Los retos de la COP 13 de la Convención sobre la Diversidad Biológica

Otros Mundos A.C., como miembro de la federación Amigos de la Tierra Internacional, asistirá a la COP 13 de la Convención sobre Diversidad Biológica, que se llevará a cabo del 4 al 17 de diciembre del 2016 en Cancún, Quintana Roo, México. En nuestra página, les iremos compartiendo información de primera mano sobre las negociaciones así como las posiciones de Otros Mundos y Amigos de la Tierra Internacional sobre los temas de la COP13 (manejo de bosques, financiarización de la naturaleza, biología sintética…). Manténganse informados sigando esta página, nuestro Facebook y nuestro Twitter.

Aquí una entrevista a Isaac Rojas, integrante de COECO-CEIBA/Amigos de la Tierra Costa Rica y co-coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, sobre los retos de la COP 13.

Escuchar la entrevista en Radio Mundo Real

Cuál es el origen de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés)?

En el 1992, se llevó a cabo una reunión mundial que se llamó la Cumbre de Río. En esa Cumbre de Río, se acordaron tres convenciones internacionales: una sobre cambio climático, que es la más conocida; otra sobre desertificación, que toca el tema de cómo el desierto va avanzando en el mundo; una última sobre diversidad biológica, conocida como CBD por sus siglas en inglés (Convention on Biological Diversity). Esta convención toca el tema de la protección de la biodiversidad: de las plantas, de los animales, y de otros seres vivos. También incluye la diversidad cultural, es decir a todas esas comunidades y pueblos indígenas que interactúan día a día con la diversidad biológica y gracias a quienes hoy conservamos la biodiversidad y existen un conocimiento tradicional y un vínculo con la biodiversidad.

Qué es una COP?

Cada una de las tres convenciones tiene su asamblea, cada año como la convención sobre cambio climático o cada dos años, como la CBD. Esa asamblea se conoce como “Conferencia de la Partes”, o COP por sus siglos en inglés, por “Conference Of the Parties”. Cuando escuchamos “COP”, nos tenemos que imaginar que es una asamblea, como la asamblea general de una organizacióne, donde van todas las “partes”, es decir todas las partes que formamos parte de la organización. En el caso de estas COPs, las partes son los países que han firmado y ratificado estas tres convenciones. Son 196 países en total. Esta vez es la décimo tercera vez que la COP de la CBD se reúne, por ello se llama COP 13.

 

La COP es el órgano máximo de una convención. Allí es donde se toman las decisiones, donde se vota, donde se discute, donde se negocia y donde se llega a acuerdos. Estos acuerdos en teoría son vinculantes, es decir que después de la COP, cada gobierno tiene que hacer realidad en su país los compromisos que asumió en la reunión.

Quién viene en representación de las Partes en una COP?

Son los encargados del tema. En teoría, deberían ser los ministros de medio ambiente, pero ellos solo llegan a una parte de la reunión, que es el “Segmento de Alto Nivel” (2 y 3 de diciembre, cuando el inicio oficial de la COP13 es el 4). En realidad, durante las dos semanas que dura una COP, cada país es representado por un equipo de negociadores. Países que no tienen mucho dinero mandan a una o dos personas. Hay países que solamente mandan a una sola persona que tiene que hacerse cargo de dieciocho o veinte temas. Otros que tienen más recursos financieros mandan a muchas personas y allí vemos diferencias entre los países de acuerdo a la plata que cada uno tiene. Si yo llevo a una dos personas por tema, voy a salvar mejor mis intereses y puedo negociar mejor las cosas. Si llevo menos, pues las posibilidades son menos…

Qué temas van a tocar las Partes durante la COP 13?

En la agenda están cuestiones operativas empezando con la del del cómo la CBD se coordina con los Protocolos de Nagoya y de Cartagena, que funcionan como los reglamentos de las decisiones tomadas en la COP de la CBD. Nagoya reglamenta uno de los temas principales de la COP, que es el acceso a los recursos genéticos y la y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización. El protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología tiene que ver con transgénicos y seguridad transfronteriza del movimiento de organismos genéticamente modificados.

Se va a tocar el tema de la biología sintética, que es un tema muy importante que va a afectar nuestras vidas en gran forma transformado la vida que conocemos. la discusión que se va  a tener allí es bastante importante y hay muchas organizaciones y movimientos que le han dado seguimientos y han logrado que no existan avances muy peligrosos en ese ámbito.

Hay un tema importante que el gobierno mexicano escogió como tema central de la COP13: la incorporación de la biodiversidad en los sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico. Esto quiere decir que el sector agrícola va a buscar como incorporar a la biodiversidad dentro de su planificación para causar menores impactos. Es una idea que suena bonita, pero esta incorporación se está proponiendo de una forma que permite más maquillaje verde y más oportunidades de negocios. No da paso alguno para cambiar el sistema que crea y provoca la destrucción y la erosión de la diversidad biológica todos los días.

Quién financia la protección de la biodiversidad en el mundo?

Los países en donde hay mayor biodiversidad, como los nuestros en América Latina, Asia y África, son los que menos recursos tienen para la conservación, la sustentabilidad, el apoyo a comunidades que tienen proyectos de conservación o de agroecología o de manejo comunitario de la biodiversidad y de los bosques. Los países que tienen dinero y una responsabilidad histórica para financiar esta conservación están dando cada vez menos plata, entonces hay que buscar en dónde está esta plata. Se ha dicho que está en el sector privado. Pero el sector privado se dedica a los negocios, entonces hay que ofrecerle algo para que pueda invertir en la conservación y ganar algo de plata. Por ello se crearon una cosa que la CBD llama “mecanismos financieros innovadores” que generaron mucha alergia entre representantes de algunos países, movimientos sociales y organizaciones, porque estaban dando una importancia inmensa a los mecanismos de mercado.

La lógica de esos mecanismos es que una empresa puede pagar para hacer más negocios y ganar el derecho de seguir contaminando. Por ejemplo, existe una compañía minera en México que está causando destrozos. La compañía dice: “Sí, es cierto, estoy destrozando esta parte de México, pero estoy protegiendo el bosque en Costa Rica, donde estoy financiando veinte hectáreas de área protegida.” La minera puede contar con nuevos negocios porque puede convertir ese bosque en área de conservación privada cobrando entradas. Puede también vender en los mercados financieros la capacidad de absorción de CO2 que tiene el bosque en su área protegida. Además, puede convertir su área protegida en un banco de diversidad: si encuentra que vive una ranita en su bosque y en otro lugar donde una empresa quiere construir unos apartamentos, puede decir a la constructora: “Por cada ranita que ustedes matan en el lugar donde están construyendo, me tendrán que dar 300.000 dólares en cambio de mis esfuerzos por conservarla en mi área protegida.” Esos  bancos de biodiversidad que emiten permisos para destruir ya existen en Estados Unidos.

Todos esos mecanismos están basados en la idea de la compensación. Se propusieron en su momento durante las discusiones de la COP de la CBD sobre movilización de recursos. Hubo alergia de parte de los movimientos sociales y organizaciones, y ahora, si uno analiza los textos de la CBD, no encuentra la noción de “mecanismo financiero innovador”. Ahora se habla de “financiamiento para la conservación de la biodiversidad”. Así vemos cómo, cuando hay oposición, parece que sacan cosas de la agenda, bautizándolas con otros nombres, pero siguen allí.

