Veracruz, México: resistencia a la construcción de 112 presas, muchas de ellas sin autorización ni conocimiento previo de las comunidades

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En Veracruz, al sur de México, se proyecta la construcción de 112 presas y seis hidroeléctricas sin la autorización de las comunidades, que en las últimas semanas se movilizaron en diversos municipios de la cuenca del río La Antigua y lograron la intervención estatal en la inspección a la constructora Odebrecht, cuyos trabajos podrían generan en caso de arrastre del río la inundación de varios territorios.

Además de no contar con la autorización de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la presa La Antigua se prevé construir en una zona donde se sabe existe una falla sísmica, por lo cual sería una bomba de tiempo para las comunidades ribereñas tanto de La Antigua como de ríos conexos.

Desde hace cuatro años, los habitantes de la región accedieron a documentos donde se expresaba la intención de construir esta presa por parte de la constructora multinacional de origen brasileño, aunque no obtuvieron información de fuente oficial.

Aún hoy, con la empresa instalada y realizando trabajos de exploración previa, los cuales ya han acumulado materiales en el cauce del río -que podrían significar un riesgo para las poblaciones de Jalcomulco, Apazapan, La Antigua, Paso de Ovejas, Emiliano Zapata, Teocelo, Xico e Ixhuacán de los Reyes, totalizando 1,2 millones de personas- la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de la Unión Mexicana sostiene que “no existe proyecto” al no contar con una solicitud de estudio de impacto ambiental.

En cambio, desde el pasado 20 de enero, las comunidades han salido a las carreteras del estado, bloqueándolas, para llamar la atención de las autoridades.

Así lo comentó a Radio Mundo Real, consultado por nuestra colaboradora en México e integrante del colectivo Hijxs de la Tierra Mónica Montalvo, Emilio Rodríguez, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

Veracruz cuenta con 18 cuencas hídricas las cuales concentran (“producen”) el 30 por ciento del agua dulce mexicana, pese a lo cual, como fue dicho, se proyectan construir 112 presas. Muchas de ellas, como la de La Antigua, se construirían en zonas declaradas “de veda”, es decir impedidas de nuevos megaproyectos, al constatarse oficialmente la drástica pérdida de biodiversidad de este estado sureño mexicano.
“Daría la vida por el río”

La economía de las comunidades costeras de La Antigua es fundamentalmente rural, pesquera y de eco-turismo, con diversidad de cultivos y abundancia de agua que les brinda gran calidad de vida, señalan algunos de los protagonistas de la resistencia, consultados para el informe de audio adjunto. “Daría la vida por el río”, dice otra de las participantes de la resistencia.

“Para las comunidades de la cuenca no habrá beneficios. Habrá beneficios para un pequeño grupo de personas, el sistema político. Y para la empresa, que si se vino de Brasil hasta acá es porque hay negocio”, indicó uno de los participantes en los bloqueos que impidieron a Odebrecht acceder a su obrador.

El bloqueo de carreteras fue implementado porque Odebrecht ya agotó el tiempo de 80 días para realizar los estudios de suelo en el predio conocido como Tamarindo, agregan. Y para romper la pasividad de las autoridades. Nueve horas después de bloquear la autopista federal Jalapa-Veracruz, el gobierno del estado veracruzano convocó a las organizaciones.

Y posteriormente las entidades estatales enviaron una inspección que certificó que se trata de acciones irregulares de la constructora, al tiempo que la conminó a remover a la brevedad un “islote” de materiales generado en pleno cauce del río.

Además de las ocho cabeceras municipales, en total serían 42 las comunidades afectadas por la presa para la cual Odebrecht prepara el terreno. Según medios digitales del estado de Veracruz, los ejidatarios –propietarios comunitarios de tierra de acuerdo con la reforma agraria de inicio de siglo XX en México- se resisten a que sus predios queden sumergidos por el proyecto de represamiento.

“Todo lo pasan por alto, quieren que uno respete las leyes y ellos no respetan nuestras tierras, igual que con las reformas cuándo nos consultaron; lo terrible es que hacen negocio con nuestras tierras y ni siquiera consultan primero” dijo el ejidatario Jorge de Tlaltetela.

Ver testimonios en video:

http://youtu.be/bG3kG8rMCXk

Hidroeléctricas: el despojo pintado de verde y la lucha por los ríos como bienes comunes

Por: M. Edelmira García Martínez. Surbversiones.org

Resistencias que confluyen

El flujo del río Apatlahuaya será interrumpido para ser reconducido por un túnel que conecta con una tubería que cumple la función de una gran vena de acero, por la cual el agua circulará cuesta abajo a lo largo de 800 metros. De esta forma, se logrará la fuerza hídrica suficiente para que la casa de máquinas genere 42 megavatios de electricidad para el capital privado. Se trata del caso de la primera mini hidroeléctrica inscrita en el Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL que ha sido construida en la sierra de Zongolica del estado de Veracruz. Estudios realizados por la CFE indican que se tienen identificados 510 sitos para la instalación de hidroeléctricas en los ríos de todo el país, de éstos, más de 100 se ubican en el estado de Veracruz. Otros estados considerados con gran potencial hidroenergético son Chiapas, Tabasco, Oaxaca, y Guerrero. No necesitamos mayor información técnica para poder imaginar la magnitud del desastre ecológico si todos estos proyectos llegan a concretarse desviando las afluentes naturales de los ríos. Sin embargo, estos proyectos son promovidos por el Estado como proyectos que ayudarán en el cuidado del medio ambiente.

En la mayoría de los territorios donde se encuentran los sitios elegidos para la instalación de las hidroeléctricas habitan pueblos originarios. Y al igual que en el pasado, la función que cumple el Estado es una política colonizadora que permite la invasión de territorios por parte de las transnacionales, interesadas en extender sus inversiones hacia nuevos mercados. Como ocurrió en Zongolica, se trata de proyectos para los que se realizan estudios de suelo o incluso comienzan a ser instalados sin que medie ningún tipo de información pública hacia la población que será afectada. Sin embargo, en la medida en que el rumor sobre la construcción de hidroeléctricas se extiende hacia los pueblos asentados en las cuencas hidrícas del país, las resistencias colectivas a estos proyectos emergen y comienzan a interconectarse en una lucha común: el intento por impedir la privatización del flujo del agua en sus ríos. En las comunidades se articulan claros argumentos que sostienen las resistencias, la lucha que emprenden es por los bienes naturales que permiten la reproducción de su forma de vida; por el derecho al usufructo del agua que no pueden concebir para el uso exclusivo de empresas sin rostro; para impedir la invasión de sus territorios y; por el derecho a la vida.

