Modelo extractivo

#TemacaNoEstáSolo: Solidaridad con Temacapulín, Acasico y Palmarejo ante el proyecto de presa El Zapotillo

Publicada el 04/07/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Actualización, 7 de julio: El jueves 6 de julio 2017, a las 6 PM, se realizó una concentración en la Plaza de Armas de Guadalajara, Jalisco, para rechazar la construcción de la presa El Zapotillo sobre el Río Verde, que inundaría tres pueblos de los Altos de Jalisco: Temacapulín, Palmarejo (municipio de Cañadas de Obregón) y Acasico (municipio de Mexticacán), así como el Acueducto Zapotillo-León previsto para llevar agua al estado de Guanajuato. «Rechazamos determinantemente la construcción de la presa El Zapotillo y el Acueducto a León, por implicar un modelo obsoleto de gestión integral del agua», denunciaron los inconformes.

>>> Página Facebook «Temaca No Está Solo»

>>> Leer la crónica de la acción en Somos el Medio

La acción fue convocada por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que leerá un pronunciamiento en la Plaza, antes de dar la palabra a otras organizaciones solidarias. Se llevó a cabo una semana después del anuncio del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, de la construcción de la presa El Zapotillo con una cortina de 105 metros de altura sobre el Río Verde.

«Desde que se dió el anuncio, hubo mucha indignación dentro de la población jalicense», explica María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), en entrevista con Otros Mundos A.C. «El evento tiene como objetivo expresar la posición del pueblo de Temacapulín, mostrar que no está solo y anunciar nuestras próximas acciones en defensa de los tres pueblos amenazados», explicó la coordinadora de esta organización con sede en Guadalajara que acompaña la resistencia al Zapotillo.

Exigen políticas más sustentables

El Comité defiende a los más de mil habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo cuyas casas y tierras desaparecerían bajo el agua con la construcción de esta megapresa. «La lucha es por salvar estos tres pueblos del desalojo, del desplazamiento y de la inundación, y también para exigir que se implementen políticas más sustentables, menos costosas, y pensadas desde los pueblos», subraya María.

La resistencia de los habitantes de los tres pueblitos a la construcción de la presa El Zapotillo empezó en el 2005, cuando se enteraron por vía de prensa de la intención de de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de desarrollar este proyecto para abastecer en agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Desde el 2007, se anunció que la cortina de la presa iba a medir 105 metros y se empezó a construir sin contar con una autorización municipal para una cortina de esta altura.

90 millones de pesos para un estudio prehecho

En el 2008 nació oficialmente el Comité, que forma parte del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), al igual que Otros Mundos A.C. Seis años de resistencia después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un dictamen que prohibió la construcción de la presa con una cortina de más de 80 metros, con la que Temacapulín estaría salvada, pero no Acasico ni Parmarejo. Este fallo provocó la suspensión del proyecto, quedado suspendido desde este entonces.

Desgraciadamente, el proyecto no murió allí. En diciembre del 2015, el gobierno de Jalisco contrató a dos instancias de la Organización de Naciones Unidas para realizar un estudio de 18 meses llamado «Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde», con el objetivo de «realizar estudios hídricos sólidos que contribuyan a la toma de decisiones y a la formulación de políticas públicas sostenibles para la planeación de obras de infraestructura hídrica en la cuenca del río Verde». La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUAM) recibieron 90 millones de pesos para llevarlo a cabo, pagados con los impuestos de los habitantes, quienes ni fueron consultados sobre tal gasto.

Las conclusiones de este estudio se presentaron el pasado 28 de junio en Guadalajara. En lugar de aportar a la población información sobre el estado de la cuenca, los niveles de agua y las mejores maneras de administrarla, el documento recomienda construir la presa El Zapotillo con una cortina de 105 metros. Sirvió de respaldo político al gobernador de Jalisco quien anunció justo después su intención de retomar la construcción, olvidando el fallo de la SCJN.

«¡Temaca Vive!, ¡La Lucha Sigue!»

«Quisiéramos alertar sobre el trabajo de la UNOPS y el PNUMA que carecen de todos los principios de derechos humanos, de inclusión y de participación», denunció María González en otra entrevista con el medio libre mexicano Hijos de la Tierra. «Aquí se han comportado como simples consultores que han recibido 90 millones de pesos y han venido a avalar un proyecto que atenta contra los derechos humanos», agregó la defensora.

Durante el anuncio del Gobernador de Jalisco, los miembros del Comité manifestaron su indignación con sus lonas «Jalisco Insostenible Río Verde Libre» en referencia al título del estudio, gritando «¡No queremos reubicación!», «¡No necesitamos presas!» y «¡Temaca Vive!, ¡La Lucha Sigue!». «Vamos a seguir en la lucha y de allí no nos van a sacar. Allí tenemos que permanecer porque es nuestra vida, nuestro pueblo y no nos vamos a retirar», confió María Alcaraz Martines, del Comité Salvemos Temacapulín, en un video realizado por el IMDEC.

Los habitantes de Temacapulín, Acasico y Parmarejo se quedaron con esperanza, y nos piden a nosotros y nosotras defensores y defensoras de otros territorios nuestra total solidaridad.

#NoAlZapotillo #TemacaNoEstáSolo #TemacaVive #TemacaResiste

La invitación:

Cómo apoyar (hasta el 16 de julio)

1.- El día 6 de julio habrá una concentración en apoyo a Temacapulín en la Plaza de Armas de Guadalajara a las 6 de la tarde. Asiste y haz tu cartel con el Hashtag #TemacaNoEstáSolo.

2.- Tómate una foto con un letrero que diga: #TemacaNoEstáSolo, o con alguna frase de apoyo usando al momento de publicarla el Hashtag #TemacaNoEstáSolo. Esta foto compártela en Tus redes sociales (Facebook o Twitter).

3.- Entra a esta liga y crea tu foto de perfil de tus redes con el Hashtag #TemacaNoEstáSolo. Además comparte la liga para que más personas se sumen.

4.- Toma un video con tu celular donde expreses tu posición con respecto a la inundación de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo por la construcción de la Presa el Zapotillo. Subelo a tus redes y no olvides poner el hashtag: #TemacaNoEstá Solo.

5.- En estos enlaces puedes descargar algunas fotos y algunas pancartas con el tema #TemacaNoEstáSolo y compartirlas en tus redes sociales, colocando el hashtag #TemacaNoEstáSolo

6.- Obviamente cualquier otra forma de expresión en solidaridad con el Pueblo de Temacapulín que se te ocurra es bienvenida.

NOTA: Es muy importante que en tus publicaciones no olvides siempre poner el hashtag #TemacaNoEstáSolo

>> Link de la campaña

Más información:

Campaña #TemacaNoEstáSolo

Página Facebook «Temaca No Está Solo»

Posicionamiento frente al estudio UNOPS

Un estudio a modo: Entrevistas sobre los resultados de la UNOPS que justifica la inundación de Temaca

¿Quién tiene la última palabra en Temacapulín?

Con apoyo de oficina de la ONU, gobierno de Jalisco inundará tres comunidades

Oaxaca: Declaratoria del Foro «Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente»

Publicada el 30/06/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos la Declaratoria del Foro «Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente» organizado el 22 de junio 2017 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, convocado por el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Los pueblos originarios hemos construido nuestra visión-mundo en comunión con el hábitat que nos rodea. En el Istmo oaxaqueño, las montañas y llanos conviven con ríos y lagunas, las lluvias y los vientos moldean la tierra y ordenan a la flora y fauna, cruce de climas y meteoros que nutren a la naturaleza y esparcen la diversidad. En este espacio, las mujeres y los hombres creamos y recreamos lenguas y cultura diversas que combinan saberes y prácticas ancestrales, que hoy se reconocen en esta cintura continental que es tan estrecha como diversa. El territorio es parte de nuestra memoria.

Esta región tiene enormes ventajas geográficas que, aunada a su riqueza natural y humana, despierta intereses económicos y políticos en el país y en el mundo. Así ha sido desde épocas prehispánicas y durante el dominio colonial, pero los últimos cien años han sido los más invasivos y agresivos contra el medio ambiente y sus habitantes. Con la falacia de la modernidad, las comunidades han perdido su tierra y el control sobre su entorno; se han destruido acuerdos y dinámicas comunitarias que los pueblos hemos construido por siglos.

