MISION INTERNACIONAL DE OBSERVACION DE DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA

Guatemala, 14 de Octubre de 2013

INFORME

En el marco del V Encuentro Latinoamericano de la “Red de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua” (REDLAR), realizado en la comunidad de Retalteco, Departamento del Peten en Guatemala, del 9 al 12 de Octubre del presente año, se llevó a cabo una Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos compuesta por 80 delegadas y delegados representantes de 45 organizaciones y redes provenientes de 14 países de América Latina, entre ellos: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El objetivo de esta Misión Internacional ha sido verificar las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población indígena y campesina de los Departamentos de Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz y Petén en el Estado de Guatemala. Como resultado, la Misión Internacional ha elaborado este Informe que contiene un conjunto de recomendaciones para atender las demandas y necesidades de las poblaciones afectadas en esta región a causa de los megaproyectos de represas y minería.

CONTEXTO

A pesar de los procesos de paz de 1996 en relación con el conflicto armado interno, las comunidades indígenas de Guatemala continúan siendo agredidas y violentadas en sus derechos y dignidad. La causa de ello puede encontrarse en la relación inseparable entre el capital y el poder político. Esta relación ha prosperado al amparo del modelo económico neoliberal que esta Misión Internacional entiende como la promoción y protección desde las instituciones del Estado de la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital tanto nacional como trasnacional.

Bajo el falso discurso del progreso y del desarrollo, esta relación ha hecho posible que las agendas de las instituciones del Estado de Guatemala sean diseñadas e impuestas por influyentes grupos económicos no sometidos al examen crítico de la sociedad guatemalteca en general, y de las comunidades indígenas que constituyen el 60% del total de la población en particular, profundizando con ello la crisis socioambiental causada por la extracción de agua y otros bienes comunes naturales. Los políticos guatemaltecos, en definitiva, no responden a las demandas de la sociedad sino a las necesidades del capital y la oligarquía nacional e internacional.

En este contexto, la gran mayoría de los procesos de extracción en Guatemala están ocurriendo en territorios indígenas cuya gestión histórica de las tierras suele ser colectiva. No obstante el régimen de protección internacional a que están sujetos estos grupos continúan siendo frecuentes las incursiones de agentes del Estado y de las corporaciones a los territorios de extracción. En nuestra opinión, lo que subyace a esta realidad es el control de los bienes comunes naturales que, desde la racionalidad instrumental propia del sistema capitalista, son relevantes sólo en la medida en que sirven de medio para alimentar un modelo de desarrollo que les permite generar enormes ganancias económicas al tiempo que profundiza las desigualdades sociales y daña irremediablemente los ecosistemas. Todo esto está dando lugar a la aparición de luchas de resistencia y construcción de alternativas.

RESULTADOS DE LA OBSERVACION

La Misión Internacional tuvo la oportunidad de visitar en el Departamento de Huehuetenango los municipios de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas; en el Departamento del Quiché el municipio de Ixcán; en el de Baja Verapaz, las comunidades de Ribacó y Peña del Angel del municipio de Purulha, y en el Departamento del Petén la comunidad Cooperativa La Técnica Agropecuaria del municipio de Las Cruces. Durante las visitas, la Misión Internacional pudo reconocer los escenarios del conflicto y recabar información de las diversas violaciones a los derechos humanos en esta región a través de entrevistas directas con testigos, autoridades locales y población en general.

En torno al Proyecto Hidroeléctrico Qambalam de la empresa española “Hidro Santa Cruz” -cuya inversión total supera ampliamente el presupuesto anual de la municipalidad de Barillas- esta Misión Internacional constató la gran oposición que ha generado entre las poblaciones potencialmente afectadas provocando diversos incidentes de violencia cuyo pináculo ocurrió el 28 de septiembre pasado en el contexto de una manifestación pacífica por parte de ciudadanos opositores.

De acuerdo con diversos testimonios, la policía se excedió en el ejercicio de sus funciones al dispersar la protesta que se desarrollaba de manera legal y pacífica en contra del megaproyecto Qambalam en el municipio de Barillas. El ataque de las fuerzas de seguridad -con lujo de violencia y gases lacrimógenos entre otros métodos de coacción- no se circunscribió sólo a los manifestantes. Quienes presenciaron los hechos relataron a los miembros de esta Misión Internacional que la violencia se extendió hacia sectores de la población civil entre quienes se encontraban niños, mujeres y ancianos. Por el impacto que supone a la vida de las personas, los testimonios han enfatizado de manera especial los allanamientos ocurridos a domicilios particulares.

En la actuación violenta de las autoridades, estas detuvieron arbitrariamente y en un auto no balizado- al defensor de los derechos humanos, luchador social y miembro de la resistencia pacifica de Posa Verde Maynor López, lo que provocó la reacción de pobladores de los municipios de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Nenton, la violencia posterior por parte de las autoridades.

Desde el 28 de septiembre hasta el día de la visita de esta Misión Internacional, los pobladores de los tres municipios del Departamento de Huehuetenango han podido reconocer efectos ulteriores vinculados a las amenazas, la intimidación, la represión y en general la violencia perpetrada hacia la población. Mientras en los niños y las niñas se registran deserciones y falta de rendimiento en la escuelas, las mujeres están presentando cuadros de estrés pos-traumático así como otras afecciones en su salud mental. En un caso, incluso, la tensión y el miedo provocaron la muerte de Eulalia Pascual Ramón, quien además se encontraba embarazada. En este sentido, la población fue enfática al manifestarnos temor por su vida pues la incursión de helicópteros y los gases lacrimógenos les recuerdan los tiempos del conflicto armado interno.

En general, el conflicto en torno al Proyecto Hidroeléctrico Qanbalam ha suscitado graves violaciones a los derechos humanos. A su paso por los territorios Qanjobales de Guatemala, “Hidro Santa Cruz” y el gobierno guatemalteco han generado un ambiente de persecución, encarcelamientos, heridos y, desafortunadamente, homicidios, como es el caso del asesinato de Andrés Francisco Miguel el primero de mayo de 2012. Todo ello a pesar de la amplia oposición al proyecto expresada en la Consulta de Buena Fe llevada a cabo por la propia comunidad -con la participación de 46,500 pobladores de los cuales más del 95% rechazó el proyecto.

Durante la visita al Ixcán, Departamento del Quiché, esta Misión Internacional observó una fuerte resistencia de la población en contra el Proyecto Hidroeléctrico Xalalá. De acuerdo con las entrevistas que realizamos, la población potencialmente afectada nunca han sido oportuna ni debidamente informadas por parte de la empresa o del gobierno. Adicionalmente, los pobladores testimonian las constantes intentos de incursión de los promotores del proyecto hidroeléctrico para infiltrase en los territorios y obtener fotografías para los estudios técnicos del proyecto. Así mismo, nos han denunciado que agentes e instituciones del gobierno principalmente del INDE han emprendido una campaña para dividir a las comunidades con el objetivo de legitimar el proyecto hidroeléctrico. Los distintos medios de comunicación privados son los otros instrumentos que el gobierno y las empresas utilizando para promocionar y justificar las hidroeléctricas como proyectos que aportan desarrollo para todos, energía a bajo costos para todos y empleo para el pueblo y otros supuestos beneficios, y provocan miedo a la población argumentando falsedades al afirmar que al no construirse hidroeléctricas, habrá crisis de energía en Guatemala.

En otras de nuestras visitas, esta Misión Internacional recorrió las comunidades de Peña del Angel y Riva-Co, en el municipio de Purulha, Departamento de Bajo Verapaz donde sostuvimos reuniones tanto con representantes comunitarios como con la población en general. De acuerdo con ello, la principal problemática expuesta es la construcción de las represas impulsadas por las empresas “Hidro Sulin” S.A en el Río Peña del Angel y “Fuerza Hídrica” en el Río Wachabajo y Río Riva-o, las cuales han sido rechazas categóricamente por los habitantes de esas poblaciones. En estos casos, los pobladores manifestaron que sin una consulta de por medio, se han iniciado la construcción de megaproyectos. Así mismo, nos hicieron saber que a través de engaños y manipulación, la empresa “Hidro Sulin” adquirió tierras en la comunidad de Peña del Ángel para la construcción de infraestructura y el traslado de materiales, equipo y personal técnico. Estas obras han causado impactos socioambientales en la región.

Por su parte, la empresa “Fuerza Hídrica” no ha presentado una evaluación de impacto ambiental en relación con la represa que se esta construyendo para que se discuta con las comunidades afectadas. Por otro lado, supuestos empleados de la empresa han suspendido el abastecimiento de agua a la comunidad de Riva-Co desde el mes de septiembre de este año, como una medida de presión hacia esta comunidad opositora. Igualmente, esta oposición ha generado que comunidades vecinas aliadas a la empresa tengan una actitud agresiva contra la comunidad Riva-co. De acuerdo con versiones de habitantes de la comunidad de Riva-co, la empresa “Fuerza Hídrica” ha interpuesto dos denuncias penales contra habitantes de Riva-co como otra medida de presión.

La Presa Sacja ha sido construida en el área de Sierra las Minas. Esta causa daños irreparables en los ecosistemas y en la economía de los habitantes, causado por la reducción del cause del río que ha llegado al 10% de su caudal.

Por último, visitamos la comunidad Cooperativa La Técnica Agropecuaria, ubicada en las márgenes del Río Usumacinta. La Técnica forma parte de las comunidades que serían afectadas por los proyectos hidroeléctricos del Usumacinta que impactarían con la inundación de tierras, de sitios sagrados, bellezas naturales, de biodiversidad y sus tierras de cultivo. Cabe señalar que el municipio de Las Cruces llevó a cabo su consulta comunitaria en el 28 de abril de 2012 donde más del 90% manifestó su rechazo a la construcción de las represas en el Usumacinta, de los cuales no han sido consultados ni informados.

CONCLUSIONES

Por los testimonios recabados así como por las fotografías, videos y documentación a los que tuvimos acceso durante nuestros recorridos, esta Misión Internacional está convencida de que en los procesos relacionados con la promoción y construcción de represas hidroeléctricas en los territorios visitados, el gobierno de Guatemala y las empresas involucradas violan sistemáticamente los derechos humanos de comunidades indígenas.

El conjunto de derechos humanos violados no sólo incluyen los derechos civiles y políticos en lo que toca a la seguridad personal y jurídica, la libertad de expresión, manifestación y tránsito, el acceso a la información, el derecho a la consulta y el derecho a participar en condiciones de equidad en los planes de desarrollo sino que, por la naturaleza de los proyectos hidroeléctricos, las afectaciones se han extendido hacia el conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales entre los que hemos logrado identificar el derecho a la salud en todas sus dimensiones, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la educación, al agua, a la cultura, a la tierra y a un medio ambiente sano. De igual modo hemos constatado que la actuación de las autoridades y el modo de operar de las empresas viola derechos de grupos vulnerables específicos como los derechos de los niños y niñas, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas así como el derecho a la paz.

