¿Cómo plantarnos frente a la industria minera?

Fuente: Radio Progreso, desde Honduras

La minería es riqueza. Sin embargo, su explotación está estructurada para que esa riqueza se vaya fuera del país. Es fuente de corrupción y beneficios para funcionarios y políticos locales, al tiempo que es generadora de desastres ecológicos, ambientales y una amenaza creciente para la vida de las comunidades. La explotación minera y los proyectos hidroeléctricos van unidos por el mismo modelo extractivo, depredador, consumista y contaminador y concentrador de bienes y recursos. Es una explotación basada en la lógica del consumo infinito sobre un mundo con recursos limitados. La riqueza mineral deja miseria y desastre ambiental en contraposición a la creciente vida de lujo y derroche de los propietarios de las compañías mineras.

La industria minera ha alcanzado tan alto nivel tecnológico que requiere cada vez de muy poca mano de obra y de menos tiempo para la explotación de una mina, dejando como secuelas un acelerado desastre ambiental y destruidas las formas comunitarias tradicionales de vida. Una comunidad tocada por la explotación minera nunca volverá a ser la misma, sus tejidos culturales quedan rotos, y la explotación minera conlleva, promueve e incentiva la división y la corrupción.

En la industria minera existen sin duda dos cosmovisiones, es decir, dos maneras de ver y de relacionarse con el mundo. Una primera manera es la que mira la naturaleza y la tierra como una madre, como fuente vida y don sagrado para pueblos y comunidades. Las comunidades indígenas dan testimonio que “la tierra es nuestra madre y las mineras la tienen destrozada, le han partido el corazón y eso es un atentado contra Dios”. Una segunda manera de ver la naturaleza es la de los mineros y empresarios extractivistas. Las montañas y las minas, el agua y los bosques son negocios, dinero, crecimiento, desarrollo, bienestar económico. Todo hay que convertirlo en capital.

La industria minera extractiva, íntimamente unida a los proyectos hidroeléctricos contaminantes, es tan criminal que está provocando un fenómeno creciente de resistencia de comunidades muy articuladas con organizaciones ambientalistas y populares. Como contrapartida, las mineras en alianza con empresarios nacionales y autoridades públicas, amenazan, persiguen, secuestran y asesinan a dirigencias y comunidades.

Las compañías mineras se confabulan con los diputados para aprobar figuras jurídicas con el propósito de criminalizar las luchas de resistencia contra la explotación minera y las concesiones de agua. También han articulado alianzas con comunicadores para controlar la información, desfigurar las luchas y presentar la industria extractiva y contaminante como “bondadosa” para las comunidades, el Estado y la sociedad.

Las comunidades y organizaciones ambientales se apoyan en medios de comunicación alternativos y en las redes sociales, sin alcanzar todavía capacidad para contrarrestar el cerco mediático. Las compañías mineras han construido un escenario de conflicto y de polarización. Ellas tienen bien definido su objetivo: convertir toda la riqueza natural en dinero. Las comunidades, organizaciones ambientales, ecologistas y populares y las iglesias que buscan ser fieles al Evangelio, no tenemos ningún otro camino que articularnos en una lucha común por la paz y la vida a partir de la defensa y protección de nuestros bienes naturales.

La tragedia de los mineros en el Corpus no es única, es la expresión de la trágica realidad de la minería, y hemos de articularnos y movilizarnos porque la Vida es un Don de Dios y lo hemos de defender en pie de testimonio, desde la lucha organizada, popular, pacífica y no-violenta. Hoy estamos a tiempo, mañana será demasiado tarde.

¿Adiós al campesinado? El supermercado siempre gana

La agricultura ha dejado de ser desde hace años una actividad económica central. Ante un modelo agrario diseñado por y para el agronegocio, cada vez más campesinos se han visto obligados a cerrar sus explotaciones y abandonar el sector. Sin embargo nuestras necesidades alimentarias siguen allí. Sin campesinado, ¿quién nos dará de comer?

Por Esther Vivas. Público.es

La agricultura, en el Estado español, ha pasado de ser una de las principales actividades económicas a una práctica casi residual. En 1900, el 70% de la población activa trabajaba en el sector agrícola; en 1950, ésta había disminuido hasta el 50% del total; en 1980, ya únicamente representaba el 19%; y en 2013, sumaba un escuálido 4,3%. Las explotaciones agrarias, del mismo modo, desaparecen a gran velocidad. En el período de 1999 al 2009, en solamente diez años, éstas disminuyeron un 23%, según el Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística 2009. Pronto no quedarán campesinos en el campo.

Menos explotaciones y más grandes. La concentración empresarial es otra realidad en el mundo agrario. Entre 1999 y 2009, a pesar del cierre de fincas, las que se mantuvieron, en todas las comunidades autónomas, aumentaron su extensión. Aunque los mayores incrementos se dieron en Galicia, La Rioja y Cantabria. En la ganadería, se repitió la dinámica: el número de explotaciones de cada especie de ganado disminuyó, pero aumentó el número medio de cabezas. Castilla y León se situó al frente de la producción de bovino y ovino y Catalunya fue la primera en la producción avícola y porcina, ambas comunidades con el mayor número de ejemplares de cada una de dichas especies. Por cierto, en Catalunya existen prácticamente tantas cabezas de cerdo, como de personas.

La renta agraria en términos generales, en los últimos años, también ha retrocedido, a pesar de que en 2013, ésta aumentó un 7,7% después de varios años de mantenerse estable o en caída libre. Según datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el sector agrario en la última década ha perdido un 23% de su renta. Asimismo, los costes de producción siguen incrementándose, y actualmente significan un 93% de la renta agraria en su conjunto. La subida de precios de la energía, los fertilizantes y los piensos ha contribuido de forma decisiva al aumento. Los ingresos disminuyen, los gastos no hace sino aumentar. Precios en origen y en destino

El diferencial entre el precio que se paga en origen al productor y el que nosotros pagamos en la tienda o el supermercado continúa subiendo. Si en junio del 2013, el precio del producto alimentario de origen a destino se multiplicaba de media por 3,79, un año más tarde, en junio del 2014, el importe se multiplicaba por 4,52, según el Indice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos. Aquellos productos con un mayor incremento de su coste eran el calabacín, el repollo y la berenjena, con un diferencial porcentual entre el precio en origen y en destino de un 950%, un 808% y un 717% respectivamente. En definitiva, quién produce lo que comemos es quién menos dinero recibe.

De aquí que la COAG, la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) impulsaran una proposición no de ley sobre los márgenes comerciales de los productos agroalimentarios, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados en 2008. La proposición instaba a una mayor transparencia en el proceso de configuración de los precios a lo largo de la cadena alimentaria, a la creación de un Observatorio de Precios para controlar y sancionar las malas prácticas en la fijación de los importes, a actuar para eliminar la especulación en los mercados agroalimentarios e implantar un sistema de doble etiquetado (precios origen/precios destino) que permita conocer el valor real de los alimentos y detectar distorsiones interesadas en los precios, entre otras medidas. Aunque del dicho al hecho…

El supermercado siempre gana

La venta a pérdidas por parte de los supermercados, vender por debajo del precio al que se paga al productor, es otra práctica habitual, aunque está prohibido por la administración mediante la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y la Ley de la Competencia Desleal. La gran distribución, sin embargo, utiliza esta medida con el objetivo de fidelizar a sus clientes, vendiendo algunos productos, los llamados «productos relamo», a un precio muy bajo. A pesar de ingresar menos dinero con su venta, lo compensa con el incremento de la comercialización de otras mercancías.

