Veracruz, México: resistencia a la construcción de 112 presas, muchas de ellas sin autorización ni conocimiento previo de las comunidades

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En Veracruz, al sur de México, se proyecta la construcción de 112 presas y seis hidroeléctricas sin la autorización de las comunidades, que en las últimas semanas se movilizaron en diversos municipios de la cuenca del río La Antigua y lograron la intervención estatal en la inspección a la constructora Odebrecht, cuyos trabajos podrían generan en caso de arrastre del río la inundación de varios territorios.

Además de no contar con la autorización de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la presa La Antigua se prevé construir en una zona donde se sabe existe una falla sísmica, por lo cual sería una bomba de tiempo para las comunidades ribereñas tanto de La Antigua como de ríos conexos.

Desde hace cuatro años, los habitantes de la región accedieron a documentos donde se expresaba la intención de construir esta presa por parte de la constructora multinacional de origen brasileño, aunque no obtuvieron información de fuente oficial.

Aún hoy, con la empresa instalada y realizando trabajos de exploración previa, los cuales ya han acumulado materiales en el cauce del río -que podrían significar un riesgo para las poblaciones de Jalcomulco, Apazapan, La Antigua, Paso de Ovejas, Emiliano Zapata, Teocelo, Xico e Ixhuacán de los Reyes, totalizando 1,2 millones de personas- la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de la Unión Mexicana sostiene que “no existe proyecto” al no contar con una solicitud de estudio de impacto ambiental.

En cambio, desde el pasado 20 de enero, las comunidades han salido a las carreteras del estado, bloqueándolas, para llamar la atención de las autoridades.

Así lo comentó a Radio Mundo Real, consultado por nuestra colaboradora en México e integrante del colectivo Hijxs de la Tierra Mónica Montalvo, Emilio Rodríguez, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

Veracruz cuenta con 18 cuencas hídricas las cuales concentran (“producen”) el 30 por ciento del agua dulce mexicana, pese a lo cual, como fue dicho, se proyectan construir 112 presas. Muchas de ellas, como la de La Antigua, se construirían en zonas declaradas “de veda”, es decir impedidas de nuevos megaproyectos, al constatarse oficialmente la drástica pérdida de biodiversidad de este estado sureño mexicano.
“Daría la vida por el río”

La economía de las comunidades costeras de La Antigua es fundamentalmente rural, pesquera y de eco-turismo, con diversidad de cultivos y abundancia de agua que les brinda gran calidad de vida, señalan algunos de los protagonistas de la resistencia, consultados para el informe de audio adjunto. “Daría la vida por el río”, dice otra de las participantes de la resistencia.

“Para las comunidades de la cuenca no habrá beneficios. Habrá beneficios para un pequeño grupo de personas, el sistema político. Y para la empresa, que si se vino de Brasil hasta acá es porque hay negocio”, indicó uno de los participantes en los bloqueos que impidieron a Odebrecht acceder a su obrador.

El bloqueo de carreteras fue implementado porque Odebrecht ya agotó el tiempo de 80 días para realizar los estudios de suelo en el predio conocido como Tamarindo, agregan. Y para romper la pasividad de las autoridades. Nueve horas después de bloquear la autopista federal Jalapa-Veracruz, el gobierno del estado veracruzano convocó a las organizaciones.

Y posteriormente las entidades estatales enviaron una inspección que certificó que se trata de acciones irregulares de la constructora, al tiempo que la conminó a remover a la brevedad un “islote” de materiales generado en pleno cauce del río.

Además de las ocho cabeceras municipales, en total serían 42 las comunidades afectadas por la presa para la cual Odebrecht prepara el terreno. Según medios digitales del estado de Veracruz, los ejidatarios –propietarios comunitarios de tierra de acuerdo con la reforma agraria de inicio de siglo XX en México- se resisten a que sus predios queden sumergidos por el proyecto de represamiento.

“Todo lo pasan por alto, quieren que uno respete las leyes y ellos no respetan nuestras tierras, igual que con las reformas cuándo nos consultaron; lo terrible es que hacen negocio con nuestras tierras y ni siquiera consultan primero” dijo el ejidatario Jorge de Tlaltetela.