La Misión Internacional concluye que ni el gobierno ni las empresas inversoras, ya sean nacionales o transnacionales, cuentan con la licencia social necesaria para la implementación de hidroeléctricas, minas u otro tipo de megaproyectos en los territorios visitados. Ello ha quedado patente en las diversas Consultas Comunitarias de Buena Fe en donde la gran mayoría de la población se ha pronunciado en contra de los proyectos que afectan sus vidas y territorios. A pesar de ello, tanto el Capital y el Poder Político insisten en llevarlos a cabo por la vía de la imposición, la corrupción, la ilegalidad y la violencia. Esta Misión Internacional constata un patrón sistemático de violación a los derechos humanos deliberado y al servicio de los intereses de las empresas inversoras.

Por todo lo anterior, esta Misión Internacional sostiene que el Gobierno de Guatemala no solo ha hecho caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas del 2000, sino que ha violado en estas regiones los siguientes Convenios, Pactos y Protocolos sobre Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) signados por el Estado de Guatemala:

1) La Declaración Universal de los Derechos Humanos;

2) La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos;

3) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

4) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

5) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas;

6) El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes;

7) La Convención sobre los Derechos del Niños;

8) La Convención Americana sobre los Derechos Humanos;

9) El Protocolo Internacional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional (Protocolo II)

10) Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-.

11) El Protocolo de San Salvador de la OEA.

RECOMENDACIONES

Luego de su visita a los territorios señalados, esta Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos recomienda:

I. La cancelación definitiva de los proyectos de represas y minería, así como la salida inmediata de las empresas de los territorios de extracción ya que no cuentan con licencia social por parte de las comunidades;

II. El cese inmediato a la militarización del territorio y a la violencia contra las comunidades en resistencia civil pacífica;

III. La reparación suficiente y culturalmente apropiada de los daños en sus diversas modalidades:

* Indemnización por parte del gobierno y las empresas involucradas por los daños causados por estos conflictos.

* Reparación integral de los daños psicológicos, económicos, culturales, ambientales, de salud, entre otros referentes a sus derechos humanos.

* Hacemos eco de las demandas de la población afectada en el sentido de exigir las disculpas públicas por parte del gobierno guatemalteco por la violación a los derechos humanos por parte de las empresas privadas involucradas en estas violaciones; de las representaciones de Naciones Unidas en Guatemala por su silencio y omisión pese a tener conocimiento del conflicto; y del gobierno de España toda vez que sus representaciones diplomáticas en el país no han evitado la violación de los Derechos Humanos de las empresas españolas.

IV. Elevar la denuncia de violaciones a los derechos humanos al sistema universal de protección de la Organización de las Naciones Unidas, así como al sistema regional de la Organización de los Estados Americanos;

V. La presencia de los relatores correspondientes de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y en especial de los Derechos Indígenas;

VI. El retiro inmediato del financiamiento de la Banca Multilateral y privada a los proyectos involucrados en la violación de derechos humanos;

VII. No considerar estos proyectos como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) pues además de que no cuentan con los requisitos necesarios para ello son una falsa solución al reto que supone el Cambio Climático;

VIII. Que el Estado Guatemalteco garantice los mecanismos, a través de instrumentos adecuados y verificables, para la protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y de los Pueblos Indígenas;

IX. Que se suspenda la criminalización, persecución, hostigamiento, amenazas, órdenes de aprehensión a lideres comunitarios y defensores y defensoras de los derechos humanos. Así mismo, que se libere de manera inmediata a quienes se encuentran presos a causa de la defensa de los derechos humanos.

X. Suspender de manera inmediata la militarización y presencia policiaca que haya generado estos conflictos en la región;

XI. La aceptación del caso “Barillas” por parte de la Organización Amnistía Internacional;

XII. Respeto y reconocimiento a las decisiones de los pueblos determinadas en las consultas comunitarias de buena fe donde se rechazaron en consenso los megaproyectos.

XIII. Que se finquen responsabilidades administrativas y penales a las autoridades y funcionarios de las empresas privadas que hayan cometido violación a los Derechos Humanos;

XIV. Cumplimiento de las recomendaciones que hiciera el Relator para los Derechos de los Pueblos de Indígenas de las Naciones Unidas sobre el tema;

XV. El respeto a las autoridades municipales y comunitarias por ser representativas, legítimas y legales;

XVI. Garantizar la adecuada asistencia a la salud y acompañamiento psicosocial a la población afectada.

Firmamos:

* Por Argentina. Organización Piuké de Bariloche Patagonia, Asociación Civil Nativos y Grupo Ecologista Cuña Pirú;

* Por Belice. Institute of Enviromental Law and Policy;

* Por Brasil. Movimiento de Afectados por las Represas (MAB);

* Por Chile. Patagonia sin Represas Chile, Coordinadora Regional Anti Represas de la Región de Aysén;

* Por Colombia. Movimiento Ríos Vivos, Asociación Campesina Agroecológica de la Región de Boquerón;

* Por Ecuador. Acción Ecológica, Red de Ecologistas Populares;

* Por El Salvador. Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP), Movimiento Nacional Anti Represas de El Salvador (MONARES), Colectivo Ríos Vivos, Colectivo de Energía, Centro de Tecnologia Apropiada (CESTA)/Amigos de la Tierra El Salvador, Coordinadora Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)/CLOC Vía Campesina, Comunidad Octavio Ortiz en el Bajo Lempa, Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), Fundación Promotora de Cooperativas, Coordinadora del Alto Lempa (CORAF-CIMARRON);

* Por Estados Unidos. Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA);

* Por Honduras. Coordinadora Ambiental de Occidente, Acción Popular Hondureña (ACPH), Vía Campesina Honduras, Red Ambientalista;

* Por México. Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Otros Mundos/Amigos de la Tierra México, Acción Colectiva Socioambiental, Bios Iguana, Colectivo Hijos de la Tierra, Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Consejo Intercomunitario de la Cuenca del Río San Pedro, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde, Servicios por una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (Lavida), Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, Consejo de Comunidades Unidas de Centla, Agenda MX Veracruz, Casa Jaguar de Madera, Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP Chiapas), Cooperativa Nueva Luna Chiapaneca, Fundación ENBIT, Koman Ilel, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA);

* Por Panamá. Red Nacional para la Defensa del Agua, Movimiento 10 de Abril para la Defensa del Río Tabasará, Asociación Ambientalista de Chiriquí, Coordinadora para la Defensa de las Tierras y Aguas de Cocle, Alianza Ambientalista Pro Defensa Unidos por Panamá, Red Nacional de Defensores del Agua, Colectivo Voces Ecológicas;

* Por Paraguay. Organización Fedayim, Sobrevivencia/Amigos de la Tierra Paraguay;

* Por Perú. Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC);

* Por Uruguay. Radio Mundo Real/Amigos de la Tierra Internacional;

* Redes Regionales. Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA), Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos sus Comunidades y el Agua (REDLAR), Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC) de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, Collectif Guatemala (Francia).

V ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA CONTRA REPRESAS Y POR LOS RÍOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA.

DECLARACIÓN DEL PETÉN

Entre el 7 y 12 de octubre de 2013 se realizó en Guatemala, en la comunidad Retalteco, municipio de las Cruces, El Petén, el V Encuentro de la REDLAR con la participación de 537 delegados y delegadas de comunidades afectadas por represas de 14 países latinoamericanos.

Inicialmente las delegaciones internacionales realizaron visitas a comunidades amenazadas por la construcción de represas en Huehuetenango, Ixcán, Purulhá y Petén. 

Durante el evento se compartieron informaciones, se analizaron las políticas e intereses que están detrás de la construcción de represas y discutieron estrategias de acción conjunta.  

La realidad demuestra que en todos los países se vive un política extremadamente agresiva que promueve la explotación de los bienes naturales y profundiza el modelo extractivista que antepone los intereses de los poderes económicos y políticos al bienestar de la mayoría de la población, lo que requiere de cada vez de más energía y minerales, para satisfacer las necesidades del mercado.  En su ambición éste sistema alienta un consumo depredador, que pone en riesgo la vida de todos los seres vivos, atentando contra la subsistencia de las comunidades más pobres y vulnerables, afectando particularmente a mujeres y niños. 

Las empresas y gobiernos  no dudan en utilizar engaños y violencia con tal de apropiarse de nuestros bienes comunes.   En la actualidad estamos viviendo un nuevo despojo hacia los pueblos originarios.  

La alianza entre gobiernos y las corporaciones propicia la falta de información y consulta a las comunidades, la el despojo y desplazamiento a los pueblos originarios y tradicionales, el incumplimiento a la de reparación del daño por represas construidas, la adecuación de las legislaciones nacionales a la medida de los intereses de las grandes empresas, la parcialidad de los sistemas de justicia, la militarización de las regiones y comunidades que defiende su territorio y la persecución judicial, secuestros, torturas y asesinados de defensoras/es de derechos, son el común denominador en nuestros países latinoamericanos.

Nuevamente se constatan los graves daños sociales y ambientales generados por las represas, que afectan negativamente la tierra, alimentación, vivienda, salud y otros derechos humanos de millones de personas y de la naturaleza.  Esta alianza promueve proyectos mineros y petroleros que se apropian, extraen contaminan y mercantilizan el agua.  La promesa del desarrollo no es más que el espejismo con el que engañan a las comunidades.   

Las represas hacen parte de un discurso que propone falsas soluciones.  No son energía limpia, son destructivas y contaminantes, causan efectos ambientales y sociales irreversibles, alteran el curso de los ríos, provocan desplazamientos masivos, acaparamiento de tierras, destrucción de la biodiversidad y divisiones comunitarias. 

El aumento de los conflictos sociales es provocado por la imposición a las comunidades de los planes gubernamentales, sin contar con su consentimiento libre, previo e informado.   La REDLAR  promueve los derechos de las personas, la defensa de la naturaleza y la justicia social. 

Después de seis días de compartir saberes y experiencias:

-Reafirmamos el compromiso de continuar con la defensa de los ríos y la vida, y resistir a la imposición de los megaproyectos.   

-Proponemos transformar el modelo energético actual por uno que reconozca y respete los saberes ancestrales; priorice las necesidades de los pueblos ante los intereses del mercado global; donde la energía no se conciba como una mercancía, sino como un derecho fundamental de los pueblos, dentro de una lógica de consumo responsable y formas de generación respetuosas de los derechos de la Madre Tierra. 

-Exigimos a los Estados latinoamericanos la indemnización, reparación y compensación integral del daño a las comunidades desplazadas por represas

-Demandamos el respeto a los derechos de las comunidades donde se pretende construir nuevas represas, en base a los parámetros definidos por convenios internaciones de protección a los derechos humanos e indígenas, respetando su derecho a decir NO, respetando los resultados de las consultas comunitarias, plebiscitos y otros mecanismos de toma de decisiones. 

