Pronunciamiento de organizaciones civiles mexicanas en el Día Mundial contra la Megaminería, firmado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 22 de julio del 2017
VIDEO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA MEGAMINERÍA
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A las y los mexicanos,
A las y los afectados por megaproyectos,
Al Gobierno de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray,
En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero antes de que esto sucediera se modificó la Constitución Mexicana y diversas leyes para dar entrada a las disposiciones de los acuerdos neoliberales. Es necesario señalar que en 1983 se publicó un decreto constitucional que modificó los fundamentos de la economía estatal.
Posteriormente, durante 1992 y 1993, bajo la rúbrica de Carlos Salinas de Gortari, se publicaron entre otros, cuatro decretos de reforma constitucional que modificaron la estructura y configuración estatal del México posrevolucionario, y que prácticamente terminaron con los contenidos sociales de la Constitución Política. En estos cinco decretos de reforma constitucional se otorgó mayor seguridad jurídica a la propiedad, se terminó con el reparto agrario y se distorsionó el origen de la reforma agraria, con lo cual se suprimieron los apoyos al campo, se individualizó la educación, se transformaron las relaciones con las iglesias, se otorgó autonomía al banco central y se permitió privatizar los ferrocarriles. Sin duda, se trata de cinco decretos con un fuerte contenido neoliberal.
Como puede observarse, las reglas económicas y sociales del neoliberalismo han sido impuestas en la Carta Magna. Si bien los temas sociales se encuentran todavía en el contenido constitucional, éstos son tratados de forma distinta al planteamiento de 1917 y al que conceptúa un Estado de bienestar. Después de las reformas, las normas constitucionales en materia económica y social responden a los planteamientos neoliberales que se basan en un proyecto de dominación excluyente y conservador.
Entre esas reformas del Neoliberalismo Salinista tenemos:
– La Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1ro de diciembre de 1992. Fue hecha en función del TLCAN al igual que la Ley Minera, para otorgar las concesiones necesarias que requería el acuerdo comercial. Esto fue el primer paso privatizador.
– La Ley Minera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992. En su Artículo 6to dice:
«Artículo 6.- La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.»
La actividad minera utiliza grandes volúmenes de agua, a la que la Ley de Aguas Nacionales correspondía otorgando concesiones de uso y destino de toda el agua que puedan necesitar o desechar.
Hoy, después de 23 años de la promulgación de estas leyes, podemos documentar en el tema de minería las graves afectaciones que provoca al medio ambiente y a la salud humana, y la complicidad de las autoridades para cumplir con los compromisos comerciales de permitir el saqueo institucionalizado a costa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los mexicanos.
Otras consecuencias de la pérdida del control político social han y continúan ocasionando la contaminación de aguas por vertidos tóxicos con afectaciones gravísimas a la salud, como se ha visto en el caso del Río Santiago en El Salto, Jalisco, el Río Sonora, el Río Lajitas en Guanajuato, son solo algunos de tantos ejemplos drásticos del modelo económico neoliberal que protege a las empresas antes que a las y los mexicanos.
En el mismo tenor esta la disputa por la tierra y el territorio por la construcción de trasvases y represas que destruyen pueblos enteros y desplazan a su población.
El acceso universal a los servicios básicos de agua y saneamiento han sido una exigencia social y un imperativo moral asumidos tradicionalmente por los poderes públicos, con un grado u otro de eficacia. Sin embargo, en las últimas décadas, el modelo neoliberal imperante ha llevado al Banco Mundial, y demás instituciones económico-financieras (Fondo Monetario Internacional, Bancos Regionales, Agencias de Cooperación, etc.), a promover políticas para la desregulación de leyes que faciliten la privatización de los servicios públicos para convertirlos en simples negocios.
En este contexto, los derechos humanos y la ciudadanía han estado en juego, por lo tanto, el agua ha dejado de ser un derecho de acceso universal, y en consecuencia las y los ciudadanos pasan a ser simples clientes, agravándose la vulnerabilidad de las personas más pobres.
La visión neoliberal protege y alienta como alternativa de progreso al «libre mercado», al tiempo que denosta la función pública, como ineficiente, opaca y burocrática. Las políticas desreguladoras privatizadoras se presentan como alternativas de modernidad, flexibilidad, eficiencia y racionalidad, con lo cual mitifican las virtudes del libre mercado.
Desde esta visión neoliberal, garantizar el acceso universal a servicios básicos de interés general, como los del agua y saneamiento, sanidad o educación, tradicionalmente asumidos como derechos humanos, llega a considerarse un atentado inaceptable contra el libre mercado. El Estado se ha retirado y ha cedido que tales servicios sean gestionados como simples servicios económicos, accesibles a quienes puedan pagarlos. Lo que continúa acrecentando la crisis que es generalizada.
México se enfrenta a severos retos en materia ecológica, como la conservación de sus recursos naturales, minados por la deforestación y el avance de la frontera agrícola que ha cedido terreno a las trasnacionales en el manejo de transgénicos, así como también carecemos de un eficiente manejo tanto de los desechos tóxicos como de residuos sólidos, incluyendo el pésimo control de las aguas contaminadas y de las emisiones atmosféricas.