Las resistencias comenzaron a confluir hace ya diez años, cuando nació el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos

Existen resistencias sistemáticas que se han mantenido ya por muchos años –algunas llevan ya más de 40 años–, las cuales emergieron como potente protesta a las grandes represas que inundaban grandes extensiones de tierra provocando el desplazamiento y desalojo forzoso de poblaciones enteras. Un ejemplo es el pueblo Chinanteco, afectado por la presa Cerro de Oro en Oaxaca, que continúa luchando por el resarcimiento de daños y lo que llaman la deuda histórica por las represas. Estas antiguas resistencias y las que recientemente emergen, comenzaron a confluir hace ya diez años, cuando nació el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). En este espacio de lucha participan frentes estatales, organizaciones sociales y civiles, y comunidades afectadas por las presas hidroeléctricas, de irrigación, y de usos múltiples. A través del MAPDER recientemente se realizó la Pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, en la que fueron presentados 11 casos. Desde el MAPDER las luchas, se conectan a nivel continental en la Red Latinoamericana Contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR). El V Encuentro de esta red, fue celebrado recientemente en la comunidad de Retalteco, municipio de las Cruces, el Petén, Guatemala, del 7 al 12 de octubre 2013, con la participación de 537 personas de 14 países latinoamericanos.

De esta forma, se extiende la lucha por el libre fluir de los ríos, hacia comunidades y pueblos que resisten a estos proyectos, desde una perspectiva de cuidado e interdependencia con la naturaleza. Mientras tanto el capital genera ininterrumpidamente nuevos mecanismos de expansión, como el Mercado de Bonos de Carbono de reciente creación.

Mercado de Bonos de Carbono o Comercio de Emisiones

Durante las últimas tres décadas el fluir desenfrenado de capital transnacional hacia territorio nacional mexicano, ha utilizado como vehículo complejas e intrincadas formas de mercado. Uno de estos nuevos dispositivos para la inversión capitalista, es el denominado “Mercado de Bonos de Carbono” en el que se busca insertar a los proyectos hidroeléctricos que en la actualidad emprende la iniciativa privada y promueve el Estado.

El “Mercado de Bonos de Carbono” también llamado “Comercio de Emisiones”, tuvo su génesis en la década de los noventa construyendo su justificación ideológica en el énfasis que a nivel global se dio a la problemática del Cambio Climático. El primer antecedente ocurrió en el año de 1992 cuando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptó la Convención Marco sobre Cambio Climático [1]. En dicha Convención se estableció el objetivo de lograr estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Cinco años más tarde (año 1997) a esta Convención le fue añadido el Protocolo de Kyoto, a través del cual se establecieron medidas jurídicamente vinculantes a los Estados firmantes.

El Protocolo de Kyoto ordena medidas diferenciadas a los países desarrollados o industrializados y a los países en desarrollo. Los países desarrollados debieron asumir compromisos cuantitativos de reducción de emisiones, que deberían cumplir en una primera etapa entre los años 2008-2012 [2]. Por otro lado, la participación de los países en desarrollo se acota a los llamados “Mecanismos de Desarrollo Limpio” (MDL), aplicables a proyectos cuya actividad productiva reduzca o prevenga las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2). El MDL permite a los proyectos considerados verdes –de los sectores energía, transporte, industria, agricultura, silvicultura, gestión de desechos–, la obtención de Unidades Certificadas de Reducción de Emisiones, abriéndoles la posibilidad de vender bonos de carbono a las empresas contaminantes. De esta forma comenzó un proceso que contradice el loable compromiso que los Estados Nacionales hicieron con el medio ambiente. En pocas palabras, lo que en realidad fue generado a través del protocolo de Kyoto, con auspicio de organismos internacionales como el Banco Mundial [3] y el Fondo Monetario Internacional, fueron nuevas área para la inversión capitalista como el ya mencionado Comercio de Emisiones.

El nombre genérico mercado de Bonos de Carbono o Comercio de Emisiones, se creó para establecer una serie de instrumentos económicos y de mercado, que funciona a través de la distribución de permisos de emisiones a las empresas contaminantes que al negarse a reducir sus niveles de contaminación por resultarles más costoso, hacen opción por la compra de bonos de carbono. Dichas compras se hacen a las empresas “limpias” que cuentan con el instrumento llamado Certificado de Reducción de Emisiones. De esta manera se puso en marcha un complejo sistema financiero en el que se estableció el valor de cambio del dióxido de carbono (CO2), creándose una serie de equivalencias falsas entre las emisiones industriales y la absorción de carbono de los ecosistemas. Para hacer posible el intercambio comercial se estableció una unidad de medida: el Bono de Carbono. Cada uno representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono. Estos bonos son pues, para el comercio de emisiones, el bien canjeable con un precio establecido en el mercado. Además de la complejidad para entender su funcionamiento, este sistema entraña una perversidad mayúscula, la cual consiste en que a partir del Mecanismo de Desarrollo Limpio, las empresas contaminantes pueden comprar Bonos de Carbono a las empresas que han desarrollado este tipo de proyectos “limpios” y así cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones, sin reducir los niveles de contaminación en sus propios procesos de producción.

Los proyectos insertos en la llamada “Economía Verde” –sostiene Fabrina Furtado— encuentran su justificación en la ideología difundida por la economía neoliberal que intenta “legitimar al capital privado como el único sujeto social capaz de salvar tanto a la economía como al planeta”. Uno de los argumentos neoliberales, es la pretensión falaz de que la ciencia y la tecnología modernas desarrolladas en los países del primer mundo, tienen el potencial de aplicación en proyectos que permiten procesos productivos no contaminantes. Sin embargo, el problema de fondo estriba en el hecho de que la Economía Verde representa para el capitalismo neoliberal la apertura de un ambicioso campo para emprender lucrativos negocios, y una renovada estrategia de invasión territorial desde la apropiación (y tendencialmente la privatización) de recursos vitales tan preciados como el agua.

La participación del gobierno mexicano en el Comercio de Emisiones ha sido notable a nivel mundial, pues es el país de los pertenecientes al grupo II en el Protocolo de Kyoto (clasificados como países en desarrollo), que ha realizado más acciones conducentes a crear instituciones, adaptar legislaciones internas, desmantelar o reestructurar organismos estatales, establecer alianzas comerciales y crear los mecanismos necesarios que permitan desarrollar el MDL, y de forma simultánea la privatización de recursos y servicios. Hasta la fecha, en el área de energías renovables, en México se han impulsado y desarrollado con mayor énfasis proyectos de generación de energía eólica y energía hídrica. Revisamos a continuación el área de inversión de las energías renovables, desde el caso específico de las hidroeléctricas.

Hidroeléctricas privadas – despojo de los afluentes de agua

Desde hace más de dos décadas de forma acelerada, las hidroeléctricas han sido impulsadas por el Estado mexicano y desarrolladas por las empresas como proyectos limpios generadores de energía eléctrica y de bonos de carbono. La gravedad de estos proyectos no es solamente la privatización paulatina de la generación de energía eléctrica, sino también la apropiación del agua que fluye en los ríos, por parte de empresas transnacionales a partir de concesiones que duran de 25 a 30 años y que pueden ser renovables.

En 1992 fue reformada la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para poder otorgar permisos de producción de energía a personas físicas o morales, a través de figuras como, el autoabastecimiento, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción, o la importación o exportación.

