Transgénicos ‘amargan’ la miel

Transgénicos ‘amargan’ la miel

La exportación del dulce -de unos 30 mdd al año- podría estar en riesgo.

Alicia Carrasco/SIPSE
eric
MÉRIDA, Yuc.- La apicultura yucateca, actividad que genera 30 millones de dólares al año en la exportación de miel, se ve amenazada por la posibilidad de que se autorice la siembra de soya transgénica en la región.

Un trabajo de investigación del Colegio de la Frontera Sur de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, comprobó, mediante un experimento, que las abejas sí sustraen polen y néctar en sembradíos de este tipo de soya, lo que contamina la producción de miel.

Los resultados contradicen la postura del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que ha negado las afectaciones.

“Se autorizó la siembra de la soya transgénica en siete estados del país, los más afectados son los de la Península de Yucatán, ya que aquí es donde hay más apicultores, y casi toda la miel se exporta a la Unión Europea”, precisó Eric Vides Borrell, investigador del Colegio de la Frontera Sur de San Cristóbal de las Casas, especializado en abejas.

La situación para los apicultores se complica, ya que en 2011 la Unión Europea consideró el polen como un componente de la miel, por lo que si más del 0.9 por ciento del producto tiene organismos genéticamente modificados, debe llevar una etiqueta especial.
Mala reputación

De manera que el producto se puede comercializar, pero genera una mala reputación de la miel mexicana, al estar contaminada por el polen de soya transgénica.

“Hay un sector oficial que argumenta que no hay problema de que se siembren las parcelas de soyas en lugares que son tradicionalmente apícolas, porque las abejas no pecorean, que no van a recolectar polen y néctar a la soya”, señaló Vides Borrell.

Ante esta aseveración, el Colegio de la Frontera Sur llevó a cabo una investigación en
Soconusco, Chiapas, donde el año pasado se sembró soya transgénica para comprobar la teoría; cabe señalar que en la literatura científica desde los años ochenta se comenta que las abejas sí pecorean (recolectan miel) en la soya.

“Lo que encontramos en la investigación es que sí pecorean en la soya transgénica.
Realizamos un experimento colocando colmenas a distancias crecientes de las parcelas de soya para ver a qué distancia podían las abejas tomar polen y néctar, posteriormente analizamos”, explicó el investigador.

Se analizó la miel con técnicas de biología molecular y los resultados fueron que mucha de las muestras de la miel y de polen contenían polen de soya, tanto convencional como transgénica, pues en la región de Soconusco, donde se realizó el experimento, se sembraron ambos tipos de soya”, mencionó.
Esperan resolución de juez

El colectivo MA OGM señaló que, según informes de la delegación de la Semarnat, no se piensa sembrar más soya transgénica en el Estado; no obstante, se está a la espera de la resolución del juzgado sobre el caso de suspensión promovido por el cultivo iniciado hace dos años.

“En Yucatán se realizó este cultivo hace dos años, pero se logró parar, y el año pasado ya no se sembró”, recordó Irma Gómez González, integrante del Colectivo MA OGM.

Detalló que desde 2005 en Campeche se sembró ese producto, pero el año pasado, gracias a una suspensión provisional que otorgó el juzgado segundo en esa ciudad, se detuvo esta acción.
Critican apicultores

Comunidades de apicultores de diez municipios de Yucatán, donde están los polígonos autorizados para la siembra de productos modificados, solicitaron al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ser declarados zona libre de transgénicos, pero dicho organismo no les responde, ya que las normas orgánicas “no están aprobadas”.

Por su parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a pesar de declarar que la siembra de soya transgénica no es viable en la región, dio “luz verde” para este cultivo, señalan productores locales.

De acuerdo con el Senasica, no existe problema con la apicultura y la soya transgénica, pues representantes de este organismo han declarado que las abejas no se posan en la soya, ya que ésta es autógama y es imposible encontrar polen de soya.

“Realmente asombra su ignorancia, ya que desde hace más de 15 años hay reportes, los cuales se pueden encontrar en internet, de apicultores que cosechan miel de soya; están en el juzgado las pruebas de los análisis de miel contaminada”, declaró el apicultor Federico Berrón Autrique, productor que encabeza la empresa Miel Integradora y forma parte del Consejo Directivo de la Asoc. Mexicana de Exportaciones de Miel.

Cabe indicar que el director en jefe de Senasica, Enrique Sánchez Cruz, al contestar los amparos promovidos por los apicultores, señaló que él no emite los permisos; mientras que la otra dirección de inocuidad involucrada en el caso, cuyo titular es Hugo Fragoso Sánchez, en los amparos de Campeche, niega que la soya pueda tener algún efecto.

“Nos asombra, porque él tendría que cuidar más a la apicultura por ser una actividad de miles de familias y el beneficio de la soya transgénica es inmensamente menor que el de la apicultura”, señaló Berrón Autrique.

Las repercusiones económicas para el Estado, consideró, serán de una pérdida de unos 30 millones de dólares de la producción de miel.

Indicó que tres mil hectáreas de soya están calculadas en 45 millones de dólares; aunque se produce 30 millones de dólares de miel, por el impacto de la polinización, se estima en 10 veces ese valor.

“Afortunadamente, en Yucatán el Gobierno está muy consciente de que será un desastre económico y la ruina de la apicultura”, apuntó.

Declaración del encuentro de M4 en Aguacatán, Guatemala

Declaración del encuentro de M4 en Aguacatán, Guatemala

11-14 DE ABRIL DE 2013

M4El movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, ha celebrado entre el 10 y 14 de abril de 2013, su segundo encuentro contra la minería en el Municipio de Aguacatán, Departamento de Huehuetenango, República de Guatemala, donde trabajamos los ejes y acciones de los próximos 3 años.

A orillas del preciado y alimentador de vida río San Juan, durante tres días, compañeras y compañeros de Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México,  Estados Unidos y Canadá, nos reunimos y analizamos el modelo extractivo minero global y regional, así como a la diversidad de impactos que sufren nuestras comunidades, culturas y la naturaleza, en el área Mesoamericana.

Coincidimos en el diagnóstico sobre:
1. La agudización de los conflictos originados por la imposición del modelo extractivo minero en toda la región,
2. El aumento en los niveles de conciencia y movilización de las comunidades afectadas,
3. El mayor alcance de la difusión del problema  en otros sectores sociales,
4. La pérdida de territorios y recursos relacionados como bosques y aguas, entre otros,
5. La complicidad del Estado con el interés privado local y transnacional,
6. La imposición, represión y criminalización como conducta del Estado contra las comunidades y sus miembros en defensa de la vida,
7. El uso de mitos como minería verde, sostenible, y responsable, entre otros, en el discurso de promoción a la actividad minera,
8. La relativa homogenización de los marcos jurídicos regionales en favor de la seguridad jurídica de los inversionistas, en detrimento de la seguridad humana y los derechos humanos, como el derecho a la vida, salud, el acceso a la información, a la consulta y participación en los asuntos que afectan a la comunidad, al buen gobierno, a la manifestación en defensa de los derechos humanos.

Afirmamos que algunos de los impactos generados por el modelo extractivo minero son:
1.- Los gobiernos, por medio de legislaciones, programas, políticas que impulsan con la intención de atraer las inversiones extranjeras, facilitan  las condiciones de conglomerados transnacionales en la extracción minera garantizándoles sus operaciones y grandes ganancias de sus inversiones. La impunidad que prevalece y es práctica continua y cotidiana.
2.- Bajo el amparo de legislaciones, las empresas explotan contaminan, degradan, destruyen el paisaje amenazando la existencia de la vida.
3.- En lo social, provocan la descomposición del tejido social, aprovechándose de la situación económica de la población y con las dadivas causan rompimiento de familias, comunidades.
4.- En materia de salud, con la ejecución de estos proyectos amenazan  y afectan la salud comunitaria, apareciendo nuevas enfermedades y se incrementan los índices de enfermedades comunes, sin contar con personal técnico y especializado para los controles de estas enfermedades además de la medicina.
5.-Los proyectos mineros ponen en riesgo la soberanía alimentaria, la cultura de los pueblos, la perdida de las formas propias de las comunidades para la producción de alimentos, las evasiones fiscales, la pérdida de calidad de producción de los suelos, sobreexplotan los recursos hídricos, y hacen demagogia con pocos empleos, mal remunerados y de corto tiempo.
6.- Promueven amenazas, presos políticos y asesinatos selectivos de líderes que están en contra de la explotación minera metálica.
7.-Los tratados internacionales sobre cuestiones comerciales y financieras, sobrepasan las leyes internas de los países.
8.- Tergiversan la información de sus operaciones, de las respuestas sociales, de los supuestos beneficios y acciones sobre las comunidades y ocultan la inmensidad del daño.