Ver testimonios en video:

http://youtu.be/bG3kG8rMCXk

Hidroeléctricas: el despojo pintado de verde y la lucha por los ríos como bienes comunes

Por: M. Edelmira García Martínez. Surbversiones.org

Resistencias que confluyen

El flujo del río Apatlahuaya será interrumpido para ser reconducido por un túnel que conecta con una tubería que cumple la función de una gran vena de acero, por la cual el agua circulará cuesta abajo a lo largo de 800 metros. De esta forma, se logrará la fuerza hídrica suficiente para que la casa de máquinas genere 42 megavatios de electricidad para el capital privado. Se trata del caso de la primera mini hidroeléctrica inscrita en el Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL que ha sido construida en la sierra de Zongolica del estado de Veracruz. Estudios realizados por la CFE indican que se tienen identificados 510 sitos para la instalación de hidroeléctricas en los ríos de todo el país, de éstos, más de 100 se ubican en el estado de Veracruz. Otros estados considerados con gran potencial hidroenergético son Chiapas, Tabasco, Oaxaca, y Guerrero. No necesitamos mayor información técnica para poder imaginar la magnitud del desastre ecológico si todos estos proyectos llegan a concretarse desviando las afluentes naturales de los ríos. Sin embargo, estos proyectos son promovidos por el Estado como proyectos que ayudarán en el cuidado del medio ambiente.

En la mayoría de los territorios donde se encuentran los sitios elegidos para la instalación de las hidroeléctricas habitan pueblos originarios. Y al igual que en el pasado, la función que cumple el Estado es una política colonizadora que permite la invasión de territorios por parte de las transnacionales, interesadas en extender sus inversiones hacia nuevos mercados. Como ocurrió en Zongolica, se trata de proyectos para los que se realizan estudios de suelo o incluso comienzan a ser instalados sin que medie ningún tipo de información pública hacia la población que será afectada. Sin embargo, en la medida en que el rumor sobre la construcción de hidroeléctricas se extiende hacia los pueblos asentados en las cuencas hidrícas del país, las resistencias colectivas a estos proyectos emergen y comienzan a interconectarse en una lucha común: el intento por impedir la privatización del flujo del agua en sus ríos. En las comunidades se articulan claros argumentos que sostienen las resistencias, la lucha que emprenden es por los bienes naturales que permiten la reproducción de su forma de vida; por el derecho al usufructo del agua que no pueden concebir para el uso exclusivo de empresas sin rostro; para impedir la invasión de sus territorios y; por el derecho a la vida.

Las resistencias comenzaron a confluir hace ya diez años, cuando nació el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos

Existen resistencias sistemáticas que se han mantenido ya por muchos años –algunas llevan ya más de 40 años–, las cuales emergieron como potente protesta a las grandes represas que inundaban grandes extensiones de tierra provocando el desplazamiento y desalojo forzoso de poblaciones enteras. Un ejemplo es el pueblo Chinanteco, afectado por la presa Cerro de Oro en Oaxaca, que continúa luchando por el resarcimiento de daños y lo que llaman la deuda histórica por las represas. Estas antiguas resistencias y las que recientemente emergen, comenzaron a confluir hace ya diez años, cuando nació el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). En este espacio de lucha participan frentes estatales, organizaciones sociales y civiles, y comunidades afectadas por las presas hidroeléctricas, de irrigación, y de usos múltiples. A través del MAPDER recientemente se realizó la Pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, en la que fueron presentados 11 casos. Desde el MAPDER las luchas, se conectan a nivel continental en la Red Latinoamericana Contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR). El V Encuentro de esta red, fue celebrado recientemente en la comunidad de Retalteco, municipio de las Cruces, el Petén, Guatemala, del 7 al 12 de octubre 2013, con la participación de 537 personas de 14 países latinoamericanos.

De esta forma, se extiende la lucha por el libre fluir de los ríos, hacia comunidades y pueblos que resisten a estos proyectos, desde una perspectiva de cuidado e interdependencia con la naturaleza. Mientras tanto el capital genera ininterrumpidamente nuevos mecanismos de expansión, como el Mercado de Bonos de Carbono de reciente creación.

Mercado de Bonos de Carbono o Comercio de Emisiones

Durante las últimas tres décadas el fluir desenfrenado de capital transnacional hacia territorio nacional mexicano, ha utilizado como vehículo complejas e intrincadas formas de mercado. Uno de estos nuevos dispositivos para la inversión capitalista, es el denominado “Mercado de Bonos de Carbono” en el que se busca insertar a los proyectos hidroeléctricos que en la actualidad emprende la iniciativa privada y promueve el Estado.

