XI Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
PUEBLOS LATINOAMERICANOS COMPARTIENDO SABERES PARA LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA
Del 29 al 30 y 31 de agosto de 2014. Olintla, Sierra Norte de Puebla
Reunidas más de 600 personas en el Municipio de Olintla, Puebla, territorio indígena tutunaku, pueblo que valientemente expulsó en el año 2013 al Grupo México, quien pretendía imponer una hidroeléctrica en la Comunidad de Ignacio Zaragoza. Con una participación de 80 organizaciones provenientes de más de 55 Municipios de Puebla, así como de los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Coahuila; y de los países de Argentina, Cuba, Brasil, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Alemania, Francia, Italia, Grecia y España.
Nuestro evento, el XI Encuentro Nacional del MAPDER, fue organizado por tres organizaciones que representan la lucha por la defensa de los ríos. Makxtum kalaw chuchutsipi, organización que han formado los pueblos totonacos de Olintla para defender su territorio, fue la anfitriona de nuestro encuentro. El Consejo Tiyat Tlali, red integrada por organizaciones de la Sierra Norte de Puebla para la defensa de la vida y el territorio, dio cobertura y acompañamiento para la realización del evento. El MAPDER, movimiento a nivel nacional que aglutina las luchas contra las presas y en defensa de los ríos, convocó a todos quienes nos hemos reunido para compartir nuestras experiencias, nuestras luchas y nuestros sueños.
A una sola voz las y los participantes del XI Encuentro subrayamos que desde la aprobación de todas las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, México ya no es el mismo. La reforma energética potencia al imperio del capital y significa un retroceso absoluto en todas las conquistas sociales de nuestros pueblos. Nos enfrentamos a un minucioso y sistemático desmantelamiento de todos los mecanismos legales a los cuales los pueblos acudían para la defensa de su territorio. El derecho a la consulta, la propiedad social de la tierra, el municipio libre, las, ya de por sí débiles, normas ambientales: todo ha sido debilitado para abrir la puerta a inversiones de megaproyectos.
Mecanismos como la expropiación, originalmente concebidos para desmantelar el latifundio y repartir la tierra entre los campesinos, ahora son utilizados en contra de las comunidades. Destruir las entrañas de la Madre Tierra es considerado ahora prioridad, por encima de la propia vida o cualquier otra actividad humana. Quienes promueven el despojo de nuestro país justifican la producción extractiva como de utilidad pública, interés social y orden público, cuando lo único que están persiguiendo es el lucro privado; la acumulación desmedida de riquezas a costa de la vida, nuestra tierra y territorio.
Este despojo se instrumenta promoviendo megaproyectos de distinta índole vinculados entres sí, en un sistema de extracción cuya complejidad apenas alcanzamos a vislumbrar. Hidroeléctricas que proveen electricidad a proyectos de extracción minera e hidrocarburos; carreteras y puertos que facilitan el despojo; acueductos que trasvasan cuencas para beneficiar complejos industriales, ciudades rurales que se encargan de lidiar con el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y campesinas, siembra de transgénicos y monocultivos que afectan nuestra diversidad biológica, además de contaminar y sobreexplotar nuestros ríos y acuíferos.
Por si fuera poco, el capital se las ingenia para promover nuevas técnicas extractivas que exponencían el daño. Han agotado los hidrocarburos de fácil acceso y ahora pretenden rascar el fondo del barril; extrayendo los hidrocarburos más sucios y de mayor riesgo para la vida. Es el caso de aguas profundas, las arenas bituminosas y, por supuesto, el fracking que amenaza con devastar una amplia franja de territorio en el norte y oriente de la República Mexicana.
Tras la reforma energética, el Totonacapan y Las Huastecas (amplias zonas de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas) enfrentan la amenaza de la destrucción y contaminación de sus fuentes de agua, a partir de la proliferación de proyectos de fractura hidráulica para la extracción de gas lutita.
Para cerrar la pinza de las contrarreformas que han azotado al país desde hace tres décadas, el gobierno de Peña Nieto se prepara para colocar la cereza en el pastel con la anunciada reforma para el campo, que busca consolidar el plan de despojo de los territorios campesinos iniciado en 1992 por Carlos Salinas de Gortari. Ante esta última intentona de ataque a nuestros derechos, ellos han dicho que vienen por nuestras tierras y territorios. Nosotros les decimos: “Aquí los vamos a esperar. ¡No pasarán!”
