Ordenan Suspender Licencia De Explotación De La Mina San Rafael

Por redacción  Panorama Noticias
La sala segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil suspendió la licencia de explotación a Minera San Rafael y ordenó al director de minería Fernando Castellanos   del Ministerio de Energía y Minas, tramitar las oposiciones planteada  por  organizaciones sociales  que rechaza la explotación minera.

En Conferencia de prensa la  organización  ambiental CALAS  en compañía parlamento xinca, Codidena y el Comité en defensa de la vida y la paz de san Rafael las flores dieron a conocer la resolución   de la corte de suspender  las licencias de explotación de la mina  San Rafael  otorgada en meses pasados.

Lo anterior se da tras presentar un Recurso de Amparo en contra del otorgamiento de siete licencias de explotación minera, y se expusieran  los argumentos sobre el rechazo a  la misma.

Según  la denuncia de CALAS,  el director de Minería del Ministerio de Energía y Minas,  Fernando Castellanos, incurrió en   ilegalidad toda vez que  aprobó el otorgamiento de las licencias   de explotación minera  a nivel nacional   para el  aprovechamiento del subsuelo hasta los hasta 50 kilómetros lineales.

“Se extralimitó en   sus funciones   otorgando las licencias en fraude de ley  pese a que  la Corte  de  Constitucionalidad, CC, en el 2008 expulsó  del ordenamiento jurídico  el  aprovechamiento del subsuelo” afirmó  el Licenciado Rafael Maldonado de CALAS.

El Ministerio de Energía y Minas tiene un plazo de tres días para dictar resolución donde admite las proposiciones planteadas

Sala suspende licencia a mina El Escobal

Una Sala de Apelaciones ordenó hoy suspender la licencia de explotación a una mina de plata ubicada en el este de Guatemala, concedida por el Gobierno a la empresa canadiense Tahoe Resources Inc., a petición de los habitantes de las comunidades cercanas.
http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/07/24/sala-suspende-licencia-mina-escobal

Corte ordena suspender licencia de explotación minera

La licencia de explotación de la mina El Escobal, de la empresa San Rafael, quedó cancelada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, ramo civil; dicha compañía explotaría minerales en Santa Rosa y Jalapa.
http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Corte-ordena-cancelar-licencia-explotacion_0_961703966.html

Alejandro Villamar, representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería expuso que desde 2008 han denunciado las agresiones de las mineras extranjeras

Terra Noticias

México, DF.- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunció que algunas empresas canadienses que operan en México contratan sicarios para controlar, amenazar e incluso matar a activistas y opositores que se opongan a sus proyectos en diversas comunidades del país.

Esta organización basó su acusación con la documentación de 10 casos en los que están involucradas las compañías mineras de Canadá –Fortuna Silver Mines, Blackfire Exploration y Minefinder– por los asesinatos de Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez, perpetrados en marzo del 2012, en San José del Progreso, Oaxaca.

Por su parte, la senadora Iris Vianey Mendoza (PRD) informó que envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que pide se expulse del país a dos directivos de la empresa Esperanza Silver de México, pues en regiones enteras del país, las mineras canadienses “están dejando una estela de contaminación, muerte y desolación”.

Alejandro Villamar, representante de la Rema expuso que desde 2008 han denunciado las agresiones de las mineras extranjeras “abrumadoramente canadienses” contra defensores de derechos humanos y contra habitantes de los sitios en que están las concesiones que explotan.

En agosto de 2009, la Rema presentó una denuncia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que “sicarios de TeckCominko” dispararon con balas de alto calibre e hirieron a Eligio Rebolledo Salinas, ejidatario de El Limón, en Cocula, Guerrero, quien quedó inválido.

“Tres meses más tarde, en noviembre de 2009, denunciamos primero la detención arbitraria y luego el posterior asesinato de Mariano Abarca Roblero a manos de sicarios enviados por Blackfire Exploration.

Expuso que en octubre del año pasado fueron asesinados Ismael Solorio y su compañera Manuela Martha Solís, de El Barzón, de Chihuahua, quienes encabezaban la lucha contra la invasión ilegal de tierra que lleva a cabo MagSilver y su subsidiaria mexicana, Cascabel.

