Categoría: Modelo extractivo

Por: Xanath Lastiri. Revista SINEMBARGO.MX

En noviembre de 2009, Mariano Abarca Roblero, representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), en Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado frente a su hogar, tras haber participado en una serie de enfrentamientos con trabajadores de una empresa canadiense que extraía minerales cerca de la zona. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna persona ha sido sancionada conforme a lo que marcan las leyes mexicanas cuando se comete un asesinato, denunció José Luis Abarca Montejo, hijo del activista.

El lunes pasado, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) determinó que empresas mineras canadienses, donde se encuentra la compañía Blackfire Exploration, incurrieron en violaciones a los derechos humanos en Sonora, Chiapas y en varios países de Latinoamérica, según anunció el jurado en su veredicto preliminar.

En 2009, Blackfire Exploration y su filial Blackfire Exploration México S.A., operaban en el municipio Chicomuselo y en 12 mineras más en el estado chiapaneco.

Habitantes de Chicomuselo notaron en aquel año que el Río Yayahuita, cercano a la localidad, estaba contaminado por residuos de aceite y gasolina, producidos por la actividad minera de la región, además de que camiones pesados de la firma canadiense dañaron sus hogares durante la transportación de materiales hacia la zona de obra, por lo que decidieron cerrar el acceso a los vehículos, narró para SinEmbargo, Abarca Montejo.

Encabezados por Mariano Abarca, los pobladores bloquearon las principales vialidades de acceso a la localidad y exigieron a las autoridades municipales y estatales que detuvieran las operaciones por parte de la empresa, que no sólo estaba dañando al medio ambiente sino también amenazaba a los pobladores y depositaba grandes cantidades de dinero en la cuenta personal del entonces regidor del municipio, Julio César Velázquez Calderón.

Los habitantes bloquearon las rutas en junio de 2009. Un mes después el gerente de relaciones publicas de Blackfire interpuso una demanda a nombre de la empresa “por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías e comunicación, daños al patrimonio de la empresa y atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado”. El 17 de agosto del mismo año, Abarca fue detenido y liberado diez días después. Al salir de la cárcel continuó la lucha contra la minería, recibió amenazas y fue asesinado el 27 de noviembre de 2009.

Desde el lunes pasado, el TTP determinó que Blackfire además de incurrir en violaciones a los derechos humanos en el marco de sus actividades mineras, también violó la ley canadiense sobre la corrupción de agentes públicos, por haber ofrecido dinero al presidente municipal de Chicomuselo.

Desde 2009, la empresa fue retirada en Canadá luego de que el caso llegará a las autoridades norteamericanas, sin embargo, su concesión continuó operando en México y, como el caso Blackfire, a la fecha, existen otras compañías extranjeras, –principalmente de Canadienses– que aunque dejaron de operar, realizaron daños que a la fecha siguen causando estragos, además de haber otorgado concesiones que continuaron afectando a la zona a los pobladores.

CANADIENSES INVADEN CHIAPAS

De acuerdo con Gustavo Castro Soto, coordinador de la organización Otros Mundos –integrada en Rema–, el daño que hacen las empresas que trabajan en la actividad minera en Chiapas –sean nacionales o extranjeras– causan grandes afectaciones al ambiente así como a los ejidatarios al explotar sus tierras; sin embargo, destacó que “el gran problema de que dichas compañías no sean sancionadas se debe a la corrupción mexicana”.

Empresas extranjeras han llegado y se han ido, pero sus concesiones se quedan en el territorio mexicano para continuar explotando la tierra con la extracción de oro, zinc, plata y barita, pero nadie conoce el nombre de estas firmas porque no existe una regulación en los registros que debería realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “todo es parte de la misma red de corrupción”, explicó Castro Soto.

El activista detalló que en Chiapas, concesiones entre 2010 y 2012 han sido otorgadas inicialmente a un total de 51 propietarios diferentes. De todos ellos, 41 son mexicanos y el resto extranjeros entre Canadá y Chile.

“Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas concesiones ya expiraron, otras empresas han cambiado de nombre y otras empresas o particulares han vendido sus respectivos permisos”, dijo.

“Entre el 2000 y el 2006 se llevaron a cabo muchas concesiones para explorar en Chiapas. A partir del 2006, el gobierno federal modifica la ley minera que permitiría obtener una sola concesión por exploración y explotación”, explicó la organización Otros Mundos en su informe “La actividad minera en Chiapas, un recuento del 200 al 2012”.

