Jornada mundial contra Monsanto y el maíz transgénico en Chiapas

San Cristóbal de las Casas, 25 de mayo de 2013

Todo el territorio de México es centro de origen y diversidad del maíz, con una riqueza calculada en más de 59 razas de maíz criollo, nativo o autóctono. En Chiapas hay presencia de 12 de estas razas presentes en la milpa chiapaneca.

Hacemos nuestro el reconocimiento de la UNESCO de la comida mexicana como patrimonio cultural de la humanidad, y la inclusión del maíz criollo y del sistema milpa de Chiapas y en la lista del patrimonio cultural inmaterial de México.

Conscientes de que el maíz sembrado en el sistema milpa es el centro de la economía, la alimentación y las estrategias de control territorial de 300 mil familias campesinas chiapanecas, por lo que es el principal sustento de más de 1.5 millones de personas.
Estamos preocupados por las políticas nacionales como la Cruzada Nacional contra el Hambre cuyos enfoques no están orientados hacia la soberanía agroalimentaria y ecológica con apoyo a la producción, sino que se proponen distribuir productos alimenticios industrializados y esquemas que mantienen la población en dependencia de alimentos poco saludables y culturalmente no adecuados.
Nos sentimos sometidos ante una agricultura industrializada, monopolizada y poco sustentable impulsada por el gobierno mexicano y favorecida por empresas como Monsanto, que inundan con sus productos forzando a las familias mexicanas urbanas a conseguir alimentos de mala calidad y fomentan la eliminación de la producción de alimentos en las familias rurales.
Estamos informados y al tanto de los reportes de organizaciones no gubernamentales, de los avances tecnológicos y de los resolutivos jurídicos en donde Monsanto y otras empresas transnacionales de la biotecnología apoyadas por el Departamento de Estado de EUA buscan controlar el comercio mundial de semillas y agroquímicos, e imponer derechos de patente a organismos desarrollados milenariamente por campesinos a través de la inserción de un transgen.
Tomando en cuenta las investigaciones científicas que han demostrado que el maíz transgénico Bt y los herbicidas de Monsanto pueden conducir a problemas graves de salud, como el desarrollo de tumores cancerígenos, infertilidad y defectos congénitos.
Alarmados por las solicitudes que cada año presenta Monsanto a la SAGARPA para la liberación comercial de maíz transgénico, cuya última solicitud de “Análisis de Riesgo” abarca cerca de 12 millones de hectáreas en el norte de México: Coahuila, Durango y Chihuahua.
Consternados por la pérdida de opciones alimentarias sanas y diversas en los mercados locales de San Cristóbal de las Casas, de Chiapas y del país en general, completamente dominados por productos hortícolas provenientes de semillas de empresas biotecnológicas principalmente de la empresa SEMINIS (propiedad de Monsanto asentada en Chiapas).
Apoyando a los apicultores de Chiapas y la Península de Yucatán, que exigen la cancelación de la siembra comercial de soya transgénica autorizada en más de 250 mil hectáreas, por el riesgo real de que las abejas colecten polen de soya transgénica y éste sea llevado las colmenas de miel orgánica.
Estamos conscientes de que las demandas que dirige Monsanto contra campesinos cuyos cultivos han sido contaminados con transgenes patentados,  son completamente injustas, ya que los cultivos podrían presentar dichos transgenes debido a la polinización cruzada, tal como se demostró en estudios científicos en 2001 en Oaxaca y se confirmó en 2009 en tres estados más: Guanajuato, Veracruz y Yucatán.

DECLARAMOS
Nuestro rechazo a la agricultura con cultivos transgénicos propuesta por la empresa Monsanto, y a sus prácticas totalmente fuera de ética en cuanto a que violentan los derechos bioculturales de los y las campesinas y los derechos de la fauna y flora en México y en el mundo.
Nuestro apoyo a la agricultura familiar campesina y a la agricultura tradicional, así como a la producción sana y cercana con semillas nativas de maíz, frijol y propias de la hortaliza milpera (chile, jitomate y cebolla) y sin uso de herbicidas y otros insumos agroquímicos altamente dañinos a la salud.

