Solidaridad con México: académicos y activistas piden a Abengoa que se retire del polémico proyecto de la presa de El Zapotillo

El gobierno mexicano proyecta construir una presa y trasvasar el caudal del río Verde de la zona ganadera de los Altos del Jalisco al área metropolitana de León. Varios organismos han denunciado la vulneración de derechos humanos que supone el proyecto. Abengoa se hará cargo de la construcción del acueducto y de la gestión del agua durante 25 años. El miércoles 24 de junio académicos y activistas de la defensa de la gestión pública del agua entregarán una carta en la sede de la multinacional pidiendo que se retiren del polémico proyecto.

Asociaciones Vecinales de Madrid

La guerra del agua que la directora española de cine Icíar Bollaín llevó a las pantallas en `También la lluvia’ ha saltado al vecino país de México. El gobierno federal mexicano plantea construir una presa en el río Verde para trasvasar su caudal desde los Altos del Jalisco, un territorio semiestepario en el que, a pesar de la relativa escasez del agua, se produce casi el 25% de la proteína animal de México, al área metropolitana de León, capital del vecino Estado de Guanajuato.

La construcción de la presa no solo supone inundar tres pueblos (Temacapulín, Acasico y Palmarejo), sino amenazar de forma directa el sustento económico de los Altos del Jalisco, en la que miles de familias viven de la ganadería gracias a las aguas subterráneas de unos acuíferos que ya en la actualidad se consideran sobreexplotados para trasvasar las escasas reservas hídricas a una zona urbana por un periodo de 25 años.

El Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, varias universidades mexicanas, el Observador de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el Tribunal de los Pueblos y el Tribunal Latinoamericano del Agua han denunciado que el proyecto amenaza los derechos humanos de la población que deberá desplazarse de sus hogares.

Dos multinacionales españolas están en el ojo del huracán: FCC, responsable de la construcción de la presa y Abengoa, responsable a su vez de la construcción del acueducto y de la gestión del agua trasvasada.

No es la primera vez que la empresa Abengoa se involucra en un proyecto social y medioambientalmente conflictivo en América Latina. Ya en 1999 formó parte del consorcio internacional de empresas que impulsaron la privatización del agua en Cochabamba y Bolivia, que dio lugar a la denominada “guerra del agua”.

El miércoles 24 de junio a las 16:30h Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, México; Joan Martínez Alier, catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona; Fermín Villarroya, miembro del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, México, y profesor de la Universidad Complutense de Madrid; Pedro Arrojo, miembro del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, México, y profesor de la Universidad de Zaragoza entregarán una carta a Abengoa firmada por más de 50 profesores y representantes de movimientos sociales defensores de la gestión pública del agua en España en la que piden su retirada de un proyecto que contradice los principios de responsabilidad social y ambiental corporativa que la multinacional dice defender.

Indígenas explican sus preocupaciones frente a mecanismo REDD en Costa Rica

¿Por qué NO?

RadioMundo Real

COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica está difundiendo un corto audiovisual en el que el indígena Urías Bejarano, representante del territorio ngobe de Conte Burica, comparte impresiones y preocupaciones sobre la estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques en los países en Desarrollo (REDD).

El breve testimonio fue grabado en una actividad realizada en la capital costarricense, San José, los días 19 y 20 de mayo, organizada por COECOCEIBA, con el fin de articular acciones de comunicación y organización comunitaria ante “la estrategia de secuestro de los bosques llamada REDD”, según informó a Radio Mundo Real Isaac Rojas, coordinador de esa organización.

Rojas, que es además el coordinador del Programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, nos señaló que la estrategia REDD se busca implementar en Costa Rica con la excusa de la lucha contra el cambio climático.

Por más información sobre el tema se puede consultar la web de COECOCEIBA: http://coecoceiba.org/

Vea el video aquí: https://vimeo.com/129928782

 

Emisiones netas cero: ni netas ni cero

Silvia Ribeiro, ALAInet

Mientras avanza el caos climático en el planeta y las previsiones de los científicos son cada vez más oscuras, desde los centros de poder de la “civilización petrolera” se teje una trampa que necesitamos conocer, entender y desarmar. Se llama “emisiones netas cero” y su exponente más reciente es un documento del Banco Mundial, que básicamente nos receta que las empresas pueden aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero si al mismo tiempo les pagamos para que las “secuestren”, con mecanismos de mercado y riesgosas tecnologías.

Es una trampa para confundirnos: no se trata de bajar emisiones, mucho menos de “cero emisiones”, al contrario, al agregarle la palabra “netas”, quieren ocultar que pese a la gravísima situación de calentamiento global, las empresas seguirán aumentando la emisión de gases con sus actividades contaminantes, pero presentarán una contabilidad –no una realidad- que muestre que esas emisiones serán supuestamente absorbidas en otra parte y el resultado dará cero, por lo que no hay de qué preocuparse.

Por el contrario, todo es para preocuparse. Porque además de que aumentarán las emisiones y por tanto el caos climático, las propuestas en sí mismas son un desastre social y ambiental, que además pretenden desviar aún más recursos públicos para las empresas.

Las causas del cambio climático están claramente identificadas (y confirmadas con los datos más recientes del IPCC). Se conoce cuál es el problema y lo que hay que cambiar: la expansión del modelo industrial de producción y consumo basado en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), mayoritariamente para producción de energía, sistema alimentario agro-industrial y urbanización/transporte.

Esto en el contexto de que 80 por ciento de la población mundial apenas tiene el 5 por ciento de la riqueza global, mientras el 1 por ciento más rico tiene el 50 por ciento de ésta, lo cual es un fuerte indicador de que ese “progreso” industrial, basado en altas emisiones, en la devastación, uso y abuso de recursos planetarios, en realidad sólo beneficia una pequeña minoría, los mismos que se oponen ferozmente a cualquier reducción real de emisiones.

Y no sólo no quieren reducir, además quieren aumentar las emisiones y aumentar sus lucros con el desastre. Para esto diseñaron el concepto de “emisiones netas cero” y desde las más poderosas industrias y centros de poder anexos, se han lanzado a asentarlo, en medios, en el público, en las negociaciones internacionales, en las políticas y programas nacionales.

Un documento que acaba de publicar el Banco Mundial ­–Tres pasos para lograr cero emisiones netas– resume el concepto y ordena el abanico de medidas que los gobiernos deberían tomar. Muchas ya existían, otras son nuevas. Lo realmente nuevo es englobarlas a todas en el concepto de “emisiones netas cero”, que incluso traducen intencionalmente mal del inglés, para crear más confusión y dar la impresión que se trata de “cero emisiones”.

El paquete menciona vagamente elementos que pueden ser útiles, como “un mejor diseño de transporte público”, pero incluye en forma abrumadora el apoyo a falsas soluciones que empeoran la crisis climática: tecnologías nocivas como captura y almacenamiento de carbono, “agricultura climáticamente inteligente”, más mercados de carbono y de “bonos verdes”, pagos por servicios ambientales y programas como REDD, conectados a esos mercados. Obviamente, apoya la demanda de las petroleras para establecer “precios al carbono”, pieza clave ahora que esas empresas ven un excelente negocio en la venta de “secuestro de carbono”.

