Implican riesgos a la salud, contaminación del suelo y del agua, señala
La medida protege a campesinos indígenas del lugar, menciona el Diario Oficial del estado Autoridades se harán responsables de promover la siembra de semillas no modificadas, indica.
Al publicarse el miércoles anterior un decreto que convierte a Yucatán en un estado libre de transgénicos, con dos zonas específicas para evitar el uso de estos productos, el estado gobernado por el priísta Rolando Zapata Bello es el primero en la península en tomar esa decisión.
Según se publicó en el Diario Oficial del estado, las razones por las que se declaran las zonas libres de los organismos genéticamente modificados (OGM), se deben a diversos factores, y destaca principalmente el riesgo que provocan a la salud de los seres humanos.
Por ejemplo, los relacionaron a la enfermedad del cáncer, a la contaminación del subsuelo y manto acuífero peninsular, debido a que el suelo es de tipo cárstico, por tanto permea más fácilmente; además del daño a la economía de los campesinos indígenas que se sustentan a través de la apicultura.
El decreto establece que “se estima necesario aplicar el principio de precaución ante el daño moralmente inaceptable de amenaza para la salud por la presencia de soya transgénica y el uso extensivo de agroquímicos; por el daño grave e irreversible a la actividad apícola, y porque es injusto para las futuras generaciones”.
Refiere además que “atenta contra los derechos humanos de los productores mayas milperos o apicultores, la consulta previa, libre e informada, el derecho al trabajo, a la alimentación, a la comercialización e industrialización y a la propiedad social, así como el derecho humano a un ambiente sano”.
Con el decreto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, junto con la Secretaría de Desarrollo Rural, tendrán que promover entre los productores agrícolas el uso de los cultivos orgánicos.
La promoción de la entrega de semillas libres de OGM, la capacitación de los campesinos sobre el cuidado de los cultivos orgánicos y la supervisión de los mismos para el correcto funcionamiento.
Debate en la Península
En los últimos años, la discusión por el uso de transgénicos en la península de Yucatán aumentó de forma considerable; en Campeche por ejemplo, las comunidades indígenas han comenzado con su consulta, pero también se han enfrentado a grupos defensores de los OGM, como los menonitas y las empresas desarrolladoras de los mismos, como Monsanto.
Recientemente, integrantes del colectivo Los Chenes viajaron a Perú para participar en la Conferencia Latinoamericana para Donantes de Pueblos Indígenas, donde denunciaron que el Estado mexicano es incapaz de acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en cuanto a la siembra ilegal de los OGM.
Quienes han advertido de las afectaciones por la siembra de transgénicos, también han alertado que el agua de la península yucateca es afectada por los agroquímicos que, de acuerdo a investigaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán (UAY), en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afectan a las mujeres mayas.
Los estudios realizados determinaron la presencia de elementos cancerígenos ligados a los agroquímicos, pesticidas y plaguicidas en la leche materna y sangre de las mujeres.
La iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) es una estrategia internacional para disminuir la intensidad del cambio climático a partir de la conservación de los bosques. Muchos de los gobiernos de los países del Sur ven en la existencia de fondos internacionales para la estrategia REDD+ una oportunidad para hacerse de recursos, en tanto que algunas organizaciones y movimientos indígenas y campesinos han alertado sobre la amenaza que puede constituir para los pueblos de los bosques –muchos de ellos pueblos originarios– sin derechos de propiedad formal sobre sus territorios.
REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras presenta un resumen de los informes de 24 proyectos o programas REDD con una característica en común: todos ellos presentan una serie de características estructurales que socavan los derechos de los pueblos de los bosques o no abordan verdaderamente la deforestación. Como proyectos de compensación, ninguno se ocupa de la crisis climática, porque, por definición, los proyectos de compensación no reducen el total de emisiones: la reducción de emisiones reivindicada en un lugar justifica que se emita más en otros lugares. Lo que se necesita, entonces, son reducciones generales y drásticas, en particular en los países industrializados. Las compensaciones, por definición, no pueden ayudar a lograr ese objetivo; son tan solo una distracción.
No cabe duda que la implementación del modelo extractivista como opción de “desarrollo” por parte de los Estados contraviene los esfuerzos existentes a nivel global y regional para amortiguar la crisis climática y ambiental. Con cinismo y engaños, se vulneran tratados y convenios internacionales más elementales con los que se pretende un mínimo para frenar la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad biológica.
La Secretaría de Energía inició el martes la consulta a los pueblos indígenas zoques de los municipios Francisco León, Ixtacomitán y Pichucalco, con el fin de lograr su autorización para abrir 12 pozos de donde se espera extraer gas y aceite que actualmente se licitan.
El pasado 14 de septiembre recibíamos, después de varios avisos, la noticia del acuerdo definitivo de Bayer con Monsanto para la 
Dirigentes apícolas mayas de Hopelchén, Campeche, acudieron a La Haya, en los Países Bajos, para denunciar ante la Corte Internacional de Justicia a la trasnacional Monsanto, y dar testimonio de carácter ético de las «graves violaciones a los derechos humanos en sus comunidades a raíz de los productos que la empresa desarrolla y comercializa en México».
Por primera vez la comunidad civil internacional se organizó a los fines de juzgar, a nivel simbólico, a una de las empresas agroindustriales más grandes del mundo por crímenes contra la humanidad.
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