El sector privado va a influir en las negociaciones de la COP 13?

Los negocios se van a hacer en paralelo a la COP porque lastimosamente es así. El sector de negocios tiene un vinculo con la CBD: en la pagina de la CBD hay una sección “Negocios y Biodiversidad”. Eso se debe a la teoría ingenua de que se si se tiene a los empresarios dentro de la convención, hablándole de protección, ellos iban a hacer las cosas bien. Se cree que hay que incorporar al sector empresarial en todas las discusiones. Pero es un sector que no cambia: ven la biodiversidad y la protección de la naturaleza como una fuente de nuevos negocios. El sector empresarial se va a reunir los 2 y 3 de diciembre, para ver qué nuevas oportunidades de negocias les ofrece la incorporación de la biodiversidad en los sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico, y analizaran algunos mecanismo de compensación, entre otros temas.

Qué puede hacer Amigos de la Tierra Internacional frente a eso?

Como Amigos de la Tierra Internacional, nos interesa frenar los intentos de avances de mecanismos de comercialización, de comodificación y de financiarización de la naturaleza. Vamos a estar muy atentos y muy atentas a que esto no pase. Y si pasa, por lo menos vamos a hacer un escándalo y denunciar que eso todavía está pasando. Intentaremos conversar con algunos representes de gobiernos de manera más crítica y más cercana sobre este tipo de mecanismos.

Amigos de la Tierra Internacional tendrá la posibilidad de ser escuchada durante la COP?

La CBD permite que la gente participe, que las organizaciones tengan una voz en las plenarias y hablen con los negociadores. Hay partes de los textos que son bastante interesantes, que apoyan un modelo de desarrollo que promovemos desde los movimientos y las organizaciones sociales. A cambio, hay partes que son una porquería, que nos jodan bastante en el presente y el futuro. Nosotros, en Amigos de la Tierra Internacional, vemos la CBD como un espacio más: no es el espacio donde vamos a cambiar el mundo. Sabemos que el mundo se cambia en el trabajo cotidiano que se hace desde las comunidades y los grupos organizados en todos nuestros países. Se cambia encontrando cómo articularnos a nivel nacional y cómo exigir cambios a nivel de nuestros gobiernos y cómo lograr unos pasitos a través de alianzas internacionales. La CBD es solo un espacio más donde podemos dar nuestra opinión y nuestras posiciones, donde podemos hablar con representantes de gobiernos y articularnos con otras organizaciones que tienen pensamientos similares al nuestro. Aprovecharemos el espacio para hablar con periodistas y poner nuestros temas en la agenda publica a nivel global, para que estos cambios estructurales estén cada vez mas cerca, aunque sepamos que no es fácil hacerlos día a día.

Qué tema intentarán posicionar por ejemplo?

Un tema que nos interesa bastante es el del manejo comunitario de los bosques. Creemos que que los bosques deben administrarse y manejarse bajo el control de las comunidades. Se ha probado en una gran cantidad de estudios científicos que los bosques manejados y conservados por comunidades tienen una riqueza biológica muchísimo mayor que aquellos bosques manejados bajo formas de protección estatal como los parques nacionales. Nos interesa posicionar este tema con mayor fuerza, hablando de los obstáculos a los que nos enfrentamos a nivel nacional y crear un ambiente favorable que nos permita a futuro obtener en la CBD alguna recomendación en pro del manejo comunitario. La podremos usar luego a nivel nacional diciendo a nuestros ministros o ministras de medio ambiente: “Usted se comprometió a hacer respetar el manejo comunitario a nivel internacional, por lo tanto no nos puede decir que lo que estamos haciendo en nuestros territorios es ilegal”.

Foto: Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA)

Más información:

El Foro de Negocios y Biodiversidad 2016: la vida y los bienes comunes al servicio del sector privado

– La biodiversidad en el mundo

– Bosques comunitarios, ferias agroecológicas y recuperación de saberes ancestrales son ejes de la lucha por la agroecología en Costa Rica

Centroamérica: “El modelo extractivo es una manifestación del sistema patriarcal y racista”

Fuente y más fotos: Nicaragua y Más y en Encuentro regional de comunidades y pueblos indígenas contra las industrias extractivas

Más de 22 organizaciones de pueblos indígenas, negros y campesinos de la región centroamericana dieron vida, los días 16 y 17 de noviembre, al Encuentro regional de comunidades y pueblos indígenas contra las industrias extractivas, que se llevó a cabo en Tegucigalpa, Honduras.

Objetivo principal del Encuentro fue generar un espacio de diálogo, de intercambio de experiencias, de análisis de contexto, que permitiese generar planteamientos estratégicos, mecanismos de articulación e identificación de temas claves de incidencia a nivel regional.

 

 

En la Proclama del Encuentro Regional, los más de 40 delegados y delegadas sentaron su posición ante el modelo extractivo, que consideran “una manifestación del sistema patriarcal y racista” y parte “de un esquema depredador que busca el sostenimiento y la reinvención del capitalismo”.

 

“Este modelo -continúa el documento final del Encuentro- se ha venido recrudeciendo y acentuando en los territorios de las poblaciones más saqueadas, especialmente las indígenas y campesinas, tratando de asegurar con ello la extinción de sus poblaciones y la apropiación de sus bienes comunes”.

 

Durante dos días, las y los delegados presentaron la situación de cada país de la región, qué tipo de afectaciones sufren las comunidades, qué experiencias de lucha se han experimentado contra los proyectos extractivos y cuáles pueden ser los caminos comunes para crear un solo frente de lucha contra este modelo destructivo y depredador.

 

“Identificamos que nuestra región ha sido designada como territorio de explotación de los capitales locales, regionales y globales. Dichos capitales apoyan y sustentan el actuar de las industrias extractivas. Es importante que desenmascaremos las múltiples caras que tiene el modelo extractivo”, señala la Proclama.

 

Tras denunciar el irrespeto a tratados y convenios internacionales ratificados por los Estados que promueven la defensa de los pueblos indígenas, y la profundización de mecanismos de criminalización contra defensores y defensoras de los bienes comunes, el documento señaló también la hipocresía de los gobiernos que siguen suscribiendo Tratados de libre comercio (TlC) que promueven proyectos extractivos, al tiempo que dicen combatir el “cambio climático”.

 

Ante esta situación, las organizaciones exigieron “la cancelación de todos los proyectos de nuestros territorios y comunidades”, así como “de los fondos y mecanismos financieros de estos proyectos”. También exigieron “el cese de la persecución y criminalización de las y los defensores de los bienes comunes”, y “el respeto a los marcos jurídicos de protección existentes y al pleno consentimiento de las comunidades”.

 

Finalmente hicieron un llamado a los pueblos de la región a movilizarse y a emprender acciones de rechazo al modelo extractivo, “juntándonos como pueblos en lucha y resistencia por la vida y la dignidad”.

 

26 de noviembre en Nuevo Huixtán, Chiapas: Foro Internacional en Defensa de los Ríos y el Territorio

El Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) realizaremos el Foro Internacional en Defensa del Agua y la Tierra este sábado 26 de noviembre en Nuevo Huixtán, municipio de Las Margaritas, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala.