Para hacer factible la producción de energía eléctrica en manos de empresas privadas, se comenzaron a realizar cambios estratégicos en materia jurídica desde el gobierno salinista. En este tiempo fueron realizadas importantes reformas a la constitución –particularmente las reformas al artículo 27 que genera condiciones para que la tierra ejidal pueda ser vendida–, y a algunas leyes secundarias. Entre las leyes secundarias, fue reformada la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica –publicada en el diario oficial de la federación en el mes de diciembre de 1992–, en la que se facultó a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, para otorgar permisos a personas físicas o morales para la producción de energía, a través de figuras como, el autoabastecimiento, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción, o la importación o exportación (artículo 36). Después se comenzaron a otorgar permisos para la producción de energía eléctrica a empresas particulares, aun cuando el artículo 27 constitucional continua estableciendo la exclusividad de la nación en su producción, distribución y abastecimiento [4]. Los proyectos para autoabastecimiento son los que pueden insertarse en el mercado de bonos de carbono significando un doble negocio, la venta de energía eléctrica y de bonos de carbono. Estos son los proyectos que han resultado ser los más atractivos para las transnacionales.

A raíz de estas modificaciones la CFE, antes dedicada al desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas, comienza a hacer estudios para determinar el mini, micro y pequeño potencial hidroenergético. Esto no resulta extraño si consideramos que las denominadas pequeñas centrales o “mini-hidroeléctricas”, según las reformas a la Ley de Servicio Publico de Energía Eléctrica, son las que pueden ser desarrolladas desde la figura de auto-abastecimiento por las empresas privadas (con la ventaja adicional de que se interconectan a la red pública). Los primeros estudios de factibilidad para la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas, a lo largo de los ríos del país, fueron realizados por la Comisión Nacional de Energía (CONAE) [5], hoy Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía CONUEE. Estos estudios proponían la generación de energía hídrica con el modelo llamado al filo del agua, el cual consiste en el aprovechamiento de los desniveles naturales de los ríos para producir electricidad con la fuerza de la caída del agua, sin almacenarla y sin realizar desvío de sus afluentes naturales. Los estudios de la CONAE son retomados por las empresas, sin embargo, para hacer más rentables los proyectos están construyen presas de derivación, consistentes en represas en las que se retiene el agua, para luego desviarla hacia un sitio río abajo que les permita mayor fuerza de agua para producir más electricidad.

Esta forma irracional de apropiación absoluta de la naturaleza por parte del capital, requiere que sus razones justificadoras sean aceptadas por la población común. Para lograrlo se construye un imaginario colectivo en el que estos proyectos que despojan a las comunidades de sus afluentes de agua, son presentados desde una concepción de desarrollo limpio. Los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, han tenido un papel fundamental en la aceptación de estos proyectos, que van logrando implantarse como proceso natural hacia la modernización, al que ineludiblemente avanzamos desde el único camino transitable para México en su articulación con la economía mundial.

En 2010, el 48% de la generación de energía eléctrica en el país la realizan empresas privadas, entre ellas Iberdrola, Unión Fenosa, EDF Internacional y Mitsubishi.

De forma paralela a las reformas estructurales realizadas en la economía del país se comenzaron a formar y/o a reconfigurar redes importantes de relación entre político-empresarios mexicanos y representantes del capital transnacional. Un ejemplo reciente es el caso de Georgina Kessel, quien fuera secretaria de energía en el gobierno de Calderón y actualmente trabaja para la transnacional Iberdrola. Para el año 2010, el 48% de la generación de energía eléctrica en el país la realizaban ya empresas privadas, entre ellas las transnacionales españolas Iberdrola y Unión Fenosa, la francesa EDF Internacional, y la japonesa Mitsubishi. Del año 1994 al año 2011, entre los periodos de gobierno de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón se habían otorgado un total de 772 permisos, de los cuales 595 corresponden a auto-abastecedores. Desde la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto el gobierno mexicano firmó convenios para apoyar los proyectos de reducción de emisiones con Alemania, Australia, Dinamarca, Canadá, España, Francia, Italia, Países Bajos y con el Banco Japonés de cooperación internacional, y a través de la SEMARNAT creó el Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR).

Estos proyectos muestran un ejemplo claro de que en México padecemos un sistema de Estado que mantiene una marcada y muy grave disociación entre las políticas de Estado, los problemas ambientales, y los derechos de los pueblos y de los ciudadanos.

Fuentes y notas

Fernández Vega, Carlos. México SA, en periódico La Jornada 24/01/11 y 8/03/11.
Furtado, Fabiana. 2012. Economía Verde. La nueva cara del capitalismo. Jubileo Sur/Américas, Río de Janeiro, Brasil.
Lohmann, Rarry. 2012. Mercados de Carbono. La neoliberación del clima. Ediciones Abya Yala, Universidad Politécnica Salesiana. Quito, Ecuador.
Vázquez García, Aquilino. “El Mercado de los Bonos de Carbono”. Perspectivas de Derecho Ambiental.

[1] Actualmente 195 países se encuentran adheridos a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

[2] Durante la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático realizada en Doha en el año 2012, 37 países desarrollados (potenciales clientes del mercado de bonos de carbono) firmaron una extensión del Protocolo de Kyoto. El acuerdo hecho fue mantener el Protocolo de Kyoto como medida transitoria hasta el año 2020.

[3] El Banco Mundial creo con este propósito el “Prototype Carbon Found-PCF”, fondo multinacional integrado por Canadá, Finlandia, Noruega, Suecia, Holanda y el Japan Bank for International Cooperation, más 17 empresas energéticas, financieras y comerciales más importantes de Japón y Europa y los principales bancos de los países industrializados.

[4] Este es uno de los aspectos incluidos en la actual propuesta de reforma energética planteada por el actual gobierno de Peña Nieto.

[5] En 1994 se realiza el estudio denominado “Estudio de la situación actual de la minihidráulica nacional y potencial en una región de los estados de Veracruz y Puebla”, que estudió 6 ríos (Bobos-Nautla, Actopan, la Antigua, Tuxpan, Cazones, Tecolutla) y sus 57 afluentes o ríos tributarios. En el 2003 se estudió la cuenca de los ríos Blanco, Jamapa y Pescados (Veracruz). En 2004 se estudiaron los dos afluentes del río Toto, los ríos Apatlahuaya y Moyotepec, en la Sierra de Zongolica Veracruz.

Movilización por la Declaración de Ríos y Territorios Libres en la Sierra Madre del Sur y Llanura Costera en Chiapas

Las comunidades agrupadas en La Voz del Pueblo se levantarán, en un acto que dará comienzo a las 10am, para dar a conocer a la opinión pública la Declaración de Ríos y Territorios Libres en la Sierra Madre del Sur y Llanura Costera en Chiapas, que se llevará a cabo el día 10 de diciembre en la Parque Central Miguel Hidalgo en Tapachula, Chiapas.

AUDIO INVITACIÓN
https://soundcloud.com/sancristencia/sets/promo-declaraci-n-de

El otorgamiento de licencias para la construcción de nuevas represas y la exploración y explotación minera en el estado de Chiapas gozan de una nula participación social, tanto de las comunidades afectadas directa e indirectamente, así como de otros actores sociales. Esto se observa claramente en las zonas Sierra y Costa Sur del estado, donde los tres niveles de gobierno y las empresas que impulsan dichos megaproyectos no han respetado el derecho al consentimiento previo, libre e informado de la población, violando con ello convenios, acuerdos, entre otros instrumentos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos que el gobierno de México ha firmado y ratificado, tales como el convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, los Acuerdos de San Andrés, la ley agraria, etc.