El aceite de oliva ha sido, en los últimos años, uno de los productos agrarios más golpeados por esta práctica, ahora parece le llega el turno al arroz. Pero, no es oro todo lo que reluce. El consumidor piensa que ahorra con estos métodos, aunque una vez en el ‘súper’ lo que deja de pagar en un producto lo acaba pagando en otro. La gran distribución siempre gana.

Mientras, estas prácticas tienen un efecto nefasto en el campo, ya que presionan a la baja el precio que se paga en origen por dichos alimentos conduciendo a la ruina del agricultor. Sin entrar a analizar, por otro lado, el fraude que, a menudo, se da con estas prácticas, cuando nos venden, por ejemplo, aceite de oliva virgen extra a un precio extremadamente barato, y al analizar el producto resulta no tratarse del aceite de primera calidad que nos decían.

Muchos campesinos, ante estas operaciones, tiene que acabar cerrando sus fincas. Entonces, si estos desaparecen, ¿quién nos dará de comer? ¿Quiénes producirán y distribuirán la comida? Creo que la respuesta es clara: unas pocas empresas que controlan cada uno de los tramos de la cadena alimentaria. Se trata de multinacionales como Dupont, Syngenta, Monsanto, Kraft, Nestlé, Procter&Gamble, Danone, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Mercadona, por solo citar a algunas. ¿Tenemos, pues, la comida garantizada?

Esther Vivas

Cañón del Sumidero: a pesar de la clausura temporal, la mina Cales y Morteros sigue excavando

Marie-Pia Rieublanc, Otros Mundos AC/Chiapas
VIDEO al final

Desde 1963, la mina Cales y Morteros del Grijalva S.A. de C.V. extrae cal en la parte oriente del Cañón del Sumidero, en la localidad de Ribera Cahuaré, en Chiapa de Corzo (Chiapas, México). Sus actividades afectan tanto la salud de los pobladores  como el medio ambiente.

La minera ha cavado un gigante hueco arriba de la pared oriente de este sitio que fue clasificado área natural protegida en 1980. Al usar explosivos para dinamitar piedras, ha provocado fracturas que cualquier turista puede observar desde su lancha al recorrer el Cañón. Dejó de usar ese método en enero de este año, tras una decisión de la Secretaría de la Defensa nacional.

Recientemente, bloques de roca se desprendieron de la pared y cayeron a la orilla del río Grijalva. La situación es tan preocupante que el 23 de Julio, todas las autoridades ambientales del estado y del país (Semahn, Profepa, Semarnat, Conanp) dieron por primera vez una conferencia de prensa junta en Tuxtla. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia natural (Semahn) de Chiapas, Carlos Morales, reconoció públicamente que las actividades de la mina dañaban el Cañón. Anunció que había clausurado de manera temporal el banco de extracción de material pétreo del sitio.

Los trabajadores siguen extrayendo piedras calizas

En realidad, esta decisión fue tomada el 9 de julio y todavía los empleados de Cales y Morteros siguen extrayendo cal en el sitio. El día de la grande conferencia de prensa, es decir 14 días después de la clausura oficial, un grupo de habitantes de Cahuaré subió al sitio de extracción y observaron que camiones estaban echando un liquido sobre las rocas. “Lo que está haciendo esta pipa es mojar la piedra para que allí puedan rasparlas con maquinaria”, explicó Angélica Espinosa Interiano, miembro del Movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero. La empresa usa ese método llamado brazo hidráulico para esquivar la prohibición de explotar las piedras usando dinamita.

En respuesta al anuncio de la Semahn, el Movimiento organizó su propia conferencia de prensa el 25 de julio en Tuxtla. “Nosotros constatamos que siguen trabajando en el banco de arena”, denunció Laura Santiago Molina, exigiendo “que se garantice que esa clausura se va a llevar a cabo como debe de ser”.

María Alejandra Aldama Pérez, rescató la responsabilidad de la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Es la instancia a la cual incumbe clausurar las actividades de Cales y Morteros” pero “no lo está haciendo, no está aplicando la ley”, insistió la vocera. “También la Secretaría de salud (del estado de Chiapas) nos ha emitido dos diagnósticos, diciéndonos que estábamos enfermos y de qué estábamaos enfermos” pero que “no está haciendo nada”.

Riesgos de cáncer del pulmón

En efecto, en un estudio epidemiológico realizado en octubre de 2013 en Ribera Cahuaré y en Santa Cruz, otra localidad cercana de la mina, la Secretaría de Salud del estado alerta que “un 40% (296) de los habitantes refirió padecer alguna enfermedad, de ellas el 25.9% (192) de los pacientes presentaron comorbilidad a infección respiratoria aguda (IRA)”. “La presencia esparcida de cal en las viviendas es un factor de riesgo ambiental determinante para el desarrollo de enfermedades respiratorias agudas”, añade el documento.

El doctor Eduardo Alberto Vargas Domínguez, presente a la conferencia de prensa, recordó que « la diseminación de partículas » de piedras durante las actividades extractivas son muy « peligrosas ». « Pueden producir una silicosis, una antracosis, y esto puede derivar en la presencia de cáncer del pulmón ».

Ahora, los habitantes de Cahuaré están esperando que la Semahn lleve a cabo un nuevo monitoreo de la calidad del aire en su poblado. Si se comprueba que está contaminado por las actividades de la calera, la Secretaria podría exigir su clausura definitiva. Mientras tanto, Cales y Morteros continua sus actividades, como si no pasara nada.

VIDEO:

Cales y Morteros sigue dañando el Cañon del Sumidero

https://www.youtube.com/watch?v=NrzzQf7Ow74

Frenan a Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, casi 50 años después de daños en 23 hectáreas

Por Isaín Mandujano, chiapasparalelo.com

A casi 50 años de operación y depredación del área natural protegida del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, por fin este miércoles el gobierno estatal y federal, declararon clausurada la empresa Cales y Morteros del Grijalva SA de CV, propiedad del Grupo San Roke, del empresario veracruzano de ascendencia española, Domingo Muguira Revuelta.

Tras afectar de forma irreversible unas 23 hectáreas de superficie del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, un atractivo turístico internacional de Chiapas ubicado entre la capital del estado y Chiapa de Corzo, en la Carretera Panamericana Km 1096, Ribera de Cahuaré, este día varias dependencias federales del sector ambiental estatal y federal dieron a conocer el cierre e la empresa que dejó daños a la salud a sus habitantes y que por varios años reclamaban su salida.

La Secretaría de Medio Ambiente Natural e Historia (SEMANH), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) dieron a conocer las acciones legales contra la empresa que producía cales para su venta en todo el estado de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

Además de dedicarse a la industria del café de exportación, el Grupo San Roke fundó en Chiapas Cales y Morteros del Grijalva, considerada la segunda fábrica de cal más grande del sureste -con proyecto de crear una más en Villa Flores, Chiapas. Además es propietario del Hotel City Express en la capital chiapaneca, así como El Molino de la Alborada en San Cristóbal de las Casas, en donde pretende desarrollar un campo de golf y un fraccionamiento sobre 45 hectáreas.

El poder económico de Muguira Revuelta ligado a los hombres del sistema político mexicano priísta, había impedido que la empresa Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, pero este miércoles 23, los titulares y delegados de estas dependencias federales dieron a conocer que le han sido cancelado todos los permisos a la empresa para extraer material pétreo, caliche, y que ya no puede procesar tampoco en su planta.

Carlos Morales Vázquez de la SEMANH, Amado Ríos Valdez de la Semarnat, Joaquín Zebadúa de la Conanp y Jorge Constantino Kanter de la Profepa, dieron a conocer que se le canceló el permiso para seguir extrayendo material pétreo y se le inició un proceso por la contaminación ambiental al emitir partículas que dañaban a la salud de los habitantes en sus alrededores.