El objetivo es fortalecer la alianza binacional entre los pueblos de México y Guatemala para la defensa de los ríos Ixquisis y Santo Domingo de la Cuenca del Usumacinta. Compartiremos información sobre los proyectos extractivos que amenazan nuestra forma de vida y atentan contra la cultura, la historia y la tierra de nuestros pueblos. Profundizaremos nuestro conocimiento de la Cuenca que nos alimenta.

El Consejo de Pueblos Wuxhtaj, miembros del Consejo de Pueblos Mayas de occidente (CPO) de Guatemala y Otros Mundos A.C., miembro del MAPDER, así como habitantes de varios ejidos de la región fronteriza en México, estaremos presentes.

 

Defensa del territorio frente a la minería en Zanatepec, Oaxaca

“Defenderemos nuestro territorio contra la minería, como defiende la madre a sus hijos”: Comunera de Zanatepec, Oaxaca

Atziri Ávila, Oaxaca Media

ZANAPATEPEC, Oax.  “Lo que tenemos en nuestro territorio es algo preciado, tenemos el río que no está contaminado, nuestras huertas, ganado, el aire, una economía local. La minería lo destruiría todo, provocaría enfermedades, destruiría las montañas y quienes labramos la tierra no tendríamos donde trabajar, por eso las comuneras defenderemos a la madre tierra, como defiende la madre a sus hijos. No dejaremos que nos quiten la libertad porque nuestra libertad es la de nuestros hijos”, afirmó  Carmen Ramos Román, comunera de Zanatepec, Oaxaca en la marcha ¡No a la minería, sí a la vida!, realizada en defensa del territorio en el oriente del Istmo de Tehuantepec.

De 2008 al 2013 el gobierno federal ha otorgado cinco concesiones mineras para la exploración y explotación de oro, cobre y zinc que afectarían al menos 30 mil hectáreas del territorio indígena. Luego de ello, las comunidades de Zanatepec afectadas conformaron en 2015 la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias.

 

“Zanatepec se ha unido para luchar y trabajar juntos, los adultos ya vamos para abajo pero nuestros hijos y nietos apenas comienzan a vivir y queremos que vivan como nosotros estamos viviendo, libres, tranquilos, sin contaminación y sin delincuencia” –continúa la comunera indígena-. “Es importante que los jóvenes, las niñas y los niños vean nuestra lucha por un pueblo libre y unido. Zanatepec unido jamás será vencido”, advierte Carmen Ramos Román de 66 años de edad.

La marcha realizada el domingo 20 de noviembre, convocó a casi cinco mil personas de los Bienes comunales de Zanatepec, de Ejido Río Ostuta, Ejido Río Manzo, Ejido Pascual Fuentes, Ejido Huanacastal, Ejido Ixtacal y el Ejido Zanatepec, quienes conforman la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias de Zanatepec. Reunió también a niños y jóvenes de las escuelas públicas de la comunidad, y a la población en general.

“A las personas que nos ven por las calles queremos decirles que la lucha es de todos, no de unos cuantos. Hoy Zanatepec ha despertado. Queremos decirle a los gobiernos que ya basta de alzar sus banderas hoy tenemos que unirnos como un solo pueblo, como un solo Zanatepec que defiende su tierra y territorio. Aquellos políticos que alzan sus banderas cómo si la lucha fuera de un partido o de unos cuantos, queremos decirles que aquí la lucha es de nuestros pueblos, de los campesinos,  de las amas de casa, de los estudiantes, de los niños, y no vamos a dejar que este proyecto de muerte se instale en nuestra comunidad”, dijo José Luís Martínez Miguel, integrante del Grupo Juventud por el Desarrollo de los Pueblos, quien micrófono en mano, informó sobre los impactos de la minería durante la marcha.

“Salimos a las calles a manifestar nuestra inconformidad frente a la minería y desde acá le decimos al gobierno federal, estatal y municipal que aquí estamos, que la lucha apenas comienza y que defenderemos nuestra tierra si es necesario hasta con la vida. Hoy hemos caminado por estas calles que nos heredaron nuestros pasados, nuestros abuelos y nuestros padres, no es posible que el aire que hoy respiramos el día de mañana lo respiremos contaminado, no es posible que el agua que tomamos y con la que nos bañamos, el día de mañana se contamine y tengamos que migrar e irnos de nuestra tierra por eso les decimos que no permitiremos la entrada de la mina”, advirtió el joven Istmeño.

La marcha en defensa del territorio contó con la presencia de personas de todas las edades. Uber Escobar Ramos, de 67 años, dijo que estaba ahí en defensa de las arboledas, el ganado y agua. “Producimos mango, sandía, melón, sembramos lo que comemos y vendemos para vivir,  si la minería entra nos van a venir a envenenar todo”.

Por su parte, Uriel Fuentes, niño de 10 años y estudiante de la Primaria Lic. Adolfo López Mateos, dijo que estaba ahí con su madre y hermanos, porque es necesario “salvar a nuestro pueblo de Zanatepec para que no se siga contaminando el planeta”.

Oniel Sánchez Cirilo, presidente del comisariado Pascual Fuentes, aseguró que “los efectos de la minería en cualquier territorio son muy contaminantes, nos echaría a perder todo nuestro ecosistema, afectaría nuestras actividades cotidianas, no podríamos ser generadores de empleo, afectaría la salud. Por eso desde acá le decimos a los diputados, senadores y al gobierno federal “que tengan el valor de venir aquí y decirnos porque se concedió nuestro territorio sin nuestro consentimiento, y que nosotros no vamos a ceder jamás”.

Luis Meza López, Agente Municipal y Delegado de la colonia Rio Ostuta, afirmó que continuarán la defensa de su territorio principalmente por los niños y niñas. “Nosotros ya vamos de salida pero queremos dejarle a los niños una buena herencia: alimentación y un medio ambiente sano, y la minería no garantiza eso al contrario es un veneno para la naturaleza. En este caso afectaría la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, toda la zona Huave, el río Ostuta que desemboca en el mar y que es el sustento de muchas familias, por eso hemos ido a las comunidades como Pueblo Nuevo, Tapana, Chahuites, Reforma, Ixhuatan a informar para concientizar a la gente”.

Onorio Antonio Ríos, presidente de bienes comunales de Zanatepec aseguró que la minería destruiría la economía, la ecología, el entorno y su forma de vida. “Además, la minería tiene mucha paciencia y es una lucha de muchos años por lo que  es necesario seguir concientizando a los niños y jóvenes”.

La marcha ¡No a la minería, si a la vida! es la primer marcha en la historia del pueblo gulucheño en defensa del territorio, la cual unió por primera ocasión al sector agrario, educativo y los bienes comunales. A pesar de que personas ajenas a la comunidad buscan estrategias para convencer a la población de aceptar a las mineras (como la asignación de proyectos productivos, la promesa de realizar o mejorar las carreteras, la comunicación, el transporte y hospitales), Zanatepec y San Miguel Chimalapa, San Francisco Ixhuatán, Reforma de Pineda, Tapanatepec y Chahuites, otros de los municipios que resultarían afectados por las concesiones mineras, refrendaron la lucha por la defensa del territorio, al mismo tiempo que conmemoraban el 106 aniversario de la Revolución Mexicana.