Sin embargo, no le ha bastado a este gobierno reformar las leyes para poder imponer los proyectos de muerte, en beneficio de los capitales monopólicos nacionales y transnacionales. Ahora utiliza todo el poder de la fuerza pública y militar para reprimir a las defensoras y defensores comunitarios, y desmovilizar las luchas criminalizando la protesta social. Todo esto en complicidad con las empresas a las que les permite actuar en contra de los movimientos sociales acompañadas de la fuerza militar, e inclusive contratar sicarios para reprimir o asesinar a los defensoras y defensores de la madre tierra. Nos enfrentamos a territorios militarizados controlados por el crimen organizado, que el Estado y las empresas usan en contra de los pueblos. El asesinato de Noé Vázquez, la detención ilegal de nuestro compañero de lucha Marco Antonio Suástegui del CECOP, el levantamiento de órdenes de aprehensión a decenas de defensores integrantes del MAPDER, son muestras de una estrategia de guerra para despojar a nuestros pueblos.
Constatamos que en la Sierra Norte de Puebla se vive un sistemático asedio por la intención de imponer proyectos mineros asociados a hidroeléctricas, fenómeno que se ha vivido con mayor intensidad durante los últimos dos años. Estas amenazas contemplan más de 100 concesiones mineras que abarcan un área de 160 mil hectáreas en las zonas altas de la sierra, más de 10 iniciativas para proyectos hidroeléctricos sobre las cuenca de los ríos más importantes (Ajajalpan, Zempoala y Apulco), y proyectos de extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica, en el territorio que integran las zonas bajas de la sierra. Imaginar la realización de estos megaproyectos vislumbra un panorama desolador. De concretarse estos proyectos de muerte las zonas altas de las cuencas serranas serían altamente impactadas por la minería, lo que significaría además un alto riesgo de contaminación a todos los recursos hídricos, los causes de los ríos serían seriamente impactados por la instalación de hidroeléctricas, y la extracción de hidrocarburos acarrearía la contaminación desde lo más profundo del subsuelo. Además de la Sierra Norte, el resto del territorio poblano se encuentra bajo la imposición de gasoductos, carreteras y el establecimiento de megaindustrias. El Gobierno del Estado encabezado por Rafael Moreno Valle, es cómplice de este plan de de despojo e imposición de proyectos de muerte en el territorio Poblano, quién además ha establecido leyes totalmente repudiadas por la población para permitir la privatización del agua, la expropiación de tierras y el uso de armas para reprimir la protesta social (conocida como ley bala).
Ante la embestida de estas amenazas, los pueblos han respondido con el rechazo enérgico a los proyectos de muerte. La defensa del territorio ha sido pacífica, sin embargo la respuesta de quienes quieren imponer los proyectos ha sido violenta. Celebramos la valentía de los pueblos que enfrentan estas luchas y no han permitido que se establezcan los proyectos de muerte. Olintla es muestra de una de las luchas más valientes, donde el pueblo tutunaku expulsó un proyecto hidroeléctrico que el Grupo México intentaba imponer en su territorio.
En este Xl Encuentro de MAPDER compartimos saberes como pueblos latinoamericanos. Conocimos y aprendimos de las experiencias de lucha y de resistencia de movimientos hermanos de Brasil, Argentina, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala y Cuba, que luchan por la defensa de los ríos, la vida y sus territorios.
Nos hermanamos y solidarizamos con las realidades que viven en sus países, con sus luchas que también son las nuestras, y compartimos con ellos la construcción cotidiana desde cada uno de nuestros países, de un nuevo proyecto energético popular a nivel nacional y latinoamericano. Luchamos por un nuevo modelo de sociedad. Refrendamos nuestra unidad popular latinoamericana, como nos enseñaron y compartieron los compañeros del MAB de Brasil.
Nos solidarizamos con la comunidad de Barillas, Guatemala, ejemplo de lucha para nuestros pueblos y resistencias.
De las luchas nacionales del MAPDER exigimos:
Puebla
Exigimos la cancelación inmediata de los proyectos hidroeléctricos y las concesiones mineras en la Sierra Norte y todo el Estado de Puebla. Exigimos la cancelación de la instalación del gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como la central de generación de energía eléctrica en Huesca Morelos, proyecto que representa un riesgo mayor al estar en la zona de peligro eruptivo del volcán Popocatépetl. Rechazamos los proyectos para extracción de hidrocarburos que se tienen planeados en la Sierra Norte de Puebla. Exigimos el esclarecimiento y justicia al asesinato de Antonio Esteban Cruz, miembro de la CNPA-Movimiento Nacional y opositor a la Presa Cuamono. Exigimos la libertad a Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, presos políticos por resistir la imposición del Proyecto Integral Morelos y de la autopista arco Poniente, en la región Izta – Popo.