En meses recientes se anunció la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE); dentro de las áreas asignadas, se señala al Istmo pero con impactos para todo el Estado. Con las palabras «progreso, desarrollo y empleo» se pretende repetir el ciclo de destrucción, robo y explotación que ha caracterizado a estos proyectos. Hoy, el Estado Mexicano promueve las ZEE sin revisar la historia:

La construcción de la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués y la creación del distrito de riego 19, el debilitamiento del río Tehuantepec es patente y la destrucción irreparable de la cubierta vegetal en la zona.
La Refinería Antonio Dovalí Jaime y la industria petrolera encareció la vida, destruyó la pesca ribereña y de altura en el Golfo de Tehuantepec y se convirtió en un foco de contaminación y riesgo regional. Ahora que PEMEX ha sido abandonado por el gobierno mexicano, la Refinería se incendia o explotan sus terminales o ductos con peligrosa frecuencia, y el Estado Mexicano de manera perversa, ha guardado silencio ante las afectaciones socioambientales.
El falso modelo de industria verde que son los parques eólicos, no sólo ha despojado de tierras y cuerpos de agua a los campesinos istmeños sino que además ha corrompido y destruido el tejido social, ha propiciado la violación a los derechos humanos, sociales y ambientales y doblegado a autoridades judiciales coludidas, con autoridades de todos los niveles, además promueven la violencia extralegal y paramilitar y son la punta de lanza de las industrias extractivista y depredadoras que hoy se cobijan bajo las leyes de las ZEE que los benefician.

Sus intenciones son evidentes, han anunciado y promovido mineras, nuevos parques eólicos, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, siderúrgicas, gasoductos y terminales de gas, presas hidroeléctricas, construcción de vías férreas y carreteras. Todas estas industrias de despojo y destrucción se agrupan, organizan y legitiman desde el andamiaje legal, fiscal y administrativo que provee la ley de las ZEE y las llamadas reformas estructurales. Se avizora una nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el Estado. El capital internacional y la élite política mexicana se ciernen sobre el territorio oaxaqueño con avaricia, avidez y rapacidad. Son los nuevos tiempos de un capitalismo cada día más burdo, delirante y genocida.

Los pueblos originarios, organizaciones sociales y la ciudadanía, estamos convocados a defender nuestros modos de vida digna y nuestro entorno natural, a exigir la vigencia de nuestros derechos, a legitimar el derecho a la rebeldía y el respeto a nuestra palabra y a ser sujetos de nuestro destino y no objetos de las políticas depredadoras de un gobierno colonialista y corrupto que cada vez renuncia más a sus responsabilidades y solo presta oídos a las empresas transnacionales y a los gobiernos extranjeros imperialistas.

De manera que los y las asistentes a este Foro denunciamos:

La absoluta pobreza en el pensar y actuar de nuestros gobiernos, porque no escuchan a los pueblos y no tienen una visión integral de nuestras necesidades, esto se pone de manifiesto en la ausencia de un plan estatal de desarrollo realmente sustentable y de programas viables de agroecología para el campo y para la reforestación y la protección de las fuentes de agua. No fomentan los mercados locales y regionales. No hacen estudios verdaderos de impacto ambiental e impacto humano de sus megaproyectos. Desconocen y violan sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas a vivir nuestras propias culturas y definir nuestro propio desarrollo en nuestro propio territorio. Utilizan al crimen organizado, a los cuerpos militares y policiacos para adueñarse de nuestras regiones. Criminalizan a todos y todas que defendemos nuestros derechos e informamos la verdad. Mal-gobiernan descaradamente para beneficiarse con los impuestos del pueblo.

Considerando lo anterior, las y los participantes a este Foro:

Rechazamos la implementación de las ZEE dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar del Estado.
Nos comprometemos a implementar una campaña masiva de contrainformación sobre las ZEE y los megaproyectos, y a realizar foros regionales y estatales para el fortalecimiento de la defensa de nuestros territorios.
Nos pronunciamos en contra de las agresiones y desalojo que sufrieron los normalistas de Titipetío, Michoacán y responsabilizamos al gobierno estatal como autor intelectual y material de estos hechos ocurridos en el día 21 de julio del 2016.
Nos pronunciamos en contra de las reformas estructurales y sus leyes secundarias. En tal sentido, reivindicamos el derecho a la rebeldía, la lucha y la resistencia de nuestras comunidades y personas contra las leyes, planes, programas y políticas de gobierno que afecten nuestros modos de vida digna, costumbres, cultura, espiritualidad y que perjudiquen a la naturaleza.
Convocamos a la articulación de todas las comunidades y organizaciones en resistencia, y que asuman como estrategia incorporar a más organizaciones, ciudadanos y autoridades a este proceso.
Manifestamos nuestro respaldo a todos los pueblos y las organizaciones que están en procesos de resistencia y en lucha constante por la defensa del territorio y de la vida: A los pueblos del Istmo oaxaqueño y su estrategia organizativa en la defensa del territorio, la comunidad indígena de Xochicuautla, Lerma, Estado de México; en contra del proyecto de muerte denominada autopista Toluca – Naucalpan del grupo HIGA – Enrique Peña Nieto y en respaldo a la lucha que llevan los colonos integrados en la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales en Coyoacán en defensa del agua y el territorio. Los desplazados de Copala y por el cumplimiento de las medidas cautelares. Las invasiones ilegales e ilegitimas a las tierras comunales de la selva de Los Chimalapas donde el gobierno federal ha hecho caso omiso a los conflictos de invasiones y genera la posibilidad de que la violencia se recrudezca entre las comunidades.
Llamamos fortalecer nuestras asambleas y autoridades comunitarias y a construir caminos por la defensa de la tierra y el territorio, y contra cualquier proyecto invasivo y destructivo que atente contra la vida comunitaria de nuestros pueblos.

A un año de Nochixtlán, a dos meses de los mártires de Quiechapa, a dos años y medio de Ayotzinapa, las voces siguen susurrando los nombres de todas y todos aquellos que han dado su vida por la vida, que han ofrendado su sangre a la tierra. Sus nombres son todos los nombres que seguiremos llamando. No somos solo los que estamos, no somos solo los que venimos. Nuestros pasos vienen acompañados por las mujeres y los hombres de todo el territorio donde florece la vida, la Costa, la Sierra sur, de la Zona Lagunar, la Selva Chimalapas. Dentro de nuestros pueblos se teje la esperanza, se lucha por la autonomía y autodeterminación de los pueblos, venimos a que nuestra palabra no solo se escuche sino que sea replicada en cada uno de los territorios que habitamos.

Firman: Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca OIDHO; Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI; Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata UCIO-EZ; Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C. CDH-TEPEYAC; Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio; Bachillerato Comunitario Ikoots; Bachillerato Comunitario Quiechapa; Bachillerato Comunitario San Francisco La Paz; Preparatoria Comunitaria José Martí; Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo COCEI MNPP; Pobladores Oaxaca A.C.; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio APIIDTT; Grupo Ecologista Zanatepec A.C.; Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio APOYO; Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA; Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca REDECOM; Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER; Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SECCION XXII OAXACA, CNTE; Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER; Bienes Comunales de San Mateo del Mar; Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo COCEI – COPIVAC; Comunidad de Magdalena Teitipac; Unión de Comuneros en Defensa de Nuestros Derechos y de los Recursos Naturales de Santa María Chimalapa; Centro de Estudios de la Región Cuicateca; Tequio Jurídico A.C.; Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C. TIC; Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad VOCAL; Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca A.C. INSO; Ojo de Agua Comunicación; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. CODIGO DH; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Indaaa Xhani A.C.; Artesanos Barro Negro San Bartolo Coyotepec; Servicios del Pueblo Mixe A.C.; Maderas del Pueblo A.C.; Propuesta A.C.; Red de Mujeres por la Igualdad de Género, Tlaxiaco; Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.; Corriente del Sol Rojo; FER-APPO; Radio Plantón; Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio; Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental LAVIDA; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación A.C. PODER; Consejo Supremo Indígena San Francisco Xochicuautla; Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales de Coyoacán; Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT; Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad; Red Ya Basta Alemania

Foto: Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C. CDH-TEPEYAC

El Pueblo Creyente Zoque exige la cancelación de todos los proyectos extractivos que amenazan su territorio

Publicada el 22/06/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de prensa del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y de la Tierra* – A 22 de junio 2017 – Leido ese día en el Parque Central de tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al concluirse la Marcha-Peregrinación a favor del Agua, la Vida y la Tierra

A los pueblos indígenas del mundo, México y Chiapas,

A los pueblos zoques de la Selva Lacandona, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Guadalajara y Boston (Estados Unidos),

A los organismos de defensa de los Derechos Humanos y organizaciones sociales,

A los medios de comunicación libre,

La reforma energética aprobada en 2013 junto a las 10 reformas constitucionales constituyen una seria amenaza de despojo de las tierras de los pueblos indígenas de México, en particular contra los pueblos zoques del norte de Chiapas. Por ello, nos hemos organizado en un movimiento indígena de resistencia y de defensa de la vida y la madre tierra para hacer frente a los proyectos extractivos que ponen en riesgo la vida social, ambiental y cultural de 60 mil hablantes zoques.

Sobre nuestros territorios, la amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el Gobierno con un total de 70 mil hectáreas, de los cuales ya se encuentra en operación la Minera Frisco en Solosuchiapa, propiedad de Carlos Slim; 1 ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; 1 proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; 1 geo-parque en el mismo Volcán con 2,400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago. En total más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos se encuentran amenazadas por los proyectos extractivos.