Después de la visita de la MODH, la lucha del Frente Popular en Defensa del Soconusco continúa

Nota de prensa de Otros Mundos A.C., a 18 de noviembre del 2016

El 14 de noviembre, Otros Mundos A.C., miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), acompañamos al Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS), también parte de la Red, a recibir la visita de la Misión de Observación de Derechos humanos en la Frontera Guatemala-México (MODH) en Acacoyagua, Chiapas. Durante este encuentro, los habitantes de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, ubicados en la zona costa de Chiapas, que integran este Frente, dieron a conocer las afectaciones que causa la minería en la región y sus acciones en defensa del territorio.

Previo a su informe final, la MODH reportó: “El Frente Popular del Soconusco, 20 de junio, denunció ante las y los Observadores de la Ruta 1 de la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos, que las autoridades del municipio de Acacoyagua respaldan a los proyectos mineros con distintas acciones, como la realización de falsas campañas de salud, por parte de las autoridades locales con la finalidad de legitimar proyectos mineros. Durante el encuentro, el Frente Popular en Defensa del Soconusco compartió sus problemáticas y las luchas en torno a los proyectos mineros que están llevando a cabo en la zona, así también denunciaron los daños y afectaciones graves a la salud que la población está sufriendo, tales como el incremento de las muertes por cáncer, relacionadas con la contaminación del ecosistema, a causa de la minería”.

Visita de la MODH en Acacoyagua el 14 de noviembre

Ayuntamiento de Acacoyagua no cumple con su Declaratoria de Municipio Libre de Minería

Desde su creación, el 20 de junio del 2015, el FPDS se ha dedicado a informar y concientizar a la población tanto como a las autoridades sobre los impactos dañinos de la minería en los derechos humanos a la salud, al agua y a un medio ambiente sano. En agosto del 2016, logró que el Ayuntamiento de Acacoyagua firmara una Declaratoria de Municipio Libre de Minería en la que se comprometió a no otorgar ninguna licencia minera ni contemplar la minería en su plan de desarrollo social y ecónomico. Desgraciadamente, el municipio no cumplió con sus promesas.

Por ello, el FPDS sigue pidiendo la cancelación definitiva de las 13 concesiones mineras que existen en Acacoyagua (más de 36 000 hectáreas), además de las 8 que cuenta Escuintla (más de 15 000 hectáreas) [Fuente: el Sistema Integral de Administración Minera]. De ellas, una está activa desde el 2003: la mina de titanio “Casas Viejas”, en los ejidos de Cacaos, Magnolia y Satélite Morelia (Acacoyagua). Otras dos minas activas han sido suspendidas gracias a la lucha del Frente, pero sólo temporalmente: la mina de titanio “El Bambú”, anteriormente “Nueva Francia” (contabilizada por el SIAM dentro de las concesiones de Acacoyagua pero que abarca en realidad el ejido de Nuevo Francia, en Escuintla), suspendida en noviembre del 2015, y la mina de titanio Cristina en el ejido de Nueva Libertad en Acacoyagua, suspendida a inicios del 2016.

Esas tres minas subterráneas han tenido graves impactos sobre los ecosistemas de la región, que son unos de los más ricos del país: la biósfera El Triunfo y la zona de manglares La Encrucijada. Han contaminado los ríos Cacaluta y Cintalapa, que abastecen en agua a la población y en los que el número de peces ha disminuido de manera considerable, afectando la actividad pesquera. Además, la tasa de muerte por cáncer subió del 7% al 22% entre el 2005 y el 2015 en Acacoyagua, según datos del doctor Juan Velázquez, miembro del Frente, quien lo atribuye a la minería.

Mapa de las concesiones mineras en Acacoyagua y Escuintla elaborado por Geocomunes, FPDS y Otros Mundos A.C.

>> Descargar el mapa completo

Dos campamentos, una marcha y muchas mesas de trabajo

Las investigaciones del Frente permitieron descubrir que la mina Casas Viejas no cuenta con una licencia municipal. Esta mina está explotada por la empresa mexicana El Puntal S.A. de C.V., que tiene una concesión de extracción de titanio, oro, plata y hierro, aunque solo reporta titanio. Para protestar contra esta irregularidad y contra la contaminación minera, el FPDS mantiene desde el 26 de septiembre de este año dos campamentos en Acacoyagua, que bloquean el paso de las maquinas de la minera.

VIDEO: Habitantes del Soconusco, Chiapas, se organizan para detener la minería

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Si bien este bloqueo pacífico y la marcha organizada por el Frente el pasado 7 de noviembre son las acciones más visibles del Frente, éste lleva un trabajo de fondo para parar la actividad minera. Se ha reunido en varias ocasiones en la Unidad Administrativa de Tapachula con representantes del Ayuntamiento de Acacoyagua, de la subsecretaria de gobierno de Chiapas, de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión Nacional de Areas Nacionales Protegidas (CONANP), de la Secretaria de Salud y de la Secretaria de Economía.

Los integrantes del Frente exigieron a estas autoridades que se respete una vez por toda la Declaratoria de Municipio Libre de Minería, que se cancelen definitivamente las concesiones existentes en Acacoyagua y Escuintla y que se atiendan los daños que ha causado en la salud de la población y en los ríos. “Queremos poder seguir viendo desde abajo las montañas verdes que nos traen agua limpia y preservar nuestras generaciones futuras, nuestro derecho a una vida sana, así como la riqueza de la fauna”, explica Luís Rojas Nomura, habitante de Acacoyagua y miembro del FPDS, en entrevista con Otros Mundos A.C.

La mina Casas Viejas suspendida desde el 14 de octubre

Antes estas demandas, las autoridades se comprometieron a organizar 4 subcomisiones interinstitucionales encargadas de investigar la legalidad de los proyectos mineros en Acacoyagua, siguiendo 4 ejes: el agua (CONAGUA), el medio ambiente (SEMARNAT, PROFEPA, CONANP), la salud (Secretaria de Salud) y la tenencia de la tierra (Procuraduria Agraria).

“Exigimos que se haga justicia y que estas investigaciones se realicen de la manera más limpia y transparente posible”, comenta Luís Rojas Nomura. Estarán vigiladas por expertos nombrados por el Frente y por los asesores del Frente, dentro de los cuales está Otros Mundos A.C. Además, las subcomisiones tendrán que informar de sus avances en mesas de trabajo organizadas regularmente con los miembros del Frente, las autoridades, los asesores y la Comisión estatal de derechos humanos.

Los campamamentos se mantienen

A raíz del dialogo mantenido en las mesas de trabajo, la subsecretaria de gobierno de Chiapas se comprometió desde el 14 de octubre a suspender la actividad de la mina Casas Viejas durante por lo menos todo el periodo de investigación de las subcomisiones. Y es cierto: desde esta fecha, ninguna maquina ha intentado entrar al predio. Esto gracias al trabajo político del Frente y a la perseverancia de sus integrantes que siguen presentes día y noche en los dos campamentos de Acacoyagua para asegurarse del respeto del orden de suspensión. Gracias también a la solidaridad de movimientos, organizaciones y parroquias de Chiapas y México que les mandaron cartas de apoyo y los acompañaron en marchas.

“Los campamentos se mantienen, a pesar de que el gobierno espera lo contrario y a pesar de que nos quedamos a veces sin despensas, dice Luís Rojas Nomura. No podemos parar mientras la minera está intentando comprar conciencias para que se reactive Casas Viejas. Por ello seguimos llamando a la gente que se solidarice con nosotros.”