-Condenamos los asesinatos, secuestros, torturas, represión, criminalización y judicialización a las comunidades y defensores/as de derechos.

-Manifestamos nuestra especial solidaridad con los hermanos hondureños de COPINH, de Santa Cruz Barillas y Cobán, que están siendo criminalizados por su lucha.

-Convocamos a nuestras hermanas y hermanos en toda América Latina: 
A mantener con firmeza nuestra resistencia y lucha por la defensa de la sagrada vida, por la Madre Tierra, los ríos y el agua.
A fortalecer las redes y movimientos locales, nacionales y regionales contra las represas y en defensa del territorio.
A promover alianzas estratégicas con otros movimientos del campo y la ciudad que luchan por sociedades con justicia y dignidad.

AGUA, TIERRA Y ENERGÍA, NO SON MERCANCÍA
RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE
RÍOS LIBRES, PUEBLOS LIBRES
EL AGUA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE

RED LATINOAMERICANA CONTRA REPRESAS Y POR LOS RÍOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA –REDLAR–

Retalteco, 12 de octubre de 2013

VER la Conferencia de prensa del V Encuentro Redlar en Guatemala
http://www.livestream.com/lostejemedios/video?clipId=pla_474a188e-946c-4550-b8d5-745539deb538&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb

 

Piden frenar construcción de hidroeléctrica en Soconusco

Por Cesar Rodríguez, chiapasparalelo.com

Con un bloqueo carretero intermitente y una marcha que partió de la estación de Huehuetán, más de 300 campesinos pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno intervenir para que se frene la construcción de empresas hidroeléctricas en la zona alta de Tapachula, y este lugar.

El representante del movimiento denominado “para la defensa del pueblo”, Rosalío Gálvez Guzmán manifestó, que las construcciones de estos proyectos impactará miles de hectáreas de cultivos en la zona alta y baja de Tapachula y Huehuetán.

Los habitantes de esa región denunciaron que los trabajos de edificación de la hidroeléctrica iniciaron, y esta semana ingresó a la zona materiales y maquinaria pesada.

Entre 2011 y 2012, empresarios gestionaron la construcción de 18 hidroeléctricas en Chiapas, en tierras de alto valor hídrico ubicadas en la zona costa y soconusco.

Hasta finales de 2012, de acuerdo a la solicitudes ante la Semarnat, Conagua y CFE, inversores que han solicitado permisos para la instalación de mini-hidroeléctricas han construido las empresas Hidroeléctrica Río Coapa, Hidroeléctrica Ostuacán-Supiac, Hidroeléctrica Ixtapa, Hidroeléctrica Río Amarillo, Hidroeléctrica Río Frío, Hidroeléctrica Zinacantán, Hidroeléctrica Río Blanco, Hidroeléctrica San Luchas, Hidroeléctrica Chiapilla, Hidroeléctrica Totolapa, Hidroeléctrica Río Hondo, Hidroeléctrica Xoximilco, Generadora Hidroeléctrica de Chiapas e Hidro-Chiapas.

Las y los manifestantes hicieron un llamado al presidente de la república Enrique Peña Nieto, a través de un escrito firmado por organizaciones campesinas, asociaciones civiles y el resto de la población inconforme.

En el documento se pide la cancelación de permisos para la construcción de hidroeléctricas así también se evite continúe en saqueo de minas por empresas del extranjero.

Rosalío Gálvez reiteró que con la manifestación pública se busca que las autoridades intervengan. “Este tipo de manifestaciones especialmente de defensa de la tierra van a continuar y se espera tener una respuesta del ejecutivo federal de lo contrario buscaremos otras alternativas con la Sostuvo que para la construcción de las hidroeléctricas nunca se tomo en cuenta a la población, “porque sabían que este tipo de proyectos no tendrían el respaldo, debido a que estos proyectos no sirven de nada, actualmente la población requiere de otro tipo de acciones encaminadas a combatir la pobreza”

 

Cobertura del V Encuentro REDLAR

V Encuentro Latinoamericano de la Red Latinoamericana en Contra de Represas y por los Ríos sus Comunidades y el Agua -REDLAR

del 6 al 12 de octubre de 2013 en la Comunidad de Retalteco, Petén, Guatemala.

RadioMundoReal.fm

Comunidades amenazadas y afectadas por represas, movimientos sociales, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de toda América Latina se encontrarán del 6 al 12 de octubre en la comunidad de Retalteco, en el departamento de Petén, Guatemala. Se trata del V Encuentro Latinoamericano de la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (REDLAR), que viene a realizarse en un contexto de fragilidad para las luchadoras y luchadores sociales que se encuentran defendiendo sus territorios en este continente.
El encuentro se propone debatir la política energética de la región, el derecho a la consulta a los y las amenazadas, el valor de las consultas comunitarias, entre varios otros temas. Además, se dará seguimiento a los planes de integración y se denunciará la criminalización de los procesos de resistencia.

“Una misma estrategia”

Las resistencias a las represas convergirán en un nuevo Encuentro Latinoamericano de la REDLAR

El poblado de Temacapulín, en el estado mexicano de Jalisco, lleva adelante una lucha de resistencia a la construcción de la presa El Zapotillo hace ya ocho años. Ha sido una lucha ardua que ha contado con la solidaridad regional e internacional.

El caso de esta comunidad no difiere prácticamente en nada en comparación con las decenas de casos de diversas comunidades en varios países de América Latina que se pudieron dar a conocer en el Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB, por sus siglas en portugués), realizado a comienzos de septiembre en la ciudad de San Pablo.

Haciendo referencia a estas cercanías, Libertad Díaz del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER afirmó, en entrevista con Radio Mundo Real, que existe “un mismo patrón que se ejerce en todos los países, y en casi todas las comunidades afectadas por presas: no se informa, no se consulta, tienen las mismas tácticas de amenazas a las comunidades”, por lo que se hace necesario según ella forjar “una misma estrategia”

La entrevista fue realizada durante el Encuentro Nacional del MAB a través de la Convergencia de Comunicación de los Movimientos Sociales, y en ella la militante mexicana adelantó también lo que será el V Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR), que se realizará del 6 al 12 octubre en la comunidad de Retalteco, departamento de Petén, Guatemala.

Radio Mundo Real realizará una cobertura especial del V Encuentro de la REDLAR, para transmitir los intercambios y definiciones que surgirán desde ese espacio.

Como en los peores años

Dirigente comunitario guatemalteco es secuestrado en acción conjunta entre el gobierno y empresa de capitales españoles

RadioMundoReal.fm

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En la mañana del viernes 27 de setiembre, el cielo del municipio de Santa Cruz Barillas (departamento de Huehuetenango, Guatemala) amaneció sobrevolado por helicópteros. En esa misma mañana, civiles y militares capturaron al militante Maynor López, reconocido líder opositor a la instalación del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, perteneciente a la empresa Hidralia SA de capitales españoles, a través de su subisdiaria Hidro Santa Cruz.

Los secuestradores apuntaron con armas de fuego y agredieron Maynor, llevándolo en una camioneta (que los pobladores reconocen como uno de los vehículos de la empresa), hasta un lugar alejado de la comunidad, donde se encontraba uno de los helicópteros que lo llevaría hasta la capital Ciudad de Guatemala, en una acción que las comunidades no dudan en considerar como un secuestro.

“Es un plan de agresión e invasión transnacional tutelado por los gobiernos de turno que implantan proyectos de saqueo a nombre de un falso de desarrollo”, afirmó Basilio Tzoy en entrevista con Radio Mundo Real, describiendo el acoso permanente del que vienen siendo víctimas las comunidades guatemaltecas en resistencia a los megaproyectos transnacionales. Una situación que según indica «hace recordar y vivir el conflicto armado interno en Guatemala durante 36 años de guerra».

Años de represión

La resistencia a este proyecto hidroeléctrico ocurre desde 2007, año en que las comunidades rechazan de forma contundente a través de consultas populares, la instalación de megaproyectos en sus territorios. Pero el conflicto siguió y se agravó el 1º de mayo de 2012, cuando hombres armados emboscaron y asesinaron a Andrés Francisco Miguel, hiriendo gravemente también a sus compañeros y vecinos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé.

El gobierno de Otto Pérez Molina declaró un Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas ese mismo día, dando lugar a numerosas detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos de los y las pobladoras. Ocho de los defensores comunitarios y territoriales quedaron presos durante más de ocho meses siendo liberados a principios de este año.

Nueva ofensiva violenta

Este es el segundo secuestro del que es víctima Maynor, en mayo de este año el militante fue capturado y torturado en circunstancias muy similares a las ocurridas recientemente. Ahora, el dirigente estaría siendo acusado por “delitos de evasión, robo agravado, atentado con agravación específica e instigación a delinquir”, según informóPrensa Comunitaria.

Sin embargo en el transfondo de estas acusaciones está el hecho de que Maynor fue uno de los fuertes opositores a una mesa de negociación con participación restringida que quiso imponer el día 3 de setiembre, el presidente Otto Peréz Molino junto a la empresa Hidro Santa Cruz a la comunidad. Además del secuestro de Maynor, existen unas 22 órdenes de captura contra defensores comunitarios de Santa Cruz Barillas, para lo cual se han enviado unos 700 efectivos policiales a ese municipio, según cuenta Basilio Tzoy.

La resistencia aumenta

“Santa Cruz Barillas ha estado en Asamblea Permanente, con cerca de 5 mil a 8 mil personas presentes cada vez que se reúnen”, señala Basilio en referencia a la fortaleza que tiene la resistencia a la instalación del megaproyecto.

Agrega además que a la resistencia se han sumado ocho municipios más del departamento de Huehuetenango, además de comunidades del departamento de Quiché, que se encuentran en lucha contra otros proyectos hidroeléctricos.

Por último, Basilio señala que aunque la empresa Hidro Santa Cruz haya suspendido el trabajo en la región, “sus infiltrados siguen en las comunidades, han tenido reuniones, están comprando líderes, y han amenazado incluso sus propios trabajadores”.

En el día de hoy la Asamblea Departamental de Huehuetenango estará difundiendo un comunicado en el que rechazarán las acciones cometidas conjuntamente por el gobierno nacional y la empresa Hidro Santa Cruz en contra de las comunidades en defensa de su territorio.