La amenaza más directa sobre nuestras tierras es la licitación que viene realizando desde agosto del 2016 la Secretaría de Energía (SENER) a través de la Licitación Pública Internacional conocida como la Ronda 2.2 para el concesionamiento de 12 pozos de extracción de gas natural y aceite en los estados costeros del Golfo de México y Cuencas del Sureste, la cual se compone de 12 bloques, 2 de los cuales tienen impacto en el Estado de Chiapas. Un total de 84,500 hectáreas de tierras de 9 municipios del norte de Chiapas serían utilizadas para la extracción de gas natural mediante el despojo y contaminación ambiental del territorio zoque.

El bloque 10, afectaría 42 mil 600 hectáreas de los municipios de Tecpatan, Francisco León y Ostuacan, con la finalidad de obtener aceite superligero y gas húmedo, mientras que el bloque 11, afectaría 41 mil 900 hectáreas de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco), para obtener aceite ligero y aceite superligero.

La instalación de 12 pozos petroleros en el territorio zoque de Chiapas provocaría graves daños ambientales, económicos y culturales como el uso excesivo de agua (se calcula que cada pozo requiere 20 millones de litros de agua); desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, aire y manantiales, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de la producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública.

La ronda 2.2 pone en riesgo un total de 16 arroyos y 4 manantiales de las comunidades zoques de Chapultenango, Ixtacomitán, Francisco León y Tecpatán. Por mencionar algunos serían los ríos Yomonó y Totopac en Tecpatán; el Movac y Susnubajk en Chapultenango; los ríos Tumbak y Magdalenas en Francisco León y el rio Blanco en Ixtacomitán, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua para la agricultura y el equilibrio ambiental del territorio. Un riesgo fuerte son los tubos que atravesarían las tierras zoques que en caso de romperse generarían una contaminación de toda la red de mantos freáticos del subsuelo hasta por 60 kilómetros a la redonda.

Otro riesgo del proyecto de hidrocarburos es que cambiaría el uso de suelo del territorio ya que actualmente las tierras están dedicadas a la actividad agrícola y de conservación ambiental, por lo que al instalarse los pozos petroleros pasarían a uso industrial por parte de las empresas extractivas que dejarían tras de sí un paisaje desolador de tierras inservibles como ocurre en el ejido Nuevo Volcán Chichonal municipio de Juárez. Por eso, reiteramos que estos son: proyectos de muerte.

En las anteriores rondas de licitación otorgadas por la Secretaría de Energía del gobierno federal (SENER) se cometieron una serie de irregularidades; por mencionar dos de ellas:

– En la ronda 1.3, el bloque conocido como Catedral fue concesionado al grupo Diavaz, propiedad de Pedro Aspe, quien fue Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari y fuerte impulsor de la reforma energética, siendo beneficiado ya que ahora puede adquirir bloques de extracción.

– En diciembre de 2015 se concesionaron 5 campos petroleros pertenecientes al quinto campo en los municipios de Reforma, Juárez, Pichucalco, Ixtapangajoya y Solosuchiapa; 3 de estos fueron asignados a una empresa canadiense, uno a una empresa mexicana que es sucursal de otra empresa canadiense y uno más a una empresa mexicana.

En el caso del territorio zoque, a partir del mes de septiembre de 2016 la SENER ha intentado llevar a cabo un proceso de consulta en las comunidades zoques, lo cual ha sido solo para aparentar que se lleva a cabo el proceso de consulta que exige la Ley Nacional de Hidrocarburos, porque en la realidad no se ha consultado a todas las comunidades afectadas; solo se consulta a los agentes rurales; las comunidades hablantes zoques no han tenido traductores en su propio lengua materna por lo que las supuestas consultas han sido engañosas y bajo presión a cambio de que algunos ejidos reciban proyectos como ampliación de caminos, puentes y drenaje, pero sabemos que solo son obras para que las empresas saquen mejor el petróleo.

En las supuestas consultas no se ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental, por tanto se ha violado el derecho a la información que tienen los pueblos indígenas.

Panorama Social

A partir de la Ronda 2.2 las comunidades afectadas han dispuesto a establecer un proceso de organización y articulación comunitaria frente al despojo del territorio que pretende hacer el proyecto del Estado Mexicano contra los pueblos indígenas de México.

Los megaproyectos extractivos representan muerte, por eso las comunidades zoques anteponen los intereses colectivos para la sobrevivencia, el agua, la tierra y la vida, pero también para defender su derecho a la libre autodeterminación, por lo que mediante movilizaciones, foros, conferencias de prensa, asambleas comunitarias y auto-consultas se ha determinado dar voz a los pueblos zoques porque son más las afectadas por los proyectos extractivos.

Para tal efecto, en las comunidades de los municipios de Chapultenango, Francisco León, Tecpatán e Ixtacomitán se han levantado firmas en actas de asamblea que se oponen a la extracción de hidrocarburos en su territorio. Las actas con las que se cuenta, ya han sido entregadas a instancias federales, así como legislativas para que se den los cauces necesarios y se dé cumplimiento a las exigencias de las comunidades que defienden su territorio.

El día de hoy hacemos entrega al gobierno del Estado y damos a conocer en el marco de esta magna peregrinación del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra, las decisiones de las comunidades zoques, mismas que son:

1. Respeto al derecho de AUTOCONSULTA Y LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ZOQUES DE CHIAPAS.

2. Exigimos la cancelación definitiva de los bloques 10 y 11 de la licitación de la Ronda 2.2 que encabeza la SENER.

3. RECHAZO para otorgar el permiso para el proceso de licitación y por consiguiente del concesionamiento de los pozos de extracción de hidrocarburos que pertenecen a los bloque 10 y 11, debido a que solo dejan pobreza; la llegada de la delincuencia organizada detrás de las empresas que ganan las licitaciones; pero principalmente por el daño ambiental y la división comunitaria, porque también se confrontan los pueblos.

4. Exigimos la cancelación de las concesiones mineras, ampliación de presas y proyectos geotérmicos que se ubican en los municipios del Pueblo Zoque.

5. Declaración por parte del Pueblo Zoque como TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS EXTRACTIVOS, QUE ATENTAN CONTRA LOS RECURSOS NATURALES (HIDROCARBUROS, MINERÍA, PRESAS HIDROELÉCTRICAS, CENTRALES GEOTÉRMICAS).

Por lo acontecido, en el marco de esta magna peregrinación del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra estamos procediendo a hacer las denuncias correspondientes ante los tribunales nacionales e internacionales por omisión ante la falta de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, así como por las faltas que se están cometiendo en el proceso consulta previa, libre e informada.

Hoy ante la opinión pública, nos declaramos en permanente defensa del territorio zoque de Chiapas, que muestra aquí, en la capital de Chiapas, el rostro de la dignidad, el rostro del Pueblo Zoque que defiende el presente y el futuro de nuestro Chiapas lleno de riquezas que han sido explotadas para el interés de unos cuantos.

Estamos aquí, los municipios del Pueblo Zoque que nos oponemos al proyecto de muerte que representa la Ronda 2.2 para extraer hidrocarburos de nuestra Madre Tierra; hemos caminado para que nuestra voz se levante y sea escuchada más allá de las fronteras de Chiapas, que sea la solidaridad de los pueblos la que nos permita defender la vida, el agua y la tierra por un Chiapas y un México mejor para las generaciones presentes y futuras.

NO A LOS HIDROCARBUROS

SI A LA VIDA

POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

MOVIMIENTO INDÍGENA DEL PUEBLO CREYENTE ZOQUE EN DEFENSA DE LA VIDA Y DE LA TIERRA

*El Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y de la Tierra nació el 31 d emayo del 2017

Fotos: Otros Mundos A.C./Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

VIDEOS:

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(Reportaje de Avispa Media)

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(Reportaje de Pozol Colectivo)

[INFORME] Expolio de los territorios garífunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansión turística

Publicada el 14/06/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Informe de Giorgio Trucchi publicado por Alba Sud (Mayo 2017) en el que se documentan dos casos de conflictos por procesos de desposesión territorial vinculados a la inversión turística en comunidades de los pueblos garífunas en Honduras. Realizado con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a través del Programa Barcelona Solidaria en el marco del proyecto «Turismo responsable, derechos humanos y trabajo decente» (convocatoria 2015) ejecutado por Alba Sud.

>> Descargar el Informe completo en PDF

PRÓLOGO

(Por Ana Ortega, docente e investigadora hondureña, presidenta de la junta directiva del Comité por la Libre Expresión C-Libre en Honduras)

El expolio de territorios garífunas es una expresión más de la profundización del despojo de bienes naturales, ambientales, culturales y sociales en que se sostiene el modelo económico extractivista, cuya racionalidad es precisamente extraer a bajo o ningún costo bienes de la naturaleza, trabajo, sobre todo de mujeres y juventudes, víctimas por excelencia, de la precarización laboral y en general extraer todo tipo de riqueza de países y regiones enteras sometidas a un proceso con características neo y recoloniales.