Las autoridades no pueden quedarse neutrales

Desde Otros Mundos A.C. y la REMA, saludamos la resistencia de los miembros del Frente en defensa de la vida, el agua y el territorio, así como el trabajo que están llevando con las autoridades con el objetivo de parar la actividad minera en Acacoyagua.

Exigimos:

– Que las autoridades cumplan con su promesa de investigar de manera seria y cabal la legalidad de los proyectos y con su deber de defender a sus ciudadanos antes de los intereses corporativos;
– Que tomen posición a favor de los derechos humanos;
– Que no escondan sus conflictos de intereses detrás de argumentos de “neutralidad”, con los que justifican la organización de reuniones paralelas con personas a favor de la minería, ya que sabemos que estas personas están financiadas por la minera El Puntal para oponerse al Frente y dividir a la población.

En un Estado de derecho, un gobierno no puede ser neutral ante casos de violaciones de derechos humanos. En Chiapas, el gobierno no puede ser neutral ante la contaminación y la muerte generadas por la actividad minera.

Alto a la criminalización de los integrantes del Frente

Alertamos al público que desde que iniciaron su lucha, los compañeros y las compañeras del FPDS han sido víctimas de actos de criminalización, difamación, intimidación y hostigamiento, por parte de medios de comunicación locales y habitantes de Acacoyagua, con la complicidad de la empresa El Puntal. Se ha intentado deslegitimar su resistencia a la minería mediante provocaciones en los campamentos, notas en las que se les acusa de extorsión y actos de violencia y volantes repartidos en la calle en los que se les reprocha de engañar a la población y se evocan detalles de su vida privada. Estas acciones se suman a las que denunció el FPDS en el 2015.

Exigimos :

– Que los gobiernos de Acaoyagua y de Chiapas tomen medidas inmediatas para proteger la integridad física y psicológica de los miembros del Frente;
– Que no incentiven actos de división comunitaria, ni enfrentamientos que pudieran tener graves consecuencias para los habitantes;
– Que protejan los derechos a la salud, al medio ambiente, al agua y a la libre asociación.

Solo así podremos creer en su sinceridad en el proceso de mesas de trabajo que está llevando con el FPDS.

Leer en Chiapas Paralelo

Yucatán se declara estado libre de cultivos transgénicos

Implican riesgos a la salud, contaminación del suelo y del agua, señala

La medida protege a campesinos indígenas del lugar, menciona el Diario Oficial del estado Autoridades se harán responsables de promover la siembra de semillas no modificadas, indica.

La Jornada.

Al publicarse el miércoles anterior un decreto que convierte a Yucatán en un estado libre de transgénicos, con dos zonas específicas para evitar el uso de estos productos, el estado gobernado por el priísta Rolando Zapata Bello es el primero en la península en tomar esa decisión.

Según se publicó en el Diario Oficial del estado, las razones por las que se declaran las zonas libres de los organismos genéticamente modificados (OGM), se deben a diversos factores, y destaca principalmente el riesgo que provocan a la salud de los seres humanos.

Por ejemplo, los relacionaron a la enfermedad del cáncer, a la contaminación del subsuelo y manto acuífero peninsular, debido a que el suelo es de tipo cárstico, por tanto permea más fácilmente; además del daño a la economía de los campesinos indígenas que se sustentan a través de la apicultura.

El decreto establece que “se estima necesario aplicar el principio de precaución ante el daño moralmente inaceptable de amenaza para la salud por la presencia de soya transgénica y el uso extensivo de agroquímicos; por el daño grave e irreversible a la actividad apícola, y porque es injusto para las futuras generaciones”.

Refiere además que “atenta contra los derechos humanos de los productores mayas milperos o apicultores, la consulta previa, libre e informada, el derecho al trabajo, a la alimentación, a la comercialización e industrialización y a la propiedad social, así como el derecho humano a un ambiente sano”.

Con el decreto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, junto con la Secretaría de Desarrollo Rural, tendrán que promover entre los productores agrícolas el uso de los cultivos orgánicos.

La promoción de la entrega de semillas libres de OGM, la capacitación de los campesinos sobre el cuidado de los cultivos orgánicos y la supervisión de los mismos para el correcto funcionamiento.
Debate en la Península

En los últimos años, la discusión por el uso de transgénicos en la península de Yucatán aumentó de forma considerable; en Campeche por ejemplo, las comunidades indígenas han comenzado con su consulta, pero también se han enfrentado a grupos defensores de los OGM, como los menonitas y las empresas desarrolladoras de los mismos, como Monsanto.

Recientemente, integrantes del colectivo Los Chenes viajaron a Perú para participar en la Conferencia Latinoamericana para Donantes de Pueblos Indígenas, donde denunciaron que el Estado mexicano es incapaz de acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en cuanto a la siembra ilegal de los OGM.

Quienes han advertido de las afectaciones por la siembra de transgénicos, también han alertado que el agua de la península yucateca es afectada por los agroquímicos que, de acuerdo a investigaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán (UAY), en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afectan a las mujeres mayas.

Los estudios realizados determinaron la presencia de elementos cancerígenos ligados a los agroquímicos, pesticidas y plaguicidas en la leche materna y sangre de las mujeres.

Exposición a un año del crimen ambiental en Mariana, Brasil

 Otros Mundos A.C.

les invitamos a la exposición fotográfica

“A un año del crimen ambiental en Mariana, Brasil”

este sábado 5 de noviembre del 2016 a las 6 PM

en el Foro Cultural Kinoki

(Belisario Domínguez #5A, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México)


Este 5 de noviembre, se cumple el primer año del mayor desastre ambiental de la historia de Brasil y de la peor catástrofe minera a nivel mundial. Hace exactemente un año, la rotura de dos diques de contención de una mina de oro, en el municipio de Mariana (Minas Gerais), contaminó el río Dulce con lodos tóxicos, afectando a más de un millón de personas.

Otros Mundos A.C. es miembro del Movimiento latinoamericano de Afectados por Represas (MAR). En solidaridad con el Movimiento de Afectos por represas de Brasil (MAB), también miembro del MAR, quien ha sido muy activo en la denuncia de este ecocidio, les invitamos a la exposición fotográfica “A un año del crimen ambiental en Mariana, Brasil”.

Esta exposición es parte de las acciones impulsadas por el MAB y el MAR para pedir justicia para las victimas de Mariana y el fin de la impunidad de la que gozan las empresas extractivas en Brasil, México y el mundo.

¡Únase a las acciones de solidaridad con las víctimas de Mariana!

¡Mande sus mensajes de apoyo en las redes con #1AnoDeLamaELuta!

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REDD: Las trasnacionales de la conservación tras los bosques campesinos

Artículo de Ana de Ita, Directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (Ceccam), publicado en la Jornada

La iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) es una estrategia internacional para disminuir la intensidad del cambio climático a partir de la conservación de los bosques. Muchos de los gobiernos de los países del Sur ven en la existencia de fondos internacionales para la estrategia REDD+ una oportunidad para hacerse de recursos, en tanto que algunas organizaciones y movimientos indígenas y campesinos han alertado sobre la amenaza que puede constituir para los pueblos de los bosques –muchos de ellos pueblos originarios– sin derechos de propiedad formal sobre sus territorios.