En el caso de Chicomuselo, la empresa Blackfire dejó estragos que los pobladores continúan sufriendo, como son el derrumbe de sus casas por la maquinaria utilizada, la contaminación de sus ríos, deslaves por las obras que también dañaron el agua, además de la deforestación, entre otros, agregó el activista.

Además comentó que en la mayoría de los casos, aparte de las afectaciones al medio ambiente, los derechos de los terratenientes no son respetados, pues “no les pagan lo que les prometieron, los despojan de sus tierras, además de que los empresarios provocan división social”.

El TPP dio a conocer desde el 29 de mayo que los megaproyectos mineros eran la principal causa de generar cerca de 200 conflictos sociales, de los cuales cerca de 90 implicaban a compañías canadienses, por lo que el Tribunal anunció que revisaría los casos que involucraban a las empresas de ese país en la violación a los derechos humanos y del medio ambiente.

Uno de los impactos sociales a los que se refiere el activista es al descontento por parte de la población que demanda justicia “ y eso es lo que los impulsa a cerrar vialidades como ocurrió en el caso de Chicomuselo, donde fue asesinado Mariano Abarca” tras manifestarse en varias ocasiones y hacer evidente la corrupción municipal y estatal que se vive entorno a la actividad minera.

Además, la minera Excellon Resources también fue acusada de violar el derecho a la libertad de asociación sindical, el derecho a la negociación colectiva y a la reunión pacífica en La Platosa, en Durango. Dante López, de la organización ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) presentó el caso ante los jueces y relató las dificultades que la sección 309 del sindicato enfrenta, según datos brindados por Rema.

En octubre de 2012 más de 200 miembros de uno de los sindicatos patronales de la empresa, armados con palos y piedras, llegaron a un campamento donde miembros del sindicato de trabajadores Sección 309 estaban reunidos con habitantes de una comunidad aledaña para protestar contra la empresa.

IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN

“Le han querido dar el carpetazo, y aunque hubo una averiguación previa y cinco detenciones desde 2009 (la última detención hace tres meses) nadie hace nada por la gran corrupción que hay”, denunció José Luis Abarca, hijo del activista que fue asesinado en 2009 en Chicomuselo, Chiapas.

José Luis Abarca, también integrante de Red Mexicana de Afectados por la Minería, denunció que en ejido donde habita hay impunidad por parte de las autoridades y al igual que Gustvo Castro, coincidió que con la corrupción que impera en el estado, poco se puede avanzar en materia de derechos humanos.

En 2009, la empresa Blackfire fue allanada por las autoridades canadienses luego de que tras una investigación se determinara que incurrió en actos corruptos durante su operación en México.

“El presidente municipal dijo que el dinero que estaba percibiendo por parte de Blackfire era para la feria del pueblo, que por eso la empresa le depositaba directamente a su cuenta personal”, comentó José Luis Abarca, quien detalló que esos datos fueron obtenidos de las oficinas de telégrafo y de la tesorería municipal.

Además, la familia Abarca pidió al órgano de fiscalización que se realizara una auditoría al Presidente municipal Julio César Velázquez Calderón, y no lo hizo.

Posteriormente, José Luis logró obtener pruebas de organismos internacionales de que la empresa sí otorgó grandes cantidades de dinero al presidente municipal, por lo que con ayuda de diversas organizaciones de México e internacionales, la Policía Real Montada de Canadá ordenó el cese de Blackfire.

Sin embargo, el problema no terminó con detención de las actividades de la compañía canadiense, pues sus concesiones continuaron y tanto el caso de corrupción como el homicidio de Mariano Abarca quedaron impunes por las autoridades mexicanas.

Además, la reciente respuesta que ha dado el TPP “sólo es simbólica, moral”, así lo calificó el integrante de Otros Mundos, quien explicó que lo que hace el Tribunal Permanente de los Pueblos es evidenciar las violaciones a los derechos humanos a través de líderes de opinión que ejercen “presión social” para que los países implicados se responsabilicen. Sin embargo, no cuenta con una capacidad legal para poder sancionar, explicó el activista.