En un artículo anterior (Cambio climático: armando la trampa), expliqué que la tecnología CCS –captura y almacenamiento de carbono–, es altamente riesgosa e ineficaz para asegurar que el carbono permanezca enterrado, pero muy útil a las petroleras para extraer sus reservas hasta ahora inaccesibles, con subvenciones públicas para las costosas instalaciones y ganancias con los bonos por el supuesto “secuestro” de carbono enterrado, mientras paradójicamente explotan más petróleo y emiten más gases… que luego pueden volver a cobrar por remover de la atmósfera.

La lógica de la llamada “agricultura climáticamente inteligente”, se parece en su circularidad viciosa: pese a ser un factor principal de cambio climático, se propone intensificar la agricultura, con transgénicos “resistentes al clima”, con alto uso de fertilizantes sintéticos –destructores del suelo y emisores de gases como metano y óxido nitroso, respectivamente 25 y 100 veces más nocivos que el CO2 para el cambio climático–, todo lo cual aumentará los mercados y ganancias de las transnacionales de agronegocios. Bajo el mismo paraguas incluyen vender la capacidad de secuestro de carbono de los suelos, como técnica separada de la vida campesina, lo cual, cómo ya ha pasado con los programas REDD, será una forma de quitarle a los campesinos y comunidades el manejo de su territorio.

Paradójicamente, existen soluciones reales y posibles, que benefician a la mayoría del planeta, la más potente son los sistemas agro-alimentarios descentralizados, campesinos y urbanos, agroecológicos y con mercados locales, y muchas otras soluciones reales, igualitarias y desde abajo, incluyendo tecnológicas. Pero lo que se propaga desde el engañoso concepto de “emisiones netas cero” es todo lo contrario: legalizar el aumento de la contaminación y el caos climático por parte de las grandes industrias y que además las víctimas paguemos para que sigan con ello.

– Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC

 

 

Temacapulín se niega a morir bajo el agua de la presa el Zapotillo

Diez años de resistencia de un pueblo

Este pueblo, con sus calles empedradas, sus casas con historias de al menos dos siglos, el templo de cantera rosa del siglo XVIII, balnearios, sus cultivos y sus tradiciones, quedaría sumergido si la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno estatal desacatan la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que la cortina de la presa El Zapotillo sea de 80 metros.

 

En la región de los Altos de Jalisco, en medio de cañadas, hay unas 200 casas que alojan a cerca de 600 habitantes, y muchos de ellos desde hace una década luchan por preservar el sitio en que nacieron. Viven en la zozobra desde que en septiembre de 2005 se publicó la licitación de la presa El Zapotillo, sobre el río Verde, y del acueducto, que comienza en esta localidad del municipio Cañadas de Obregón y llegará al vecino estado de Guanajuato.

Este desasosiego se percibe desde que la carretera desemboca en el pueblo. La bienvenida ya no es sólo la leyenda que se lee en lo alto de un cerro: Desde (el siglo) VI Temacapulín te saluda. Hay otras frases, pintadas en las paredes blancas que llevan a la plaza central: Temaca resiste, no nos vamos a rendir. Ante el acoso del gobierno por hacerse de propiedades para deshabitar el lugar, en las viviendas hay mantas que advierten: Esta casa no se vende, no se reubica, no se inunda. Respeten lo que no es suyo. Déjenos en paz.

En la plaza están el quiosco de cantera rosa, típica de la región por los numerosos bancos de esta piedra, y la delegación municipal. Un par de ancianos están sentados en una banca, platican bajo el sol de la mañana. A unos pasos está el mesón Mamá Tachita, propiedad de Alfonso Íñiguez, quien a los 22 años se fue a trabajar al ferrocarril, a la ciudad de México. Ahora tiene casi 80 años, y desde hace una década volvió con la intención de descansar aquí, pero no lo logró.

Dice que el trabajo ahora es luchar por que se mantenga el pueblo. Aquí hay tradiciones y hay vida, asegura. Caminando por las calles –vacías en la mañana porque los niños y los jóvenes se van a la escuela a la cabecera municipal o a trabajar a las granjas avícolas que están a unos kilómetros de aquí– platica la historia de las antiguas construcciones.

La basílica construida en 1759 está dedicada a la Virgen de los Remedios, pero no nos la quieren respetar. Al pasar por la calle Porfirio Díaz dice que ese era el camino real, que venía de Valle de Guadalupe y llegaba a Cañadas de Obregón. También señala una vieja casa que era de su abuelo.

Poncho, como lo conocen los lugareños, es delgado, tiene un caminar ágil y es risueño. Sube rápidamente la cuesta al antiguo panteón. Entre la maleza sólo se ve una tumba y un busto de Alfredo R. Plascencia, cura y poeta que se inspiró en el Cristo de la Peñita, que se encuentra en una cueva, a unos kilómetros de la plaza, imagen venerada por los temacapulinenses.

Desde lo alto del cementerio, que dejó de operar a principios del siglo pasado, se ven el pueblo y los cerros que lo rodean. La vista confirma que las casas, iglesia, árboles, todo quedaría inundado: es parte de las 4 mil 800 hectáreas que la presa ocuparía si la cortina se eleva 105 metros, 25 más de lo que establece el proyecto original.

Las tierras, fértiles, son de riego y temporal. Se siembra chile de árbol, maíz, frijol, calabaza y alfalfa, que se usa principalmente para el ganado. Es una región lechera, avícola y ganadera. En el poblado y sus alrededores hay ojos de agua termal; por eso hay varios balnearios, y decenas de visitantes acuden los fines de semana. En enero y septiembre son las ferias y fiestas tradicionales.

Para estas festividades, para mantener la defensa legal de la comunidad ante la presa y para hacer obras públicas, apoyan monetariamente los clubes de hijos ausentes que se encuentran en Guadalajara y Monterrey, quienes se dedican a la producción de paletas con la marca Michoacana, cuyo emblema es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, aunque la mayoría reside en California.

Aunque los habitantes son unas centenas, hay más de 3 mil hijos ausentes, como se llama aquí a quienes se van a trabajar fuera del pueblo. José García es uno de ellos. Vive en San Bernardino, California, desde hace 33 años, pero ahora con sus papeles de residente legal viene varias veces durante el año a su casa. Siento el arraigo, pertenezco a este lugar: me fui con un dolor que no me deja alejar del pueblo.

Ese mismo arraigo tiene Zenaida Sánchez, quien a sus 93 años cada mañana se baña en las albercas de aguas termales que su esposo construyó con los ingresos que obtuvo en su trabajo en Estados Unidos. Ella recuerda que su marido colocó cada piedra del pequeño balneario y sus hijos tienen prohibido mover alguna.