En África y Ásia, los bosques son mayoritariamente propiedad del Estado (98 y 66 por ciento, respectivamente) pero en ellos viven millones de personas. En América Latina 33 por ciento de los bosques son estatales, otro tanto son de las comunidades y otros privados. México es distinto a todos ellos ya que 58 por ciento de los bosques son propiedad de los ejidos y comunidades con derechos garantizados por la Constitución; 34 por ciento son privados y sólo 8 por ciento pertenece al Estado.

Pero los bosques mexicanos están en la mira de nuevos actores nacionales e internacionales interesados en enajenar el control a sus legítimos dueños y para ello las políticas de conservación y la iniciativa REDD+ son una puerta de entrada. Con el fin de garantizar que el financiamiento se destine a reducir las emisiones, los países desarrollados y las instituciones multilaterales, quienes por ahora financian la estrategia, promueven construir una estructura institucional, a la que llaman gobernanza para REDD+ y con el beneplácito del gobierno incluyen a múltiples actores, interesados en participar en decisiones, recursos, diseño de políticas, formas de control del territorio que no es suyo y para lo que no tienen mandato.

Así en México opera un consorcio de organizaciones internacionales de conservación, Alianza México REDD+ (Alianza M-REDD+) que ha participado junto con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la preparación de la Estrategia Nacional de REDD+ y está construyendo el tal modelo de “gobernanza”. Esta Alianza, financiada por el Departamento de Ayuda al Desarrollo de Estados Unidos (USAID) está liderada por The Nature Conservancy (TNC), una de las primeras organizaciones conservacionistas, dedicada a la compra de tierras para crear reservas privadas y parques nacionales. Su actual presidente proviene del Centro Goldman Sachs para los mercados ambientales. Los otros socios son Rainforest Alliance, especializada en la certificación de productos amigables al ambiente, el Woods Hole Research Center, el think tank número uno respecto del cambio climático, con vínculos con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y una organización mexicana Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (Endesu), que trabaja desde hace más de 20 años en Chiapas.

En un ejemplo local de lo que Harris Gleckman llama “la gobernanza de las múltiples partes interesadas” –una iniciativa del Foro Económico Mundial de 2009, que busca poner los intereses corporativos en el centro– en la gobernaza de REDD+ en México se incluye a múltiples actores con una gran asimetría de poder entre ellos: las trasnacionales de la conservación y sus contrapartes nacionales, el Banco Mundial y la Organización de Naciones Unidas, instituciones gubernamentales, corporaciones empresariales, agencias internacionales de cooperación para el desarrollo, instituciones académicas y organizaciones de productores, organizaciones indígenas y campesinas, además de crear nuevas figuras como Agentes Públicos de Desarrollo Territorial, Agentes de Desarrollo Territorial, Comités, Grupos de Trabajo, Juntas, etcétera, sin un análisis profundo de las consecuencias democráticas y políticas de estos entes.

En la gobernanza de múltiples partes interesadas no hay reglas claras sobre transparencia, responsabilidad, resolución de disputas y representación, elementos claves aceptados como principios básicos para un proceso de gobierno legítimo. La informalidad y las situaciones de hecho son la pauta de su funcionamiento. En México la Alianza M-REDD+, se ha adjudicado el análisis del marco legal de REDD+ e incluso elaborado propuestas de reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en una clara actitud injerencista.
Los impulsores de REDD+ en México presumen de una gran participación de la sociedad civil en sus acciones, pero después de revisar varios de sus trabajos y eventos es notable la ausencia o participación disminuida de los dueños de los territorios forestales –los ejidos y comunidades indígenas y campesinas–, quienes han cuidado y conservado los bosques como su tierra natal y de quienes depende la real reducción de emisiones.

REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras

Por Jutta Kill. World Rainforest Movement (2015)

REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras presenta un resumen de los informes de 24 proyectos o programas REDD con una característica en común: todos ellos presentan una serie de características estructurales que socavan los derechos de los pueblos de los bosques o no abordan verdaderamente la deforestación. Como proyectos de compensación, ninguno se ocupa de la crisis climática, porque, por definición, los proyectos de compensación no reducen el total de emisiones: la reducción de emisiones reivindicada en un lugar justifica que se emita más en otros lugares. Lo que se necesita, entonces, son reducciones generales y drásticas, en particular en los países industrializados. Las compensaciones, por definición, no pueden ayudar a lograr ese objetivo; son tan solo una distracción.

En esta publicación, los términos compensación de carbono forestal y proyecto REDD se utilizan indistintamente porque todos los proyectos referidos fueron diseñados para generar créditos de compensación de carbono. Los proyectos que anteceden a la introducción del término “REDD” (Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques), si bien no utilizan el término en sus descripciones originales del proyecto, en otras etapas de la aplicación hicieron referencia al concepto “REDD”. Por lo tanto ambos términos son utilizados para referirse a proyectos que aspiran a restaurar o mantener el bosque a través de la generación de créditos de carbono que pueden ser vendidos para recaudar fondos para la aplicación del proyecto.

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El Modelo Extractivo Minero: amenaza potencial contra la diversidad biológica en Mesoamérica

Por MovimientoM4*

articulo-bosques-m4No cabe duda que la implementación del modelo extractivista como opción de “desarrollo” por parte de los Estados contraviene los esfuerzos existentes a nivel global y regional para amortiguar la crisis climática y ambiental. Con cinismo y engaños, se vulneran tratados y convenios internacionales más elementales con los que se pretende un mínimo para frenar la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad biológica.

No hay duda alguna, el modelo extractivo minero es el megaproyecto de mayor impacto territorial que, además de avasallar los derechos humanos y los bienes de la naturaleza, fomenta el acaparamiento y despojo de tierras y en consecuencia es promotor “natural” de la destrucción de la Madre Tierra.

A nivel mundial, Mesoamérica se caracteriza por poseer una gran diversidad biológica y cultural, no solo por su milenaria historia precolombina, sino también por su ubicación geográfica en la zona ecuatorial, lo que hace de ésta una región con particularidades que derivan en una gran riqueza de bienes naturales y de reserva hídrica, hogar de especies endémicas nativas en peligro de extinción y con zonas de vida exclusivas en el planeta. Sobresalen sus sistemas montañosos como la Sierra Madre (Occidental y Oriental) en México, que recorre gran parte del país; la sierra de los Cuchumatanes en Guatemala; y las cordilleras Volcánica Central y Talamanca en Costa Rica (esta última presente también en Panamá). Es en estas sierras en donde la vida se hace diversa, en donde la naturaleza se expresa de forma multifacética y en donde los pueblos mesoamericanos han contribuido con su manejo y la domesticación de especies nativas, al establecimiento de procesos bioculturales históricos. Y todo ello implica biodiversidad.