En el relato hegemónico este despojo se presenta como «desarrollo» y como parte de las libertades de mercado que requiere el capital para generar riqueza, supuestamente, para toda la sociedad. Así intentan legitimar que todo lo que esté fuera de esta lógica deba ser ignorado o aniquilado, aun cuando apele y defienda la sobrevivencia y otras formas de ser y estar en el planeta, en armonía y de manera responsable con la sostenibilidad y reproducción de la vida. En esa línea, uno de los dirigentes comunitarios que se cita en esta investigación se pregunta para quién es el desarrollo y a costa de qué y de quiénes, y de manera clara y contundente concluye que los proyectos turísticos en sus comunidades suponen un desarrollo para los ricos que genera más pobreza para la gente, en este caso, de las comunidades garífunas hondureñas.

Esta supremacía de la ganancia por encima de la vida, ha sido una característica del sistema, en todas sus etapas y formas de acumulación, pero en la actual adquiere características hegemónicas, de pensamiento único. Así logran ocultar o disfrazar el pillaje como bien lo señala David Harvey, desde la teoría de acumulación por desposesión:

«La libertad para el pillaje de recursos de las poblaciones indígenas y locales, para desplazar y saquear pueblos enteros donde lo considerara necesario, de sobrecargar el uso de los ecosistemas, en algunos casos mucho más allá de su capacidad para reproducirse, se convirtió en una parte clave de las libertades exigidas por el capital.» (David Harvey, en Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, p. 204 – 2014)

Paradójicamente, esta recolonización que en su dimensión financiera y «legal» presenta algunas nuevas características propias del proceso de globalización, sin límites ni barreras, que cruza y rebasa fronteras de todo tipo incluyendo las fronteras territoriales, en su dimensión material y de implicaciones humanas, en cambio, está absolutamente territorializada. Es en los territorios y sobre las personas que en ellos habitan que se ejerce el expolio, ya sea por la vía legal o ilegal, pero en todo caso violenta. Dicha violencia se expresa de diferentes maneras, desde el engaño, el chantaje, la persecución e imputación legal, encarcelamiento, desplazamiento de familias o comunidades enteras hasta el asesinato de personas con liderazgo reconocido tanto a nivel comunitario, nacional o internacionalmente. La territorialización del despojo tiene como una de sus consecuencias el desplazamiento forzado y, por tanto, la desterritorialización de comunidades y sus respectivas culturas, lo cual pone en el escenario, una vez la llamada destrucción creativa a que se refiere el marxismo, que a la par que crea riqueza para unos pocos destruye formas de vida de grupos étnicos y pueblos culturalmente diferenciados.

«La territorialización de los sectores económicos que poseen el capital conlleva la desterritorialización de los mundos campesino, afro e indígena. Es imposible el avance de grandes proyectos minero–energéticos sin el despojo de esas culturas, sin el incremento de la violencia contra las mujeres, sin el deterioro ambiental, sin la militarización de los territorios, sin la opresión a los pueblos indígenas: la actividad extractiva ha conducido a la extinción de diversas etnias.» (R. Avendaño y L. Navas, en Extractivismos. Conflictos y resistencias, p. 35 – Publicación de Censat Agua Viva/Amigos de la Tierra Colombia, 2014)

La violencia inherente a la acumulación capitalista es otra de las grandes paradojas del sistema, por un lado es el motor de la acumulación pero por otro juega en contra del ambiente sin conflictos y «armonioso» para la inversión, que tanto reclama el capital nacional y transnacional. En ese sentido, Harvey retoma los aportes de Rosa Luxemburgo en relación a que la acumulación capitalista tiene lugar en los sitios de producción de la plusvalía: la fábrica, la mina, la hacienda o el mercado de mercancías, configurando así un proceso puramente económico, aparentemente pacífico. Pero también existe otro proceso entre el capital y las formas de producción no capitalistas, en el que, enfatiza Luxemburgo, reinan, como métodos la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados y la guerra, propios de una economía de rapiña:

«Aparecen aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión, la rapiña. Por eso cuesta trabajo descubrir las leyes severas del proceso económico en esta confusión de actos políticos de violencia, y en esta lucha de fuerzas, la teoría burguesa liberal no abarca más que un aspecto: el dominio de la ‘competencia pacífica’, de las maravillas técnicas y del simple tráfico de mercancías. […]. Los dos aspectos de la acumulación del capital se hallan ligados orgánicamente por las condiciones de reproducción del capital mismo, y sólo de ambos reunidos sale el curso histórico del capital. Este, no sólo «gotea, de arriba abajo, sangre e inmundicia por todos los poros», sino que se impone así, paso a paso, al mismo tiempo que prepara de este modo, en medio de convulsiones cada vez más violentas, su propia ruina.» (Rosa Luxemburgo en La acumulación del capital, p. 224 – 1913)

La situación descrita es una constante del sistema, tanto en el siglo XVIII, como actualmente, en el siglo XXI. Una diferencia sustancial es que en la actualidad las grandes empresas transnacionales no necesitan invadir con los ejércitos de sus países como se dio en Centroamérica en los inicios del siglo XIX cuando se impuso en varios países la economía de enclave bananero, de capital estadounidense. Ahora es el ejército nacional y la policía con todo su despliegue de fuerza represiva, pero también el Congreso con sus concesiones y leyes a favor del capital, el poder judicial y el ejecutivo que ponen en marcha la criminalización de la protesta contra el despojo, las gremiales empresariales, en fin… como bien explica Rita Segato en El sexo y la norma: frente estatal, patriarcado, desposesión, colonidad (Revista Estudios Feministas, 2014), observamos todo el poder del frente estatal, empresarial, político y religioso para promover el despojo a la vez que salen al paso a cualquier manifestación de resistencia que ponga en riesgo sus ganancias.

Ese despliegue de fuerza y violencia estatal y paraestatal es el que enfrenta el pueblo Garífuna, que habita la costa atlántica, el caribe hondureño, donde se ubican las playas más codiciadas por la inversión nacional y extranjera para desarrollar lujosos proyectos turísticos de sol y playa. Este interés particular, presentado como de beneficio general, explica la arremetida del despojo que después del golpe de Estado del 2009 se ha profundizado y del que da cuenta esta oportuna investigación del periodista Giorgio Trucchi, que bien conoce la realidad de las luchas contra hegemónicas del pueblo hondureño, las viene acompañando desde hace algunos años, y no solo del pueblo garífuna, también de los diversos movimientos de resistencia, incluyendo la resistencia al golpe de Estado.

Después del golpe de Estado del 2009 se profundiza el despojo de bienes comunes de la naturaleza, incluyendo la disputa por tierras ancestrales del pueblo garífuna, en una zona donde, además, el conflicto es mayor y más complejo, dado el desarrollo de actividades económicas ilegales, como así lo confirman otras investigaciones:

«En Honduras la desigualdad incontrolada, el sistema judicial débil, el crimen organizado, la inestabilidad política, la creciente vigilancia policial, además de su total impunidad y corrupción, han creado una crisis particularmente aguda. Desde el golpe de estado del año 2009 […] el Gobierno de derecha ha promovido agresivamente las inversiones y el desarrollo en la explotación minera, la industria agraria y los proyectos de infraestructura hidroeléctrica. Ha privatizado la tierra, el agua, y ha quitado barreras para desarrollar proyectos de gran escala, frecuentemente en detrimento de los indígenas, las comunidades y los campesinos.» (J. Homand, en Berta Cáceres y el mortal costo de defender la tierra y la vida, publicado en la Revista de Ecología Política, núm. 51 – junio 2016)

Uno de estos megaproyectos turísticos, el denominado Indura Beach and Golf Resort, muestra, según el reciente informe de Global Witness, Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta, cómo fondos provenientes de actividades fraudulentas vinculadas a grandes casos de corrupción se cruzan con inversiones de tipo «legal», volviendo difusa la distinción legal/ilegal, ya no solo en la inversión sino en todo el proceso, incluyendo la adquisición de las tierras que las comunidades denuncian como una forma más de expolio.

Pese a lo aparentemente aplastante y bien articulado del expolio, vale resaltar que a la par también se generan luchas por la sobrevivencia. Se trata de resistencias ancestrales de pueblos que se niegan a desaparecer, a ser despojados de sus medios de subsistencia y de su cultura, en esa lucha contra hegemónica ponen en cuestión los propios criterios de validez de la economía liberal, como bien se apunta desde el enfoque de acumulación por desposesión, ya referido:

«Están plantadas las semillas de la sublevación humanista contra la inhumanidad que presuponen la reducción de la naturaleza y de la naturaleza humana a la pura forma.» (David Harvey, en Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, p. 211 – 2014)

>> Descargar el Informe completo en PDF

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5 videos animados para acabar con el mito de la minería sustentable

Publicada el 08/06/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) realizó una serie de cinco cortos videos animados para acabar con el mito de la minería sustentable, titulada «Minería: Desruyendo el Futuro de Todos» y disponible en el canal Youtube de la organización.