Son impostergables políticas y acciones públicas contra los impactos y contra el mismo modelo extractivista minero

Deuda ambiental minera

Las crecientes evidencias que nuestro pueblos,  la investigación científica y las instituciones recogen sobre los daños derivados del modelo extractivo minero depredador son alarmantes y requieren acciones inmediatas y de mayor plazo. La contaminación del agua, suelo, aire y ecosistemas enteros por emisiones de las actividades minerasse  profundizan.

En contraste con los tamaños de los llamados “beneficios” económicos del modelo extractivo minero depredador, hoy podemos afirmar que los costos de los daños ambientales provocados por la minería trasnacional y trasnacionalizada superan con mucho los llamados beneficios y amenazan con crecer y volverse irreversibles. Esa pesada carga de daños y deuda ambiental pretenden “heredarla” a nuestros pueblos poniendo en riesgo la salud comunitaria, la salud pública y el futuro de nuestros países.

Las Contra Reformas Legislativas

Los gobiernos de la zona mesoamericana, no son excepción alguna del compromiso internacional de armonizar las Constituciones y las Leyes temáticas, entre ellas las leyes mineras, con la primacía de los derechos humanos y los tratados y Protocolos internacionales de respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Las llamadas “reformas” en curso a las leyes mineras, promovidas por los gobiernos y las empresas mineras y financieras contienen una abierta violación al derecho internacional, entre ellas, el respeto y fortalecimiento del consentimiento libre, previo e informado de nuestros pueblos, lo mismo que la consulta popular, sin tocar los injustos privilegios al capital financiero, ni fortalecer la capacidad institucional para cumplir con la obligación estatal de proteger y regular los bienes comunes de nuestros pueblos.

Maquillajes de Injusticia Fiscal

El régimen de injustos privilegios fiscales promovidos hace años para atraer inversión extranjera en la actividad minera y seguir alimentado la falsa idea de “desarrollo” minero en nuestro países, está siendo maquillado mediante reformas fiscales donde sin remediar y fortalecer el pago real y oportuno de impuestos y derechos a cualquier actividad que produce ganancias, se propagandiza la introducción o ligero aumento del pago de limosnas denominadas “regalías”.

El creciente impacto ambiental, social, a la salud y a la economía local y nacional por el modelo extractivo minero depredador, nunca se subsanará, ni siquiera mitigará con limosnas fiscales, sean regalías, o falso apoyo de las empresas a las comunidades. Es urgente y necesario que evaluemos el monto de daños provocado por la actividad minera, lo contrastemos con los muy propagandizados “beneficios” y ante todo se adopten políticas preventivas y que pongan alto al creciente pasivo de la minería.

Denunciar los Tribunales Privados Internacionales.

Las empresas mineras legalmente sancionadas en nuestros países por violación a las leyes o por el ejercicio del derecho de nuestros pueblos, han iniciado una campaña de multimillonarias demandas “legales” ante tribunales internacionales privados, promovidos por los Tratados de Libre Comercio. Denunciamos y rechazamos las amenazas y las instancias de las trasnacionales mineras que violan la soberanía de nuestros países.

Llamamos a los parlamentos y gobiernos del área mesoamericana a sumarse a la digna acción de denunciar a los tribunales internacionales cuasi-privados, como el CIADI, donde las empresas trasnacionales pretenden juzgar a los gobiernos y demandar cifras multimillonarias por falsos daños derivados del ejercicio del derecho de nuestros países.

Impulsar y Proteger otras formas de vivir de nuestros pueblos

Reiteramos que nuestros pueblos tenemos y reconstruimos modos de vida diferentes a la lógica y efectos del modelo extractivo minero depredador. Exigimos y luchamos por el respeto a esos modos de vida de nuestros pueblos, y exigimos y luchamos por políticas públicas que respondan, promuevan y faciliten la construcción, ampliación y fortalecimiento de esos modos de vida vinculados con los genuinos intereses de nuestros pueblos y de la naturaleza.

Como movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, exigimos:
1. la derogación de las leyes de minería que afectan nuestros territorios.
2. Exigimos el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos.
3. Respeto y cumplimiento al convenio internacional 169 de la OIT, relacionado a los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta ciudadana, y el respeto y ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
4. Exigimos el respeto de la Soberanía de nuestros pueblos, ante las empresas mineras transnacionales.
5. Exigimos que los Gobiernos respeten el mecanismo de consulta previo al otorgamiento de una licencia ambiental para la exploración y explotación minera  implementado desde las comunidades, basado en el mecanismo que las comunidades decidan.
6. Que los Gobiernos divulguen la información real de las concesiones otorgadas, ya que las mismas se manejan como secreto de Estado.
7. Exigimos que la lucha por la defensa de la Madre Naturaleza no sea criminalizada.
Finalmente, pero con prioridad política, el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero exige la libertad incondicional de nuestro compañero Rubén Herrera, luchador ejemplar por los derechos comunitarios y constructor de futuro y esperanza.

¡De Panamá a Canadá, la minería No Va!

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4

Si la ONU quiere acabar con el hambre, debe cambiar las políticas que lo causan

Si la ONU quiere acabar con el hambre, debe cambiar las políticas que lo causan

Con ocasión de la reunión de alto nivel sobre hambre, seguridad alimentaria y nutrición que Naciones Unidas celebra en Madrid, la Plataforma Rural reivindica la lucha contra la agricultura industrial, el robo de tierras y la especulación financiera.

faoLa Plataforma Rural recuerda que esta reunión se realiza en un momento de crisis financiera y económica global, con precios energéticos y alimentarios crecientes y cada días más volátiles, y una crisis ambiental y social sin precedentes.

La plataforma, compuesta por una veintena de organizaciones campesinas, ecologistas, sociales y de cooperación, desconfía de los anuncios del Gobierno español y de la ONU que dicen querer acabar con el hambre en el mundo, porque la cifra de personas desnutridos en el mundo sigue aumentando y porque no han mostrado voluntad política para garantizar el derecho a la alimentación.

Según UNICEF, actualmente hay 1.300 millones de personas en el mundo que no tienen suficientes alimentos. “Esta emergencia alimentaria tiene causas políticas y económicas, como las políticas de libre comercio de la Organización Mundial de Comercio y de la Unión Europea, los conflictos bélicos por el control de recursos naturales, y los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para pagar la deuda externa en detrimento de la protección y de las ayudas a los pequeños agricultores”, señala la Plataforma Rural.

Ni el gobierno español, ni la Unión Europea han cambiado las políticas que han causado la fuerte crisis alimentaria de 2006-2008, cuando los precios de los alimentos alcanzaron niveles récord, con un aumento del 80% en 18 meses, sino han fomentado la expansión de la agricultura industrial y la especulación financiera lo que ha agravado el hambre en el mundo. Como confirma el reciente estudio de la UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas competente en materia de comercio y desarrollo, “Quantification of the High Level Endogeneity and of Structural Regime Shifts in Commodity Markets”: entre el 60 y 70% de las variaciones de los precios de las materias primas se debe a la actividad especulativa.

“Las políticas agrícolas y comerciales neoliberales han convertido los alimentos en una mercancía, han favorecido la especulación financiera con las materias primas alimentarias y el robo de suelo fértil por parte de inversores extranjeros (agroindustria, gobiernos, fondos especulativos, bancos). Todo esto, a su vez, ha disminuido la capacidad de muchos países para autoabastecerse y los ha hecho depender de la importación alimentaria, provocando la expulsión de miles de campesinos de sus tierras y la subida del precio de cereales básicos”, denuncia la Plataforma Rural.

Estos procesos se ven agravado por el calentamiento global, que afectará a las producciones agrarias, suponiendo un impacto directo sobre las poblaciones campesinas. Aun así, el Gobierno español sigue subvencionando la agroindustria y los combustibles fósiles y no tiene voluntad política para frenar el cambio climático mientras ha aniquilado la Ayuda Oficial al Desarrollo, reduciendo su partida un 50%, situándola a niveles de 1990 e infringiendo sus obligaciones internacionales.