COMUNICADO DE PRENSA de LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LOS PUEBLOS DE HUEHUETENANGO ADH

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL EXPRESAMOS
La agresión actual a los pueblos Q’anjob’al, Akateko, Chuj y mestizo de la Región Norte del departamento de Huehuetenango, de parte del Presidente y comandante en Jefe del Ejército Nacional, General Otto Fernando Pérez Molina, quien en conferencia de prensa resaltó la importancia rica de los recursos hídricos, minerales, petrolero y forestales.
Estas agresiones, son parte del nuevo proceso de invasión transnacional tutelado por los gobiernos que se turnan en el poder e implantan proyectos de saqueo en nombre de un Falso Desarrollo.
Estas acciones, se enmarcan dentro de una estrategia de carácter contrainsurgente que hacen recordar y revivir el conflicto armado interno de los años ochenta, donde los militares orquestaban planes de agresión y violentaban derechos humanos fundamentales de la sociedad civil; los días 28, 29 y 30 de septiembre del presente año, han usado helicópteros a vuelo rasante, vehículos artillados, tropas del ejército y elementos de fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, para aterrorizar a la población.
Toda la estrategia de invasión ha utilizado desproporcionadamente a los elementos policiales y militares con características de estado de Guerra, en la cual se ha ocasionado la muerte de ciudadanos y varios heridos; ésta, es una responsabilidad imperdonable del Estado.
Estas conductas represivas y terroristas, pretenden paralizar las luchas pacíficas y legítimas en defensa del territorio de los pueblos.
Las licencias han sido otorgadas a las empresas en territorios donde existimos, vivimos y que hemos cuidado por miles de años.y no permitiremos que nos destruyan.
POR LO TANTO:
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se pronuncie y se solidarice con los pueblos que conviven en Guatemala.
Mantendremos una vigilancia y observancia permanente de los derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos, porque los ataques continúan en contra de la población civil de Barillas.
EXIGIMOS:
1. Al Gobierno y sus Ministros que respeten los derechos humanos y colectivos de los pueblos así como dejar de mentir y confundir a la comunidad nacional e internacional.
2. El retiro de todas las tropas del ejército y fuerzas especiales de la PNC del Norte de Huehuetenango, garantizando la protección de los derechos humanos y no al servicio de las empresas transnacionales.
3. La cancelación de las licencias mineras, hidroeléctricas, petroleras y otros mega-proyectos otorgados en el departamento, que son las causas del socavamiento de la paz y la libertad de los pueblos.
4. El respeto a las consultas comunitarias expresadas desde el año 2,006 hasta la fecha.
LOS PUEBLOS Q’ANJOB’AL, CHUJ, AKATEKO Y MESTIZO HAN CUIDADO HISTORICAMENTE EL TERRITORIO PARA QUE TODOS Y LAS FUTURAS GENERACIONES.
LOS PUEBLOS SOLO QUEREMOS QUE NOS TRATEN COMO PERSONAS Y QUE NOS DEJEN VIVIR EN PAZ Y EN ARMONÍA CON LA MADRE NATURALEZA.
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LOS PUEBLOS DE HUEHUETENANGO ADH.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE LOS PUEBLOS DE OCCIDENTE, CPO.
Huehuetenango, 30 de Septiembre del año 2,013

 

Invitación
al V Encuentro Latinoamericano de la Red Latinoamericana en Contra de Represas y por los Ríos sus Comunidades y el Agua -REDLAR

del 6 al 12 de octubre de 2013 en la Comunidad de Retalteco, Petén, Guatemala.

Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua

En este Encuentro tendremos oportunidad para debatir la política energética de la región, el derecho a la consulta, consultas comunitarias, dar seguimiento a los planes de integración, y denunciar la criminalización de nuestros procesos de resistencia entre otros temas. En cuanto a nuestro proceso de articulación daremos seguimiento a los acuerdos de Lorica, Colombia y estableceremos los pasos a seguir y dinámicas de funcionamiento interno de la REDLAR; por esta razón, hacemos un llamado a los movimientos y frentes nacionales para que definan cuanto antes sus delegad@s.

Spot Radio REDLAR: http://snd.sc/16G6qbq

Spots de video:

el segundo http://www.youtube.com/watch?v=BQPPckScf3c&feature=youtu.be

V Encuentro Latinoamericano de REDLAR

Del 6 al 12 de Octubre;
Retalteco, Peten, Guatemala.
mayor información: www.redlar.org

Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua

En este Encuentro tendremos oportunidad para debatir la política energética de la región, el derecho a la consulta, consultas comunitarias, dar seguimiento a los planes de integración, y denunciar la criminalización de nuestros procesos de resistencia entre otros temas. En cuanto a nuestro proceso de articulación daremos seguimiento a los acuerdos de Lorica, Colombia y estableceremos los pasos a seguir y dinámicas de funcionamiento interno de la REDLAR; por esta razón, hacemos un llamado a los movimientos y frentes nacionales para que definan cuanto antes sus delegad@s.

Ríos Para la Vida, No Para la Muerte!

El rostro del horror

Guatemala: dos niños asesinados a quemarropa por sicario de empresa hidroeléctrica Santa Rita SA en Monte Olivo, Alta Verapaz

RadiomundoReal.fm

Descargar AUDIO: MP3 (5.3 MB)

David Eduardo Pacay Maas y Hageo Isaac Guitz, dos niños maya q’eqchies de 11 y 13 años respectivamente, de la comunidad Monte Olivo, en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz murieron por heridas de bala provocadas por un sicario que, “contratado” por la empresa Hidro Santa Rita SA, se disponía a eliminar a uno de los líderes comunitarios que ha encabezado la resistencia a dicho proyecto, David Chen.

En materia de la impunidad con que cuentan las formaciones de sicariato y paramilitares a la hora de cobrarse vidas de inocentes puede establecerse un puente de continuidad entre el régimen de los generales Efraín Ríos Montt en la década de los 80 y de Otto Pérez Molina hoy en Guatemala, donde el hecho de que este último haya pasado por una elección resulta apenas un dato accesorio.

Así lo demuestra la historia guatemalteca de los tres últimos años, que este pasado fin de semana sumó un capítulo que en otras circunstancias podría considerarse límite, aunque la realidad de ese país centroamericano parece haber olvidado esas fronteras hace tiempo.
Los hechos

David Eduardo Pacay Maas y Hageo Isaac Guitz, dos niños maya q’eqchies de 11 y 13 años respectivamente, de la comunidad Monte Olivo, en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz murieron por heridas de bala provocadas por un sicario que, “contratado” por la empresa Hidro Santa Rita SA, se disponía a eliminar a uno de los líderes comunitarios que ha encabezado la resistencia a dicho proyecto, David Chen.

David murió en el acto el viernes 23 de agosto, mientras que Hageo no logró superar la gravedad de las heridas infligidas, falleciendo en el hospital el día 26 del mismo mes.

Así lo relató en diálogo con Radio Mundo Real en momentos en que se encontraba de regreso de la comunidad Monte Olivo transportando los cuerpos de ambas víctimas, Carmelina Chocooj, maya q’eqchi e integrante de la delegación solidaria con las familias víctimas.

Como puede verse en el portafolio de imágenes que acompaña esta nota, este miércoles 28 la comunidad entera, en especial las niñas y niños, acompañaron el cortejo de ambas víctimas, inmersos en gran consternación.

Hidro Santa Rita SA cuenta con un largo prontuario de crímenes e ilegalidades, que incluyen a fuerzas parapoliciales, funcionarios estatales y organizaciones no gubernamentales funcionales a la empresa.

Su construcción que implica la destrucción del río “Dolores” y la cuenca baja del Río Chixoy, amenaza a 23 comunidades maya-parlantes, que son unas 10 mil familias completando aproximadamente unas 200 mil personas, relató Carmelina en enlace telefónico con Radio Mundo Real.

Desde 2010, las comunidades han manifestado y documentado su rechazo al proyecto amparándose a regulación internacional sobre la consulta previa, libre e informada para este tipo de megaproyectos.

La empresa, amparada por el gobierno guatemalteco y el sistema judicial, ha seguido adelante, según señala un documento de relato histórico del proyecto elaborado por las organizaciones que respaldan el proceso de resistencia.

Encuentro REDLAR y nuevas detenciones

El asesinato de estos dos niños, sobre el cual aún no existe ni una persona detenida, se da en momentos en que dos miembros de la comunidad de Santa Cruz Barillas (también en resistencia contra la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz) y que cumplieran nueve meses de prisión el pasado año sin que pudiese probarse su culpabilidad, fueron detenidos y trasladados a la prisión de Santa Eulalia, en Huehuetenango.

Se trata de Antonio Rogelio Velásquez y Saúl Aurelio Méndez, cuya vida y libertad corren serios riesgos a estas horas. Significativamente, en octubre próximo está prevista la realización en la zona del Petén del Encuentro Internacional de la Red Latinoamericana en Defensa de los Ríos y contra Represas (REDLAR).

Carmelina Chocooj relató cómo y por qué ocurrieron estos hechos, sin un horizonte de justicia a la vista, lo cual puede escucharse en audio adjunto.

Guatemala: “La muerte de los niños demuestra del desinterés del Estado guatemalteco en atender la decisión de las comunidades”

Diversas organizaciones sociales e indígenas de base guatemaltecas prepararon un informe sobre la situación en Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz sobre los hechos que desembocaron en el ataque armado del pasado viernes 23 de agosto y la muerte de dos niños de la comunidad que lucharon por sobrevivir. Repudiamos estos hechos en contra de la población Q’eqchi’ que lucha por la defensa de su territorio y la imposición de la hidroeléctrica Santa Rita.

ANTECEDENTES:
(…)
En marzo de 2013 se informa a las comunidades que la empresa hidroeléctrica pretende dar mantenimiento a la carretera para lo cual contrata personas de las comunidades para trabajar en el mantenimiento y a la vez traslada maquinaria también para la carretera, sin embargo cuando la maquinaria que da mantenimiento llega al lugar donde se pretende instalar la hidroeléctrica, es ingresada a la finca Xalaha Canguinic con lo cual pretenden iniciar nuevamente la construcción de la hidroeléctrica.

En julio 2013 entre 40 o 60 personas que fueron despedidos de la hidroeléctrica realizan una manifestación en la finca Xalaha Canguinic quemando la maquinaria que ahí se encontraba.

Hechos de amenazas e intimidación hacia el líder David Chen, ocurridos entre la semana del 14 al 23 de agosto:

El día 14 de agosto tres personas particulares, identificándose como supuestos Policías llegan al local donde trabaja el líder comunitario David Chen indicándole que tienen que capturarlo para presentarlo en el juzgado de Cobán, sin embargo al requerirles la orden judicial, estos no la muestran e ingresan a la fuerza al local para someter al líder comunitario y llevárselo secuestrado, pero por la intervención de líderes que en ese momento se percataron de la presencia de dichas personas no logran su cometido y huyen del lugar.
El viernes 23 de agosto el señor Guillermo Pacay Bol llega a la casa de habitación del líder comunitario David Chen preguntando por él, al darse cuenta que no se encuentra, intimida al padre y hermano de David Chen con un arma de fuego, luego acciona el arma y en ese momento causa heridas de gravedad a los niños Ageo Isaac Maas Guitz quien sufre una herida de bala en la tráquea y al niño David Estuardo Pacay Maas herido en el cráneo, quien en estado grave, fue trasladado al hospital San Juan de Dios, de la ciudad capital de Guatemala.
Al momento de cometer el hecho, Guillermo Pacay Bol fue retenido por la población de la comunidad de Monte Olivo, a la espera que la policía nacional civil y el Ministerio Publico se presenten para capturarlo, se inician las gestiones y coordinación de organizaciones sociales en apoyo a la comunidad Monte Olivo, para hacer entrega del sujeto, de ésta forma, a las siete de la noche se forma una comisión entre miembros de organizaciones indígenas, quienes se dirigen a buscar al comisario de la PNC de Cobán, para indicarle que proceda a la captura del agresor Guillermo Pacay Bol, quien se encuentra retenido en la comunidad, sin embargo cuando la comisión se presenta a la comisaría, se le permite a un integrante de la comisión, comunicarse con el oficial de operaciones que se encuentra a 5 kilómetros de la comunidad, quien indica que no entraran a la comunidad manifestando primeramente que no tienen unidades en buen estado, luego se dice también que están esperando refuerzos para ingresar y por ultimo argumentan que hay una acta firmada entre la PNC y la comunidad de no entrar por lo cual argumentan estar respetando dicho acuerdo, sin embargo se le manifiesta que la comunidad con apoyo de las organizaciones indígenas, han coordinado y acordado entregar al agresor para que sea capturado y conducido a la cárcel y que las condiciones necesarias para ello estaba garantizadas.

