Categoría: Modelo extractivo

Honduras: Pueblo Maya Chortí, Declara Libre de Minería su Territorio

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El pasado 30 de abril en la comunidad de El Rincon del Buey, se efectuó una asamblea comunitaria con la participación de mas de 800 delegados y delegadas de las comunidades Maya Chortis; Nueva Esperanza, Carrizalito 1 y 2, Río Amarillo, Llanetillos, Hacienda Grande, Corralito, Agua caliente, Barrio Ostuman, El Tigre, El Cordoncillo, Llano de la Puerta,   San Pedrito Alto, Sesemil Primero, Sesemil Salitrón, La Vegona, El triunfo, El Barrancón, Rincón del Buey, Tierra Fría, Quesera, Planes de la Brea, Zompopero, Panalito La Línea, Aldea nueva, Malcotes, El Chilar, El zapotal y Quebracho; pertenecientes a los municipios de Copán Ruinas, Santa Rita y Cabañas. El tema central de la asamblea para la población de las  comunidades Maya-Chorti y mestizas que concurrieron fue discutir, analizar y tomar decisiones respecto a la explotación minera, aprobada por el Estado sin haber efectuado ninguna consulta con las comunidades en el área de influencia de las concesiones.

La Asamblea en pleno reafirmó su decisión y posición en cuanto declarar el Territorio Maya Chortí Libre de Minería, la que viene siendo impuestas por compañías mineras y el Estado de Honduras. El 14 de mayo del año 2015 fueron introducidas las cuatro solicitudes de concesión minera metálica y fueron registradas el 10 de julio del año 2015. Estas fueron presentadas por el Abogado Oscar Alejandro Álvarez Díaz en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil Minerales Chorti S.A. de C.V.

 

Las comunidades afectadas realizaron una manifestación el pasado 10 de abril, por las concesiones otorgadas que afectan a más de 5,400 manzanas de tierra. Una de las mayores preocupaciones manifestadas por las poblaciones dentro de las concesiones, es la destrucción de cuencas hidrográficas y la alteración de la calidad del agua, además que se colocan en riesgo la producción agrícola de la zona, la que incluye café de optima calidad, cacao, maíz, frijoles y ganadería.

La cercanía de las concesiones al centro Ceremonial Maya, conocido como Ruinas de Copán, pone en riesgo la industria turística fuente de ingresos para parte de la población de la zona. La Concesión Copan IV, se encuentra a menos de un kilómetro de la zona de influencia del centro arqueológico de Copan. Es inaudita la actitud de la actual administración gubernamental, al imponer la construcción del aeropuerto de Piedras Amarillas, supuestamente para beneficiar la industria turística al mismo tiempo da luz verde a la destrucción inducida por la minería y el conflicto social que causará la imposición de un ecocidio.

Las solicitudes de concesión minera metálica en el municipio de Copán Ruinas se efectuaron en completo silencio, sin haber efectuado una consulta previa, libre e informada con las comunidades Mayas-Chortí como lo señala el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Existe una enorme jurisprudencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación a la consulta previa y la obligatoriedad de la misma. Entre las sentencias emitidas se encuentra la del caso Comunidad Garífuna de Punta Piedras Versus el Estado de Honduras de fecha 18 de diciembre de 2015. La sentencia  de la Corte IDH  incluyo el proyecto minero no metálico Punta Piedra II. Y al respecto sentenció que:

217. En  particular respecto  del  momento  en  que  debe  efectuarse  la  consulta,  el artículo 15.2 del Convenio169  de la  OIT señala que, “[e]n caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre  otros  recursos  existentes  en  las  tierras, los  gobiernos  deberán  establecer  o mantener  procedimientos  con  miras  a  consultar  a  los  pueblos  interesados,a  fin  de determinar  si  los  intereses  de  esos  pueblos serían  perjudicados,  y  en  qué  medida, antes  de  emprender  o  autorizar  cualquier  programa  de prospección  o  explotación  de los recursos existentes en sus tierras”.
218.En vista de lo anterior, la Corte considera que la consulta debe ser aplicada con anterioridad a cualquier  proyecto  de  exploración  que  pueda  afectar  el  territorio tradicional de las comunidades indígenas o tribales.

Felicitamos al pueblo Maya-Chortí y la población mestiza que en Asamblea optaron por un territorio Libre de Minería. Así mismo instamos al Estado el respeto irrestricto a la decisión de las comunidades y el Pueblo Maya Chortí.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indigenas de Honduras, ODHPINH

Guatemala: Estos son los dueños de 5 de las 7 empresas señaladas de desviar ríos

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Guatemala. En un hecho sin precedentes, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sidney Samuels, demandó ante el Ministerio Público a 7 empresas agroexportadoras. La demanda es por el desvío ilegal de ríos, con el fin de utilizarlos para sus cultivos. El desvío ha provocado que comunidades enteras se queden sin agua, o la consuman contaminada, luego del uso de agrotóxicos. Esta es la información importante para 5 de esas 7 grandes empresas.

Por Equipo de Análisis, CMIGuate

Un ministro incómodo

 

La llegada de Sidney Samuels al MARN provocó varios ceños fruncidos. Antes de su llegada, el ministerio de ha caracterizado por el tráfico de influencias. Por lo que desde un inicio se vaticinó que tendrían que resistir los embates que las grandes petroleras, mineras y generadores de electricidad ejercen a estas instituciones para aprobar sus Estudios de Impacto Ambiental.

 

 

Samuels ha demostrado que no será parte de esas redes. Y lo ha hecho bajo la sombrilla de una pugna en varios niveles entre varias instituciones del Estado (Ministerio Público, SAT, MARN), la CICIG y la Embajada de Estados Unidos en contra de varias empresas de la cúpula empresarial. Allí cabe el caso de Aceros de Guatemala, la demanda laboral en contra de agroexportadores en el marco del Tratado de Libre Comercio, las capturas de los Panama Papers y los rumores sobre los siguientes casos de la CICIG.

 

Samuels es un académico de origen garífuna, ingeniero civil y ex decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala (2001-2005). Doctor en Administración Pública, por la Atlantic International University, Hawaii, Estados Unidos.También se ha desempeñado como representante de la USAC ante el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). En 2013 fungió como Administrador General en el Ministerio de Agricultura.

 

Las empresas

 

Grupo Hame y Palmas del Horizonte

 

El grupo HAME responder a las siglas de su fundador Hugo Alberto Molina Espinoza, considerado, junto a su hermano ya fallecido, Milton Enrique Molina Espinoza, los mayores terratenientes de Guatemala. HAME se hizo famoso el año pasado luego de la contaminación masiva del río La Pasión en el municipio de Sayaxché.

 

Una de sus marcas más famosas es Olmeca. Fue la empresa Olmeca que a través de REPSA amplió sus plantaciones desde su zona tradicional en la costa sur de Suchitepéquez, Quetzaltenango y San Marcos.

 

Algodoneros durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, ampliaron sus agronegocios a las plantaciones bananeras y palma africana convirtiéndose en los principales productores independientes de ambos monocultivos en Guatemala. Esa posición la lograron acumulando enormes extensiones de tierra. Sólo en palma africana se estima que poseen más de 35 mil hectáreas.

 

Ingenio Pantaleón

 

Del grupo familiar destaca Julio Herrera Zavala, presidente del Grupo Pantaleón; de Spectrum Inmobiliaria, la cual posee el Centro Comercial Miraflores y un conjunto de residenciales en varios departamentos del país; y de Procalidad, que es la alianza de Spectrum con Colombina, una empresa de dulces de Colombia, y que llevó a la construcción de una planta en Escuintla para producir galletas, chocolates y dulces.

 

Pero es su participación en los bancos Agromercantil, Cuscatlán e Industrial lo que hace de la familia una de las élites más poderosas del país. El ingenio Pantaleón es el mayor productor de azúcar en Guatemala, y el Grupo Pantaleón el mayor productor de Latinoamérica, y en el proceso de producción del edulcorante también se ha extendido a Nicaragua, donde en 1998 compró el ingenio Monte Rosa, en el cual también genera electricidad, actividad ésta que le hace el mayor generador de electricidad de todos los ingenios azucareros de Guatemala.

