Elisa Jeanneht Armendáriz-Villegas y Alfredo Ortega-Rubio
La Jornada Ecológica
Es un tema ampliamente conocido la megadiversidad biológica de nuestro país, lo cual implica además de un elevado número de especies, riqueza de endemismos y de ecosistemas, una gran variabilidad genética. Desafortunadamente, existen hasta hoy mil 371 especies amenazadas y en peligro de extinción, lo cual nos ubica entre los primeros lugares mundiales en este tema. Algo que debe preocupar, no solamente a las autoridades responsables de cuidar un patrimonio que pertenece a todos, sino también a la ciudadanía.
Respecto a la deforestación, hemos perdido el 27 por ciento de la superficie original de bosques, 42 de selvas y 39 por ciento de pastizales. La pérdida de cubierta vegetal implica, entre otros efectos, menor captación de agua para las regiones cuenca abajo, una mayor erosión, pérdida del suelo y la destrucción o fragmentación del hábitat de muchas especies de animales nativos y endémicos.
Ante estos desafíos y al igual que en otros países, el gobierno federal ha implementado la protección de zonas en función de su elevada biodiversidad, por los servicios ambientales que otorgan, y en general por sus condiciones de unicidad biológica, ecológica o escénica. El sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP) es la forma institucionalizada de protección de la biodiversidad de mayor relevancia en el país, por lo que estos sitios gozan de mayor certeza jurídica.
Actualmente, alrededor de un 13 por ciento de la superficie nacional está destinada a las áreas naturales protegidas. Y aunque aún no existe un sistema integral y continuo de evaluación sobre su efectividad en conservación y manejo, en términos de evitar cambios en el uso de suelo se ha determinado que aproximadamente el 75 por ciento de las ANP mostró bajos porcentajes de transformación y de tasas de cambio en relación a sus entornos, lo cual es un indicador del buen estado conservación de estas áreas.
Sin embargo, las amenazas a la biodiversidad dentro y fuera del sistema ANP se han multiplicado e intensificado. Además del potencial incremento de la deforestación relacionada con crecimiento demográfico, existen a lo largo y ancho del territorio nacional numerosos proyectos de gran extensión en áreas rurales que generalmente no obedecen a los intereses de las comunidades locales. Entre los proyectos con mayor extensión territorial sobresalen las miles de concesiones mineras otorgadas por Secretaría de Economía en los últimos años.
Se realizó un análisis de la superposición que existe entre los polígonos de 24 mil 715 concesiones mineras otorgadas hasta 2010 (a la fecha ya son más de 27 mil) con las ANP federales. Se encontró que mil 609 concesiones mineras coinciden con un tercio de las áreas naturales protegidas federales (63), sobreponiéndose a casi un millón y medio de hectáreas de ANP.
El 30 por ciento de los títulos de concesión minera que coinciden con ANP, mencionan que extraerán metales preciosos (oro y plata), proporción que se eleva a 73 por ciento si se agregan los principales metales industriales (cobre, plomo, zinc, fierro, antimonio, molibdeno, mercurio y manganeso) y los polimetálicos. En contraste, el 9 por ciento de los títulos de concesión pretenden extraer minerales no metálicos, principalmente carbón, fluorita, barita, yeso, sal y dolomita. Adicionalmente el 11 por ciento de los títulos mencionan que extraerán “toda sustancia posible”.
Las ANP con más altos porcentajes de traslapo de concesiones mineras fueron: Rayón, en Michoacán (100 por ciento); Sierra La Mojonera, en San Luis Potosí (86 por ciento); El Chico, en Hidalgo (55 por ciento); Los Mármoles, en Hidalgo (52 por ciento); Sierra de Quila, en Jalisco (50 por ciento). Asimismo existen ocho más cuyos porcentajes van del 16 por ciento al 32 por ciento.
Las ANP de menor extensión mostraron en general porcentajes más altos de traslapo, lo cual podría involucrar una mayor vulnerabilidad al no tener espacios mínimos de supervivencia y recuperación en caso de aprobarse e iniciarse la extracción minera.
Respecto a las ANP de mayor extensión y con mayor traslapo, destacan las siguientes: las cuencas alimentadoras de los distritos nacionales de riego 004 (Coahuila) y 043 (Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas), Valle de los Cirios y El Vizcaíno, que juntas sumaron el 67 por ciento de superficie de las concesiones mineras en todas las ANP.
En estas cuatro ANP se esperaría una continua presión por parte de los titulares de concesiones, mayor dificultad en su protección en tanto que algunas de ellas no tienen programa de manejo (cuencas 004 y 043), o que los programas de manejo contemplan la permisividad ante la minería al no diferenciar entre sus tipos y escalas (Cirios y Vizcaíno).
La cuenca 004, así como otras ANP ubicadas en el noreste del país (Ocampo, Maderas del Carmen, cañón de Santa Elena, Cuatro Ciénegas) tienen un mayor número de concesiones sobre carbón, aunque también de minería metálica y flourita. Las ANP de la península de Yucatán, ría Lagartos, ría Celestún y Calakmul, tienen solamente concesiones sobre sal marina. En el resto de las ANP se encontraron principalmente concesiones sobre minería metálica.