Abigaíl Agredano es hija de Zenaida y presidenta del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, otras dos pequeñas comunidades de unos 200 pobladores que también están en riesgo de desaparecer con la operación del embalse. Ambas están sentadas en un sillón en su domicilio, donde el frío cala. Relatan su vida y su lucha en el pueblo.

Las autoridades nos insisten en la reubicación a una meseta donde hay casas desechables que se están cayendo, ni patio tendríamos. Tampoco hay agua ni espacio para cultivar. Habría viviendas, pero no medios de vida. Aquí han venido a comprar casas para desalojar a la gente, pero muchos, hasta los que han vendido, se resisten a abandonar este lugar, señala Abigail.

Zenaida viste un suéter amarillo y falda café. Aún recuerda cuando, a cambio de un buey y mil pesos, su esposo obtuvo las tierras para hacer las albercas. Platica que mucha gente ha gozado de esas aguas calientes; los clientes no faltan.

En cada esquina hay una llave de agua fría que viene del manantial Colomos, que los pobladores utilizan para beber. Aquí este recurso no escasea. Además basta poseer tierra para tener de qué vivir. Juanita Alvarado, viuda desde hace cuatro años, dice que ella cosechó 50 kilogramos de maíz que intercambió por otros productos y eso es suficiente para el año.

También se resiste a abandonar su vivienda. “Llevamos 10 años en lucha; si no lo hubiéramos hecho, ya nos habrían comido. Esto ya hubiera desaparecido”, y expresa su fe en una estampa que lleva en la bolsa de su mandil: la imagen del Cristo de la Peñita.

Recuerda que el ahora gobernador, Aristóteles Sandoval, cuando era candidato envió un mensaje de Twitter en el que apoyaba a la comunidad. El texto decía: No vamos a inundar Temacapulín. Pero no ha cumplido, se lamenta.

En el poblado, uno de los defensores más activos es el padre Gabriel Espinosa, cuyos ancestros y él mismo nacieron aquí. Sentado en la plaza cívica, da su versión de la historia. Señala que muchos les dicen que es momento de sacarle los ojos a Conagua. Pidan lo que quieran; si quieren el templo en otro lado, se los van a llevar piedra sobre piedra. Agrega que también les dicen que la presa es un mal necesario, pero se pregunta: ¿Dónde vamos a encontrar otro pueblo de casas coloniales, calles empedradas, que transporta a otra época, donde hay tranquilidad y una vida que se palpa cada día?

 

El sentido comunal de la crítica al extractivismo

Energía, caos sistémico y producción de lo común.

Por: Emiliano Terán Mantovani, alainet.org

Como lo han planteado recientemente los zapatistas, esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera o una tormenta? Los crecientes rasgos de caos sistémico que se desarrollan ante nuestros ojos, interpelan con fuerza, una y otra vez, el sentido de los debates políticos sobre transformaciones y resistencias a la incesante expansión del capital; impactan sus dinámicas, crean constantemente encrucijadas, dilemas éticos; hacen que sean cada vez menos útiles algunos análisis centrados en los aspectos formales y regulares de los sistemas.

El movimiento salvaje del capital ha convertido al sistema capitalista contemporáneo en una especie de Frankenstein. Se trata en efecto, de un régimen de biopoder global muy asimétrico, pero que se despliega en un sistema de altísima complejidad e incertidumbre, con crecientes manifestaciones caóticas, de múltiples bifurcaciones, inestabilidades, fragmentaciones y volatilidades, sin precedentes en su historia; un proceso que recuerda también la metáfora de Marx en el Manifiesto Comunista, aún más pertinente para nuestros tiempos, del brujo que se vuelve impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Bajo los pies de todo el juego geopolítico actual, de la guerra mundial por los recursos, de todas las pugnas territoriales de poder que hoy se desarrollan, se reproduce un orden metabólico incontrolable, como lo ha planteado István Mészáros.

En este sentido, y con respecto a los sistemas extractivistas latinoamericanos, ¿qué impacto tendrá para éstos, sus pobladores, sus territorios, el desarrollo de esta crisis civilizatoria, en relación a los distintos niveles de vulnerabilidad de la región? ¿Cómo leer las mutaciones regresivas del «ciclo progresista» en los últimos años, a la luz de la dinámica de caos sistémico global? ¿Cómo se vincula esto, con los notables cambios en los órdenes metabólicos de nuestros países de la última década, que en diversos casos, como el venezolano, hace manifiesto los límites y el agotamiento de sus modelos de “desarrollo”?

De esta compleja coyuntura histórica, se desprenden también otra serie de preguntas fundamentales, ¿cuáles son pues, los horizontes positivos, programáticos, éticos, políticos de la crítica al extractivismo? ¿Hacia dónde apunta? ¿La crítica al extractivismo debería servir para apuntar al “desarrollo” de una “economía nacional” industrializada? ¿El centro de los objetivos es mejorar la producción, la productividad, y engordar el sector secundario? Ante las crecientes manifestaciones de caos sistémico, ¿hacia dónde se dirige la crítica?, ¿quiénes gestionan en los países o territorios de América Latina, las transformaciones y paliativos ante el agravamiento de la crisis global? ¿Qué podrán ser capaces de ofrecer los Estados extractivistas (periféricos) ante esta situación?

La “primavera” progresista, viva y movida en la década pasada en muchos países de la región, que avivó los debates sobre el neoextractivismo, se ve cada vez más lejos en el retrovisor, y es opacada por los nubarrones visibles en el horizonte. Las cosas van cambiando a un ritmo sostenido.

Los anhelados Estados de bienestar, parecen formas políticas coyunturales de un momento del desarrollo histórico capitalista, de una serie de condiciones, que no parecen poder repetirse en la actualidad. ¿Cómo se conjuga la soñada industrialización, con los límites de la expansión de los procesos de reproducción ampliada de capital, a escala planetaria?, ¿cómo queda el afán de “desarrollo nacional” ante el hipotético «fin de los ciclos Kondratieff»[1]?, ¿a cuánto tiempo, y en qué escalas geográficas va a ser posible planificar?, ¿cuál es nuestra capacidad para atenuar los notables grados de vulnerabilidad sistémica que posee la región, ante situaciones difíciles?, ¿qué formas van tomando las disputas territoriales y qué capacidad puede mantener el Estado para monopolizar su poder en territorio nacional? Y en este sentido, ¿qué papel político pueden jugar las diversas formas de extractivismo delincuencial[2] que operan en América Latina?

Ante semejantes amenazas, incluso a la propia posibilidad de vida humana en el planeta, el sentido ético-político de la crítica al extractivismo centra su mirada en la reproducción de la vida y sus ciclos, en el más amplio sentido de la palabra ―no solo vida humana―. Se trata de una moneda con sus dos caras: una que busca desnudar al extractivismo mostrando sus límites y consecuencias, poniendo en evidencia sus narrativas y aspectos programáticos, y la falsa idea de que “no hay alternativas”; la otra, intenta visibilizar que no hay fórmula post-extractivista que valga, por más deslumbrante que sea la promesa, si se niega a reconocer la soberanía popular-territorial, si se rehúsa a privilegiar la riqueza ontológica de la vida, los procesos ecológicos de producción de valor. En este sentido, el proyecto ético-político que constituye la crítica al extractivismo, se centran en la defensa y reproducción de los comunes, de lo común.