Desde hace más de un año, varias comunidades que serán afectadas por estos proyectos, han expresado en reiteradas ocasiones su oposición a que se impulsen estos planes por la vía de la imposición. Cabe destacar que la población todavía no ha recibido información clara y detallada sobre los Manifiestos de Impacto Ambiental ni las posibles afectaciones a su salud o el riesgo al que se verían expuestos los habitantes de la zona.

Debido a lo anterior y, amparados en los instrumentos antes mencionados, las comunidades agrupadas en La Voz del Pueblo se levantarán, en un acto que dará comienzo a las 10am y ofrecerá una Rueda de Prensa a las 12:30pm, para dar a conocer a la opinión pública la Declaración de Ríos y Territorios Libres en la Sierra Madre del Sur y Llanura Costera en Chiapas, que se llevará a cabo el día 10 de diciembre en la Parque Central Miguel Hidalgo en Tapachula, Chiapas.

La Voz del Pueblo los invita y anima cordialmente a participar en esta especial ocasión, donde se busca dar a conocer al pueblo de Chiapas y de México que los proyectos hidroeléctricos y mineros en la Sierra y Llanura Costera de Chiapas no cuentan con licencia social para llevarse a cabo y que las comunidades se están organizando para resistir la imposición de megaproyectos en la región.
Atentamente,
¡Porque no hay licencia social para represas y minas en la Sierra y Costa!
¡Ríos para la vida, no para las represas!
¡Porque el agua vale más que el oro! ¡No a la minería!
La Voz del Pueblo

 

Se oponen ejidatarios de Chiapas a la hidroeléctrica Chicoasén 2

-Comunidades que han avalado la obra no están en la zona que resultaría afectada, dicen
-Advierten a la CFE que no tolerarán atropellos como los cometidos con la primera presa
-Representantes negociaron con la paraestatal viviendas y lanchas a cambio de apoyo, señalan

Elio Henríquez, Periódico La Jornada

Ejidatarios del municipio de Chicoasén se manifestaron en contra de la presa Chicoasén 2, que pretende construir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque prevén que afectará sus tierras. Asimismo señalaron que pretenden comprárselas a precios bajos y saben de casos en que la paraestatal no ha pagado.

Avisaín Solís López, ejidatario, dijo que la CFE “está generando un conflicto social muy grande porque Las Pilas y otras comunidades que no van a ser afectadas están decidiendo por los demás”. Denunció que representantes de Las Pilas y La Represa acudieron a una reunión para aprobar el proyecto, pero no están involucradas, y “pidieron a la CFE 30 casas y 10 lanchas, respectivamente”.

Recordó que el domingo 17 de noviembre se realizó una asamblea con la supuesta participación de 670 pobladores, pero “no fuimos invitados los ejidatarios que vamos a resultar afectados directamente”.

Explicó que los 231 fundadores del ejido resultaron afectados cuando se construyó la presa Chicoasén, “y nos quieren volver a perjudicar, pero ahora estamos dispuestos a defender nuestras tierras porque ya no estamos en los años setentas”.

Agregó: ” Lo que nos molesta es que nos marginaron, cuando los ejidatarios básicos debíamos estar en la casa ejidal. Los que acudieron no son nada y no tienen por qué hacer lo que hicieron. ¿Por qué no invitaron a Vista Hermosa, Monte Grande y Chicoasén, que desaparecerán en más de 300 hectáreas?”

El gobierno paga por las tierras “una miseria, y por si fuera poco nos cobra precios muy altos por la energía eléctrica”.

Insistió en que muchos no están dispuestos a ceder sus tierras. “No les pongo precio y no estoy dispuesto a aceptar los tambos viejos que regala la CFE”.

Manifestó que en algunos terrenos “han hecho ocho pozos y ni un peso han dado” al propietario, mientras a otros, “que no los han afectado, les han dado 70 mil u 80 mil”.

Reiteró: “Las comunidades están dispuestas a morirse para que no afecten sus tierras, porque cuando se hizo la primera presa, en la década de 1980, la CFE se comprometió a darnos medio millón de pesos y un rancho de 206 hectáreas y nunca cumplió. Ahora queremos que nos dé el rancho”.

VIDEO: ¿Como terminar una comunidad de 140 años en 15 días?

En el Usumacinta

Joan Martínez Alier, en La Jornada

A cinco kilómetros de Tenosique se encuentra la salida del cañón del río Usumacinta hacia la planicie tabasqueña. El río está muy caudaloso en esta época del año. Un lugar muy bello. En su libro Oro Verde, Jan De Vos explicó que hace cien años de la concesión de Marqués de Comillas sacaban la caoba con bueyes y con trabajo forzado y la enviaban río abajo para la exportación. El tal marqués era un linajudo reciente, de la familia López de Cantabria en España.

Estamos en el lado mexicano, al otro lado está el Petén. Una vez visité la Laguna del Tigre en el Petén y observé la extracción petrolera para la exportación. Ahora escucho atento las palabras de guatemaltecos y mexicanos llegando a acuerdos de coordinación para defenderse de la construcción de hidroeléctricas.

En Guatemala ha habido en los últimos años resistencia contra diversos proyectos ubicados en la parte alta de la cuenca Usumacinta. La empresa Hidro Santa Cruz tiene proyectos en el río Qambalam. En las protestas mataron a un campesino e hirieron a otros varios, el proyecto está bloqueado, las máquinas y oficinas fueron quemadas. En Purulha en la Baja Verapaz en agosto de 2013 fueron asesinados dos hijos de un líder de la resistencia. Y en Xalalá, en Ixcán en el departamento de El Quiché, que está cerca de Chixoy, hay un gran proyecto que levanta muchas resistencias.

Habíamos dormido con integrantes del Mapder (Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos) en el albergue cristiano de Tenosique (estación 72). Ese albergue estaba lleno de jóvenes de Centroamérica esperando embarcar hacia el Norte en el tren de mercancías apodado La Bestia. Tenosique tiene una estación de tren abandonada, el tren no tiene parada reglamentaria ni horario preciso, hay que subirse en marcha, un mundo real de injusticias crueles.

Al viajar por la mañana la breve distancia hasta el imponente Usumacinta, llegan los recuerdos de la matanza de la represa del río Chixoy durante la guerra civil guatemalteca, 300 personas asesinadas, uno de tantos hechos que una transición política olvidadiza (a la española) no ha logrado aclarar en todos sus detalles y menos todavía castigar. Recuerdo el asesinato del obispo Juan Girardi al intentar publicar los datos de una Comisión de la Verdad. Un compañero de Guatemala menciona la matanza de refugiados en la embajada española que quedó impune. Guatemala es un país con miedo. Y sin embargo hay numerosas consultas populares contra proyectos mineros y represas.

En México, hace seis años hubo terribles inundaciones en 70 por ciento del territorio tabasqueño que dejaron la capital Villahermosa bajo el agua, al parece por el mal manejo de la represa Peñitas como parte del complejo hidroeléctrico Grijalva de la CFE. “La promesa gubernamental de evitar inundaciones en la planicie tabasqueña con la construcción de cuatro hidroeléctricas (1959-1987) a lo largo del histórico río Grande de Chiapas (Grijalva), desde 1957 a la fecha no se ha cumplido”, nos dice el colega Antonino García. Las represas pueden aumentar las inundaciones por la gestión avarienta de las empresas de electricidad.