EXIGIMOS
Al gobierno federal, particularmente la SAGARPA y la SEMARNAT, para que se reinstale y se mantenga la moratoria a todo tipo de importación de maíces provenientes de otros países y que se rechacen las solicitudes de liberación comercial, piloto y experimental de maíz transgénico.
Que organizaciones independientes determinen el grado de contaminación por transgenes en las razas de maíz en todo el país y que, todo el territorio de México sea reconocido oficialmente como centro de origen y diversificación del maíz.
El rechazo total a la “propiedad intelectual” sobre semillas nativas especialmente las de cultivos alimentarios, y que se respete el derecho de los campesinos de conservar, reproducir e intercambiar sus semillas y el fomento a programas que apoyen la agroecología, generalmente omitidos de las políticas estatales porque no generar ganancias a las industrias agroalimentarias.
Que se implementen políticas internacionales de protección de la biodiversidad con los países vecinos que conforman Mesoamérica y que se instrumente un programa de etiquetado de todos aquellos alimentos que contengan ingredientes transgénicos.
Una mayor participación de las instituciones de apoyo, capacitación y producción agrícola, así como esquemas de evaluación y fortalecimiento participativos provenientes de una ciencia agronómica y biológica que respete las costumbres y cultura campesina de la población  chiapaneca.

PROPONEMOS
La enseñanza y popularización de la agroecología en los ámbitos urbanos y rurales para el núcleo familiar creando una economía orgánica y de bien común que se reduzca hasta erradicar la distribución y uso de herbicidas y otros insumos agroquímicos, empezando por el glifosato, que han demostrado su alta toxicidad para la salud humana y el medio ambiente.
Que las experiencias de agricultura familiar campesina y agroecológica sean la base de una nueva política de desarrollo rural en la que exista un régimen especial de protección para el maíz nativo.
La real aplicación de la Ley Nacional de Desarrollo Sustentable y el papel decidido de los gobiernos municipales y estatales para una planificación participativa sobre sus derechos alimentarios.
Declarar cada municipio de Chiapas como “Zona Libre de Transgénicos”, en aplicación del artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Demandar como pueblo de México en tribunales internacionales a los responsables de la contaminación transgénica, las autoridades federales que expidieron los permisos y la empresa Monsanto y todas aquellas que hayan realizado siembras de maíz transgénico experimentales y piloto en el territorio mexicano.

¡Fuera el maíz transgénico de México!
Por el reconocimiento de la agricultura familiar campesina
¡Queremos un México libre de Monsanto!

DOCUMENTAL

David versus Monsanto

Tema:
Los agricultores canadienses Percey y Luise Schmeiser luchan desde 1996 contra la multinacional fabricante de semillas transgénicas y químicos Monsanto.

En el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto este sábado 25 de mayo:

Saber más:

Monsanto contra el pueblo

Muchos agricultores han decidido abandonar el cultivo de maíz y soja a causa de «la contaminación inevitable que provocaría»

El grito internacional contra Monsanto se ‘trasplanta’ a 36 países

Muchos agricultores han decidido abandonar el cultivo de maíz y soja a causa de «la contaminación inevitable que provocaría»

Monsanto contra el pueblo

Charlotte Silver, Al Jazeera magazine
Fuente: Rebelion.org

La semana pasada, Monsanto les comunicó a sus accionistas los asombrosos beneficios obtenidos en 2012. Al mismo tiempo, agricultores norteamericanos hacían juicio en Washington para desafiar el derecho de los gigantes de la biotecnología a que demandaran a los agricultores cuyos sembrados habían sido contaminados por las semillas de Monsanto. El 10 de enero comenzaron las presentaciones orales ante la Corte de Apelaciones de EE.UU., para decidir si se invertía el rechazo a la causa, de febrero pasado.

Las ganancias de Monsanto duplicaron, casi, las proyecciones de los analistas, y el total de sus ingresos alcanzó los $ 2.94 billones a fines de 2012. El aumento de precio del herbicida Roundup siguió dominando el mercado de Estados Unidos y, quizá, lo más significativo es que los mercados de América Latina constituyen factores que contribuyen al floreciente negocio de Monsanto.

Al explotar su maíz, soja y algodón transgénicos patentados, Monsanto asegura un odioso control sobre las industrias agrícolas de EE.UU., y exprime con eficacia a los agricultores convencionales, o sea, los que usan semillas no transgénicas. Así elimina las posibilidades de ellos de participar en el mercado y ser competitivos. (Hasta fines de 2013, el Departamento de Justicia investigaba a Monsanto por violar las leyes anti-trust con sus actividades en contra de la competencia hacia otras compañías biotecnológicas, pero esa investigación fue discretamente cerrada antes de fin de año.)