Caos sistémico y territorios en resistencia: la biopolítica de los comunes

El desafío a los capitalismos extractivos, al ser éstos órdenes metabólicos transterritoriales[3], son no solo horizontes políticos del campo rural, campesino o indígena, sino también urbano. El ámbito y la producción de los comunes, claramente diferente del ámbito histórico de lo público y lo privado, no solo se define a partir de la acción colectiva, constitución de comunidad, y/o tejidos cooperativos (estables o no) entre sujetos, sino en la manera sinérgica y armónica en la cual interactúan con sus ecosistemas para reproducir la vida inmediata. Los bienes comunes, la riqueza común del mundo material e inmaterial (agua, biodiversidad, saberes, etc.), son comunizados en la gestión social colectiva, mediante acuerdos intersubjetivos para garantizar la subsistencia, sin agredir a cualquier otra experiencia de comunes. Es en este sentido, que hablamos de un concepto biopolítico de lo común: los bienes para la vida son componentes de un ecosistema, al igual que los humanos y las interacciones sociales. Se trata de un concepto ecológico cualitativo[4] para la reproducción de la vida.

Esta noción potenciadora de la crítica al extractivismo tiene importantes implicaciones políticas que es necesario resaltar. En primer lugar, ante escenarios de caos sistémico, de gran complejidad y alta incertidumbre, en los cuales los entornos pueden cambiar rápidamente (en términos políticos, sociales, climáticos, etc.), el principio de orden es la comunidad y lo comunitario. Si los sistemas se caotizan, son las fuerzas sociales territoriales las que tienen principalmente el alcance y la capacidad de resistir y/o transformar las múltiples perturbaciones que afectan la reproducción de su vida cotidiana. Es en lo molecular donde lo común puede luchar contra los estragos del caos capitalista.

En segundo lugar, si el capital penetra todos los espacios y ámbitos de la vida humana ―por esta razón es un sistema “totalitario” para Mészáros―, esto implica que en primera instancia, es en ellos donde las formas de lo común no sólo producen sus resistencias territoriales, sino también germinan las formas futuras del cambio histórico en desarrollo. Mientras que las corrientes hegemónicas de la política en América Latina acotan todo el discurso en plantear cuál es el mejor balance entre Estado y Mercado, los comunes, con su diversidad de potencialidades y situaciones, trazan sus propios libretos e intentan defender y ejercer su soberanía territorial, y conformar mejores balanzas de poder con los gobiernos instituidos, sobre la premisa de un mandar obedeciendo o un «poder obediencial» (E. Dussel); esto tanto en los ámbitos rurales o semi-rurales (por ejemplo, las resistencias actuales contra el proyecto minero Tía María, Arequipa, Perú), como en los urbanos (por ejemplo, la Asamblea Ciudadana en defensa del parque Alberdi en Santa Fe, Argentina, o los campamentos de pioneros en Caracas, Venezuela). En todos los casos, el horizonte anti y post-extractivista desde lo común, recentra la producción de lo político en la vida inmediata colectiva de los y las pobladoras, sin que eso implique el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas biorregionales, nacionales, continentales o globales.

En tercer lugar, una noción biopolítica de lo común resalta el carácter biocéntrico de su proyecto emancipatorio –biocéntrico por estar centrado en la Vida, en el más amplio sentido de la palabra (no solo vida humana), sin por esto borrar al ser humano–. Esta idea invita a preguntarse, ¿dónde está la riqueza?, ¿dónde está la energía?, ¿dónde se produce el valor?

La lógica de expansión geográfica, de crecimiento geométrico y fractal del sistema capitalista, no se da sólo en la superficie del campo social, ni únicamente por medio de la intervención del trabajo vivo humano, como se ha planteado generalmente desde las teorías antropocéntricas del valor; sino se desarrolla fundamentalmente a partir de la búsqueda permanente de dominación de la propia reproducción de la Vida y sus ciclos. A parte de la dominación sobre el trabajo vivo humano, la captura energética que produce el movimiento del capital y sus circuitos de acumulación se obtiene también de la producción de vida de los demás componentes de un ecosistema. Incluso el trabajo vivo humano se alimenta de éstos. Es imposible abstraer el plusvalor de la vida ecológica.

Estas omisiones son reflejo de la concepción de la economía humana como un meta-sistema, en vez de considerarlo como continuación del proceso reproductivo de la Vida. La centralidad del trabajo humano objetivado, ha dejado de lado otros productos no humanos constitutivos de la vida social –no solo los residuos, sino los diversos procesos de transformación de energía que alimentan a otros componentes–, los cuales se subsumen al primero.

El sistema capitalista pues, antes que un orden metabólico “social”, es primero un orden metabólico territorial. Produce sus propios ecosistemas, en los cuales instituye, de manera simultánea, formas de dominación sobre los humanos y sobre la naturaleza. Aliena la riqueza ontológica de la vida[5] para hegemonizar la forma dinero.

Hay una relación muy estrecha (pero invisibilizada, o muy poco atendida) entre energía y valor –valor definido ahora, en su amplio sentido ecológico–. Las omisiones tradicionales sobre dónde está la energía, la riqueza, o dónde se produce el valor, no solo están muy vinculadas con las causas de la crisis ecológica global, sino que la visibilización de estas formas bio-económicas, tiene relación con las posibilidades de potenciar formas de autonomía material para pueblos, en la medida en la que se recuperan, rescatan o expanden formas de producción, aprovechamiento y uso de energías de escalas moleculares, descentralizadas, provenientes de la riqueza propia de los ecosistemas que constituyen la vida social.

La energía pues, no está solo en los macro-procesos energéticos –aunque estos son los hegemónicos–, no sólo es la que aparece reflejada en las estadísticas de los informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), de la OPEP, de la BP, o de los ministerios de energía de nuestros países. Hay múltiples procesos moleculares de producción de energía en numerosas formas de la vida cotidiana, muchas de las cuales están íntimamente vinculadas con diversas formas de resistencia (directas o indirectas) a la dominación capitalista, con tramas comunales y cooperativas, y/o con prácticas ecologistas que buscan revertir los procesos depredadores del sistema moderno.

En este sentido, podemos hablar de energías insurgentes o disidentes, en la medida en la que su producción biopolítica crea y posibilita prácticas sociales más allá del capital[6]. Son una especie de lógicas populares de «permacultura» que, con variados alcances, ofrecen vías para la producción de lo común, y referentes materiales para enfrentar las consecuencias de la crisis civilizatoria y el caos global.