Mencionó, asimismo, la desaparición el pasado 23 de octubre de Celedonio Monroy Prudencio, indígena de Ayotitlán, Jalisco, y las amenazas de muerte contra Gaudencio Mancilla, de esa misma comunidad.

Asesinan a opositor de mina y disparan contra activista

Esta semana fue asesinado el comunitario y miembro de la Resistencia Pacífica en La Puya Santos Fidel Ajau Suret, y en otro hecho dispararon frente a la casa de la activista Yolanda Oquelí, quien el año pasado fue herida por arma de fuego.

Repudian asesinato de activista

Comunicado Urgente

Denunciamos el cobarde asesinato de Santos Fidel Ajau Suret activista del Plantón de La Puya

Santos Fidel Ajau Suret de 54 años de edad, vecino de la aldea San Antonio El Ángel y activista del plantón de La Puya, fue cobardemente asesinado el día martes 9 de julio, cuando volvía a su vivienda.

Repudiamos este vil asesinato ejecutado a las 17:15 horas por dos hombres que se conducían en motocicleta en el camino de terracería que va de San José del Golfo a la aldea San Antonio El Ángel. Don Fidel recibió tres balazos por la espalda y luego dos tiros de gracia.

Además denunciamos que en la noche del mismo día martes 9 de julio, desconocidos realizaron disparos de arma de fuego frente a la casa de Yolanda Oquelí, en San José del Golfo.

El modus operandi de este asesinato es similar al del atentado contra Yolanda Oquelí en el mes de junio del año pasado. El domingo recién pasado Santos Ajau había recibido amenazas por parte de personas que han participado en los hostigamientos organizados por la empresa minera. Entre el mes de junio hasta la fecha, se han dado incidentes de hostigamiento y amenaza contra la resistencia en el plantón de La Puya, que incluye disparos con arma de fuego.

Las personas de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se oponen a la instalación del proyecto minero Progreso VII Derivada, autorizado por el Ministerio de Energía y Minas sin haber consultado a la población de los municipios afectados. El proyecto minero es propiedad de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA.

Los inversionistas de este proyecto han lanzado una campaña de hostigamiento y atentados contra la resistencia de La Puya, contratando a ex militares que estuvieron activos durante el conflicto armado interno. Tal es el caso del militar retirado Pablo Silas Orozco que ha encabezado las agresiones contra los activistas de La Puya. Orozco está ligado a proceso judicial por amenazas contra comunicadores sociales a quienes agredió física y verbalmente durante el mes de noviembre del año pasado.

Las comunidades que conforman en la resistencia La Puya, están en reuniones de acercamiento para exigir la cancelación del proyecto minero Progreso VII Derivada ante máximas autoridades como el Presidente Otto Pérez Molina y los ministros de Gobernación, Energía y Minas, y Ambiente y Recursos Naturales. A dichas autoridades les exigimos la cancelación inmediata de las licencias mineras y de hidroeléctricas otorgadas a empresas que han realizado acciones criminales contra la población.Tal el caso de Ecoener Hidralia Energia –Hidro Santa Cruz en Huehuetenango, Mina San Rafael – Tahoe Resources Inc. en Santa Rosa y la misma Kappes Cassiday & Associates -KCA.

¡Alto a los asesinatos de defensoras y defensores de la vida y el territorio!
¡Exigimos la investigación a fondo y el esclarecimiento del vil asesinato de Santos Fidel Ajau Suret!
¡Exigimos la investigación sobre el atentado e intimidaciones en contra de Yolanda Oqueli!
¡El gobierno de Pérez Molina debe cancelar las licencias a empresas extractivas que han realizado acciones criminales contra la población guatemalteca!
¡Sí a la vida, No a la minería!

ORGANIZACIONES SOCIALES DE GUATEMALA, AMÉRICA LATINA Y TODO EL MUNDO

Extraer, saquear y depredar

La Jornada de Oriente

Sin discusión que valga, la grandeza de los imperios se ha cimentado siempre sobre la explotación y el atraco de los pueblos conquistados o subordinados. Estableciendo abusivos tributos, los conquistadores se apropian del producto del trabajo de los colonizados, ya sea en especie o en moneda. Pero donde el afán de riqueza maltrata con mayor severidad a países y comunidades es en la irracional explotación de sus recursos naturales, renovables y no renovables.