El “Mercado de Bonos de Carbono” también llamado “Comercio de Emisiones”, tuvo su génesis en la década de los noventa construyendo su justificación ideológica en el énfasis que a nivel global se dio a la problemática del Cambio Climático. El primer antecedente ocurrió en el año de 1992 cuando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptó la Convención Marco sobre Cambio Climático [1]. En dicha Convención se estableció el objetivo de lograr estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Cinco años más tarde (año 1997) a esta Convención le fue añadido el Protocolo de Kyoto, a través del cual se establecieron medidas jurídicamente vinculantes a los Estados firmantes.

El Protocolo de Kyoto ordena medidas diferenciadas a los países desarrollados o industrializados y a los países en desarrollo. Los países desarrollados debieron asumir compromisos cuantitativos de reducción de emisiones, que deberían cumplir en una primera etapa entre los años 2008-2012 [2]. Por otro lado, la participación de los países en desarrollo se acota a los llamados “Mecanismos de Desarrollo Limpio” (MDL), aplicables a proyectos cuya actividad productiva reduzca o prevenga las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2). El MDL permite a los proyectos considerados verdes –de los sectores energía, transporte, industria, agricultura, silvicultura, gestión de desechos–, la obtención de Unidades Certificadas de Reducción de Emisiones, abriéndoles la posibilidad de vender bonos de carbono a las empresas contaminantes. De esta forma comenzó un proceso que contradice el loable compromiso que los Estados Nacionales hicieron con el medio ambiente. En pocas palabras, lo que en realidad fue generado a través del protocolo de Kyoto, con auspicio de organismos internacionales como el Banco Mundial [3] y el Fondo Monetario Internacional, fueron nuevas área para la inversión capitalista como el ya mencionado Comercio de Emisiones.

El nombre genérico mercado de Bonos de Carbono o Comercio de Emisiones, se creó para establecer una serie de instrumentos económicos y de mercado, que funciona a través de la distribución de permisos de emisiones a las empresas contaminantes que al negarse a reducir sus niveles de contaminación por resultarles más costoso, hacen opción por la compra de bonos de carbono. Dichas compras se hacen a las empresas “limpias” que cuentan con el instrumento llamado Certificado de Reducción de Emisiones. De esta manera se puso en marcha un complejo sistema financiero en el que se estableció el valor de cambio del dióxido de carbono (CO2), creándose una serie de equivalencias falsas entre las emisiones industriales y la absorción de carbono de los ecosistemas. Para hacer posible el intercambio comercial se estableció una unidad de medida: el Bono de Carbono. Cada uno representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono. Estos bonos son pues, para el comercio de emisiones, el bien canjeable con un precio establecido en el mercado. Además de la complejidad para entender su funcionamiento, este sistema entraña una perversidad mayúscula, la cual consiste en que a partir del Mecanismo de Desarrollo Limpio, las empresas contaminantes pueden comprar Bonos de Carbono a las empresas que han desarrollado este tipo de proyectos “limpios” y así cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones, sin reducir los niveles de contaminación en sus propios procesos de producción.

Los proyectos insertos en la llamada “Economía Verde” –sostiene Fabrina Furtado— encuentran su justificación en la ideología difundida por la economía neoliberal que intenta “legitimar al capital privado como el único sujeto social capaz de salvar tanto a la economía como al planeta”. Uno de los argumentos neoliberales, es la pretensión falaz de que la ciencia y la tecnología modernas desarrolladas en los países del primer mundo, tienen el potencial de aplicación en proyectos que permiten procesos productivos no contaminantes. Sin embargo, el problema de fondo estriba en el hecho de que la Economía Verde representa para el capitalismo neoliberal la apertura de un ambicioso campo para emprender lucrativos negocios, y una renovada estrategia de invasión territorial desde la apropiación (y tendencialmente la privatización) de recursos vitales tan preciados como el agua.

La participación del gobierno mexicano en el Comercio de Emisiones ha sido notable a nivel mundial, pues es el país de los pertenecientes al grupo II en el Protocolo de Kyoto (clasificados como países en desarrollo), que ha realizado más acciones conducentes a crear instituciones, adaptar legislaciones internas, desmantelar o reestructurar organismos estatales, establecer alianzas comerciales y crear los mecanismos necesarios que permitan desarrollar el MDL, y de forma simultánea la privatización de recursos y servicios. Hasta la fecha, en el área de energías renovables, en México se han impulsado y desarrollado con mayor énfasis proyectos de generación de energía eólica y energía hídrica. Revisamos a continuación el área de inversión de las energías renovables, desde el caso específico de las hidroeléctricas.

