Categoría: Represas

Informe publicado en 2018 por la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), el Movimiento mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), OXFAM

El presente documento expone los resultados de una investigación sobre el desplazamiento de personas a consecuencia de la construcción de obras de infraestructura hidráulica e hidroeléctrica en México y el periodo 2006-2016. Su objetivo principal fue proporcionar información estadística al informe alternativo que la sociedad civil entregó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (cdesc).

En esta introducción se revisa críticamente el discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo, y se presenta una caracterización general de las presas construidas durante los siglos xx y xxi  para diferenciarlas en términos de sus dimensiones, sus aprovechamientos y la magnitud de sus impactos.

El segundo capítulo describe la metodología diseñada para el análisis de las presas y de sus afectaciones sociales. Como allí se menciona,  os datos empleados provinieron principalmente de documentos oficiales publicados por dependencias federales durante los sexenios encabezados por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Como gran parte del trabajo consistió en la caracterización de las obras de infraestructura hídrica, en el tercer capítulo se presentan los rasgos básicos de las 259 presas levantadas en el periodo 2006-2016: ubicación, altura de la cortina, capacidad de almacenamiento, usos del agua y promoventes.

El capítulo continúa con la descripción general de las 35 presas seleccionadas para el análisis, de capacidad mayor de 0.5 hectómetros (hm3), y en su última parte se enuncian las afectaciones sociales derivadas de los desplazamientos.  Finalmente, en el cuarto capítulo, a modo de conclusiones se aporta una reflexión sobre los principales hallazgos de la investigación.

1.1 El discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo

En este apartado se reúnen los argumentos utilizados para justificar el emprendimiento de programas y proyectos de desarrollo en los dos periodos de gobierno mencionados y se señalan las presas que la federación ha reconocido como prioritarias.

Con los Planes Nacionales de Desarrollo (pnd) se rigen las políticas federales durante cada sexenio. En los correspondientes al periodo en estudio se observa que el discurso de la sustentabilidad ambiental fue asumido como un principio del desarrollo, por lo cual plantean el impulso de energías limpias y renovables a fin de atenuar y contrarrestar los efectos adversos del cambio climático. En cuanto a los sectores hidráulico e hidroeléctrico, reiteran la importancia de avanzar en la gestión del recurso agua mediante el incremento de la eficacia en el manejo de las presas, lo que conllevaría (supuestamente) una mayor dotación del líquido a la población.

En el discurso oficial, uno de los argumentos más recurrentes para respaldar los proyectos de infraestructura hidráulica es la necesidad de proveer de recursos hídricos a determinadas poblaciones, apelando en algunos casos al derecho humano al agua. Tal intención se presenta como el eje de la gestión del agua en un contexto de creciente incorporación del sector privado en el manejo de los recursos hídricos e hidroeléctricos, recomendada por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Conagua, 2014).

Esta transformación en el diseño y la gestión de la infraestructura hidráulica se manifiesta en políticas públicas que de manera reiterada esgrimen la imperiosa necesidad de fortalecer la productividad y la competitividad de las distintas regiones de México de cara a un escenario global en constante dinamismo y en el que la competencia y el libre mercado son el único camino para el desarrollo. Se asume, por lo tanto, que el Estado mexicano debe seguir los lineamientos de corte neoliberal y tomar por sentado que «el rol que juegan los gobiernos debe ser para eliminar obstáculos, fomentar la orientación hacia mercados o sectores estratégicos, la desregulación y la coordinación entre diversos agentes y órdenes de gobierno» (pr, 2013: 17).

Otros documentos que aportan datos y elementos para comprender el discurso oficial son los Programas Nacionales de Infraestructura (PNI), que incluyen la descripción de los principales proyectos en los rubros de infraestructura hidroagrícola y control de inundaciones. El PNI 2007-2012 (pr, 2007) destaca las presas:

1. El Cajón, Nayarit.
2. La Yesca, Nayarit.
3. Santa María, Sinaloa.
4. Picachos, Sinaloa.
5. El Carrizo, Jalisco.
6. El Naranjo, Jalisco.
7. Francisco J. Múgica, Michoacán.
8. El Yathé, Hidalgo.