Leer Completo

Conclusiones

-Responsabilizamos a la empresa Hidro Santa Rita S.A. y al gobierno de violar todos los derechos de la población y provocar conflicto en el área, atentando contra la integridad de la población, al extremo de llegar a realizar un ataque armado contra dos niños.
-Responsabilizamos a la empresa Hidro Santa Rita S.A., del intento de secuestro y amenazas sufridas por el líder comunitario David Chen.
-El ataque a los niños es porque la empresa contrata a un sicario, para que realice el ataque.
-El papel de la ONG CEDER y la Hidro Sta. Rita ha sido de Cooptar liderazgos comprar voluntades condicionar a las comunidades con lo cual han creado división y conflictos entre comunidades y personas por sus posturas ante la construcción de la hidroeléctrica.
-Las instituciones del Estado tanto el MEN como la municipalidad y la Gobernación han violado los derechos de las comunidades para ser informadas y consultadas sobre la construcción de la hidroeléctrica hidro Sta. Rita Y mas bien han favorecido a la empresa con tratando de imponer a la fuerza dicho proyecto con la intención de instalar un destacamento militar y el uso de fuerza de la PNC.
-La muerte de los niños demuestra del desinterés y de la indiferencia del Estado de Guatemala y sus diferentes entidades y organismos, en atender y resolver en el momento oportuno, las necesidades y la decisión de las comunidades, desde su propias formas y normas comunitarias, se impone una forma de visualizar el desarrollo sin tomar en cuenta la cosmovisión de los pueblos originarios.
-Que las comunidades hayan tomado justicia por su cuenta, es responsabilidad de la inoperancia de la PNC, del Ministerio Publico y la Procuraduría de los Derechos Humanos, ya que no actuaron en el momento oportuno y además no confiaron en las organizaciones cuando estas les demandaban proceder a la captura de Guillermo Pacay Bol.
-Demandamos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que se pronuncie por este hecho y que cumpla con su mandato de Defensor de los Derechos Humanos y no manipular los momentos críticos comunitarios, para generar confusión, favoreciendo a los intereses económicos corporativos de empresas nacionales y transnacionales.

En el momento en que se redacta este documento, se conoce la noticia de que el niño David Estuardo, ha fallecido por la gravedad de la herida que sufrió, suceso que lamentamos profundamente y que nos hace rechazar la actitud del gobierno que por favorecer intereses de propiedad privada a la empresa Hidro Santa Rita, viola los derechos de los pueblos originarios.

 

Cobán A.V., agosto 26 de 2013

Organizaciones firmantes: CUC; CPT; ADICI; ASECSA; PRODESSA; Comité Agrícola Campesino; CONGCOOP; Asociación de Comunidades para el Desarrollo, Defensa de la Tierra y de los Recursos Naturales, Ixcán –ACODET; CODEMAV; AVANCSO; AJODER; SANK; ASOMADIC; Frente Petenero contra Represas; Frente Guatemalteco de Amenazados y Afectados por Represas -FGARDA-; Gran Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas, Garífunas y Xinas; Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas -UVOC-; Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad -CEIBA-.

 

El MAPDER exige acatar de inmediato la resolución de la SCJN en el caso Presa El Zapotillo

A la opinión pública.-

El Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, se congratula con respecto al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conservar la altura de la cortina de la Presa El Zapotillo en su elevación original de 80 metros. Coincidimos con las y los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que esta altura no asegura a las poblaciones afectadas permanecer exentas de afectación alguna, aun cuando se instalen diques que contengan el agua de la presa, sin embargo, sí nos concede la razón en cuanto que prueba una vez más las grandes irregularidades en que las autoridades estatales y federales incurrieron para imponer este proyecto a costa de la población jalisciense.

Tan sólo nos gustaría enumerar algunas de ellas como muestra del autoritarismo que padecen las comunidades afectadas por presas, entre otros megaproyectos en cualquier parte de México:

1.- Los gobiernos federal y estatal nunca reconocieron el derecho de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a una consulta previa, libre e informada y, cuando éstos organizaron sus propia consulta comunitaria y rechazaron rotundamente el proyecto de presa, dichos servidores públicos se mostraron indiferentes y por demás autoritarios a tal punto de agredir en varias ocasiones tanto a los mismos habitantes como a las organizaciones civiles que apoyan en la defensa.

2.- El proyecto de presa está plagado de errores garrafales que incluso pueden llegar a impedir que la presa llegue a llenarse. Se logró demostrar, con la ayuda de expertos, que el Manifiesto de Impacto Ambiental no contempla las condiciones de sismicidad de la zona donde se está construyendo la cortina, ni la porosidad de la roca, poniendo, por un lado, en riesgo a los pueblos afectados ante un posible rompimiento de la cortina y, por otro, al presupuesto público que pondría al servicio de compañías privadas, generando un elefante blanco más en nuestro país, a costa de los contribuyentes. Además, ha quedado por demás expuesta la inviabilidad económica del proyecto, dado que ha llegado a costar casi el doble de la cotización original, sin que se haya terminado todavía.

3.- La construcción de la Presa El Zapotillo se ha llevado a cabo sin la aprobación para el cambio de uso de suelo por parte del municipio de Cañadas de Obregón, en el cual se ubican los poblados y terrenos afectados. Este es ejemplo emblemático de cómo no se necesitan respetar las atribuciones de los tres niveles de gobierno ni el régimen municipalista del que tanto se alardea en nuestro país, siempre que haya participación de capital privado para modificar dichas interpretaciones.

4.- Pese a que los pobladores afectados por la presa se han negado una y otra vez a vender sus propiedades y terrenos para el desarrollo del proyecto, las presiones de que han sido objeto merecen un apartado especial debido a que ilegalmente se han expedido decretos de expropiación contra la mayoría de la gente, llegando a afectar con ello su calidad de vida e, incluso, provocado la lamentable muerte de habitantes de avanzada edad debido al estrés al que han sido sometidos. Se ha denunciado también cómo la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ha visitado a miembros del Comité de Hijos Ausentes de Temaca en el estado de California, Estados Unidos, con el fin de presionarlos para vender su patrimonio.

5.- La creación del nuevo poblado Talicoyunque, para reubicar a la población afectada, ha contado también con la negligencia e intransigencia de los distintos niveles de gobierno. Hasta hace poco, el poblado se seguía construyendo independientemente que se había ordenado desde el Tribunal Administrativo de Jalisco su inmediata cancelación, debido a que no contaba con los debidos permisos. Las máquinas trabajando día y noche representaban para los pobladores afectados un claro mensaje de intimidación hacia su lucha contra el proyecto, sumando además, la agresión que los guardias privados del lugar, que llegaron a agredir con armas de fuego al padre Gabriel Espinoza Íñiguez y al abogado Guadalupe Espinoza cuando éstos se presentaron en el sitio de la construcción, en aquel entonces ya cancelada para verificar que se estaba respetando la determinación del tribunal.

6.- La criminalización de la protesta social siempre presente en la lucha legítima por la defensa de los ríos y comunidades, se ve reflejada en la campaña mediática para denostar a miembros del movimiento y las órdenes de aprehensión contra compañeros que han venido participando en la lucha, a pesar que el gobierno federal y estatal se comprometieron a cancelar dichas averiguaciones. Cabe destacar que ninguna de nuestras denuncias, aunque bien fundamentadas, han hecho a las autoridades competentes deslindar responsabilidades por las probadas irregularidades del proyecto El Zapotillo.

Por lo anteriormente mencionado, el MAPDER exige a las autoridades competentes que acaten la resolución emitida por la Suprema Corte y se suma a las demandas del Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, a saber:

a) Que el proyecto de cortina a 80 metros se dé a conocer públicamente en la comunidad de Temacapulín. Desde 2008 la información que las autoridades nos han brindado ha sido engañosa y a cuenta gotas. Temacapulín pide ser ampliamente informado de las características de la obra, las condiciones de riesgo para el poblado en caso de ser rodeados por diques, las consecuencias para las y los campesinos que perderán sus tierras; sabemos los efectos negativos que se derivan de una cortina de concreto que represa ríos: mosquitos, sequía, contaminación de agua y peces, migración de fauna, además que dos pueblos milenarios quedarían sepultados por la obra hídrica. Cualquier construcción de un proyecto y de altura de la cortina, implica un rediseño y proyección de vida comunitaria a futuro, al cual todos los pueblos tienen derecho, a partir de la presentación del proyecto las comunidades decidirán lo mejor para su futuro.

b) Que se nos entreguen las minutas de las seis reuniones de trabajo que hemos sostenido con el Gobierno de Jalisco y distintas dependencias. Solicitud hecha mediante oficio el pasado 05 de agosto, de la cual aún no hemos recibido respuesta oficial.

c) La realización de una mesa jurídica para acordar como se ejecutará la resolución de la SCJN y cómo concluirán los procesos de expropiación y donde se acuerde la cancelación inmediata de los estudios de suelo que técnicos de la Comisión Estatal de Agua y la Comisión Nacional de Agua hacen en las inmediaciones de Temacapulín.

¡Ríos para la vida, no para la muerte!

¡Justicia para Noé Vázquez Ortiz!

¡Ríos vivos, pueblos vivos!

Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER

 

Declaración de Amatlán de los Reyes

X Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER

Amatlán de los Reyes, Veracruz,  4 de agosto de 2013

Indignados, en alerta máxima y con el grito a una sola voz de justicia, bajo el acoso de un ostentoso operativo policial por el asesinato de nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz al inicio de nuestro encuentro y a quien dedicamos la celebración del Décimo Aniversario MAPDER, reunidos más de 300 defensoras y defensores de los ríos e invitados internacionales procedentes de siete países llevamos a cabo el Décimo Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), del 2 al 4 de agosto, en Amatlán de los Reyes, región de las altas montañas de Veracruz.