Hidroeléctricas privadas – despojo de los afluentes de agua

Desde hace más de dos décadas de forma acelerada, las hidroeléctricas han sido impulsadas por el Estado mexicano y desarrolladas por las empresas como proyectos limpios generadores de energía eléctrica y de bonos de carbono. La gravedad de estos proyectos no es solamente la privatización paulatina de la generación de energía eléctrica, sino también la apropiación del agua que fluye en los ríos, por parte de empresas transnacionales a partir de concesiones que duran de 25 a 30 años y que pueden ser renovables.

En 1992 fue reformada la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para poder otorgar permisos de producción de energía a personas físicas o morales, a través de figuras como, el autoabastecimiento, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción, o la importación o exportación.

Para hacer factible la producción de energía eléctrica en manos de empresas privadas, se comenzaron a realizar cambios estratégicos en materia jurídica desde el gobierno salinista. En este tiempo fueron realizadas importantes reformas a la constitución –particularmente las reformas al artículo 27 que genera condiciones para que la tierra ejidal pueda ser vendida–, y a algunas leyes secundarias. Entre las leyes secundarias, fue reformada la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica –publicada en el diario oficial de la federación en el mes de diciembre de 1992–, en la que se facultó a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, para otorgar permisos a personas físicas o morales para la producción de energía, a través de figuras como, el autoabastecimiento, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción, o la importación o exportación (artículo 36). Después se comenzaron a otorgar permisos para la producción de energía eléctrica a empresas particulares, aun cuando el artículo 27 constitucional continua estableciendo la exclusividad de la nación en su producción, distribución y abastecimiento [4]. Los proyectos para autoabastecimiento son los que pueden insertarse en el mercado de bonos de carbono significando un doble negocio, la venta de energía eléctrica y de bonos de carbono. Estos son los proyectos que han resultado ser los más atractivos para las transnacionales.

A raíz de estas modificaciones la CFE, antes dedicada al desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas, comienza a hacer estudios para determinar el mini, micro y pequeño potencial hidroenergético. Esto no resulta extraño si consideramos que las denominadas pequeñas centrales o “mini-hidroeléctricas”, según las reformas a la Ley de Servicio Publico de Energía Eléctrica, son las que pueden ser desarrolladas desde la figura de auto-abastecimiento por las empresas privadas (con la ventaja adicional de que se interconectan a la red pública). Los primeros estudios de factibilidad para la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas, a lo largo de los ríos del país, fueron realizados por la Comisión Nacional de Energía (CONAE) [5], hoy Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía CONUEE. Estos estudios proponían la generación de energía hídrica con el modelo llamado al filo del agua, el cual consiste en el aprovechamiento de los desniveles naturales de los ríos para producir electricidad con la fuerza de la caída del agua, sin almacenarla y sin realizar desvío de sus afluentes naturales. Los estudios de la CONAE son retomados por las empresas, sin embargo, para hacer más rentables los proyectos están construyen presas de derivación, consistentes en represas en las que se retiene el agua, para luego desviarla hacia un sitio río abajo que les permita mayor fuerza de agua para producir más electricidad.

Esta forma irracional de apropiación absoluta de la naturaleza por parte del capital, requiere que sus razones justificadoras sean aceptadas por la población común. Para lograrlo se construye un imaginario colectivo en el que estos proyectos que despojan a las comunidades de sus afluentes de agua, son presentados desde una concepción de desarrollo limpio. Los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, han tenido un papel fundamental en la aceptación de estos proyectos, que van logrando implantarse como proceso natural hacia la modernización, al que ineludiblemente avanzamos desde el único camino transitable para México en su articulación con la economía mundial.

En 2010, el 48% de la generación de energía eléctrica en el país la realizan empresas privadas, entre ellas Iberdrola, Unión Fenosa, EDF Internacional y Mitsubishi.