La empresa sólo era posesionario del predio, ubicado dentro del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, la escritura que presentó como de su posible propiedad no ha sido certificada. Además el último registro ante las dependencias federales para seguir operando data de 1996.

La empresa dejó una oquedad en unas 23 hectáreas que desde el aire contrastan con la belleza natural del Cañón del Sumidero. De hecho, derivado de las explosiones para extraer material pétreo, la pared derecha del Cañón del Sumidero sufrió agrietamientos, según un estudio del Instituto de Geofísica de la UNAM.

En esa pared del Cañón del Sumidero se observa que han caído lajas o registrado desprendimientos de piedras de forma paulatina en los últimos años.

Los habitantes de las colonias en sus alrededores desde hace más de una década habían demandado el cierre de la empresa que por tráfico de influencia al más alto nivel de su propietario permanecía intocable.

En la conferencia de prensa señalaron que la empresa deberá retirar desmantelar su maquinaria de procesamiento de material pétreo y cerrar definitivamente para que no dañe más el medio ambiente y tampoco la salud de los chiapanecos.

Joaquín Zebadúa de la CONANP dio a conocer que existe una denuncia penal ante la PGR en contra de la empresa por despojo y daños, por lo que seguirá su proceso legal en la que las partes harán lo que le corresponde.

Pronunciamiento REMA por el Día Mundial contra la Minería

EL MODELO EXTRACTIVO MINERO VULNERA LA DIGNIDAD HUMANA

 La reforma energética profundizará las injusticias socioambientales

La REMA continuará desplegando acciones colectivas contra la minería

 22 de junio del 2014

remaEn todo el mundo, el actual «modelo extractivo minero» ha demostrado ser altamente devastador. En México, la amenaza de la minería sobre comunidades, ejidos, pueblos y millones de hectáreas de territorio es inminente e inconmensurable. Los daños asociados a ella son notables: militarización del territorio, violaciones a los derechos humanos, división de comunidades, atentados contra la integridad y criminalización de defensores y luchadores sociales además de la contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria y biodiversidad, así como altísimas contribuciones al cambio climático, afecciones a la salud y empleos precarios, son algunos de ellos cuando las mineras hacen su aparición. Debido a su extraordinaria capacidad depredadora, la minería constituye uno de los ejes de conflictividad social más significativos a tener en cuenta en los próximos años en nuestro país.

Pese a todo, la reforma energética impulsada por el gobierno federal y validada -desde el PACTO POR MÉXICO– por las principales fuerzas políticas de la República, perfeccionará un modelo de desarrollo que -frente a la satisfacción de necesidades- continúa apostando por la reproducción, acumulación y centralización del capital profundizando con ello las injusticias socioambientales, las violaciones a los derechos de los pueblos en los terrotorios de extracción y los desequilibrios de poder realmente existentes en una sociedad que -al operar bajo el principo de que tener el poder es tener la razón- coloca a cada vez más personas en una situación de vulnerabilidad obstaculizando su acceso a las condiciones de vida que hacen posible la dignidad.

Por ello, en el contexto del DÍA MUNDIAL CONTRA LA MINERÍA A CIELO ABIERTO, las comunidades, luchas y organizaciones que conformamos la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) ratificamos nuestro compromiso con la defensa del territorio a través de diveras estrategias orientadas a impedir la instalación de obras y/o proyectos contrarios a nuestros intereses y a construir autonomías locales que favorezcan la satisfacción de nuestras necesidades vitales. La intensa actividad que nuestros grupos han desplegado en los últimos meses dan cuenta de ello. A continuación recojemos algunas de las acciones más significativas:

En el área Educativa,
·         La organización Otros Mundos Chiapas / Amigos de la Tierra México, editó el manual LA MINA NOS EXTERMINA que supone un conjunto de herramientas a disposición de los afectados o potenciales afectados por la minería para “detener este Modelo Extractivista y construir otros mundos posibles”.
Manual http://otrosmundoschiapas.org/materiales/2013/11/la-mina-nos-extermina-manual/

·         En la misma línea, la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), viene trabajando una GUÍA PARA LAS RESISTENCIAS dirigida a quienes “están o pretenden estar en procesos para la defensa y resistencia en contra de las empresas mineras de capital nacional o extranjero”.

En cuanto a la Articulación y Organización,
·         En febrero pasado el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan en coordinación con la organización Bios Iguana, realizó en la Comunidad Indígena de Zacualpan en Colima el FORO NACIONAL DE AFECTADOS POR LA MINERÍA.

·         Igualmente, el Consejo Tiyat Tlali organizó en el mes de marzo en Zautla, Puebla el ENCUENTRO DE PUEBLOS EN RESISTENCIA CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO, al que asistieron más de 500 personas provenientes de todos los rincones del país y del extranjero.

·         Como desde el 2012, mantenemos una estrecha colaboración con organizaciones y luchas de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Estados Unidos y Canada a través del MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4).

En la Prevención,
Hemos iniciado un intenso proceso con el objetivo de blindar territorios de cualquier actividad minera al generar DECLARATORIAS DE TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA. En este proceso dos casos destacan:

·         Los acuerdos logrados por la Asamblea de Bienes Comunales de Zacualpan, Municipio de Comala en Colima por el que MANIFIESTAN SU OPOSICIÓN Y RECHAZO A QUE EN SU COMUNIDAD SE LLEVEN A CABO TRABAJOS DE EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MINAS PARA EXTRAER CUALQUIER MINERAL, EN EL PRESENTE COMO EN EL FUTURO. Esta decisión comunitaria ha sido ratificada en sentencia firme por el Tribunal Unitario Agrario de Distrito N° 38 en la que consta que “el cuidado de su entorno, costumbres, tradiciones y medio ambiente es más valioso que la contraprestación económica que pudieran recibir”. Este acto es inédito porque por primera vez en la historia de este país un Tribunal jurisdiccional reconoce un Territorio como Libre de Minería.

·         La generación de un acta de colectiva firmada ante Notario Público por 56 comunidades, ejidos y organizaciones de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazapa, Comalapa, Chicomuselo y Tuzantán por la que DECLARAN SUS TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS

En lo Jurídico,
·         La Comunidad San Miguel del Progreso, Mpio. de Malinaltepec, Región Montaña, Guerrero, acompañada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” interpuso una demanda de amparo en la que se señaló que el procedimiento administrativo que derivó en la entrega de los títulos de concesión minera en su territorio indígena, contravino la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. En la acción legal se solicitó que se analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El 12 de febrero de 2014 fue notificada una sentencia histórica: el Juez de Distrito consideró que efectivamente habían sido violados los derechos de esta comunidad Me’phaa, al haberse entregado sin consulta, las concesiones mineras dentro de un territorio indígena, invocando para ello los derechos contenidos en tratados internacionales que México ha firmado y ratificado como el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH).

·         En el mismo sentido, las organizaciones Colectivo de Abogados y Acción Colectiva Socioambiental están actualmente coordinando cinco procesos semejantes en diferentes Estados de la República.

Por todo lo anterior, vale insistir en que la REMA actúa fundamentalmente inspirada por la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos. Esta convicción, indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no quede subordinada a las respectivas autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos ha hecho posible que, en una época en la que muchos referentes sociales de validez colectiva se ven constreñidos para articular medios y fines, las luchas y organizaciones de la REMA continúen impulsando –no sin dificultades- una política encaminada a transformar la realidad.

 RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

¡NO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

¡FUERA LAS MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!

¡DE CANADA A PANAMA LA MINERÍA NO VA!