«Creemos que se hace urgente informarnos y discutir sobre las diversas aristas ambientales, sociales y culturales que deja el extractivismo minero en los territorios, y desmitificar los beneficios y bondades, que se jacta el sector minero y los gobiernos de turno para justificar sus inversiones», explicó OCMAL al presentar el proyecto. «La gran ola de conflictividad en torno a la minería que ha marcado a los países de la región son una evidencia de esto, y sabemos que seguirán en aumento, mientras no se considere y se respete la autodeterminación de las mismas comunidades a decidir su camino.»

Estos videos, que pueden descargar para proyectarlos en talleres, explica de manera pedagógica los impactos que deja la gran minería en los territorios y los mecanismos del sistema capialista que permite a las mineras destruir el medio ambiente y violar derechos humanos en América latina. Desde los 90, nuestro continente se ha convertido en el principal destino de inversión en exploración y explotación minera, recuerda OCMAL en uno de los videos, precisando que durante el 2015, el 28% de todo el gasto mundial (casi un tercio) en minería fue invertdio en América latina.

Capítulo 1: «¿La Minería es Sustentable?»

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Capítulo 2: «¿Es la minería una gran productora de desechos?»

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Capítulo 3: «Sin Agua No Vivimos»

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Capítulo 4: «Los Impactos Sociales de la Minería»

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Capítulo 5: «El futuro debe ser distinto»

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Los 5 capítulos en un solo video:

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Guanajuato: cancelan proyecto de planta de cianuro gracias a la movilización de la sociedad civil

Publicada el 06/06/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Boletín de prensa de la Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA) tras la victoria de la «Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano» contra el «Proyecto San Luís’ de The Chemours Company – A 5 de junio 2017

El procedimiento administrativo ante las autoridades ambientales mediante el cual la empresa química The Chemours Company pretendía obtener un permiso para llevar a cabo su «Proyecto San Luis» consistente en instalar, en el municipio de San Luis de la Paz en Guanajuato, una planta para producir 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio (NaCN) al año ha sido cancelado.

Pese a contar con el respaldo del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, The Chemours Company ha desistido en su intento de llevar a cabo su «Proyecto San Luis» debido a la presión ejercida por la sociedad ludovicense que, abierta y contundentemente, se opuso al alto riesgo que para su salud y el medio ambiente local representaba el proyecto.

Chemours desistió después de que su solicitud de autorización en materia de impacto ambiental presentada en agosto del 2016 ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT fuera fuertemente cuestionada por la sociedad ludovicense. Dinamizados por la «Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano» los ciudadanos de San Luis de la Paz desplegaron un amplio repertorio de acciones colectivas contra la instalación de la planta de cianuro por considerarla de alto riesgo para su comunidad.

El proceso de oposición social frente a la planta de cianuro de The Chemours Company confirma que -centrada en los propios ciudadanos- la defensa de comunidades receptoras o potenciales receptoras de los daños y perjuicios provocados por el modelo de desarrollo no depende tanto de la voluntad de operadores jurídicos, políticos y económicos como de la existencia de una sociedad alerta y movilizada, capaz de hacer valer sus pretensiones en, fuera e incluso en contra de los órganos estatales en su conjunto al impedir obras o proyectos contrarios a sus intereses.

El Cianuro de Sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y The Chemours Company lo fabrica para proveer a la violenta industria minera mexicana que lo utiliza en los procesos de lixiviación de metales «preciosos» extraídos con la técnica «a cielo abierto». Por ello, el triunfo de la sociedad ludovicense contra el «Proyecto San Luis» debe dimensionarse adecuadamente: no es sólo contra la Chemours y por su propio territorio, es contra el conjunto de la industria minera.

¡EL CIANURO MATA!

¡VIVA SAN LUIS DE LA PAZ!

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y MEGAPROYECTOS

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: Opositores a la planta de cianuro en Guanajuato. Foto: Periódico Correo / David Olvera

20 años de soja transgénico en el Cono Sur de América Latina, 20 razones para su prohibición definitiva

Publicada el 29/05/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Justo cuando se está realizando la cosecha número 20 de la soja transgénica resistente al glifosato en todo el Cono Sur de América latina (aproximadamente 175 millones de toneladas), la ONG Grain publica este poster con 20 argumentos para su erradicación definitiva.

>> Descargar el poster de GRAIN

El ISAAA (Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas) acaba de publicar su informe anual en el que confirma que el Cono Sur de América Latina es la región donde se producen más transgénicos y con la mayor superficie cultivada con un solo monocultivo (más de 54 millones de hectáreas de soja transgénica en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Bolivia) de todo el mundo.

Lo que el ISAAA no informa, por ser un simple agente de propaganda de las grandes corporaciones biotecnológicas, es sobre los impactos que este modelo, implantado hace 21 años y que hoy está produciendo su cosecha número 20, ha tenido en toda la región y en el mundo.

GRAIN, junto a cientos de organizaciones, viene denunciando desde antes de la instalación de este modelo de agricultura industrial las consecuencias socioambientales del mismo.

>> 20 razones para prohibir los monocultivos de soja transgénica en el Cono Sur:

1- Su aprobación en Argentina fue absolutamente ilegítima, siendo autorizado por un organismo (la CONABIA, Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) conformado por las mismas corporaciones. Al mismo tiempo, su expansión en todo el Cono Sur fue intencionalmente ilegal sin que en ningún momento se haya generado un debate democrático sobre su autorización y cultivo. Su imposición en Brasil y Paraguay se dio a partir de la expansión de cultivos ilegales masivos.

2- Su imposición significó la creación de un desierto verde de más de 54 millones de hectáreas que en algún momento las mismas multinacionales bautizaron como La República Unida de la Soja.

3- Con la introducción de la soja transgénica, el uso de glifosato (recientemente reclasificado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud) en la región creció a más de 550 millones de litros por año con dramáticas consecuencias sanitarias en todos los territorios.

4- Millones de campesinos fueron desplazados en toda la región y miles de pequeños productores debieron abandonar la producción de alimentos locales ante la imposibilidad de convivir con la soja transgénica.

5- Cientos de campesinos fueron criminalizados, perseguidos y asesinados en su lucha por la tierra como fruto de la expansión del modelo sojero en los intentos de resistir su avance.

6- Se destruyeron millones de hectáreas de bosque nativos en todo el Cono Sur por el avance de la frontera agrícola.

7- Monsanto impulsó e impulsa en todos los países modificaciones a las leyes de semillas para poder controlar y monopolizar las semillas. En Argentina, desde hace casi 15 años, viene realizando un fuerte lobby político para lograr la modificación de la ley vigente y poder cobrar regalías a cada productor que guarda semillas para el año siguiente.

8- Las enfermedades y muertes a causa del incremento del uso de agrotóxicos se multiplicaron en todos los territorios despertando fuertes reacciones de los «pueblos fumigados».

9- Los gobiernos que intentaron limitar el avance de la soja y los cultivos transgénicos se vieron jaqueados, siendo Paraguay un caso paradigmático en ese sentido.

10- Los suelos se han visto esquilmados por esta agricultura extractivista produciendo una destrucción de los mismos y una pérdida de nutrientes sin precedentes.

11- La tierra se ha concentrado en cada vez menos manos, siendo otra vez el caso de Paraguay ejemplar ya que un 0,4% de los propietarios acaparan el 56 % de la tierra.

12- La ganadería, anteriormente practicada en rotación con la agricultura, se vio desplazada hacia otros territorios con ecosistemas mucho más frágiles (Amazonia, Chaco paraguayo, humedales, etc) con consecuencias gravísimas sobre los mismos.

13- Se consolidó una alianza entre los grupos corporativos que impulsaron este modelo y los medios masivos de comunicación concentrados que impide cualquier tipo de debate o difusión de los impactos del modelo.

14- Los cultivos resistentes a herbicidas han fracasado desde el punto de vista agronómico con el surgimiento de decenas de malezas resistentes al glifosato y el consecuente crecimiento de su uso y el de otros herbicidas.

15- La ciencia que sostiene el desarrollo de los cultivos transgénicos es profundamente cuestionada por su mecanicismo y simplificación de la complejidad de los sistemas genómicos.

16- La productividad de los cultivos de soja transgénica es inferior a la de los cultivos de soja convencionales tal como se verificó en todas las investigaciones que realizaron estudios comparativos.

17- La seguridad de la soja transgénica en la alimentación nunca ha sido demostrada y las dudas que se presentan ante estudios sesgados por los intereses corporativos aún persisten, siendo cada día más difícil de sostener la falacia de la «equivalencia sustancial».