Además de estas 63 ANP traslapadas con concesiones mineras, otras 22 presentan concesiones mineras en los 10 km colindantes a su alrededor. En el caso de ANP pequeñas esta situación es preocupante ya que, en proporción, las superficies concesionadas pueden ser hasta miles de veces más extensas que la propia ANP.
La mayor parte de las concesiones otorgadas se encuentran en fase de exploración, pero ya existe presión para pasar a la fase de explotación en varias ANP del noroeste, así como en las ANP de Mariposa Monarca, sierra de Manantlán y El Triunfo, entre otras. En junio de 2014 se otorgó el permiso ambiental al proyecto Los Cardones, para extracción de oro en la ANP sierra La Laguna, en Baja California Sur.
A la fecha, dicho proyecto se encuentra a la espera de obtener los permisos faltantes adicionales, pese al fuerte rechazo social que ha generado en los municipios de La Paz y Los Cabos. Esto se debe a que la sierra de La Laguna es la principal fuente de recarga de los acuíferos que abastecen a estos municipios en el estado más árido de la república.
Otro caso también en Baja California Sur, es el ANP El Vizcaíno, donde recientemente inició operaciones el nuevo Boleo, una megamina de manganeso-cobalto-cobre-zinc que operará por dos décadas. Los impactos negativos previstos tendrán influencia directa en los habitantes del poblado Santa Rosalía, en la vida marina del golfo de California y en la propia área protegida.
Respecto al traslapo por la categoría de manejo, se encontró que existen concesiones mineras principalmente en las categorías de áreas de protección de recursos naturales, reservas de la biosfera y áreas de protección de flora y fauna.
¿Qué tipo de efectos tienen los proyectos mineros de los que se habla? En México, la actividad minera se ha realizado durante siglos en pulsos de mayor o menor intensidad, bajo modelos socioeconómicos distintos, contribuyendo a la conformación de ciudades, culturas y economías regionales. En los últimos 25 años se ha presentado un nuevo pulso bajo un esquema socioeconómico muy distinto a los anteriores.
La minería actual en volumen y producción está centrada en minerales metálicos a gran escala, la cual representa escasos beneficios económicos a nivel regional (corto plazo) y elevados impactos ambientales en estas regiones (corto y largo plazo).
La minería metálica de antaño se hizo relativamente a baja escala sobre yacimientos muy ricos por lo que generaban menos desechos. Pese a ello, estas minas abandonadas continúan generando contaminantes. La minería metálica actual tiene la capacidad tecnológica de agotar yacimientos en el menor tiempo posible, a costa de remover enormes cantidades de roca para obtener el metal más escaso. Por eso mismo también la contaminación se genera en enormes cantidades.
La minería a pequeña y mediana escala tiene capacidad para remover cantidades menores a 2 mil toneladas de sedimento por día, mientras que la de gran escala es capaz de superar varias veces esta cantidad.
Los impactos ambientales de la megaminería metálica y la del carbón están documentados: contaminación de ríos y acuíferos con metales pesados, remoción de la cubierta vegetal y de grandes cantidades de escombros contaminantes, abatimiento de fuentes de agua, emisiones altas de gases y polvos a la atmósfera, enfermedades humanas, afectación a las actividades económicas locales y generación de entornos sociales de marginación y pobreza.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos reporta para el 2011 que la minería metálica fue la industria más contaminante con el 46 por ciento de los desechos totales. Si se suman a ellos los arrojados por la industria de fundición y refinamiento de la minería metálica, el porcentaje se eleva hasta el 55 por ciento, contrastando con el 0.7 por ciento de los desechos que fueron tratados o remediados.
Uno de los efectos documentados de la minería metálica y la de carbón es el drenaje ácido (principalmente en zonas húmedas), el cual arrastra otros elementos en la solución, típicamente arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, aluminio, y zinc. El Servicio Forestal de Estados Unidos estima que entre 8 mil y 16 mil km de los ríos de ese país son objeto de drenaje ácido. Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, establece que la minería ha contaminado el 40 por ciento de las cuencas hidrográficas de los estados del este.
En los últimos cuatro años han sido recurrentes las noticias de fallas en los contenedores en que se transportan y almacenan los insumos tóxicos requeridos para el procesamiento de la megaminería metálica. Es el caso del cianuro de sodio. Asimismo, ha sido recurrente el tema de los desastres ambientales ocasionados por las fallas en las presas de jales, sitios donde se almacenan los residuos tóxicos, incluyendo metales pesados, generados por este tipo de minería.
Por ejemplo, la misma empresa responsable de los desastres ambientales en los ríos Sonora, Bacanuchi y de tres ríos más en Taxco, Guerrero, ahora pretende instalar otra mina en el ANP valle de los Cirios y una más en el ANP Mariposa Monarca. La pretendida mina en el valle de los Cirios además tendría influencia en las ANP El Vizcaíno y el complejo lagunar Ojo de Liebre.
