Construcción de represas, ¿progreso destructivo?
La Jornada Veracruz. Manuel Martínez Morales
La imagen dice todo: una mujer pobre, con desnutrición evidente, recoge como puede un poco de la leche derramada por productores que protestan por los bajos precios provocados por la importación de leche en polvo. La foto se tomó en Colombia hace algunas semanas. En los ingenios veracruzanos, toneladas de azúcar se encuentran almacenadas sin encontrar mercado, pues la importación de azúcar –autorizada por el Ejecutivo federal, siempre obediente a intereses extranjeros– ha devastado la industria cañera nacional.
Desde hace meses, habitantes de Jalcomulco, de Ixtaczoquitlán, Amatlán de los Reyes y otras comunidades veracruzanas se han manifestado para exigir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detenga la construcción de varias presas a lo largo de algunos ríos de la región, como el río de La Antigua y el río Blanco. Habitantes de Jalcomulco han indicado que aunque la CFE argumenta que las presas son para beneficiar a la población, saben que en realidad es para beneficiar con electricidad a varias empresas, entre ellas una cementera que se construye en la zona.
En los tres casos aludidos, comunidades pobres, trabajadores del campo y pequeños productores se ven afectados, y ven alterada su forma tradicional de vida, por el efecto devastador del “libre comercio” y el progreso ilimitado, destructivo. Pues la leche (en polvo) y el azúcar importados son más baratos, ya que son producidos con el uso intensivo de tecnología, mano de obra barata (trabajadores migrantes y maquiladores) y subsidios en los países de origen del producto; elementos no disponibles para los productores nacionales. En el caso de las presas sobre ríos veracruzanos, se trata de “traer el progreso” beneficiando a ciertas empresas –varias de ellas financiadas con capital extranjero– que se establecen en la zona, a costa de destruir el modo de vida y las fuentes de sustento de las comunidades aledañas: la agricultura, la pesca y el turismo.
Una especialista, Silvia Ribeiro, en su artículo “Mitos y engaños de las grandes represas”, afirma que las grandes presas son presentadas como si fueran un símbolo de desarrollo, energía limpia y una alternativa frente a la crisis climática. Nada de esto es verdad –sostiene la investigadora– y como en tantos megaproyectos, quienes se benefician son unas cuantas empresas, relacionadas al control del agua, al negocio de la construcción y de generación de energía, mientras se violan derechos esenciales de las comunidades. Es importante desarmar esos mitos, porque la realidad es que tienen consecuencias devastadoras en el ambiente, la salud y el clima, además de enormes impactos sociales y económicos contra las poblaciones locales.
La mayoría de las grandes represas construidas o en proyecto en el país, se hacen contra la voluntad de los pobladores locales. No existe ningún caso en que las comunidades desplazadas estén mejor que antes. Priva la desintegración de las comunidades y familias que han debido trasladarse por la fuerza o aceptando condiciones que siempre están muy lejos de las promesas que les hicieron, como es el caso de la Presa Picachos en Sinaloa. Invariablemente, los beneficios de las grandes presas van fuera de las comunidades desplazadas, a engrosar capitales de empresas nacionales y trasnacionales, que además de recibir enormes subsidios por la construcción, ganan con la operación de la presas.
En el caso de Veracruz, dejar que se construyan las presas implicará un deterioro ecológico a todo lo largo de los ríos, como en el caso de el río Los Pescados-La Antigua, porque en este último proyecto piensan dejar solamente 10 por ciento del caudal del río para aprovechamiento humano. Los pobladores de Jalcomulco insisten en que dejar solamente 10 por ciento del caudal del río es un atentado brutal contra la naturaleza ya que se acabaría toda la vida alrededor del río. Se acabaría toda la vida acuática. Además, se dejarían de producir toneladas de caña de azúcar, limón, papaya y muchos otros productos sin contar todas las especies de aves que son posibles gracias al río. Por si ello fuera poco, se exterminará una fuente muy importante de recursos, que es el turismo, que da empleo a cientos de personas en muchos de los poblados de la ribera del río.
Quienes hacen su vida a orillas del río Blanco se oponen al proyecto de construcción de la hidroeléctrica El Naranjal, por considerarla tanto un ecocidio en por lo menos cinco municipios de la zona centro, como un proyecto que afectará la cuenca del río. Los campesinos se niegan a este proyecto –según han dicho– por la afectación ecológica; detallan que habrá tala inmoderada de árboles, el río Blanco será gravemente contaminado, además que pretenden cambiar su cauce; aunado a ello, el manantial El Sótano, también será gravemente contaminado, lo que es preocupante porque funge como la fuente de abastecimiento de agua para al menos 150 familias de Cuichapa.
La mayoría de las grandes represas construidas o en proyecto en el país, se hacen contra la voluntad de los pobladores locales, como en los casos arriba señalados. No existe ningún caso en que las comunidades desplazadas estén mejor que antes. Priva la desintegración de las comunidades y familias que han debido trasladarse por la fuerza o aceptando condiciones que siempre están muy lejos de las promesas que les hicieron, como es el caso de la Presa Picachos en Sinaloa. Invariablemente, los beneficios de las grandes presas van fuera de las comunidades desplazadas, a engrosar capitales de empresas nacionales y trasnacionales, que además de recibir enormes subsidios por la construcción, ganan con la operación de las presas. En varios casos, también se presentan al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Naciones Unidas, para cobrar adicionalmente créditos de carbono, mostrando lo cínico de este mecanismo. Las represas La Yesca y La Parota, en el estado de Guerrero, están entre los proyectos que la CFE y el gobierno presentan como casos para el MDL.