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Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

www.remamx.org

PRONUNCIAMIENTO: Reforma energética representa un despojo territorial “legalizado”

PRONUNCIAMIENTO

En el marco del Seminario Agua y Energía realizado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, el día 14 de julio de 2014, nos reunimos organizaciones civiles y comunidades pertenecientes a los pueblos mixteco, chatino, zapoteco y mixe del estado de Oaxaca, con representación de organizaciones de Chiapas y el Distrito Federal para analizar y denunciar las actuales reformas que se están implementando en nuestro país, mismas que carecen de una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Con todas estas nuevas leyes y estrategias para despojarnos de nuestros bienes naturales, creemos que el debate sobre la distribución y generación de la energía se vuelve fundamental, donde el agua constituye el eje principal de la vida en su conjunto, y el que más se encuentra amenazado.

 

Desde 1917 no se habían realizado modificaciones constitucionales tan profundas como las que se están implementando a partir de la gestión de Enrique Peña Nieto, las cuales favorecen intereses de empresas nacionales y extranjeras: Ley de Hidrocarburos, Ley de Aguas Nacionales, Ley Minera, Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley de Energía Geotérmica, Ley Hacendaria, Ley de Inversión Extranjera, Ley de Amparo, Ley de Expropiación, Ley de Bienes Nacionales, Ley Laboral, Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética, Ley de Asociaciones Público y Privadas, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, Ley General de Educación y por último, la recién aprobada Ley de Telecomunicaciones, han sido presentadas y aprobadas sin la participación de las comunidades y la ciudadanía en general que habitan en nuestro país, representando un despojo territorial legalizado.

Un ejemplo de este despojo lo representan los proyectos en nuestro estado de Oaxaca, como la construcción de la Presa Acueducto Bicentenario, mejor conocida como Paso Ancho, que busca privatizar el abasto de agua en la capital del estado; el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, instrumentado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la presa derivadora Flores Magón (CONAGUA), que continuamente provoca inundaciones a poblaciones negras-afromexicanas, en la región de la costa de Oaxaca; la política de concesiones que afecta a campesinos y campesinas organizados en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua en el Valle de Ocotlán y los proyectos mineros “San José” impuesto por la compañía Fortuna Silver Mines, “Natividad” por la compañía Minera Natividad y Anexas y Sundance y el proyecto “Plata Real” impulsado por la empresa del mismo nombre.

A pesar de que se ha intentado por las vías legales y pacificas resistir y defender nuestros territorios, la respuesta de las autoridades en el mejor de los casos ha sido la omisión, así como mesas de diálogo inútiles e ineficaces.

Desafortunamente para la mayoría de los movimientos y comunidades que legítimamente se oponen a estas reformas, han encontrado por parte de los tres niveles de gobierno engaños, mentiras, amenazas, represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hasta ejecuciones a defensores y defensoras comunitarias.

Ante este escenario de amenaza, DENUNCIAMOS:

Que la política hídrica del gobierno mexicano incumple las cuatro características previstas en la Observación General N° 15 adoptada por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU para el acceso al agua: cantidad, calidad, suficiencia y asequibilidad, ya que la mayor parte de las aguas superficiales y subterráneas se encuentran contaminadas.

Para el gobierno mexicano el derecho humano al agua se ha convertido en un pretexto para la privatización de este bien, tal es el caso del borrador de la Ley de Aguas presentado por la CONAGUA en 2013, en el cual no contempla ninguna de las propuestas realizadas por la sociedad civil en el proyecto “Agua para todos, agua para la vida” Por el contrario la agenda de dicha dependencia se traduce en enormes proyectos de infraestructura, como presas, trasvases, tratadores, pozos profundos, etc., que tienen una afectación de alto impacto para las poblaciones donde se instrumentan.

CONAGUA, uno de los organismos más denunciados por parte de las comunidades en el país por brindar servicios a intereses privados, no está ejecutando las sentencias de Tribunales, ni respetando las decisiones de comunidades y movimientos. Tal es el caso que enfrenta la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua en los Valles Centrales de Oaxaca. Aunado a esta situación, dichas comunidades están siendo presionadas mediante el cobro excesivo por el servicio de la luz eléctrica.

La CFE, diputados y senadores locales, presionan y hostigan a las comunidades aglutinadas en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para la aceptación del proyecto Paso de la Reina, aun cuando existen actas de asamblea firmadas por 43 comunidades rechazando el proyecto. De igual forma se ha intentado coaccionar la decisión de estas comunidades a través de la limitación de recursos y entrega de proyectos dirigidos a los municipios que son generados con recursos públicos.

La Comisión Nacional Forestal, a través de la empresa DIAAPROY S.A. de C.V. en su proyecto “Recuperación de muestra y captura de la información de campo del inventario nacional forestal” desacata la decisión de comunidades de la Sierra Sur y Costa de no permitir la realización de estudios en sus territorios. En el caso de la comunidad de San Miguel Chongos se denuncia que a pesar de la negativa de la comunidad, dicha empresa realizó estudios en árboles.
Nos hermanamos con la defensa del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) de Guerrero y exigimos la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui, dirigente del mismo e integrante del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los ríos (MAPDER). Asimismo exigimos la liberación de todos los activistas, defensoras y defensores del territorio detenidos injustamente.

Reconocemos que el respeto al derecho a la consulta es un logro importante de nuestros pueblos y movimientos, por lo que exigimos deje de ser utilizado por parte del Estado Mexicano como herramienta para legitimar megaproyectos en el estado de Oaxaca y en todo el país. El desarrollo no puede entenderse a costa de los pueblos y comunidades campesinas, indígenas y pescadoras, por lo que en sesiones solemnes de cabildo hemos declarado nuestros territorios prohibidos para proyectos extractivos, sean minería, presas, eólicos o cualquier otro proyecto que afecte nuestros territorios. Tenemos el derecho a seguir defendiendo nuestros territorios y que se respete nuestra decisión sobre el desarrollo de los mismos.

En consecuencia seguiremos construyendo iniciativas de protección, cuidado y defensa de nuestros territorios a través del manejo participativo y comunitario del agua y nuestros bienes comunes, la recuperación de nuestras cuencas y la protección de nuestras fuentes de agua,

“SI A LA VIDA, NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE”

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 14 de julio de 2014.

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Tequio Jurídico A.C., Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Centro Prodh A.C.; Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde(COPUDEVER); Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA); Capulálpam de Méndez; Magdalena Teitipac; Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecas de la Sierra Juárez UZACHI; Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); Blue Planet Project;, Otros Mundos-Chiapas A.C.; Hij@s de la Tierra.

Reforma energética y fracking en México: apuntes para entender

Presentación: Implicaciones económicas y energéticas de la explotación del gas de lutitas por Fundar, Centro de Análisis e Investigación

¿Qué es el gas shale o gas de lutitas?

  • Es gas natural que se encuentra atrapado en sedimentos de roca de lutitas a profundidades de entre mil a cinco mil metros.
  • Debido a las características geológicas de estos yacimientos, la extracción del gas natural requiere la aplicación de la técnica conocida como fractura hidráulica o fracking.
  • ¿En qué consiste esta técnica?

 Ver/Descargar presentación completa

Presentación Afectaciones de la Fracturación Hidráulica o Fracking por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental

Se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo (Lucena, 2013). Es decir que cuando hay un desarrollo generalizado de estos proyectos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos poniendo en peligro la realización del derecho humano al agua, es decir al agua para consumo humano y doméstico, así como la para la producción agrícola y el sostenimiento de los ecosistemas.