Sus inversiones más recientes están concentradas en la producción de etanol, un combustible con enorme futuro, y para lo cual está  asociado con inversionistas brasileños y colombianos. Igualmente, están invirtiendo en palma africana para la producción de biodiesel.

Ingenio Magdalena

La familia Leal Pivaral posee el ingenio azucarero Magdalena, el cual sería el segundo mayor productor de azúcar del país, además de poseer la mayor destilería de etanol. Con activa participación en el Banco del Quetzal (BANQUETZAL), institución bancaria adquirida por el Banco Industrial (BI) en agosto de 2007, con el cual se fusiona con una de las familias de mayor peso de la  cúpula empresarial guatemalteca: los Díaz-Durán.

A los Leal Pivaral se les vinculó con el Partido Patriota (PP) del general retirado Otto Pérez Molina, e igualmente en el impulso de la palma africana para la producción de biodiesel.

Leal Pivaral es padre de Mario Leal Castillo. La familia Leal financió, según el TSE, al Partido Patriota desde su inicio hasta el 2015, cuando Mario Leal Castillo (ex secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia), salió peleado del gobierno del PP denunciando corrupción. Leal Castillo fue vicepresidenciable de la UNE.

También son dueños del centro comercial Cayalá, y de la empresa de seguridad Blackthorne, que cuida a la minera Exmingua, ubicada en La Puya.

Finca Bananera

La Finca Bananera es de la Corporación Agroamérica, de familia Bolaños Valle.  Y estos no son los únicos problemas que tiene la empresa. El día 9 de mayo de 2016, a través de acciones legales de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), se logró el retiro voluntario de plantaciones de palma africana en el área de protección especial Manchón Guamuchal, ubicado entre Retalhuleu y San Marcos.

El retiro de la empresa Agroaceites se dio tras una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por parte del departamento jurídico del CONAP. El área además es un humedal de importancia mundial reconocido por la convención RAMSAR. Se estima que el área donde se había plantado dicha especie extranjera sin autorización era de 39 hectáreas.

El extractivismo es una guerra contra los pueblos

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zibechiPágina Siete

El periodista Raúl Zibechi estuvo en la XXIV Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz “Análisis y alternativas a la dependencia y el extractivismo en el marco de la crisis económica mundial”, realizada el pasado martes 16 de febrero en el paraninfo de la UMSA. Afirma que el extractivismo es una guerra mundial de los de “arriba”, de las multinacionales y de los Estados, contra los pueblos para apropiarse de la tierra y el agua. “La particularidad de América Latina en los últimos 10 o 15 años es que este modelo extractivo, esta acumulación por despojo, esta cuarta guerra mundial, ha sido encabezada por gobiernos progresistas”, dice. Propone para salir del extractivismo, que no sólo es un modelo económico sino uno político, social y cultural, derrotar al sistema financiero, “a ese 1% que domina el mundo y cada uno de nuestros países”.

 

Zibechi hace un repaso de la irrupción de los nuevos movimientos y sujetos sociales en América Latina, en el marco del fin de ciclo de los gobiernos progresistas.

 

 

¿Cuáles son las características de la actual crisis económica política mundial?
No estamos ante una crisis económica sino ante una recomposición sistémica, el sistema como tal no puede seguir sin cambios de fondo, y ante una crisis civilizatoria que afecta básicamente a la civilización occidental. El sistema descansaba en dos pilares: la división internacional del trabajo, fruto de la creación hace cinco siglos de un centro y una periferia. La segunda trasvasaba riquezas a la primera, a través de diversos mecanismos a lo largo del tiempo, desde el comercio desigual colonial hasta las transferencias más recientes del sistema financiero gracias al petrodólar. Pero el fortalecimiento de países antes periféricos está provocando un colapso de aquella estabilidad, afectando principalmente a Europa y Estados Unidos. Es la creación del mundo multipolar que estamos viendo.

 

Se habla del fin de los gobiernos progresistas en América Latina. ¿Por qué estos gobiernos se apropian de las banderas de la revolución social?
Prefiero hablar de fin de ciclo, porque en realidad seguirá habiendo gobiernos progresistas pero ya se están convirtiendo en conservadores. Lo que sucedió es que uno de los pilares de su gobernabilidad, los altos precios internacionales de las commodities, se vino abajo. Fue un largo ciclo de precios súper altos que permitió mejorar la vida material de la mayoría de las personas sin modificar el modelo productivo y sin tocar los privilegios del 1% más rico de la población.

 

Se apropian de banderas con la misma lógica que lo hace el sistema, que necesita fagocitar todo lo que lo rechaza como forma de legitimarse. Ahora Mauricio Macri habla del nunca más en referencia a la violación de los derechos humanos. El sistema funciona así, independientemente de quiénes estén a la cabeza. Tenemos discursos de minería verde y sustentable y todo eso.

 

¿América Latina vivió con los gobiernos progresistas una década perdida?
No creo que sea una década perdida. La gente aprendió mucho, en varios sentidos. Por un lado, se ha ganado en autoestima, sucesos como la guerra del agua o las dos guerras del gas dejan sedimentos, así como la marcha en defensa del TIPNIS, por mencionar los grandes acontecimientos en Bolivia. Invirtiendo la pregunta anterior, podemos decir que los pueblos en movimiento son tan fuertes, que los gobernantes necesitan apropiarse de las banderas de los de abajo para tener un mínimo de legitimidad.

 

¿Cómo enfrentar desde la sociedad este fin de ciclo?
Con mucha calma y mucha paciencia. El péndulo no va sólo de la izquierda a la derecha, va también de arriba hacia abajo. Es el turno de la gente común, de los pueblos indios, de las mujeres, los jóvenes, de todos los oprimidos, los que estuvieron callados estos años porque había que escuchar a los de arriba.

 

Hay un contraste muy fuerte entre lo sucedido en la tarde del 17 de octubre de 2003 en la plaza San Francisco, cuando la multitud gritaba “Sí se puede”, y lo que vino después. ¿A quién le gritaban el día de la caída del Goni?

 

No al Presidente que ya era un cadáver político. Se lo gritaban a ellos mismos, era un grito de autoestima, “Sí, podemos tomar el cielo por asalto”, como diría Mao. Pero en los años siguientes ese empoderamiento desapareció, en parte porque unos dirigentes dijeron lo que la gente quería escuchar, pero también porque mucha gente quería dejarlos gobernar, que gobernaran los buenos o los suyos, que es siempre el camino más fácil.

 

Pero ahora se mostraron los límites del Gobierno desde arriba. Y ahora el péndulo vuelve a bajar, quizá como en la década de los años 90, antes de la marcha de 1990 cuando empezaron lentamente a autoorganizarse los pueblos. Creo que las cosas van en esa dirección, pero habrá que seguir muy de cerca las cosas porque los profesionales del discurso van a hacer su trabajo.

 

¿De qué nuevos sujetos estamos hablando y cuál es su horizonte político?
Esta es la pregunta del millón que aún no podemos responder, salvo en el caso de Brasil y aún ahí parcialmente. Tiendo a pensar que la marcha del TIPNIS fue protagonizada por movimientos del viejo tipo, los llamados movimientos sociales. Pero junio de 2013 en Brasil, con la irrupción de millones de jóvenes en las ciudades, mostró nuevos protagonismos, los nuevos-nuevos movimientos que son pequeños colectivos que funcionan a base de la autonomía, las decisiones por consenso, el a-partidismo y la horizontalidad. Ya no quieren dirigentes ni aparatos que les marquen el camino, ellos mismos deciden por dónde ir y hacia dónde caminar.

 

Creo que vamos a vivir movimientos de nuevo tipo, porque el ciclo progresista movió muchas cosas y mostró la incapacidad de los grandes aparatos para hacer algo mejor que permitir que sus dirigentes se conviertan en lacayos del palacio. Esas grandes estructuras son cada vez más cascarones vacíos, jerárquicos y patriarcales, incapaces de promover nada que tenga alguna relación con la emancipación.