«Ahora me quedé sin tierra. El hambre está matando gente. Tenemos que comprar arroz para sobrevivir porque ya no podemos cultivarlo nosotros mismos”, cuenta Zainab Kamara, una de miles de agricultores de Sierra Leona de cuyas tierras se apoderó la empresa suiza Addax Bioenergy con el fin de establecer una plantación de 10.000 hectáreas de caña de azúcar para producir etanol y exportarlo a Europa.

Se estima que la demanda mundial de agrocombustibles ascenderá a 172.000 millones de litros en 2020. En otras palabras: 1.096 acopios de tierras del tamaño del proyecto de Addax Bioenergy en Sierra Leona. La UE es el causante principal de los acaparamientos de tierras para la producción de agrocombustibles porque importa gran parte de las materias prima que utiliza.

Desde 2008 el aumento de las inversiones financieras en la tierra ha contribuido al acaparamiento de cerca de 200 millones de hectáreas de tierra, arrebatados a pequeños agricultores, pescadores y otras comunidades rurales, robándoles sus medios de supervivencia. “Debido a su magnitud, agrava la situación de pobreza, hambre y malnutrición, vulnera el derecho a la alimentación, e implica con frecuencia a desalojos violentos, desplazamientos forzados de personas y violaciones a los derechos humanos”, manifiesta la Plataforma Rural. Además, los bancos y la industria financiera europeos tienen especial responsabilidad por la especulación alimentaria y el robo de tierras.

La Plataforma Rural exige a los gobiernos asistentes a la reunión de la FAO en Madrid que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos, que cesen inmediatamente la transferencia de tierras y recursos naturales a bancos, fondos de pensiones y otros inversionistas, que cancelen los contratos hechos, restituyan las tierras saqueadas y protejan a las comunidades rurales y urbanas del acaparamiento actual y cualquier acaparamiento futuro.

“Exigimos a los gobiernos, a la FAO y a otros organismos internacionales que pongan inmediatamente en práctica los compromisos asumidos en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de 2006, especialmente, garantizar los derechos de los/as usuarios/as de la tierra, la re-activación de procesos de reforma agraria sobre la base de un acceso equitativo a los bienes naturales y el desarrollo rural para el bienestar de todos/as”, añaden.

“Instamos también a rechazar definitivamente los Principios para Inversiones Agrícolas Responsables del Banco Mundial, que son ilegítimos. El BM y los bancos regionales de desarrollo están facilitando el acaparamiento de la tierra y del agua al promover políticas y leyes que sólo protegen los inversionistas”, expone la Plataforma Rural.

“Exigimos a los gobiernos y la FAO que apoyen las agriculturas familiares y la producción agro-ecológica, y responder específicamente a las necesidades de las mujeres y de los jóvenes”.

La Plataforma Rural reitera su compromiso a resistir al acaparamiento de tierras y se suma por ello al Día Internacional de las Luchas Campesinas (17 de abril) y convoca a la semana de lucha del 15 al 21 de abril, con movilizaciones en todo el Estado español alrededor de estas fechas. Ecoporta.net

· Javier Sánchez, representante de La Vía Campesina Internacional y de la Plataforma Rural, participará en la reunión de la FAO reivindicando el modelo social de agricultura como garante de la soberanía alimentaria, fuente de empleo y vida en las zonas rurales.

Ecologistas en Accion

REMA

PRONUNCIAMIENTO REMA. ALTO A LA REPRESION EN SOYOPA, SONORA

ALTO A LA REPRESIÓN EN SOYOPA, SONORA

SOLIDARIDAD CON HABITANTES DEL EJIDO

NI LA REPRESIÓN GUBERNAMENTAL, NI LAS LIMOSNAS EMPRESARIALES SON RESPUESTAS NI REMEDIO A LOS DAÑOS SOCIO-AMBIENTALES EN SOYOPA, SONORA.

El pasado 5 de abril el gobierno del estado de Sonora uso a la policía, entró al ejido de San Antonio de la Huerta, Soyopa, y detuvo y trasladó a Hermosillo a 51 hombres, mujeres y niños que exigían a la empresa minera Luz del Cobre reducir la contaminación y aumentar la cantidad por el pago de arrendamiento de sus tierras.

La minera Luz del Cobre, o Libertad, actual fachada local de la trasnacional canadiense Red Tiger Mining Inc (antes Zaruma Resources Inc) es un proyecto de minería de cobre a tajo abierto, con vida calculada entre 5 y 7 años, en tierras de vieja historia indígena Yaqui, Ópata y Pima.

Aunque los trabajos de la mina todavía no alcanza su actividad extractiva integral, y aunque los ejidatarios sólo les arrendaron 420 hectáreas, el proyecto minero ha mostrado su verdadera cara envenenada, los habitantes finalmente se han dado cuenta que las promesas o “perlas de la virgen” que la empresa minera y los funcionarios locales les prometieron, se vuelven verdaderas lagrimas por la destrucción ambiental y por el engaño económico y social.

Esta calculado que este año el proyecto empiece a escarbar y destruir las tierras ejidales para obtener diariamente 2,800 toneladas de mineral y alcanzar  entre 850 mil y un millón de toneladas de mineral al año.

Así, se ahondará un cráter, o tajo abierto, mientras 35 toneladas diarias o entre 10 mil o 12 mil toneladas de ácido sulfúrico al año se usarán para extraer las entre 6 mil u 8 mil toneladas anuales del codiciado cobre, mientras las nubes de acido venenoso se emiten a la atmósfera y los residuos tóxicos y los líquidos de la lixiviación (o disolución del mineral) tienen un destino desconocido como sucede frecuentemente por la complicidad de instituciones y funcionarios gubernamentales, estatales y federales.

En ese panorama, los ejidatarios que hace 5 años fueron engañados y convencidos para aceptar 40 mil pesotes anuales (3,333 dólares) por arrendar 420 hectáreas, aunque la empresa engañe y presuma ante inversionistas extranjeros que “posee” 11 mil hectáreas del ejido.

Los ejidatarios ahora están exigiendo un aumento de 20 mil pesotes más, sin saber que la empresa en sus informes financieros afirma que anualmente paga 190,444 dólares (2 millones 285 mil pesos) “por cambio de uso de suelo”  (facultad exclusiva del Ejido). Si esos 190 mil dólares son una miseria, pues representa el 0.56% de los 36 millones de gastos declarados por la empresa en 2012, 60 mil pesotes o 20 mil más de los actuales dan risa a cualquier accionista.

Se habían sentado a negociar  con la empresa y funcionarios estatales, pero un gobierno obediente a las trasnacionales aunque no a las leyes o tratados internacionales, decidió repetir la política porfiriana represiva y detener a los ejidatarios para “convencerlos” que la trasnacional es un proyecto “de desarrollo”.

detenidosLos ejidatarios han declarado que “En el nuevo acuerdo que buscábamos firmar con ellos, porque el anterior ya venció, les pedíamos acciones de limpieza del medio ambiente, que detuvieran la contaminación que llega hasta el Río Yaqui, y que aumentaran de 40 mil a 60 mil las aportaciones anuales por ejidatario”, precisó Sergio Acedo Miranda, presidente del comisariado ejidal de San Antonio de la Huerta.

Mucha gente sabe que Sonora, y aún más su capital Hermosillo, vive una situación crítica de escases de agua, de estrés hídrico, y los funcionarios públicos deberían apoyar las demandas ciudadanas de proteger los bienes escasos. Su conducta represiva no abona a una calificación inteligente, sino a una actitud servil a las mineras, aunque se atente contra el futuro de la región.

Los ejidatarios de Soyopa (que dicen que significa “Tierra Caliente” en lengua Yaqui) están solicitando solidaridad, y a la vez están aprendiendo como muchos otros pueblos a lo largo y ancho del país, que ni represión, ni limosnas empresariales son respuestas legales, ni mucho menos solución a los graves daños socio-ambientales del extractivismo minero depredador.

