El MAPDER exige acatar de inmediato la resolución de la SCJN en el caso Presa El Zapotillo

A la opinión pública.-

El Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, se congratula con respecto al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conservar la altura de la cortina de la Presa El Zapotillo en su elevación original de 80 metros. Coincidimos con las y los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que esta altura no asegura a las poblaciones afectadas permanecer exentas de afectación alguna, aun cuando se instalen diques que contengan el agua de la presa, sin embargo, sí nos concede la razón en cuanto que prueba una vez más las grandes irregularidades en que las autoridades estatales y federales incurrieron para imponer este proyecto a costa de la población jalisciense.

Tan sólo nos gustaría enumerar algunas de ellas como muestra del autoritarismo que padecen las comunidades afectadas por presas, entre otros megaproyectos en cualquier parte de México:

1.- Los gobiernos federal y estatal nunca reconocieron el derecho de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a una consulta previa, libre e informada y, cuando éstos organizaron sus propia consulta comunitaria y rechazaron rotundamente el proyecto de presa, dichos servidores públicos se mostraron indiferentes y por demás autoritarios a tal punto de agredir en varias ocasiones tanto a los mismos habitantes como a las organizaciones civiles que apoyan en la defensa.

2.- El proyecto de presa está plagado de errores garrafales que incluso pueden llegar a impedir que la presa llegue a llenarse. Se logró demostrar, con la ayuda de expertos, que el Manifiesto de Impacto Ambiental no contempla las condiciones de sismicidad de la zona donde se está construyendo la cortina, ni la porosidad de la roca, poniendo, por un lado, en riesgo a los pueblos afectados ante un posible rompimiento de la cortina y, por otro, al presupuesto público que pondría al servicio de compañías privadas, generando un elefante blanco más en nuestro país, a costa de los contribuyentes. Además, ha quedado por demás expuesta la inviabilidad económica del proyecto, dado que ha llegado a costar casi el doble de la cotización original, sin que se haya terminado todavía.

3.- La construcción de la Presa El Zapotillo se ha llevado a cabo sin la aprobación para el cambio de uso de suelo por parte del municipio de Cañadas de Obregón, en el cual se ubican los poblados y terrenos afectados. Este es ejemplo emblemático de cómo no se necesitan respetar las atribuciones de los tres niveles de gobierno ni el régimen municipalista del que tanto se alardea en nuestro país, siempre que haya participación de capital privado para modificar dichas interpretaciones.

4.- Pese a que los pobladores afectados por la presa se han negado una y otra vez a vender sus propiedades y terrenos para el desarrollo del proyecto, las presiones de que han sido objeto merecen un apartado especial debido a que ilegalmente se han expedido decretos de expropiación contra la mayoría de la gente, llegando a afectar con ello su calidad de vida e, incluso, provocado la lamentable muerte de habitantes de avanzada edad debido al estrés al que han sido sometidos. Se ha denunciado también cómo la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ha visitado a miembros del Comité de Hijos Ausentes de Temaca en el estado de California, Estados Unidos, con el fin de presionarlos para vender su patrimonio.

5.- La creación del nuevo poblado Talicoyunque, para reubicar a la población afectada, ha contado también con la negligencia e intransigencia de los distintos niveles de gobierno. Hasta hace poco, el poblado se seguía construyendo independientemente que se había ordenado desde el Tribunal Administrativo de Jalisco su inmediata cancelación, debido a que no contaba con los debidos permisos. Las máquinas trabajando día y noche representaban para los pobladores afectados un claro mensaje de intimidación hacia su lucha contra el proyecto, sumando además, la agresión que los guardias privados del lugar, que llegaron a agredir con armas de fuego al padre Gabriel Espinoza Íñiguez y al abogado Guadalupe Espinoza cuando éstos se presentaron en el sitio de la construcción, en aquel entonces ya cancelada para verificar que se estaba respetando la determinación del tribunal.

6.- La criminalización de la protesta social siempre presente en la lucha legítima por la defensa de los ríos y comunidades, se ve reflejada en la campaña mediática para denostar a miembros del movimiento y las órdenes de aprehensión contra compañeros que han venido participando en la lucha, a pesar que el gobierno federal y estatal se comprometieron a cancelar dichas averiguaciones. Cabe destacar que ninguna de nuestras denuncias, aunque bien fundamentadas, han hecho a las autoridades competentes deslindar responsabilidades por las probadas irregularidades del proyecto El Zapotillo.

Por lo anteriormente mencionado, el MAPDER exige a las autoridades competentes que acaten la resolución emitida por la Suprema Corte y se suma a las demandas del Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, a saber:

a) Que el proyecto de cortina a 80 metros se dé a conocer públicamente en la comunidad de Temacapulín. Desde 2008 la información que las autoridades nos han brindado ha sido engañosa y a cuenta gotas. Temacapulín pide ser ampliamente informado de las características de la obra, las condiciones de riesgo para el poblado en caso de ser rodeados por diques, las consecuencias para las y los campesinos que perderán sus tierras; sabemos los efectos negativos que se derivan de una cortina de concreto que represa ríos: mosquitos, sequía, contaminación de agua y peces, migración de fauna, además que dos pueblos milenarios quedarían sepultados por la obra hídrica. Cualquier construcción de un proyecto y de altura de la cortina, implica un rediseño y proyección de vida comunitaria a futuro, al cual todos los pueblos tienen derecho, a partir de la presentación del proyecto las comunidades decidirán lo mejor para su futuro.

b) Que se nos entreguen las minutas de las seis reuniones de trabajo que hemos sostenido con el Gobierno de Jalisco y distintas dependencias. Solicitud hecha mediante oficio el pasado 05 de agosto, de la cual aún no hemos recibido respuesta oficial.

c) La realización de una mesa jurídica para acordar como se ejecutará la resolución de la SCJN y cómo concluirán los procesos de expropiación y donde se acuerde la cancelación inmediata de los estudios de suelo que técnicos de la Comisión Estatal de Agua y la Comisión Nacional de Agua hacen en las inmediaciones de Temacapulín.