18- La producción masiva de soja transgénica ha impulsado una expansión de la producción de carne de manera industrial con graves impactos ambientales, sanitarios, en el clima y en la salud a nivel global.

19 – La soja transgénica ha sido impuesta para su consumo a centenares de millones de consumidores en todo el mundo sin su consentimiento a través de su utilización en la producción de alimentos ultraprocesados.

20- Toda la cadena de producción de soja transgénica tiene un enorme impacto en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero y la agudización de la crisis climática.

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Monsanto y la Mano de Dios. La soja transgénica destruye suelos y vidas

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La República Unida de la soja recargada

Así se venden minas en México: Especuladores lucran con permisos mineros

Publicada el 17/05/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Este reportaje de Periodistas de A Pie y la Unidad de Investigación de El Universal fue publicado en Pie de Página el 9 de mayo 2017 y realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center For Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente.

Texto: Andrea Vega Valerio. Foto: Ariel Ojeda. Gráficos: Arturo Contreras Camero.

Vacíos en la regulación minera permiten que particulares se beneficien con la compra venta de concesiones mineras. Aunque no está prohibido, las ganancias quedan en unos pocos

Concesionarios particulares de minas especulan con las hectáreas otorgadas por el gobierno mexicano hasta que llega un mejor postor -empresa nacional o transnacional- y ceden los derechos con ganancias extraordinarias. Ellos y no el gobierno mexicano es quien gana por tal inversión. Gracias a los vacíos en la regulación minera, existen más de 10 mil títulos de concesión transferidos de mano en mano.

Una revisión de la base histórica de concesiones mineras muestra que, en los últimos tres sexenios, creció sistemáticamente el número de títulos concesionados a ciudadanos particulares que difícilmente tienen capacidad de explotación de una mina.

Entre diciembre de 2000 y junio de 2015, el gobierno federal otorgó 17 mil 785 títulos de concesión minera, de los cuales 5 mil 76 permisos se dieron en el sexenio del ex presidente Vicente Fox, mientras que en el de Felipe Calderón la cifra se disparó hasta 9 mil 956. Para junio de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto había entregado 2 mil 753.

Lo que llama la atención es que la entrega de títulos a empresas ha ido disminuyendo en favor de las personas individuales. Así, Fox entregó 2 mil 156 concesiones mineras a personas, que representan 42.47% del total de concesiones otorgadas en su administración; con Calderón la proporción aumentó hasta 61.3%, es decir, se entregaron dos concesiones a particulares por cada una de las que entrego a empresas; y en los primeros 3 años de Peña Nieto aumentó un poco más, hasta 65.7%.

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La extensión de subsuelo concesionada a ciudadanos también ha aumentado. La administración de Fox cedió a ciudadanos particulares 548 mil 339 hectáreas; Calderón les otorgó 6 millones 304 mil 725 hectáreas y Peña Nieto 2 millones 637 mil 969. Entre los tres han entregado a particulares que no tienen capacidad de explotar minas 4.8% de la superficie continental del país. ¿Para qué lo hicieron?

Mayra Montserrat Eslava Galicia, abogada y coautora del libro El mineral o la vida, explica que entre las personas que están adquiriendo concesiones pueden identificarse dos grupos: prestanombres [de empresas] y especuladores.

Los que las ceden pronto son, por lo general, prestanombres. Los que las retienen más tiempo son especuladores. Esperan el momento más adecuado para sacar una mejor ganancia. «Al fin que la concesión es por 50 años, tienen tiempo para especular», señala la especialista.

El costo del trámite de cada solicitud de concesión minera va de los 443 pesos (entre 1 y 30 hectáreas), hasta los 137 mil 790 (más de 50 mil hectáreas), más un pago variable por hectárea extra. Posteriormente, las empresas y particulares realizan un pago semestral que se calcula en proporción a la cantidad de hectáreas.

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Esquema de compra-venta

Este equipo de investigación analizó los movimientos en los títulos de concesión minera de los 10 particulares beneficiados con más hectáreas en cada uno de los últimos tres sexenios, y encontró que, al menos en los casos de los otorgados en las administraciones panistas, los particulares los han cedido o intentado ceder a compañías nacionales y extranjeras, en un esquema que funciona como modelo de apartado del subsuelo para después lucrar con él.

Manuel Langarica Ramos, la persona más beneficiada por extensión del subsuelo en el sexenio de Fox, con seis títulos de concesión minera por un total de 23 mil 547 hectáreas, en Guachinango, Ameca y Cuautla, en Jalisco, hizo transmisión por aportación a Minera El Cobre de Jalisco S.A.P.I de C.V -una Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que en minería son generalmente empresas dedicadas sólo a la exploración-, y ésta, a su vez, hizo cesión de derechos total onerosa a Minas Chaparral, S.A de C.V. Langarica Ramos también hizo cesión de derechos total onerosa a la Compañía Minera de Atengo, S. de R.L de C.V.

El principal beneficiado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón fue Jorge Jiménez Arana, a quien una investigación de la Unidad de Datos de El Universal, publicada el 14 de septiembre de 2014, México, en poder de las mineras, ubicó como representante legal de la minera canadiense Blackfire Exploration México. Jiménez Arana obtuvo ocho permisos que le conceden una superficie de 580 mil 304 hectáreas -área de extensión similar a la del estado de Colima-, en los municipios de Acapetahua, Mazatán, Pijijiapan y Suchiate, en Chiapas.

Blackfire Exploration México ha tenido problemas con el gobierno mexicano por infringir normas ambientales, de acuerdo con el informe elaborado por United SteelWorkers, Common Frontiers y MiningWatch Canadá.

En la administración de Peña Nieto la persona más beneficiada por extensión de tierras ha sido Juan Carlos Astiazarán Nieves, con seis títulos de concesión por 264 mil 558 hectáreas, en las localidades de Carbo, Hermosillo, Pitiquito y San Miguel Horcasitas, en Sonora. Astiazarán Nieves pertenece a una familia grande de ganaderos, mineros y políticos sonorenses. Estos títulos de concesión no registran movimientos. Todavía los tiene en su poder.

De hecho, de las 10 personas más beneficiadas con concesiones en el presente sexenio, la mayoría no ha cedido sus títulos. Mayra Eslava dice que esto se puede deber a que los precios de los minerales han caído y están esperando un mejor momento para hacer negocio.

Agujeros convenientes

En 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió a la Secretaría de Economía que «los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la Nación».

Esta auditoría sobre el estado de los derechos concernientes a la minería recomendó que «la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Economía, analizara la conveniencia de revisar la normativa y los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras, a fin de que éstas se autoricen a partir de premisas que garanticen utilidad pública y beneficios a la Nación«. Esto no se ha hecho.

El marco legal es propicio para permitir que las lagunas existentes den cabida a este modus operandi en las concesiones mineras. En su artículo 19, la Ley Minera asienta que «las concesiones confieren derecho a transmitir su titularidad a personas legalmente capacitadas para obtenerlas». Especialistas explican que la palabra transmitir incluye una variedad de posibilidades: desde traspasar, ceder o vender.

Viéndolo así, vender un título de concesión es legal, aunque la ley no lo mencione como tal. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, prohíbe «lucrar con los bienes de la nación», y un título de concesión minera es justo eso.

Así lo explica Juan Antonio López, abogado y coordinador del área de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC): «Una concesión no se puede vender, estarías lucrando con un bien de la nación, por eso [en las tarjetas de registro del Sistema de Administración Minera, SIAM, donde se asientan todos los movimientos de un título] a la mayoría le llaman cesiones (gratuita u onerosa), aunque el trasfondo es que sí implican un intercambio monetario».

Julieta Lamberti, investigadora de Project PODER, una organización que promueve la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina, asegura que «los otros grandes afectados son las personas que no saben que están viviendo en un terreno cuyo subsuelo está concesionado a un particular».

Lamberti explica que si el concesionario vende el título, el comprador querrá poner una mina. Así, las plantaciones y construcciones tendrán que quitarse; y los pobladores, irse.

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Publicada el 16/05/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Boletín de prensa de la Red mexicana de Afectados por la Mineria (REMA) – A 13 de mayo 2017

A la opinión pública,

Las empresas mineras de capital privado, extranjero y trasnacional en conjunto con los estados en sus tres niveles de gobierno, están decididas a incrementar y diversificar sus acciones relacionadas con el despojo de los bienes naturales, el desplazamiento de la población, la ocupación del territorio y la eliminación de cualquier proceso organizativo que intente resistir y defenderse de forma pacífica, legal y en total ejercicio de sus derechos colectivos.

A los ya de por sí conocidos procesos violatorios a los derechos humanos y a la violación de las leyes nacionales, en fechas recientes y en diversas partes del país y de Latinoamérica, han iniciado una fuerte campaña para la difamación, criminalización, estigmatización, agresión y amenazas en contra tanto de la población, como de los grupos que acompañan sus procesos de defensa y resistencia en contra de la minería.