El arrasamiento de bosques y selvas, el despilfarro, contaminación y agotamiento de fuentes acuíferas; la contaminación del aire; la destrucción de arrecifes y manglares, y una interminable lista de crímenes contra el equilibrio y la salud ambientales han generado un desorden ecológico cuyas consecuencias finales son impredecibles, pero cuyos augurios son terribles.

Mención especial merece la explotación minera, porque en ella se concatenan las peores amenazas para el bienestar y la propia sobrevivencia de la especie humana. Es cierto que los minerales son y han sido fundamentales para el desarrollo. No se concibe actividad científica, económica o domestica sin su presencia. Esa omnipresencia exige cantidades cada vez mayores y de mejor calidad y hace de la industria minera, encargada de extraerlos y procesarlos, una de las actividades más lucrativas de la historia.

El peninsular Arturo Pérez Reverte, en El oro del rey, relata magníficamente la pública algarabía con que la nobleza española recibía, ya en Cádiz o Sevilla, los galeones cargados de oro y plata provenientes de sus colonias americanas. Describe la importancia vital de tales riquezas para el financiamiento de las guerras que España libraba contra casi toda Europa, así como la dependencia de la nobleza española (tan parasitaria que consideraba el trabajo ya no como un castigo, sino como una ofensa) de los metales americanos para sufragar su ridícula opulencia, y, finalmente, de la corrupción e ineptitud del gobierno para administrar la abundancia. Igual o parecido era en Inglaterra, Francia, Holanda y demás potencias europeas. Luego se valían de piratas y corsarios para robarse unas a otras. Nada nuevo bajo el sol.

Lo cierto es que hoy la industria minera es tan o más poderosa que en los tiempos coloniales. En México constituye, junto con el petróleo y las remesas, la principal fuente de divisas, y representa alrededor de 5 por ciento del PIB. Sólo durante el régimen de Calderón y sus cuates se otorgaron más de 26 mil concesiones mineras, el Grupo México se colocó en el top ten de la minería mundial y su ínclito dueño, Germán Larrea, ascendió en las listas de Forbes. ¿Cuánto se habrán llevado “por fuera” el propio Calderón, Ferrari, Lozano, Cordero y demás cuatachines? Porque ya se vio que para gobernar los panistas son una calamidad, pero para la lana son unos genios.

El otro hecho es que la minería se convirtió en una gran fuente de problemas sociales. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina reporta que numerosas comunidades indígenas de Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, entre otros estados, se confrontan con diversas empresas mineras empeñadas en usufructuar de cualquier manera sus recursos.

En Zacatecas, por ejemplo, “245 localidades están expuestas a algún tipo de riesgo por la presencia de minas, de acuerdo con el Atlas de Peligros por Fenómenos Geológicos del Estado de Zacatecas”.

Y en Puebla, varios municipios de la Sierra Norte, como Cuetzalan, Huitzilan, Hueytamalco, Ixtacamaxtitlán, Olintla, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez y Zautla tienen conflictos con compañías mexicanas como Grupo Frisco y Grupo México, así como con otras extranjeras de origen canadiense.

Ante la ausencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se ha hecho presente en la zona de conflicto la recién creada Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, a través de su comisionado, Jaime Martínez Veloz, con quien se han sentado algunas bases para la discusión y solución de los diferendos entre mineras y comunidades.

Frente a los constantes problemas generados por la arbitrariedad de las mineras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. En él se definen las bases legales y constitucionales que reconocen y defienden los derechos de las comunidades indígenas sobre sus recursos y los requisitos que deben cubrir las mineras para poder explotar esos recursos.

Y uno de los requisitos indispensables es la consulta y aprobación de la propia comunidad, sin las cuales toda actividad de las mineras es ilegal.

Este es el mejor camino para impedir que se continúen los aterradores métodos de extraer, saquear y depredar, que obviamente sólo benefician a las mineras y despojan a las comunidades indígenas de una de las pocas opciones que tienen para salir de la pobreza, el aprovechamiento sustentable de sus recursos.