En Boca del Cerro, en el cañón del Usumacinta cerca de Tenosique, amenaza una gran represa desde hace 40 años. Hace tres meses el presidente militar guatemalteco declaró en la prensa que había negociaciones con el presidente mexicano para construirla. Las obras fueron interrumpidas una vez en los años 1980 por la acción de la guerrilla guatemalteca. El proyecto sería tal vez de 420 megavatios de potencia (electricidad que sería exportada de la región) con una cortina de 120 metros. Se perderían diversas comunidades y lugares de valor ecológico y arqueológico, señas de identidad de enorme valor como fundamento de una confederación de nacionalidades mayas.

Al defender los ríos, se defiende una larga historia propia y se abre otro futuro. Los ríos Usumacinta y Grijalva (éste segundo con nombre de conquistador) unen cuencas hidrográficas en Tabasco, Campeche, Chiapas y Guatemala, las fronteras quiebran el contacto entre las partes altas y bajas de las cuencas. Los movimientos de resistencia no sólo binacionales sino plurinacionales, restablecen conexiones. Nuestros ríos son la vida, dicen.

Hay pues en Guatemala quien resiste y se coordina con los activistas y académicos mexicanos del Mapder, de Otros Mundos, y se apoya en la REDLAR (Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos), para lograr que el manejo del Usumacinta en esta frontera sur de México sea mejor que en la frontera norte, donde el delta del río Bravo (o río Colorado) se quedó sin agua en beneficio de Estados Unidos y en perjuicio de los habitantes del delta y de la propia vida del río.

*CTA-Universitat Autònoma de Barcelona

 

Organismos buscan evitar nuevas presas en el Usumacinta

Sergio Granda / CP

Delegados civiles de México y Guatemala se reunieron cerca de la presa Tenosique (antes Boca del Cerro) para definir estrategias que permitan hacer un frente común que frene el acuerdo binacional México-Guatemala para la generación hidroeléctrica sobre el río Usumacinta.
Como parte del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), participaron académicos e intelectuales, entre ellos el doctor Antonino García, de la Universidad Autónoma de Chapingo, quien presentó a los participantes un trabajo referente a la Alianza Binacional de Pueblos Mayas en Cuencas Transfronterizas.
Además del académico Joan Martínez Alier, de Barcelona, España, quien se dijo interesado en plasmar en sus próximas obras de investigación la lucha que ciudadanos mexicanos y guatemaltecos están realizando en defensa de los ríos.
Se analizaron las recientes declaraciones de los gobiernos de México y Guatemala, relativas a la construcción de hidroeléctricas sobre la cuenca del río Usumacinta.
Sobre el tema dijeron que no se respeta el acuerdo 169 de la OIT relativo a las consultas comunitarias, aseguran que pretenden despojar de patrimonio y territorio a quienes serían directamente afectados.
Marco Von Bolster, del MAPDER y Cristian Santiago, de Otros Mundos Chiapas, hablaron sobre la necesidad de continuar con las asambleas informativas que permitan a los posibles afectados tener una información clara y precisa sobre dichos acontecimientos que ponen en riesgo -río abajo- la zona arqueológica de Yaxchilán, así como varias localidades del vecino país de Guatemala.
A su vez, Agustín Tabalan, de Guatemala, informó que el denominado proyecto hidroeléctrico Boca del Cerro en el Usumacinta “ha sido suspendido varias veces; hay evidencias reales que la guerrilla guatemalteca durante el conflicto armado realizó actos de sabotaje, tirando los generadores y otros enseres al río, los que serían de utilidad para la puesta en marcha de dicha hidroeléctrica, y que en gran medida eso ayudó para que tanto del lado mexicano como guatemalteco no hubieran afectaciones”.
Finalmente adelantaron que este tipo de acuerdos binacionales para la construcción de hidroeléctricas sobre la cuenca del río Usumacinta, los pone en grave riesgo, toda vez que serían severamente afectados por tierras inundadas y obligados a un éxodo forzoso que desde luego es contrario a derecho, toda vez que ambos gobiernos tienen suscritos tratados y convenios internacionales y por lo tanto es imprescindible que se sujeten al Convenio 169,” donde se nos otorga el derecho a ser consultados”.

AUDIOS DE LA MESA DE REPRESAS EN EL SEMINARIO LAS VENAS ABIERTAS DEL CHIAPAS CONTEMPORÁNEO

Escuchar: AQUÍ

Moderador: Marco von Borstel, MAPDER

“Dinámicas entre gobierno y sociedad local: el conflicto-negociación generado por la presa la Angostura”
Víctor Alfonso Gallardo Zavaleta, UNICACH

“La Presa Cankuk”
Lorenzo Pérez, Cankuk

“El proceso de consolidación y retos del movimiento en defensa de los ríos en México, el caso del MAPDER”
Cristian Santiago, MAPDER / MOVIAC

“Presas y conflictos en las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta: historias crónicas, anticipadas y sofocadas”
Edith Kauffer, CIESAS Sureste

“La Alianza Binacional en Defensa del Territorio Maya”
Augustín Tebalán, Frente Petenero contra las Represas, Guatemala

“Represas: una falsa solución al tema climático”
Juan Pablo Soler, Movimiento Rios Vivos, Colombia / REDLAR

SEMINARIO ESPECIAL:

Jueves 31 de octubre de 2013 en El Paliacate Espacio Cultural a las 6pm

documental AGUAS REPRESADAS: entre la inundación y el desplazamiento

(Colombia, 2013, 65 min.)

con presencia de Juan Pablo Soler del Movimiento Ríos Vivos de Colombia

MISION INTERNACIONAL DE OBSERVACION DE DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA

Guatemala, 14 de Octubre de 2013

INFORME

En el marco del V Encuentro Latinoamericano de la “Red de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua” (REDLAR), realizado en la comunidad de Retalteco, Departamento del Peten en Guatemala, del 9 al 12 de Octubre del presente año, se llevó a cabo una Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos compuesta por 80 delegadas y delegados representantes de 45 organizaciones y redes provenientes de 14 países de América Latina, entre ellos: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El objetivo de esta Misión Internacional ha sido verificar las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población indígena y campesina de los Departamentos de Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz y Petén en el Estado de Guatemala. Como resultado, la Misión Internacional ha elaborado este Informe que contiene un conjunto de recomendaciones para atender las demandas y necesidades de las poblaciones afectadas en esta región a causa de los megaproyectos de represas y minería.

CONTEXTO

A pesar de los procesos de paz de 1996 en relación con el conflicto armado interno, las comunidades indígenas de Guatemala continúan siendo agredidas y violentadas en sus derechos y dignidad. La causa de ello puede encontrarse en la relación inseparable entre el capital y el poder político. Esta relación ha prosperado al amparo del modelo económico neoliberal que esta Misión Internacional entiende como la promoción y protección desde las instituciones del Estado de la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital tanto nacional como trasnacional.