Lo hacen desde diferentes frentes, por ejemplo: utilizando empleados de la empresa canadiense Almaden Minerals como sucedió en Ixtacamatitlán, Puebla, el 1ero de mayo 2017; o como lo hicieron a través de la autoridad municipal e instancias federales y la empresa canadiense Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, Oaxaca; o con golpeadores, soldados y policías auspiciados por la empresa canadiense Excellon Resources quienes desplazaron de su campamento a las y los ejidatarios de La Sierrita, Durango, en el 2012; o como le pasó lo mismo el 8 de mayo a las y los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) en Acacoyagua, Chiapas, cuando el presidente municipal solicitó la presencia de la policía estatal y del ejército con lo que mandó un mensaje claro de apoyo a la empresa minera El Puntal S.A de C. V. De la misma forma ocurrió con la organización Bios Iguana A.C. y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) en Colima, quienes al defenderse de la empresa Gabfer S.A. de C.V., recibieron la presión de todo el aparato estatal que actuó en su contra.

Esto también pasa constantemente en Guerrero, en Zacatecas, en San Luís Potosí, al igual que en otras partes de Latinoamérica, como recientemente ocurrió en Perú, cuando la empresa canadiense Hudbay Minerals, haciendo gala del control que ya tiene sobre el estado, mandató a la policía del Perú para retener e investigar la actuación de los compañeros de MiningWatch Canada y el documentalista John Dougherty, perseguidos por proporcionar información sobre los desmanes que esta fatídica empresa ha ocasionado en varios países incluyendo el propio Canadá.

En todos estos casos hay un patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales quienes buscan intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería. Amenazan, golpean, detienen, intimidan, siembran pruebas e inventan expedientes para deslegitimizar tanto a los grupos que acompañan a los pueblos, como a los propios habitantes que aspiran a una vida digna y no de muerte como viene generando la minería.

La campaña está desatada y en ese contexto, REMA se solidariza con cada uno de las mujeres y hombres que han vivido y viven estos procesos, y lamentamos la terrible sumisión de los estados para con el poder empresarial.

El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS), Otros Mundos A.C., EDUCA, MiningWatch Canada, Tiyat Tlali, Prodesc, Fundar, el Frente Ixtepecano, la Unión de Ejidos de Zanatepec, los pescadores de Nvo. Balsas, Bios Iguana A.C., entre muchos otros grupos, son quienes han sido víctimas de campañas difamatorias, amenazas y en algunos de estos grupos incluso han sido asesinados, simplemente por actuar en defensa de los derechos colectivos, respeto de la ley y de forma abierta y transparente, mientras las empresas, los estados y sus grupos de choque actúan en la opacidad, la cobardía, el uso de la fuerza y la intimidación.

Ante esta alzada de intimidaciones y campañas de odio y difamatorias en contra de las compañeras y compañeros de grupos y comunidades por parte de la empresas mineras, la REMA denuncia la omisión del estado mexicano y lo hacemos responsable de cualquier afectación física, psicológica y patrimonial de nuestros compañeros.

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: El ejército intimada a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) en Acacoyagua, Chiapas / Crédito: FPDS

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Publicada el 12/05/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Boletín de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) – Acacoyagua, Chiapas, a 11 de mayo 2017

Una integrante del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) participó ayer 10 de mayo 2017 con otras numerosas representantes de la sociedad civil chiapaneca en una reunión con el Señor Leo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. La acompañaban Otros Mundos A.C., el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Cuando llegó su turno, nuestra compañera expuso al relator la grave situación que estamos viviendo en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, zona costa de Chiapas, donde la explotación de titanio afecta la calidad de nuestras fuentes de agua y por lo tanto nuestro derecho al agua potable.

«Nuestro movimiento nació en el 2015 para defendernos de la contaminación de nuestros ríos por la minería. Somos miembros de la REMA y luchamos por la cancelación de las 21 concesiones mineras que existen en nuestros municipios«. Así empezó su presentación nuestra compañera, leyendo una carta del FPDS que luego fue entregada al relator.

Explicó que los sistemas de agua municipales de Escuintla y Acacoyagua agarran agua de los ríos Cintalapa y Cacaluta y que sus tomas de agua se encuentran justo abajo de la mina de titanio Casas Viejas, explotada por la la empresa El Puntal S.A. de C.V. Agregó que desde el 2004, año en el que la delegación de la Secretaría del Media Ambiente (SEMARNAT), a través de Amado Ríos, empezó a aprobar una serie de cinco proyectos mineros en la zona de influencia de la Reserva de El Triunfo y en las áreas de recarga de nuestros mantos acuíferos, empezamos a tener serios problemas. Esos problemas afectan tanto los habitantes conectados a las redes municipales como a los de las rancherías y comunidades de Acacoyagua que tienen sus pozos de agua:

«Desde que se implementaron los proyectos mineros, hemos observado que el agua de la llave sale de color amarillo oxidado y que el agua de los pozos sale con lodo y grasa. Hemos notado la presencia de enfermedades en la piel por el contacto con el agua que usamos en nuestros hogares, tanto la del sistema de agua municipal como la de los pozos. Tenemos comezón, resequedad, agrietamiento, manchas y ronchas en la piel, así como enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos. Además, estas mismas enfermedades aparecen cuando los habitantes se meten a los ríos.

Hemos observado también un aumento de cáncer en el colón, el estomago, el hígado y los riñones en los habitantes de Acacoyagua y Escuintla. Notamos que los habitantes sufren de perdida de cabello y de abscesos en la parte de los brazos, los glúteos. Las mujeres embarazadas presentan abortos y partos prematuros y sus bebés presentan malformaciones.»

Recordó que el FPDS ha solicitado varias investigaciones a las autoridades en el marco de «mesas de trabajo» con el gobierno de Chiapas, entre las cuales un estudio epidemiológico por daños a la salud y al agua por la minería (al Instituto de Salud, Jurisdicción Sanitaria No. VII) y estudios de calidad del agua (a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, con representación en Chiapas). Ninguna de estas investigaciones se ha realizado, por lo que nos salimos de las «mesas de trabajo» en febrero 2017.

En nuestra carta al relator que leyó nuestra representante, denunciamos que esta falta de cumplimiento por parte de la autoridades causa tres tipos de problemas relacionados a los derechos al agua potable y al saneamiento y reconocidos por la ONU:

Problemas de acceso a la información, participación y rendición de cuentas de los servicios de agua y saneamiento: El gobierno no nos entrega información clara y transparente ni investiga las causas de nuestras enfermedades y la responsabilidad de las mineras.
Problema de calidad de agua y saneamiento: En los ríos es evidente la contaminación y su impacto en nuestra salud.
Problema de acceso a la justicia en materia de derechos al agua potable y al saneamiento: El gobierno estatal de Chiapas, a través de Alfredo Lugardo López de la subsecretaria de Gobierno de la Región X Soconusco, y del Ing. Patricio Elí Matías Salas, presidente municipal de Acacoyagua se han negado a proporcionarnos acceso a la justicia:

al no realizar los estudios que le solicitamos;
al negar el paso a las rancherías Jalapa y La Cadena a su sistema de captación de agua ubicado en la concesión minera Casas Viejas pero con derecho de paso del ejido Magnolia, al darle el paso a la minera a cambio y al amenazar a su Comité de Agua para que deje el movimiento si quería recuperar el acceso;
al negar nuestra participación en la junta de cabildo para exponer nuestras problemáticas, cerrándonos las puertas del palacio municipal y solicitando un operativo de la policía municipal y el ejercito para intimidarnos. (leer nuestro boletín del 8 de mayo para más información sobre este acontecimiento)

Sobre este último punto, nos parecía importante denunciar la criminalización que estamos sufriendo, como muchos y muchas más defensores y defensoras del agua en Chiapas y todo México.

Aprovechamos el espacio también para solicitar nuevos estudios: uno para determinar el tipo y cantidad de metales y metaloides tóxicos en diversas fuentes de agua de Escuintla y Acacoyagua (a la CONAGUA), un estudio toxicológico y otro de medición de la radiación del titanio (al Instituto de Salud).

Al no ser escuchados, veremos la contaminación y las enfermedades empeorar en la costa de Chiapas en donde se crean dos zonas económicas especiales (ZEE) que implican la multiplicación de proyectos extractivos y por lo tanto la aumentación de la contaminación de nuestros queridos ríos por los que luchamos.

FIRMA:
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

SUSCRIBEN:
OTROS MUNDOS A.C.
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.

Más informes: correo a comunicacion@otrosmundoschiapas.org – o mensaje Facebook a la página del FPDS

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En los medios:

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Publicada el 09/05/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Boletín de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) – Acacoyagua, Chiapas, México , a 8 de mayo 2017

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACACOYAGUA NOS CIERRA SUS PUERTAS,
A CAMBIO NOS RECIBEN POLICÍAS Y MILITARES

Al llegar a la reunión a la que nos había citado el presidente municipal de Acaoyagua hoy lunes 8 de mayo, a las 12 de la tarde, nosotros integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) encontramos las puertas de la presidencia cerradas con cadenas y a unos diez policías vestidos de civil posicionados alrededor del parque y vigilándonos.