La riqueza de la biodiversidad en Mesoamérica está en riesgo debido a los proyectos integracionistas de carácter neoliberal como el “Plan Puebla Panamá”, ahora denominado “Proyecto Mesoamérica”, entre otros proyectos de integración mercantil, que no son más que los planes de empresas y otros actores transnacionales que buscan a toda costa la mercantilización de la naturaleza. El ahora llamado “Proyecto Mesoamérica” busca de forma progresiva crear las condiciones ideales para que se faciliten los procesos para la inversión privada nacional, extranjera y/o trasnacional. No es casual entonces que se hable de la generación de grandes proyectos de infraestructura como carreteras, ferrovías, aeropuertos y puertos marinos, además que el incremento en energía se consiga a través de subestaciones de mega hidroeléctricas o parques eólicos. Sin estos proyectos de infraestructura, comunicación y energía, la inversión quedaría simplemente congelada y las empresas no llegarían o no podrían operar. Al mismo tiempo, se requieren grandes cantidades de bienes naturales como el agua, que en algunos casos, como en los proyectos mineros, es un bien imprescindible para su establecimiento y operación. Por ello tampoco es casual que el sistema de integración energética implique homogeneizar el cableado en la región, a la vez que cada uno de los países avance en la desregularización de sus leyes y reglamentos para posteriormente hacer una nueva regulación acomodada al sector empresarial (1).

El efecto de esas desregulaciones tiene diferentes facetas, pero basta con observar las miles de concesiones mineras, asociadas a proyectos energéticos, autorizadas de manera arbitraria por los Estados, que amenazan y vulneran este territorio para tener una muestra de lo que aquí exponemos.

En este contexto, los destructivos proyectos de la empresa minera canadiense GoldCorp en la región tales como La Mina Marlin en Guatemala, la mina San Martín en Valle de Siria, Honduras o el complejo minero Los Filos en Carrizalillo, México, son un fiel exponente de cómo la explotación a cielo abierto es la esencia de la devastación que produce el modelo extractivo. En estos países, la explotación minera a cielo abierto ha provocado la contaminación de los ríos como efecto del proceso de lixiviación (uso del cianuro de sodio en la extracción de algunos minerales como el oro, la plata y el cobre), así como la producción de grandes pasivos ambientales derivados de los metales pesados tóxicos, que ocasionan irreversibles daños a las salud de las personas y animales y al ambiente.

No obstante, y a pesar que las entidades financieras, los gobiernos y las corporaciones mineras realizan grandes esfuerzos para convencer y hacer creer a la población que el extractivismo minero es la única opción de desarrollo. Los pueblos, haciendo uso de sus procesos pacíficos, democráticos, legales y basados en su libre determinación, han construido diferentes formas de resistencia para frenar la expansión minera y desmitificar el discurso del “progreso y desarrollo” que el modelo extractivista ha estado promoviendo e imponiendo.

El modelo económico imperante es voraz y mercantilista de los bienes naturales a los que define como “estratégicos” (agua, minerales, aire, tierra), buscando simplificar el significado de los mismos, de tal manera que, para el modelo extractivo, un bosque es visto únicamente como productor de madera y recursos energéticos y una montaña es considerada un conjunto de minerales y metales preciosos. De esta forma se pierde la visión de la integralidad que habita al interior de los ecosistemas. Por su parte, los pueblos indígenas, de acuerdo a su cosmovisión, consideran históricamente a la naturaleza como un todo, en donde hay interrelaciones de cosmovisión terrenales y supraterrenales para con los bosques, ríos y el conjunto de la Madre Tierra, siendo esta la esencia de la vida misma. No es casual entonces que ante el modelo extractivo depredador, las resistencias reaccionen y salgan en defensa de la vida misma, siendo capaces de garantizar la existencia de la gran riqueza natural que aún quedan en la región.

Francisco Mateo, miembro del Consejo de Pueblos Mayas de Guatemala y Miguel Angel Mijangos, miembro de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos Integrantes del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4, movimientom4.org. Contacto: info@movimientom4.org

(1) http://movimientom4.org/2016/06/quien-gobierna-ahora-son-las-corporacionestransnacionales-gustavo-castro/

Leer/descargar boletín completo en .pdf aquí

Chiapas: buscan autorización de pueblos zoques para abrir 12 pozos de hidrocarburos

Inicia consulta en tres municipios. No autorizaron presencia de observadores en el proceso. EZLN se opone.

Por Ángeles Mariscal desde Chiapas. Aristegui Noticias

La Secretaría de Energía inició el martes la consulta a los pueblos indígenas zoques de los municipios Francisco León, Ixtacomitán y Pichucalco, con el fin de lograr su autorización para abrir 12 pozos de donde se espera extraer gas y aceite que actualmente se licitan.

La consulta se llevó a cabo en el ejido Miguel Hidalgo, del municipio de Tecpatán; el jueves se efectuará en el municipio Francisco León; el viernes en los poblados La Providencia y El Escobar de Ixtacomitán; y el sábado en Pichucalco. Estos municipios ubican en la zona norte de Chiapas, donde habitan indígenas de la etnia zoque, de acuerdo al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH).

 

De acuerdo a la Constitución mexicana, para explorar y explotar hidrocarburos que se encuentren en zonas indígenas, se debe tomar en cuenta los intereses y derechos de esas comunidades y pueblos.

Sin embargo, de acuerdo a integrantes del Centro de Lengua y Cultura Zoque, originarios de esa región, en la consulta fue impedida la presencia de observadores externos y especialistas.

“Sobre el proyecto sólo se informó a las autoridades ejidales a través de los ayuntamientos, sin darles mayores detalles. Es hasta el día de la votación cuando someramente se mencione a los habitantes la implicación de los proyectos, explicó Fermín Ledesma, integrante del Centro.

Para acceder a los detalles del proyecto, cada empresa licitante debe pagar 2.5 millones de pesos, por concepto de acceso por cada uno de los “cuarto de datos” que componen las características de los yacimientos sujetos a la licitación que fue abierta el pasado 24 de agosto.

“Primero se les debió informar, para que los ejidatarios analizarán y consultaran sobre los alcances con personas de su confianza y efectos, para que tuvieran un periodo de discusión interna. En estas condiciones no se está llevando a cabo una consulta libre e informada”, explicó el Centro de Lengua y Cultura Zoque.

De acuerdo a la convocatoria CNH-R02-L02/2016, la licitación comprende 12 pozos localizados en una extensión de 845 kilómetros cuadrados donde se encuentran yacimientos de gas y aceite. Se convocó a personas morales nacionales y extranjeras, y a empresas productivas del Estado. Extraoficialmente ya hay tres empresas extranjeras interesadas en la licitación.

La licitación también comprende 20 pozos en el municipio de Macuspana, Tabasco, en la zona conocida como Cuencas del Sureste, señala el CNIH. El 7 de abril de 2017 se dará a conocer el resultado del proceso. Actualmente, en Chiapas los poblados que forman parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e integrantes del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, se oponen a los proyectos de la industria extractiva en sus territorios.

Bayer, Monsanto y compañía: agricultura como si no hubiera un mañana

Gabriela Vázquez, eldiario.es

El pasado 14 de septiembre recibíamos, después de varios avisos, la noticia del acuerdo definitivo de Bayer con Monsanto para la compra de la primera por 66.000 millones de dólares. Esta unión se sumaba a la de Dow-Dupont ( diciembre de 2015) y a la de Syngenta-ChemChina ( febrero de 2016), y dejaba “desparejada” a la otra gran empresa del sector semillero y de agroquímicos, BASF, de quien se espera que mueva ficha próximamente.