¡Ríos para la vida, no para la muerte!

¡Ríos vivos, pueblos vivos!

Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER

Declaración de Amatlán de los Reyes

X Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER

Amatlán de los Reyes, Veracruz,  4 de agosto de 2013

Indignados, en alerta máxima y con el grito a una sola voz de justicia, bajo el acoso de un ostentoso operativo policial por el asesinato de nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz al inicio de nuestro encuentro y a quien dedicamos la celebración del Décimo Aniversario MAPDER, reunidos más de 300 defensoras y defensores de los ríos e invitados internacionales procedentes de siete países llevamos a cabo el Décimo Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), del 2 al 4 de agosto, en Amatlán de los Reyes, región de las altas montañas de Veracruz.

Fuimos testigos de la grave situación que atraviesan los pueblos de Veracruz amenazados por la construcción de más de 100 proyectos hidroeléctricos con capital privado y bajo el esquema de abastecimiento energético para las empresas. Esto implica la privatización de los ríos y agudización de daños sociales y ambientales para las poblaciones locales y demás comunidades ribereñas. Tan solo en la región de las Grandes Montañas, existen 3 proyectos de su tipo, de los cuales uno se encuentra en fase final; nos referimos al Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, a cargo de la empresa Comexhidro, implantado en tres municipios de la Sierra y cuya afectación directa es a 5 mil personas. Dicho proyecto carece de permisos de la Conagua y de una consulta basada en el Convenio 169 de la OIT, para la protección de los derechos indígenas.

En Tlapacoyan-Jalacingo, fueron autorizados tres proyectos hidroeléctricos de 8 planeados para toda la cuenca, implicando desvío del caudal en 13 kilómetros, alteración biótica por desecamiento de 54 mil hectáreas en 7 municipios —Altotonga, Jalacingo, Tlapacoyan, Atzalan, Martínez de la Torre, San Rafael—, más dos de Puebla —Teziuhtlán y Hueytamalco— a cargo de la empresa Impulsa Generación Renovable y donde el comprador de la energía es Minera Autlán, con una afectación de 450 mil habitantes.

Las principales cuencas y ríos de Veracruz —Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Bobos-Nautla, Actopan y La Antigua— y sus 57 afluentes o ríos tributarios aparecen en los estudios hidroenergéticos que sirven de base para la promoción de cuando menos 112 “mini-hidroeléctricas” a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Prueba de ello es el Proyecto Multipropósitos Xalapa, ubicado en la cuenca de La Antigua, cuyos objetivos son, por un lado, el abastecimiento de agua para la ciudad de Xalapa a un costo muy elevado y pretendiendo subir el líquido más de 1200 m.s.n.m.; y por el otro lado, es la generación de energía a cargo de la transnacional brasileña Oderbrecht. Dicho proyecto ha desplazado ya a casi 5 mil habitantes de la comunidad de Barranca Grande y Villanueva en los municipios de Ixhuacán de los Reyes. Así mismo, la electricidad generada beneficiaría directamente la ampliación de la empresa cementera, la cual ya ha afectado severamente a la población del municipio de Apazapam. Este proyecto hidroeléctrico afectaría directa e indirectamente a casi 1 millón de personas.

Desde el 2011 el proyecto hidroeléctrico el Naranjal, amenaza el territorio de Amatlán de los Reyes y siete municipios de la región que afectaría a 30 mil personas. Se trata de una de las hidroeléctricas más importantes del estado que podría tener una capacidad instalada de 360 MW. Por las protestas de la población en la región se mantiene un clima de intimidación contra los opositores a la imposición de proyectos hidroeléctricos y mineros.

Prueba de ello es el asesinato de nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz en esta región, donde uno de los hombres más ricos del país, Claudio X. González, y su socio Gerardo González Guajardo, pretenden construir la presa hidroeléctrica El Naranjal, a través de la empresa Constructo. Recordamos que la tenaz resistencia de las comunidades campesinas e indígenas potencialmente afectadas por el despojo de tierras en los municipios de Iztac, Fortín, Naranjal, Coetzala, Amatlán, Cuichapa y Omealca, obligó a que el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, firmara en junio de 2013 un Decreto de Área Natural Protegida Estatal que implicaría no construir ya el proyecto hidroeléctrico El Naranjal. La tardanza de su publicación en la Gaceta Oficial, derivó en más conflictos, atropellos, amenazas y muertes. Ante este escenario que viven los pueblos de Veracruz, el MAPDER repudia la violencia y exige el esclarecimiento inmediato del crimen de Noé Vázquez Ortiz, seguridad para su familia, para el niño testigo, para el Comité Defensa Verde Naturaleza para Siempre, así como para el pueblo de Amatlán de los Reyes. Estaremos atentos y realizaremos acciones inmediatas. Es evidente el gran nerviosismo de la empresa ante la posibilidad de que la hidroeléctrica no se construya. Exigimos cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico El Naranjal.

Aunado a esto, el MAPDER visitó el campamento que las comunidades amatlecas mantienen en defensa del río Atoyac y contra el proyecto Bandera Blanca, que busca la desviación del agua a la ciudad de Córdoba para fines industriales sin considerar la devastación ambiental y social que implica; lucha con la cual el MAPDER se solidariza.