La entrega del territorio a privados es desmesurada, y para ejemplificarlo basta señalar la entrega de concesiones mineras que, a pesar de los inconsistentes datos de la Secretaría de Economía, de acuerdo al programa de desarrollo minero 2013-2018, tenemos un saldo de 28 mil 807 títulos de concesión minera vigentes por un área total de 61.8 millones de hectáreas, que significa aproximadamente el 31% de la superficie del país entregada a privados. De las concesiones que han entrado en procesos de exploración y de explotación minera, ni siquiera hay protocolos de actuación que nos permita cuantificar y saber las terribles afectaciones ambientales generadas a nivel subterráneo y superficial, que inevitablemente han perjudicado ecosistemas completos, que además continúan afectándose de forma paulatina por cientos de kilómetros a la redonda.
El TLCAN ha promovido y consolidado un monopolio empresarial minero, en donde las empresas extranjeras están bien representadas por mineras canadienses en el 80% de los casos, mismas que son impulsadas y protegidas por el cuerpo diplomático canadiense desde las diferentes embajadas de Canadá en Latinoamérica, con lo cual se refrenda un saqueo institucionalizado.
Ante el cúmulo de agravantes que ha ocasionado el TLCAN y el modelo económico neoliberal, le decimos al gobierno de Peña Nieto y a Luis Videgaray que después de 23 años de saqueo institucionalizado ininterrumpido, de corrupción, de incapacidad, no tienen la legitimidad para renegociar el TLCAN. Por lo tanto:
1. Nos oponemos rotundamente a que sigan entregando el territorio nacional, con acuerdos de libre comercio que únicamente protegen a empresas de capital privado trasnacional o nacional, quienes además del saqueo desmedido están contaminando de manera irreversible nuestros ecosistemas, resquebrajan y vulneran el bienestar de poblaciones enteras, y en vez del sonado progreso y desarrollo que falsamente ponderan, han precarizado más la vida.
2. Rechazamos continúen con la aplicación de políticas y tratados que atentan cada vez más la soberanía.
3. Antes de cualquier posible negociación con países del extranjero, primero se debe establecer un diálogo nacional para con las comunidades que ya han sido impactadas por la minería y otros megaproyectos, con el propósito de atender los terribles daños que les han ocasionado.
4. Exigimos se respete totalmente las decisiones derivadas de los procesos de libre determinación que han emprendido cientos de comunidades, en las que enfáticamente han manifestado declarar sus territorios libres de minería.
5. Las empresas que han saqueado el territorio nacional y nuestros bienes naturales tienen que ser sometidas de forma inmediata a la rendición de cuentas, que significa que los dueños y directivos se vayan a la cárcel; que el sistema de salud vuelque de forma suficiente y pronta todos los esfuerzos médicos y financieros para que las y los afectados por lo menos encuentren atención medica de calidad; que se elabore un protocolo participativo en el cual se dirima y resuelva el verdadero costo de daños que deben pagar las empresas mineras por los daños a la salud comunitaria, al ambiente y a cada una de las actividades productivas, que también implica los miles de empleos que dicha actividad ha desaparecido.
6. Exigimos que el gobierno canadiense deje de presionar al gobierno mexicano y a los gobiernos de Latinoamérica imponiendo su proyecto de muerte.
7. Nosotros continuaremos en la lucha de la conformación por un tribunal internacional que sancione penalmente tanto a las empresas como a los actores políticos y a las autoridades cómplices por obviar y pactar daños a la salud comunitaria, la contaminación de aguas, y daños al medio ambiente.
8. Nos solidarizamos y unimos a todas las luchas y procesos en resistencia que en México, Latinoamérica y en el resto del Mundo se enfrentan a los megaproyectos del modelo extractivo tales como presas, extracción de hidrocarburos y gas de esquisto (mediante la fracturación hidráulica o fracking), oleoductos, siembra de transgénicos, gasoductos, subestaciones eléctricas y parques eólicos. Nos manifestamos en contra de la imposición de Zonas Económicas Especiales (ZEE), por ser proyectos de destrucción, de acumulación de riquezas y de despojo colectivo.
9. Seguiremos participando en los procesos comunitarios apoyados en el derecho colectivo, el principio precautorio aprobado en la cumbre climática de Rio de Janeiro de 1992 ratificado por México, y el principio pro-persona porque estamos ciertos que la prevención es la fuerza de la organización social, campesina e indígena.
10. Exigimos que se prohíba totalmente la minería tóxica en México y sigamos los pasos de países como la República de El Salvador que ha dado muestra de que se puede vivir sin esta actividad depredadora.
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA!
¡FUERA MINERAS!
Firmamos:
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
ORAWORLDMANDALA
Centro de investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo (CECCAM)
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA)
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP A.C.)
Acción Colectiva Socioambiental
Bios Iguana A.C.
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Pro San Luís Ecológico A.C.
Colectivo de Abogados de Jalisco
Consejo Tiyat Tlalli de Puebla
Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tosepan Titataniske
Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C.
Grupo de Estudio Ambientales GEA
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II – Agua Zarca: 
La reforma energética aprobada en 2013 junto a las 10 reformas constitucionales constituyen una seria amenaza de despojo de las tierras de los pueblos indígenas de México, en particular contra los pueblos zoques del norte de Chiapas. Por ello, nos hemos organizado en un movimiento indígena de resistencia y de defensa de la vida y la madre tierra para hacer frente a los proyectos extractivos que ponen en riesgo la vida social, ambiental y cultural de 60 mil hablantes zoques.
