a participar en una Jornada contra Monsanto en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Informaron al público sobre las actividades de la transnacional, fabricante del herbicida Roundup y primer productor de semillas transgénicas a nivel mundial.

Video en : https://www.youtube.com/watch?v=67QhST0acRI

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Gracias a Constanza de CODEFF por mostrarnos su linda canción y darnos chance de incluírla en el video.

Minera Yanacocha invade terreno y ataca físicamente a Máxima Acuña

RadioMundoReal.fm

Máxima Acuña, activista peruana ganadora del premio Goldman a la defensa del medioambiente, denunció haber sido agredida el pasado domingo por trabajadores de la minera Yanacocha, desde una clínica en la que permanece internada en la región de Cajamarca.

La activista denunció este lunes que trabajadores de Yanacocha, propiedad de la estadounidense Newmont, ingresaron a su predio para levantar los cultivos que había realizado en un terreno adyacente al de la minera en las inmediaciones de la Laguna Azul, en la localidad de Sorochuco.

“Entonces, han llegado aquí y me han jaloneado, el brazo me duele, tengo un moretón en mi mano, me han jalado por las puras y me han cogido del cuello y de mi ropa”, declaró Acuña.

Acuña pidió al Gobierno y a la Defensoría del Pueblo que se interesen por su caso, al considerar haber sido agredida injustamente. El representante de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, Agustín Moreno, pidió que el Estado mejore la protección a favor de Máxima Acuña, en el marco de las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La organización no gubernamental Grufides informó en su sitio web que “cuando la señora Máxima y su esposo Jaime se acercaron a reclamar por la invasión y pidieron que se detenga esta irrupción en su terreno, el personal de seguridad de la minera impidió que la familia avanzara para dialogar”.

“Fue en este momento que atacaron violentamente a Máxima y a Jaime. Con un arma han golpeado a Máxima en su cabeza y cuerpo y la han dejado gravemente herida”, denunció Grufides.

La fundación del Premio Goldman denunció, a través de las redes sociales, el ataque contra Acuña y su familia por “hacer valer su derecho a vivir en paz en su tierra”. La entidad planteó pedir a la empresa, que es la segunda mayor aurífera en el mundo, a “acabar con el acoso” en contra de ella.

En abril pasado, Acuña declaró que las amenazas que recibe por resistirse a entregar su predio a Yanacocha, para el desarrollo del proyecto minero Conga, pueden recrudecerse tras recibir el premio Goldman.

La campesina afirmó recibir anteriormente amenazas de muerte por parte de personas vinculadas a la minera, cuyo proyecto, ubicado en la región de Cajamarca, de los Andes del norte de Perú, se encuentra paralizado desde 2012, después de que las protestas contra la mina causaran cinco muertos en la región.

Acuña reiteró que es propietaria del predio desde antes de que la minera la acusara en 2011 de usurpación indebida, una denuncia de la que fue declarada inocente en 2014, tras haber sido condenada en primera instancia a dos años y ocho meses de prisión suspendida.

En las últimas horas Amnistía Internacional pidió al Estado peruano realizar una investigación imparcial y eficaz sobre el incidente que sufrió Máxima Acuña y su esposo el pasado domingo. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, indicó que el Estado debe brindar protección a Máxima y su familia para que terminen los supuestos actos de intimidación en su contra. Consideró que “es necesaria una investigación imparcial y eficaz sobre lo ocurrido el último domingo a Máxima Acuña y su esposo en Tragadero Grande”.

En el siguiente video Isidora Chaupe Acuña hija de Máxima narra cómo fue agredida su madre:

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Guatemala: biopolítica, necropolítica y extractivismo en tiempos de la “nueva política”

Movimiento M4

El año 2015 murió de la misma forma que el gobierno del Partido Patriota (PP): en medio de un coro de miles de voces en las calles y plazas, que exigían su fin. Indignados, con toda razón, por las muestras de corrupción y despilfarro del PP, al mismo tiempo la gente moría por falta de medicinas o agua limpia en los hospitales. Al mismo tiempo que en las comunidades rurales y urbanas el Estado-gobierno no llega nunca en la forma de centros de salud, educación, arte o agua entubada, pero si en la forma de fuerzas de tarea y otros grupos armados encargados de “mantener el orden” dominante.