 

Por el contrario, vemos infinidad de grupos pequeños con jóvenes y jóvenes, que se expresan a través de formas culturales opuestas a los poderes establecidos. Aún es pronto para saber el alcance de estos nuevos sujetos, pero hay un aprendizaje: “de poco vale organizarnos para entrar a palacio porque los que entren, en poco tiempo serán muy parecidos a los que echamos”. O sea, se trata de crear algo nuevo, diferente, sobre la base de lo que aprendimos.

 

¿Hacia qué tipo de sociedad nos conduce esa sociedad en movimiento?
No lo podemos saber. Esperamos que sea hacia una vida más plena, democrática, libre, no sujeta a los estados ni a los partidos, que vienen a sustituir a las viejas iglesias. Aspiramos a una sociedad donde la gente se autogobierne en la mayor cantidad de esferas posible, que no sea gobernada por otros. Para eso, hay que crear una cultura comunitaria, no a imagen y semejanza del viejo ayllu que es muy útil como inspiración pero que debe ser reconstruido sobre otras bases, superando el patriarcado, las jerarquías generacionales y los caudillismos. No será nada sencillo porque se trata de una revolución cultural muy profunda que, necesariamente, se irá expandiendo de forma gradual, porque la cultura cambia en tiempos largos.

Vía Movimiento M4

Más de 190 organizaciones piden a Canadá regular las mineras que operan en América Latina

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Más de 190 organizaciones basadas en América Latina, Europa y los Estados Unidos entregaron al primer ministro de Canadá una carta pública instando a que su gobierno promueva reformas legales y administrativas con el fin de regular más eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo. El apoyo diplomático y financiero del estado canadiense a empresas mineras que cometen o toleran violaciones de derechos humanos en América Latina ha sido evidenciado por comités temáticos y relatorías especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas), así como en audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tales pronunciamientos refuerzan las conclusiones de un informe elaborado una coalición de organizaciones de América Latina titulado «El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá».

Las organizaciones firmantes solicitan que Canadá garantice los más altos estándares internacionales en sus políticas de fomento a la minería y en sus relaciones con los países donde operan empresas canadienses. Por otra parte, solicitan también la creación de mecanismos de acceso a la justicia en Canadá para que las víctimas de violaciones a derechos humanos provocados por empresas canadienses puedan ser reparadas por los daños provocados, cuando esto no ha ocurrido en el país donde ocurrieron los hechos.

 

El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- ha resaltado que sobran ejemplos en la región de violación a derechos humanos y ambientales que han provocado mineras canadienses como el caso de la GoldCorp en Carrizalillo, México; Tahoe Resources en San Rafael Las Flores, Guatemala o Entemares Corp. subsidiria de la GoldCorp en Valle de Siria, Honduras.

Las organizaciones firmantes de la carta reconocen los gestos de apoyo hacia un mayor respeto a los derechos humanos manifestados por el gobierno de Justin Trudeau desde su nombramiento como Primer Ministro. Sin embargo, esperan que el discurso de apertura hacia nuevas políticas de derechos humanos se materialice en medidas concretas para que las empresas mineras con sede en Canadá actúen dentro de un marco legal consistente con las obligaciones internacionales del Estado canadiense.

- Leer la carta aquí >>

El cultivo masivo de palma y soja para producir biocombustible contamina más que la gasolina o el diésel

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La transformación de humedales y bosques para extender estos cultivos dobla las emisiones de CO2 provocadas por los motores a base de derivados del petróleo

La demanda europea de biodiésel ha convertido dos millones de hectáreas del sudeste asiático en plantaciones de estas variedades, según la Comisión Europea

Las ayudas públicas a estos productos han oscilado entre los 4.600 y los 5.500 millones de euros anuales

Raúl Rejón, eldiario.es

El cultivo industrial de palma y soja emite más CO2 a la atmósfera que el consumo de combustibles fósiles como el diésel o la gasolina. Y no un poco: la producción de palma para obtener biocombustible contamina casi tres veces más. La soja el doble que sus equivalentes de origen petrolífero.

La causa principal de esta cantidad de emisiones es la transformación de los suelos para plantar estos dos cultivos. En especial el drenaje de humedales en Indonesia y Malasia. Y la oxidación de esos terrenos después de que se conviertan en plantaciones, según el  último estudio de Comisión Europea sobre los biocombustibles realizado para reorientar la política comunitaria sobre esta materia.

 

La estrategia de la Unión Europea contra el cambio climático señalaba que, cada país, tenía que llegar a que el 10% de la energía utilizada en el transporte fuera de origen renovable para 2020. Los biocombustibles contaban para hacer esos cálculos.

Así que la demanda europea se enfocó hacia el biodiésel que se obtiene a partir de los cultivos de palma, girasol, colza o soja. Esta política ha causado la conversión de ocho millones de hectáreas de terreno en explotaciones de este tipo. Solo la expansión de las plantaciones de palma para satisfacer este mercado ha convertido 2,1 millones de hectáreas en el sudeste asiático «la mitad de ellas a expensas de humedales y bosque tropical», explicaba el documento de la Comisión.

Los agrocombustibles son carburantes de origen biológico pensados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los motores. Pero no todos son iguales. El rango abarca desde los que se producen a base de alimentos (como la colza, el girasol, la palma o la soja) hasta los más avanzados que utilizan chopos, sauces, pastos perennes y residuos forestales. La diferencia clave es que estos últimos son cultivos que no se cosechan todos los años. Son explotaciones mucho menos agresivas con el suelo que los soporta.

Un análisis comparativo de las emisiones de CO2 de todos estos combustibles realizado por la organización Transport & Enviroment con los datos de la CE muestra que la apuesta por el biodiesel de palma, soja, girasol y colza multiplica por 1,8 los niveles de contaminación respecto a los combustibles fósiles debido a las emisiones en su fabricación.

Los peores resultados los da el combustible de palma. Su utilización supone en torno a un 250% más de emisiones que las de los derivados del petróleo (implica el lanzamiento 241 gramos de CO2 por megajulio de energía generada frente a 94 del gasoil tradicional).

Casi tres cuartas partes de ese CO2 corresponden a la utilización del suelo, no al uso en lo motores. Es decir, el proceso de producción de los cultivos contamina mucho más que los coches que emplean ese producto.

15,4 millones de toneladas al año

En el otro lado, las nuevas generaciones de agrocombustibles –de cultivos no anuales– ahorran un 15% respecto a los hidrocarburos. Sin embargo, según T&E, «actualmente están marginados por la política de apoyo a los biodiesel tradicionales» (los de soja o palma).

Los productos de biodiesel suponen, aproximadamente, el 75% del consumo interno de agrocombustibles de la Unión Europea que en 2014 fueron 15,4 millones de toneladas. Las ayudas públicas para el biodiesel en la UE, mediante subsidios a los precios, a las importaciones o exenciones fiscales, han oscilado entre los 4.600 a 5.500 millones de euros al año.

Los autores de la comparativa aseguran que esta línea de actuación ha provocado que «en lugar de reducir las emisiones de CO2 del transporte, va aumentarlas  un 4% para 2020, como si hubieran circulado 12 millones más de coches «. Según su análisis si no se deja de apoyar a los combustibles a partir de soja o palma, las variedades más efectivas para el medio ambiente no podrán abrirse camino.

Se declaran autoridades comunitarias de la Montaña y Costa Chica contra las mineras y las reformas estructurales

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En un encuentro en San Luis Acatlán recriminan el discurso en pro de la minería del gobernador Héctor Astudillo. Convocan a fortalecer sus estructuras para que las empresas transnacionales no destruyan los bosques y los expulsen de sus tierras. En la Montaña hay 46 concesiones entregadas, informan

Integrantes del Consejo de Autoridades Agrarias (CAA) de la Montaña y la Costa Chica por la defensa del territorio y en contra de la reserva de la biosfera, convocaron a las poblaciones a fortalecer a las autoridades comunitarias y agrarias para que las empresas transnacionales dedicadas a la extracción y explotación de recursos naturales no destruyan los bosques y los expulsen de sus tierras; en la Montaña hay 46 títulos de concesiones entregadas.