En el PNI 2014-2018 (pr, 2014a, b y c) se subraya la supuesta necesidad de acordar inversiones conjuntas entre los sectores público y privado, e incluso se habla de una democratización del agua en la cual quedarían insertos los proyectos de infraestructura hidráulica. Asimismo, se pone énfasis en la región sureste, en la que se pretende aprovechar la abundancia de recursos naturales en un contexto de poco desarrollo de la infraestructura.

Los principales proyectos que señala el PNI 2014-2018 no coinciden del todo con los del PNI 2007-2012, pues indica los siguientes:

1. Nuevo Guerrero (La Parota), Guerrero.
2. Aprovechamiento hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina, Oaxaca.
3. Las Cruces, Nayarit.
4. Central hidroeléctrica Chicoasén II, Chiapas.
5. Tenosique, Tabasco y Chiapas.
6. Presa de almacenamiento La Maroma, San Luis Potosí.
7. Chiapan (Angostura II), Chiapas.
8. La Yesca U1 y U2, Nayarit.
9. La Palma, Baja California Sur.
10. La Higuerilla (Alberto Andrés Alvarado Arámburo), Baja California Sur.
11. Piedras Azules, Chihuahua.
12. Rocheachi, Chihuahua.
13. El Yathé, Hidalgo.
14. Proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para Jalisco y León.
15. La Laja, Guerrero.
16. Sistema Purgatorio-Arcediano, Jalisco.
17. Santa María, Sinaloa.

En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 (conagua, 2014) se señalan las atribuciones de cada una de las dependencias que intervienen en el manejo del recurso agua, sin profundizar en proyectos específicos. Por su parte, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) para el lapso 2007-2016 (CFE, 2007) destaca la dimensión técnica de las obras. Un dato interesante de este documento es el reconocimiento de que en algunos casos surgen problemas sociales que complican e incluso retrasan el curso de los proyectos, como en La Parota, ahora renombrado Nuevo Guerrero.

Es importante señalar que el conjunto de estos documentos, que recogen el discurso oficial en cuanto a los proyectos de desarrollo, deja de lado las problemáticas que conllevan la construcción y la gestión de tales proyectos, lo cual es grave pues varios de éstos son de grandes dimensiones y requieren un gasto excesivo de recursos públicos por periodos prolongados.

Ante la omisión por parte del Estado mexicano de ofrecer información sistematizada y de fácil acceso sobre todas las características de las grandes presas, incluso de sus implicaciones sociales y ambientales negativas, se vuelve necesaria la generación de una metodología que posibilite encontrar y recopilar información útil y suficiente para analizar y diagnosticar tales problemáticas y, con ello, fortalecer los argumentos de denuncia de los procesos de desplazamiento desencadenados por esas obras.

Más información:

Declaración del 13º Encuentro nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Declaración del 13º Encuentro Nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – Bienes comunales indígenas de Cacahuatepec, Acapulco, Guerrero, a 18 de noviembre de 2018

Las organizaciones participantes en el XIII Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos convocados para celebrar nuestra lucha y resistencia en Salsipuedes, Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero, lugar donde dio inicio nuestro movimiento hace 15 años, damos a conocer parte de nuestro análisis y postura ante la coyuntura política nacional:

Vivimos un momento de gran efervescencia y cambio político. En menos de 15 días tomará posesión un nuevo gobierno. Existe una esperanza de cambio en los 32 millones de mexicanos que rechazaron el régimen que imperó por más de 80 años de imposición, autoritarismo, corrupción e impunidad. Con el ascenso de la derecha en América Latina comprendemos la importancia de un nuevo gobierno progresista en el continente. Sin embargo, para los movimientos que nos oponemos al extractivismo y al modelo energético imperante en nuestro país eso no significa un cambio a favor de nuestras demandas. Tenemos claro que sólo la organización y articulación de movimientos sociales podrá hacer valer la determinación de los pueblos en sus territorios.