Poco después de la hora de la cita, mientras las puertas permanecían cerradas, llegó un camión de rutina del Ejército en el que andaban unos veinte militares. Tres de ellos bajaron del vehículo para resguardarlo. Uno de ellos se dirigió hacia la comandancia de la policía municipal visiblemente para pedir información sobre nosotros y nosotras. Nos tomaron fotos sin pedirnos permiso y sin hablarnos. Se retiraron después de que las valientes mujeres del FPDS les dijeran que no tenían por qué estar allí.

Denunciamos que esta intervención de la policía y del ejército constituye un acto de intimidación en contra del FPDS ya que nuestra presencia no la justificaba en términos de seguridad. Eramos alrededor de cincuenta personas, habitantes de la cabecera de Acacoyagua y de las comunidades Castañas, Jalapa, Los Amates, San Marcos y La Cadena, esperando calmamente que se abrieran las puertas para que una delegación del FPDS entrara a dialogar con el presidente municipal y su cabildo. Veníamos en son de paz, sin ninguna arma más que nuestra palabra y una manta que decía «No a la minería».

Denunciamos que el presidente municipal de Acacoyagua, el Ing. Patricio Eli Matías Salas, no cumplió con su deber de realizar una reunión de cabildo abierto en la que todos los y las habitantes de Acacoyagua tenemos derecho a participar y pedir la palabra para dar a conocer nuestras demandas.

Queríamos expresar nuestra oposición a la actividad minera en el municipio y exigirle que respete la Declaratoria de territorio libre de minería que él mismo firmó en agosto 2016. Queríamos también plantearle que ni la Comisión nacional del Agua (CONAGUA) ni el sector salud han cumplido con su promesa de realizar estudios sobre la calidad del agua y la salud de los habitantes de Acaoyagua solicitados por el FPDS para investigar los impactos de la actividad minera.

Informamos al público en general que el presidente nos citó de nuevo el lunes 15 de mayo a las 3 de la tarde, por lo que le pedimos que esté al pendiente de la manera en la que seremos recibidos. Exigimos al presidente municipal que se presente junto con cabildo para que nuestro diálogo sea democrático y transparente.

Rechazamos rotundamente la presencia del ejército y de la policía en esa cita. La defensa del territorio ante la minería que estamos llevando desde el 2015 no nos hace criminales y ninguna de nuestras acciones justifica la intervención de las fuerzas de seguridad. Además, el gobierno debería gastar más dinero en proteger la salud de sus habitantes afectados por la minería que en reprimirlos.

¡Fuera las mineras de Acacoyagua!

¡Vida sí, Mina no!

FIRMA:

El FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

SUSCRIBEN:

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: Militares en frente de la presidencia municipal de Acacoyagua hoy lunes 8 de mayo (FPDS)

Contacto: comunicacion@otrosmundoschiapas.org

Mensaje Facebook: Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio – FPDS

Más lectura:

Sobre la lucha del FPDS:

Defensore/as de la Costa de Chiapas denuncian el contubernio del gobierno estatal con las empresas mineras

Sobre la criminalización de los defensores:

Cese la criminalización a pueblos en defensa de la vida y el territorio (Pronunciamiento del Segundo Encuentro de Pueblos en Resistencia ante la amenaza de despojo por los megaproyectos, en el que participamos del 4 a 6 de mayo 2017)

[AUDIO] Terrorismo, delincuencia organizada: cuando el derecho penal se usa contra defensores y defensoras

En los medios:

Ejército intimida a pobladores de Chiapas por cierre de mina (Pozol)

Mineras generan conflictividad en Oaxaca y Chiapas (Contralínea)

Opositores a la minería de la costa de Chiapas son intimidados por policías y militares (Chiapas Paralelo)

Pueblo maya lleva caso de contaminación del agua con plaguicidas ante relator de la ONU

Publicada el 08/05/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Boletín de prensa de los colectivos MA OGM e Indignación, la ONG Greenpeace y el CEMDA – Ciudad de México, A 5 de mayo 2017

Exhiben ante relator de Agua de la ONU al estado mexicano por la falta aplicación de la ley.
Pueblo maya lleva caso de contaminación del agua con plaguicidas ante relator de la ONU.
Caso de contaminación de plaguicidas en agua de agua de comunidades mayas, llega a manos de relator de la ONU.

Pueblos y organizaciones civiles de diversas partes de México sostuvieron una reunión con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento, el Sr. Léo Heller. El trabajo del relator se centra en recopilar información y testimonios con el fin de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento que incluyen la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, el acceso a la información y la calidad del agua para su uso personal y doméstico.

Si bien el relator de la ONU sólo contempla en su recorrido a la Ciudad de México y los estados de Veracruz y Chiapas para conocer de primera mano las problemáticas vinculadas a su mandato, el señor Gustavo Huchín, integrante del Consejo Maya de los Chenes, y el abogado Jorge Fernández Mendiburu de Indignación, acudieron a la Ciudad de México para hablar sobre la situación actual y los problemas ambientales que trae consigo la contaminación del agua que afecta al municipio de Hopelchén, Campeche y en general a la Península de Yucatán.

Entre la información presentada al relator del Agua de la ONU se encuentran estudios científicos realizados por el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX) con respecto a la presencia de plaguicidas en agua del subsuelo, agua purificada, así como en la presencia del herbicida glifosato en orina de hombres y mujeres mayas.

En su intervención en el evento, el señor Gustavo Huchín habló sobre la contaminación originada por la implementación del modelo de agricultura industrial y con especial énfasis en la siembra de soya transgénica en la región. «Nuestra preocupación más grande es por la contaminación del agua por el glifosato y otros agrotóxicos, por la implementación de la siembra de soya transgénica a nivel comercial e industrial. Se ha alargado mucho la sequía en nuestro municipio por la deforestación y por esta razón los lugareños hemos perdido muchas colonias de abejas e inclusive no hemos levantado cosechas. Esto es a consecuencia de tanta deforestación que ha habido en el municipio», refirió don Gustavo. Agregó que los estanques naturales de agua como lagunas y otras zonas bajas inundables para la captación de agua han ido despareciendo por la implementación de pozos de absorción para evitar que se inunden terrenos bajos y esto propicia la contaminación del agua de lo profundo con plaguicidas utilizados para la agricultura industrial.

Jorge Fernández Mendiburu, asesor legal del Consejo Maya de los Chenes e integrante de Indignación, sostuvo que existe omisión generalizada en todo el país por parte de las autoridades que deberían de ocuparse de garantizar el derecho del acceso al agua y que está sea limpia y no contaminada, refiriéndose a la dependencia federal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). «Eso le da insumos al relator para que en su momento haga recomendaciones fuertes sobre las omisiones que tienen las dependencias federales». El abogado agregó que esperan que el informe contenga una exigencia para que el Estado mexicano aplique medidas más estrictas.

Por su parte, María Colín, aboga de Greenpeace agregó: «Debe haber voluntad política por parte de instituciones como la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en la regulación de las sustancias que se utilizan en el país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería Rural, Pesca y Alimentos (SAGARPA) quien otorga apoyos orientados a fortalecer el modelo de agricultura industrial; y la Secretaría de Medio ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT) que no ha monitoreado el impacto en el medio ambiente por el uso de estas sustancias; es urgente que haya políticas públicas intersectoriales dirigidas a eliminar en primer instancia el uso de los plaguicidas altamente peligrosos (PAP), que han sido prohibidos en otros países por sus altos niveles de toxicidad, y se haga un plan de reducción y prohibición creciente del uso de agrotóxicos en México en aras de transitar hacia prácticas ecológicas.»

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló que «la denuncia de la contaminación del acuífero de Hopelchén por presencia de plaguicida no sólo viola el derecho humano al agua y a la salud de las comunidades indígenas mayas, sino que pone en riesgo la salud y la vida de todos los habitantes de la península de Yucatán, ya que el acuífero de la Península es uno sólo e interconectado. En ese sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger el derecho humano al agua adoptando medidas para frenar la contaminación, sancionar los responsables y reparar el daño ambiental.»

Mayores informes: maogmcolectivo@gmail.com

Material gráfico y audios para su descarga:

– Fotos sobre la construcción de drenes, la perforación de pozos ilegales de absorción para la nivelación de terrenos inundables en donde se siembran cultivos industriales como la soya transgénica, sorgo y maíz hibrido + Fotos de la deforestación a causa del crecimiento de la frontera agrícola en la selva maya de Hopelchén Campeche

– Testimonios y entrevista con Jorge Fernández Mendiburu representante legal del Consejo Maya de los Chenes y don Gustavo Huchin representante maya

Foto: Ma OGM

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