 

En la segunda reunión del año del CAA, en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, comuneros y ejidatarios recriminaron el discurso en pro de la minería del gobernador Héctor Astudillo Flores al ser intermediario entre los pobladores del Nuevo Balsas, Cocula, y la empresa Media Luna que extrae oro en ese municipio y que ha provocado daños al medio ambiente y a la salud de la población.

 

También mostraron su malestar porque el gobierno ha emprendido una estrategia reuniones paralelas con funcionarios del estado y federales en los municipios, como ocurrió ayer en Pueblo Hidalgo, San Luis Acatlán, donde fueron ofertados proyectos productivos, lo que ocasiona falta de asistencia al encuentro del CAA.

 

El Consejo de autoridades integra 18 núcleos agrarios de los municipios de Iliatenco, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc, Zitlaltepec y Cochoapa el Grande, fue creado en octubre del 2012. Ayer se integraron los núcleos agrarios de los municipios de Xochistlahuaca, Marquelia, Copala y Juchitán.

 

Al encuentro asistieron unos 200 pobladores, entre ellos comisariados ejidales, comisarios municipales y delegados. Durante la reunión, que inició minutos después de las 10 de la mañana, los pobladores manifestaron su rechazo a la extracción de los minerales de sus tierras, así como las reformas estructurales del gobierno priista encaminadas al despojo.

 

Uno de los activistas recordó en la reunión que en el estado hay 816 títulos otorgados a empresas mineras, de los que 46 pertenecen a municipios de la Montaña, dos de las más grandes concesiones son; la de la empresa Hochschild Mining, Corazón de Tiniebla, en Malinaltepec y Zapotitlán Tablas, con 45 mil hectáreas; y el proyecto La Diana, de la empresa Vendome, que abarca 16 mil hectáreas en los municipios de Iliatenco y Zitlaltepec.

 

El 24 de noviembre de 2015, en un escueto informe publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se dio a conocer del desistimiento de la empresa Hochschild Mining para continuar el proyecto de extracción de minerales en la zona, pero no se especifica el motivo. En noviembre de 2013 habitantes de la comunidad me’phaa de San Miguel El Progreso, municipio de Malinalepec, entre ellos autoridades municipales y agrarias, solicitaron un amparo contra las concesiones mineras ante la SCJN.

 

En la reunión de ayer, las autoridades convocaron a modificar los reglamentos internos de los núcleos agrarios y establecer que en sus tierras está prohibido cualquier tipo de extracción de minerales, recordaron que en los únicos lugares donde han logrado establecer ante el Registro Agrario Nacional (RAN) esos términos son los ejidos de San Miguel del Progreso, Zapotitlán Tablas y Zitlaltepec.

 

Denunciaron que una vez que las autoridades se dieron cuenta de que las comunidades y los ejidos estaban protegiendo sus tierras de la extracción de minerales, han bloqueado los trámites y ahora se encuentran en la búsqueda de nuevas formas para establecer la prohibición de cualquier acto de explotación.

 

Durante la reunión, el comisario ejidal de Malinaltepec, Taurino Carrasco Castro sostuvo que el gobierno del estado tiene un plan para impulsar la minería en el estado y una iniciativa que no ha revelado; tampoco ha hablado sobre la situación de las comunidades de la Montaña y la Costa Chica.

 

Otros comuneros y ejidatarios que tomaron la palabra se quejaron de la falta de interés de la población por ir a las reuniones, aunque la afectación será para los municipios, tanto de la parte alta como los de la costa. Rememoraron que los ríos de Marquelia, Quetzalapa, San Pedro y Santa Catarina nacen en la parta alta, donde se pretende sacar minerales a cielo abierto, lo que provocará la contaminación río abajo.

 

Los asistentes reclamaron el desinterés de los presidentes municipales de los municipios que serán afectados si se concretan los proyectos mineros. El comunero de Iliatenco, Ponciano Santana expresó “tenemos que hacer algo por las nuevas generaciones”, y reclamó la tala clandestina permitida en algunas comunidades de la Montaña.

 

Otro comunero, Bulmaro Candia dijo “no estamos de acuerdo en que entren las mineras a nuestros pueblos”, recordó lo que pasó con las comunidades alrededor de Campo Morado, y el conflicto que había en Cocula con la empresa Media Luna.

 

El señor Inocencio Nicolás, sostuvo que no hay confianza en el gobierno de los municipios, del estado y de la federación, “porque no se acuerdan del pueblo”.

 

Durante el encuentro fue proyectado un documental de los efectos de la minería a cielo abierto. En la reunión se acordó que el próximo encuentro será en el municipio de Copala, el 25 de junio, y el 30 de julio será el cuarto taller agrario, con el tema Autonomía de los Pueblos Indígenas de Guerrero, en la comunidad de Colombia de Guadalupe.

 

La amenazaron por ser parte del Consejo, denuncia una vecina

 

La señora Epifanía Pérez Gómez, quien desde hace 22 años se desempeña como médico tradicional en las comunidades de la Montaña, denunció en la reunión que fue amenaza por teléfono el 30 de enero, día de la primera reunión del CAA en San Luis Acatlán.

 

Ella forma parte de la organización Cáritas Mexicanas y asiste a los talleres que la iglesia imparte a las comunidades para hacer abono orgánico, y aprender a tratar las plantas del café afectadas por la plaga de la roya.

 

Durante su participación, dijo que después de ir a la reunión recibió una llamada de un hombre que le dijo “que por su bien” no siguiera asistiendo; pero dice que no tiene miedo y que seguirá acudiendo a las reuniones porque le interesa lo que ocurre en su comunidad. En declaraciones, dijo que el hombre que la llamó le preguntó qué era lo que necesitaba para que dejara de apoyar a las organizaciones.

 

“La primer invitación que te hago es que ya no vayas a esos foros, si quieres vivir con tu familia”, fue lo que le dijo el desconocido. La mujer indicó que ese mismo día avisó de la amenaza al Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

 

(…)

Vía Movimiento M4

 

Fuente: El Sur

Se declara Ixtepec como territorio libre de minería

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Vía Movimiento M4

Ciudad Ixtepec fue declarado como territorio libre de minería, por unos mil colonos y representantes de organizaciones campesinas, ganaderas, educativas, comisariados de bienes comunales, colectivos de jóvenes, artistas, promotores culturales y ecológicos -entre otros– del Istmo de Tehuantepec; esto debido a las afectaciones que representa la extracción de minerales a cielo abierto a gran escala (envenenamiento de las tierras, aguas y viento), que han sufrido otros pueblos.

Durante el evento se sumaron 2500 firmas en contra de este proyecto minero, asimismo se fortaleció la articulación regional y estatal para la defensa de la vida, en contra de la ambición de empresas irresponsables y de la corrupción en algunas autoridades locales, estatales y federales.

 

Este primer foro, se consideró como un llamado a las autoridades y ciudadanía en general a no esperar a que la mina se establezca, sino reforzar el mensaje, “enérgico y firme”, de que el pueblo dice NO A LA MINA, por las afectaciones irreversibles a los bienes naturales y las enfermedades a la salud de las personas que puede ocasionar.

Debe quedar claro que no estamos en contra de la empresa minera, estamos defendiendo nuestro derecho a la vida.

 

Situación actual

De acuerdo a los registros de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE), el pasado 26 de junio de 2015, la Minera Plata Real vendió los derechos de la concesión minera de 8 mil 150 hectáreas en Ciudad Ixtepec a “Pablo Ibarra Mora”, esta actividad sugiere que durante este año se lanzará un nuevo concurso para que una empresa “extractora” tenga el derecho de explotar el oro y la plata que se encuentra en los cerros Banderilla y Nisa Bixhichi  en Ciudad Ixtepec.

De acuerdo a los datos aportados en este foro la concesión minera de 50 años (de 2008 a 2058) es un peligro latente, ya que si una empresa extractora firma un contrato con el concesionario, se ve obligada a explotar la mina -a como dé lugar- de lo contrario tendría que pagar una multa onerosa.