Cinco principios de la biopolítica de los comunes

A partir de lo antes expuesto, proponemos cinco principios fundamentales en relación a energía, caos sistémico y producción de lo común:

Tenemos que apropiarnos de nuevas escalas de valor y nuevos conceptos de riqueza: nuevos parámetros en la representación del valor, que tengan un carácter biocéntrico, que permitan no sólo desmantelar el aparato argumental que justifica al extractivismo, sino reformular nuestros patrones de vida cotidiana, nuestros horizontes políticos, nuestros procesos de producción de subjetividad, y nuestras capacidades materiales de autogestión, en la medida en la que desarrollamos nuevas relaciones ecosistémicas, que sean ecológicamente productivas, y que se potencian a partir de la gestión cooperativa.

Comunismo resiliente: la producción de lo común es imperiosa ante el caos sistémico. Junto con la conciencia de la crisis civilizatoria, y de sus posibles consecuencias socioterritoriales, está el concepto de resiliencia, que nos remite a la capacidad de una comunidad/ecosistema, de soportar y recuperarse ante perturbaciones significativas del mismo. En este sentido, es fundamental recuperar los procesos que hacen posible la reproducción de la vida social y mantenerlos cerca de nuestros territorios, como lo propone Rob Hopkins[7]. Difícilmente se puedan pensar procesos de transformación y resistencias sociales más allá del concepto de resiliencia.

Otras soberanías: comunizar, ocupar y reapropiar: reconocer que los ecosistemas básicamente funcionan de manera cooperativa y no jerarquizada, y que los bienes comunes para la vida no pertenecen exclusivamente a nadie, no basta para producir lo común. El tipo de relación y gestión común que se produce entre los sujetos, y su relación con los ecosistemas debe ser ejercido. De esta forma, si se trata de un open source, de una empresa de propiedad mixta, de una okupa, o de una comuna venezolana legalizada por el Estado socialista, es secundario. No interesan primordialmente los aspectos formales o nominales de estas gestiones, sino la potencialidad política popular de ejercer la soberanía y lo común sobre el territorio y los bienes para la vida, sea por vías de acción directa o bien por negociaciones vistas desde el «poder obediencial».

Comunizar a partir de la reproducción de la vida: como lo ha reconocido Silvia Federici, la centralidad de la política y la economía, ha girado en torno al campo de los medios de producción, dejando de lado lo que ha denominado los «medios de reproducción de la vida», un campo que no sólo ha sido llevado fundamentalmente por la mujer, sino que también ha sido el ámbito de la vida social donde suelen reproducirse las formas de lo común[8]. Es por tanto esencial, recuperar la reproducción de la vida como elemento central de la política.

Las diversas tradiciones de lucha, las diversas formas de lo común: cada territorio, cada nación, tiene tejidos y formas cooperativas y comunitarias diversas, con cosmovisiones, parámetros y complexiones diferentes. Pueden tener viejas tradiciones ancestrales o ser más contemporáneas y fragmentadas como los grandes ámbitos urbanos. Son estas las características ecosistémicas que definen cada una de estas luchas, sus puntos de partida, y no así lo es un libreto pre-establecido, aunque es importante compartir algunos horizontes ético-políticos de lucha. Hemos insistido, por ejemplo, para el caso venezolano, que la subjetividad contrahegemónica más potente y masiva de la historia del capitalismo rentístico es el «chavismo», y que esta es una fuerza que se constituye ontológicamente de abajo hacia arriba, aunque esto haya sido presentado generalmente al revés[9], y aunque diversas tramas corporativas intenten capturar su potencia popular-insurgente. Como lo han reconocido Negri y Hardt, “uno de los escenarios decisivos de la acción política hoy implica la lucha en torno al control o la autonomía de la producción de subjetividad”[10]. Cada experiencia de producción de lo común, se enfrenta no sólo a la conflictividad geopolítica, a la crisis civilizatoria, sino también a la micropolítica de agresión sobre estos procesos contrahegemónicos de subjetividad, de corporalidad, de creación de nuevos sentidos comunes. He ahí uno de los grandes desafíos para estos procesos de transformación, en todas sus escalas, que se vive con enorme intensidad en la Revolución Bolivariana.

Caracas, mayo de 2015

Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).

Referencias bibliográficas
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– FEDERICI, Silvia. “Feminism and the politics of the commons”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.
– HARDT, Michael. Negri, Antonio. Commonwealth. Ediciones Akal. Madrid 2011.
– HOPKINS, Rob. “Resilience thinking”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.
– LOHMANN, Larry. Hildyard, Nicholas. Energy, Work and Finance. The Corner House. March 2014. Disponible en: http://www.thecornerhouse.org.uk/sites/thecornerhouse.org.uk/files/EnergyWorkFinance%20%282.57MB%29.pdf. Consultado: [17/05/2015].
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– TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos. Rebelión. 09-09-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=189388 . Consultado: [09/09/2014].
– TERAN Mantovani, Emiliano. Desnudar al extractivismo: repensar el origen y destino de la riqueza. Rebelión. 14-11-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191979. Consultado: [17/05/2015].
– TERAN Mantovani, Emiliano. Re-ocupar el chavismo. Rebelión. 01-07-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186718 . Consultado: [17/05/2015].

Notas:
[1] Sobre esto véase: BEINSTEIN, Jorge. Esperando inútilmente al quinto Kondratieff.
[2] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Extractivismo delincuencial y la metástasis del capitalismo rentístico venezolano.
[3] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos.
[4] MATTEI, Ugo. “First thoughts for a phenomenology of the commons”. p.42
[5] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Desnudar al extractivismo: repensar el origen y destino de la riqueza.
[6] Para Larry Lohmman, existe una Energía con E mayúscula, vinculada a la termodinámica, y una serie de otras energías (con e minúscula) que están alrededor de nosotros, están ligadas a la sobrevivencia, son no-termodinámicas, y aunque coexisten con la Energía, sin embargo, están opuestas a ella. Sobre esto véase: LOHMANN, Larry. Hildyard, Nicholas. Energy, Work and Finance.
[7] HOPKINS, Rob. “Resilience thinking”. p.20
[8] Cfr. FEDERICI, Silvia. “Feminism and the politics of the commons”.
[9] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Re-ocupar el chavismo.
[10] HARDT, Michael. Negri, Antonio. Commonwealth. p.12

 

Lucha contra la minería en México, una historia de 500 años

Por: Mariana Saravia, masde131.com

Hablar sobre la minería en los siglos XVI-XVII, nos ayuda de algún modo a comprender los constantes conflictos durante los procesos históricos del país y deducir que las situaciones de injusticia y explotación parecen no haber cambiado mucho.

El escenario actual puede compararse con el Virreinato o el Porfirismo, en donde se gestaron reformas con el fin de explotar los recursos nacionales para beneficio de extranjeros o de familias y grupos poderosos. Estas reformas llevaron a movilizaciones indígenas y campesinas que muchas veces pueden compararse con lo que pasa actualmente. Sin embargo, hoy la información viaja más rápido y la ciudadanía se ha solidarizado con las víctimas del despojo y la miseria que ha causado la minería.