De acuerdo con el veredicto preliminar del TPP, “el Tribunal Permanente de los Pueblos escuchó en estas audiencias [realizadas del 29 de mayo al 1 de junio] el testimonio de numerosas víctimas [entre ellas el caso de Mariano Abarca], además de especialistas y expertos, lo cual le ha permitido desentrañar una práctica de las empresas mineras canadienses, del Estado canadiense y los Estados de destino de las inversiones de las primeras, ignorantes de cualquier valor humano y social y, en no pocas oportunidades, de la misma vida”.

A través de un comunicado detalló: ”Este Tribunal pone de manifiesto relevantes violaciones de estos derechos humanos, y el Tribunal considera probado, con cargo a la documentación de imputación y los testimonios de corroboración recibidos que las empresas mineras canadienses radicadas en México, Honduras, Guatemala y Chile, cuya actuación ha sido examinada durante las sesiones de este proceso, han incurrido manifiestamente en violaciones a múltiples derechos que, como fue planteado en la Acusación, pueden ser agrupados en tres campos”.

Castro Soto agregó que quien debe responder por el homicidio y por las afectaciones colaterales en cualquier caso de daños causados por actividades mineras son las autoridades federales, mientras que por el caso de corrupción por parte de la empresas extranjeras sí corresponden directamente a autoridades del país de donde pertenezcan.

“Que respondan por el homicidio, por los actos de corrupción, no nos vamos a cansar por pedir justicia”, agregó José Luis Abarca, quien en distintas ocasiones, al igual que su padre, ha exigido una respuesta por las autoridades estatales de Chiapas y aún no la obtiene.

OTROS MUNDOS AC/AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO

SALUDA AL PRIMER TERRITORIO LIBRE DE MINERÍA EN MÉXICO

A menos de un año de que las autoridades del estado de Colima anunciaran la posibilidad de extraer entre 3 y 5 gramos de oro por tonelada en Colima, los indígenas del territorio de Zacualpan logran que las autoridades decreten al territorio de Bienes Comunales de Zacualpan libre de minería, con la Sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38.

De este modo, Profepa, Semarnat, el RAN, la Procuraduría Agraria, la Sedatu, el presidente municipal de Comala y el gobierno de Colima, deben acatar, reconocer y respetar la resolución del Tribunal del pasado 27 de Mayo de 2014, así como garantizar la paz y la seguridad de los comuneros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan así como de los integrantes de la organización Bios Iguana, ya que durante este proceso han sido objeto de difamaciones, presiones, intentos de sobornos y corrupción por parte del empresario minero Rigoberto Verduzco Rodríguez que ostenta la concesión minera 201872; hasta de hostigamiento y amenazas de muerte por parte de abogados y funcionarios de la Procuraduría Agraria de Colima y del depuesto comisariado Carlos Guzmán.

Aunque bajo esta modalidad en que un Tribunal Agrario lo resuelve es el primer caso en el país, el avance de los territorios libres del Modelo Extractivo Minero se van consolidando. En Chiapas fueron decretados territorios libres de minería por 56 organizaciones campesinas, indígenas y sociales, así como autoridades ejidales y comunales, el pasado diciembre de 2013. En el 2012 el Ejido de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, decretaran moratoria a la actividad minera por cien años. En Guerrero cientos de comunidades vigilan sus territorios de la incursión de las empresas mineras. En Oaxaca las resistencias se despliegan por todo su territorio en resistencia contra las empresas transnacionales. En Puebla por la vía de los hechos lograron expulsar a empresas chinas. Pero existen muchos casos más en los estados de Jalisco, Veracruz y otras entidades del país. Así, la defensa por la vida y la dignidad de los pueblos sigue en pie en el momento en que el gobierno federal pretende con la Reforma Energética arrebatar los bienes comunes naturales, los territorios y la vida de los pueblos en manos del gran capital.

Nos solidarizamos con la lucha del pueblo de Zacualpan y saludamos otro territorio libre en Mesoamérica del Modelo Extractivo Minero.

OTROS MUNDOS, A.C./Amigos de la Tierra México
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 14 de junio de 2014

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Pese a ser América Latina una región bendecida con abundantes riquezas naturales, la explotación de esos recursos se convierte en una maldición que atrapa a los países en dinámicas de las que es muy difícil salir, que benefician a las élites y marginan y criminalizan a los directamente afectados; los campesinos y los pueblos indígenas, los más pobres y vulnerables que se resisten a ser despojados de sus territorios.