Hay un proceso legal en curso, aparentemente modesto: Osgata et al v Monsanto, que había sido iniciado en marzo de 2011, y consiste en conseguir protección legal para los agricultores de cultivos orgánicos convencionales, contra el agresivo procesamiento que aplica Monsanto a la violación de sus patentes. Pero las consecuencias de este juicio son trascendentales. Si la Corte de Apelaciones del DC (capital) invierte el rechazo, se iniciará un proceso de descubrimiento que podría revelar la reserva de información que Monsanto ha venido ocultando al conocimiento público, tanto por esconderlo como por impedir la investigación independiente.

Monsanto abusa de las patentes

Entre 1997 y 2010, Monsanto inició 144 juicios contra familias de agricultores, y solucionó 700 casos fuera de la Corte. Más aun: grupos relacionados con la alimentación calculan que Monsanto investiga a cientos de agricultores en busca de posibles culpables de infracción a las patentes.

Las víctimas de los depredadores juicios de Monsanto son los agricultores que usaron semillas de la gran empresa sin hacer caso de la patente, y también los que jamás tuvieron la menor intención de sembrar plantas transgénicas. Osgata et al v. Monsanto se ocupa de este segundo grupo y representa a 31 granjas y agricultores, a 13 empresas de venta de semillas, a 31 organizaciones agrícolas que representan a más de 300.000 individuos y a 4.500 granjas y agricultores.

Los demandantes exigieron una declaración legal que asegure que Monsanto no tenía derecho a demandarlos por infracción a la patente.

Jim Gerritson, presidente de OSAGA (Organic Seed Growers and Trade Association: Cultivadores de Semillas Orgánicas y Asociación Comercial), y precursor de la demanda, me explicó que los agricultores de semillas orgánicas y no transgénicas son «… un ejemplo clásico de por qué el Congreso aprobó la Ley de Juicio Declaratorio: si hay un grupo que teme sufrir la prepotencia de una gran compañía, puede pedir protección contra reclamos e infracciones a patentes».

Crisis del maíz: gusanos provocan serios daños a la cosecha

Sin embargo, las cortes federales siempre han protegido los derechos de Monsanto a sus beneficios a través de un sistema de patentes que obstaculiza cada vez más la libertad individual y de mercado al permitir que Monsanto abuse de sus derechos de patente. Osgata está representada por el abogado Dan Ravicher y por la Fundación Pública de Patentes, una organización que se dedica a crear un sistema justo de patentes, que procura un equilibrio entre la libertad individual y la emisión ética de patentes.

Monsanto se ha creado una reputación convenientemente intimidatoria, como implacable fiscal de los agricultores no transgénicos cuyos campos han sido contaminados por el maíz genéticamente que sembraron sus vecinos, ya sea a través de la polinización cruzada o por la mezcla accidental de semillas durante la cosecha.

A raíz de estos ejemplos aterradores, los agricultores ha asumido la responsabilidad de impedir la contaminación, estableciendo límites a las pruebas genéticas y, en algunos casos, directamente absteniéndose de sembrar.

Efecto monopólico

Osgata muestra en detalle cuántos agricultores convencionales han desistido de sembrar determinados cultivos, con la intención de resaltar la monopolización que es consecuencia de la agresiva persecución de Monsanto a los casos de infracción de patente. Se ha estimado que hay un 88% de maíz y un 93% de soja modificados genéticamente, la mayoría, a manos de Monsanto. Bryce Stephens, agricultor de cultivos orgánicos del Noroeste de Kansas, es uno de esos agricultores que ha decidido dejar de cultivar maíz y soja, a consecuencia de la inevitable contaminación que ocurriría.
«Mi temor a la contaminación por medio de maíz y soja transgénicos y el consecuente riesgo de ser acusado de violar la patente me impiden cultivar maíz y soja en mi campo. No existe otro motivo por el cual no siembro esas plantas, aunque me gustaría mucho hacerlo.»

Gerritson me lo explicó así: «Los agricultores han sufrido pérdidas económicas. Ya no cultivan maíz y soja porque están seguros de que sus cultivos van a ser contaminados. No pueden arriesgar sus campos y sus familias ante la posibilidad de ser procesados por infracción a la patente».