Desde el MAPDER afirmamos que continuaremos en la defensa de pueblos y ríos ante el embate de esta nueva fase del capitalismo. El modelo energético vigente favorece a empresas privadas, despojando a la naturaleza y a sus pueblos de sus condiciones de vida, sin sancionarlas por los impactos negativos que generan. Consecuentes con nuestra historia de lucha, informamos al nuevo gobierno que no aceptaremos la imposición de proyectos de presas e hidroeléctricas, así como otros modelos extractivos que han llevado al enfrentamiento, a la represión y a la criminalización de quienes por muchos años hemos defendido nuestras tierras, el agua, los derechos de los pueblos y los territorios.

Desde hace más de 30 años se ha venido adecuando la legislación para favorecer la inversión privada en detrimento de la naturaleza y nuestros derechos. La reciente iniciativa presentada por senadores de Morena denominada Ley de Desarrollo Agrario, que pretende abrogar la Ley Agraria, va en ese mismo sentido. Se trata de la ley que dejó pendiente el gobierno peñista y da continuidad a la reforma salinista al Artículo 27 que en 1992 abrió el campo mexicano al capital privado, nacional y extranjero. Si pretenden que ese sea el cambio, pronto van a chocar con el pueblo que los eligió.

Es inaceptable que la consulta entendida desde el Convenio 169 de la OIT esté simplificándose y banalizándose en el marco de una discusión más amplia que involucra a otros sectores de la sociedad sobre temas de «interés público». Se invisibiliza el derecho de pueblos y comunidades campesinas e indígenas a la autodeterminación. Cualquier proyecto de nación tiene la obligación de respetar los modos de vida de quienes habitan los territorios.

Denunciamos la profundización del modelo neoliberal con proyectos para facilitar el control del territorio por gran capital, como lo son las Zonas Económicas Especiales que el nuevo gobierno pretende seguir impulsando.

Como movimiento nos preocupa la situación de violencia que están viviendo los miembros y familias de los simpatizantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota. Durante el encuentro escuchamos testimonios que dan cuenta del continuo hostigamiento y represión del que han sido objeto compañeras y compañeros por parte del gobierno del estado de Guerrero a través de la policía estatal y ministerial. Esta violencia ha tenido consecuencias directas a mujeres y niños, dejándolas viudas y huérfanos, así como el encarcelamiento injusto de 19 compañeros que hasta ahora se encuentran en el penal de Las Cruces, Guerrero. Resultado de esa violencia son los hechos del 12 de noviembre pasado contra el patrimonio familiar de Marco Antonio Suástegui.

Ante esta situación el MAPDER exige:

• Investigación pronta e imparcial por la quema de las motos acuáticas, modo de vida, del líder social Marco Antonio Suástegui y sanción a los responsables.
• Que el Gobierno del estado de Guerrero a través de las instancias correspondientes brinde las medidas de protección a Marco Antonio Suástegui y a su familia, dado que su vida corre peligro, y cese el hostigamiento y las agresiones contra su persona y los miembros del CECOP.
• LIBERTAD A LOS 19 PRESOS POLÍTICOS del CECOP y del compañero Gonzalo Molina, de la CRAC Policía Comunitaria de Tixtla, preso en el penal de Chilpancingo.
• Que se haga justicia a los compañeros asesinados el 7 de enero de 2018 en la comunidad de la Concepción, Municipio de Guerrero: Ulises García, Eusebio Elacio, Alexis Santos, Crecenciano Everardo, Feliciano Ascencio y Celerino Hernández, asesinado el 15 de noviembre del 2014.
• Salida de la policía estatal del poblado de la Concepción y que cese la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del movimiento.
• Cancelación de todas las órdenes de aprehensión de los miembros del CECOP y de la policía comunitaria de Cacahuatepec.
• Justicia por el asesinato de los defensores del territorio en Sierra Norte de Puebla, Antonio Esteban y Manuel Gaspar, así como la aparición con vida del defensor Sergio Rivera.
• Cancelación definitiva de los proyectos de las presas: La Parota, Guerrero; Las Cruces, Nayarit; El Zapotillo y El Purgatorio en Jalisco, Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, en la cuenca del Ajajalpan en Puebla; Paso de la Reyna, Oaxaca; Usos Múltiples Xalapa y El Naranjal, en Veracruz; Milpillas, Zacatecas; Rápidos Santo Domingo; mini hidroeléctricas en los ríos Chespal y Cuilco, Chiapas; y las hidroeléctricas en el río Bobos-Nautla, Veracruz.
• Desmantelamiento inmediato de la presa El Zapotillo y auditoría al proyecto. Restauración de la cuenca del río Verde.
• Reparación integral de los daños causados por la construcción de las presas El Zapotillo y Arcediano en Jalisco y del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz en Sierra de Zongolica.
• Exigimos a los tres órdenes de gobierno revertir políticas de privatización del agua. Al gobierno Federal exigimos la eliminación de los decretos de levantamiento de vedas y la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas privadas.
• Respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios y a sus sitios sagrados.
• Externamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas por el huracán Willa en la costa norte del estado de Nayarit y el sur de Sinaloa, por lo que demandamos: la atención inmediata a los 180 mil damnificados por las inundaciones causadas por dicho meteoro.
• Exigimos al gobierno de Honduras justicia por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y protección al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, a la familia de la compañera Berta y a Gustavo Castro.
• Al gobierno de Colombia le exigimos verdad ante lo sucedido con la hidroeléctrica Hidroituango; asimismo que se libere el Río Cauca y se haga el desmantelamiento de la presa. en Antioquía, Colombia.
• Alto a la criminalización de los defensores del territorio.
• Exigimos a los gobiernos de México, Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Guatemala, que garanticen el respeto de los derechos humanos de todas las personas que forman parte de las Caravanas del Éxodo Migrante que en este momento atraviesan el territorio mexicano. Por el derecho a migrar con dignidad: ningún ser humano es ilegal.
• Reconocemos la importancia de fortalecer la unidad entre los movimientos en defensa del territorio, y con otros sectores de la sociedad y de América Latina. En este sentido nos abrimos al diálogo en cada una de las regiones donde tenemos trabajo y convocamos a otras luchas a fortalecer la organización.

¡RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS

Más información:

Memoria auditiva del 13º Encuentro del MAPDER

EL MAPDER EXIGE ALTO A LA AGRESIÓN CONTRA EL CECOP Y MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI

Carta de los presos políticos del CECOP al MAPDER en su 15° Aniversario, desde el Cereso de Acapulco

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería/Mujeres (REMA/Mujeres) – A 16 de octubre 2018

El pasado 14 de octubre nuestra compañera Grecia Rodríguez, quien funge como enlace de la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA) en Zacatecas, acudió a la Asamblea Ejidal del Potrero, Municipio de Jiménez de Teu, como asesora de los ejidatari@s en relación al «Proyecto Presa Milpillas»[1], caso que acompaña desde hace 5 meses desde el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac).

Esta Asamblea, que originalmente fue convocada en segunda convocatoria por el representante agrario de El Potrero, fue totalmente vulnerada por la Procuraduría Agraria quien, en contubernio con el Gobierno del Estado de Zacatecas pretenden imponer el proyecto de la Presa Milpillas, que, de realizarse, afectará a 19 ejidos, así como el acueducto proyectado pasará por 7 municipios usuarios de la cuenca del Río Atenco, quienes ya han manifestado su rechazo al proyecto.

Al acto de la asamblea llegaron 20 camionetas con 100 efectivos de la policía estatal, así como la presidenta municipal Victorina Espinosa Sánchez, el Delegado de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, El Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado Alfonso del Real y el Titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente Luis Fernando Maldonado Moreno, con la intención de intimidar y controlar la Asamblea, así como para amedrentar a l@s ejidatari@s opositores y en consecuencia manipular la elección a favor del proyecto, tal como ocurrió, a pesar de transgredir totalmente la libre determinación de la asamblea ejidal y violar totalmente la ley agraria, la cual al parecer también desconoce el Procurador Agrario del estado.