Observatorio de Conflictos Mineros -OCMAL

Más de una veintena de académicos y activistas latinoamericanos y europeos acudieron a un debate convocado por la Fundación Heinrich Böll, cercana al Partido de Los Verdes, que discutió el retorno de los países de América Latina al modelo de explotación y exportación de materias primas como motor de desarrollo.

Los organizadores cuestionaron si este camino ofrece una solución a las demandas sociales, como afirman incluso los gobiernos de centroizquierda de la región, o si es más bien una ‘maldición’ que profundiza la brecha de desigualdad, mina la participación política y anula las conquistas sociales ancladas en las reformas constitucionales. Neoextractivismo: una trampa

“Es un debate muy polémico en América Latina hoy en día. Los gobiernos llamados progresistas, desde los que se autodenominan revolucionarios hasta los socialdemócratas, Uruguay, Argentina y Brasil, han acentuado la lógica extractivista para responder a las demandas sociales de la gente que votó por ellos. Aunque en algunos casos se ha reducido la pobreza, la desigualdad, y hay políticas de mayor acceso a la educación y a la salud, el problema es hasta qué punto es posible concebir este ‘neoextractivismo’ como una etapa que puede ser superada”, afirma el sociólogo venezolano Edgardo Lander, encargado de abrir la conferencia con un repaso sobre el papel histórico de América Latina como proveedor de materias primas en la división internacional del trabajo desde el surgimiento del capitalismo.

“Se argumenta, con lo que estoy de acuerdo, que el extractivismo no es sólo una forma de producción sino que es una forma de organización de la sociedad. Crea relaciones sociales, instituciones, formas de organización del Estado, crea escenarios imaginarios y expectativas, intereses, trabajadores y sindicatos. Estas lógicas tienen una inercia de autorreproducción y de autodefensa que profundizan este modelo bajo nuevas condiciones históricas, en donde la producción está dirigida hacia otros mercados, ya no hacia Estados Unidos y Europa sino crecientemente hacia China y el sur Asiático”, afirma Lander.

El intelectual venezolano, que participa activamente en los movimientos sociales que se opusieron al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), mencionó como ejemplo a su país, que lleva cien años en esa lógica ‘rentista’, pero también lamentó el caso de Ecuador. “Venezuela está atrapada en una lógica rentista de la que no encuentra una salida. Es muy lamentable que Ecuador, un país que tiene una historia petrolera de décadas, pero que no tiene historia minera, abra la minería como paso hacia una sociedad post extractivista, con la instalación de un orden social que posteriormente será extraordinariamente difícil de romper”, advierte.

Muchos recursos al Mundial

La activista brasileña Julianna Malerba, representante de las organizaciones FASE (Federación de Órganos para la Asistencia Social y Educacional) y RBJA (Red Brasileña de Justicia Medioambiental), recordó que su país ha invertido millones de dólares de recursos provenientes de la industria extractiva para la organización de la Copa Mundial de Fútbol, pero las condiciones de vivienda, de salud, de educación y de movilidad en las ciudades son muy precarias. La activista cuestionó lo que llamó ‘visión occidental desarrollista hegemónica’.

“El modelo de desarrollo urbano e industrial está mostrando sus limitantes en las ciudades, es ahí donde se ven las aspiraciones de la gente a tener su propio coche, casa, y más bienes de consumo”. Malerba mostró un mapa con la Bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, recortada por gasoductos, oleoductos y puertos que sirven a ese modelo extractivo, que tiene un impacto sobre la vida de la población urbana y de los pescadores que viven de la bahía. La activista destacó que las fuerzas sociales, ya sea desde el campo o desde las ciudades, deben incidir en las decisiones sobre el uso de los recursos naturales y los modelos de gestión del suelo urbano.

Comunidades que resisten

En el debate fueron presentados casos de comunidades que se han resistido a la presión de las autoridades y consorcios trasnacionales, rechazando la entrada de proyectos de megaminería. Uno de ellos fue el caso de la comunidad Me’phaa de San Miguel del Progreso, en Guerrero, México, presentado por María Luisa Aguilar, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Los Me’phaa es una comunidad tlapaneca que habita desde tiempos prehispánicos una región de la Montaña Alta de Guerrero. En esa región está concentrada la población indígena con los niveles más bajos de desarrollo de México. Pese a que logró el reconocimiento de sus tierras comunales y su carácter eminentemente indígena en 1994, sus pobladores no fueron consultados sobre una concesión minera otorgada a minera Hochschild Mining con sede en Perú, especializada en la extracción de plata. Se enteraron por ‘rumores’.

Asistida por Tlachinollan la comunidad interpuso una demanda de amparo ante las instancias jurídicas de la entidad. Según Tlachinollan, la concesión otorgada contraviene la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la consulta a comunidades indígenas. “Se concedió la suspensión y hasta que no se decida sobre el caso no puede haber ninguna actividad”, dijo María Luisa Aguilar, que destacó el negativo impacto de la minería, que destruye el tejido social en la región, lo que permite la entrada a grupos criminales en un Estado en donde crecen las redes de narcotráfico.

 Argentina: ¡Famatina no se toca!

En Argentina el cerro de Famatina, en el noroeste del país, es orgullo de sus pobladores que disfrutan verlo en las mañanas, que atraiga turismo ecológico y que sea destinado a la producción de frutas. Ana Di Pangracio, representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), contó la lucha de sus pobladores contra un proyecto de megaminería otorgado a la multinacional canadiense Barrick Gold, la mayor a nivel mundial especializada en la extracción de oro.

“Se organizaron, resistieron ataques de la empresa y de las autoridades, fueron víctimas de espionaje y de causas judiciales contra los líderes de la resistencia, y una militarización de la zona con el objetivo de intimidar la protesta. Al final, Barrick Gold, acabó retirándose”.

Estos movimientos de resistencia fueron calificados por Edgardo Lander como luz de esperanza. “Todos los grandes proyectos de minería a cielo abierto en América Latina están encontrando resistencia, igual está ocurriendo con las grandes represas hidroeléctricas o la expansión de la frontera petrolera. Este modelo extractivo afecta territorios de pueblos campesinos, indígenas, de pequeñas comunidades urbanas. La defensa del territorio y la protección en términos ambientales y sociales ante la invasión de esta lógica depredadora extractiva es la mayor luz de esperanza”.

Marie-Pia Rieublanc. Otros Mundos AC/Chiapas

Tras tres días de audiencias especiales sobre los impactos de la industria minera canadiense en América latina, el Tribunal Permanente de los pueblos (TPP) dio a conocer su veredicto este domingo 1ero de junio. Desde la ciudad de Montreal, Quebec, el jurado compuesto de ocho representantes de organizaciones canadienses, peruana, francesa, española e italiana, incriminó a cinco empresas canadienses por haber violado los derechos humanos en el marco de sus actividades mineras en varios países del continente latino.

“El Tribunal Permanente de los Pueblos declara la responsabilidad de las empresas Barrick Gold y su filial Nevada SpA, Gold Corp y su filial Entre Mares, Tahoe Resources y su filial San Rafael S.A., Blackfire Exploration y su filial Blackfire Exploration México S.A. de C.V. y Excellon Resources Inc. y su filial Excellon de México S. A. de C. V. por incurrir en la violación de los derechos humanos», anuncio el jurado en su veredicto preliminar.

Las empresas no son las únicas culpables, insistió el jurado, estimando que «se puede vislumbrar la responsabilidad del Estado canadiense y los Estados latinoamericanos», que fallaron «en su deber de proteger los derechos humanos, previniendo y sancionando sus violaciones, y en particular las procedentes de las empresas mineras canadienses.»

Asesinato y corrupción en Chiapas

Blackfire Exploration y su filial Blackfire Exploration México S.A. de C.V. está acusada de haber violado el derecho a la vida por su implicación en el asesinato de Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y opuesto a la mina de barita de Blackfire en su municipio de Chicomuselo (Chiapas, México). El 27 noviembre de 2009 por la mañana, el activista fue matado por balas delante de su domicilio. El hijo de Mariano Abarca, José Luis Abarca Montejo, quien dio su testimonio en el TPP, acusa a empleados de la minera de haber matado a su padre, asegurando que él y su padre habían recibidos amenazas de muerte de parte de ellos antes del acontecimiento. Hasta la fecha, cinco personas fueron detenidas tras el asesinato pero todas fueron liberadas.