Bajo el falso discurso del progreso y del desarrollo, esta relación ha hecho posible que las agendas de las instituciones del Estado de Guatemala sean diseñadas e impuestas por influyentes grupos económicos no sometidos al examen crítico de la sociedad guatemalteca en general, y de las comunidades indígenas que constituyen el 60% del total de la población en particular, profundizando con ello la crisis socioambiental causada por la extracción de agua y otros bienes comunes naturales. Los políticos guatemaltecos, en definitiva, no responden a las demandas de la sociedad sino a las necesidades del capital y la oligarquía nacional e internacional.

En este contexto, la gran mayoría de los procesos de extracción en Guatemala están ocurriendo en territorios indígenas cuya gestión histórica de las tierras suele ser colectiva. No obstante el régimen de protección internacional a que están sujetos estos grupos continúan siendo frecuentes las incursiones de agentes del Estado y de las corporaciones a los territorios de extracción. En nuestra opinión, lo que subyace a esta realidad es el control de los bienes comunes naturales que, desde la racionalidad instrumental propia del sistema capitalista, son relevantes sólo en la medida en que sirven de medio para alimentar un modelo de desarrollo que les permite generar enormes ganancias económicas al tiempo que profundiza las desigualdades sociales y daña irremediablemente los ecosistemas. Todo esto está dando lugar a la aparición de luchas de resistencia y construcción de alternativas.

RESULTADOS DE LA OBSERVACION

La Misión Internacional tuvo la oportunidad de visitar en el Departamento de Huehuetenango los municipios de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas; en el Departamento del Quiché el municipio de Ixcán; en el de Baja Verapaz, las comunidades de Ribacó y Peña del Angel del municipio de Purulha, y en el Departamento del Petén la comunidad Cooperativa La Técnica Agropecuaria del municipio de Las Cruces. Durante las visitas, la Misión Internacional pudo reconocer los escenarios del conflicto y recabar información de las diversas violaciones a los derechos humanos en esta región a través de entrevistas directas con testigos, autoridades locales y población en general.

En torno al Proyecto Hidroeléctrico Qambalam de la empresa española “Hidro Santa Cruz” -cuya inversión total supera ampliamente el presupuesto anual de la municipalidad de Barillas- esta Misión Internacional constató la gran oposición que ha generado entre las poblaciones potencialmente afectadas provocando diversos incidentes de violencia cuyo pináculo ocurrió el 28 de septiembre pasado en el contexto de una manifestación pacífica por parte de ciudadanos opositores.

De acuerdo con diversos testimonios, la policía se excedió en el ejercicio de sus funciones al dispersar la protesta que se desarrollaba de manera legal y pacífica en contra del megaproyecto Qambalam en el municipio de Barillas. El ataque de las fuerzas de seguridad -con lujo de violencia y gases lacrimógenos entre otros métodos de coacción- no se circunscribió sólo a los manifestantes. Quienes presenciaron los hechos relataron a los miembros de esta Misión Internacional que la violencia se extendió hacia sectores de la población civil entre quienes se encontraban niños, mujeres y ancianos. Por el impacto que supone a la vida de las personas, los testimonios han enfatizado de manera especial los allanamientos ocurridos a domicilios particulares.

En la actuación violenta de las autoridades, estas detuvieron arbitrariamente y en un auto no balizado- al defensor de los derechos humanos, luchador social y miembro de la resistencia pacifica de Posa Verde Maynor López, lo que provocó la reacción de pobladores de los municipios de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Nenton, la violencia posterior por parte de las autoridades.

Desde el 28 de septiembre hasta el día de la visita de esta Misión Internacional, los pobladores de los tres municipios del Departamento de Huehuetenango han podido reconocer efectos ulteriores vinculados a las amenazas, la intimidación, la represión y en general la violencia perpetrada hacia la población. Mientras en los niños y las niñas se registran deserciones y falta de rendimiento en la escuelas, las mujeres están presentando cuadros de estrés pos-traumático así como otras afecciones en su salud mental. En un caso, incluso, la tensión y el miedo provocaron la muerte de Eulalia Pascual Ramón, quien además se encontraba embarazada. En este sentido, la población fue enfática al manifestarnos temor por su vida pues la incursión de helicópteros y los gases lacrimógenos les recuerdan los tiempos del conflicto armado interno.

En general, el conflicto en torno al Proyecto Hidroeléctrico Qanbalam ha suscitado graves violaciones a los derechos humanos. A su paso por los territorios Qanjobales de Guatemala, “Hidro Santa Cruz” y el gobierno guatemalteco han generado un ambiente de persecución, encarcelamientos, heridos y, desafortunadamente, homicidios, como es el caso del asesinato de Andrés Francisco Miguel el primero de mayo de 2012. Todo ello a pesar de la amplia oposición al proyecto expresada en la Consulta de Buena Fe llevada a cabo por la propia comunidad -con la participación de 46,500 pobladores de los cuales más del 95% rechazó el proyecto.

Durante la visita al Ixcán, Departamento del Quiché, esta Misión Internacional observó una fuerte resistencia de la población en contra el Proyecto Hidroeléctrico Xalalá. De acuerdo con las entrevistas que realizamos, la población potencialmente afectada nunca han sido oportuna ni debidamente informadas por parte de la empresa o del gobierno. Adicionalmente, los pobladores testimonian las constantes intentos de incursión de los promotores del proyecto hidroeléctrico para infiltrase en los territorios y obtener fotografías para los estudios técnicos del proyecto. Así mismo, nos han denunciado que agentes e instituciones del gobierno principalmente del INDE han emprendido una campaña para dividir a las comunidades con el objetivo de legitimar el proyecto hidroeléctrico. Los distintos medios de comunicación privados son los otros instrumentos que el gobierno y las empresas utilizando para promocionar y justificar las hidroeléctricas como proyectos que aportan desarrollo para todos, energía a bajo costos para todos y empleo para el pueblo y otros supuestos beneficios, y provocan miedo a la población argumentando falsedades al afirmar que al no construirse hidroeléctricas, habrá crisis de energía en Guatemala.

En otras de nuestras visitas, esta Misión Internacional recorrió las comunidades de Peña del Angel y Riva-Co, en el municipio de Purulha, Departamento de Bajo Verapaz donde sostuvimos reuniones tanto con representantes comunitarios como con la población en general. De acuerdo con ello, la principal problemática expuesta es la construcción de las represas impulsadas por las empresas “Hidro Sulin” S.A en el Río Peña del Angel y “Fuerza Hídrica” en el Río Wachabajo y Río Riva-o, las cuales han sido rechazas categóricamente por los habitantes de esas poblaciones. En estos casos, los pobladores manifestaron que sin una consulta de por medio, se han iniciado la construcción de megaproyectos. Así mismo, nos hicieron saber que a través de engaños y manipulación, la empresa “Hidro Sulin” adquirió tierras en la comunidad de Peña del Ángel para la construcción de infraestructura y el traslado de materiales, equipo y personal técnico. Estas obras han causado impactos socioambientales en la región.

Por su parte, la empresa “Fuerza Hídrica” no ha presentado una evaluación de impacto ambiental en relación con la represa que se esta construyendo para que se discuta con las comunidades afectadas. Por otro lado, supuestos empleados de la empresa han suspendido el abastecimiento de agua a la comunidad de Riva-Co desde el mes de septiembre de este año, como una medida de presión hacia esta comunidad opositora. Igualmente, esta oposición ha generado que comunidades vecinas aliadas a la empresa tengan una actitud agresiva contra la comunidad Riva-co. De acuerdo con versiones de habitantes de la comunidad de Riva-co, la empresa “Fuerza Hídrica” ha interpuesto dos denuncias penales contra habitantes de Riva-co como otra medida de presión.