Muchos vieron con una mezcla de creciente desconcierto pero también de esperanza las diversas movilizaciones que culminaron con la renuncia del binomio gobernante. Otros hablaron de la “vieja política”, para referirse a la política como sinónimo de corrupción (además de hacer un juego de palabras machista para referirse a la candidata del partido UNE).

También se habló de la “nueva política” para indicar la aparentemente nueva situación, en la que dichos vicios fueron superados para siempre. Una visión a todas luces simplista de la política, el poder y la historia en Guatemala (queda preguntarnos si este análisis se debe a la ingenuidad o al cinismo).

 

El sorprendente triunfo electoral del partido Frente de Convergencia Nacionalista (FCN) y la transición “a tropezones”, así como un balance de las palabras, las obras y las “actuaciones” del nuevo presidente en estos primeros seis meses del año 2016, nos permiten afirmar que “la vieja política” en realidad no ha sido superada.

Pero no se trata de la “vieja política” de hace solo unos cuantos años, sino el enfermo árbol de la política que nació junto al Estado-nación guatemalteco en el siglo XIX, cuyas ramas llegan hasta estos mismos días en el siglo XXI, pero que hunde sus raíces hondamente en el suelo de la dominación colonial.

Entre muchos otros ejemplos de lo indicado, podemos mencionar la renovación de la pugna jurídica pero también política entre aquellos grupos que insisten en señalar, con las pruebas en la mano, que en Guatemala el Estado implementó políticas genocidas durante la guerra civil o Conflicto Armado Interno (CAI), y aquellos otros grupos que niegan lo anterior, con una serie de argumentos que apelan a sentimientos e ideas como el nacionalismo o un visceral anticomunismo, pero no a la lógica ni a los hechos. Recordemos que desde la época electoral, el entonces candidato del FCN, y actual presidente, tomó partido por la segunda opción, la negación del genocidio.

Esta disputa jurídica y política no solo se desarrolló en el mismo juicio por genocidio, anulado en años pasados y hoy reactivado a puerta cerrada; sino también en otros procesos como el caso de la base militar CREOMPAZ (antigua Zona militar 21 de Cobán), donde han sido localizadas cientos de osamentas de civiles torturados y asesinados, o el caso del campamento militar Sepur Zarco (en Panzós, Alta Verapaz), que fue el escenario de torturas y asesinatos a varios luchadores q’eqchi’ por la tierra y el territorio, así como de la esclavitud y violencia sexual de sus viudas durante largos años.

Tanto la Zona militar 21 de Cobán como el campamento de Sepur Zarco fueron piezas centrales, no solo de las políticas genocidas o políticas de muerte (necropolítica), sino también de las políticas de control, explotación y dominación de poblaciones, territorios y elementos naturales (biopolítica). Tanto la biopolítica como la necropolítica forman parte de la “vieja política”, que ya quisiéramos ver superada, sin embargo se renuevan y se entrelazan de múltiples formas en estos tiempos de una supuesta “nueva política”.

Hoy en día podemos ver a la necropolítica y a la biopolítica en acción, tanto en la destrucción de viviendas, cultivos y medios de vida de las comunidades desalojadas para dar paso a las plantaciones de monocultivo, como en la represión armada que acabó con la vida de Rigoberto Lima Choc (Sayaxché, Petén, 2015) o Walter Méndez (Las Cruces, Petén, 2016), entre muchos otros que no podemos mencionar aquí.