Ver/Descargar presentación completa

El maíz transgénico en México (en 15 píldoras)

Biodiversidad en América Latina y El Caribe

«Los científicos independientes comprometidos con los valores del conocimiento -y no del lucro o de los intereses económicos particulares- también comprometidos con la justicia social, y la sustentabilidad ambiental, deseamos y debemos entablar un diálogo profundo de saberes con los indígenas y campesinos del mundo. Ellos son poseedores de valiosos conocimientos y técnicas tradicionales milenarias, y con ellos podremos encontrar verdaderas soluciones a la producción agrícola y el abasto de alimentos diversos y sanos, garantizando la soberanía alimentaria.»

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) es una Asociación Civil fundada en 2006 por científicos mexicanos de pensamiento independiente, a los que une la convicción de que el conocimiento científico debe generarse, usarse y aplicarse para mejorar la calidad de vida de la sociedad de manera sustentable y no para beneficio de alguna minoría. Nuestra tarea central es observar, aprender, analizar las oportunidades, peligros y riesgos inherentes del uso del conocimiento científico y divulgar nuestras conclusiones a la sociedad.

El Programa de Agricultura y Alimentación de la UCCS está enfocado en la seguridad alimentaria sustentable (suficiente, accesible a toda la población e inocua), en la soberanía tecnológica y en la protección de la ecología y de la biodiversidad, particularmente la de las especies cultivadas en México y que como en el caso del maíz, fueron domesticadas y/o se diversificaron en México y Mesoamérica. El maíz es central para la seguridad alimentaria y la cultura de la Nación por ser su alimento básico: 53% de la ingesta calórica y 39% de la proteínica de la dieta nacional provienen del consumo directo del maíz. Sin embargo, durante los últimos 10 años debido a políticas deficientes y a una mala planeación por parte del gobierno, la producción de maíz se ha estancado con respecto al requerimiento para consumo nacional, haciéndonos cada vez más dependientes del mercado internacional, principalmente de Estados Unidos y a la vez, exponiéndonos a la creciente volatilidad mundial de su precio.

Las corporaciones multinacionales de semillas transgénicas (CMST) han identificado al creciente déficit nacional de grano de maíz como su oportunidad para llegar a controlar el mercado nacional de semilla de maíz, que es del orden de 200,000 toneladas anuales, con valor potencial para las CMST (incluyendo los herbicidas acompañantes) de más de mil millones de dólares anuales. Su estrategia ha consistido en un intenso cabildeo en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en introducir la práctica de “puertas giratorias’’ en las instituciones de gobierno encargadas de la toma de decisiones a su favor, y, además, en crear adeptos dentro de la comunidad científica y lanzar campañas de propaganda dirigidas a la sociedad a través de la prensa, radio y televisión. La campaña de las CMST anuncia que la introducción de maíz transgénico a México es la modernización necesaria y urgente para alcanzar la seguridad alimentaria de maíz de México, aun considerando al cambio climático inminente. Aseguran que su conocimiento “científico” -que antes de nada está guiado por el lucro- aplicado al campo mexicano consumará la hazaña de resolver los problemas del campo y el hambre. Estas promesas se hacen sin garantía, sin fiador y con propaganda demostradamente falsa.

A cuarenta años de las primeras liberaciones de cultivos transgénicos, ha quedado demostrado que éstos no aportan beneficios sociales o ambientales, y en lugar de ello implican riesgos y peligros públicos que se anticiparon pero no se consideraron con seriedad, y con los años se han ido demostrando científicamente.

La comercialización y liberación de cultivos transgénicos ha implicado, eso sí, grandes ganancias privadas, y por ello las CMST siguen presionando para expandir su dominación sobre las semillas y la producción, distribución y comercialización de alimentos de todo el mundo, y la consiguiente contaminación de los centros de origen y diversificación de plantas como el maíz.

Los científicos independientes comprometidos con los valores del conocimiento -y no del lucro o de los intereses económicos particulares- también comprometidos con la justicia social, y la sustentabilidad ambiental, deseamos y debemos entablar un diálogo profundo de saberes con los indígenas y campesinos del mundo. Ellos son poseedores de valiosos conocimientos y técnicas tradicionales milenarias, y con ellos podremos encontrar verdaderas soluciones a la producción agrícola y el abasto de alimentos diversos y sanos, garantizando la soberanía alimentaria.

Los consorcios multinacionales de semillas transgénicas plantean una alternativa que cancelaría la soberanía y amenazaría profundamente la seguridad alimentaria de México. Su camino no tiene retorno. Con el tiempo, desaparecería todo maíz normal (no transgénico) del país y hasta las razas nativas serían transgenizadas y potencialmente serían objeto de propiedad intelectual de esos consorcios multinacionales.

Por medio de este cuadernillo de difusión y divulgación, presentado a manera de una introducción general y síntesis, escrita en un lenguaje sencillo accesible para todos, y de ‘’15 píldoras’’ con datos técnicos y científicos, queremos comunicarnos con todos los ciudadanos de México. En particular, nos dirigimos a las y los estudiantes, así como a las maestras y maestros, de nivel básico, medio y superior, de todo el país, y esperamos que con su ayuda, esta información llegue a la mayor parte de los mexicanos.

Nuestro mensaje es: “se debe prohibir toda siembra de maíz transgénico en México: la Nación no lo necesita para lograr su autosuficiencia y seguridad alimentarias; y su liberación implica riesgos y peligros inadmisibles e irreversibles”. El país dispone de alternativas basadas en tecnología pública y conocimiento tradicional, que no requieren del uso de transgénicos.

Además el maíz está en el corazón de nuestras culturas mesoamericanas.

Para acceder al documento, haga clic en el enlace a continuación:
El maiz transgénico en México (en 15 píldoras) (14,62 MB)

TPP retrasará entrada de 5 mil medicamentos genéricos en México

Las modificaciones propuestas a la Ley de Propiedad Industrial en el TPP consideran extensiones de patente o la posibilidad de realizar modificaciones a medicamentos que ya perdieron exclusividad.
 
Fuente: Mujeres por la Democracia

Ciudad de México. – El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por su siglas en inglés), catalogado como el proyecto de intercambio comercial más grande de la historia, podría retrasar el vencimiento de casi 5 mil patentes en México durante los siguientes cinco años.

De acuerdo con expertos del sector, esto afectará el acceso a medicamentos genéricos para la población y perjudicará a los laboratorios, en la mayoría nacionales, que elaboran estos productos.

Según datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), entre 2015 y 2019 vencerán los derechos exclusivos de 4 mil 852 medicamentos, lo cual significa que dichas sustancias activas podrían ser replicadas por otros laboratorios fabicantes de productos genéricos.

“Sin embargo, las modificaciones propuestas a la Ley de Propiedad Industrial en el TPP consideran extensiones de patente o la posibilidad de realizar modificaciones a medicamentos que ya perdieron exclusividad hasta por cinco años”, dijo Rafael Maciel, presidente de la Asociación Mexicana de Fabricantes de Genéricos Intercambiables.

Actualmente casi 9 de cada 10 medicamentos vendidos en el país son genéricos, considerando compras de particulares y de gobierno, los cuales tienen precios hasta 80 por ciento más bajos que el medicamento innovador, según información de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias.

En términos de valores, los genéricos aportaron 45 por ciento de las ventas anuales del mercado farmacéutico nacional en 2013,unos 87 mil 750 millones de pesos, de acuerdo con IMS Health.

Desde 2011 (cuando inició la estrategia federal de autorizar medicamentos genéricos en paquete) a la fecha, el gobierno ha autorizado 287 nuevos medicamentos correspondientes a 31 sustancias activas que perdieron patente.

Esto significa que hace tres años había 31 medicamentos que monopolizaban los tratamientos para curar 71 por ciento de las causas de muerte en el país, pero hoy existen 318 opciones terapéuticas, considerando los 287 genéricos y los 31 innovadores.