Se destacó que el proyecto en Ciudad Ixtepec se extiende desde Laxhilona hasta la calle Trujano, abarcando más de 10 barrios originarios de Ciudad Ixtepec, como son Carrizal, Tepalcate, 1ra, 2da, 3ra y 4ta sección, así como El Zapote, Carrasquedo, Picacho, Cheguigo Juárez, Cheguigo Zapata y la Huana Milpería.

 

La defensa de los pueblos

Durante el foro regional informativo organizado por el Comité Ixtepecano por la defensa de la Tierra y Territorio, las mujeres zapotecas realizaron también una declaración como mujeres, a favor de la vida, ya que la explotación minera a gran escala como se pretende realizar en Ciudad Ixtepec y en otros municipios istmeños, es un “proyecto de muerte”.

Se destacó la participación de las mujeres istmeñas que físicamente han enfrentado el “saqueo y despojo” de empresas extranjeras, el cual ha permitido y hasta alentado el Gobierno Federal, Estatal y de algunas autoridades municipales y comunales.

Uno a uno, los representantes de organizaciones estatales y locales se pronunciaron en contra de los megaproyectos extractivos en el Istmo de Tehuantepec, debido a que la contaminación de la tierra, agua y viento no sería exclusiva del municipio en el que se exploten los minerales.

Es decir que al contaminar la cuenca del Guigu Bicu (Rio los perros) los elementos tóxicos como cianuro y arsénico llegarían hasta las lagunas marinas de San Mateo del Mar, de igual forma al contaminarse la cuenca del río Ostuta y Espíritu Santo, contaminando las lagunas a San Francisco y San Mateo del Mar, de la cual dependen miles de personas a través de la pesca.

Se citó como relevante, que en Valles Centrales, gracias a la organización de la comunidad de Magdalena Teitipac, se logró expulsar a una empresa minera que contaminó los mantos acuíferos en su territorio; la cual es filial a la que realizó las exploraciones en Ciudad Ixtepec

Antes de finalizar, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y la radio comunitaria Totopo, a través de la niña Antonia Jiménez Vázquez, refrendaron su respaldo a los habitantes de Ciudad Ixtepec para defender la vida en su territorio.

Abuelos y abuelas, padres y madres, hermanas y hermanos jeromeños, estamos aquí para decirles que lucharemos junto a ustedes para expulsar esa mina extranjera que sólo trae destrucción y muerte, además debemos de juntarnos todos para defender nuestro río Bicu Nisa.

Nuestros pueblos son de hermandad, de guendaliza’a (…) para tejer una vida con dignidad, como se teje una atarraya con paciencia y amor que en cada punto representa a cada hombre y mujer de hoy, y en cada amarre a las niñas y niños de mañana”.

Fuente: IstmoPress

Extractivismo en América Latina: el despojo de los derechos

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De Aroa de la Fuente López, Fundar, Centro de Análisis e Investigación

América Latina se encuentra en una encrucijada. O se ponen medidas para transitar el modelo extractivista del que ha venido haciéndose cada vez más dependiente en las últimas décadas, o la situación de la región se volverá completamente insostenible en términos sociales, ambientales, climáticos e, incluso, fiscales y económicos. Los altos precios de minerales e hidrocarburos que, según un estudio de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), se cuadriplicaron entre 1991 y 2001, conllevaron que la región se volviese más atractiva y rentable para las empresas, como lo muestra que en 2013 captase 27% de la inversión en exploración minera a nivel mundial. Al mismo tiempo, los Estados latinoamericanos lo vieron como uno de los principales medios para generar renta pública, inversión extranjera directa, crecimiento económico y aumentar el comercio exterior. Es decir, para mejorar toda una serie de indicadores que a los gobiernos les gusta publicitar como muestras de buena gestión pública.

 

 

Sin embargo, el otro lado de la moneda, que rara vez gobiernos, empresas e iniciativas internacionales, como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), señalan en sus informes sobre el desarrollo de la actividad extractiva en los países, es la de los daños sociales, ambientales y climáticos que, por su propia naturaleza, genera. Tampoco incluyen información sobre la sistemática violación de derechos humanos y, en especial, de los derechos de los pueblos indígenas y tribales que acompaña a la actividad extractiva; pues como señala acertadamente el periodista e investigador uruguayo Raúl Zibechi, el extractivismo implica características del estado de excepción permanente, ya que “allí donde se instala el modelo extractivo, las leyes, las protecciones legales a las poblaciones desaparecen”.

 

Ante este hecho, no debería sorprendernos que la explotación de minerales e hidrocarburos, pero también de otros tipos de extractivismo como el hidroeléctrico, el forestal y el agrícola, entre otros, sea una causa permanente de conflicto social y ambiental en América Latina. Por dar sólo un dato, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) tiene identificados, al menos, 210 conflictos provocados por 220 proyectos mineros y que afectan a 315 comunidades. En la lista de países donde estos conflictos ocurren, México se lleva la palma con 37 casos, seguido muy de cerca por Perú y Chile con 36 casos cada uno, Argentina con 26 y, ya más alejado, Colombia con 13. Sin embargo, es importante también mencionar la situación de países que, como Honduras, presentan un número menor de conflictos (en este caso cuatro), pero en los cuales la violencia, hostigamiento, criminalización y asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos es especialmente flagrante.

 

Según un estudio que Global Witness publicó en 2015, de los 116 asesinatos de activistas ambientales y territoriales ocurridos en 2014 que se pudieron identificar (pues existen serios vacíos de información que hacen temer una cifra aún mayor), tres cuartas partes ocurrieron en la región latinoamericana. El país más peligroso es Honduras, donde ha habido 111 asesinatos de activistas entre 2002 y 2014, de los cuales 40% de las víctimas eran indígenas. El desarrollo de actividad hidroeléctrica, minera y agroindustrial es la principal causa de estas muertes violentas.

 

El más reciente caso, ocurrido hace tan sólo unas semanas, es el vil asesinato de Berta Cáceres, líder indígena lenca integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Ataque del que también fue víctima Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, organización mexicana, y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero, a quien aún no se le ha permitido salir de Honduras, pese al riesgo en que está su vida. Días después, fue asesinado el compañero Nelson García, también del COPINH. Este Consejo, así como una diversidad de organizaciones y actores nacionales, regionales e internacionales, denuncian que estos no fueron casos aislados, si no que se dan en un marco generalizado de ataque a defensoras y defensores del territorio. En concreto, señalan su relación directa con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y responsabilizan a la empresa Desarrollos Energéticos.

 

Estos hechos muestran, además, los enormes intereses detrás de los proyectos extractivos y la arraigada corrupción, colusión e impunidad existentes en los países de nuestra región, donde rara vez se hace justicia por estos asesinatos o se ponen en marcha medidas que garanticen la no repetición de actos semejantes. En el ataque a Berta, Gustavo y Nelson y la investigación oficial que le ha seguido se pone de manifiesto cómo los gobiernos se alían con las empresas para llevar adelante proyectos por encima de la voluntad de las poblaciones que habitan los territorios que son invadidos y ocupados sistemáticamente por la actividad extractiva.

 

Ahora, ante la caída del precio de minerales e hidrocarburos esta situación corre el riesgo de agravarse, un nuevo panorama se está abriendo. La disminución en la rentabilidad de los proyectos y en la generación de renta pública, está tratando de ser compensada con un aumento de la producción, que conlleva la ampliación de la frontera extractiva. Pero, además, también viene asociada al debilitamiento de la institucionalidad y regulación social y ambiental, la neutralización de la legislación sobre derechos humanos, la reducción y cierre de espacios a sociedad civil, un aumento de la represión, la limitación del acceso a la información y la regresión fiscal. De esta manera se pretende continuar el modelo extractivo cueste lo que cueste y le pese a quien le pese, dirigiendo a la región a una carrera hacia el fondo.

 

En este panorama, se hace cada vez más urgente la construcción de alternativas al extractivismo. Para ello, se necesita la participación y propuestas de la población, especialmente de aquella que vive y ama los territorios, como es el caso de Berta, el COPINH y tantos pueblos a lo largo de nuestra América. Por eso, el ataque a las y los defensores de los territorios es un ataque contra todas y todos, contra la humanidad, porque, además de la perdida de vidas, atenta contra la construcción de otros modelos y modos de vida que no pongan en peligro a la población y el medio ambiente de la región. Modos que protejan al planeta entero, si consideramos el impacto de la actividad extractiva sobre el cambio climático.