Durante el Encuentro las comunidades afectadas por la imposición de proyectos de presas en el país, recordamos lo caminado en estos primeros diez años del MAPDER, nos reconocimos fortalecidos y conscientes de que gracias a él nos mantenemos unidos, articulados, que hemos detenido con mucho esfuerzo y tenacidad algunos proyectos de presas y que hemos colocado a nivel nacional la temática de presas y sus efectos sobre la cuenca de los ríos y las comunidades, proponiendo alternativas en el manejo del agua y la energía en México. Sin embargo, vemos con preocupación el incremento del número de proyectos de presas en el país, la agudización de la represión a las comunidades que resisten, la criminalización de la protesta, el hostigamiento, observamos el retroceso en el respeto a los derechos humanos. Resulta evidente que el modelo extractivista se ha fortalecido y que la imposición de proyectos de presas se multiplica, lo cual nos llama a mantener la alerta, la unión y a seguir en la acción en defensa de los ríos y de la Madre Tierra.

Ante la proyección y construcción de presas, parques eólicos y minas entre otros megaproyectos que implican destrucción y despojo, el MAPDER se pronuncia por el respeto al derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada y por la reparación integral de los daños físicos, morales y patrimoniales ocasionados por estas obras a ecosistemas y poblaciones afectadas. Que se respete la voluntad de los pueblos.

Después de nuestra Preaudiencia ‘Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad’, continuamos en el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, preparándonos rumbo a la Audiencia final sobre el eje de Devastación Ambiental. Exigimos que el Estado mexicano dé cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Preaudiencia de Presas, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

Siguiendo la recomendación del Jurado de la Preaudiencia sobre presas, el MAPDER impulsará un debate público sobre políticas y opciones energéticas, donde se contemplen tanto las formas de atender la demanda como la oferta de energía, considerando los patrones irresponsables de consumo, las pérdidas y las capacidades ociosas de las plantas energéticas; así como la revisión de las políticas relativas al control, uso y asignación del agua de la nación, que conduzcan a una política responsable de conservación y gestión integrada de los recursos hídricos.

Denunciamos que los nuevos titulares de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no han dado respuesta a las solicitudes de reunión presentadas por el MAPDER; exigimos respuestas inmediatas.

Representantes de las comunidades y organizaciones presentes en el Décimo Encuentro Nacional MAPDER, construimos y consensamos colectivamente acciones y estrategias que desarrollamos a fin de fortalecer el movimiento, por lo cual

DECLARAMOS:
Exigimos la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Presa La Parota, del estado de Guerrero. En diez años de lucha incansable, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) ha logrado la suspensión del mismo. Exigimos al Gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, el cumplimiento de los Acuerdos de Cacahuatepec. Al Ejército mexicano exigimos cese el hostigamiento al compañero Julián Blanco, del CECOP, dirigente en el ejido Los Huajes.

Con el Consejo Indígena Nayeri denunciamos que los gobiernos estatal de Nayarit, federal y municipales han violado los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas Nayeri y Wixárika de la cuenca del río San Pedro Mezquital, principalmente su derecho a la consulta previa, libre e informada, ante la amenaza de construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces por parte de la CFE. Asimismo denunciamos y rechazamos la actitud insidiosa de CFE y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que han negado la información sobre el proyecto Las Cruces a las comunidades afectadas y que han manipulado los procesos de toma de decisión en las comunidades indígenas de San Pedro Ixcatán y San Juan Corapan. Particularmente el hecho que el pasado 14 de abril el secretario de Gobierno del estado, el presidente municipal del Ruiz y la visitadora de la Procuraduría Agraria, hayan convocado y celebrado ilegalmente una supuesta Asamblea General de Comuneros de San Pedro Ixcatán, con el propósito de echar abajo los acuerdos de la Asamblea General de Comuneros del 7 de abril de este año, en que ésta comunidad negó a la CFE la anuencia para continuar los estudios de factibilidad del proyecto, valiéndose de engaño y chantaje al condicionar el acceso a sus habitantes a los programas gubernamentales y el ofrecimiento de diversas obra de supuesto beneficio a la comunidad.

Como MAPDER estamos enterados de la decisión tomada por el Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, de no inundar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y estamos preocupados por el nulo avance de las mesas de trabajo en cuanto a resultados y el cumplimiento de acuerdos y compromisos, así como la negativa a suspender temporalmente la presa El Zapotillo y entregar a la comunidad el proyecto técnico propuesto por el mismo gobernador para salvaguarda de las comunidades. Exigimos que el Gobernador de Jalisco suspenda de inmediato la presa El Zapotillo, cumpla su decisión de no inundar las comunidades afectadas por el proyecto y respete los Derechos Humanos y su territorio; exigimos cumpla y realice las diligencias necesarias ante el Gobierno Federal y la Conagua.

Exigimos la reparación integral de los daños ocasionados a María Guadalupe Lara Lara, afectada por la presa de Arcediano en Jalisco.

Con el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde (Copudever), de la Costa Chica de Oaxaca, denunciamos a la CFE por sus métodos de coacción a los municipios utilizando recursos públicos a cambio de permisos para terminar los estudios en el proyecto hidráulico Presa Paso de la Reyna y por la distribución de folletos que manipulan la información, mencionando que la obra beneficia al municipio de Tataltepec de Valdés. El Ejido Paso de la Reyna exige a la SEMARNAT frene los estudios ambientales. Pedimos la cancelación definitiva del proyecto Paso de la Reyna.

Tomamos la propuesta de los afectados por la Presa Cerro de Oro en Oaxaca de realizar una gran movilización que exija al Gobierno Federal cese la represión que sufre la población y solucione el caso que lleva más de 40 años pidiendo indemnización y conclusión de la infraestructura urbana a que se comprometió desde el año 1972.

El MAPDER exige respeto a la autodeterminación de las comunidades indígenas totonaca de Olintla y cesen las amenazas y hostigamiento de las autoridades municipales y empresa Grupo México, promotoras del proyecto hidroeléctrico-minero del cual exigimos cancelación definitiva en la Sierra Norte de Puebla.