Asimismo, la necropolítica se evidencia en la persecución judicial contra los hombres y mujeres que se enfrentan a las empresas extractivas nacionales y transnacionales (mineras, petroleras, hidroeléctricas, agroindustriales). Por ejemplo las casi 100 órdenes de captura contra líderes y lideresas comunitarios de Alta y Baja Verapaz, por el “terrible crímen” de defender los territorios y la vida. O en la reciente anulación, de forma legal pero abiertamente injusta, de la consulta municipal en Cahabón (Alta Verapaz), en la cual la población votaría en relación a los usos del agua de los ríos Cahabón y Oxec.

En resumen, la máscara de la “nueva política” cubre el rostro de la “vieja política”, que aún está vigente de muchas formas. También sigue vigente la “vieja economía” extractivista (que también tiene raíces en los despojos coloniales). En estos tiempos de “nueva política”, los proyectos extractivistas de todo tipo están fortaleciéndose y consolidando su presencia territorial. Sin embargo, a cada paso han tenido que enfrentar las numerosas y diversas resistencias comunitarias en defensa de los territorios y elementos naturales como el agua. Entre muchas otras cosas, esas resistencias comunitarias nos hablan de un nuevo sentido, esta vez alternativo, de la biopolítica-, toda vez que son luchas en defensa de la vida.

Por Camilo Salvadó, Equipo PICTA – AVANCSO, Pueblos Indígenas, Campesinos, Capitalismo, Territorios y Ambiente (PICTA). La columna fue el Editorial del Noticiero Maya K’at de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica FGER el 17 de agosto del 2016.

Leyes mexicanas favorecen a mineras: expertos

NVI Noticias

Expertos de la organización internacional MiningWatch Canada y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunciaron las leyes “a modo” que en México permiten el saqueo de bienes naturales, despojo de territorios y desplazamiento de pueblos originarios.

Miguel Mijangos, de la REMA, denunció que el Artículo 6 de la Ley Minera da preferencia a la explotación de minerales por encima de reservas naturales, zonas arqueológicas y áreas protegidas como patrimonio histórico, agregó que el gobierno mexicano permite que las empresas mineras operen de manera irresponsable, sin fondos para enfrentar riesgos y menos para prevenirlos.

Las Reformas Estructurales, la Ley Minera y el proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), tienen en común leyes a modo que permiten la extracción de bienes naturales a cambio de contaminación, “no es cierto que trae empleos y progreso, las minas sólo traen contaminación, enfermedades e incremento de la delincuencia, se llevan todo y quedan pueblos fantasmas”.

 

Durante el taller impartido a miembros de la comunidad, Jennifer More expresó que la etapa actual en la que se encuentran los proyectos mineros en el Istmo, específicamente en Ciudad Ixtepec, es incipiente; sin embargo, de continuar avanzando sería casi imposible para la comunidad detenerlo, ya que las mismas leyes permiten a las empresas demandar al gobierno mexicano para que proteja sus inversiones.

Dijo que “blindar” el territorio de proyectos mineros requiere de estrategias multifacéticas, desde la organización de barrios hasta legal, debido a que el modelo extractivo actualmente es demasiado violento con las comunidades, tanto que en fases preliminares ya presenta afectaciones en términos de divisionismo entre los habitantes, además de la contaminación de tierra, agua y aire.

En ese sentido dijo que además de la contaminación de las aguas, las empresas mineras utilizan millones de litros de agua para sus procesos, afectando la calidad y cantidad de agua disponible en la región. Citó como ejemplo que para la extracción de oro se requieren hasta 250 millones de litros de agua al día para sacar 10 kilos de oro, dejando también 17 mil toneladas de desechos tóxicos, por cada 10 toneladas de oro.

Explicó que debido a las afectaciones en la salud de los habitantes, las mineras actúan rápido, extrayendo en un periodo de 5 a 15 años todo el mineral preciado de la zona, dejando millones de toneladas de roca mezcladas de sustancias tóxicas que afectaran el desarrollo de la vida en todas sus manifestaciones en ese territorio.

Con estas leyes que benefician a las empresas, se plantean situaciones absurdas en los pueblos, cuando la única real exigencia a este “modelo atroz” es que les permitan seguir viviendo en paz.

Fuente: Movimiento M4