En el momento en que nuestra compañera Grecia informaba, a las y los vecinos de El Potrero, sobre las violaciones que estaban sucediendo en el contexto de la Asamblea, Grecia fue rodeada y agredida por varios policías estatales, quienes la empujaron fuertemente y con coraje la lanzaron y apretaron contra la valla metálica colocada por la misma policía para controlar el acceso a la asamblea, a la cual incluso se negó la entrada a varios ejidatarios opositores al proyecto de la presa. El comandante del «operativo», del que desconocemos su nombre, también haciendo uso de la fuerza le arrebató su teléfono celular con el que estaba documentando los hechos, la golpeó y la amenazó con detenerla por usurpar identidad, por alebrestar a la gente y la acosó gritándole: «¿De dónde vienes? ¿De dónde? Por qué no respondes, por qué te trabas y te pones nerviosa?».

Así mismo otros policías sacaban a empujones a otra mujer que había estado en la Asamblea.

REMA/Mujeres condena enérgicamente este tipo de actos de violencia hacia nuestras compañeras, y responsabilizamos de manera directa al gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna por los actos de violencia, represión, intimidación y amenazas dirigidos hacia nuestra compañera Grecia por su labor como defensora de la vida y los derechos humanos; así mismo lo responsabilizamos de cualquier daño físico psicológico o de acoso que pueda volver a sufrir nuestra compañera a quien le damos todo nuestro apoyo y solidaridad.

Estaremos atent@s de las acciones que de forma directa o indirecta sucedan para con nuestra compañera y hacemos un llamado solidario a las organizaciones, movimientos y redes nacionales e internacionales a que difundan y condenen estos actos de violencia hacia mujeres defensoras del territorio que cada día son más comunes en nuestros países.

Estamos convencid@s que este tipo de actitudes, expresan y reproducen el modelo de violencia con el que empresas y gobiernos pretenden imponer una serie de megaproyectos, como es el caso de la Presa Milpillas, bajo el falaz discurso del «desarrollo», atentando contra una serie de derechos colectivos que impactan de manera directa en la vida orgánica de nuestros pueblos, ejidos y comunidades.

En este sentido, velaremos porque se adopten todas las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos que tenemos como mujeres y hombres a vivir una vida sin violencia, en especial los de nuestras compañeras que, con su labor de defensoras, contribuyen a la construcción de comunidades seguras, educativas, libres y espiritualmente satisfactorios en las cuales la vida puede desarrollarse.

[1] la presa Milpillas ocupará alrededor de 19 ejidos, en los municipios de Jiménez del Teul, Sombrerete y Fresnillo, en Zacatecas. Servirá abastecer en agua al corredor industrial Fresnillo Zacatecas-Calera-Morelos-Guadalupe, donde se encuentran las mineras Fresnillo plc y Madero, así como la empresa «Grupo Modelo» filial de la gigantesca cervecera belga Anheuser-Busch InBev, entre otras.

Foto: Intervención de la policía estatal en el Petrero el 14 de octubre 2018 (Crédito: OCMZac)

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Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) – A 15 de octubre 2018

«EL GOBERNADOR DE ZACATECAS, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA Y EL DELEGADO FEDERAL DE LA PROCURADURÍA AGRARIA, FRANCISCO GODOY CORTÉS REPRESORES Y VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS»

El día de ayer, en el Municipio de Jiménez del Teul en Zacatecas, en el contexto de una Asamblea Agraria del Ejido El Potrero en la que debían tomarse decisiones respecto a la imposición y establecimiento de la Presa Milpillas en su territorio, se presentaron 20 camionetas con más de cien elementos de la policía estatal quienes, en coordinación con el Delegado Federal de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, la presidenta municipal Victorina Espinoza Sánchez, el Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado Alfonso del Real y el Titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente Luis Fernando Maldonado Moreno, encabezaron acciones de coacción e intimidación hacia los ejidatarios trasgrediendo la autonomía de la Asamblea Ejidal.