Según cálculos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), esta estrategia ha generado un ahorro acumulado de alrededor de 20 mil millones de pesos tanto para las familias como para el sector público.

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, CLAVE EN LAS NEGOCIACIONES DEL TPP

Si bien las negociaciones del TPP se llevan a puerta cerrada, algunas propuestas de modificación a la Ley de Propiedad Industrial ya son de dominio del sector.

Una de ellas es la ampliación del periodo de duración de las patentes que significa extender desde 20 hasta 25 años o más el plazo para explotar de forma exclusiva un medicamento para compensar el tiempo que tarde la autoridad en otorgar una autorización, expuso Rafael Maciel, directivo de Apotex, uno de los laboratorios de genéricos más grandes del país.
Sin embargo, “esta compensación no se aplicaría en automático, sólo en caso de que se compruebe que hubo un retraso por parte de las autoridades”, matizó Alejandro Luna, socio del despacho Olivares & Compañía y asesor de la AMIIF.
Según la organización Médicos Sin Fronteras, otra propuesta es la de ‘bajar los estándares de patentabilidad’ al permitir que los laboratorios innovadores registren modificaciones a viejos medicamentos.

Proyectos Neoliberales en Chiapas… con viento en popa

Por Gaspar Morquecho

Las guerras neoliberales en la región y sus versiones domésticas siguen su curso. La estrategia es clara, violenta, perversa y va alcanzando sus objetivos. En Chiapas, la guerra escala en todos los terrenos. La ofensiva neoliberal de Salinas-Peña Nieto en Chiapas es diversa y sin importar los medios.

 

Violencia, pobreza, empresas mineras, turismo y despojo en Chiapas. El 17 de junio, en el foro “La iglesia frente a la violencia”, organizado por la Universidad Iberoamericana, José Avilés, vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, acusó a consorcios mineros de sobreexplotar los recursos naturales, de despojar a indígenas de sus territorios y de empobrecerlos. Avilés alertó que en la entidad hay una constante destrucción y sobreexplotación de los recursos naturales, así como un gran despoblamiento y despojo de territorios. De acuerdo con el misionero jesuita, de 2000 a 2012 los niveles de pobreza de Chiapas han aumentado de 76.7 por ciento a 78.4 por ciento, y de cada cien habitantes en la entidad, 78 son pobres. Advirtió que en ese periodo se han otorgado más de un millón 500 mil hectáreas a grandes consorcios mineros en tierras chiapanecas.

El 22 de junio, integrantes de más de 40 organizaciones de 19 estados que asistieron al Encuentro Nacional Indígena, Campesino y Popular por la Resistencia, los derechos y las autonomías que se realizó en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, advirtieron que no entregarán “ni un milímetro de nuestras tierras y ni un ápice de nuestros derechos” a las empresas nacionales y extranjeras que pretenden beneficiarse con la reforma energética y sus leyes secundarias.

La fragmentación y destrucción del tejido social. A finales de junio, simpatizantes zapatistas del poblado Primero de Agosto, en la región tojolabal de Las Margaritas, denunciaron agresiones y despojos de miembros de la CIOAC Histórica y la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI). Entre los agresores, los indígenas identificaron a dirigentes de la CIOAC Histórica que participaron en el ataque a bases zapatistas en La Realidad el pasado 2 de mayo. Las agresiones iniciaron una semana después de los hechos en La Realidad cuando hirieron de un machetazo en el cuello a un indígena de Primero de Agosto. Los agredidos aseguraron: «Carmelino Pérez López, de la ASSI, afirmó que planean matar a cuatro compañeros”. Dijo quien les iba a matar, que habían cooperado para pagarle o que ellos mismo lo iban a hacer. 

Turismo a toda costa en Chiapas. Como recordarán, en 2013 fue ejecutado Juan Vázquez Guzmán en la cabecera de Chilón. Era dirigente de la Sexta en San Sebastián Bachajón. Él mantenía una importante lucha contra el despojo de su territorio. Empresas trasnacionales como la Norton Consulting y los tres niveles de gobierno en Chiapas impulsan uno de los proyectos más ambiciosos del Plan Mesoamericano en Chiapas: el Centro Palenque. Cuenta con una red de infraestructura y servicios para conjuntar atractivos naturales y arqueológicos para el turismo de elite. Un año más tarde, el 25 de marzo 2014, fue asesinado Juan Carlos Gómez Silvano, Coordinador Regional de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón, también del municipio de Chilón.

El 12 de Febrero, Salinas – Peña Nieto inauguró el Aeropuerto Internacional de Palenque y se comprometió a construir la autopista de Palenque-San Cristóbal de Las Casas. Infraestructura básica para los proyectos turísticos en la Reserva de Montes Azules y la Comunidad Lacandona. Se aseguró que para el mes de mayo estaría definido el presupuesto, el trazo y los tiempos para realizar dicha obra. Para entonces el gobierno de Chiapas había comprado a las autoridades de los gobiernos municipales, de los ejidos y comunidades ubicadas en las inmediaciones del trazo.

El 1 de julio pasado, la Secretaría de Turismo (Sectur) presentó el programa de desarrollo turístico. Claudia Ruiz Massieu, titular de la Sectur aseguró que: “El programa especial de Desarrollo del Corredor Palenque, Ocosingo, Cerro Azul (Sic), Comitán, San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo será puesto en marcha por conducto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo”. (La Jornada, 1 de julio, 2014, p. 20) Un día después, Bayardo Robles Riqué, titular de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) informó: “La carretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque tendrá un costo total estimado de 10 mil 600 millones de pesos”. Tuvieron cuidado de no mencionar ni dar a conocer el trazo de la vía ni la ubicación de los tramos de ataque para el inicio de la obra.

Ejidatarios rehenes de los programas sociales. En Tila, los ejidatarios denunciaron que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) suspendió la entrega de programas sociales -como el de apoyo al campo Procampo -, por negarse a fragmentar la propiedad social en pequeños lotes particulares. La denuncia establece que en un hecho paralelo, la Procuraduría Agraria alteró las actas de asamblea de ejidos para quitar los acuerdos comunitarios que prohíben vender la tierra. De esta manera, denunciaron, se les está obligando a privatizar su territorio donde existen recursos naturales como son el agua, la selva y minerales de interés para empresas extranjeras. 

Desmovilización en la Selva Lacandona y en el territorio de la Reserva de Montes Azules. El movimiento que tuvo como punto de partida la declaración del el Secretario de Gobierno de Chiapas (Abril de 2014) de que NO iban a ser regularizados los predios ocupados por indígenas en la Reserva, y SI reubicados los 460 posesionados de 2 mil hectáreas de la Reserva, al parecer, ha sido desarticulado.

Como recordarán, se informó de la privación de la libertad de Julia Carabias. Le siguió la detención del asesor Fernando Gabriel Montoya y la creación del Movimiento de Organizaciones y Civiles en Chiapas para evitar el declarado desalojo. Hubo bloqueos carreteros en El Marqués de Comillas y Ocosingo; también toma de alcaldía y de oficinas estatales y federales. El gobierno de Chiapas encarceló a 23 representantes de Bienes Comunales de la Zona Lacandona y de la ARIC-ID. El 1 de Junio, después de un “acuerdo” en la Ciudad de México, los presos fueron liberados bajo las “reservas de ley” y se comprometieron a evitar el “uso de la fuerza” y “daños a terceros”. Entre los detenidos estaba Mario Ruiz Mendoza de SERAPAZ. En ese “acuerdo” intervino Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indios de México y diseñador de la Ruta para el Diálogo en Chiapas. El acuerdo incluyó la suspensión de bloqueos carreteros y las movilizaciones cesaron el 31 de mayo. El Comisionado se comprometió: a) gestionar una reunión en la Ciudad de México a principios de junio. b) A “construir un mecanismo de intermediación para el diálogo”. c) Que Montoya pudiera participar en la primera “reunión de trabajo”.