Cheiser: Como en los peores tiempos de la “Guerra Fría” Estados Unidos saca el garrote para amenazar a los países que, en pleno uso de su soberanía, decidan proteger a Edward Snowden, cuyo único delito fue dejar a los halcones gringos con las nalgas al aire, dando a conocer el intolerable espionaje que el gobierno ejerce sobre sus propios ciudadanos. Uno de los periodos más tristes y lamentables de Estados Unidos fue el vivido bajo el macartismo. Parece que la mayoría no aprendió la lección y a quienes sí la aprendieron los acusan de “traidores” y los entamban. La vida circular.

México: Por intereses de empresas mineras la “división de la CRAC”, acusan

En otro señalamiento arremeten contra los “falsos dirigentes y autoridades deshonestas” acusando que les urge tener una instancia en la cual legitimarse como autoridades del sistema comunitario para “negociar, pactar, manipular, como lo han hecho en todos los espacios en los que han estado”.

por Sergio Ferrer. Kaos en la Red

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Policía Comunitaria lanzó un llamado de alerta a las comunidades adheridas a su sistema de justicia comunitario y a organizaciones fraternas para que “no se confundan, participen en nuestras asambleas y se percaten por su propia cuenta de lo que está ocurriendo en territorio comunitario”.

A través de un comunicado, la CRAC asegura que las declaraciones a la prensa hechas por los ex consejeros Cirino Plácido Valerio y Apolonio Cruz Rosas, a quienes llama principales artífices y promotores de la división, tienen de fondo promover la confrontación y desconfianza para que las empresas mineras a través de ellos puedan implantarse en el territorio con mayor facilidad.

En cuanto al oficio girado a estos dirigentes, la coordinadora señala que les enviaron una invitación para participar en reunión de consejeros y coordinadores el 19, lo cual rechazaron, para analizar posibles alternativas para solucionar el conflicto generado en los pueblos “pero con su inasistencia confirman su incapacidad para construir acuerdos… demostrando su ánimo de abonar al conflicto”.

En el texto emitido por el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria y en el que aparecen los nombres de las cuatro casas de justicia, la CRAC asegura que no permitirá que haya división en las comunidades porque “es única y mantiene su proyecto original e histórico de construir un sistema integral que atienda las necesidades de los pueblos y comunidades, no solamente en los ámbitos de la seguridad, la justicia y la reeducación, sino también se han comenzado a construir otras instancias organizativas como la Comisión de Salud, la Comisión de Comunicación Comunitaria, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Educación y otras”, remarcan.

En otra parte del texto destacan como máxima autoridad del sistema comunitario a la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias tras lo cual indican que no han reconocido otra casa de justicia más que las cuatro existentes en: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso por lo que la instancia creada por el grupo encabezado por Plácido Valerio y Cruz Rosas no representa al sistema comunitario.

En otro señalamiento arremeten contra los “falsos dirigentes y autoridades deshonestas” acusando que les urge tener una instancia en la cual legitimarse como autoridades del sistema comunitario para “negociar, pactar, manipular, como lo han hecho en todos los espacios en los que han estado”.

El comunicado afirma que “intentaron montarse en el proceso de formación de la CRAC en Ayutla pero no lo lograron por lo que conformaron sus grupos de autodefensa, intentaron apoderarse de los cargos de coordinadores y comandantes en San Luis Acatlán y no lo lograron por lo que ahora intentan formar una nueva instancia adjudicándose “ con soberbia el cargo de fundadores del sistema comunitario, cuando el merito es de los pueblos y de muchos compañeros que con humildad siguen abonando a este proceso organizativo único e irrepetible”, concluyen.

Extractivismo, un debate necesario en América Latina

Por Leandro Morgenfeld, IADE

La primera década del siglo XXI generó un boom de la economía latinoamericana, basado en parte en la alta demanda y precios de las commodities. ¿Qué peligros sociales y ambientales tiene el esquema basado en las exportaciones agro-mineras? ¿Es posible otra utilización de los bienes comunes de la naturaleza? Los dilemas de la región.

América Latina, en los últimos años, tuvo un crecimiento económico sorprendente, sostenido por la alta demanda y precios de la soja, petróleo y bienes minerales. En la última década, proliferó el modelo extractivista, que se basa en la apropiación de cuantiosos volúmenes de bienes naturales, generalmente bajo prácticas intensivas, que en su mayor parte se exportan como materias primas (minería, agricultura, actividad forestal e hidrocarburífera).