Alrededor de las 11:00 horas del 14 de octubre, la policía cercó el Salón Ejidal en donde se desarrollaría la Asamblea para tomar el control del procedimiento agrario, con lo cual violentaron la vida interna del ejido, los derechos de los ejidatarios y la legislación agraria. Dos elementos de la policía del Estado se situaron en el acceso al Salón Ejidal para dar o negar el acceso y participación en la Asamblea a los ejidatarios; en este contexto, los operadores políticos del gobierno federal y del estado, encabezados por Francisco Godoy Cortés, Alfonso del Real y Luis Fernando Maldonado, definieron la forma en que la asamblea debería de desarrollarse, incidiendo, incluso, en la forma de votación. Durante los hechos, la policía del Estado intimidó, desalojó y golpeó a ciudadanas, ciudadanos y ejidatarios que reclamaron la intromisión de las autoridades en la vida autónoma del Ejido. Cuando algunos de los ejidatarios preguntaron por qué estaba ahí la policía, el secretario general de gobierno dijo que «por protocolo».

Con estos cobardes actos, utilizando la fuerza policial y las instituciones a su cargo para imponer el «progreso y desarrollo», ambos gobiernos, Federal y del Estado de Zacatecas, hacen evidente que la ley y el diálogo no son elementos que hayan incorporado a su práctica política. El mensaje de las autoridades a la población en Zacatecas es claro, quienes definan, en uso de su autonomía personal y colectiva, defender sus derechos, serán reprimidos.

Pese al claro mandato electoral del pasado 1° de julio, en este país es cada vez más común encontrase con gobernantes serviles a la iniciativa privada y a los desarrolladores de megaproyectos, como es el caso de la Presa Milpillas, quienes impulsan este tipo de proyectos con falsas promesas de «progreso y desarrollo» amparados en el discurso del bien nacional.

De igual modo, durante los hechos ocurridos en el Ejido El Potrero, el comandante a cargo del «protocolo», de quien desconocemos el nombre, arremetió con violencia física hacia nuestra compañera Grecia Rodríguez, del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac), cuya organización es integrante de la REMA, amenazándola con arrestarle y quitándole el teléfono con el que documentaba los hechos. Nuestra compañera Grecia se encontraba en el sitio como acompañante y asesora del grupo de ejidatarios a los que ha entregado información fidedigna sobre el proyecto de la Presa Milpillas con el propósito de contrarrestar la información manipulada, sesgada e incompleta con la cual los operadores del gobierno y las empresas constructoras han intentado ganar la aprobación de la Asamblea Ejidal y con ello imponer este proyecto que los despojará y desplazará de su territorio.

Desde la REMA señalamos como responsables directos de cada uno de los actos de violencia, represión y violación de los derechos colectivos y agrarios, pasados y futuros, en contra de las y los ejidatarios y habitantes del Ejido El Potrero que han salido a defender la vida y su territorio, al Delegado Federal de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, así como a Alejandro Tello Cisterna, gobernador de Zacatecas.

La REMA se solidariza con las familias y ejidatarios que el día de ayer fueron reprimidos y golpeados y externamos que arroparemos con toda nuestra fuerza legal y política a nuestra compañera Grecia Rodríguez, a quien el gobierno busca criminalizar y perseguir, por acompañar a la población del Ejido El Potrero en su lucha para que su vida y derechos no desaparezcan bajo el agua.

NO AL PROYECTO PRESA MILPILLAS

RED MEXICANA DE LAS Y LOS AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

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Comunicado del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos – A 15 de octubre 2018

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) denuncia y repudia la intervención policiaca y los actos ilegales que se llevan a cabo en el estado de Zacatecas para imponer la Presa Milpillas.

El domingo 14 de octubre hubo violación a derechos humanos, políticos y a la autonomía ejidal en El Potrero, uno de los 19 ejidos que serían afectados con la imposición del megaproyecto.

Más de 100 agentes de la Policía Estatal impusieron vallas para cercar el lugar de la Asamblea donde también estuvieron presentes funcionarios del gobierno del estado y del municipio. Buscaban intimidar y amedrentar para obtener un resultado favorable a sus pretensiones, aunque en ese intento pasaran por encima de la dignidad del pueblo y de la legalidad.

Denunciamos que fue un proceso lleno de anomalías; estos personajes sacaron ventaja de donde pudieron: no fue una votación abierta ni libre. La intervención policiaca así lo evidencia.

Denunciamos que la autonomía para tomar decisiones libremente del Ejido El Potrero fue avasallada y la Procuraduría Agraria Delegación Zacatecas, a través de su Delegado, Francisco Godoy Cortés, y demás funcionarios de dicha dependencia, se prestaron a los intereses del gobierno del estado, de la Comisión Nacional del Agua y del capital privado, pues no defendieron ni asesoraron conforme a derecho a los ejidatarios y a la asamblea ejidal.

Reiteramos que el acuerdo logrado para la ocupación previa del terreno a inundar, y que en un futuro se pretende expropiar, es a todas luces ilegal, por incumplir con lo estipulado en la Ley Agraria, además de que nunca se informó ni consultó a los afectados por el proyecto Milpillas.

Alertamos a la ciudadanía ante la información manipulada que está circulando la parte oficial que no menciona las ilegalidades y los actos violentos que cometieron para legitimar la construcción de la presa.

Reprobamos la actuación del gobierno encabezado por Alejandro Tello Cristerna, subordinado a los intereses capitalistas.

Manifestamos nuestro total respaldo al pueblo de El Potrero y del municipio de Jiménez de Teúl en su conjunto, así como al Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas.

Hacemos nuestras las consignas que levanta la digna resistencia de quienes luchan contra este megaproyecto: ¡No queremos presa! ¡No queremos dinero! ¡Queremos agua que es vida!

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Foto: Intervención de la policía estatal en el Petrero el 14 de octubre 2018 (Crédito: OCMZac)

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El 19 de septiembre 2018, Otros Mundos A.C. organizó un conversatorio sobre la trampa de las «mini» represas hidroeléctricas en el Foro Cultural Independiente Kinoki, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el marco de su Seminario Permanente de la Sustentabilidad. «Se estima que hoy en día hay un total de 3,700 proyectos hidroeléctricos por encima de 1 MW de capacidad instalada en el mundo, de los cuales el 83% están planeados y el 17% en construcción», compartió Daniela del Bene, integrante del Proyecto EnvJustice de la Universidad Autónoma de Barcelona, invitada por Otros Mundos A.C.

«Más del 75% de estos proyectos son pequeños o medianos», agregó Daniela, quien analiza que el actual auge de las «mini» represas se debe a los incentivos financieros vertidos por los gobiernos y bancos de desarrollo a proyectos supuestamente «sustentables», «limpios» y necesarios para la llamada «transición energética».

Las regiones más impactadas por esta nueva tendencia son Centroamérica, la cordillera andina, los Balkanes y el sureste asiático. Los territorios donde proliferan las «minis» no son libres de graves daños sociambientales. No se trata necesariamente de proyectos pequeños ya que no existe ninguna reglamentación internacional que determine un tamaño límite para sus cortinas y algunas tienen una capacidad instalada de hasta 50 MW. Se acompañan de infraesturas imponentes tales como largos túneles que implican el uso de explosivos, la destrucción de montañas y la deforestación, y emiten altas cantidades de gas metano. «Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático -IPCC, por sus siglas en inglés-, sus emisiones son 10 veces mayores a lo que se ahorraría al dejar de quemar combustibles fósiles«, señaló Daniela del Bene.

La especialsta cuestionó la voluntad política de los gobiernos de proceder realmente a una «transición energética» a través de la multiplicación de las «mini» hidroeléctricas. Éstas ni han sustituido las grandes represas, cuyos impactos socioambientales han sido denunciado desde hace décadas, ni han revertido el aumento del consumo de las energías fósiles. A nivel global, el petróleo, el carbon y el gas siguen siendo las principales fuentes de energía y su consumo no deja de crecer. «La energía hidroeléctrica en general no está para nada sustituyendo los combustibles fósiles, sino que se está sumando a ellos», concluyó Daniela.