Pero esta agitación no sólo está dándose en este sector, sino también en otros sectores vitales en el mundo de los insumos agrícolas, y con unos volúmenes de mercado mucho mayores, como son el de los fertilizantes (175.000 millones de dólares en el año 2013, respecto a los 93.000 del mercado de pesticidas-semillas) y el de la maquinaria agrícola (116.000 millones). Todas estas empresas se encuentran igualmente en un frenesí de compras y fusiones, de apuesta por nuevos mercados y de concentración en cada vez menos manos.

Estas fusiones aún pueden ser evitadas por la legislación anti-monopolio de los distintos países (aunque, cuando aún intentaba comprar Syngenta, Monsanto estaba tan segura de que nadie bloquearía el acuerdo que ofrecía una fianza de 2.000 millones de dólares en caso de que así fuera ), y nadie puede saber cómo será exactamente el panorama final: ¿a qué escenario nos llevará esta tendencia que comenzó con la compra de pequeñas empresas semilleras por todo el mundo hace unas décadas?

La acumulación de poder por parte de estas empresas multinacionales se retroalimenta, haciéndose cada vez mayor: su tamaño les da una gran capacidad de lobby, lo que permite que la legislación de todo el mundo se adapte a sus intereses. En el año 2015 las empresas del sector agroquímico invirtieron 132 millones de dólares en labores de lobby sólo en el Congreso de EEUU. También les otorga una enorme influencia a la hora de decidir qué es lo que se investiga y cómo, ganándole terreno cada vez más a la investigación pública y decidiendo de facto hacia dónde se encaminan nuestros sistemas agroalimentarios.

Sin embargo, el mayor poder de estos oligopolios reside en su capacidad para dar lugar a sus propias narrativas sobre lo que debe ser y será la alimentación del futuro. Un modelo alimentario basado en la cantidad de calorías producidas, quizá con algunos suplementos para combatir, considerándolas de forma aislada, algunas deficiencias vitamínicas. Las medidas ambientales que se introducen intentan reconciliar al modelo agroindustrial con el medio en el que vive, sin replantearse este en su conjunto.

En estas narrativas el modelo de monocultivos destinados a la exportación y largas distancias se mantiene. También se mantiene la dinámica del agricultor cada vez más dependiente del suministro de insumos externos, aunque no se cierra la puerta a que estos insumos puedan cambiar. Se defiende la “intensificación sostenible”, que se fundamenta en que, ya que la agricultura va a degradar inevitablemente el territorio, lo mejor es maximizar mediante el uso de insumos externos la productividad de un terreno dado, para ocupar el menor espacio posible. Esta argumentación, aparte de dar por hecho que es inevitable que la actividad agrícola destruya el medio en el que se desarrolla, supone que el único impacto de ésta se da en la parcela en que se cultiva, sin considerar el impacto que la obtención de esos insumos genera en otros lugares.

No es esta una defensa de la autosuficiencia radical de las explotaciones agrícolas. Quiero reivindicar más bien una lógica que no sólo tenga en cuenta cuánto se produce y a qué coste económico, sino que considere igualmente los materiales y energía (incluida la energía necesaria para mover esos materiales por el mundo) que han tenido que consumirse en el proceso. Lamentablemente, nuestro sistema económico no es capaz de medir adecuadamente estos costes, por lo que no podemos dar por hecho que lo más barato económicamente es lo más “barato” en términos de materiales y energía.

Algunas de las soluciones tecnológicas que se plantean, al no ser claramente destructoras o contaminantes de por sí, permiten imaginar un campo que se desarrolla a espaldas del mundo físico que lo sostiene. En muchos casos la cuestión no es el rechazo a la propia tecnología, sino preguntarnos si se han echado las cuentas de hasta qué punto podemos disponer de los recursos para generalizar su utilización. En un mundo de recursos finitos y políticas neoliberales, el acceso de unos pocos agricultores de élite a la maquinaria más avanzada podría impedir a todo el resto el acceso a herramientas mucho más básicas. Si sabemos que necesitaríamos siete planetas para que todo el mundo viviera como un estadounidense medio, ¿cuántos necesitaríamos para que todos los agricultores trabajasen en el futuro que se imaginan Bayer y Monsanto?

Lo que no es posible, bajo este modelo ni bajo ningún otro, es conseguir un sistema de producción justo y viable a largo plazo que garantice los niveles de consumo y despilfarro que tenemos actualmente en los países enriquecidos. Sencillamente, no existen en el planeta que tenemos los materiales para hacer algo así.

Afortunadamente, existen formas de producir lo suficiente para asegurar que se cubran las necesidades (que no los deseos, que son ilimitados) de todas las personas, tanto en el plano alimentario como en otros. Olivier de Schutter, anterior relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, ya explicaba hace algunos años cómo la agroecología (un concepto que va más allá de la agricultura ecológica, con la que a menudo se confunde) sería capaz de “alimentar al mundo” en un contexto de crisis económica, ecológica y energética. Es más, sería posible hacer esto desde una perspectiva de recuperación de la soberanía alimentaria de los pueblos, es decir, de recuperación de la toma de decisiones que en estos momentos, y cada vez más con acuerdos como el de Bayer y Monsanto, se encuentra muy lejos de las comunidades que en la práctica sustentan la vida.

Uno de los cambios clave entre un modelo y otro sería el de recuperar el enfoque centrado en la adaptación de la producción al medio (basado en la diversificación de soluciones según las condiciones particulares de cada lugar), en lugar de continuar con el enfoque centrado en la modificación del medio (basado en la estandarización de muchos lugares diferentes mediante el aporte de insumos externos). El segundo enfoque, en el que un menor número de soluciones son válidas para todo el mundo, encaja mejor con un modelo globalizado y concentrador de poder.

El cómo podría funcionar un modelo basado en la diversificación, qué datos sobre su efectividad tenemos hasta ahora, qué elementos del modelo industrial actual convendría mantener y cuales convendría desechar, y cómo podría realizarse la transición de uno a otro son temas abordados en el informe “ From uniformity to diversity” del comité IPES-Food. Este comité está formado por expertos relacionados con las Naciones Unidas (entre ellos el ya mencionado de Schutter), la academia y diversas organizaciones relacionadas con el medio ambiente y la cooperación internacional.

Según ellos, “el que el potencial de la agroecología para mejorar los resultados de los sistemas alimentarios no coincida con un potencial para generar beneficios para el agronegocio podría explicar por qué ha tardado tanto en hacerse hueco en la agenda política.” Aunque distintos organismos de la ONU lleven varios años haciéndose eco del potencial de la agroecología, especialmente en países del Sur, el primer Simposio sobre Agroecología de la FAO no tuvo lugar hasta el año 2014.

El informe señala también el riesgo fundamental de que, en un momento en el que el cambio es tan necesario, las prioridades políticas se centren no en fomentar y salvaguardar el desarrollo de modelos alternativos, sino en realizar retoques a las prácticas de las multinacionales que en realidad dejen intactos los aspectos esenciales del modelo actual.

Existen distintas medidas que pueden ponerse en marcha para, poco a poco, ir cambiando el centro de gravedad de nuestros sistemas alimentarios, pero la concentración de poder en el sistema actual ha alcanzado cotas tan altas que la acción política resulta también esencial para su desmantelamiento. Aunque no parece que nuestros gobiernos tengan ninguna intención de hacerlo, el bloqueo de acuerdos como el de Bayer-Monsanto sería un buen lugar para empezar.