De forma paralela a las reformas estructurales realizadas en la economía del país se comenzaron a formar y/o a reconfigurar redes importantes de relación entre político-empresarios mexicanos y representantes del capital transnacional. Un ejemplo reciente es el caso de Georgina Kessel, quien fuera secretaria de energía en el gobierno de Calderón y actualmente trabaja para la transnacional Iberdrola. Para el año 2010, el 48% de la generación de energía eléctrica en el país la realizaban ya empresas privadas, entre ellas las transnacionales españolas Iberdrola y Unión Fenosa, la francesa EDF Internacional, y la japonesa Mitsubishi. Del año 1994 al año 2011, entre los periodos de gobierno de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón se habían otorgado un total de 772 permisos, de los cuales 595 corresponden a auto-abastecedores. Desde la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto el gobierno mexicano firmó convenios para apoyar los proyectos de reducción de emisiones con Alemania, Australia, Dinamarca, Canadá, España, Francia, Italia, Países Bajos y con el Banco Japonés de cooperación internacional, y a través de la SEMARNAT creó el Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR).

Estos proyectos muestran un ejemplo claro de que en México padecemos un sistema de Estado que mantiene una marcada y muy grave disociación entre las políticas de Estado, los problemas ambientales, y los derechos de los pueblos y de los ciudadanos.

Fuentes y notas

Fernández Vega, Carlos. México SA, en periódico La Jornada 24/01/11 y 8/03/11.
Furtado, Fabiana. 2012. Economía Verde. La nueva cara del capitalismo. Jubileo Sur/Américas, Río de Janeiro, Brasil.
Lohmann, Rarry. 2012. Mercados de Carbono. La neoliberación del clima. Ediciones Abya Yala, Universidad Politécnica Salesiana. Quito, Ecuador.
Vázquez García, Aquilino. “El Mercado de los Bonos de Carbono”. Perspectivas de Derecho Ambiental.

[1] Actualmente 195 países se encuentran adheridos a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

[2] Durante la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático realizada en Doha en el año 2012, 37 países desarrollados (potenciales clientes del mercado de bonos de carbono) firmaron una extensión del Protocolo de Kyoto. El acuerdo hecho fue mantener el Protocolo de Kyoto como medida transitoria hasta el año 2020.

[3] El Banco Mundial creo con este propósito el “Prototype Carbon Found-PCF”, fondo multinacional integrado por Canadá, Finlandia, Noruega, Suecia, Holanda y el Japan Bank for International Cooperation, más 17 empresas energéticas, financieras y comerciales más importantes de Japón y Europa y los principales bancos de los países industrializados.

[4] Este es uno de los aspectos incluidos en la actual propuesta de reforma energética planteada por el actual gobierno de Peña Nieto.

[5] En 1994 se realiza el estudio denominado “Estudio de la situación actual de la minihidráulica nacional y potencial en una región de los estados de Veracruz y Puebla”, que estudió 6 ríos (Bobos-Nautla, Actopan, la Antigua, Tuxpan, Cazones, Tecolutla) y sus 57 afluentes o ríos tributarios. En el 2003 se estudió la cuenca de los ríos Blanco, Jamapa y Pescados (Veracruz). En 2004 se estudiaron los dos afluentes del río Toto, los ríos Apatlahuaya y Moyotepec, en la Sierra de Zongolica Veracruz.

Movilización por la Declaración de Ríos y Territorios Libres en la Sierra Madre del Sur y Llanura Costera en Chiapas

Las comunidades agrupadas en La Voz del Pueblo se levantarán, en un acto que dará comienzo a las 10am, para dar a conocer a la opinión pública la Declaración de Ríos y Territorios Libres en la Sierra Madre del Sur y Llanura Costera en Chiapas, que se llevará a cabo el día 10 de diciembre en la Parque Central Miguel Hidalgo en Tapachula, Chiapas.

AUDIO INVITACIÓN
https://soundcloud.com/sancristencia/sets/promo-declaraci-n-de

El otorgamiento de licencias para la construcción de nuevas represas y la exploración y explotación minera en el estado de Chiapas gozan de una nula participación social, tanto de las comunidades afectadas directa e indirectamente, así como de otros actores sociales. Esto se observa claramente en las zonas Sierra y Costa Sur del estado, donde los tres niveles de gobierno y las empresas que impulsan dichos megaproyectos no han respetado el derecho al consentimiento previo, libre e informado de la población, violando con ello convenios, acuerdos, entre otros instrumentos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos que el gobierno de México ha firmado y ratificado, tales como el convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, los Acuerdos de San Andrés, la ley agraria, etc.

