Por Juan Ives Palomar, en Subversiones
Las familias de Acasico, un pequeño pueblo en Jalisco, situado a 140 kilómetros de Guadalajara, viven en medio de la incertidumbre y la desconfianza debido a la amenaza latente del mega proyecto de la presa El Zapotillo.
La comunidad se encuentra en el corazón de los territorios amenazados por los planes de inundación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Los vecinos de este pueblo, junto con los de Palmarejo y Temacapulín, deben de ser desplazados del territorio que históricamente han habitado, según las proyecciones del proyecto y el gobierno mexicano.
En contraste con siglos pasados, en la actualidad, Acasico cuenta con aproximadamente 200 habitantes. Por su parte, Flamacordis, que es un poblado hermano que se encuentra a unos metros cruzando el río Ancho, está prácticamente vacío. La mayoría de las casas de «aquel lado» (como dicen los vecinos) son ya viejas ruinas de adobe, solo una pequeña casa resiste conectada a algunos servicios. Hasta hace algunas décadas, en ambos pueblos que conectaban el municipio de Mexticacán con el de Yahualica de González Gallo, vivían centenares de campesinos según narra Francisca, una vecina de Acasico.
Durante la década de los 80, cuando los efectos de la implementación de «El Nuevo Modelo Económico» se comenzaron a sentir, se aceleró la migración del campo a la ciudad. De esta manera, Acasico y Flamacordis (como miles de otras comunidades rurales en todo el país) fueron perdiendo habitantes. «La gente se iba para el norte o para la ciudad desde que yo era chamaco, desde los años 50 algunos de nuestros padres ya se iban para luego regresar […] pero la cosa empezó a arreciar hará unos 20 años cuando los pueblos se empezaron a quedar sin gente pues cada vez más personas se empezaron a quedar allá, mejor» cuenta Don Eliodoro, otro vecino de Acasico.
Pasaron desde ese tiempo más de 25 años: el gobierno de Jalisco, la CONAGUA y el gobierno de Guanajuato anunciarían el inicio de la construcción de la presa el Zapotillo en el año 2006. Con el proyecto, resultarían afectadas e inundadas las comunidades de Acasico, Temacapulín, Palmarejo junto con más de 4,500 hectáreas de tierra para agricultura y ganadería.
Actualmente, la vorágine del neoliberalismo no sólo nos arroja a los horizontes más conocidos del horror; como Ayotzinapa, Tlatlaya, la guardería ABC, Ostula, Apatzingán y la guerra contra el narcotráfico, sino también persiste en hacernos recordar crueles y despóticos proyectos de exclusión como las presas: la Parota en Guerrero, el Paso de la Reyna en Oaxaca, Las Cruces en Nayarit o El Zapotillo en Jalisco.
En el caso de la presa El Zapotillo, el gobierno mexicano a través de la CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua (CEA), ha dado a entender que esta comunidad de campesinos, agricultores y pescadores herederos de texcuesques y caxcanes estorba el camino de este nuevo mega proyecto. De nuevo el mal llamado «desarrollismo» mexicano esgrime que la justificación del proyecto es la relación utilitaria de costo/beneficio según la cual esta afectación a unos pocos, traerá un beneficio para la mayoría de las personas.
El proyecto, dicen, pretende subsanar el déficit de acceso al agua que tienen los habitantes de las ciudades de León y Guadalajara. El argumento falaz va así: El Zapotillo servirá para aliviar la presión ejercida sobre la cuenca Lerma-Santiago.
Bajo esta justificación, el proyecto fue licitado y ha sido construido en diferentes etapas por las constructoras La Peninsular, Grupo Hermes, FCC y Abengoa, mismas que a la fecha, en conjunto, ya se han echado a la bolsa más de 14 mil millones de pesos en la construcción de la infraestructura hídrica. Casualmente, en el proyecto original no se menciona nada de El Puerto Seco ubicado en el estado de Guanajuato, que consume 64 litros de agua por segundo y que aloja las naves de producción de diversas transnacionales. Esta omisión, de la mano del compromiso existente desde el foxismo de atender las necesidades de los industriales del Bajío, ayudan a entender quién recibirá el beneficio derivado de la construcción de la presa.
Así, después de más de 7 años de haber anunciado la construcción de la presa, apenas en junio de 2015 empezó la construcción del «Nuevo Acasico»: una aglomeración de casas construidas a la usanza del INFONAVIT que costará más de 540 millones de pesos al erario público, diseñada con una distribución de espacios y calles que nos recuerda a los ‘cotos’ citadinos, situada en la cima de una árida colina. Pareciera que ni el gobierno federal ni el estatal aprendieron del rotundo fracaso del proyecto «Nuevo Talicoyunque», un desarrollo al que se pretendió trasladar sin ningún éxito a los vecinos del pueblo aledaño de Temacapulín, Jalisco.