Respaldamos a las organizaciones promotoras del foro Proyectos de Muerte y Territorio Nacional que exigen cese a las amenazas de muerte e intimidaciones a los pueblos y organizaciones que se encuentran en defensa del territorio contra hidroeléctricas y minas en Tetela, Ixtacamaxtitlán, Tzuapan, Quecholac y del estado de Puebla. Solicitamos se salvaguarde su integridad física y psicológica. Cancelación definitiva de hidroeléctricas, termoeléctricas y gasoductos, minas a cielo abierto y parques eólicos.

Exigimos alto al hostigamiento del movimiento contra altas tarifas de electricidad en Chiapas, cancelación de proyectos hidroeléctricos recientemente anunciados en los ríos Usumacinta, Grijalva y Coatán, éste último en el municipio de Tapachula. Condenamos la actitud de traición del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo, por estar impulsando la privatización del Sistema Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), enviando la iniciativa al Congreso del Estado a espaldas de la sociedad; por lo que exigimos que se lleve a cabo un referendo para conocer la opinión de la sociedad tuxtleca. Exigimos indemnización justa para los afectados por el mal manejo de aguas en lo que se conoce como El Tapón del Río Grijalva. Exigimos la salida inmediata de la empresa Cales y Morteros del Grijalva S.A. de C.V., que provocó la fractura de una de las paredes del Cañón del Sumidero en 3 kilómetros de largo, aproximadamente. Exigimos la liberación del profesor tsotsil Alberto Patishtán, preso injustamente desde el año 2000.

Rechazamos los proyectos hidroeléctricos Chakté, Itzantún, Chinin así como las presas proyectadas en ríos de Pipijiapan y 120 concesiones mineras que afectarían a ríos y pueblos del estado de Chiapas. Exigimos su cancelación definitiva.

El MAPDER se une a la exigencia de la comunidad de Las Abejas de Acteal, del municipio de Chenalhó, Chiapas, de justicia sobre el caso Acteal y rechazo a Ernesto Zedillo Ponce de León en su integración de la organización de Elders.

Nos pronunciamos en apoyo a los hermanos indígenas Guarijíos, del sur de Sonora, en resistencia a la Presa Pilares, Bicentenario, que impactaría a cinco comunidades. Exigimos cese la agresión y amenazas de muerte contra su Grupo de Apoyo, medidas de seguridad y freno a la imposición del proyecto.

Exigimos cese la sobreexplotación del agua en la Región Lagunera, centro norte de México, remediación de los daños ocasionados por el sistema de presas sobre la cuenca del río Nazas; solución verdadera de la contaminación del agua y sus daños sobre la salud de la población; cese la privatización del agua y freno al proyecto de explotación de gas shale o esquisto en la cuenca de Burgos de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con los afectados por la Presa El Cajón, de Nayarit, exigimos al Gobierno Federal indemnización justa, retroactiva, dotación de terrenos, viviendas y servicios equivalentes a los despojados a los habitantes de El Ciruelo, municipio de Jala, apertura de fuentes de empleo, atención a la salud y acceso al agua en calidad y cantidad.

El MAPDER se une a la exigencia de cancelación de licencias de presas hidroeléctricas autorizadas sin el consentimiento de los pueblos en Guatemala, respeto a las consultas comunitarias así como retiro de las empresas Hidro Santa Cruz de Barillas, de la empresa Cinco M S.A., del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, así como de otras de la Xalbal Ixcán y del Usumacinta en el departamento del Petén.

Exigimos esclarecimiento del secuestro y asesinato de nuestro hermano Daniel Pedro Mateo, defensor de los derechos del pueblo Q’anjob’al.

El MAPDER se propone fortalecer la articulación entre afectados por las presas, establecer alianzas con movimientos de resistencia contra la minería, contra las altas tarifas eléctricas, contra las reformas estructurales, particularmente contra la Reforma Energética; asumir las propuestas emanadas del Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores, realizada recientemente en Santa María Zacatepec, Puebla, que consisten en realizar una Jornada Nacional de Lucha que inicia con una movilización nacional el 12 de septiembre contra la Reforma Energética, y el 12 de octubre por la defensa de los derechos de los pueblos.

Volvemos a nuestras regiones hermanadas y hermanados con el pueblo de Amatlán de los Reyes en su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Presa El Naranjal y en defensa del Río Blanco, el agua, la producción en armonía con la naturaleza y un mundo justo y solidario.

Hacemos un llamado de alerta a la comunidad internacional sobre la situación de emergencia que atraviesan los pueblos en defensa de la vida, el agua y el territorio.

¡Justicia para Noé!
¡Justicia para los Pueblos!
¡Justicia para los Ríos!
¡Ríos para la Vida, No Para la Muerte!
Diez años defendiendo los ríos, los pueblos y la vida

Dada en Amatlán de los Reyes, Veracruz, a 4 de agosto  de 2013
Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

EL GOBIERNO DE VERACRUZ ES RESPONSABLE DEL ASESINATO DE NOE VAZQUEZ ORTIZ Y DE VIOLACIONES AL ESTADO DE DERECHO

Recrudecen las irregularidades, hostigamiento y represión contra integrantes del MAPDER en Amatlán, Veracruz, México

El Gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte, confirmó días antes en una reunión con miembros del Mapder que la seguridad del X Aniversario estaba garantizada. Al mismo tiempo, en esos días publicaba el Decreto de Área Natural Protegida de la región que impediría la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Naranjal, cuyos dueños, los empresarios de Constructo, Claudio X. González y Gerardo González Guajardo, han sido acusados de corromper autoridades y presionar a la población para que aceptara el proyecto de la represa.