Desde hace más de un año, varias comunidades que serán afectadas por estos proyectos, han expresado en reiteradas ocasiones su oposición a que se impulsen estos planes por la vía de la imposición. Cabe destacar que la población todavía no ha recibido información clara y detallada sobre los Manifiestos de Impacto Ambiental ni las posibles afectaciones a su salud o el riesgo al que se verían expuestos los habitantes de la zona.

Debido a lo anterior y, amparados en los instrumentos antes mencionados, las comunidades agrupadas en La Voz del Pueblo se levantarán, en un acto que dará comienzo a las 10am y ofrecerá una Rueda de Prensa a las 12:30pm, para dar a conocer a la opinión pública la Declaración de Ríos y Territorios Libres en la Sierra Madre del Sur y Llanura Costera en Chiapas, que se llevará a cabo el día 10 de diciembre en la Parque Central Miguel Hidalgo en Tapachula, Chiapas.

La Voz del Pueblo los invita y anima cordialmente a participar en esta especial ocasión, donde se busca dar a conocer al pueblo de Chiapas y de México que los proyectos hidroeléctricos y mineros en la Sierra y Llanura Costera de Chiapas no cuentan con licencia social para llevarse a cabo y que las comunidades se están organizando para resistir la imposición de megaproyectos en la región.
Atentamente,
¡Porque no hay licencia social para represas y minas en la Sierra y Costa!
¡Ríos para la vida, no para las represas!
¡Porque el agua vale más que el oro! ¡No a la minería!
La Voz del Pueblo

Se oponen ejidatarios de Chiapas a la hidroeléctrica Chicoasén 2

-Comunidades que han avalado la obra no están en la zona que resultaría afectada, dicen
-Advierten a la CFE que no tolerarán atropellos como los cometidos con la primera presa
-Representantes negociaron con la paraestatal viviendas y lanchas a cambio de apoyo, señalan

Elio Henríquez, Periódico La Jornada

Ejidatarios del municipio de Chicoasén se manifestaron en contra de la presa Chicoasén 2, que pretende construir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque prevén que afectará sus tierras. Asimismo señalaron que pretenden comprárselas a precios bajos y saben de casos en que la paraestatal no ha pagado.

Avisaín Solís López, ejidatario, dijo que la CFE «está generando un conflicto social muy grande porque Las Pilas y otras comunidades que no van a ser afectadas están decidiendo por los demás». Denunció que representantes de Las Pilas y La Represa acudieron a una reunión para aprobar el proyecto, pero no están involucradas, y «pidieron a la CFE 30 casas y 10 lanchas, respectivamente».

Recordó que el domingo 17 de noviembre se realizó una asamblea con la supuesta participación de 670 pobladores, pero «no fuimos invitados los ejidatarios que vamos a resultar afectados directamente».

Explicó que los 231 fundadores del ejido resultaron afectados cuando se construyó la presa Chicoasén, «y nos quieren volver a perjudicar, pero ahora estamos dispuestos a defender nuestras tierras porque ya no estamos en los años setentas».

Agregó: » Lo que nos molesta es que nos marginaron, cuando los ejidatarios básicos debíamos estar en la casa ejidal. Los que acudieron no son nada y no tienen por qué hacer lo que hicieron. ¿Por qué no invitaron a Vista Hermosa, Monte Grande y Chicoasén, que desaparecerán en más de 300 hectáreas?»

El gobierno paga por las tierras «una miseria, y por si fuera poco nos cobra precios muy altos por la energía eléctrica».

Insistió en que muchos no están dispuestos a ceder sus tierras. «No les pongo precio y no estoy dispuesto a aceptar los tambos viejos que regala la CFE».

Manifestó que en algunos terrenos «han hecho ocho pozos y ni un peso han dado» al propietario, mientras a otros, «que no los han afectado, les han dado 70 mil u 80 mil».

Reiteró: «Las comunidades están dispuestas a morirse para que no afecten sus tierras, porque cuando se hizo la primera presa, en la década de 1980, la CFE se comprometió a darnos medio millón de pesos y un rancho de 206 hectáreas y nunca cumplió. Ahora queremos que nos dé el rancho».

VIDEO: ¿Como terminar una comunidad de 140 años en 15 días?