Guerrero
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), fortalece su lucha en contra de la construcción de este proyecto hidroeléctrico. “La tierra no se vende” y “La Parota no se hará”, son los principios que forjaron nuestros triunfos al impedir la construcción de la presa. A once años de iniciado el movimiento de resistencia reafirmamos nuestra decisión de luchar hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto.
El CECOP hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional por la inmediata liberación de su vocero Marco Antonio Suástegui, y los comuneros del CECOP Emilio Solís y Julio Ventura. Su detención fabricada con falsos delitos y el ilegal traslado de Marco Antonio a un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, dejan ver la criminalización y represión cada vez más violentas contra quienes luchamos en defensa de la tierra, el agua, el territorio y los bienes comunes.
El CECOP convoca a todos los movimientos y organizaciones del MAPER a emprender una lucha unitaria con todas las organizaciones democráticas del país que, al igual que nosotras y nosotros, estamos dispuestos a detener la devastación del país y su entrega a las empresas transnacionales.
Nayarit
Nosotros wixaritari, tepehuanos y coras, como pueblos originarios exigimos que se nos respeten las áreas protegidas, en los 19 lugares sagrados en donde están presentes nuestros espíritus, rituales, y pensamientos. Declaramos a nuestro río San Pedro como río Libre de Represas y rechazamos el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que pretenden destruir nuestra cultura y los bienes comunes naturales, de las comunidades ancestrales que habitamos en los estados de Nayarit, Jalisco y Durango.
Jalisco .
Celebramos la resistencia de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en contra de la construcción de La Presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco, así como las recientes resoluciones judiciales que han logrado detener la construcción de la cortina. Denunciamos la campaña “Las 13 verdades de La Presa el Zapotillo” impulsada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en contubernio con las empresas españolas FCC, Abengoa y las cámaras empresariales de construcción, violentando con esto el cumplimiento de las sentencias judiciales ganadas por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que mandatan que la altura de la cortina no debe sobrepasar los 80 metros de altura. Exigimos que las obras de construcción de la cortina permanezcan detenidas a 80 metros y se realicen de inmediato los ajustes necesarios, garantizando la seguridad y permanencia de las comunidades de la región de los Altos de Jalisco y su patrimonio cultural.
Veracruz
La Hidroeléctrica El Naranjal sigue como una amenaza constante. El proyecto ha cambiado sustancialmente del aprobado en 2010 por la SEMARNAT, pero sigue sin la aprobación de la población, causando problemas y divisiones internas. A un año del asesinato de Noé Vázquez Ortiz, exigimos el esclarecimiento de este crimen y el castigo a los autores materiales en intelectuales.
Los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, desde hace 7 meses hemos mantenido una clausura social permanente en la zona de estudios de factibilidad de la empresa brasileña Odebrecht. Así mismo estamos en el proceso de varias demandas colectivas hacia los invasores, donde ya se nos ha reconocido como ente jurídico defensor ambiental.
Denunciamos los amedrentamientos realizados por el gobierno hacia los ejidatarios de la zona.
En la Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos-Nautla, exigimos la cancelación de los 24 proyectos de presas en la cuenca del río Bobos-Nautla y rechazamos a las hidroeléctricas como energía limpia.
Chiapas
Exigimos la cancelación de las presas en Chiapas y Tabasco: Itzantún, Cankuc, Chicuasén 2, San Miguel Huimanguillo, así como aquellas proyectadas en la Sierra Madre, en la región del Soconusco y sobre el río Usumancinta. Exigimos el respeto a las comunidades que se han declarado Libres de Represas, así como el resarcimiento de los daños ocasionados por las presas y otros megaproyectos que han afectado los pueblos de la región. No más extracción petrolera por la nueva reforma energética. Exigimos la salida inmediata de la empresa Caliz y Morteros en Cahuaré, sobre la Presa Cahuaré 1. Exigimos la libertad inmediata a Florentino Gómez Girón, luchador social del Pueblo de Ixtapa detenido con delitos fabricados, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos. Seguimos exigiendo la verdad y la justicia de la masacre de Acteal.