El 7 de junio, Xi’Nich se deslindó de las protestas. Señaló a Montoya como el autor intelectual de la masacre de Viejo Velasco en 2006, a los comuneros lacandones y los sub comuneros de Nueva Palestina los responsabilizó de la ejecución material de aquel violento ataque que dejó ocho muertos y dos desaparecidos (La Jornada, 8/junio/14). Montoya sigue en la cárcel, las movilizaciones cesaron y… ¿Se estará negociando algo? Como saben, están en juego la residencia de los pobladores de los predios ocupados en la Reserva y los megaproyectos turístico.

Resistencia y lucha de los movimientos sociales en Chiapas. La coyuntura es adversa y los movimientos sociales que se mantienen en resistencia a la ofensiva neoliberal capitalista son: El Movimiento del Pueblo Creyente, el de los Pueblos Rebeldes Zapatistas y la de los pueblos contra la minería. En la aventura los acompañan sus respectivos simpatizantes. Por su parte los Catequistas de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y el Congreso Pastoral Diocesano de principios de año definieron las líneas estratégicas para oponerse al Proyecto Capitalista Neoliberal de Muerte. Como dijera Miguel Concha: Construyen Esperanza.

A principios de junio pasado, el pueblo creyente y agentes de pastoral iniciaron jornadas de oración y han peregrinado exigiendo el cierre de cantinas, prostíbulos, y contra la distribución y venta de drogas en los municipios de Simojovel, el Bosque, Rayón y Pueblo Nuevo Solistahuacán. La respuesta no se hizo esperar. Los sacerdotes de Simojovel y Pueblo Nuevo Solistahuacán han sido amenazados por los grupos de poder local. En esta última población fueron detenidas y torturadas 4 personas. Es muy probable que en cada municipio estas fuerzas locales se reorganicen y establezcan alianzas regionales como lo hicieron con los Comités Cívicos antes del levantamiento armado de 1994.

Los rebeldes reiniciaron sus movilizaciones y eventos pacíficos en diciembre de 2012. En agosto de 2013 la Fuerza Aérea Mexicana sobrevoló los Caracoles y desplazó 250 policías federales en la frontera sur. Se agudizó el hostigamiento hacía los pueblos rebeldes y fue asesinado Galeano en Las Margaritas y se interrumpió la agenda rebelde. En agosto los rebeldes se encontrarán con el Congreso Nacional Indígena y los pueblos originarios invitados, en La Realidad. En la frontera y Sierra Madre de Chiapas parte de la población resiste y resiente la invasión de las empresas mineras que saquean los recursos, dividen a la población y el asesinato de uno de sus dirigentes sigue impune.

Por su parte, el gobierno de Salinas-Peña Nieto creó la figura del Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indios de México y diseñó la Ruta para el Diálogo en Chiapas. En esta entidad lanzó la Cruzada Contra el Hambre y el programa SinHambre. Sus asesores han trabajado en una iniciativa de “gran envergadura” para reformar la Ley Indígena y el Comisionado para el diálogo declaró que 2014 sería el año de los derechos indígenas en México.
En el terreno militar se ha reforzado la ocupación del territorio con efectivos de la armada y en los últimos dos meses se han registrado movimientos inusuales de tropas y prosiguen las agresiones de agrupaciones indígenas hostiles. Para septiembre próximo se espera el Golpe Legislativo con la Reforma al Campo y a la Ley Indígena.
En su conjunto las acciones políticas, militares y legislativas construyen un marco favorable para los proyectos neoliberales en marcha. Es indudable que la estructural Reforma Energética tendrá un fuerte impacto en Chiapas una vez que las condiciones permitan la continuación del megaproyecto de explotación petrolera Ocosingo-Lacantún en pleno territorio rebelde. Proyectos contemplados en Plan Mesoamericano.

Frente la crisis de humanidad, la solidaridad con las y los niños migrantes. Con el objetivo de “sensibilizar a la sociedad y a los tres niveles de gobierno” de México, sobre la problemática de los niños indocumentados, activistas y defensores de los derechos de los migrantes iniciaron esta mañana la denominada caminata por la defensa y dignidad de los niños migrantes no acompañados. El director del albergue para niños migrantes y en situación de calle “Todo por Ellos”, Ramón Verdugo Sánchez, explicó que la caravana, con dos días de duración, partió esta mañana del río Suchiate, ubicado en la frontera entre México y Guatemala, por donde a diario cruzan en balsas cientos de migrantes.

Salinas-Peña Nieto por quinta vez en Chiapas. El día de hoy 7 de julio, se reúne con el presidente de Guatemala para sellar la frontera aderezando la medida con el discurso de los Derechos Humanos y en particular de las y los niños migrantes.

En el contexto nacional:

La desarticulación de grupos de autodefensa en México. El proceso de desestructuración de las policías comunitarias sigue su curso. En Guerrero La estrategia para desarticular a la CRAC fue evidente en 2009 una vez que se dieron 27 concesiones mineras. La campaña contra las comunitarias se agudizó en 2013 y participan el gobierno federal, el estatal y sus fuerzas armadas.

El proceso más acabado se dio en Michoacán. La estrategia del gobierno federal ha sido inteligente, eficaz, perversa. 18 meses han sido suficientes para la desarticulación de las Comunitarias en ese estado. A partir de marzo de 2013, el gobierno federal permitió el avance y la acción de las comunitarias para combatir a la Familia Michoacana. Paralelamente fraguó la confrontación interna, la desarticulación y la cooptación e institucionalización de las comunitarias en una fuerza armada rural. De esa forma aisló al doctor Mireles. Las comunitarias al mando de Mireles avanzaron y el 27 de junio fue detenido por el Ejército federal en el poblado La Mira.

En medio de un operativo sorpresa, la Procuraduría General de la República (PGR) trasladó la mañana de este domingo al doctor José Manuel Mireles, líder de las autodefensas en Michoacán, al penal federal número 11, en las afueras de la capital sonorense. Las muestras de solidaridad con Mireles han sido poco concurridas.

El doctor Mireles y sus compañeros fueron humillados. Práctica usual en las guerras. Las protestas de apoyo se concentran en los municipios de Coahuayana, Aquila, Coalcomán y en la autopista Siglo XXI. Exigen la liberación de José Manuel Mireles.
Cuando los aparatos de control y mediatización: burocracias políticas estatales (partidos políticos y Congreso); la mediocracia (Televisoras) fortalecida con la reciente reforma a la Ley General de Comunicación y los programas de combate a la pobreza no son suficientes. Están las fuerzas armadas y los tribunales.

TELEVISA en la UNAM. Como adelanto a la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones-Salinas-Peña Nieto, TELEVISA creó un diplomado que fue desarrollado por el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (Sytatyr) y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM: “Con la finalidad de avanzar en el desarrollo y proceso creativo de la televisión mexicana, productores y periodistas de Televisa entrarán a las instalaciones de la UNAM para compartir sus conocimientos con estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación que quieren profesionalizarse en la producción en la pantalla chica”.