Fuimos testigos de la grave situación que atraviesan los pueblos de Veracruz amenazados por la construcción de más de 100 proyectos hidroeléctricos con capital privado y bajo el esquema de abastecimiento energético para las empresas. Esto implica la privatización de los ríos y agudización de daños sociales y ambientales para las poblaciones locales y demás comunidades ribereñas. Tan solo en la región de las Grandes Montañas, existen 3 proyectos de su tipo, de los cuales uno se encuentra en fase final; nos referimos al Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, a cargo de la empresa Comexhidro, implantado en tres municipios de la Sierra y cuya afectación directa es a 5 mil personas. Dicho proyecto carece de permisos de la Conagua y de una consulta basada en el Convenio 169 de la OIT, para la protección de los derechos indígenas.

En Tlapacoyan-Jalacingo, fueron autorizados tres proyectos hidroeléctricos de 8 planeados para toda la cuenca, implicando desvío del caudal en 13 kilómetros, alteración biótica por desecamiento de 54 mil hectáreas en 7 municipios —Altotonga, Jalacingo, Tlapacoyan, Atzalan, Martínez de la Torre, San Rafael—, más dos de Puebla —Teziuhtlán y Hueytamalco— a cargo de la empresa Impulsa Generación Renovable y donde el comprador de la energía es Minera Autlán, con una afectación de 450 mil habitantes.

Las principales cuencas y ríos de Veracruz —Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Bobos-Nautla, Actopan y La Antigua— y sus 57 afluentes o ríos tributarios aparecen en los estudios hidroenergéticos que sirven de base para la promoción de cuando menos 112 “mini-hidroeléctricas” a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Prueba de ello es el Proyecto Multipropósitos Xalapa, ubicado en la cuenca de La Antigua, cuyos objetivos son, por un lado, el abastecimiento de agua para la ciudad de Xalapa a un costo muy elevado y pretendiendo subir el líquido más de 1200 m.s.n.m.; y por el otro lado, es la generación de energía a cargo de la transnacional brasileña Oderbrecht. Dicho proyecto ha desplazado ya a casi 5 mil habitantes de la comunidad de Barranca Grande y Villanueva en los municipios de Ixhuacán de los Reyes. Así mismo, la electricidad generada beneficiaría directamente la ampliación de la empresa cementera, la cual ya ha afectado severamente a la población del municipio de Apazapam. Este proyecto hidroeléctrico afectaría directa e indirectamente a casi 1 millón de personas.

Desde el 2011 el proyecto hidroeléctrico el Naranjal, amenaza el territorio de Amatlán de los Reyes y siete municipios de la región que afectaría a 30 mil personas. Se trata de una de las hidroeléctricas más importantes del estado que podría tener una capacidad instalada de 360 MW. Por las protestas de la población en la región se mantiene un clima de intimidación contra los opositores a la imposición de proyectos hidroeléctricos y mineros.

Prueba de ello es el asesinato de nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz en esta región, donde uno de los hombres más ricos del país, Claudio X. González, y su socio Gerardo González Guajardo, pretenden construir la presa hidroeléctrica El Naranjal, a través de la empresa Constructo. Recordamos que la tenaz resistencia de las comunidades campesinas e indígenas potencialmente afectadas por el despojo de tierras en los municipios de Iztac, Fortín, Naranjal, Coetzala, Amatlán, Cuichapa y Omealca, obligó a que el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, firmara en junio de 2013 un Decreto de Área Natural Protegida Estatal que implicaría no construir ya el proyecto hidroeléctrico El Naranjal. La tardanza de su publicación en la Gaceta Oficial, derivó en más conflictos, atropellos, amenazas y muertes. Ante este escenario que viven los pueblos de Veracruz, el MAPDER repudia la violencia y exige el esclarecimiento inmediato del crimen de Noé Vázquez Ortiz, seguridad para su familia, para el niño testigo, para el Comité Defensa Verde Naturaleza para Siempre, así como para el pueblo de Amatlán de los Reyes. Estaremos atentos y realizaremos acciones inmediatas. Es evidente el gran nerviosismo de la empresa ante la posibilidad de que la hidroeléctrica no se construya. Exigimos cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico El Naranjal.

Aunado a esto, el MAPDER visitó el campamento que las comunidades amatlecas mantienen en defensa del río Atoyac y contra el proyecto Bandera Blanca, que busca la desviación del agua a la ciudad de Córdoba para fines industriales sin considerar la devastación ambiental y social que implica; lucha con la cual el MAPDER se solidariza.

Durante el Encuentro las comunidades afectadas por la imposición de proyectos de presas en el país, recordamos lo caminado en estos primeros diez años del MAPDER, nos reconocimos fortalecidos y conscientes de que gracias a él nos mantenemos unidos, articulados, que hemos detenido con mucho esfuerzo y tenacidad algunos proyectos de presas y que hemos colocado a nivel nacional la temática de presas y sus efectos sobre la cuenca de los ríos y las comunidades, proponiendo alternativas en el manejo del agua y la energía en México. Sin embargo, vemos con preocupación el incremento del número de proyectos de presas en el país, la agudización de la represión a las comunidades que resisten, la criminalización de la protesta, el hostigamiento, observamos el retroceso en el respeto a los derechos humanos. Resulta evidente que el modelo extractivista se ha fortalecido y que la imposición de proyectos de presas se multiplica, lo cual nos llama a mantener la alerta, la unión y a seguir en la acción en defensa de los ríos y de la Madre Tierra.

Ante la proyección y construcción de presas, parques eólicos y minas entre otros megaproyectos que implican destrucción y despojo, el MAPDER se pronuncia por el respeto al derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada y por la reparación integral de los daños físicos, morales y patrimoniales ocasionados por estas obras a ecosistemas y poblaciones afectadas. Que se respete la voluntad de los pueblos.

Después de nuestra Preaudiencia ‘Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad’, continuamos en el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, preparándonos rumbo a la Audiencia final sobre el eje de Devastación Ambiental. Exigimos que el Estado mexicano dé cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Preaudiencia de Presas, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

Siguiendo la recomendación del Jurado de la Preaudiencia sobre presas, el MAPDER impulsará un debate público sobre políticas y opciones energéticas, donde se contemplen tanto las formas de atender la demanda como la oferta de energía, considerando los patrones irresponsables de consumo, las pérdidas y las capacidades ociosas de las plantas energéticas; así como la revisión de las políticas relativas al control, uso y asignación del agua de la nación, que conduzcan a una política responsable de conservación y gestión integrada de los recursos hídricos.

Denunciamos que los nuevos titulares de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no han dado respuesta a las solicitudes de reunión presentadas por el MAPDER; exigimos respuestas inmediatas.

Representantes de las comunidades y organizaciones presentes en el Décimo Encuentro Nacional MAPDER, construimos y consensamos colectivamente acciones y estrategias que desarrollamos a fin de fortalecer el movimiento, por lo cual

DECLARAMOS:
Exigimos la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Presa La Parota, del estado de Guerrero. En diez años de lucha incansable, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) ha logrado la suspensión del mismo. Exigimos al Gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, el cumplimiento de los Acuerdos de Cacahuatepec. Al Ejército mexicano exigimos cese el hostigamiento al compañero Julián Blanco, del CECOP, dirigente en el ejido Los Huajes.

Con el Consejo Indígena Nayeri denunciamos que los gobiernos estatal de Nayarit, federal y municipales han violado los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas Nayeri y Wixárika de la cuenca del río San Pedro Mezquital, principalmente su derecho a la consulta previa, libre e informada, ante la amenaza de construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces por parte de la CFE. Asimismo denunciamos y rechazamos la actitud insidiosa de CFE y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que han negado la información sobre el proyecto Las Cruces a las comunidades afectadas y que han manipulado los procesos de toma de decisión en las comunidades indígenas de San Pedro Ixcatán y San Juan Corapan. Particularmente el hecho que el pasado 14 de abril el secretario de Gobierno del estado, el presidente municipal del Ruiz y la visitadora de la Procuraduría Agraria, hayan convocado y celebrado ilegalmente una supuesta Asamblea General de Comuneros de San Pedro Ixcatán, con el propósito de echar abajo los acuerdos de la Asamblea General de Comuneros del 7 de abril de este año, en que ésta comunidad negó a la CFE la anuencia para continuar los estudios de factibilidad del proyecto, valiéndose de engaño y chantaje al condicionar el acceso a sus habitantes a los programas gubernamentales y el ofrecimiento de diversas obra de supuesto beneficio a la comunidad.

Como MAPDER estamos enterados de la decisión tomada por el Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, de no inundar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y estamos preocupados por el nulo avance de las mesas de trabajo en cuanto a resultados y el cumplimiento de acuerdos y compromisos, así como la negativa a suspender temporalmente la presa El Zapotillo y entregar a la comunidad el proyecto técnico propuesto por el mismo gobernador para salvaguarda de las comunidades. Exigimos que el Gobernador de Jalisco suspenda de inmediato la presa El Zapotillo, cumpla su decisión de no inundar las comunidades afectadas por el proyecto y respete los Derechos Humanos y su territorio; exigimos cumpla y realice las diligencias necesarias ante el Gobierno Federal y la Conagua.

Exigimos la reparación integral de los daños ocasionados a María Guadalupe Lara Lara, afectada por la presa de Arcediano en Jalisco.

Con el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde (Copudever), de la Costa Chica de Oaxaca, denunciamos a la CFE por sus métodos de coacción a los municipios utilizando recursos públicos a cambio de permisos para terminar los estudios en el proyecto hidráulico Presa Paso de la Reyna y por la distribución de folletos que manipulan la información, mencionando que la obra beneficia al municipio de Tataltepec de Valdés. El Ejido Paso de la Reyna exige a la SEMARNAT frene los estudios ambientales. Pedimos la cancelación definitiva del proyecto Paso de la Reyna.

Tomamos la propuesta de los afectados por la Presa Cerro de Oro en Oaxaca de realizar una gran movilización que exija al Gobierno Federal cese la represión que sufre la población y solucione el caso que lleva más de 40 años pidiendo indemnización y conclusión de la infraestructura urbana a que se comprometió desde el año 1972.

El MAPDER exige respeto a la autodeterminación de las comunidades indígenas totonaca de Olintla y cesen las amenazas y hostigamiento de las autoridades municipales y empresa Grupo México, promotoras del proyecto hidroeléctrico-minero del cual exigimos cancelación definitiva en la Sierra Norte de Puebla.

Respaldamos a las organizaciones promotoras del foro Proyectos de Muerte y Territorio Nacional que exigen cese a las amenazas de muerte e intimidaciones a los pueblos y organizaciones que se encuentran en defensa del territorio contra hidroeléctricas y minas en Tetela, Ixtacamaxtitlán, Tzuapan, Quecholac y del estado de Puebla. Solicitamos se salvaguarde su integridad física y psicológica. Cancelación definitiva de hidroeléctricas, termoeléctricas y gasoductos, minas a cielo abierto y parques eólicos.

Exigimos alto al hostigamiento del movimiento contra altas tarifas de electricidad en Chiapas, cancelación de proyectos hidroeléctricos recientemente anunciados en los ríos Usumacinta, Grijalva y Coatán, éste último en el municipio de Tapachula. Condenamos la actitud de traición del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo, por estar impulsando la privatización del Sistema Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), enviando la iniciativa al Congreso del Estado a espaldas de la sociedad; por lo que exigimos que se lleve a cabo un referendo para conocer la opinión de la sociedad tuxtleca. Exigimos indemnización justa para los afectados por el mal manejo de aguas en lo que se conoce como El Tapón del Río Grijalva. Exigimos la salida inmediata de la empresa Cales y Morteros del Grijalva S.A. de C.V., que provocó la fractura de una de las paredes del Cañón del Sumidero en 3 kilómetros de largo, aproximadamente. Exigimos la liberación del profesor tsotsil Alberto Patishtán, preso injustamente desde el año 2000.

Rechazamos los proyectos hidroeléctricos Chakté, Itzantún, Chinin así como las presas proyectadas en ríos de Pipijiapan y 120 concesiones mineras que afectarían a ríos y pueblos del estado de Chiapas. Exigimos su cancelación definitiva.

El MAPDER se une a la exigencia de la comunidad de Las Abejas de Acteal, del municipio de Chenalhó, Chiapas, de justicia sobre el caso Acteal y rechazo a Ernesto Zedillo Ponce de León en su integración de la organización de Elders.

Nos pronunciamos en apoyo a los hermanos indígenas Guarijíos, del sur de Sonora, en resistencia a la Presa Pilares, Bicentenario, que impactaría a cinco comunidades. Exigimos cese la agresión y amenazas de muerte contra su Grupo de Apoyo, medidas de seguridad y freno a la imposición del proyecto.

Exigimos cese la sobreexplotación del agua en la Región Lagunera, centro norte de México, remediación de los daños ocasionados por el sistema de presas sobre la cuenca del río Nazas; solución verdadera de la contaminación del agua y sus daños sobre la salud de la población; cese la privatización del agua y freno al proyecto de explotación de gas shale o esquisto en la cuenca de Burgos de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con los afectados por la Presa El Cajón, de Nayarit, exigimos al Gobierno Federal indemnización justa, retroactiva, dotación de terrenos, viviendas y servicios equivalentes a los despojados a los habitantes de El Ciruelo, municipio de Jala, apertura de fuentes de empleo, atención a la salud y acceso al agua en calidad y cantidad.

El MAPDER se une a la exigencia de cancelación de licencias de presas hidroeléctricas autorizadas sin el consentimiento de los pueblos en Guatemala, respeto a las consultas comunitarias así como retiro de las empresas Hidro Santa Cruz de Barillas, de la empresa Cinco M S.A., del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, así como de otras de la Xalbal Ixcán y del Usumacinta en el departamento del Petén.

Exigimos esclarecimiento del secuestro y asesinato de nuestro hermano Daniel Pedro Mateo, defensor de los derechos del pueblo Q’anjob’al.

El MAPDER se propone fortalecer la articulación entre afectados por las presas, establecer alianzas con movimientos de resistencia contra la minería, contra las altas tarifas eléctricas, contra las reformas estructurales, particularmente contra la Reforma Energética; asumir las propuestas emanadas del Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores, realizada recientemente en Santa María Zacatepec, Puebla, que consisten en realizar una Jornada Nacional de Lucha que inicia con una movilización nacional el 12 de septiembre contra la Reforma Energética, y el 12 de octubre por la defensa de los derechos de los pueblos.

Volvemos a nuestras regiones hermanadas y hermanados con el pueblo de Amatlán de los Reyes en su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Presa El Naranjal y en defensa del Río Blanco, el agua, la producción en armonía con la naturaleza y un mundo justo y solidario.

Hacemos un llamado de alerta a la comunidad internacional sobre la situación de emergencia que atraviesan los pueblos en defensa de la vida, el agua y el territorio.

¡Justicia para Noé!
¡Justicia para los Pueblos!
¡Justicia para los Ríos!
¡Ríos para la Vida, No Para la Muerte!
Diez años defendiendo los ríos, los pueblos y la vida

Dada en Amatlán de los Reyes, Veracruz, a 4 de agosto  de 2013
Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

EL GOBIERNO DE VERACRUZ ES RESPONSABLE DEL ASESINATO DE NOE VAZQUEZ ORTIZ Y DE VIOLACIONES AL ESTADO DE DERECHO

Recrudecen las irregularidades, hostigamiento y represión contra integrantes del MAPDER en Amatlán, Veracruz, México

El Gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte, confirmó días antes en una reunión con miembros del Mapder que la seguridad del X Aniversario estaba garantizada. Al mismo tiempo, en esos días publicaba el Decreto de Área Natural Protegida de la región que impediría la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Naranjal, cuyos dueños, los empresarios de Constructo, Claudio X. González y Gerardo González Guajardo, han sido acusados de corromper autoridades y presionar a la población para que aceptara el proyecto de la represa.

Con mayor información a la obtenida pocas horas antes del asesinato, el Mapder corrige que el cuerpo de Noé Vázquez fue entregado a sus familiares con 46 puñaladas en la cabeza, degollado con un machete y quien fue encontrado amarrado de tobillos y muñecas por la espalda, boca abajo y en una posición ritualística en el campo cercano a la sede del X Aniversario del Mapder, al parecer en alusión al ritual de bienvenida que daría pocas horas después. Los asesinos consignados son Jonathan Contreras Jiménez, Luis Enrique de la Cruz Martínez y Armando Tlaxcala Hernández; el taxista Manuel Ramírez Reyes fue liberado.

Pese a la enorme presión nacional e internacional que demanda el esclarecimiento del asesinato del miembro del Mapder, Noé Vázquez Ortiz, las autoridades de procuración de justicia del estado de Veracruz han actuado en una serie de violaciones a la ley y al Estado de Derecho:

1) El Ministerio Público de Amatlán se negó a recibir la denuncia de hechos el día del crimen, 2 de agosto.

2) Se presionó a los familiares de Noé al condicionar la entrega del cuerpo del fallecido si el menor, testigo del crimen, no declaraba.

3) El sábado 3 de agosto se presentaron de manera ilegal agentes de la Agencia de Investigaciones Veracruzana (AVI) para interrogar por segunda ocasión, pero ahora en su domicilio, al menor de edad testigo del homicidio, sin autorización expresa para hacerlo, sin presencia de sus padres, de su abogado ni sicólogo. Los anteriores son algunos de los procedimientos que violan los Derechos Humanos del Niño así como los instrumentos internacionales en la materia.

4) Los periódicos de la región publican fotografías periciales y minimizan los hechos como delincuencia común.

Este lunes se realizó la audiencia de Control de Detención ante el Juez de Control en la Sala de Juicios Orales en el Penal de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en donde se observaron las siguientes irregularidades:

1) No se notificó sobre esta audiencia a la parte ofendida, aun cuando ya existían dentro del expediente de investigación datos de identificación de la esposa de Noé donde podía ser notificada; así como el señalamiento de un asesor jurídico que tampoco fue debidamente notificado.

2) La forma en la que se enteraron de la audiencia fue a través de una nota en el periódico donde el Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, daba instrucciones al juzgado del penal de La Toma para que se realizara la imputación formal del delito de homicidio doloso y se hiciera la solicitud de vinculación a proceso de los detenidos. Es importante destacar que se trata de una audiencia de primordial importancia en donde se determinará seguir juicio en contra de los señalados como responsables.

3) Guadalupe, esposa de Noé, llegó a la sala de juicios orales a un costado del penal de La Toma a las 10:00 de la mañana, hora en que comenzaba esta diligencia. De forma inmediata le negaron la entrada argumentando que la sala estaba llena. Las personas que le negaron la entrada no quisieron identificarse. Frente a este hecho el auxiliar del Ministerio Público Genaro Hernández argumentó a Guadalupe que ignoraba el por qué no había sido notificada y agregó que en el receso de la audiencia harían lo posible para que pudiera ingresar; sin embargo, el MP en el receso habló con la abogada (asesora jurídica de la parte ofendida) sin intervenir para que fuera posible su ingreso, y solo por presión de las organizaciones que la acompañaban en ese momento fue posible que presenciara el resto de la audiencia. Sin embargo, fue solo en carácter de público, pasando por alto los derechos que le corresponden como parte ofendida dentro del juicio oral, ya que no ha sido oportunamente informada del procedimiento.

Pese a que el gobierno del estado ha designado a Arturo Mejía García, de la subsecretaría de Gobierno, para garantizar la seguridad y el debido proceso, el clima de violencia en Amatlán no cesa:

    El domingo 4, después de retiradas las delegaciones participantes en el décimo encuentro MAPDER, 20 niños de entre 12 y 16 años de edad ocuparon la plaza del pueblo queriendo golpear a un menor cercano al Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre que estuvo en una manifestación con pancartas exigiendo justicia, sin que el presidente municipal de Amatlán, Eduardo Rojas Camacho, haga algo para garantizar su seguridad; de igual manera, las autoridades no han realizado ninguna investigación o acción para garantizar la seguridad de la comunidad, dejándolos en un estado de vulnerabilidad.

2) Los integrantes del Colectivo han estado vigilados abiertamente todo el tiempo.

Las investigaciones del Ministerio Público deben ir más allá de los autores materiales, para encontrar a los autores intelectuales en vista de que el menor testigo, en su declaración, da cuenta de que los homicidas señalan que “así es su chamba”, por lo que se sugiere que han sido pagados para matar a Noé Vázquez Ortiz.

Por ello, el MAPDER, el Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre y las Organizaciones de Derechos Humanos que acompañan a Guadalupe y a los familiares de Noé, exigimos:

1) Al Poder Judicial del Estado de Veracruz, a las autoridades municipales, estatales y federales que cesen las irregularidades en este proceso y se conduzcan conforme a derecho.

2) Que el gobierno estatal y federal garanticen de forma inmediata la seguridad del menor testigo de los hechos, de la familia de Noé Vázquez Ortiz, de los miembros del Colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, de la población en general y de las organizaciones que los acompañan.

3) Investigación con debido proceso de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Noé Vázquez Ortiz.

4) La CANCELACION INMEDIATA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL NARANJAL.