Con mayor información a la obtenida pocas horas antes del asesinato, el Mapder corrige que el cuerpo de Noé Vázquez fue entregado a sus familiares con 46 puñaladas en la cabeza, degollado con un machete y quien fue encontrado amarrado de tobillos y muñecas por la espalda, boca abajo y en una posición ritualística en el campo cercano a la sede del X Aniversario del Mapder, al parecer en alusión al ritual de bienvenida que daría pocas horas después. Los asesinos consignados son Jonathan Contreras Jiménez, Luis Enrique de la Cruz Martínez y Armando Tlaxcala Hernández; el taxista Manuel Ramírez Reyes fue liberado.

Pese a la enorme presión nacional e internacional que demanda el esclarecimiento del asesinato del miembro del Mapder, Noé Vázquez Ortiz, las autoridades de procuración de justicia del estado de Veracruz han actuado en una serie de violaciones a la ley y al Estado de Derecho:

1) El Ministerio Público de Amatlán se negó a recibir la denuncia de hechos el día del crimen, 2 de agosto.

2) Se presionó a los familiares de Noé al condicionar la entrega del cuerpo del fallecido si el menor, testigo del crimen, no declaraba.

3) El sábado 3 de agosto se presentaron de manera ilegal agentes de la Agencia de Investigaciones Veracruzana (AVI) para interrogar por segunda ocasión, pero ahora en su domicilio, al menor de edad testigo del homicidio, sin autorización expresa para hacerlo, sin presencia de sus padres, de su abogado ni sicólogo. Los anteriores son algunos de los procedimientos que violan los Derechos Humanos del Niño así como los instrumentos internacionales en la materia.

4) Los periódicos de la región publican fotografías periciales y minimizan los hechos como delincuencia común.

Este lunes se realizó la audiencia de Control de Detención ante el Juez de Control en la Sala de Juicios Orales en el Penal de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en donde se observaron las siguientes irregularidades:

1) No se notificó sobre esta audiencia a la parte ofendida, aun cuando ya existían dentro del expediente de investigación datos de identificación de la esposa de Noé donde podía ser notificada; así como el señalamiento de un asesor jurídico que tampoco fue debidamente notificado.

2) La forma en la que se enteraron de la audiencia fue a través de una nota en el periódico donde el Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, daba instrucciones al juzgado del penal de La Toma para que se realizara la imputación formal del delito de homicidio doloso y se hiciera la solicitud de vinculación a proceso de los detenidos. Es importante destacar que se trata de una audiencia de primordial importancia en donde se determinará seguir juicio en contra de los señalados como responsables.

3) Guadalupe, esposa de Noé, llegó a la sala de juicios orales a un costado del penal de La Toma a las 10:00 de la mañana, hora en que comenzaba esta diligencia. De forma inmediata le negaron la entrada argumentando que la sala estaba llena. Las personas que le negaron la entrada no quisieron identificarse. Frente a este hecho el auxiliar del Ministerio Público Genaro Hernández argumentó a Guadalupe que ignoraba el por qué no había sido notificada y agregó que en el receso de la audiencia harían lo posible para que pudiera ingresar; sin embargo, el MP en el receso habló con la abogada (asesora jurídica de la parte ofendida) sin intervenir para que fuera posible su ingreso, y solo por presión de las organizaciones que la acompañaban en ese momento fue posible que presenciara el resto de la audiencia. Sin embargo, fue solo en carácter de público, pasando por alto los derechos que le corresponden como parte ofendida dentro del juicio oral, ya que no ha sido oportunamente informada del procedimiento.

Pese a que el gobierno del estado ha designado a Arturo Mejía García, de la subsecretaría de Gobierno, para garantizar la seguridad y el debido proceso, el clima de violencia en Amatlán no cesa:

    El domingo 4, después de retiradas las delegaciones participantes en el décimo encuentro MAPDER, 20 niños de entre 12 y 16 años de edad ocuparon la plaza del pueblo queriendo golpear a un menor cercano al Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre que estuvo en una manifestación con pancartas exigiendo justicia, sin que el presidente municipal de Amatlán, Eduardo Rojas Camacho, haga algo para garantizar su seguridad; de igual manera, las autoridades no han realizado ninguna investigación o acción para garantizar la seguridad de la comunidad, dejándolos en un estado de vulnerabilidad.

2) Los integrantes del Colectivo han estado vigilados abiertamente todo el tiempo.

Las investigaciones del Ministerio Público deben ir más allá de los autores materiales, para encontrar a los autores intelectuales en vista de que el menor testigo, en su declaración, da cuenta de que los homicidas señalan que “así es su chamba”, por lo que se sugiere que han sido pagados para matar a Noé Vázquez Ortiz.

Por ello, el MAPDER, el Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre y las Organizaciones de Derechos Humanos que acompañan a Guadalupe y a los familiares de Noé, exigimos:

1) Al Poder Judicial del Estado de Veracruz, a las autoridades municipales, estatales y federales que cesen las irregularidades en este proceso y se conduzcan conforme a derecho.

2) Que el gobierno estatal y federal garanticen de forma inmediata la seguridad del menor testigo de los hechos, de la familia de Noé Vázquez Ortiz, de los miembros del Colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, de la población en general y de las organizaciones que los acompañan.

3) Investigación con debido proceso de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Noé Vázquez Ortiz.

4) La CANCELACION INMEDIATA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL NARANJAL.