El caso que se expondrá a continuación fue parte de una investigación sobre los procesos de conquista y la fundación de empresas que poco a poco se apropiaron de las tierras de las comunidades indígenas, y una vez despojados, los utilizaron como mano de obra para poder expandir aquellas empresas con dinámicas similares a las del capitalismo actual:

    “Más que ninguna otra tarea, la minería gozó del favor y beneplácito de la Corona ya que producía, en forma inmediata, cuantiosos bienes a las arcas reales. Requirió la fuerza de trabajo de los naturales y los conocimientos y recursos técnicos de los conquistadores. La labor en las minas y el beneficio de los metales fueron siempre trabajos peligrosos y duros, considerados como una tarea servil debido a las condiciones en que se realizaban y el lugar en que se encontraban los centros de trabajo. Los indígenas se negaban a acudir a las minas por voluntad propia, por lo que hubo necesidad de forzarlos. Se otorgaron repartimientos en el siglo XVI que perduraron hasta finales del siglo XVIII. A pesar de su validez legal, surgió una fuerte oposición por parte de los indígenas de los pueblos afectados.” [1]

En 1574, un comunicado de la metrópoli solicitaba a todas las entidades en dónde hubiese minas que utilizaran a los indígenas como mano de obra sin importar la situación de esclavitud a las que fueran obligados, para justificar la explotación decían.

    “Que los indios naturalmente son inclinados a vicios, ociosidades y borracheras, cuyo remedio consiste en ocuparlos y que sin ser compelidos a ningún trabajo se aplican; y que presupuesto que los españoles le son a ellos útiles para el sustento de la doctrina,  y que la una república no se puede sustentar sin la otra, es justo se le repartan indios para las minas”.2

Del mismo modo, sigue en el manejo dentro del discurso oficial la imagen de las comunidades que sufren despojo como personas flojas y borrachas en la actualidad, todo con el fin de justificar la explotación como forma de erradicar el “ocio”.

La voz oficial les exige que “ya tienen que superar su desgracia por que el país sigue caminando” y que a pesar de las condiciones miserables en las que viven, deben trabajar sin quejarse .

Ante la desenfrenada demanda de mano de obra y traslado de personas de una región a otra, hubieron varias protestas, entre ellas la de los indígenas de San Mateo Atenco que se opusieron a trabajar las minas en 1645 y lograron obtener un permiso para no asistir al servicio de minas el cuál fue renovado en 1651,1673, 1678 y 1706.

Sin embargo este permiso hizo enfadar al dueño de las minas, don Francisco Antonio de Vivanco, quien obligo al regidor de Metepec a multar a las comunidades que se resistieran a trabajar. La multa de 200 pesos fue impuesta para el pueblo de San Mateo Atenco, pero no sirvió de nada, hubo entonces la necesidad de que las autoridades tomaran prisioneros a los representantes y oficiales indios para escarmiento del pueblo, tales medidas no surtieron efecto así que don Francisco decidió subir las multas a 500 pesos y hubo un traslado masivo de gente para trabajar en otras minas, poco a poco las comunidades se vieron obligadas a laborar debido a la precariedad de vida como consecuencia al despojo de sus tierras.

La explotación minera ha arruinado la vida de varias personas y enriquecido a otras como en el caso de Grupo México y el accidente de Pasta de Conchos, del cual la empresa no se ha querido responsabilizar por la muerte de 65 mineros. También se suma el caso de la comunidad de San José del Progreso. Desde el 2006 la población se dividió ocasionando la pérdida de cuatro personas. Así en el municipio de Libres, Sierra Norte de Puebla, en donde se ha reportado actividad minera y concesiones en gran parte del territorio.

En Libres, así como otros municipios como Ixtacalaxtitlán, Zautla, Tetela y Cuetzalan, la comunidad se ha organizado y exige que se detengan estos proyectos que llevan a la muerte no sólo de un grupo de personas si no también la del medio ambiente, la cultura e historia de una comunidad.

La explotación de tierras y mano de obra se debe a una dinámica global que comenzó hace 500 años. Las empresas extranjeras vinieron a explotar a los recursos y a las personas. Mientras no exista un proyecto nacional que busque la democratización en cuestiones de educación y empleo justo, mientras se siga explotando los recursos naturales y humanos sin ningún interés y respeto por la vida, esta dinámica seguirá funcionando.

Aún así, existen casos como el de Magdalena Teitipac, Oaxaca, en dónde se logró detener la construcción de una mina en el 2012. Es por esta razón que como sociedad civil debemos corresponder con los conflictos que están emergiendo en todo el país; solidarizarnos, alzar la voz y exigir justicia, estudiar y parar despojos de este tipo que vienen desde antiguo.

Notas:
[1] Joaquín Ortega Maria Teresa. Formación y desarrollo de un pueblo novohispano, pág. 252.
[2] Idem. Pág 254.
[3] Idem. pág. 256.

 

Explosión de fracking en México, apenas el comienzo

Nuevo estudio, con información oficial, muestra que al menos 924 pozos han utilizado la técnica de fractura hidráulica.
Se ha llevado a cabo sin información, consulta o consentimiento de comunidades afectadas.
No existe información sobre los estudios de impacto ambiental de estos proyectos, ni reglamentación específica que vigile esta práctica altamente contaminante y dañina para la salud.

nofrackingmexico.org

Un nuevo estudio de Cartocrítica elaborado a través de datos contenidos en una solicitud de información a Pemex revela que al menos 924 pozos han sido perforados desde 2003 mediante la técnica de fractura hidráulica, también conocida como fracking. Los estados donde esto viene ocurriendo son Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos).

El fracking es un proceso altamente nocivo para el ser humano y el medio ambiente. Implica la inyección 9 a 29 millones de litros de agua al subsuelo, por pozo para extraer hidrocarburos de rocas de muy baja permeabilidad. El agua es mezclada con entre 650 y 990 sustancias químicas que pueden provocar múltiples daños a la salud de las personas (como cáncer y mutaciones, afectar al sistema endocrino, provocar alergias y dañar el sistema nervioso). A lo largo de todo el proceso existe una alta probabilidad (una en veinte, de acuerdo a un estudio de la universidad de Cornell del estado de Nueva York) de fugas de agua contaminada con estos químicos, petróleo, gas u otras sustancias tóxicas presentes en el subsuelo que llega a contaminar fuentes de agua, el suelo e, incluso, el aire. El agua residual de este proceso es desechada en pozos “letrina” donde, por los altos volúmenes desechados, puede provocar sismos. Adicionalmente, el fracking presenta significativas fugas de metano a la atmósfera que contribuyen en forma alarmante al proceso de calentamiento global.

A pesar de todos los impactos que esta práctica genera, la población aledaña a estos proyectos no ha sido informada por autoridades de ningún tipo acerca de lo que se está realizando ni de sus implicaciones, mucho menos ha sido consultada ni han otorgado su consentimiento previo, libre e informado. En este sentido, las poblaciones desconocen qué productos químicos se están inyectando en el subsuelo ni cuál es el destino del agua residual que se produce por la fracturación de cada pozo. Igualmente, no existe información sobre los cuerpos de agua presentes en las zonas en que se aplica el fracking, cuál es el riesgo de contaminación y cuál es su estado actual. De esta manera y dada la experiencia de Estados Unidos donde hay documentación de que esta actividad ha contaminado más de 1,000 acuíferos, es muy probable que la población de estas zonas esté consumiendo agua altamente tóxica que afecta su salud.