 

Es por ello que, desde la RLIE y PLQP, nos sumamos al llamado de justicia para Berta y Nelson y de seguridad para Gustavo y el COPINH. Exigimos que estos y todos los otros ataques contra defendores y defensoras sean investigados, los verdaderos responsables sean llevados ante la justicia y se establezcan medidas que garanticen la no repetición.

#JusticiaParaBerta
#SeguridadParaGustavo

Pronunciamiento por el Día de Acción Internacional contra las Represas y en Defensa de los Ríos

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Hoy 14 de marzo, día de acción internacional contra las Represas y en Defensa de los Ríos, varias organizaciones chiapanecas, incluyendo Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, miembros del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos – Chiapas (MAPDER Chiapas), del Frente Chiapaneco en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida, del Frente popular del Soconusco 20 de Junio y del Movimiento Libre de la Costa y Sierra Chiapaneca 16 de Febrero, organizamos una conferencia de prensa y una movilización en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, para reiterar nuestro rechazo a la multiplicación de represas en la entidad y nuestra determinación a defender nuestro territorio ante los proyectos de muerte.

Este día de acción global contra las represas fue marcado por el homenaje a la ambientalista hondureña Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien luchaba dignamente contra el proyecto de presa Agua Zarca en su país. También nos solidarizamos con el compañero Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra México, herido durante el ataque contra Bertha y retenido arbitrariamente en Honduras desde hace 11 días (Aquí pueden firmar nuestra acción urgente para exigir su retorno a México).

Les compartimos nuestro pronunciamiento:

PRONUNCIAMIENTO 

14 de marzo: Día de Acción Internacional contra las Represas y en Defensa de los Ríos

“Vos tenés las balas… yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse.”
Bertha Cáceres.

Los proyectos de represas han desplazado a miles de personas en el mundo e impactado los ríos y los ecosistemas de pueblos indígenas y campesinos. En Latinoamérica han surgido diversos movimientos para organizarse en torno a la defensa de los ríos y el territorio con el fin de proteger el patrimonio cultural e histórico, el medio ambiente y los derechos a la alimentación, la salud, la consulta, entre otros.

El día de acción internacional contra las represas surgió en Curitiba, Brasil, en 1997, durante el primer encuentro mundial de afectados/as por las represas con el fin de demostrar que somos miles quienes nos oponemos a estos proyectos de muerte. Es falso que son proyectos sustentables de “energía limpia”, sabemos que detrás de ellos existe una gran inversión pública y privada que se impone por encima de los derechos humanos y de la naturaleza. Empresas como Oderbrecht, Abengoa, Hidralia, Iberdrola, son fondeadas por diversos bancos internacionales con el pretexto de aportar el “desarrollo” en los países donde se instalan, o el abastecimiento de agua y energía para los pueblos, cuando se ha comprobado que son proyectos complementarios a grandes proyectos económicos que benefician a las empresas: minería, puertos, corredores económicos, entre otros.

La imposición de las represas ha causado grandes conflictos por el ejercicio de  la violencia, la intervención militar, las técnicas de inteligencia policiaca; sobre todo ha derramado sangre y vida de los pueblos que se han entregado a defenderse del gran capital. Tal es el caso de nuestra compañera Bertha Cáceres, asesinada el 3 de marzo en Hoonduras, y del sobreviviente Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México, herido durante el ataque contra la luchadora. Ambos son miembros de la Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos y sus Comunidades (REDLAR). Bertha, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) que coordinaba y el pueblo Lenca son una muestra de la digna lucha por los ríos. Es por esta razón que hoy la citamos: “Vos tenés las balas… yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse”. Porque queremos gritar que somos fuertes, que su ejemplo de vida será semilla para defender cada uno de los ríos de Latinoamérica y del mundo de los intereses de las empresas y del modelo extractivista.

Hoy Chiapas se pronuncia por:

1. La cancelación definitiva de todos los proyectos de represas planeados y otros que contaminen y destruyan los ríos de Chiapas;
2. El alto a la criminalización de los pueblos en defensa del territorio, las amenazas y la coerción de los pueblos en Chiapas;
3. La justicia para la familia de Bertha Cáceres, el pueblo Lenca y el COPINH: que se abra una línea de investigación independiente del asesinato que ayude a esclarecer el caso;
4. La cancelación definitiva del proyecto de presa hidroeléctrica Agua Zarca en Honduras, contra el que lucha el COPINH;
5. El retorno inmediato de Gustavo Castro a México: que continúe realizando sus diligencias desde acá y se le otorguen las condiciones necesarias para salvaguardar su salud física y psicológica.

FIRMAN:

EL MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS – CHIAPAS (MAPDER-CHIAPAS)

EL FRENTE CHIAPANECO EN DEFENSA DEL AGUA, EL TERRITORIO Y LA VIDA

EL FRENTE POPULAR DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO

EL MOVIMIENTO LIBRE DE LA COSTA Y SIERRA CHIAPANECA 16 DE FEBRERO

 

Más fotos de nuestra acción en Tuxtla aquí

 

Audios de la conferencia de prensa

Argumentos de la Demanda Colectiva contra la siembra de maíz transgénico

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Fundamental mantener la suspensión y entrar al fondo de los argumentos en la Demanda Colectiva contra la siembra de maíz transgénico:
·  La suspensión debe mantenerse en tanto se discuten a fondo los argumentos
·  Argumentos dejan ver contradicciones del Gobierno mexicano y empresas transnacionales en los documentos que integran el expediente de la Demanda Colectiva contra el maíz transgénico
·  Aceptan reiteradamente el contagio del maíz nativo por los transgénicos