La Presa Sacja ha sido construida en el área de Sierra las Minas. Esta causa daños irreparables en los ecosistemas y en la economía de los habitantes, causado por la reducción del cause del río que ha llegado al 10% de su caudal.

Por último, visitamos la comunidad Cooperativa La Técnica Agropecuaria, ubicada en las márgenes del Río Usumacinta. La Técnica forma parte de las comunidades que serían afectadas por los proyectos hidroeléctricos del Usumacinta que impactarían con la inundación de tierras, de sitios sagrados, bellezas naturales, de biodiversidad y sus tierras de cultivo. Cabe señalar que el municipio de Las Cruces llevó a cabo su consulta comunitaria en el 28 de abril de 2012 donde más del 90% manifestó su rechazo a la construcción de las represas en el Usumacinta, de los cuales no han sido consultados ni informados.

CONCLUSIONES

Por los testimonios recabados así como por las fotografías, videos y documentación a los que tuvimos acceso durante nuestros recorridos, esta Misión Internacional está convencida de que en los procesos relacionados con la promoción y construcción de represas hidroeléctricas en los territorios visitados, el gobierno de Guatemala y las empresas involucradas violan sistemáticamente los derechos humanos de comunidades indígenas.

El conjunto de derechos humanos violados no sólo incluyen los derechos civiles y políticos en lo que toca a la seguridad personal y jurídica, la libertad de expresión, manifestación y tránsito, el acceso a la información, el derecho a la consulta y el derecho a participar en condiciones de equidad en los planes de desarrollo sino que, por la naturaleza de los proyectos hidroeléctricos, las afectaciones se han extendido hacia el conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales entre los que hemos logrado identificar el derecho a la salud en todas sus dimensiones, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la educación, al agua, a la cultura, a la tierra y a un medio ambiente sano. De igual modo hemos constatado que la actuación de las autoridades y el modo de operar de las empresas viola derechos de grupos vulnerables específicos como los derechos de los niños y niñas, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas así como el derecho a la paz.

La Misión Internacional concluye que ni el gobierno ni las empresas inversoras, ya sean nacionales o transnacionales, cuentan con la licencia social necesaria para la implementación de hidroeléctricas, minas u otro tipo de megaproyectos en los territorios visitados. Ello ha quedado patente en las diversas Consultas Comunitarias de Buena Fe en donde la gran mayoría de la población se ha pronunciado en contra de los proyectos que afectan sus vidas y territorios. A pesar de ello, tanto el Capital y el Poder Político insisten en llevarlos a cabo por la vía de la imposición, la corrupción, la ilegalidad y la violencia. Esta Misión Internacional constata un patrón sistemático de violación a los derechos humanos deliberado y al servicio de los intereses de las empresas inversoras.

Por todo lo anterior, esta Misión Internacional sostiene que el Gobierno de Guatemala no solo ha hecho caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas del 2000, sino que ha violado en estas regiones los siguientes Convenios, Pactos y Protocolos sobre Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) signados por el Estado de Guatemala:

1) La Declaración Universal de los Derechos Humanos;

2) La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos;

3) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

4) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

5) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas;

6) El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes;

7) La Convención sobre los Derechos del Niños;

8) La Convención Americana sobre los Derechos Humanos;

9) El Protocolo Internacional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional (Protocolo II)

10) Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-.

11) El Protocolo de San Salvador de la OEA.

RECOMENDACIONES

Luego de su visita a los territorios señalados, esta Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos recomienda:

I. La cancelación definitiva de los proyectos de represas y minería, así como la salida inmediata de las empresas de los territorios de extracción ya que no cuentan con licencia social por parte de las comunidades;

II. El cese inmediato a la militarización del territorio y a la violencia contra las comunidades en resistencia civil pacífica;

III. La reparación suficiente y culturalmente apropiada de los daños en sus diversas modalidades:

* Indemnización por parte del gobierno y las empresas involucradas por los daños causados por estos conflictos.

* Reparación integral de los daños psicológicos, económicos, culturales, ambientales, de salud, entre otros referentes a sus derechos humanos.

* Hacemos eco de las demandas de la población afectada en el sentido de exigir las disculpas públicas por parte del gobierno guatemalteco por la violación a los derechos humanos por parte de las empresas privadas involucradas en estas violaciones; de las representaciones de Naciones Unidas en Guatemala por su silencio y omisión pese a tener conocimiento del conflicto; y del gobierno de España toda vez que sus representaciones diplomáticas en el país no han evitado la violación de los Derechos Humanos de las empresas españolas.

IV. Elevar la denuncia de violaciones a los derechos humanos al sistema universal de protección de la Organización de las Naciones Unidas, así como al sistema regional de la Organización de los Estados Americanos;

V. La presencia de los relatores correspondientes de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y en especial de los Derechos Indígenas;

VI. El retiro inmediato del financiamiento de la Banca Multilateral y privada a los proyectos involucrados en la violación de derechos humanos;

VII. No considerar estos proyectos como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) pues además de que no cuentan con los requisitos necesarios para ello son una falsa solución al reto que supone el Cambio Climático;

VIII. Que el Estado Guatemalteco garantice los mecanismos, a través de instrumentos adecuados y verificables, para la protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y de los Pueblos Indígenas;

IX. Que se suspenda la criminalización, persecución, hostigamiento, amenazas, órdenes de aprehensión a lideres comunitarios y defensores y defensoras de los derechos humanos. Así mismo, que se libere de manera inmediata a quienes se encuentran presos a causa de la defensa de los derechos humanos.

X. Suspender de manera inmediata la militarización y presencia policiaca que haya generado estos conflictos en la región;

XI. La aceptación del caso “Barillas” por parte de la Organización Amnistía Internacional;

XII. Respeto y reconocimiento a las decisiones de los pueblos determinadas en las consultas comunitarias de buena fe donde se rechazaron en consenso los megaproyectos.