Resulta particularmente preocupante que, cuando se trata de o una práctica prohibida en varios países y regiones del mundo por sus irreversibles impactos, en México no se esté generando información sobre sus potenciales impactos ambientales y sociales, ni se esté vigilando su desarrollo. Actualmente, se desconoce si estos proyectos han sido sujetos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), obligación establecida en la legislación. Esta situación se da cuando incluso funcionarios como Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) admiten que “sin duda esta industria, y particularmente el fracking, requieren una regulación estricta en materia de seguridad industrial y medio ambiente” y prometió en 2014 “antes de que termine el año, tendremos lista la regulación conforme a los mejores y más exigentes estándares internacionales para asegurar que el fracking y toda la explotación del shale se lleven conforme a mejores prácticas y cuidando el medio ambiente”[1]. Sin embargo, desde 2003 casi un millar de pozos ya han utilizado esta práctica sin regulación específica y sin que haya información sobre los estudios de impacto ambiental realizados.

Ante esta situación desde la Alianza Mexicana contra el Fracking reiteramos nuestra demanda de prohibición del uso de la fractura hidráulica en nuestro país por sus daños ambientales y sociales irreversibles y ampliamente documentados.

Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresiones. Estado de situación en 2014

Vía Movimiento M4

América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades en donde se llevan a cabo.

La defensa de los territorios ha sido y sigue siendo un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva. El trabajo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), con su importante mapa de conflictos mineros y el intenso intercambio de información y testimonios entre sus integrantes, ha permitido documentar e informar regularmente sobre la evolución de estos conflictos en la gran mayoría de países de la región.

 

A partir de este año y complementando el trabajo que realizamos, estamos compartiendo con ustedes un primer informe,”Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014″ que reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

El propósito es compartir información específica de cada país, identificar tendencias de las inversiones extractivas, estrategias de oposición y resistencia, así como el comportamientos de las empresas, los Estados, evolución de legislaciones y salvaguardas de organismos internacionales, entre otros aspectos.

Esperamos que esta publicación, elaborada de manera colectiva por los socios de OCMAL, sea de utilidad para las diversas organizaciones y comunidades afectadas que resisten al extractivismo minero en América Latina.

Descargar informe .pdf

Expansión de minería en América Latina

Por Margarita Bastías, ansa.it

América Latina se ha convertido desde hace más de una década en uno de los epicentros de la expansión minera global, concentrando el 27 por ciento de la inversión en exploración mineral a nivel mundial. Sin embargo, dicha actividad no ha estado ajena a los conflictos, como lo detalla el estudio «Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión: Estado de situación en 2014», compilado por el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal) que estudió a 10 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

El Observatorio constató que la minería creció en estos años, tanto en los países con larga experiencia en esta actividad, como en países que recién han comenzado a constatar la presencia de empresas mineras en sus territorios (Uruguay), intentando desarrollar emprendimientos a gran escala.

La minería se ha expandido territorialmente y cada vez más diversos ecosistemas aparecen hoy en día presionados: «En América Latina podemos citar el caso de los páramos, los sistemas de lagunas alto andinas, las cabeceras de cuencas, la Amazonía, los glaciares, entre otros».

Para las organizaciones medioambientales, «poner la noción del territorio como eje central del análisis, permite entender cómo se configuran los procesos sociales, económicos y jurídicos en esos territorios y cómo estos enfrentan la expansión de una actividad que se impone desde fuera».

«No hay minería sin el control de grandes extensiones de tierras y sin el control de recursos hídricos y otros bienes naturales, que antes de que llegue la minería han estado manejados por las poblaciones que se ven amenazadas por esta actividad», releva el documento.

La defensa de los territorios sigue siendo un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva. En este primer informe de Ocmal se reporta la tendencia de las inversiones extractivas, estrategias de lucha y resistencia, así como los comportamientos de empresas, Estados, evolución de legislaciones y salvaguardas de organismos internacionales.

El documento resalta que «el extractivismo se ha ido transformando en casi un dogma económico incuestionable, promocionado y defendido indistintamente tanto por gobiernos progresistas como neoliberales». Para los primeros, abunda, se trata de fuentes frescas de divisas para pagar la deuda social, en la mayoría de los casos, mediante bonos específicos y periódicos. En los segundos, el discurso es de crecimiento y desarrollo. En ambos casos, dice, la conservación y protección ambiental, el buen vivir y el amor a la pachamama (madre tierra) no son más que consignas vacías de contenido, y más aún de acción consecuente.

Denuncia que las legislaciones nacionales buscan adecuarse a los requerimientos de las mineras y concentrar así las mayores inversiones de la región. Pero esto junto a un intenso tráfico de influencias y corrupción.

Pionero en las legislaciones que promueven la actividad minera es Perú. Ecuador y Bolivia han adoptado medidas de protección a la minería mediante la criminalización de la protesta social. El esfuerzo por sostener el extractivismo minero es cada vez más criticado y deslegitimado, y es que la minería no logra convencer a la población de sus ventajas y su supuesto respeto a los derechos humanos.

Uno de los mayores conflictos entre comunidades y empresas mineras es el acceso al agua y la contaminación. También el territorio: Las comunidades no lo entienden como propiedad privada, sino como ámbito de subsistencia y sustento, desarrollo, conservación ambiental, cultural y de tradiciones, seguridad ecológica y social, solidaridad y espiritualidad. «Es por ello, concluye el Ocmal, la gestión territorial comunitaria recurrentemente intervenida por los proyectos mineros cobra tanta importancia para las comunidades locales. Sin ella no está asegurada la cohesión, identidad cultural y el pleno desarrollo de los seres humanos».

Campeche: Apicultures presentan amparo contra los transgénicos

Apicultores de Hopelchén presentan amparo por omisiones de las delegaciones de Sagarpa y Profepapara proteger el medioambiente de la región

Se han negado a investigar la siembra ilegal de soya transgénica en el estado de Campeche

El día de hoy, representantes de organizaciones de apicultores mayas de la entidad presentaron  una demanda de amparo en contra de la omisión de las delegaciones estatales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para realizar labores de inspección, monitoreo, vigilancia e implementación de medidas frente a la siembra ilegal de soya transgénica que se ha dado en el estado de Campeche. 

Es preciso recordar que en marzo y abril de 2014, el Juzgado Segundo de Distrito del Trigésimo Primer Circuito con sede en la ciudad de Campeche, Campeche, concedió dos amparos (753/2012 y 762/2012) a comunidades y asociaciones de apicultores mayas de Campeche en contra de un permiso otorgado a la empresa Monsanto por la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la SENASICA y  con aval de la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la siembra, en fase comercial, de 235 mil hectáreas de soya transgénica que afectaban 8 municipios del estado de Campeche.  La sentencia señaló, entre otras cosas, que se violó el derecho a la consulta del pueblo maya asentado en Campeche y dejó sin efectos el citado permiso.