REMA  extiende la mano solidaria a nuestras compañeras y compañeros de San Antonio de la Huerta en su justa lucha contra la abusiva trasnacional minera Red Tiger Inc,

REMA exige al gobierno del Estado, a la Secretaria de Economía, la SEMARNAT, lo mismo que a la PROFEPA, cumplir con su obligación de verificar el cumplimiento de las leyes minera, ambientales y de Derechos Humanos en Soyopa, Sonora.

México, Abril de 2013.
Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA)

Contacto: inforema@gmail.com

Nuevo informe: “Plantaciones de árboles en el Sur para generar energía en el Norte: una nueva amenaza para comunidades y bosques”

Nuevo informe: “Plantaciones de árboles en el Sur para generar energía en el Norte: una nueva amenaza para comunidades y bosques”

plantacionesWRM
Aparentemente preocupados por el cambio climático y la urgente necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono resultantes de la quema de combustibles fósiles, los gobiernos del Norte –particularmente los pertenecientes a la Unión Europea, pero también los de EEUU y Canadá– están promoviendo, cada vez más, el uso de un determinado tipo de materia prima, considerado ´renovable´, para la generación de energía en gran escala: la madera.
 
Para abastecer esa creciente demanda de los países del Norte enormes extensiones de territorios en el Sur están amenazados de ser ocupados por plantaciones de monocultivos de árboles, que profundizarán el proceso ya existente de acaparamiento de tierras. Actualmente en el Sur ya hay cerca de 60 millones de hectáreas de tierra ocupadas por plantaciones industriales de árboles.
 
De acuerdo a un informe de la propia Unión Europea, una de las principales promotoras del uso de biomasa de madera, “la demanda creciente de energía de biomasa de madera es probable que aumente el precio global de la madera, lo que añadirá presión sobre los bosques y otros ecosistemas y conducirá a conflictos vinculados al uso del territorio. Otros riesgos más específicos incluyen deforestación en los casos cuando los bosques naturales son reemplazados por plantaciones de monocultivos y los impactos a largo plazo sobre la producción de alimentos y la seguridad energética”. Sin embargo, no hay indicios que esa preocupación en relación a los riesgos se haya traducido en medidas concretas para enfrentar efectivamente las raíces de la crisis climática. Por el contrario, se busca legitimar el proceso de expansión de plantaciones para biomasa a través de sellos de certificación “sustentable” como por ejemplo el FSC.
 
La nueva publicación del WRM, “Plantaciones de árboles en el Sur para generar energía en el Norte” busca sobre todo alertar respecto a los impactos que ya provoca y provocaría una expansión acelerada de este tipo de plantaciones de árboles para atender esa creciente demanda en el Norte sobre las comunidades rurales en países del Sur que dependen del acceso a la tierra y de la disponibilidad local de biomasa para su propio abastecimiento de energía y sobre la conservación de bosques y otros ecosistemas
 
Se puede acceder al informe en PDF.
Está disponible también en en inglés, portugués y francés.
 

No al acaparamiento de tierras para agrocombustibles

No al acaparamiento de tierras para agrocombustibles

Extracto de Informe de GRAIN

agrodieselZainab Kamara es uno de los miles de agricultores de Sierra Leona de cuyas tierras se apoderó la empresa suiza Addax Bioenergy con el fin de establecer una plantación de 10.000 hectáreas de caña de azúcar para producir etanol y exportarlo a Europa

«Ahora me quedé sin tierra. El hambre está matando gente. Tenemos que comprar arroz para sobrevivir porque ya no podemos cultivarlo nosotros mismos”, dice ella.

En el vecino Guinea, los campesinos aún no comprenden cómo su gobierno pudo haber concedido 700.000 hectáreas de sus tierras a una empresa italiana para que cultive jatrofa para producir agrodiesel.

En otro continente, las comunidades guaraníes del Brasil están luchando por su supervivencia, enfrentadas con empresas que quieren apoderarse de sus tierras para producir etanol a base de caña de azúcar. Algo semejante ocurre en Indonesia, donde los Malind y otros pueblos indígenas de Papúa Occidental están luchando desesperadamente contra un megaproyecto que pretende convertir sus tierras en plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera, y en Colombia, donde las comunidades afrocolombianas reciben presiones de grupos paramilitares para que abandonen sus tierras con el fin de establecer en ellas plantaciones de palma aceitera.

Se estima que la demanda mundial de agrocombustibles ascenderá a 172.000 millones de litros en 2020, cuando en 2008 llegaba a 81.000 millones de litros. Con los niveles de producción actuales, esto significa que 40 millones de hectáreas más tendrían que cambiar de uso para sembrar en ellas cultivos para agrocombustibles. En otras palabras, se necesitarían 1.096 acaparamientos de tierras del tamaño del proyecto de Addax Bioenergy en Sierra Leona.

(La Tabla 1 incluye una lista de los 293 casos de acaparamiento de tierras reportados en todo el mundo entre 2002 y 2012 – que abarcan más de 17 millones de hectáreas – y en los cuales la intención declarada de los inversionistas es la producción de agrocombustibles).

 Europa es el agente principal de los acaparamientos de tierras para la producción de agrocombustibles porque importa gran parte de las materias prima que utiliza. Además, se estima que el crecimiento más importante de la demanda en la próxima década se registrará en Europa.

El mandato UE-27, la nueva propuesta de la Comisión Europea, establece una meta de consumo de agrocombustibles para el 2020 de más de 40 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo). Las materias primas para producirlos las está consiguiendo desplazando masivamente a poblaciones del Sur global y acaparando sus tierras para tal fin.

Las empresas y gobiernos europeos han intentado contrarrestar las críticas proponiendo a tal efecto diversos parámetros de ‘agrocombustibles sustentables’. Recientemente, en octubre de 2012, la Comisión Europea (CE) publicó una propuesta para limitar el volumen de cultivos alimentarios que se utiliza para cumplir con la meta de energías renovables de la CE para el transporte. Según la nueva propuesta que deberá aplicar cada Estado miembro, sólo la mitad de la meta total del 10% de agrocombustibles puede derivarse de cultivos alimentarios, el resto debe producirse de fuentes no alimentarias.

Pero las campañas, negociaciones y críticas han hecho poco para contener el consumo creciente de agrocombustibles en ese continente. La UE sólo ha dispuesto gestos simbólicos para darle una fachada ‘verde’ al brutal acaparamiento de tierras que se ha desatado a nivel mundial como consecuencia de sus políticas.

Europa sigue acaparando tierras para producir agrocombustibles

agrodieselEn el mundo de los agrocombustibles hay tres mercados que importan: Estados Unidos, la UE y Brasil. Juntos representan el 80% del consumo mundial de agrocombustibles, y no hay nada que indique que esto vaya a cambiar en el futuro previsible.

De los tres, la UE es el único que depende en gran medida de las importaciones de materias primas (cultivos llevados a Europa para su transformación en agrocombustibles) y de alimentos para reemplazar las semillas oleaginosas europeas que ahora se destinan a la producción de agrocombustibles. En 2008, la UE importó aproximadamente el 41% de las materias primas que necesita para producir agrocombustibles.

La propuesta más reciente de la CE requiere que los agrocombustibles derivados de cultivos alimentarios representen el 5% de su consumo de combustibles para el transporte al 2020. Dado el incremento general del consumo de combustibles para el transporte que se proyecta en Europa, ese 5% equivaldrá a 21 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) de agrocombustibles, la mayor parte de lo cual será agrodiesel producido a base de cultivos de oleaginosas o aceite de palma. Los cultivos de oleaginosas utilizados para producir agrocombustibles en la UE producen entre 0,8 y 1,2 toneladas equivalentes de petróleo (tep) de agrodiesel por hectárea. Suponiendo una productividad de 1 tep/ha en promedio, eso significaría que la UE debería destinar 21 millones de hectáreas a la producción de agrocombustibles para satisfacer su demanda al año 2020, en base al rendimiento actual de los cultivos. Esto representa casi el doble del área total cultivada con oleaginosas en la UE en 2012 – más que la superficie total de tierras cultivables de Italia y España combinadas.

Por eso es indudable que para cumplir las metas que se ha fijado, la UE tendrá que abastecerse en otros lugares de una proporción cada vez mayor de los cultivos que necesita para producir agrocombustibles.

Plantaciones, plantaciones y más plantaciones

El aceite de palma, comparativamente más barato, es el sustituto de preferencia más obvio. Las plantaciones de palma aceitera en los trópicos producen cuatro veces más agrocombustible por hectárea que los cultivos europeos de oleaginosas, y toda la demanda de la UE de agrocombustibles a base de cultivos alimentarios podría satisfacerse al 2020 con 5,5 millones de hectáreas de plantaciones de palma aceitera.

Pero establecer esas plantaciones no es tarea fácil, sin embargo. A Sime Darby, de Malasia, la mayor empresa productora de palma aceitera del mundo, le ha insumido décadas aumentar la superficie de sus plantaciones en producción a casi 500.000 hectáreas. Importar aceite de palma para abastecer la meta de la UE del 5% de agrocombustibles derivados de cultivos alimentarios para 2020 supondría crear una docena de empresas nuevas del porte de Sime Darby.

(…)
 La opción de priorizar los combustibles antes que los alimentos

Más allá del acaparamiento de tierras, otra consecuencia repugnante del crecimiento exponencial de la demanda de agrocombustibles que ha generado mucha atención es su impacto en el precio de los alimentos. Los agrocombustibles consumen más de un tercio de la producción de granos gruesos (cereales secundarios) de Estados Unidos, el mayor exportador mundial, y el 80% de la producción de oleaginosas de la UE, el segundo mayor importador mundial. Esta es parte de la razón que explica porqué las existencias mundiales de estos cultivos se encuentran en niveles tan bajos que no tienen precedente. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se refiere a los agrocombustibles como «la mayor fuente de nueva demanda de producción agrícola en la última década» y añade que «representan una nueva ‘variable fundamental del mercado’ que incide en los precios de todos los cereales».

Frente a la nueva escalada de precios de los alimentos que una vez más estamos padeciendo, hay agencias de alto nivel como la FAO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que ahora reclaman la eliminación de las reglamentaciones que exigen la mezcla de agrocombustibles en los combustibles para el transporte, conocidas como mandatos. Lo mismo están reclamando los pesos pesados de la industria alimentaria que ahora tienen que competir por los cultivos con los productores de agrocombustibles.

«El uso de los biocombustibles era bien intencionado en su momento, pero cuando se tiene mejor información hay que ser coherente“, dijo Paul Bulcke, el Director Ejecutivo de Nestlé. “La comida no debe ser utilizada como combustible”.

Las estimaciones más optimistas indican que la demanda de alimentos crecerá del 70% al 100% para 2050. El mundo tendrá que satisfacer esta demanda en circunstancias mucho más difíciles. La superficie de tierras cultivables ya se redujo de 0,41 a 0,21 hectáreas por habitante desde 1960, y esos suelos están cada vez más degradados: casi el 25% de la superficie agrícola del mundo está clasificada actualmente como altamente degradada. El cambio climático agravará aún más la situación, determinando que el área de desastre ‘afectada por las sequías’ ascienda en todo el mundo del 15,4% actual de las tierras bajo cultivo al 44% en el 2100.

agrodieselTambién será más difícil aumentar el rendimiento de las tierras disponibles. La FAO dice que los incrementos previos de la productividad agrícola mundial no se podrán sostener en el futuro, y predice que el ritmo de aumento se desacelerará un tercio en la próxima década. Otros estudios sugieren que la producción agrícola mundial podría reducirse drásticamente por el cambio climático: ¡del 15% al 25 por ciento!

El agua es un problema mayúsculo asimismo. La agricultura da cuenta del 70% del consumo mundial de agua. Pero el agotamiento de las fuentes de agua y la competencia de otros usos como la industria y la urbanización reducirá la proporción agrícola al 45% en el 2050. En estas condiciones será bien difícil, sin lugar a dudas, obtener la producción de alimentos necesaria para nutrir a todo el mundo.

Si a esa mezcla le agregamos las metas actuales de agrocombustibles, el resultado es una receta de hambruna masiva. Tengamos en mente el ejemplo de Addax: este único proyecto sucroalcoholero utilizará el 26% del agua del río más grande de Sierra Leona durante los meses más secos, de febrero a abril. Ahora multiplíquelo por mil.

La justificación política y económica del boom de los agrocombustibles siempre fue débil: las políticas como el mandato de la CE fueron una respuesta política frente a los altos precios del petróleo, el capital disponible y las expectativas exageradas de cultivos como la jatrofa (ver Recuadro 1). Los agrocombustibles también se promovieron como una forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero la producción de agrocombustibles actuales no conlleva reducciones y los ‘biocombustibles de segunda generación’ siguen siendo una realidad distante (ver Recuadro 2).

Usar tierras agrícolas y fuentes de agua preciadas en todo el mundo para producir combustibles para mover la flota mundial de automóviles es sencillamente irresponsable. Más todavía si se tiene en cuenta que estas tierras son a menudo el hogar de las mismas comunidades rurales cuyos sistemas alimentarios constituyen los modelos que necesitamos en el mundo para revertir la crisis ambiental que hemos generado con nuestra adicción a los combustibles fósiles. Estas comunidades y los sistemas alimentarios que ellas sostienen no son renovables.

Un par de acciones simples, especialmente en el UE, pueden hacer una gran diferencia: abandonar las iniciativas de ‘reglamentación’ de los agrocombustibles y eliminar los mandatos y subsidios a la industria. Sin estas muletas, la demanda de agrocombustibles se reducirá significativamente y eso liberará a las comunidades rurales de una parte de la presión sobre la tierra y el agua que enfrentan en todo el mundo.

LEER COMPLETO: http://www.grain.org/article/entries/4667-no-al-acaparamiento-de-tierras-para-agrocombustibles

Peña Nieto viola Constitución para favorecer empresa de transgénicos

Peña Nieto viola Constitución para favorecer empresa de transgénicos

ciudadania-express.com

transgénicosDesde los primeros días de diciembre, la Campaña Nacional Sin maíz no hay país solicitó audiencia al Secretario de Agricultura, Enrique Martínez, al Secretario de Medio Ambiente, Juan Guerra y a la Secretaria de Salud, Mercedes Juan. A excepción de Martínez, quien ofreció una reunión con funcionarios menores, la cual se rechazó por oficio, mismo que no tuvo respuesta; ni el Secretario Guerra, ni la Secretaria Mercedes Juan han dado respuesta a la petición de audiencia solicitada en los términos que señala la Constitución.

Nuestra Carta magna señala en el Artículo 8: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa… A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Rápido olvidó el secretario de Medio Ambiente su promesa de diciembre pasado cuando dijo que “organizaría un grupo de trabajo sobre el maíz transgénico”. En ese momento señaló que “Hay presiones de todos lados”, y que por ello, se dejaría “a expertos que hagan una recomendación, a partir de la cual las secretarías involucradas en el tema tomarán una resolución que se entregaría al presidente Peña antes de que comience el próximo ciclo de siembras”.

Pedía el “beneficio de la duda”; sin embargo, hoy sabemos que nos enganó: Pasan lo días, se acerca la temporada de siembra y no recibe a las organizaciones, ni convoca al debate público. Como él dijo: “La decisión sobre la autorización del cultivo comercial de maíz transgénico no debe ser personal ni política, sería una inmoralidad”.

Por supuesto, autorizar la siembra de maíz comercial transgénico NK 603 en Sinaloa, el maíz con el cual un investigador francés alimentó a las ratas que tuvieron muerte prematura, desarrollaron tumores y afectación en hígado, sería una inmoralidad y un atentado a nuestra salud, a nuestra cultura y a un patrimonio de México, tal vez más importante que el petróleo, NUESTRO MAÍZ, nuestro principal alimento.

La consulta debe hacerse pública, con científicos independientes y sin conflictos de intereses, escuchando a campesinos e indígenas, así como a las distintas organizaciones que han advertido sobre los riesgos de la siembra de maíz transgénico y por supuesto a los consumidores, que tendrían graves consecuencias en su salud de autorizarse la siembra comercial y desregulada del maíz transgénico.

La Secretaria Mercedes Juan López debe asumir con responsabilidad su cargo de Secretaria de Salud y ahora Presidenta de la Comisión de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM). De inmediato la Comisión Federal de Protección y Riesgo Sanitario (COFEPRIS) debe revisar las autorizaciones dadas y repetir una investigación similar pues nuestro principal alimento puede causarnos el mismo daño que a las ratas.

Ciudadanía Express

Concesiona la Conagua tres ríos a empresarios en Chiapas

Concesiona la Conagua tres ríos a empresarios

-Chiapas posee el 30 por ciento del agua superficial del país y es el estado donde hay varias comunidades en resistencia contra las altas tarifas de luz
-Tres grupos fueron favorecidos para instalar hidroeléctricas; otros esperan nuevas aprobaciones

MARIANA MORALES. El Heraldo de Chiapas

RepresasLa Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó tres concesiones de aprovechamiento de aguas superficiales a favor de grupos particulares a los cuales se les permitirá instalar hidroeléctricas en los ríos Totolapa, Blanco y San Lucas de la entidad, cuya energía generada la venderán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Todo indica que dichas autorizaciones serán las primeras en otorgarse en el estado que posee el 30 por ciento del agua superficial del país y genera el 54 por ciento de la energía eléctrica para México a través de sus grandes hidroeléctricas sobre el río Grijalva.

De acuerdo con datos obtenidos a través de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública por ahora las concesiones deberán solicitar una autorización que otorga la Comisión Reguladora de Energía; mientras que los otros grupos esperan que sus peticiones sean aprobadas para trabajar en los afluentes de Cacahoatán, Ostuacán y Zinacantán, sin embargo, las comunidades de la Costa, Soconusco y Altos están en pie de lucha contra los proyectos que no les favorecen porque erosionan el suelo.

En los últimos tres años, la Conagua recibió 10 solicitudes para instalación de hidroeléctricas de las cuales fueron autorizadas sólo tres. Entre las solicitudes que fueron improcedentes, porque no integraron debidamente el expediente solicitado, fueron hechas por Hidrochiapas S. A de C. V. y Eléctrica del Soconusco R. L de C.V. para explotar los ríos Cuilco y Coatán, respectivamente, del municipio de Cacahoatán.

Las concesiones aprobadas para trabajar en los afluentes Totolapa, Blanco y San Lucas, son gestionadas con el mismo nombre de los ríos excepto la última, la cual registró el nombre de Hidroeléctrica Río Frío S. A de C. V. Todas tienen un plazo de 30 años para ser instaladas en los municipios de Totolapa -que forma parte de la reserva federal El Ocote- y San Lucas, ambos situados en la zona Centro de la entidad.

El grupo que pidió permiso para explotar el afluente Zinacantán espera aún la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Según información nacional, comunidades de Puebla, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas están en contra de la construcción de pequeñas represas. En el estado, el jueves en la plaza central de San Cristóbal de Las Casas varias comunidades se pronunciaron contra las hidroeléctricas en el marco del Día Internacional de Acción contra las Represas.

En el Soconusco, el jueves 12 de febrero localidades de la zona alta de Tapachula también marcharon para exigir que no instalen las hidroeléctricas que sólo favorecen al sector privado y no a la población.

México: San José del Progreso exige salida de la minera Fortuna Silver

México: San José del Progreso exige salida de la minera Fortuna Silver

por Daniel Arellano Chávez, kaosenlared.net
Los agresores detuvieron su camino rumo a confrontar a la población, pero momentos después se escucharon varias detonaciones de arma de fuego provenientes del lugar donde se encontraban parapetados los agresores

San JoséPor la mañana de este 15 de marzo de 2013, cientos de niñ@s, hombres y mujeres de todas las edades, se reunieron a las afueras de las instalaciones de la minera Fortuna Silver Mines que en San José del Progreso opera desde hace años bajo el nombre de Minera Cuzcatlán, los indignados habitantes se reunieron para exigir la salida inmediata de la minera y el castigo a los asesinos de Bernardo Méndez y del crimen ejecutado contra Bernardo Vázquez Sánchez el 15 de marzo de hace un año.

Pancartas, mantas, fotos y una calavera a modo de mono de calenda representando la asesina labor de la Fortuna Silver Mines, sirvieron para expresar la indignación de cientos de habitantes que se mantienen en resistencia en la firme decisión de expulsar a la minera de los territorios del Valle de Ocotlan.

Momentos de tensión se vivieron alrededor de las 12:30 del día, cuando en varios vehículos se acercaron a las inmediaciones de la mina personas que en visible actitud de agresión, descendieron de los mismos para recoger piedras al lado del camino, sin embargo esto no intimidó a la gente que se opone a la extracción de minerales en su territorio para beneficio de la transnacional canadiense. Los agresores detuvieron su camino rumo a confrontar a la población, pero momentos después se escucharon varias detonaciones de arma de fuego provenientes del lugar donde se encontraban parapetados los agresores, mismas detonaciones que se realizaron en dirección a la puerta de la mina, lugar en que se encontraban mujeres, niñ@s y pueblo en general, en una clara acción de intimidación paramilitar, misma que fue coberturada con la complicidad de la Policía Estatal, que se encontraba a escasos metros del lugar de donde provenían los disparos. Así es como la minera canadiense Fortuna Silver Mines pretende intimidar la digna resistencia de los habitantes de San José del Progreso, respaldada con la impunidad que le otorga Gabino Cué a los paramilitares que han accionado sus armas contra la población saldándose en muertes y la agresión de este día.

Sin embargo, esto no bastó para atemorizar a los habitantes de San José del Progreso, que permanecieron en las afueras de la mina, expresando su total repudio a la empresa canadiense que continúa ampliando sus operaciones en el subsuelo de la región. Prueba de ello son los testimonios de campesinos,  que denuncian el estruendo de la maquinaría que la empresa activa por las noches para evitar evidenciar el arrasamiento que día a día avanza sobre el territorio de San José, así como la visible operación de los molinos de trituración que apenas en unas horas crearon varios montículos de material triturado, movilizados con maquinaria pesada rumbo a la extremadamente vigilada presa de jales que ya está en operación.

Así es como este día, ni la intimidación de un francotirador de la empresa colocado en la parte alta de un cerro de material desechado, ni los disparos de paramilitares, ni la complicidad de Gabino Cué y su policía estatal, amedrentan la firme resistencia de los pueblos del Valle de Ocotlan que con esta acción de resistencia memoria y homenaje a Bernardo Vázquez Sánchez, gritan con indignación

¡Fuera la Minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines!

¡Castigo a los asesinos!

Honduras: El Banco Mundial debe dejar de financiar a empresa de palma aceitera involucrada en docenas de asesinatos

Comunicado de Prensa
19 de marzo 2013

Honduras: El Banco Mundial debe dejar de financiar a empresa  de palma aceitera involucrada en docenas de asesinatos

DinantWashington (EEUU), 19 de marzo de 2013 – Organizaciones no gubernamentales internacionales condenarón hoy una declaración de la Corporación Financiera Internacional (CFI) [1] del Banco Mundial que defiende las actividades de la compañía de palma aceitera hondureña Grupo Dinant, involucrada en docenas de asesinatos y otras violaciones de derechos humanos. La declaración de CFI admite explícitamente dar apoyo financiero para el entrenamiento de las fuerzas de seguridad de la compañía .

Las ONG son: Amigos de la Tierra Internacional, Global Forest Coalition, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Urgewald, Rights Action, Salva la Selva, Global Justice Ecology Project, y Biofuelwatch

El Ombudsman del Banco Mundial [2] investiga actualmente un préstamo de 30 millones de US$ al Grupo Dinant aprobado en 2009, del que al menos la mitad ya ha sido desembolsado.

Este mes, una Carta Abierta de 17 ONGs [3] y una protesta internacional a la que se adhirieron 63.000 personas [4] expresan rechazo  a  dicho crédito y piden al Banco Mundial que cese inmediatamente su apoyo al Grupo Dinant.

Desde 2009, organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado docenas de casos de asesinatos de campesinos y personas que acompañan su defensa frente a los conflictos por la tierra en los que está involucrado el Grupo Dinant, los guardias de seguridad de esta empresa, así como la policía y el ejército hondureños.

Las evidencias se reflejan en un informe elaborado por una Misión Internacional de Verificación realizada por organizaciones de derechos humanos en marzo de 2011 , una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2011, una audiencia pública internacional sobre los derechos humanos en mayo de 2012 [5] y un informe sobre las violaciones de derechos humanos atribuídas a efectivos militares, elaborado por Rights Action y publicado este mismo mes [6].