Si bien, el sistema de 176 ANP federales es representativo de parte de la riqueza y biodiversidad del país, aún faltan muchas regiones que requieren protección urgente. Existen otros espacios de gran relevancia para las especies y ecosistemas mexicanos que han sido delimitados por grupos de expertos, tales como los humedales, regiones terrestres, hidrológicas y marinas prioritarias y áreas de importancia para las aves. Muchas de estas zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad todavía no están representadas en el sistema ANP o lo hacen de manera parcial.
Además cabe mencionar que las ANP terrestres pueden tener una feliz coincidencia con áreas de recarga de mantos acuíferos. Pero salvo en algunos casos como lo es la declaratoria de las ANP sierra La Laguna en Baja California Sur y Cuatro Ciénegas en Coahuila; o con todo el curso del agua para la agricultura como las cuencas alimentadoras de los distritos de riego 001, 004, 026 y 043, usualmente son más bien los aspectos de biodiversidad, y no los hidrológicos, los que las definen.
En México, las regiones hidrológicas prioritarias de mayor concentración y extensión se localizan a lo largo de la sierra Madre Occidental y en las cuencas aluviales del norte del país, específicamente en las partes altas de los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Durango y Jalisco. Sólo una parte de ellas se encuentran actualmente protegidas en ANP, por lo que además de su importancia para la biodiversidad, también debería ser prioritario su valor hídrico para la conservación, considerando la problemática nacional en el tema del agua.
En este sentido, es necesaria la participación de la sociedad civil en el cuidado de los sitios importantes para la biodiversidad y la seguridad hídrica, tanto los que están o no en el sistema ANP. De dos formas: estando atentos a las actividades de exploración que las empresas hacen previamente a la explotación, y a que no se emitan los permisos necesarios para la explotación bajo este tipo de esquemas no tradicionales y altamente contaminantes (permisos de uso de suelo, cambio de uso de suelo forestal a minero, renta de tierras a propietarios).
Por su parte, las autoridades a las que corresponde emitir los permisos necesarios para la instalación de minas en ANP están por ley obligadas a salvaguardar el bienestar y la integridad de las mismas, no emitiendo permisos a las empresas promoventes que pretendan hacer exploración y explotación bajo los esquemas mencionados. Permisos que son independientes de las concesiones que se otorgan y que son necesarios para su operación.
Cabe enfatizar que por todas estas razones acerca de la importancia estratégica de las ANP para las nuevas generaciones de mexicanos, y por los impactos documentados que produce la megaminería metálica, la legislación actual debe modificarse urgentemente para que dejen de otorgarse concesiones mineras en ANP. Además de que las concesiones vigentes sean revocadas.
En ocasión del XIV Congreso Mundial Forestal, organizando por la FAO en Durban, Sudáfrica, entre los próximos días 7 a 11 de septiembre, nosotros, integrantes de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA), junto con diversas organizaciones sociales, estamos divulgando esta nota de repudio para manifestar nuestra indignación con la forma errónea y excluyente como la FAO está organizando, otra vez, una edición de este Congreso.
La situación por la que atraviesa México es alarmante. Las más de 23 mil personas desaparecidas en el país entre 2007-2014, según cifras oficiales[1], nos hablan de un contexto de violencia e impunidad excepcional en el que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo indignante y doloroso que es, sólo representa la punta del iceberg. Rara vez se va a la raíz del problema, se señala al crimen organizado como el causante de las muertes, las desapariciones y los ataques. En este sentido, es necesario resaltar que la violencia que vive el país tiene raíces mucho más profundas en las cuales el Estado tiene una gran responsabilidad. Entre otras razones, por instrumentar políticas que priorizan los intereses privados y empresariales sobre los públicos, por la falta de espacios de participación, por la debilidad institucional inducida, y por la pobreza y la marginación en las que subsiste una gran parte de la población, en especial la indígena.
El pasado mes de abril se aprobó en Brasil el uso comercial de eucaliptos transgénicos, a pesar de la fuerte resistencia local y la evidencia de que los eucaliptos transgénicos aumentan los impactos de las plantaciones industriales. Ésta es la primera aprobación de árboles transgénicos en América Latina. La solicitud provino de FuturaGene, una subsidiaria de la empresa de papel y celulosa Suzano. FuturaGene afirma que debido a que sus árboles transgénicos crecen más rápido, también absorben más dióxido de carbono. 
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Los días 17 a 19 de julio de 2015, se realizó en Roma el encuentro de representantes de comunidades afectadas por actividades mineras, organizado por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz (PCJP) en colaboración con la red latinoamericana Iglesias y Minería, con el lema “Unidos a Dios escuchamos un grito”.
Guatemala (
¡Hasta nunca Infinito Gold! Si bien con mucho retraso, la minera Infinito Gold por fin se despide de Costa Rica