Atentamente:

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Movimientos y organizaciones del MAPDER: Comité Defensa Verde Naturaleza para Siempre, Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida); Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), Guerrero; Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco; Consejo Indígena Nayeri, Nayarit, Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro, Nayarit; Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER), Oaxaca; Comunidades afectadas por la Presa Cerro de Oro, Oaxaca; Comunidades afectadas por la presa hidroeléctrica El Cajón, Nayarit; Consejo Tiyat Tlali por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestro Territorio, Puebla; Colectivo No al Sonora SÍ; Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), Chiapas; Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Chiapas, Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (CNPA-MN), Koman Ilel – Mirada Colectiva; Colectivo de Derechos Humanos de Base “Digna Ochoa”, Chiapas; Programa de Servicio y Paz; Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Colectivo de Abogados, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C.; Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL); Otros Mundos Chiapas, A.C.; Bios Iguana, Grupo Ecológico Manglar, Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (EDUCA) Oaxaca, La Ventana, A.C, Oaxaca; Hijos de la Tierra; Animare

Apoyan las demandas y se solidarizan con el MAPDER y la familia de Noé: Instituto de DDHH Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana campus Puebla; Red de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla, Makstum Kgalhaw Chuchutsipi, Unitierra en Puebla; Red de Organizaciones y Agrupaciones Ambientalistas de Zihuatanejo, Guerrero (ROGAZ); SweFOR; Tapatistas, Red Manglar México; Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC); ; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4); Pro San Luis Ecológico, México; Fasol; Surco, Oaxaca; Procesos Integrales para la Autogestiòn de los Pueblos AC (PIAP)/Guerrero; UNOSJO S.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto; Tequio Jurídico A.C.

Organizaciones y redes nacionales e internacionales: Espacio de Organizaciones por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – ESPACIO DESC: Casa y Ciudad (Distrito Federal), Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos – CAM (Distrito Federal)-Centro de Investigación y Promoción Social – CIPROSOC (Distrito Federal), Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo – CEREAL (Distrito Federal), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – CMDPDH (Distrito Federal), Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC – CEJUDESC (Querétaro), Defensoría del Derecho a la Salud (Chiapas), Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios Equipo Pueblo – DECA Equipo Pueblo (Distrito Federal), Food First Information and Action Network México – FIAN Sección México (Distrito Federal), Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ – IDHIE (Puebla), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario – IMDEC (Jalisco), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos – LIMEDDH (Distrito Federal), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Hábitat – HIC AL (Distrito Federal). Radar-Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (Distrito Federal)

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua – COMDA: (Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C., Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL, A.C.), Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS, A.C.), Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM), Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), Colectivo Educación para la Paz y Derechos Humanos (CEPAZ DH), Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (RADAR), Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), DECA Equipo Pueblo A.C., Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC), Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), FoodFirstInformation and Action Network sección México (FIAN México), Guardianes de los Volcanes A.C., Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra, Red Género y Medio Ambiente (RGEMA), Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado de Guadalajara (SEPSIAPA), Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), y como Aliado internacional: Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL); Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos «Miguel Hidalgo», A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.», A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional «Justicia, Paz y Vida» (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi», A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos «Fr. Pedro Lorenzo de la Nada», A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos «Sembrador de la Esperanza». A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. 4 (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

International Rivers; Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); Brasil; Red Manglar Internacional; Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases-España (COAGRET); Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR); Movimiento Ríos Vivos, Colombia, Censat/Amigos de la Tierra Colombia; Grupo Ecologista Cuña Pirú, miembro de la Mesa Provincial No a las Represas, Misiones – Argentina; Redlar-Ecuador; Frente Petenero Contra Represas, Guatemala, Asamblea de Pueblos de Huehuetenango (ADH), Guatemala; CoecoCeiba/Amigos de la Tierra, Costa Rica; Ceiba/Amigos de la Tierra, Guatemala; Movimiento Madre Tierra/Amigos de la Tierra, Honduras; Cesta/Amigos de la Tierra, El Salvador; Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC); Radio Mundo Real, Uruguay;

Asamblea de la Alianza de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria; Jubileo Sur/Américas; Alianza Social Continental de Perú; Consejo General de Trabajadores del Perú (CGTP); Observatorio Latinoamericano de Geopolítica; Unidad Ecologica Salvadoreña UNES; Proceso de Comunidades Negras, Palenke del Alto Cauca, Colombia; Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina, OCMAL; Ditsö; Red Mesoamericana de Educación Popular ALFORJA; FUNPROCOOP, El Salvador; Melidas Anaya Montes; MAM, El Salvador; SERJUS Guatemala; UNAMG, Guatemala; Uk´ux´b´e, Guatemala; ODESAR, Nicaragua; MAIZ, Costa Rica; CENCOP, Honduras; Movimiento Ambientalista Honduras; Movimiento Amplio Por La Dignidad y la Justicia, Honduras; Centro Martin Luther King Cuba; Équipe des Actions Urgentes Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Canadá; Organizaciones Sociales de Ixcán, Quiché, Guatemala C.A.; Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA); Amigos de la Tierra Buenos Aires, Argentina; Sobrevivencia/Amigos de la Tierra Paraguay; NAT/Amigos de la Tierra Brasil; Pañuelos en Rebeldía Argentina; Redes/Amigos de la Tierra Uruguay; Asamblea de los Pueblos del Sur por la Defensa de la Naturaleza, Ecuador; Diálogo 200 A.C./Jubileo Sur Argentina; Other Worlds, USA; Misiones Agricolas, USA; Latin American Program MiningWatch, Canadá; siguen muchas firmas más

VIDEOS:

Declaración del X Encuentro del Mapder
http://www.livestream.com/lostejemedios/video?clipId=pla_35438a10-3bc4-4297-a016-3ffca8e868b6
Cierre del Encuentro Mapder
http://www.livestream.com/lostejemedios/video?clipId=pla_a9a79552-545b-4ab0-938a-38d96fe70704&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb

Firma la acción urgente:

Acción Urgente por el asesinato de Noé Vázquez Ortiz durante el X Aniversario del MAPDER

Más información: Sitio web del MAPDER

Con luto e indignación, se reúne el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en defensa de los Ríos

Texto: Jade Ramírez. / Foto: Beatríz Juárez. articulosiete.com

Las diez delegaciones nacionales y las seis representaciones internacionales que llegaron a Amatlán de los Reyes, Veracruz, el viernes por la mañana, iniciaron el décimo encuentro MAPDER, la décima ocasión que se reunió el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en defensa de los Ríos, con luto e indignación. Y es que muy de mañana horas antes de que iniciara el evento que reúne a comunidades y organizaciones defensoras de los ríos, contra la privatización del agua en México y Latinoamérica, se enteraron del asesinato del joven Noé Ortiz, originario de la comunidad sede y opositor a la hidroeléctrica El Naranjal.