Los países de la región están recreando, en un nuevo contexto mundial, un modelo agro-minero exportador. Este avance del extractivismo produce consecuencias negativas, debido al uso generalizado de agrotóxicos, desmontes, desalojos de comunidades rurales, contaminación, concentración de tierras y represión contra quienes resisten esas políticas. Las principales beneficiadas son las grandes corporaciones, en detrimento de los pueblos originarios, los campesinos, los pequeños productores y la población en general, que sufre y sufrirá los nefastos efectos ecológicos. Pero también le sacaron provecho, indirectamente, los Estados latinoamericanos, que captan una parte (minúscula generalmente) de esas rentas, pudiendo equilibrar sus cuentas fiscales y, en algunos casos, ampliando el gasto social. Esto último plantea un dilema fundamental para algunos gobiernos de la región.

Esta inserción económica internacional latinoamericana de los primeros años del siglo XXI (que permitió lograr balanzas comerciales positivas y superavit fiscal) se dio en un contexto mundial de aumento de la demanda de bienes comunes de la naturaleza, especialmente por haberse transformado China en una importadora creciente de materias primas.

No es casual que África y América Latina se hayan transformado en dos áreas fundamentales de disputa entre las históricas potencias imperiales y China, succionadora de bienes minerales y agropecuarios en estos dos continentes. La necesidad de alimentar a millones de personas que se incorporan cada año como consumidores al sistema capitalista y el creciente consumo energético de bienes hidrocarburíferos y minerales no renovables impulsó en la última década un aumento inédito de los precios y demanda de los mismos, impactando en la inserción económica internacional de los países latinoamericanos. Parece haber un ciclo en el que se invirtió la histórica tendencia al “deterioro de los términos de intercambio”.

Esta orientación -el denominado “consenso de las commodities”- no se circunscribe a los gobiernos neoliberales de la región, ni a los países tradicionalmente mineros (Chile, Perú, Bolivia). Brasil, por ejemplo, es hoy el principal productor y exportador de bienes minerales. Según el especialista Eduardo Gudynas, en ese país se extrajeron 410 millones de toneladas de sus principales minerales en 2011. El resto de los países sudamericanos, en total, sumaron 147 millones de toneladas. En el caso de Argentina, según el periodista Darío Aranda, el monocultivo de soja pasó en la última década de 12 a casi 20 millones de hectáreas (del 38% al 56% de la superficie cultivada). En el caso de la minería, hace 10 años había 40 proyectos y hoy existen 600. Corporaciones transnacionales, con la Barrick Gold a la cabeza, hacen grandes negocios en el país.

Además de haberse demostrado que la idea del “desacople” (la ilusión de que América Latina podía evitar las consecuencias de la crisis económica global) era errada, el modelo extractivista plantea un debate importantísimo: ¿Es sostenible desde el punto de vista social este modelo agro-minero exportador? ¿Y desde el punto de vista ambiental?

Para algunos, el tema ambiental es secundario, y la especialización en la producción y exportaciones de commodities es lo que permitió a los gobiernos progresistas de la región recuperar la influencia del Estado y ampliar las políticas sociales. Entre quienes sí advierten sobre las consecuencias nefastas, existen dos grandes grupos. El primero, integrado por los activistas que apuestan a un capitalismo verde, es decir plantean que es necesario incrementar las regulaciones y controles en función de un modelo extractivo sustentable. El segundo, compuesto por quienes advierten que la destrucción (consumo sin reposición) exponencial de minerales y bienes agropecuarios llevará en pocas décadas a una crisis sistémica y civilizatoria. La salida, esgrimen, tiene que ver con el ecosocialismo, es decir con una perspectiva que denuncie el carácter irreconciliable del capitalismo con la preservación de un equilibrio ecológico. Sostienen la necesidad de construir otro tipo de sociedad -que no se base en la explotación del hombre por el hombre- y otro patrón de producción-consumo que no aniquile los bienes comunes de la tierra en el mediano plazo.