Se presenta de nuevo el dilema entre atender el bienestar humano y el equilibrio ambiental o aceptar el embate del progreso destructivo. La voracidad capitalista –origen del proyecto de construcción de las presas– sólo toma en cuenta la ganancia a como dé lugar, sin importar que sea a costa de la destrucción del medio ambiente y de comunidades enteras. Ya ha sucedido en nuestro país en el pasado reciente. No debe permitirse más.
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?seccion=0&ID=110708_145048_748
Integrantes del Grupo Ecológico Manglar, A.C., miembro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (MAPDER), de la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR) y de la Red Manglar Internacional, han recibido amenazas de muerte por su trabajo en la defensa de los ríos y los derechos de los pueblos en el estado Nayarit. Del mismo modo miembros del equipo Pro-Regiones que es un proyecto de investigación mancomunado del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM) y de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).
Los que firmamos esta carta, exigimos el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento del Estado de Derecho, alto a las amenazas de muerte e intimidaciones así como las garantías de seguridad a los integrantes del Grupo Ecológico Manglar, A.C., y a los investigadores y miembros de la academia de las Universidades que conforman el equipo Pro-Regiones. También exigimos que se cumpla la normatividad internacional respecto a la construcción de este tipo de obras, cabal cumplimiento a las directrices de la Comisión Mundial de Represas (CMR), consulta previa libre e informada a las comunidades que se pretenden desalojar y afectar; la búsqueda de alternativas viables y ambientalmente sustentables.
Guadalajara, Jal., 19 de junio. Como parte del proyecto hidroeléctrico El Zapotillo, el gobierno de Jalisco pretende reubicar a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en terrenos poco aptos para la agricultura, actividad que les da sustento, advirtió Oliver de Schutter, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos a una Alimentación Adecuada.
El Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo de Raúl Benítez, y quien ha insistido en el beneficio que traerá la represa El Zapotillo, no asegura que se tendrán agua incluso con la represa el Zapotillo. Según la OCLSP, el volumen de agua de las principales presas de Jalisco y de la Cuenca Lerma Chapala se encuentra en una situación crítica, ya que sólo almacenan el 54% de su capacidad máxima.[1] O sea, que las represas no garantizan que la población de Guadalajara tendría agua con la represa del Zapotillo que se pretende construir a costa del desplazamiento de la población de Acasico, Palmarejero y Temacapulín. En las últimas décadas se han sufrido largos periodos de sequías en el río verde.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) nuevamente impone el control de la información sobre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para ocultar la verdad sobre el dictamen donde se especifica que el poblado de Temacapulín, por su composición histórica de más de mil cuatrocientos años, natural y arquitectónica, no debe ser inundado por la represa El Zapotillo.
En un operativo militar, este pasado 4 de junio, fue detenido el empresario Jorge Hank Rhon en su domicilio ubicado en la ciudad de Tijuana. El Ejército encontró más de medio centenar de armas. El saldo fue de tres escoltas heridos, la detención del chofer y su jefe de escoltas Jorge Vera (hijo de Antonio Vera Pestina, asesino material del periodista Héctor Félix Miranda, El Gato) y personal de seguridad. En 1996, Jorge Hank fue detenido en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la ciudad de México acusado de contrabando de artículos de piel y después alcanzó su libertad bajo fianza.
El día 1º de junio el gobierno federal representado por José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y del subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez González, quebrantó el proceso del diálogo y la negociación imponiendo la decisión de continuar con la construcción de la presa El Zapotillo, y por lo tanto anunciando la inminente inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco. Durante el encuentro el gobierno federal intimidó a su contraparte con la presencia de trabajadores de la obra y los pobladores que han sido comprados por el mismo gobierno. En la mesa impositiva, que no resolutiva, el director de Conagua simplemente sentenció que el proyecto no tiene marcha atrás y que seguirá su construcción. Confirmaron la vigencia de las denuncias penales y amenazaron con el ejercicio de la fuerza para el desalojo. Así, ordenes de aprehensión, imposición, expropiación y represión es el lenguaje del gobierno federal a quienes demandan el respeto a los derechos humanos. Con ello se evidencia la sistemática violación de los derechos humanos de la población y con graves antecedentes.
Que seguimos manteniendo nuestra voluntad de diálogo y nuestra firme convicción de que es posible encontrar una solución pacífica al conflicto social, que desde hace más de 5 años se vive en nuestras comunidades por la imposición autoritaria de La Presa El Zapotillo.
Reciban un saludo del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, esperando que se encuentren muy bien de salud y ánimo. En estos días hicimos un recuento de todas las personas, compañeros, periodistas, articulistas, ciudadanos, organizaciones, redes, estudiantes, movimientos y pueblos, hombres, mujeres y niños que se solidarizaron con nuestra lucha en días recientes, a raíz de la toma pacífica del lugar donde se construye la Presa Zapotillo y estamos sorprendidos y agradecidos, volvemos a sentir que eso de que “Los ojos del mundo están puestos en Temaca” es una realidad.
El dia de ayer en el Revolutionfest en Guadalajara, Jalisco los grupos de Rock Aterciopelados y Maldita Vecindad dieron su apoyo y solidaridad a la comunidad de Temaca que lucha en contra de la presa El Zapotillo.
Vía una gestión integral del agua la ciudad puede rescatar 7 mil litros por segundo sin afectar a vecinos: Arturo Gleason