Colima
Felicitamos la Declaratoria de Territorio Libre de Minería que logró la Comunidad Indígena de Zacualpan, Colima. Repudiamos los engaños, la violencia verbal y física, las amenazas de muerte, represión e intimidación por parte de los caciques manipulados por los gobierno del estado y municipal, en contubernio con el empresario minero.
Denunciamos la criminalización que realiza el consorcio minero “Benito Juárez Peña Colorada”, a las comunidades de Los Potros, Puertecito de las Parotas, Mameyito y Coconal, agresión que se ha dirigido especialmente contra Félix Monroy Rutilo, quien ha denunciado la contaminación del Río Marabasco. Responsabilizamos al gobierno federal, del estado de Colima y a la empresa minera, de cualquier daño que pueda sufrir nuestro compañero.
Oaxaca
El Consejo de Pueblos Unidos por la defensa del río Verde (COPUDEVER), exige la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, así como el respeto al derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos. Rechazamos la reforma energética porque violenta los derechos de los pueblos.
ACUERDOS DEL ENCUENTRO:
1. Nos declaramos en pie de lucha, en defensa de nuestro territorio y en rechazo total las contrareformas estructurales.
2. Convocamos a la unidad nacional en defensa de la vida y nuestros territorios.
3. Nos sumamos a las acciones unitarias en contra del despojo convocadas en todo el país.
4. Refrendamos la convocatoria para celebrar los 100 años del ingreso de los ejércitos campesinos revolucionarios (La División del Norte y el Ejercito Zapatista) a la ciudad de México, el próximo 6 de diciembre.
5. Exigimos la reparación integral de los daños ocasionados por la minera Cananea a los ríos del estado de Sonora y la cancelación definitiva de esta mina propiedad del Grupo México.
6. Exigimos el cese inmediato de la represión y la criminalización de quienes luchamos en defensa del territorio y de la vida.
7. Seguiremos impulsado nuestros propios modos de vida comunitarios.
8. Nos unimos y hermanamos a las luchas en defensa de los ríos, la vida y los territorios de Brasil, Argentina, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala y Cuba, presentes en este Encuentro.
9. Seguiremos celebrando la vida con alegría e intensidad, como la hemos aprendido a vivir en nuestros pueblos.
Agradecemos la hospitalidad de los hermanos y hermanas tutunakus del municipio de Olintla, quienes nos abrieron su pueblo, casas y corazones. Pero sobre todo, les agradecemos el ejemplo que nos han dado por la lucha valiente al expulsar al Grupo México, empresa rapaz que ha saqueado el subsuelo de nuestro país, contaminado sus aguas y cobrado decenas de vidas de manera impune.
Olintla, Sierra Norte de Puebla. 31 de agosto de 2014
¡Ríos para la vida, no para la muerte!
¡Agua y energía no son mercancía!
¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!
Comunicado, México; Sábado 11 de Octubre de 2014.
10 proyectos hidroeléctricos y 103 concesiones mineras en la Sierra Norte
-Todo el proceso de construcción de la central hidroeléctrica ha sido particularmente opaco y ha estado lleno de irregularidades
El día 17 de junio de 2014, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) instruyó un aparatoso operativo para detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), organización campesina que desde hace más de diez años se encuentra en resistencia contra la construcción de la Presa Hidroeléctrica “La Parota”, en defensa de sus tierras comunales en el afluente del río papagayo, del Municipio de Acapulco, Guerrero, México. Suástegui fue interceptado por más 15 Policías Ministeriales. Con lujo de violencia lo bajaron de su vehículo y sin orden de aprehensión. Una vez que lo sometieron le espetaron que si oponía resistencia lo iban a matar. En el trayecto recibió varios golpes y amenazas, diciéndole que eso le pasaba por «andar de revoltoso».
Jalisco, Gudalajara 02 de junio. En conferencia de prensa se dio a conocer el resultado de la Auditoría popular a la presa el Zapotillo que afectará a las comunidades de Temacapulin, Palmarejo y Acasico en la que se señal la sistemática violación a los Derechos Humanos, las irregularidades de la construcción de la presa el Zapotillo, el posible desacato de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mal manejo del agua en el estado de Jalisco y se exigio al presidente Enrique Peña Nieto cumplir los derechos de los pueblos originarios dejando de lado la política extractivista que tiene consecuencias irreparables al medio ambiente.