Esta última posición se entronca con las luchas y los planteos de diversos movimientos sociales latinoamericanos (como los que se produjeron la semana pasada, en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto) que denuncian la minería a cielo abierto, la sojización, la desforestación, la expropiación de pequeños campesinos y pueblos originarios, vinculando ambas luchas, social y ambiental, en una perspectiva anti-imperialista y anti-capitalista. Advertir los peligros de la profundización de la “acumulación por desposesión” -concepto de David Harvey- es un paso fundamental para construir una estrategia de resistencia frente a la ofensiva del gran capital para apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza.

Acción Urgente para detener al Consorcio Minero Peña Colorada

Envío de Carta a:
-Enrique Peña Nieto, Presidente de México
-Raúl Plasencia Villanueva, Presidente de la CNDH
-Miguel Ángel Osorio Chong, Titular de la Secretaría de Gobernación
-Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas
-Jorge Aristóteles Sandoval, Gobernador del Estado de Jalisco
-Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima

FIRMA EN EL FORMULARIO DE ENVÍO

Por este medio solicito que el Consorcio Minero Peña Colorada detenga las amenazas de desalojo contra los pobladores de Los Potros, comunidad nahua-otomí de Ayotitlán, en territorio en disputa entre Colima-Jalisco.

Hemos sido informados que el día 21 de junio a las 9:00 horas, fueron citados en las oficinas del Consorcio “Benito Juárez Peña Colorada” S.A. de C.V., en el Poblado Peña Colorada, Municipio de Colima, José Luis Ramos Gerardo, Antonio Ramos Gerardo y Jesús Ramos Gerardo, de la comunidad de Los Potros, Municipio de Cuautitlán, Jalisco para hacerles la oferta de entregarles $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos a cada uno) para que definitivamente abandonen sus terrenos con una longitud de 42 hectáreas, y la empresa pueda hacer uso de un total de 801 hectáreas que le fueron concesionadas ilegalmente por el comisariado ejidal de Ayotitlán, sin consultar a la comunidad indígena, como de “ocupación temporal” para vertedero de residuos tóxicos producto de la extracción minera. De negarse a aceptar esta hoy, les sentenciaron “comenzaremos a llevar material de desecho y descargarlo en sus terrenos”.

José Luis, Antonio y Jesús Ramos Gerardo, quienes forman parte de la organización Frente Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco (FREMMAR), fueron también denunciados hace unas semanas ante el ministerio público de Cuautitlán, por el comisariado ejidal de Ayotitlán, conformado por los CC. Ambrosio Isaac Chávez, Hermenegildo de los Santos José y Beatos Chávez Rosales, por despojo y daños (en sus propios terrenos), esto por negarse a dejar sus tierras y por la defensa que han hecho de su territorio ante diferentes empresas mineras en la región, así mismo por denunciar al Consorcio “Benito Juárez” Peña Colorada ante distintas instancias ambientales (PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA) tanto de Colima como de Jalisco, por la contaminación del río Marabasco con desechos tóxicos producto de la extracción minera.

Ante esta situación de urgencia exigimos:

1.- La intervención de autoridades estatales y federales para que se garantice la integridad física, psicológica y moral, así como la seguridad de los CC José Luis Ramos Gerardo, Antonio Ramos Gerardo y Jesús Ramos Gerardo, para que puedan seguir viviendo y trabajando en sus terrenos como lo han hecho toda su vida.
2.- Cese el hostigamiento por parte de la empresa minera “Benito Juárez, Peña Colorada S.A. de C.V. a la comunidad indígena nahua-otomí de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco y se respeten sus derechos humanos y constitucionales.
3.- Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicte inmediatamente las Medidas Cautelares solicitadas por Bios Iguana A.C., enviadas por correo certificado y recibidos con fecha 17 de Junio del presente para la comunidad nahua-otomí de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco.
4.- Que se garantice que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias, tal y como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.
5.- Exigimos que se lleve a cabo una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de estos acontecimientos de hostigamiento e intimidación, haciendo públicos los resultados de dicha investigación y que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia.
6.- Responsabilizamos a las autoridades federales y al gobierno de los Estados de Colima y Jalisco de cualquier agresión física o psicológica que puedan sufrir los pobladores de Los Potros de la comunidad indígena de Ayotitlán.

Atentamente,

FIRMA EN EL FORMULARIO DE ENVÍO