Este último informe confirma que al menos 88 miembros y acompañantes del movimiento campesino del Bajo Aguán, han sido asesinados de forma selectiva en la región durante los últimos tres años. Documenta además la responsabilidad directa de las fuerzas de seguridad armadas del Grupo Dinant por la violencia hacia los movimientos campesinos. Muy al contrario de lo que afirma el Banco Mundial acerca del fin de la violencia en 2012, dos campesinos fueron torturados y asesinados en febrero de 2013 [7].

Annie Bird de Rights Action afirma: “Es una acusación muy seria acerca del rol del Banco Mundial en el conflicto por la tierra en Honduras, ya  que la Corporación Financiera Internacional admite tener una conexión directa con el entrenamiento de los ‘guardias de seguridad’ paramilitares del Grupo Dinant. No está claro si esta conexión es una respuesta a las preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos, pero de todas formas, reciclar paramilitares involucrados en asesinatos no es, en ningún caso, una respuesta aceptable. El Banco Mundial debe romper dicha relación y dejar de financiar al Grupo Dinant inmediatamente.”

Almuth Ernsting, miembro de la Global Forest Coalition y del Observatorio de los Biocombustibles Biofuelwatch añade que: “La afirmación del Banco Mundial de que los asesinatos están siendo investigados en los juzgados hondureños con la total cooperación del Grupo Dinant contradice las verificaciones hechas durante las visitas de los grupos de derechos humanos, que constatan una impunidad total alrededor de estos asesinatos. Tal estado de impunidad ha sido confirmado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los Mercenarios. El Banco Mundial, no sólo debe cancelar el préstamo a Dinant, sino abrir una investigación completa sobre su rol en las violaciones de los derechos humanos en Honduras.”

En 2011, el banco alemán de desarrollo, DEG, canceló un préstamo al Grupo Dinant, basándose en las patentes relaciones de la empresa con las graves violaciones de derechos humanos. Y todavía hoy el Banco Mundial continúa respaldando a la compañía y desechando las evidencias independientes, como lo muestra su reciente declaración.

Jeff Conant de Friends of the Earth/Amigos de la Tierra USA añade que “la declaración del Banco Mundial sobre el  Bajo Aguán revela la magnitud de su complicidad con una compañía de palma aceitera involucrada en algunas de las violaciones más graves de derechos humanos que están teniendo lugar en Centroamérica. Años después de una auditoría condenatoria de su financiación de proyectos de palma aceitera y una supuesta revisión de sus políticas, el Banco Mundial está legitimando el uso de fuerzas armadas paramilitares en contra de campesinos que reclaman su propia tierra, desestimando una gran cantidad de evidencias recogidas de manera independiente por misiones internacionales de verificación.”

Las ONGs demandan que el Banco Mundial suspenda el crédito al Grupo Dinant y que se realice una investigación inmediata, completa e independiente sobre la relación del Banco Mundial con el Grupo Dinant, que debe ir más allá de la actual investigación del Ombudsman.

NOTAS:
[1] www1.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/Regions/Latin%20America%20and%20the%20Caribbean/Strategy/Corporacion_Dinant?

[2] Una queja remitida por Rights Action está siendo investigada actualmente por el Ombudsman de la Oficina de Quejas (CAO). CAO es una agencia independiente que investiga quejas remitidas por comunidades afectadas por proyectos financiados por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (CFI).

[3] http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/Pronunciamiento_Internacional_CAO_-_Bajo_Aguan_01-03-201.pdf

[4] https://www.salvalaselva.org/mailalert/909/banco-mundial-credito-para-la-palma-de-la-muerte

[5] http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/2011_07_InformeHondurasBajoAguan.pdf, http://hrbrief.org/2011/10/human-rights-situation-in-the-bajo-aguan-honduras/ y http://www.fidh.org/Declaracion-de-la-audiencia

[6] http://rightsaction.org/sites/default/files//Rpt_130220_Aguan_Final.pdf

[7] See http://www.coha.org/21693/

Las minas y el despojo llevan a la lista de Forbes a los millonarios mexicanos

Las minas y el despojo llevan a la lista de Forbes a los millonarios mexicanos

Los tres hombres más ricos de México basan su fortuna principalmente en la explotación minera, facilitada por leyes permisivas sin par en el continente, y dejando a su paso destrucción ambiental y comunitaria.
Adazahira Chávez, desinformemonos.org

forbesMéxico. La riqueza de los empresarios mexicanos que encabezan la lista de millonarios de la revista Forbes está cimentada “en el despojo de los bienes de la nación”, resume Francisco López Bárcenas, autor del libro “El mineral o la vida”, sobre la legislación minera en México.

Los tres primeros lugares de la lista de México (Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea) tienen empresas mineras. El artículo 27 actual señala que  se pueden concesionar los recursos naturales “pero siempre debe ser, primero, para distribuir la riqueza nacional -y no para tres gentes-; para el desarrollo de los mexicanos y para conservarlos”, precisa López Bárcenas, que agrega que en el caso de la minería no se cumple ninguno de estos supuestos. Además, explica, se afecta el derecho al agua y la alimentación de los mexicanos por el carácter preferente del que goza esta actividad industrial.

Empresarios mexicanos: explotación y especulación

Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, desincorporó las concesiones que tenía el Estado y las entregó a grupos mineros mexicanos, principalmente a Grupo México (de Larrea), Grupo Peñoles (de Bailleres) y Grupo Frisco (de Slim, el hombre más rico del mundo) para asegurarse de que controlaran gran parte de la minería, aún antes de que hiciera la reforma al artículo 27 de la Constitución y se publicara la nueva ley minera.

“Cuando se modifica la ley de inversión extranjera, que permite cien por ciento de capital extranjero en las minas, ya los empresarios mexicanos tienen asegurada su parte”, señala López Bárcenas. Después de la entrega de las concesiones vino la Ley Minera, que unificó los permisos para explorar y explotar y permitió que los periodos de concesión fueran prácticamente de cien años. Eso, apunta López Bárcenas, abrió paso a la especulación.

“Casi todos los proyectos, dicho por los propios mineros, se llevan máximo 15 años. ¿Para qué quieren cien? Porque entre más tiempo tengan, su precio es más alto en la bolsa de valores; el negocio no es sólo explotar el mineral, es especular con el patrimonio nacional”, enfatiza el abogado mixteco. La Ley Minera también permite que las concesiones se unan, con lo que adquieren mayor valor en la bolsa.

Ante la idea de que la mayoría de las mineras en México son canadienses, López Bárcenas responde que esto no es totalmente verídico. Explica que en la bolsa de valores de Vancouver se concentran todos los proyectos de minería. “Puede ser un capital mexicano o estadunidense que se va a Vancouver, se domicilia ahí para entrar a la economía especulativa y de ahí se viene a México, pero ya como capital canadiense”, precisa.

La producción de metales en México se disparó en 2010; para 2011, su valor superó los 20 mil millones de dólares y llegó al tercer lugar entre los sectores productivos de México, según datos de la Cámara Minera de México (Camimex).

Gratis

Otro factor que abona al fácil enriquecimiento para los empresarios mineros es que solamente “pagan por hectárea de superficie concesionada entre cinco y 111 pesos semestralmente, sin importar ni el tipo de mineral ni la cantidad que obtengan”, informa el abogado e historiador.  México es “el único país en América Latina en que los empresarios no pagan impuestos por la obtención y la exportación del mineral”, agrega. Colombia, aún con una ley minera muy parecida, cobra el 30 por ciento del valor del mineral extraído.

Una comparación que ilumina es el caso de la paraestatal Petróleos Mexicanos. “El petróleo también es un mineral, que el Estado se ha reservado para explotarlo él solo. Si uno ve la cantidad de impuestos que paga, no hay un punto de comparación con lo que pagan los otros minerales”, indica López Bárcenas. México es ya el primer productor de plata a nivel mundial y el décimo de oro, según datos de la Camimex, pero mientras gran parte de la recaudación del Estado mexicano viene del petróleo, de los otros minerales “no viene ni un centavo”, acusa López Bárcenas.

 “Facilidades”,

Revolution Resources –la empresa acusada de hacer trabajos ilegales de explotación en el territorio sagrado de Wirikuta-, en la sección “¿Por qué México?” de su página de internet, indica que además de las leyes pro-mineras, este país es el más estable políticamente en América Latina.