En el Usumacinta

Joan Martínez Alier, en La Jornada

A cinco kilómetros de Tenosique se encuentra la salida del cañón del río Usumacinta hacia la planicie tabasqueña. El río está muy caudaloso en esta época del año. Un lugar muy bello. En su libro Oro Verde, Jan De Vos explicó que hace cien años de la concesión de Marqués de Comillas sacaban la caoba con bueyes y con trabajo forzado y la enviaban río abajo para la exportación. El tal marqués era un linajudo reciente, de la familia López de Cantabria en España.

Estamos en el lado mexicano, al otro lado está el Petén. Una vez visité la Laguna del Tigre en el Petén y observé la extracción petrolera para la exportación. Ahora escucho atento las palabras de guatemaltecos y mexicanos llegando a acuerdos de coordinación para defenderse de la construcción de hidroeléctricas.

En Guatemala ha habido en los últimos años resistencia contra diversos proyectos ubicados en la parte alta de la cuenca Usumacinta. La empresa Hidro Santa Cruz tiene proyectos en el río Qambalam. En las protestas mataron a un campesino e hirieron a otros varios, el proyecto está bloqueado, las máquinas y oficinas fueron quemadas. En Purulha en la Baja Verapaz en agosto de 2013 fueron asesinados dos hijos de un líder de la resistencia. Y en Xalalá, en Ixcán en el departamento de El Quiché, que está cerca de Chixoy, hay un gran proyecto que levanta muchas resistencias.

Habíamos dormido con integrantes del Mapder (Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos) en el albergue cristiano de Tenosique (estación 72). Ese albergue estaba lleno de jóvenes de Centroamérica esperando embarcar hacia el Norte en el tren de mercancías apodado La Bestia. Tenosique tiene una estación de tren abandonada, el tren no tiene parada reglamentaria ni horario preciso, hay que subirse en marcha, un mundo real de injusticias crueles.

Al viajar por la mañana la breve distancia hasta el imponente Usumacinta, llegan los recuerdos de la matanza de la represa del río Chixoy durante la guerra civil guatemalteca, 300 personas asesinadas, uno de tantos hechos que una transición política olvidadiza (a la española) no ha logrado aclarar en todos sus detalles y menos todavía castigar. Recuerdo el asesinato del obispo Juan Girardi al intentar publicar los datos de una Comisión de la Verdad. Un compañero de Guatemala menciona la matanza de refugiados en la embajada española que quedó impune. Guatemala es un país con miedo. Y sin embargo hay numerosas consultas populares contra proyectos mineros y represas.

En México, hace seis años hubo terribles inundaciones en 70 por ciento del territorio tabasqueño que dejaron la capital Villahermosa bajo el agua, al parece por el mal manejo de la represa Peñitas como parte del complejo hidroeléctrico Grijalva de la CFE. «La promesa gubernamental de evitar inundaciones en la planicie tabasqueña con la construcción de cuatro hidroeléctricas (1959-1987) a lo largo del histórico río Grande de Chiapas (Grijalva), desde 1957 a la fecha no se ha cumplido», nos dice el colega Antonino García. Las represas pueden aumentar las inundaciones por la gestión avarienta de las empresas de electricidad.

En Boca del Cerro, en el cañón del Usumacinta cerca de Tenosique, amenaza una gran represa desde hace 40 años. Hace tres meses el presidente militar guatemalteco declaró en la prensa que había negociaciones con el presidente mexicano para construirla. Las obras fueron interrumpidas una vez en los años 1980 por la acción de la guerrilla guatemalteca. El proyecto sería tal vez de 420 megavatios de potencia (electricidad que sería exportada de la región) con una cortina de 120 metros. Se perderían diversas comunidades y lugares de valor ecológico y arqueológico, señas de identidad de enorme valor como fundamento de una confederación de nacionalidades mayas.

Al defender los ríos, se defiende una larga historia propia y se abre otro futuro. Los ríos Usumacinta y Grijalva (éste segundo con nombre de conquistador) unen cuencas hidrográficas en Tabasco, Campeche, Chiapas y Guatemala, las fronteras quiebran el contacto entre las partes altas y bajas de las cuencas. Los movimientos de resistencia no sólo binacionales sino plurinacionales, restablecen conexiones. Nuestros ríos son la vida, dicen.

Hay pues en Guatemala quien resiste y se coordina con los activistas y académicos mexicanos del Mapder, de Otros Mundos, y se apoya en la REDLAR (Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos), para lograr que el manejo del Usumacinta en esta frontera sur de México sea mejor que en la frontera norte, donde el delta del río Bravo (o río Colorado) se quedó sin agua en beneficio de Estados Unidos y en perjuicio de los habitantes del delta y de la propia vida del río.

*CTA-Universitat Autònoma de Barcelona

Organismos buscan evitar nuevas presas en el Usumacinta

Sergio Granda / CP

Delegados civiles de México y Guatemala se reunieron cerca de la presa Tenosique (antes Boca del Cerro) para definir estrategias que permitan hacer un frente común que frene el acuerdo binacional México-Guatemala para la generación hidroeléctrica sobre el río Usumacinta.
Como parte del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), participaron académicos e intelectuales, entre ellos el doctor Antonino García, de la Universidad Autónoma de Chapingo, quien presentó a los participantes un trabajo referente a la Alianza Binacional de Pueblos Mayas en Cuencas Transfronterizas.
Además del académico Joan Martínez Alier, de Barcelona, España, quien se dijo interesado en plasmar en sus próximas obras de investigación la lucha que ciudadanos mexicanos y guatemaltecos están realizando en defensa de los ríos.
Se analizaron las recientes declaraciones de los gobiernos de México y Guatemala, relativas a la construcción de hidroeléctricas sobre la cuenca del río Usumacinta.
Sobre el tema dijeron que no se respeta el acuerdo 169 de la OIT relativo a las consultas comunitarias, aseguran que pretenden despojar de patrimonio y territorio a quienes serían directamente afectados.
Marco Von Bolster, del MAPDER y Cristian Santiago, de Otros Mundos Chiapas, hablaron sobre la necesidad de continuar con las asambleas informativas que permitan a los posibles afectados tener una información clara y precisa sobre dichos acontecimientos que ponen en riesgo -río abajo- la zona arqueológica de Yaxchilán, así como varias localidades del vecino país de Guatemala.
A su vez, Agustín Tabalan, de Guatemala, informó que el denominado proyecto hidroeléctrico Boca del Cerro en el Usumacinta “ha sido suspendido varias veces; hay evidencias reales que la guerrilla guatemalteca durante el conflicto armado realizó actos de sabotaje, tirando los generadores y otros enseres al río, los que serían de utilidad para la puesta en marcha de dicha hidroeléctrica, y que en gran medida eso ayudó para que tanto del lado mexicano como guatemalteco no hubieran afectaciones”.
Finalmente adelantaron que este tipo de acuerdos binacionales para la construcción de hidroeléctricas sobre la cuenca del río Usumacinta, los pone en grave riesgo, toda vez que serían severamente afectados por tierras inundadas y obligados a un éxodo forzoso que desde luego es contrario a derecho, toda vez que ambos gobiernos tienen suscritos tratados y convenios internacionales y por lo tanto es imprescindible que se sujeten al Convenio 169,” donde se nos otorga el derecho a ser consultados”.

AUDIOS DE LA MESA DE REPRESAS EN EL SEMINARIO LAS VENAS ABIERTAS DEL CHIAPAS CONTEMPORÁNEO

Escuchar: AQUÍ

Moderador: Marco von Borstel, MAPDER

“Dinámicas entre gobierno y sociedad local: el conflicto-negociación generado por la presa la Angostura”
Víctor Alfonso Gallardo Zavaleta, UNICACH

“La Presa Cankuk”
Lorenzo Pérez, Cankuk

“El proceso de consolidación y retos del movimiento en defensa de los ríos en México, el caso del MAPDER”
Cristian Santiago, MAPDER / MOVIAC

“Presas y conflictos en las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta: historias crónicas, anticipadas y sofocadas”
Edith Kauffer, CIESAS Sureste

“La Alianza Binacional en Defensa del Territorio Maya”
Augustín Tebalán, Frente Petenero contra las Represas, Guatemala

“Represas: una falsa solución al tema climático”
Juan Pablo Soler, Movimiento Rios Vivos, Colombia / REDLAR

SEMINARIO ESPECIAL:

Jueves 31 de octubre de 2013 en El Paliacate Espacio Cultural a las 6pm

documental AGUAS REPRESADAS: entre la inundación y el desplazamiento

(Colombia, 2013, 65 min.)

con presencia de Juan Pablo Soler del Movimiento Ríos Vivos de Colombia