demandacolectivamaiz.mx
Un grupo de científicos y más de 20 organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, de consumidores, de derechos humanos y abogados forman la Colectividad del maíz que enfrenta a grandes empresas monopólicas de semillas ante la siembra de maíz genéticamente modificado hace 32 meses. A través del proceso jurídico se logró la suspensión provisional, a pesar de que las instancias de gobierno demandadas buscan defender un negocio de cinco empresas trasnacionales, declaró Adelita San Vicente, representante de la Colectividad e integrante de la organización Semillas de Vida. “Estamos ante una nueva definición en el Poder Judicial de la Federación en la que el Magistrado Soto Sánchez puede concedernos la suspensión definitiva de la siembra de maíz transgénico en México y con ello pasar a la historia como el Juez que protegió nuestro maíz.”
Hoy se enfrenta una nueva etapa, ya no se trata de suspender provisionalmente la siembra, sino de elevar la medida al grado de definitiva lo que implica que la suspensión se mantenga durante todos los trámites judiciales, o bien que se elimine la suspensión y se permita la siembra, como nos explica Colectivas A.C.  Es momento de entrar al fondo de los argumentos antes de tomar la decisión que afectaría al principal alimento de los mexicanos.
De acuerdo con el análisis de actas e informes[1], realizado por el equipo jurídico de la Colectividad, que el Gobierno federal y las empresas rindieron ante tribunales federales, en el juicio, a lo largo de los 32 meses de litigio, se han visto obligadas a confesar que sus argumentos carecen de sustento, aun cuando públicamente argumentan a favor, con lo que caen en contradicciones. “Públicamente nos hacen creer una cosa, pero ante la justicia reconocen la realidad”.
Públicamente hacen creer que:
A.    El maíz transgénico es seguro porque puede coexistir con los maíces nativos sin contagiarlos.
B.    Los transgénicos pueden coexistir con los maíces nativos  sin consecuencias negativas.
C.    Si los maíces nativos se contagiaran de transgénicos habría un supuesto beneficio de resistencia a plagas.
D.     La siembra de transgénicos es segura porque se han practicado evaluaciones.
E.    Si los maíces nativos se contagiaran de transgénicos no habría afectaciones al medio ambiente.
Ante la justicia reconocen que:
a.      Los maíces nativos serán contagiados de transgénicos como consecuencia del flujo entre las distintas regiones del país. En lacontestación que Monsanto envió a los jueces reconoció que hay flujo génico de maíces híbridos (que sí son genes de maíz) a maíces nativos de diferentes regiones. En otras palabras, si se siembran transgénicos (que tienen genes que NO son de maíz), el flujo génico de éstos contagiaría a los maíces nativos de las diferentes regiones del país.
b.     Si se siembra maíz transgénico no se podrá realizar el libre intercambio de semillas, sin que se contagien de transgénicos.Syngenta reconoció en su contestación al Juez, que para evitar flujo de semillas transgénicas hacia nativos o criollos son necesarias las barreras físicas que impidan a productores y campesinos trasladarlas,intercambiarlas y hasta venderlas. Si se siembran transgénicos nada de esto podría realizarse sin contagiar a los nativos.
c.      Si los maíces nativos se contagian de transgénicos, su entorno se verá afectado. Al contestar al juez, la Sagarpa afirma:
1. Que ante el contagio de transgénicos a maíces nativos…
2. Habría un supuesto beneficio…
3. RECONOCE que con ello se modificaría el entorno…
4. Afectar el entorno implica violar el derecho humano a la conservación de los elementos específicos de la especie maíz.
5. RECONOCE que los contagios continúan activos generación tras generación y su propiedad insecticida también continuará afectando organismos de los agro-ecosistemas.
d.       A pesar de que debiera existir CERO caso de nativos contagiados de transgénicos, el gobierno encontró 89 casos. En un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la SEMARNAT, que presentamos a los jueces, se encontraron 89 casos de maíces nativos contagiados por transgénicos, en 6 estados del país durante la última década. Conforme a la Ley ninguno de los 89 casos debió suceder. Por lo que resulta obvio que si se siembran a gran escala los transgénicos contagiarían todo el territorio mexicano. Algunas consecuencias son que los campesinos perderán el derecho a elegir, pues la presencia de transgénicos sería generalizada; igualmente se verían afectadas actividades como la cocina mexicana, que es patrimonio mundial de la humanidad, dejarían de ser libres de transgénicos.
e.      Las generaciones futuras tienen el derecho humano de utilizar la diversidad de maíces nativos, en el entorno donde se desarrollaron (sin transgénicos). Una vez reconocido ante los jueces que los transgénicos contagiarían a los maíces nativos, también se afectaría a las generaciones futuras protegidas por el CONVENIO  DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Nuestros hijos tendrían que enfrentar cambios climáticos con maíces contagiados de transgénicos. Por tanto también perderían los mercados de libres de transgénicos.
Al respecto la Doctora Elena Álvarez- Buylla, Presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, investigadora titular C del Instituto de Ecología, y Consejo Asesor del Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM declaró que “la Ley de Bioseguridad, tiene un régimen especial de protección especial, justamente para estos cultivos que se originaron y se diversificaron en el territorio mexicano, que implica el que no pueden ser arriesgados por la liberación de maíces o cultivos transgénicos en otros casos y que se requiere la aplicación irrestricta del principio de precaución. No importa dónde se liberen los maíces transgénicos, aunque no haya a pocos o cientos de metros de distancia, eventualmente esas semillas van a encontrar su paso, por polinización o por intercambio, a poblaciones de maíces nativos y empezará el proceso irreparable, impredecible, irreversible e inaceptable desde el punto de vista cultural, riesgosas e inclusive peligrosas para el ambiente, para la biodiversidad y para la salud, entonces no es posible la coexistencia.”
René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas, explica: “Lo que nosotros planteamos en esta demanda es que se deben negar los permisos porque no hay forma de controlar siembra de maíz transgénico, es como aventarlos al aire, va haber flujo por polinización cruzada o por el flujo de semillas, es decir que un campesino toma la semilla y la mezcla con la suya en sus parcelas y esto es un gran fluyo genético que existe en nuestro país y es imposible pararlo, la única forma que existe de protegernos de esos riesgos a la salud y al medio ambiente, es negar esos permisos. La medida precautoria de carácter definitivo que estamos solicitando en este momento al Segundo Tribunal Unitario en materia civil consiste en que antes de que se nos conceda la razón o no, durante el juicio no se pueda sembrar porque si se sembrara habría un daño irreversible. La afectación se daría en esencia a tres derechos humanos: la conservación del entorno, el libre intercambio de semillas, las aspiraciones de generaciones futuras, todo protegido por la constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.”
Públicamente hacen creer que:
F.     Los transgénicos de maíz están debidamente aprobados por las autoridades sanitarias.
Ante la justicia reconocen que:
f.      Las autoridades sanitarias NO evalúan los impactos de la siembra de transgénicos de maíz, lo que significaría que todo el maíz que comeríamos sería transgénico. En la opinión que la Secretaría de Salud dirige a los jueces, se acepta que no hay ni habría estudios sanitarios sobre la siembra de maíz transgénico, puesto que se declaran incompetentes en la materia.
Emanuel González Ortega, investigador postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, declara: “Hemos hecho revisiones de la literatura científica sobre los efectos por el consumo de organismos genéticamente modificados y la exposición a los herbicidas que acompañan a estos cultivos, como el glifosato, e indudablemente llegamos a la conclusión de que la siembra a nivel comercial de maíces transgénicos en México causará un grave daño a la salud de la comunidad, a nivel de campo la siembra masiva expondrá a las comunidades rurales a una exposición a los herbicidas que acompañan a este tipo de cultivos transgénicos, uno de éstos es el glifosato. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente lo clasificó como probablemente cancerígeno para humanos. Además, investigaciones científicas han relacionado al glifosato con el aumento de diversas enfermedades; tales como desórdenes del espectro autista, una gama de afecciones degenerativas, aparición de linfomas, daños renales y hepáticos, daños al sistema reproductivo e incluso malformaciones congénitas tales como microcefalia, malformaciones craneoencefálicas, incluso espina bífida.”
Públicamente hacen creer que:
G.    Los transgénicos producen más toneladas que los demás.
H.    Los transgénicos pueden tener mejor  rendimiento porque aunque no produzcan más, podría ser más barato producirlos.
Ante la justicia reconocen que:
g.     Los transgénicos NO producen más. En la contestación de Sagarpa a los jueces, reconoce que los transgénicos NO incrementarían la producción de maíz.
h.     Producir transgénicos es más caro que los demás. Las semillas transgénicas son más caras, así lo reconoció la CIBIOGEM (Comisión del gobierno encargada del tema) a través de la opinión que envió a los jueces, la que enumeró diversas investigaciones científicas que financió. Las autoras de uno de estos estudios explicaron a los jueces que en su investigación documentaron el incremento en los costos.
El Doctor Antonio Turrent Fernández, Investigador Titular C en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP y miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad UCCS, señala: “La SAGARPA en la opinión que emitió en los tribunales con respecto a esta demanda, reconoce que no se esperan que los organismos genéticamente modificado rindan más que los no transgénicos. Hay alternativas, desde un grupo de investigadores del INIFAP y del COLPOS, hemos estado estudiando México tiene reservas de tierras de calidad agrícola y de agua dulce que permitirían con tres millones de hectáreas, que ya están dedicadas a la agricultura con pastizales, con ecosistemas introducidos pero que están subutilizadas, podríamos producir la diferencia para llegar al orden de 50 millones de toneladas anuales, que es muy cerca del doble de lo que el país está requiriendo actualmente y esa sería la opción que tiene el país para recuperar su autosuficiencia sin recurrir a la tecnología transgénica.”
Pánfilo Hernández Ortiz, integrante de la organización campesina Grupo Vicente Guerrero del estado de Tlaxcala, explica: “Para los campesinos la producción de maíz criollo nativo es muy importante ya que depende de este maíz para la alimentación de las familias campesinas. En el estado de Tlaxcala el ciclo productivo es de temporal pero tenemos una producción bastante buena, años anteriores hemos obtenido aproximadamente de 3 a 4 toneladas por hectárea. Estos maíces son la riqueza que los campesinos han venido guardando, reproduciendo y que también tienen temor de perderlo ante la entrada de algunas semillas que podrían ser transgénicas o en el caso de las híbridas que no son productivas, en cambio las nativas criollas se enfrentan a las condiciones climáticas de cada año, en diferentes parcelas los campesinos sembramos toda esta diversidad de colores.”
Emiliano Flores Franco, campesino originario de la comunidad Vicente Guerrero, Españita, Tlaxcala, recalca: “Mi familia y yo hemos trabajado las parcelas, hemos sembrado diferentes tipos de maíces criollos nativos que nos dan la facultad y privilegio de que con estos maíces podemos acompañar otros cultivos como el frijol, haba, calabaza, chícharo, tomate, chile u otros más que se puedan asociar con los maíces. Sentimos que son muy importantes porque con los híbridos y ahora los transgénicos no se pueden asociar o combinar otros cultivos que son fundamentales para la alimentación familiar campesina.”
Públicamente hacen creer que:
I.      Los transgénicos representan avances en investigación científica.
Ante la justicia reconocen que:
i.      Las empresas trasnacionales buscan explotar a los transgénicos comercialmente y en forma exclusiva. En la contestación dirigida al juez, Syngenta reconoce que con la siembra de maíz transgénico las empresas transnacionales buscan aprovechar y explotar en forma exclusiva su tecnología, lo que significa que sólo buscan ganancias comerciales; es decir que no tienen fines científicos como algunos afirman.
Raúl Hernández Garciadiego, Director General de Alternativas y Procesos de Participación Social, puntualiza al respecto de la opinión que emitió CONACYT a petición del juez respecto de las implicaciones que esta medida cautelar puede causar o no a la investigación científica, en donde llama la atención que dedica gran parte de su opinión a defender la biotecnología, siendo que la colectividad no ataca ni pone en juicio a la biotecnología, sino que la medida cautelar únicamente pretende detener durante el juicio la liberación al ambiente de maíces genéticamente alterados para conservar la materia del juicio. Los datos de la CONACYT no respaldan su opinión de que la suspensión judicial afectaría la investigación científica. La medida provisional obliga a la SAGARPA y a SEMARNAT a abstenerse de efectuar “procedimientos tendentes a la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados del maíz, así como de otorgar los permisos relativos”, pero se precisa “sin perjuicio de que puedan efectuarse estudios científicos que determinen la viabilidad o no del otorgamiento peticionado”, con lo que de ningún modo se impide la investigación.
Finalmente, el Padre Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, hace un llamado a la ciudadanía para que mediante la difusión de estas contradicciones se les pueda hacer ver a los jueces que los requisitos para sembrar transgénicos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados no se están cumpliendo y que debe suspenderse definitivamente la siembra durante todo el juicio.