Monsanto sabe que los consumidores no comprarían sus productos por su propia voluntad, lección que aprendieron en Europa cuando se exigió que los alimentos transgénicos llevaran esa precisión en sus etiquetas. En Norteamérica, la compañía y sus aliados han gastado millones en impedir las iniciativas locales de etiquetamiento como, por ejemplo, hace poco, en California. Pero si bien la compañía logra dejar fuera a los agricultores convencionales, los norteamericanos no tienen alternativa… con o sin etiqueta.

A pesar de la creación de este peligroso monopolio, en febrero de 2012, la jueza Naomi Reice Buchwald aprobó la solicitud de Monsanto y rechazó el procesamiento inicial, calificando a las preocupaciones de los agricultores como «exageradas», e instándolos a confiar en las promesas de Monsanto (que no eran legalmente vinculantes) de no ejercer sus derechos de patentes hacia la contaminación involuntaria de rastros transgénicos en las plantas; declaró que los agricultores habían inventado una controversia que no existía, en realidad.

Si el caso iniciado por los agricultores logra seguir adelante, lo mínimo que va a ocurrir es de fundamental importancia: que, a través del proceso de descubrimiento, el público tendrá acceso a un hallazgo de información que la gran empresa había logrado mantener oculta. Ravicher está convencido de que, entonces, podrá determinarse que los productos traficados por Monsanto no son sanos y, en consecuencia, no son buenos para la sociedad. Citó un caso de hace 150 años, y nos lo recuerda: «… una invención para envenenar al pueblo no es patentable».

Es evidente que está creciendo el movimiento para derrotar a Monsanto. Gane o pierda esta vuelta, el pueblo no va a desistir en su lucha por derribar a este monstruo.

Charlotte Silver es una periodista radicada en San Francisco y West Bank. Obtuvo su título en la Universidad de Stanford.

Traducido del inglés por Ana Silvia Mazía

El grito internacional contra Monsanto se ‘trasplanta’ a 36 países

RT Actualidad
El próximo 25 de mayo activistas de decenas de países en todo el mundo participarán en una protesta global contra el gigante biotecnológico Monsanto, levantando su voz contra sus excesos contra la naturaleza, los agricultores y los consumidores.

Un total de 298 ciudades de 36 países del mundo serán el escenario de una protesta mundial contra Monsanto, cuyos productos transgénicos, según denuncian los activistas, perjudican la salud, causando cáncer,  infertilidad e incluso defectos en los fetos.

Los activistas, convocados por el movimiento Ocupa Monsanto se manifiestan contra la falta de investigación gubernamental sobre los efectos a largo plazo de los productos transgénicos de Monsanto. Es «un conflicto de intereses» que los activistas explican por el hecho de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., encargada de garantizar la seguridad alimentaria de la población, «está dirigida por los ex empleados de Monsanto».  

Otra causa de la indignacion de los activistas es la así llamada ‘Ley de Protección de Monsanto’ (Monsanto Protection Act) que niega competencia a las cortes de justicia federales para detener inmediatamente la plantación y venta de cosechas transgénicas.

«Monsanto se ha beneficiado de los subsidios a las empresas y del favoritismo político. Los agricultores orgánicos y pequeños sufren pérdidas, mientras que Monsanto sigue con su monopolio sobre el suministro mundial de alimentos, incluso con sus patentes exclusivas sobre las semillas», denuncian los activistas.

Los organizadores de las protestas, la mayoría de las cuales se celebrará en EE.UU., subrayan que se trata de una marcha de caracter pacífico y advierten a la gente sobre la posible infiltración de provocadores «contratados para desacreditar a los activistas».

CONTRA EL MAÍZ TRANSGÉNICO ¡NI UN PASO ATRÁS!

Transgénicos ‘amargan’ la miel

La exportación del dulce -de unos 30 mdd al año- podría estar en riesgo.

Alicia Carrasco/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- La apicultura yucateca, actividad que genera 30 millones de dólares al año en la exportación de miel, se ve amenazada por la posibilidad de que se autorice la siembra de soya transgénica en la región.

Un trabajo de investigación del Colegio de la Frontera Sur de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, comprobó, mediante un experimento, que las abejas sí sustraen polen y néctar en sembradíos de este tipo de soya, lo que contamina la producción de miel.

Los resultados contradicen la postura del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que ha negado las afectaciones.

“Se autorizó la siembra de la soya transgénica en siete estados del país, los más afectados son los de la Península de Yucatán, ya que aquí es donde hay más apicultores, y casi toda la miel se exporta a la Unión Europea”, precisó Eric Vides Borrell, investigador del Colegio de la Frontera Sur de San Cristóbal de las Casas, especializado en abejas.