Atentamente:

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Movimientos y organizaciones del MAPDER: Comité Defensa Verde Naturaleza para Siempre, Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida); Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), Guerrero; Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco; Consejo Indígena Nayeri, Nayarit, Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro, Nayarit; Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER), Oaxaca; Comunidades afectadas por la Presa Cerro de Oro, Oaxaca; Comunidades afectadas por la presa hidroeléctrica El Cajón, Nayarit; Consejo Tiyat Tlali por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestro Territorio, Puebla; Colectivo No al Sonora SÍ; Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), Chiapas; Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Chiapas, Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (CNPA-MN), Koman Ilel – Mirada Colectiva; Colectivo de Derechos Humanos de Base “Digna Ochoa”, Chiapas; Programa de Servicio y Paz; Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Colectivo de Abogados, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C.; Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL); Otros Mundos Chiapas, A.C.; Bios Iguana, Grupo Ecológico Manglar, Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (EDUCA) Oaxaca, La Ventana, A.C, Oaxaca; Hijos de la Tierra; Animare

Apoyan las demandas y se solidarizan con el MAPDER y la familia de Noé: Instituto de DDHH Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana campus Puebla; Red de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla, Makstum Kgalhaw Chuchutsipi, Unitierra en Puebla; Red de Organizaciones y Agrupaciones Ambientalistas de Zihuatanejo, Guerrero (ROGAZ); SweFOR; Tapatistas, Red Manglar México; Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC); ; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4); Pro San Luis Ecológico, México; Fasol; Surco, Oaxaca; Procesos Integrales para la Autogestiòn de los Pueblos AC (PIAP)/Guerrero; UNOSJO S.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto; Tequio Jurídico A.C.

Organizaciones y redes nacionales e internacionales: Espacio de Organizaciones por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – ESPACIO DESC: Casa y Ciudad (Distrito Federal), Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos – CAM (Distrito Federal)-Centro de Investigación y Promoción Social – CIPROSOC (Distrito Federal), Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo – CEREAL (Distrito Federal), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – CMDPDH (Distrito Federal), Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC – CEJUDESC (Querétaro), Defensoría del Derecho a la Salud (Chiapas), Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios Equipo Pueblo – DECA Equipo Pueblo (Distrito Federal), Food First Information and Action Network México – FIAN Sección México (Distrito Federal), Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ – IDHIE (Puebla), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario – IMDEC (Jalisco), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos – LIMEDDH (Distrito Federal), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Hábitat – HIC AL (Distrito Federal). Radar-Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (Distrito Federal)

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua – COMDA: (Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C., Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL, A.C.), Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS, A.C.), Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM), Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), Colectivo Educación para la Paz y Derechos Humanos (CEPAZ DH), Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (RADAR), Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), DECA Equipo Pueblo A.C., Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC), Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), FoodFirstInformation and Action Network sección México (FIAN México), Guardianes de los Volcanes A.C., Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra, Red Género y Medio Ambiente (RGEMA), Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado de Guadalajara (SEPSIAPA), Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), y como Aliado internacional: Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL); Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos «Miguel Hidalgo», A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.», A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional «Justicia, Paz y Vida» (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi», A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos «Fr. Pedro Lorenzo de la Nada», A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos «Sembrador de la Esperanza». A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. 4 (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

International Rivers; Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); Brasil; Red Manglar Internacional; Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases-España (COAGRET); Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR); Movimiento Ríos Vivos, Colombia, Censat/Amigos de la Tierra Colombia; Grupo Ecologista Cuña Pirú, miembro de la Mesa Provincial No a las Represas, Misiones – Argentina; Redlar-Ecuador; Frente Petenero Contra Represas, Guatemala, Asamblea de Pueblos de Huehuetenango (ADH), Guatemala; CoecoCeiba/Amigos de la Tierra, Costa Rica; Ceiba/Amigos de la Tierra, Guatemala; Movimiento Madre Tierra/Amigos de la Tierra, Honduras; Cesta/Amigos de la Tierra, El Salvador; Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC); Radio Mundo Real, Uruguay;

Asamblea de la Alianza de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria; Jubileo Sur/Américas; Alianza Social Continental de Perú; Consejo General de Trabajadores del Perú (CGTP); Observatorio Latinoamericano de Geopolítica; Unidad Ecologica Salvadoreña UNES; Proceso de Comunidades Negras, Palenke del Alto Cauca, Colombia; Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina, OCMAL; Ditsö; Red Mesoamericana de Educación Popular ALFORJA; FUNPROCOOP, El Salvador; Melidas Anaya Montes; MAM, El Salvador; SERJUS Guatemala; UNAMG, Guatemala; Uk´ux´b´e, Guatemala; ODESAR, Nicaragua; MAIZ, Costa Rica; CENCOP, Honduras; Movimiento Ambientalista Honduras; Movimiento Amplio Por La Dignidad y la Justicia, Honduras; Centro Martin Luther King Cuba; Équipe des Actions Urgentes Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Canadá; Organizaciones Sociales de Ixcán, Quiché, Guatemala C.A.; Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA); Amigos de la Tierra Buenos Aires, Argentina; Sobrevivencia/Amigos de la Tierra Paraguay; NAT/Amigos de la Tierra Brasil; Pañuelos en Rebeldía Argentina; Redes/Amigos de la Tierra Uruguay; Asamblea de los Pueblos del Sur por la Defensa de la Naturaleza, Ecuador; Diálogo 200 A.C./Jubileo Sur Argentina; Other Worlds, USA; Misiones Agricolas, USA; Latin American Program MiningWatch, Canadá; siguen muchas firmas más

VIDEOS:

Declaración del X Encuentro del Mapder
http://www.livestream.com/lostejemedios/video?clipId=pla_35438a10-3bc4-4297-a016-3ffca8e868b6
Cierre del Encuentro Mapder
http://www.livestream.com/lostejemedios/video?clipId=pla_a9a79552-545b-4ab0-938a-38d96fe70704&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb

Firma la acción urgente:

Acción Urgente por el asesinato de Noé Vázquez Ortiz durante el X Aniversario del MAPDER

Más información: Sitio web del MAPDER

Con luto e indignación, se reúne el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en defensa de los Ríos

Texto: Jade Ramírez. / Foto: Beatríz Juárez. articulosiete.com

Las diez delegaciones nacionales y las seis representaciones internacionales que llegaron a Amatlán de los Reyes, Veracruz, el viernes por la mañana, iniciaron el décimo encuentro MAPDER, la décima ocasión que se reunió el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en defensa de los Ríos, con luto e indignación. Y es que muy de mañana horas antes de que iniciara el evento que reúne a comunidades y organizaciones defensoras de los ríos, contra la privatización del agua en México y Latinoamérica, se enteraron del asesinato del joven Noé Ortiz, originario de la comunidad sede y opositor a la hidroeléctrica El Naranjal.

Noé había salido a recolectar flores y semillas para la ceremonia ecuménica de apertura y fue atacado a pedradas por dos sujetos hasta arrancarle la vida. Hay un testigo ocular, un menor del que no se ha revelado su identidad por seguridad, quien narró a los pobladores, según Rosalinda Hidalgo integrante del MAPDER en Veracruz, durante entrevista exclusiva para Artículo Siete, que los asesinos le dijeron a Noé Ortíz al interceptarlo a pedradas “discúlpame compa pero es nuestro trabajo”. Para ella es simbólico el asesinato del opositor a la hidroeléctrica El Naranjal porque “se evidencia que el movimiento antirrepresas está afectando los intereses del capital privado en un estado como Veracruz que se encuentra en una situación violenta, donde el crimen organizado prevalece y vemos cómo las empresas están articuladas con el crimen organizado; por otra parte aunque el gobernador –Javier Duarte-, ha prometido una declaración de área protegida en el río que se pretende represar, ésta no lo ha cumplido”.

En Veracruz, las comunidades cercanas a los ríos están luchando por detener obras hídricas de gran envergadura al igual que en Sinaloa, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Colima y Jalisco. En las cuencas de Veracruz son 112 presas que afectarán a siete municipios y más de 30 mil personas con la construcción de obra con capital privado y permisos del gobierno estatal. Marco von Borstel defensor de derechos humanos en Otros Mundos Chiapas, A.C. e integrante del comité organizador del MAPDER, determina que este tipo de asesinatos son un mensaje para todos los movimientos en resistencia en el país “Ya que hay mucho qué celebrar, pero también mucho qué denunciar acerca de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por los gobiernos federales, pero también los gobiernos estatales y locales que le hacen el trabajo fácil a las grandes empresas para la construcción de megaproyectos como mineras a cielo abierto, represas, carreteras”.

A las ceremonias religiosas para velar y sepultar al defensor de ríos en Veracruz, Noé Ortiz, asistieron los más de doscientos participantes del décimo encuentro MAPDER. Ofrendas, consignas y rezos contextualizaron las mesas de trabajo, talleres y charlas entre pobladores de comunidades afectadas por las represas que se dieron cita en Amatlán de los Reyes, ya que su compañero de lucha debía estar junto con ellos analizando su movimiento, no siendo velado, como cuenta Marco von Borstel a Artículo Siete, “se transformó el encuentro: estamos conmovidos, entristecidos porque lo que consideramos un acto de provocación y ganas de intimidar el movimiento y probablemente, ganas de cancelarlo pero no fue así: nos unimos todas y todos para alzar la voz con el fin de denunciar que este no es un hecho aislado, en casi todas las luchas del país en resistencia tenemos a la gente que ha fallecido en manos de las empresas y los gobiernos que imponen sus proyectos”.

La indignación y el luto por el asesinato de Noé Ortiz se transformó en un refrendo de por qué continúa un movimiento que nació en 2008 y se ha hermanado con redes internacionales en defensa de la autonomía territorial, los pueblos y los ríos, pero también se convirtió la reunión en Amatlán de los Retes en una exigencia de justicia, como lo refiere el abogado Guadalupe Espinoza, litigante de oposición a represas y despojo; él descalifica que las autoridades el gobierno del estado de Veracruz enturbien a Noé Ortiz una vez muerto “hubo una declaración de la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz respecto a que la muerte de Noé se debía a cuestiones personales, nosotros no estamos de acuerdo porque es muy aventurado que en menos de 24 horas se den declaraciones del Ministerio Público determinando esto, en el marco de nuestro décimo encuentro”.

El Movimiento Mexicano de Afectados por las presas y en defensa de los ríos, se reúne semestral y anualmente para evaluar la defensa que emprenden comunidades contra gobiernos locales, municipales y autoridades federales, porque a capital privado proveniente de multinacionales de España y Canadá, les facilita la inversión, permisos y ejecución de obra pese a la sistemática violación a los derechos humanos que se han documentado por pueblos y comunidades antes de ejecutar la obra, durante y después.

El MAPDER junto con otras organizaciones civiles de todo el país, lanzó una acción urgente internacional dirigida al presidente de la república Enrique Peña Nieto; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobierno; Javier Duarte de Ochoa gobernador de Veracruz; Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar la seguridad de todos los reunidos en Amatlán de los Reyes, Veracruz, y el esclarecimiento de la muerte de Noé Ortiz, activista y defensor de derechos humanos, opositor a la construcción de la presa el Naranjal que está afectando a cinco municipios del estado de Veracruz: Amatlán, Fortín, Cuchiapa, Córdoba, Ixtaczotitlan.

Firma la acción urgente:

Acción Urgente por el asesinato de Noé Vázquez Ortiz durante el X Aniversario del MAPDER