Todo esto está muy lejos de las grandilocuentes declaraciones de José Elías Chedid, el director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP) quien afirma que el Comité Mixto del proyecto ha otorgado «confiabilidad» a la reubicación de Acásico (Informador, 2015). Vecinos de la comunidad afirman que quienes participan en esta organización están involucrados directamente con la organización «México Sustentable» que es parte de la Fundación Desarrollo Sustentable A.C, un organismo que en complicidad con las dependencias gubernamentales se ha dedicado a convencer a los pobladores de vender sus propiedades, enmascarándose bajo la supuesta atención psicológica de los pobladores y un uso faccioso en medios de comunicación del discurso del respeto a los derechos humanos.
«Las reuniones de estas personas suelen ser en lugares cerrados, la mayoría de las veces fuera del pueblo» asegura don Luis, uno de los vecinos que se ha resistido todos estos años a vender sus tierras, hecho que contradice las publicaciones de prensa que afirman que todos los habitantes ya han accedido a la reubicación. «La verdad no se sabe bien a bien cuantos y quienes ya vendieron, la cosa es que esos de CONAGUA y México Sustentable dividieron a las familias pagando de manera secreta y por separado las parcelas» comenta.
En fechas recientes, a más de 1 año de estar suspendida la construcción de la presa debido a varios recursos legales interpuestos por pobladores de la zona, el gobierno de Jalisco anunció que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) realizará estudios durante 16 meses en la cuenca del río Verde para analizar la viabilidad de los proyectos. Esta situación, lejos de brindar legitimidad al proyecto parece poner aun más en evidencia las irregularidades del proceso para construir la cortina de la presa hasta los actuales 79.6 metros. Las preguntas se acumulan, ¿cuánto hemos gastado los mexicanos en los últimos 25 años en estudios técnicos de la cuenca del río Verde? ¿no debieron de haber estado listos y verificados estos documentos tiempo antes de poner la primera piedra de la obra? Hoy ninguna respuesta basta para los moradores de la tierra hundida.
En el estado de Veracruz ya se realizan trabajos de fracturación hidráulica, sobre todo en la zona norte, de acuerdo con datos proporcionados por la Alianza Mexicana Contra el Fracking. Alejandra Jiménez, representante de esta organización ciudadana indicó que de los 940 pozos de fracturación hidráulica que existen en México, 349 se encuentran en Veracruz y, de éstos, 171 se ubican específicamente en el municipio de Papantla.
El Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos-Chiapas (MAPDER) y los Pueblos Unidos por la Cuenca La Antigua por los ríos libres convocan:
Al Bundestag (a los diputados alemanes quienes no estén a favor de aprobar una infamia biocultural),
RESPUESTA: Esta frase emula la mentira del ex-secretario de hacienda, Pedro Aspe, quien tuvo el cinismo de afirmar que en nuestro país “la pobreza es un gran mito”, a sabiendas de que en México tenemos un altísimo índice de pobreza extrema. Así que el representante de la CAMIMEX también miente al asegurar que la minería tóxica es un gran mito, pues un proceso que por cada proyecto usa MILLONES de kilogramos de tóxicos como el CIANURO y desecha al medio ambiente MILLONES de kilogramos de ARSÉNICO, METALES PESADOS (PLOMO, MERCURIO, CADMIO, CROMO, etc.) y ELEMENTOS RADIACTIVOS (URANIO, TORIO, etc.), todos ellos altamente tóxicos y dañinos para la salud, se ha ganado a pulso la nominación de MEGA MINERÍA TÓXICA.
Los bienes comunes naturales en Chiapas son inmensos. El estado posee más del 30 por ciento del agua superficial del país, y una de las mayores regiones biodiversas no solo de México sino de la región mesoamericana. Sin embargo, la dinámica del capitalismo de convertir todo en mercancía, con precio y dueño, hace que los bienes comunes naturales se conviertan en recursos en disputa. Esto transforma a cada rincón de la entidad en una olla de conflictos socioambientales, en una lucha por el territorio, por la vida. Quizás por ello sería más conveniente llamarle conflictos socioterritoriales, porque impactan todos los ámbitos de la vida, la cultura, el espacio vital, la alimentación, el agua, los lugares sagrados, el paisaje, la salud, en fin, las posibilidades de disfrutar la vida plena.
El presente documento es la sistematización del Seminario Internacional “Extractivismo en América Latina … Agua que no has de beber”, realizado durante los días 21 y 22 de agosto de 2014, en la ciudad de Santiago, Chile. La actividad suponía varios desafíos, ya que a pesar de ser Chile un país marcadamente extractivista hace décadas, el concepto extractivismo es desconocido, aunque no los impactos socioambientales que este modelo de desarrollo trae consigo.