Noé había salido a recolectar flores y semillas para la ceremonia ecuménica de apertura y fue atacado a pedradas por dos sujetos hasta arrancarle la vida. Hay un testigo ocular, un menor del que no se ha revelado su identidad por seguridad, quien narró a los pobladores, según Rosalinda Hidalgo integrante del MAPDER en Veracruz, durante entrevista exclusiva para Artículo Siete, que los asesinos le dijeron a Noé Ortíz al interceptarlo a pedradas “discúlpame compa pero es nuestro trabajo”. Para ella es simbólico el asesinato del opositor a la hidroeléctrica El Naranjal porque “se evidencia que el movimiento antirrepresas está afectando los intereses del capital privado en un estado como Veracruz que se encuentra en una situación violenta, donde el crimen organizado prevalece y vemos cómo las empresas están articuladas con el crimen organizado; por otra parte aunque el gobernador –Javier Duarte-, ha prometido una declaración de área protegida en el río que se pretende represar, ésta no lo ha cumplido”.

En Veracruz, las comunidades cercanas a los ríos están luchando por detener obras hídricas de gran envergadura al igual que en Sinaloa, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Colima y Jalisco. En las cuencas de Veracruz son 112 presas que afectarán a siete municipios y más de 30 mil personas con la construcción de obra con capital privado y permisos del gobierno estatal. Marco von Borstel defensor de derechos humanos en Otros Mundos Chiapas, A.C. e integrante del comité organizador del MAPDER, determina que este tipo de asesinatos son un mensaje para todos los movimientos en resistencia en el país “Ya que hay mucho qué celebrar, pero también mucho qué denunciar acerca de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por los gobiernos federales, pero también los gobiernos estatales y locales que le hacen el trabajo fácil a las grandes empresas para la construcción de megaproyectos como mineras a cielo abierto, represas, carreteras”.

A las ceremonias religiosas para velar y sepultar al defensor de ríos en Veracruz, Noé Ortiz, asistieron los más de doscientos participantes del décimo encuentro MAPDER. Ofrendas, consignas y rezos contextualizaron las mesas de trabajo, talleres y charlas entre pobladores de comunidades afectadas por las represas que se dieron cita en Amatlán de los Reyes, ya que su compañero de lucha debía estar junto con ellos analizando su movimiento, no siendo velado, como cuenta Marco von Borstel a Artículo Siete, “se transformó el encuentro: estamos conmovidos, entristecidos porque lo que consideramos un acto de provocación y ganas de intimidar el movimiento y probablemente, ganas de cancelarlo pero no fue así: nos unimos todas y todos para alzar la voz con el fin de denunciar que este no es un hecho aislado, en casi todas las luchas del país en resistencia tenemos a la gente que ha fallecido en manos de las empresas y los gobiernos que imponen sus proyectos”.

La indignación y el luto por el asesinato de Noé Ortiz se transformó en un refrendo de por qué continúa un movimiento que nació en 2008 y se ha hermanado con redes internacionales en defensa de la autonomía territorial, los pueblos y los ríos, pero también se convirtió la reunión en Amatlán de los Retes en una exigencia de justicia, como lo refiere el abogado Guadalupe Espinoza, litigante de oposición a represas y despojo; él descalifica que las autoridades el gobierno del estado de Veracruz enturbien a Noé Ortiz una vez muerto “hubo una declaración de la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz respecto a que la muerte de Noé se debía a cuestiones personales, nosotros no estamos de acuerdo porque es muy aventurado que en menos de 24 horas se den declaraciones del Ministerio Público determinando esto, en el marco de nuestro décimo encuentro”.

El Movimiento Mexicano de Afectados por las presas y en defensa de los ríos, se reúne semestral y anualmente para evaluar la defensa que emprenden comunidades contra gobiernos locales, municipales y autoridades federales, porque a capital privado proveniente de multinacionales de España y Canadá, les facilita la inversión, permisos y ejecución de obra pese a la sistemática violación a los derechos humanos que se han documentado por pueblos y comunidades antes de ejecutar la obra, durante y después.

El MAPDER junto con otras organizaciones civiles de todo el país, lanzó una acción urgente internacional dirigida al presidente de la república Enrique Peña Nieto; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobierno; Javier Duarte de Ochoa gobernador de Veracruz; Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar la seguridad de todos los reunidos en Amatlán de los Reyes, Veracruz, y el esclarecimiento de la muerte de Noé Ortiz, activista y defensor de derechos humanos, opositor a la construcción de la presa el Naranjal que está afectando a cinco municipios del estado de Veracruz: Amatlán, Fortín, Cuchiapa, Córdoba, Ixtaczotitlan.