XIII. Que se finquen responsabilidades administrativas y penales a las autoridades y funcionarios de las empresas privadas que hayan cometido violación a los Derechos Humanos;

XIV. Cumplimiento de las recomendaciones que hiciera el Relator para los Derechos de los Pueblos de Indígenas de las Naciones Unidas sobre el tema;

XV. El respeto a las autoridades municipales y comunitarias por ser representativas, legítimas y legales;

XVI. Garantizar la adecuada asistencia a la salud y acompañamiento psicosocial a la población afectada.

Firmamos:

* Por Argentina. Organización Piuké de Bariloche Patagonia, Asociación Civil Nativos y Grupo Ecologista Cuña Pirú;

* Por Belice. Institute of Enviromental Law and Policy;

* Por Brasil. Movimiento de Afectados por las Represas (MAB);

* Por Chile. Patagonia sin Represas Chile, Coordinadora Regional Anti Represas de la Región de Aysén;

* Por Colombia. Movimiento Ríos Vivos, Asociación Campesina Agroecológica de la Región de Boquerón;

* Por Ecuador. Acción Ecológica, Red de Ecologistas Populares;

* Por El Salvador. Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP), Movimiento Nacional Anti Represas de El Salvador (MONARES), Colectivo Ríos Vivos, Colectivo de Energía, Centro de Tecnologia Apropiada (CESTA)/Amigos de la Tierra El Salvador, Coordinadora Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)/CLOC Vía Campesina, Comunidad Octavio Ortiz en el Bajo Lempa, Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), Fundación Promotora de Cooperativas, Coordinadora del Alto Lempa (CORAF-CIMARRON);

* Por Estados Unidos. Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA);

* Por Honduras. Coordinadora Ambiental de Occidente, Acción Popular Hondureña (ACPH), Vía Campesina Honduras, Red Ambientalista;

* Por México. Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Otros Mundos/Amigos de la Tierra México, Acción Colectiva Socioambiental, Bios Iguana, Colectivo Hijos de la Tierra, Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Consejo Intercomunitario de la Cuenca del Río San Pedro, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde, Servicios por una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (Lavida), Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, Consejo de Comunidades Unidas de Centla, Agenda MX Veracruz, Casa Jaguar de Madera, Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP Chiapas), Cooperativa Nueva Luna Chiapaneca, Fundación ENBIT, Koman Ilel, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA);

* Por Panamá. Red Nacional para la Defensa del Agua, Movimiento 10 de Abril para la Defensa del Río Tabasará, Asociación Ambientalista de Chiriquí, Coordinadora para la Defensa de las Tierras y Aguas de Cocle, Alianza Ambientalista Pro Defensa Unidos por Panamá, Red Nacional de Defensores del Agua, Colectivo Voces Ecológicas;

* Por Paraguay. Organización Fedayim, Sobrevivencia/Amigos de la Tierra Paraguay;

* Por Perú. Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC);

* Por Uruguay. Radio Mundo Real/Amigos de la Tierra Internacional;

* Redes Regionales. Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA), Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos sus Comunidades y el Agua (REDLAR), Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC) de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, Collectif Guatemala (Francia).

V ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA CONTRA REPRESAS Y POR LOS RÍOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA.

DECLARACIÓN DEL PETÉN

Entre el 7 y 12 de octubre de 2013 se realizó en Guatemala, en la comunidad Retalteco, municipio de las Cruces, El Petén, el V Encuentro de la REDLAR con la participación de 537 delegados y delegadas de comunidades afectadas por represas de 14 países latinoamericanos.

Inicialmente las delegaciones internacionales realizaron visitas a comunidades amenazadas por la construcción de represas en Huehuetenango, Ixcán, Purulhá y Petén. 

Durante el evento se compartieron informaciones, se analizaron las políticas e intereses que están detrás de la construcción de represas y discutieron estrategias de acción conjunta.  

La realidad demuestra que en todos los países se vive un política extremadamente agresiva que promueve la explotación de los bienes naturales y profundiza el modelo extractivista que antepone los intereses de los poderes económicos y políticos al bienestar de la mayoría de la población, lo que requiere de cada vez de más energía y minerales, para satisfacer las necesidades del mercado.  En su ambición éste sistema alienta un consumo depredador, que pone en riesgo la vida de todos los seres vivos, atentando contra la subsistencia de las comunidades más pobres y vulnerables, afectando particularmente a mujeres y niños. 

Las empresas y gobiernos  no dudan en utilizar engaños y violencia con tal de apropiarse de nuestros bienes comunes.   En la actualidad estamos viviendo un nuevo despojo hacia los pueblos originarios.  

La alianza entre gobiernos y las corporaciones propicia la falta de información y consulta a las comunidades, la el despojo y desplazamiento a los pueblos originarios y tradicionales, el incumplimiento a la de reparación del daño por represas construidas, la adecuación de las legislaciones nacionales a la medida de los intereses de las grandes empresas, la parcialidad de los sistemas de justicia, la militarización de las regiones y comunidades que defiende su territorio y la persecución judicial, secuestros, torturas y asesinados de defensoras/es de derechos, son el común denominador en nuestros países latinoamericanos.

Nuevamente se constatan los graves daños sociales y ambientales generados por las represas, que afectan negativamente la tierra, alimentación, vivienda, salud y otros derechos humanos de millones de personas y de la naturaleza.  Esta alianza promueve proyectos mineros y petroleros que se apropian, extraen contaminan y mercantilizan el agua.  La promesa del desarrollo no es más que el espejismo con el que engañan a las comunidades.   

Las represas hacen parte de un discurso que propone falsas soluciones.  No son energía limpia, son destructivas y contaminantes, causan efectos ambientales y sociales irreversibles, alteran el curso de los ríos, provocan desplazamientos masivos, acaparamiento de tierras, destrucción de la biodiversidad y divisiones comunitarias. 

El aumento de los conflictos sociales es provocado por la imposición a las comunidades de los planes gubernamentales, sin contar con su consentimiento libre, previo e informado.   La REDLAR  promueve los derechos de las personas, la defensa de la naturaleza y la justicia social. 

Después de seis días de compartir saberes y experiencias:

-Reafirmamos el compromiso de continuar con la defensa de los ríos y la vida, y resistir a la imposición de los megaproyectos.   

-Proponemos transformar el modelo energético actual por uno que reconozca y respete los saberes ancestrales; priorice las necesidades de los pueblos ante los intereses del mercado global; donde la energía no se conciba como una mercancía, sino como un derecho fundamental de los pueblos, dentro de una lógica de consumo responsable y formas de generación respetuosas de los derechos de la Madre Tierra. 

-Exigimos a los Estados latinoamericanos la indemnización, reparación y compensación integral del daño a las comunidades desplazadas por represas

-Demandamos el respeto a los derechos de las comunidades donde se pretende construir nuevas represas, en base a los parámetros definidos por convenios internaciones de protección a los derechos humanos e indígenas, respetando su derecho a decir NO, respetando los resultados de las consultas comunitarias, plebiscitos y otros mecanismos de toma de decisiones. 

-Condenamos los asesinatos, secuestros, torturas, represión, criminalización y judicialización a las comunidades y defensores/as de derechos.

-Manifestamos nuestra especial solidaridad con los hermanos hondureños de COPINH, de Santa Cruz Barillas y Cobán, que están siendo criminalizados por su lucha.

-Convocamos a nuestras hermanas y hermanos en toda América Latina: 
A mantener con firmeza nuestra resistencia y lucha por la defensa de la sagrada vida, por la Madre Tierra, los ríos y el agua.
A fortalecer las redes y movimientos locales, nacionales y regionales contra las represas y en defensa del territorio.
A promover alianzas estratégicas con otros movimientos del campo y la ciudad que luchan por sociedades con justicia y dignidad.

AGUA, TIERRA Y ENERGÍA, NO SON MERCANCÍA
RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE
RÍOS LIBRES, PUEBLOS LIBRES
EL AGUA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE

RED LATINOAMERICANA CONTRA REPRESAS Y POR LOS RÍOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA –REDLAR–

Retalteco, 12 de octubre de 2013

VER la Conferencia de prensa del V Encuentro Redlar en Guatemala
http://www.livestream.com/lostejemedios/video?clipId=pla_474a188e-946c-4550-b8d5-745539deb538&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb