Proyectos hidráulicos violan derechos y la ley, denuncian afectados ante el TPP
por AnimalPolítico
Afectados de siete estados denunciaron violaciones a derechos humanos por la construcción de presas en sus comunidades de origen, un modelo actual de manejo de energía y agua que excluye a comunidades y ciudadanos, según acusaron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en la preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, de la mesa sobre Devastación ambiental (@TPP_Presas_Mx).
Los afectados por doce presas en siete entidades de la república mexicana denunciaron las violaciones a los derechos humanos que se cometen en las distintas fases durante la imposición de esta clase de megaproyectos a comunidades rurales, campesinas e indígenas. El jurado internacional e interdisciplinario del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México escuchó y conoció las denuncias de los habitantes.
Durante esta sesión del TPP, la investigadora Mónica Olvera calculó que más de 185 mil personas han sufrido desplazamiento forzoso por la construcción de presas en México en los últimos 40 años. La preaudiencia duró lunes y martes, mientras que este miércoles 7 el jurado deliberará, el día jueves 8 se anunciará en Guadalajara el fallo del jurado interdisciplinario sobre los proyectos que están desarrollándose en Jalisco y, finalmente, el día 9, el fallo sobre los siete estados será presentado en la ciudad de México y entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe destacar que aunque el fallo no es vinculante, el TPP tiene un gran prestigio por su trabajo de décadas como tribunal de conciencia.
El TPP Capítulo México se enfoca en “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”, tomando en cuenta la experiencia del Capítulo Colombia (2005- 2008). En nuestro país, las actividades iniciaron con el lanzamiento del TPP Capítulo México en octubre de 2011, en la UNAM y concluirán en 2014 con una audiencia y veredicto finales. En la audiencia final se retomarán los fallos de todas las preaudiencias que se realicen durante los tres años que dure el juicio al estado mexicano, en torno a siete ejes: guerra sucia y derechos humanos, feminicidios, migrantes, derechos de los trabajadores, maíz y vida campesina, devastación ambiental y medios de comunicación.
La preaudiencia
La preaudiencia que se realizó durante lunes y martes en Temacapulín, Jalisco, tiene la intención de denunciar “la política sistemática de violación a los derechos de los pueblos campesinos e indígenas en la construcción de presas en México”, en los que señalan que hay “esquemas de simulación jurídica e impunidad que se han intensificado con los tratados de libre comercio.”
Las denuncias de las afectaciones y violaciones a derechos humanos antes de la construcción de una presa son presentadas por afectados por las represas: Paso de la Reina en Oaxaca, La Parota en Guerrero, Las Cruces en Nayarit, El Naranjal en Veracruz y Arcediano en Jalisco; sobre violaciones perpetradas durante la construcción de una presa, el caso presentado es el de los anfitriones, afectados por la presa El Zapotillo, Jalisco; y de afectaciones por desplazamiento forzado de comunidades para dejar el territorio a presas ya construidas, se presentan los casos de La Yesca en Nayarit y Cerro de Oro en Oaxaca. Asimismo, otras comunidades presentarán sus testimonios en un foro de denuncia de las presas El Cajón, Nayarit; Picachos, Sinaloa; Zongolica, Veracruz y Los Pilares Bicentenario en Sonora.
El jurado interdisciplinario, junto con el público, alrededor de 200 personas, entre afectados por presas y defensores de derechos humanos, una parte de ellos integrantes del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), vieron el lunes el video “¿Cómo destruir una comunidad de 140 años en 15 días?”, donde se observa que miles de personas fueron desplazadas forzosamente de sus casas y tierras en México por la construcción de represas en todo el país durante los últimos 40 años, a partir de testimonios de 65 videos hechos por comunidades afectadas, activistas y movimientos sociales para denunciar las violaciones a los derechos humanos antes, durante y después de la construcción de presas entre 1973 y 2012. Las presas mencionadas en el video son: Arcediano, El Cajón, Cerro de Oro, Las Cruces, El Naranjal, La Parota, Paso de la Reina, Picachos, La Venta, La Yesca, El Zapotillo.
(video presentado en el TPP)
Dentro de la preaudiencia también se realizó un panel con el tema “Modelo energético, presas y derechos de los pueblos en México”, donde los académicos Mónica Olvera, Carlos Vainer y Rodrigo Gutiérrez, expusieron algunos patrones comunes a los proyectos, los cuales se vinculan al modelo de desarrollo capitalista en que se sustentan los tratados de libre comercio firmados por el gobierno mexicano. Los investigadores afirmaron que este modelo, cuya mirada puramente técnica excluye la participación de comunidades y ciudadanos, produciendo violaciones a los derechos humanos.
El primer caso en presentar sus denuncias, sus argumentos y la solicitud de proteger sus derechos, es el de los indígenas oaxaqueños afectados por el proyecto Paso de la Reina, quienes expusieron cómo son su territorio, sus comunidades, sus formas de organización, cómo el proyecto los afecta, así como las acciones legales que han emprendido y lo que piden a la CFE y a los gobiernos estatal y federal, con base en las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales que defienden los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Por la tarde presentaron su caso opositores a la presa La Parota, en Guerrero. Durante este martes, se terminan los testimonios de las comunidades afectadas por las demás presas.
La exposición de afectados por el proyecto de presa Paso de la Reina, en Oaxaca, expresó los engaños con los que trataron cambiarles las formas de tenencia de la tierra por bienes comunales y ejidales, mediante presión para que ingresaran al Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede, acusado de facilitar la entrada de megaproyectos); cómo han violado la determinación de las comunidades, las cuales han rechazado el proyecto en su máxima instancia de autoridad, las asambleas. Cómo les han negado información, tanto la CFE como las instituciones académicas que están realizando estudios de impacto ambiental y diagnósticos económicos y antropológicos. Además de la cancelación del proyecto, exigieron en respeto a la decisión de las comunidades; a las cuales no las han escuchado, negándoles su derecho a audiencia, ni el presidente Felipe Calderón ni Gabino Cué, gobernador de Oaxaca.
Entre las palabras de apertura, un representante del Concejo de Ejidos Opositores a la Presa la Parota (CECOP) expresó su solidaridad con el Comité Salvemos Temacapulín, Palmarejo y Acasico, pues, dijo, no se trata de luchas solamente locales, sino de una lucha nacional ante el mismo problema.
¿De dónde viene el TPP?
Para examinar los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos en Vietnam, Bertrand Russell reunió en Londres, en noviembre de 1966, a 15 personalidades como el italiano Lelio Basso. La primera sesión del primer tribunal convocado por el filósofo inglés fue presidida por Jean-Paul Sartre. Entre los integrantes de esos tribunales estuvieron Julio Cortázar, Simone de Beauvoir y Lázaro Cárdenas. A la postre, los tribunales, que tras la muerte de Bertrand Russell fueron llamados con su nombre, se volvieron permanentes, impulsados por destacadas personalidades entre quienes figura uno de los discípulos de Lelio Basso: el jurista Luigi Ferrajoli.
Heredero de ese origen, el actual Tribunal Permanente de los Pueblos, establecido en 1979, ha revisado casos de violaciones graves a los derechos humanos, que ahora conocemos como crímenes contra la humanidad, perpetradas en diversos lugares del mundo como Sahara Occidental, Argentina, Eritrea, Filipinas, El Salvador, Afganistán, Timor Oriental, Zaire, Guatemala, Nicaragua y Colombia.
En México, el TPP conocerá y juzgará durante tres años los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano contra el pueblo mexicano. La preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad” es la segunda en realizarse en el país después de la realizada a fines de 2011 sobre derechos humanos en Ciudad Juárez.
Los integrantes del jurado en esta preaudiencia son: Miloon Kothari, ex relator del derecho a la vivienda digna de la ONU y experto en la defensa de ese derecho frente a los desalojos forzados; Maude Barlow presidenta de Council of Canadians y coautora del libro clásico sobre el tema Oro azul, experta en la defensa del agua como bien común frente a la privatización; Monti Aguirre, de International Rivers, experta en los movimientos antirrepresas en América Latina; Patricia Ávila investigadora del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, especialista en los problemas del agua y la sociedad, así como en hidropolítica; Luis Daniel Vázquez especialista en derechos humanos, política y derecho, del FLACSO; Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas, asesor en justicia y derechos humanos del EZLN durante los Diálogos de San Andrés; Carlos Vainer, experto en el modelo energético capitalista y en el movimiento de afectados por las presas en Brasil, el movimiento más antiguo del continente, quien, en una intervención al final del panel inicial, citó algunos principios de la Declaración de Temacapulín: “Otro modelo de manejo de energía y agua es posible”; “Aguas y energía para la vida y no para la muerte”; “Liberar a los ríos para liberar a los pueblos”.
Las actividades continuarán el 6 de noviembre y la declaración del jurado será presentada, en ruedas de prensa, en los casos de Jalisco y Nayarit, en la ciudad de Guadalajara el 8 de noviembre y el fallo completo del jurado en la Ciudad de México el día 9, después de entregarlo ese mismo día, a las 8:30 horas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Expresamos nuestra profunda preocupación por la información que estamos recibiendo acerca de lo que está ocurriendo en estas horas en la comunidad Totonaca y Nahuatl de Ignacio Zaragoza, municipio de Olintla, en la Sierra Norte de Puebla: desde las 6 pm del día de hoy, 26 de enero de 2013, aproximadamente 60 personas armadas a las ordenes del presidente municipal de Olintla, Héctor Arroyo Bonilla, están impidiendo el regreso a sus lugares de origen a alrededor de 70 personas pertenecientes al Consejo Tiyat Tlali .
Los ocho campesinos del municipio guatemalteco de Santa Cruz Barillas, en el departamento de Huehuetenango, que permanecían presos desde el 2 de mayo del año pasado luego de una durísima represión, fueron liberados el jueves al mediodía del llamado “Preventivo” de la Zona 18 de la capital del país, Guatemala.
Como consecuencia de la movilización pacífica que el día de hoy se realizó en Barillas por parte de líderes comunitarios y sociedad civil organizado; fue suspendida la reunión de firma de convenio entre la empresa Hidro Santa Cruz y la municipalidad, que tenia como objetivo manipular y acelerar el negocio pasando por encima de cualquier posibilidad de dialogo y entendimiento con las comunidades afectadas.
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