Firma la acción urgente:

Acción Urgente por el asesinato de Noé Vázquez Ortiz durante el X Aniversario del MAPDER

Urgente solidaridad con el pueblo mexicano

Luchador contra las represas es asesinado en el inicio del X Encuentro Nacional del MAPDER

RadioMundoReal.fm

Firma la ‪Acción Urgente‬ por el ‪asesinato‬ de Noé Vázquez Ortiz durante el X Aniversario del ‪‎MAPDER‬

28 julio: Décimo Aniversario de la resistencia del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota

CECOP

28 de JULIO

Han transcurrido 10 arduos años de lucha por nuestras tierras, el agua, el territorio y nuestros derechos como campesinos y pueblos indígenas, defendiendo para nuestros hijos lo que nos dejaron nuestros abuelos: un pueblo en armonía y la riqueza del medio ambiente.

A diez años de resistencia en contra del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota celebramos lo que ganamos desde el primer día de nuestra lucha el 28 de julio de 2003: la salida de la Comisión Federal de Electricidad de nuestras tierras y la suspensión del proyecto.

Las decisiones en nuestro territorio las tomamos en asambleas comunitarias. Esto nos ha permitido conservar lo que produce nuestra tierra y nuestro trabajo. No permitiremos el despojo. Seguiremos defendiendo el carácter comunitario de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec y de los ejidos Los Huajes, Dos Arroyos, La Palma y todos los que integran la Cuenca del Río Papagayo.

Los triunfos del CECOP son los triunfos de los pueblos que no hemos permitido ser pisoteados por la bota de los que tienen el poder, el dinero y los cuerpos represivos. Nuestra resistencia nos cubre de dignidad y fortaleza para seguir luchando junto con otros movimientos amenazados por el gobierno y las empresas depredadoras que pretenden arrebatarnos lo que es nuestro: la tierra, el agua, los bienes comunitarios. Nuestra lucha es por justicia y democracia para hacer de México un gran país, pero un país de todas y todos los mexicanos, no un país que pretenden repartirse los ricos, sólo para ellos y sus patrones: el capital financiero y las empresas transnacionales.

Ataquemos los problemas desde su raíz y el sistema que los genera. Contra el despojo, la rapiña y las privatizaciones opongamos la defensa de los bienes comunitarios, la autorganización, el carácter colectivo de nuestros territorios, y la defensa de los derechos de quienes menos tienen.

A todas y todos los que han apoyado nuestra lucha les decimos:

NUESTRO TRIUNFO ES EL SUYO
GRACIAS POR SU SOLIDARIDAD

CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA
CECOP

Aguacaliente, Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Mpio. de Acapulco, Gro.

Juzgado deja en libertad a líder comunitario Rubén Herrera

El Juzgado de Mayor Riesgo dejó en libertad al líder comunitario Rubén Herrera, luego de haber clausurado de forma provisional el proceso por los disturbios registrados por una hidroeléctrica en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/juzgado-deja-libertad-lider-comunitario-ruben-herrera

El día de ayer jueves 30 se realizó la audiencia con la causa 65-2012 y 176-2011 en el Tribunal B de Alto Riesgo en el que RUBÉN HERRERA defensor de los derechos humanos y ambientales es libre!! El juez ha dictado clausura provisional.

Por el derecho a la vida y a defender nuestro territorio

¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!

Comunicación CEIBA

Concesiona la Conagua tres ríos a empresarios

-Chiapas posee el 30 por ciento del agua superficial del país y es el estado donde hay varias comunidades en resistencia contra las altas tarifas de luz
-Tres grupos fueron favorecidos para instalar hidroeléctricas; otros esperan nuevas aprobaciones

MARIANA MORALES. El Heraldo de Chiapas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó tres concesiones de aprovechamiento de aguas superficiales a favor de grupos particulares a los cuales se les permitirá instalar hidroeléctricas en los ríos Totolapa, Blanco y San Lucas de la entidad, cuya energía generada la venderán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Todo indica que dichas autorizaciones serán las primeras en otorgarse en el estado que posee el 30 por ciento del agua superficial del país y genera el 54 por ciento de la energía eléctrica para México a través de sus grandes hidroeléctricas sobre el río Grijalva.

De acuerdo con datos obtenidos a través de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública por ahora las concesiones deberán solicitar una autorización que otorga la Comisión Reguladora de Energía; mientras que los otros grupos esperan que sus peticiones sean aprobadas para trabajar en los afluentes de Cacahoatán, Ostuacán y Zinacantán, sin embargo, las comunidades de la Costa, Soconusco y Altos están en pie de lucha contra los proyectos que no les favorecen porque erosionan el suelo.

En los últimos tres años, la Conagua recibió 10 solicitudes para instalación de hidroeléctricas de las cuales fueron autorizadas sólo tres. Entre las solicitudes que fueron improcedentes, porque no integraron debidamente el expediente solicitado, fueron hechas por Hidrochiapas S. A de C. V. y Eléctrica del Soconusco R. L de C.V. para explotar los ríos Cuilco y Coatán, respectivamente, del municipio de Cacahoatán.

Las concesiones aprobadas para trabajar en los afluentes Totolapa, Blanco y San Lucas, son gestionadas con el mismo nombre de los ríos excepto la última, la cual registró el nombre de Hidroeléctrica Río Frío S. A de C. V. Todas tienen un plazo de 30 años para ser instaladas en los municipios de Totolapa -que forma parte de la reserva federal El Ocote- y San Lucas, ambos situados en la zona Centro de la entidad.

El grupo que pidió permiso para explotar el afluente Zinacantán espera aún la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Según información nacional, comunidades de Puebla, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas están en contra de la construcción de pequeñas represas. En el estado, el jueves en la plaza central de San Cristóbal de Las Casas varias comunidades se pronunciaron contra las hidroeléctricas en el marco del Día Internacional de Acción contra las Represas.

En el Soconusco, el jueves 12 de febrero localidades de la zona alta de Tapachula también marcharon para exigir que no instalen las hidroeléctricas que sólo favorecen al sector privado y no a la población.