No obstante entre agosto y septiembre del año pasado, los apicultores y ejidatarios del municipio de Hopelchén se percataron de que en grandes extensiones de tierra en el ejido de Ich-Ek, se estaba sembrando esa leguminosa genéticamente modificada, es decir se estaba violándolo lo establecido en la sentencias de amparo que dejaban sin efecto el permiso.

Ante estos hechos, el día 9 de octubre de 2014 los afectados presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como solicitud a Sagarpa y Senasica para que se inicie procedimiento administrativo en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados.

En específico los apicultores solicitaron a las delegaciones de la PROFEPA y SAGARPA/Senasica que:

1.- Se realizaran las labores de inspección y vigilancia en la zona, a efecto de corroborar la siembra de soya genéticamente modificada, y prevenir o, en su caso, detener su siembra.

2.- Que dentro de las medidas específicas a tomar, se estableciera el aseguramiento precautorio de todo cultivo de soya genéticamente modificada que se haya sembrado en el estado de Campeche, aseguramiento que deberá contemplar la suspensión total de actividades económicas, agronómicas y de toda índole relacionadas con la siembra de soya genéticamente modificada, así como el impedimento de cosechar, movilizar, comercializar o aprovechar, en todo o en parte, el cultivo de soya OGM.

3.- Investigar y determinar las responsabilidades de empresarios y agricultores que han sembrado soya transgénica a pesar de no existir permiso vigente, así como la responsabilidad de funcionarios y ex funcionarios de las dependencias relacionadas con la bioseguridad, cuya negligencia permitió que la siembra de soya y posible  contaminación ocurriera, aplicando a los responsables  las sanciones respectivas en los términos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Sin embargo a 7 meses de haber presentado las solicitudes, ninguna de las dos dependencias ha realizado ninguna investigación, ni mucho menos implementado medidas de verificación, vigilancia, monitoreo, ni sanción, omisiones que conllevan la violación al derecho que tienen los apicultores a contar con un recurso efectivo que les proteja frente a la afectación a su derecho a un medio ambiente sano y sus derechos culturales

La siembra ilegal de soya transgénica en la entidad se ha dado con total impunidad y frente a la mirada impasible de los delegados de la Profepa y Sagarpa, a pesar de la existencia de dos sentencias favorables y de que las y los apicultores han presentado sendos recursos ante ambas instancias. Lo anterior resulta alarmante pues se aproxima la temporada de siembra de soya, y existe el temor fundado de que nuevamente se sembrará la semilla transgénica dadas las condiciones de permisividad y la falta de acción de ambas instituciones.

Sobre el particular, es preciso insistir en que la siembra de soya transgénica afecta la práctica de la apicultura, actividad que representa el sustento de miles de familias, fundamentalmente mayas, de la península de Yucatán, pero también va ligada al incremento en el uso de plaguicidas, especialmente de glifosato, que acaba de ser catalogado como “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En países como Argentina, Uruguay y Brasil está bien documentado el incremento en el uso de este plaguicida a partir de que se comenzó a sembrar soya transgénica, así como sus graves efectos sobre la salud de la población en las zonas agrícolas donde se aplica (malformaciones, cánceres, abortos, etc.).

El municipio de Hopelchén está experimentando un fuerte aumento en el uso de plaguicidas (incluso por medio de aplicaciones áreas), lo cual va de la mano con el establecimiento de cultivos bajo el modelo de agricultura industrial, como la soya transgénica. Esto representa un gran riesgo para la salud de la población maya chenera, el medioambiente de la región y para la sobrevivencia de su principal actividad económica, la apicultura.

Ante esta situación resulta preocupante que ninguna de las dos delegaciones de Profepa y Sagarpa haya ejecutado las facultades solicitadas por los apicultores, en una omisión que pareciera significar complicidad con quienes venden, comercian y siembran de manera ilegal la soya transgénica, es por ello que a partir del amparo presentado el día de hoy, se pretende que el poder judicial federal ordene a dichas dependencias que cumplan con su deber de proteger los derechos humanos de las comunidades afectadas por la siembra de soya transgénica, especialmente aquellos ligados al medioambiente, y la salud. Se requiere de la intervención decidida de las autoridades gubernamentales para evitar la desaparición de la apicultura en la región (como está sucediendo en otras latitudes del mundo, como E.U. donde recientemente se reportó la pérdida del 40% de su inventario apícola como consecuencia del uso de plaguicidas, las grandes extensiones de monocultivos y la deforestación).

Colectivo Apícola de los Chenes
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Ma OGM Colectivo sin Transgénicos

ORDENAN SUSPENSIÓN DE CONCESIONES MINERAS EN PUEBLA

luchaindigena.com

Hasta que sean resueltos 3 juicios de amparo promovidos por habitantes de 4 municipios de Puebla, jueces del Poder Judicial de la Federación ordenaron la suspensión de las concesiones mineras involucradas, anunciaron organizaciones civiles que se oponen a los proyectos que denominan “de muerte”.

Los recursos legales fueron promovidos por opositores indígenas de los municipios poblanos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yaonáhuac e Ixtacamaxtitlán, además de Zacualpan, perteneciente a Colima.

Consideraron que los proyectos mineros instrumentados por las empresas Almaden Minerals y Minera Autlán atentan contra el ecosistema de la región, además, al querer ser impuestos, violan sus derechos humanos por perjudicar el territorio que consideran ancestral y su identidad cultura.

Acusaron que otro de los efectos negativos de la actividad en cuestión corresponde al despojo de tierras, situación que -afirmaron- cada vez es más frecuente.

Por ello, interpusieron 3 juicios de amparo, mismos que fueron impulsados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Consejo de la Tierra Tiyat-Tlali, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y por Fundar.

De esa manera, las autoridades federales ordenaron la suspensión temporal de las actividades de explotación minera, en lo que se dicta sentencia en los juicios a través de los cuales defendieron su derecho a la autodeterminación y respeto de sus garantías como sociedad.

“Estas acciones jurídicas… ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera. La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión, para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye una discriminación, violando con ello la Constitución Política y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente”, señalaron los representantes de las organizaciones.

VIDEO: Iglesias y Minería en América Latina

Este video invita a escuchar el grito de las comunidades latinoamericanas afectadas por la minería; relanza la formación básica y las articulaciones populares; motiva el compromiso pastoral de las iglesias en defensa de la vida y de la creación, que gime en espera de un nuevo parto.

Iglesias y Minería agradece a todas las entidades y personas que apoyan a las comunidades afectadas por la minería.
El sueño y la lucha en defensa de la Pacha Mama todavía viven e palpitan en el corazón de los pobres de la tierra.

https://www.youtube.com/watch?v=I1Qvgctnbck