(…)

En retrospectiva: erraron los que le apostaron al voto útil, los que festejaron la transición democrática y enterraron al PRI. Fallaron los que afirmaron que Calderón no llegaba al 2012 y anunciaron el fin del sistema político mexicano. Los que proclamaron el fin del presidencialismo y autoritarismo mexicano. Se han equivocado los que firmaron el acta de defunción y enterraron al Capitalismo y al Neoliberalismo. En 2013 se aprobaron cuatro Reformas Estructurales (Laboral, Educativa, Energética y Hacendaria). Prospectiva: En 2014, se aprobará la Ley General de Comunicaciones que favorece a las televisoras. Para septiembre otro paquete: la Reforma del Campo, a la Ley Indígena y al Sistema de Salud.
Dificultades: No se ha entendido que el Sistema Neoliberal Mexicano cuenta con un Estado fuerte, una elaborada estrategia y con todos los recursos para llevarla a cabo. Que el tejido social nacional está severamente dañado y que la cultura neoliberal se ha interiorizado en todas y cada una de las franjas de la población. Que los movimientos sociales son escasos y débiles. Que se encuentran dispersos y aislados. No pocas veces confrontados y sin brújula. Podemos sumar que privan las desconfianzas, los señalamientos y las acusaciones. Todo corresponde a la dura y prolongada sequía de nuestros descontentos.

P.D. ¿Estará preparado El Peje para recibir la negativa del registro de su Morena?
P.D. Me preguntan por qué escribo con tanto pesimismo. Alguna vez le preguntaron a Scherer por qué su revista Proceso era tan amarillista. Scherer respondió: Porque así está el país.

Corte en EU da autoridad para vetar el fracking

Los ayuntamientos del estado de Nueva York tienen autoridad para prohibir el uso en su territorio de la fractura hidráulica (“fracking”) para la extracción de gas, según una sentencia dictada hoy por la Corte estatal de Apelaciones.

Regeneración. Junio 30, 2014 NY, EU.

El tribunal más alto del Estado de Nueva York dio así la razón a dos localidades rurales, Dryden en el condado de Tompkins y Middlefield en el Condado de Ostego; que decidieron vetar esa práctica y demandar respectivamente a las compañías Norse Energy y Cooperstown Holstein por violar las normas estatales sobre energía.

Los siete jueces, sin entrar en consideraciones sobre el “fracking”, decidieron (5-2) en su mayoría que las autoridades locales están en su completo derecho de prohibirlo; en virtud de la división de poderes entre el gobierno local y federal.

El fallo valida la postura adoptada por unos 170 ayuntamientos neoyorquinos que han vetado la polémica técnica de extracción a la espera de una posible prohibición definitiva a escala estatal.

Nueva York tiene en vigor una moratoria sobre el “fracking” desde 2008, cuya continuidad está en estudio.

La Asamblea estatal votó este mes extender la prohibición durante tres años más, decisión que está aún pendiente del Senado.

La fractura hidráulica, que ha permitido a Estados Unidos aumentar enormemente su producción energética en los últimos años, está regulada de distintas formas en el país, donde cuenta con muchos opositores por el impacto medioambiental de esta técnica.

Más sobre el Fracking

El costo económico de los conflictos socio-ambientales en la minería

Las industrias extractivas se constituyen bajo la premisa de que es posible la generación de riqueza a expensas de la destrucción -en muchos casos irreversible- de una parte del medioambiente. Es por lo tanto una fuente de conflictos cuya resolución definitiva pasa por replantear la lógica desde donde las partes observan la situación-problema.

 

Recientemente, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos lanzó un estudio llamado Conflict translates enviromental and social risk into business costs, donde a través de entrevistas a profesionales de distintas áreas que trabajan en esta industria se analizan 50 proyectos mineros de envergadura (17 de ellos localizados en Latinoamérica) en los que se presentaron conflictos con las poblaciones locales. El objetivo del estudio es comprender el alcance que estas situaciones tienen sobre la capacidad de operación y los costos de las empresas.

Según el informe elaborado por Lorena R. Schrott del Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en relación al mencionado estudio, se destaca que:

Si bien en el contexto de una situación crítica existen mecanismos y oportunidades propicios para el diálogo, se observa una creciente tendencia a enfocar las estrategias de lucha en el empleo de la acción directa, lo que conlleva a una escalada en violencia de los conflictos: en el 48% de los casos se produjeron heridos; en el 42%, muertes; y en el 34%, daños o destrucción de infraestructura, debiendo suspenderse o abandonarse, entre 2001-2012, el 30% de los proyectos.

Schrott nos hace notar también que “uno de los principales hallazgos que surge es que la suspensión o abandono prematuro de los proyectos se materializa cuando las empresas se encuentran determinando su factibilidad, o bien durante la fase de construcción, caracterizada por la experimentación de dramáticas transformaciones ambientales al tiempo que se produce un gran flujo de trabajadores temporarios.”

Las etapas iniciales constituyen el período de mayor vulnerabilidad para los proyectos, debido a que es en torno a esos puntos decisivos que las comunidades planifican sus campañas y actúan con expectativa de éxito, encontrándose en posición de ejercer a su favor una influencia gravitante que puede llevar a la decisión de suspender o abandonar un determinado proyecto.

Por último, la pormenorizada revisión de los casos permite apreciar que, ante un eventual escenario conflictivo, las empresas deberán contemplar la asignación de cuantiosos recursos financieros para estar en condiciones de hacer frente a contingencias como retardos de naturaleza logística, la pérdida de productividad asociada a las pausas operacionales voluntarias o impuestas, y la repercusión negativa en el estado moral, físico y psíquico de su personal.

Y es que cuando de cifras se trata las empresas mineras resienten los efectos del conflicto. Un ejemplo paradigmático es -según cuenta el estudio- el del consorcio Newmont-Minas Buenaventura. Durante 2010, a causa de un conflicto con una comunidad adyacente, este consorcio perdió cerca de 750 millones de dólares como consecuencia de un retraso de 9 meses en el proceso de construcción del proyecto Minas Conga en Perú. Esto equivale a aprox. 2,7 millones de dólares por cada día/calendario que se dejó de operar. El documento cita también otros ejemplos de menor magnitud pero igual efecto descalabrante.

Otras típicas fuentes de pérdidas relacionadas a conflictos son:

  • Los costos de oportunidad, que se generan a partir de la imposibilidad de avanzar en las metas propuestas y/o aprovechar ocasiones para expansión, reinversión o venta.
  • Los costos administrativos. Normalmente se pasa por alto el costo que se produce al requerirse una dedicación adicional de tiempo por parte de directivos, consultores y personal ejecutivo en general al dedicar mayor atención al conflicto.
  • El incremento en el precio de los seguros y los créditos.

En resumen, las empresas mineras que ignoren o no interpreten adecuadamente el impacto que su actividad podría causar al ambiente y las comunidades, corren serio riesgo de ver sus proyectos suspendidos o descartados antes incluso de comenzar a operar, y sin por ello evitar enormes pérdidas económicas que atentan contra su supervivencia, y que -de haber sido invertidas en innovación para mejorar la calidad y limpieza de sus operaciones- bien podrían haber evitado el conflicto en primer lugar.

Sin dudas la minería practicada de manera convencional pone en peligro no solamente la sostenibilidad de los ecosistemas donde opera (y las comunidades que los habitan) sino que también arriesga su propia sostenibilidad como negocio.

Sin embargo, la extracción de recursos naturales con fines económicos es un hecho que no va a cambiar en el corto o mediano plazo. La minería seguirá siendo fundamental para el desarrollo de todos los países del mundo. Latinoamérica continuará basando gran parte de su economía de las próximas décadas en esta industria. Nuestras sociedades se construyen en base a la extracción y transformación de los recursos naturales en tecnológicas que nos permiten sobrevivir, ser saludables y prosperar.

Urge entonces plantearnos un cambio substancial tanto de prácticas como de los marcos regulatorios. Urge hacer de las industrias extractivas una actividad económica que vaya más allá de la responsabilidad social corporativa; que sea un modelo ético de creación de riqueza basado en la dignidad humana, la inclusión económica y el cuidado de los recursos naturales.

 

Vía Movimiento M4