Durante el gobierno de Salinas, el Banco de Comercio Exterior y el gobierno de Canadá realizaron talleres sobre las posibilidades de inversión en América Latina, recuerda López Bárcenas. Llegaron a la conclusión de que además de las leyes permisivas en México, el gobierno tenía la disposición de cambiar los requisitos mínimos que había en algunas disposiciones legales y no había organizaciones no gubernamentales que pelearan por el medio ambiente.

Francisco López Bárcenas agrega a las condiciones que posibilitan la gran explotación el asesinato de opositores a las minas: “En (el caso de) Minera San Xavier, un presidente municipal se opuso a otorgar el cambio de uso de suelo y lo asesinaron; en Chicomuselo, Chiapas, mataron a Mariano Abarca; en San José del Progreso, Oaxaca, mataron a Bernardo Vázquez”. El asesinato de Ismael Solorio y Manuelita Solís, en el año 2012 en Chihuahua, también podría estar relacionado porque luchaban contra las perforaciones ilegales que realizaba la Compañía de Servicios Mineros Cascabel, filial de la minera canadiense Magsilver.

Daños y resistencias

mineríaEn octubre de 2012, Humberto Gutiérrez, presidente de la Camimex, declaró que en México hay oro y plata para explotar otros 500 años. El oro extraído en la década que va de 2000 a 2010 (419 mil 097 kilogramos) duplica fácilmente a la cantidad extraída durante 300 años de Colonia española (191 mil 825 kilogramos).

Para López Bárcenas, la preocupación no es que se acabe el mineral sino el tipo de explotación que se hace. “Todo es a cielo abierto, y para explotar 500 años más tendrían que poner el país al revés, y a ver a dónde nos vamos cuando estén devastando el territorio”, declara.

Muchas comunidades que rentan sus tierras no saben el daño que se les causará con la actividad minera, que prácticamente destruye todo porque el mineral no está en veta y se tiene que revolver toda la superficie terrestre.

La ley agraria, que debería ser de protección social, permite que la renta de ejidos sea de 30 años prorrogables, “la vida de toda una generación”, apunta López Bárcenas, amén de que el pago es muy bajo. Lo que no dice la minera es que cuando devuelvan la tierra rentada, no va a servir para nada.

En Mezcala, por ejemplo, debido a las protestas se aumentó considerablemente la renta pagada por las tierras, pero el problema “es que la gente emigró porque ya no tenía que hacer”, se acabó el dinero, y al cabo de unos años el pueblo se destruyó completamente. Más que migración, señala el abogado, se trata de desplazamiento forzado.

Otro de los costos es la afectación al derecho a la alimentación. Para que el Estado lo garantice, “sembrar debería ser una actividad preferente; sin embargo, la Ley Minera dice que esa actividad es la preferente y se puede parar todo para hacer minería”.

También se afecta el derecho al agua. En el norte del país hay protestas de campesinos porque la Comisión Nacional del Agua sí se las regula a ellos pero a la minería no. “Hay que modificar ese esquema”, concluye López Bárcenas.

A diferencia de lo que las mineras veían a finales de la década de los ochenta, la protesta social aumentó considerablemente, señala Francisco. Estas resistencias se activaron en los últimos dos años; en primer lugar, las protestas se originaron por la destrucción ambiental; luego, por la baja renta que pagan las empresas por las tierras (mil pesos por hectárea) y más recientemente, los pueblos indígenas piden ya la cancelación de concesiones argumentando la violación a su derecho a la consulta.

Uno de los frentes de protesta “es el legal, demandar que se cumplan los mínimos derechos, que se anulen los contratos de arrendamiento, que se cancelen las concesiones porque no se respetó el derecho a la consulta”; el otro frente es “la organización social, con dos grandes tendencias: la Red Mexicana contra la Minería y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, además de los frentes a nivel regional”; un tercero es la denuncia pública que hacen los afectados, cada uno según su capacidad, analiza el experto.

Posibilidades de reforma

El abogado López Bárcenas señala que para hacer un poco aceptable esta actividad, se le debería quitar el carácter de preferente, las concesiones se deberían reducir a solamente el tiempo que necesite un proyecto, las empresas deberían pagar el agua que utilizan y la renta de la tierra sólo debería hacerse por un valor superior a la actividad que existiera ahí anteriormente.

Sin embargo, señala, eso no es lo principal. “Los pueblos lo que quieren es seguir siendo pueblos y defender su derecho al territorio”, finaliza.

Publicado el 18 de marzo de 2013

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Acción de MAPDER Chiapas el 14 de marzo Día Internacional de Acción contra las Represas

Acción de MAPDER Chiapas el 14 de marzo Día Internacional de Acción contra las Represas

En el marco del Día Internacional de Acción contra las represas aquí en San Cristobal de las Casas, Chiapas emitimos algunos mensajes solidarios contra proyectos hidroeléctricos en diferentes lugares. Compartimos el boletín del MAPDER Chiapas y algunas fotos.
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BOLETÍN DE PRENSA 14 de marzo del 2013

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
A los medios de comunicación nacionales e internacionales:

Este 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas, por los Ríos, el Agua y la Vida, salimos nuevamente a la Plaza de la Resistencia en San Cristóbal de las Casas, para expresar nuestra inconformidad a los proyectos de presas hidroeléctricas en el estado de Chiapas y en todo el país. Queremos denunciar que bajo la imagen del desarrollismo se afectan a las comunidades y la naturaleza, mientras que las grandes ganancias son para unos cuantos, que, en el caso de nuestro estado, ni siquiera conocemos los Manifiestos de Impacto Ambiental ni las características de los proyectos o los nombres de las compañías privadas que han solicitado permisos. Sobre todo, no se ha consultado de manera libre, previa e informada a las comunidades que serían afectadas por tales proyectos y si se presentan es sólo para entregar información amañada, favorable a la aprobación de los pueblos mal informados.

Se dice que estos proyectos beneficiarán económicamente a las comunidades que acepten pero no se habla que las grandes represas que han sido construidas sobre la cuenca del Río Grande de Chiapas, también llamado Grijalva, a costa del impacto negativo en la vida y cultura de las comunidades desalojadas, que no han recibido hasta el día de hoy el “progreso” que les ofreció el gobierno mexicano y la Comisión Federal de Electricidad ni el pago de la compra de sus terrenos a precios justos o una reubicación digna que incluía escuelas, clínicas, caminos, electricidad, entre otros. Más aún, mienten al decirnos que las represas no contaminan. Si fuera ese el caso, preguntamos ¿Por qué se habla de la contaminación por metano, que es un gas de efecto invernadero más potente que el carbono, en las represas? ¿Por qué no quieren aceptar que los peces dejan de existir en los embalses de estas construcciones? ¿Por qué no nos hablan de las aguas contaminadas que se acumulan en los embalses ni de la difusión de enfermedades como el dengue propagadas por estos?

Nosotras y nosotros hemos encontrado con la ayuda de académicos y organizaciones solidarias que las represas se construyen sólo por codicia y no por necesidad. Sabemos que las represas en El Río Grande no trabajan a toda su capacidad para poder beneficiar a las empresas privadas que venden electricidad a la CFE. Sabemos que muchas represas nunca se van a llenar porque las zonas donde se piensan construir dejan filtrar el agua, pero al final, las compañías constructoras se quedan con ganancias de cientos de millones de dólares, a costa de los contribuyentes, de las comunidades y la vida.

Nos solidarizamos con todas las luchas en contra de las represas a nivel nacional, especialmente con los pueblos de Temacapulín, Acásico y Palmarejo, en el estado de Jalisco, por la falta de justicia en México, ejemplificado por la decisión de la Suprema Corte de rechazar una controversia constitucional que salvaría a dichos pueblos de ser inundados. También nos solidarizamos con las demás luchas en el plano internacional y hacemos un llamado a todos los pueblos y ciudadanos para sumarse a esta exigencia, que es a favor de los ríos, el agua y la vida.

Exigimos al gobierno la cancelación de todos los proyectos de represas en nuestro estado, resarcimiento a las comunidades desplazadas y respeto a las decisiones de quienes se oponen al despojo y destrucción.

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Chiapas
¡Ríos sin Presas, Pueblos Vivos!
¡Aguas para la Vida, No para la Muerte!

COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN CIVIL LAS ABEJAS DE ACTEAL

!Los ríos, el Agua y la Vida no se venden, se Defienden!

FOTOS 14 de marzo 2013 (click para ampliar):

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