Informes y contacto:
http://demandacolectivamaiz.mx/wp/

Conacyt: dineros públicos para empresas ecocidas

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Juan Carlos Ruiz Guadalajara, La Jornada

En un episodio más de desprecio hacia la sociedad mexicana y su patrimonio, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, ha aprobado la entrega de $7,232,516 (siete millones, doscientos treinta y dos mil quinientos dieciseis pesos) a la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX). No sería, ni de lejos, la primera vez que empresas asociadas a la ilegalidad o al crimen organizado accedieran a recursos públicos de programas gubernamentales diseñados para apoyar al sector empresarial. Un caso reciente de escándalo es el de las empresas que operan en territorio mexicano ligadas al lavado del dinero generado por actividades delincuenciales, principalmente el narcotráfico: como lo ha señalado Edgardo Buscaglia, en la lista de corporaciones y personas vinculadas al crimen organizado, elaborada por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aparecen boletinadas empresas asociadas al lavado de dinero de El Chapo Guzmán. Tres de ellas han sido beneficiarias de programas administrados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa): Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, la estancia infantil Niño Feliz y la Cooperativa Avestruz Cuemir.

 

Esta última, de acuerdo con información de Jesusa Cervantes, recibió de Sagarpa en 2011 poco más de 2 millones y medio de pesos para «modernización de instalaciones». A pesar de contar con esta información, el gobierno mexicano mantiene la inacción producto de lo que el mismo Buscaglia denomina como «pacto de impunidad».

¿Tendrá idea el doctor Enrique Cabrero, potosino y director del Conacyt, de todas las ilegalidades cometidas por la trasnacional canadiense MSX en San Luis Potosí? ¿Estará enterado de cómo en sólo ocho años, sin autorizaciones, despojando tierras, induciendo el odio y la violencia social, traficando influencias y en medio de una de las historias más vergonzosas de corrupción político-empresarial, esta minera arrasó con cientos de hectáreas de patrimonio biocultural originalmente protegido y pulverizó el histórico Potosí? ¿Sabrá, por ejemplo, que durante al menos un año la MSX, por negligencia, arrojó por sus hornos a los cielos del valle de San Luis toneladas de polvos con altas concentraciones de mercurio y cadmio? ¿Tendrá alguna idea de los daños irreversibles que a toda la región ha provocado la MSX con su depredador y súbito proyecto de tajo a cielo abierto? ¿Sabrá que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha dado entrada a la queja de Pro San Luis Ecológico en contra de las violaciones a los derechos humanos del gobierno mexicano al haber protegido la operación ilegal de MSX?

Aún más, ¿Enrique Cabrero tendrá idea de que esta empresa sigue ilegalizada y que ha utilizado a instituciones como la UNAM, la UAM Azcapotzalco, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ahora el Conacyt para intentar lavar su imagen y legitimarse? ¿Conocerá a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores que no han resistido la tentación de arrimarse fondos y viajes colaborando con MSX? ¿Ignora acaso que MSX es una empresa canadiense y que los fondos de innovación son para empresas mexicanas? ¿Sabe el doctor Cabrero y sus colaboradores que la canadiense MSX ha obtenido en sólo ocho años, según sus poco confiables declaraciones, 850 mil onzas de oro y más de 12 millones de onzas de plata, lo que le ha dado ingresos de aproximadamente mil 500 millones de dólares? ¿Tiene idea del daño ambiental, social, cultural y legal que nos ha causado esta trasnacional a los mexicanos presentes y futuros…?

Porque si el director del Conacyt y sus colaboradores ignoran esto, que no deberían ignorar, podemos sospechar que la máxima instancia rectora de la política pública de ciencia y tecnología de México está siendo infiltrada, saqueada y utilizada por tecnólogos al servicio de empresas urgidas de blanquear sus ilícitos. Aunque prefiero pensar que estamos ante un caso de ignorancia y no de connivencia, porque de ser esto último el Conacyt profundizaría aún más el déficit de credibilidad y confianza que los científicos duros y sociales seguimos acumulando a ojos de una sociedad humillada, saqueada por la corruptocracia que nos gobierna o por el crimen organizado que nos asfixia.

Y no es para menos. Frente al escándalo de los recurrentes plagios, de los comunes casos de explotación de estudiantes, del autoritarismo académico, del acoso sexual machista hacia las mujeres científicas, del clientelismo burocrático-académico, de las actitudes mercenarias de quienes han cultivado gozosamente las relaciones perversas entre la ciencia y la lógica del mercado, o de la claudicación de quienes han renunciado al cultivo de la ciencia para la vida, frente a todo ello y más, no queda sino plantear la necesidad urgente que tenemos como comunidad científica de un giro radical que privilegie la ética y el servicio. En pocas palabras, transitar hacia una nueva praxis y reinventarnos.

El doctor Enrique Cabrero debe dar muestras de autoridad moral. La comunidad científica, por su parte, debe exigir que se suspenda la entrega del dinero público a una empresa trasnacional ecocida. Si en verdad Conacyt quiere invertir para el bien común recursos de los mexicanos en algún proyecto asociado a la MSX, sugiero que hagamos nuestra la propuesta que hace dos semanas me hiciera el doctor Víctor Toledo cuando lo llevé a conocer in situ el desastre del cerro de San Pedro. Toledo propuso hacer de la zona un museo de sitio para la concientización de las presentes y las futuras generaciones: el Museo del Ecocidio. ¿Habrá fondos Conacyt para ello?