Además, la empresa Blackfire violó la ley canadiense sobre la corrupción de agentes públicos, ofreciendo dinero al presidente municipal de Chicomuselo en esa época. Documentos publicados en la prensa mostraron que el funcionario recibió alrededor de 20 000 dolares en su cuenta personal de parte de Blackfire Exploración México entre marzo 2008 y abril de 2009.

Trabajadores amordazados en Durango

En cuando de Excellon Resources Inc. y de su filial Excellon de México S. A. de C. V., que explotan el sitio minero de la Platosa en Durango (México) desde 2005, están acusadas de haber violado el derecho a la libertad de asociación sindical, a la negociación colectiva y a la reunión pacifica. En octubre de 2012, más de 200 miembros de uno de los sindicatos patronales de la empresa, armados con palos y piedras, llegaron en un campamento pacifico donde empleados de la mina miembros del sindicato de trabajadores Sección 309 estaban reunidos con habitantes de una comunidad aledaña para protestar contra la empresa. Esta represión fue coordinada por el director de las operaciones de Excellon. Tres mes después, alrededor de 50 mineros que habían participado a la manifestación fueron licenciados.

Glaciares en peligro en Chile

Barrick Gold y su filial Nevada SpA están acusadas de haber violado el derecho al agua y a un medioambiente sano en el valle de Huasco (Chile), una zona andina glaciar donde inició las operaciones de construcción de su proyecto minero Pascua Lama en 2009. Estas actividades, que fueron suspendidas por la corte suprema de Chile en abril de 2013, «han tenido impactos significativos sobre los recursos hídricos y naturales» del valle, indicó el TPP en su lista de acusaciones. Tres glaciares, Toro1, Toro2 y Esperanza, han visto su superficie disminuir bajo el efecto de los polvos y escombros que se depositaban sobre sus paredes cuando la minera perforaba y dinamitaba el suelo.

Además, Barrick Gold violó el derecho a la autodeterminación de las comunidades aledañas a la mina. La comunidad Diaguita de los Huascualtinos, que vive en el valle, nunca fue consultada sobre la realización de estas operaciones en su territorio. En vez de esto, la empresa estableció un acuerdo con la organización campesina local, la Junta de vigilancia del valle de Huasco, ofreciéndole 60 millones de dólares sobre un periodo de 20 años en para indemnizarle por los impactos eventuales de la mina sobre la producción agrícola.

Metales pesados en la sangre en Honduras

Goldcorp y su filial Entre Mares violaron también los derechos al agua y a un medioambiente sano durante sus operaciones en la mina San Martin, en el valle de Siria (Honduras), entre 2000 y 2007. Análisis detectaron altos niveles de metales pesados en la sangre de la población aledaña a la mina (plomo, arsénico, mercurio, hierro, cadmio). Los impactos en la salud se tradujeron por enfermedades de la piel, problemas respiratorios, enfermedades gastro-intestinales e incluso abortos involuntarios.

Represión contra manifestantes pacíficos en Guatemala

Tahoe Resources (que pertenece a 40% a la empresa Goldcorp) y su filial San Rafael S.A. están acusadas de haber violado el derecho de los pueblos al consentimiento libre en el marco de las actividades del proyecto minero Escobal en el departamento de Jalapa (Guatemala). Fueron otorgadas un permiso de explotación en 2013 y iniciaron sus operaciones de extracción en enero de 2014 mientras las comunidades aledañas al proyecto lo habían rechazado en varias ocasiones. Por ejemplo, en noviembre de 2012, más de 1000 habitantes de la Villa de Mataquescuintla dijeron NO a la mina durante un referéndum municipal. Tras las quejas de la población, la corte de apelaciones guatemalteca ordenó la suspensión de las actividades de Escobal en julio de 2013, pero Tahoe Resources nunca hizo caso de esta decisión.

Además, Tahoe Resources violó el derecho de reunión pacífica y el derecho a la seguridad de la persona el 27 de abril de 2013, cuando guardias de seguridad de la mina abrieron el fuego contra los habitantes de la comunidad San Rafael las Flores que estaban manifestando pacíficamente contra la mina. 6 manifestantes fueron heridos durante el ataque. Tras esa represión, el jefe de seguridad de la empresa en ese momento, Alberto Rotondo, acusado de haber dado el orden del ataque, fue arrestado mientras estaba tratado de huir el país. Se encuentra todavía en la cárcel en Guatemala.

LEER o DESCARGAR: VEREDICTO DEL TPP CANADÁ (.PDF)