La situación para los apicultores se complica, ya que en 2011 la Unión Europea consideró el polen como un componente de la miel, por lo que si más del 0.9 por ciento del producto tiene organismos genéticamente modificados, debe llevar una etiqueta especial.
Mala reputación

De manera que el producto se puede comercializar, pero genera una mala reputación de la miel mexicana, al estar contaminada por el polen de soya transgénica.

“Hay un sector oficial que argumenta que no hay problema de que se siembren las parcelas de soyas en lugares que son tradicionalmente apícolas, porque las abejas no pecorean, que no van a recolectar polen y néctar a la soya”, señaló Vides Borrell.

Ante esta aseveración, el Colegio de la Frontera Sur llevó a cabo una investigación en
Soconusco, Chiapas, donde el año pasado se sembró soya transgénica para comprobar la teoría; cabe señalar que en la literatura científica desde los años ochenta se comenta que las abejas sí pecorean (recolectan miel) en la soya.

“Lo que encontramos en la investigación es que sí pecorean en la soya transgénica.
Realizamos un experimento colocando colmenas a distancias crecientes de las parcelas de soya para ver a qué distancia podían las abejas tomar polen y néctar, posteriormente analizamos”, explicó el investigador.

Se analizó la miel con técnicas de biología molecular y los resultados fueron que mucha de las muestras de la miel y de polen contenían polen de soya, tanto convencional como transgénica, pues en la región de Soconusco, donde se realizó el experimento, se sembraron ambos tipos de soya”, mencionó.
Esperan resolución de juez

El colectivo MA OGM señaló que, según informes de la delegación de la Semarnat, no se piensa sembrar más soya transgénica en el Estado; no obstante, se está a la espera de la resolución del juzgado sobre el caso de suspensión promovido por el cultivo iniciado hace dos años.

“En Yucatán se realizó este cultivo hace dos años, pero se logró parar, y el año pasado ya no se sembró”, recordó Irma Gómez González, integrante del Colectivo MA OGM.

Detalló que desde 2005 en Campeche se sembró ese producto, pero el año pasado, gracias a una suspensión provisional que otorgó el juzgado segundo en esa ciudad, se detuvo esta acción.
Critican apicultores

Comunidades de apicultores de diez municipios de Yucatán, donde están los polígonos autorizados para la siembra de productos modificados, solicitaron al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ser declarados zona libre de transgénicos, pero dicho organismo no les responde, ya que las normas orgánicas “no están aprobadas”.

Por su parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a pesar de declarar que la siembra de soya transgénica no es viable en la región, dio “luz verde” para este cultivo, señalan productores locales.

De acuerdo con el Senasica, no existe problema con la apicultura y la soya transgénica, pues representantes de este organismo han declarado que las abejas no se posan en la soya, ya que ésta es autógama y es imposible encontrar polen de soya.

“Realmente asombra su ignorancia, ya que desde hace más de 15 años hay reportes, los cuales se pueden encontrar en internet, de apicultores que cosechan miel de soya; están en el juzgado las pruebas de los análisis de miel contaminada”, declaró el apicultor Federico Berrón Autrique, productor que encabeza la empresa Miel Integradora y forma parte del Consejo Directivo de la Asoc. Mexicana de Exportaciones de Miel.

Cabe indicar que el director en jefe de Senasica, Enrique Sánchez Cruz, al contestar los amparos promovidos por los apicultores, señaló que él no emite los permisos; mientras que la otra dirección de inocuidad involucrada en el caso, cuyo titular es Hugo Fragoso Sánchez, en los amparos de Campeche, niega que la soya pueda tener algún efecto.

“Nos asombra, porque él tendría que cuidar más a la apicultura por ser una actividad de miles de familias y el beneficio de la soya transgénica es inmensamente menor que el de la apicultura”, señaló Berrón Autrique.

Las repercusiones económicas para el Estado, consideró, serán de una pérdida de unos 30 millones de dólares de la producción de miel.

Indicó que tres mil hectáreas de soya están calculadas en 45 millones de dólares; aunque se produce 30 millones de dólares de miel, por el impacto de la polinización, se estima en 10 veces ese valor.

“Afortunadamente, en Yucatán el Gobierno está muy consciente de que será un desastre económico y la ruina de la apicultura”, apuntó.