Si bien existen experiencias de uso comunitario de energía hidroeléctrica con mini centrales en países como España o Italia, a nivel global las «minis» siguen captadas por grandes empresas como Sinohydro, Hydropower, Odebrecht o Enel. Sea lo que sea el tamaño de la cortina de una represa, lo esencial es saber para qué y para quién sirve la energía que produce, cómo ésta se produce y si contribuye a la construcción de la soberanía energética de los pueblos.

¿La energía se produce para sostener el desarrollo capitalista y el modelo extractivo o para los pueblos? ¿Y cuales son las características de su producción ? Busquemos proyectos descentralizados, a pequeña escala, realizados en el respeto de los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, para sostener modos de vida sustentables basados en un consumo consciente y moderado de la energía eléctrica.

Les invitamos a compartir este material entre el 6 y el 13 de octubre en el marco de la semana de movilización por la justicia energética de la federación Amigos de la Tierra Internacional, de la cual formamos parte. Estas fechas coinciden con la publicación por parte del IPCC de un informe histórico sobre los impactos de un calentamiento global de 1,5 °C por encima de los niveles pre-industriales en comparación con los impactos de un calentamiento global de 2ºC. Es probable que en este documento, los científicos «comuniquen los terribles riesgos e impactos que supone dejar que el aumento de la temperatura mundial promedio exceda 1,5 grados, a la vez que alertan que se necesitará un cambio sistémico drástico, de una magnitud nunca antes vista, para evitar este aumento de la temperatura», indica la federatión en su página web.

Comparta: #JusticiaClimática ¡No a la #EnergíaSucia! #SoberaníaEnergética

Más información:

Semana de Acción de Amigos de la Tierra Internacional para luchar por la justicia climática

Tenemos que exigir un nuevo sistema energético internacional que beneficie a los pueblos y el planeta

Expertos del IPCC recomiendan «cambios sin precedentes» para limitar el calentamiento global a 1,5ºC

Boletín de prensa del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Colectivo de Abogadxs, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco Por el Agua, el Territorio y la Vida (UPOJAST) – A 4 de octubre del 2018

La continuación de la construcción del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León no corresponde en absoluto a la Cuarta Transformación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a la Refundación del Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro.

#ZapotilloNoVa

El proyecto Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León comenzó a promoverse desde el año 2005 y de manera ilegal en 2009 inició su construcción. Desde entonces -por 13 años- los gobiernos del PAN y del PRI lo han querido imponer a como dé lugar: violando derechos humanos, devastando la naturaleza, mintiendo sobre estudios técnicos, incumpliendo acuerdos y leyes, derrochando recursos públicos e implementado graves actos de corrupción, sin generar hasta el momento una sola gota de agua.

El pasado 1 de julio la mayoría de las y los mexicanos decidieron a través de las urnas dar una oportunidad al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien asegura que su gobierno significará la Cuarta Transformación del país. En este mismo sentido, en Jalisco el nuevo Gobernador electo Enrique Alfaro, promete que su gobierno logrará la Refundación del estado, sin embargo la continuación de la construcción del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León no corresponde en absoluto a estos dos principios que supuestamente sustentarán el gobierno de López Obrador y de Alfaro.

Nuestras expectativas y exigencias hacia los nuevos gobiernos son altas. Por más de 13 años hemos impulsado la Revolución del Agua en nuestras comunidades y junto a otras luchas, organizaciones y especialistas hemos demostrado que el Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León es obsoleto, pues no resolverá el abasto del agua a lo largo del tiempo, ni respetará los ecosistemas y a las personas que en ellos habitan. Basta con recodar el reciente «Informe Técnico sobre alternativas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa EL Zapotillo» elaborado en el Congreso de Jalisco y presentado el pasado 23 de agosto, el cual afirma que: «Consecuentemente, mientras no esté debidamente demostrado, deliberado y socializado que el bien mayor de acceso al agua sea superior a las inversiones económicas hasta ahora realizadas, la obra no es justificable desde el punto de vista social, económico o ambiental aún en la etapa actual de avance en el desarrollo y erogación de inversiones ya realizada en la construcción del proyecto».

Por lo que esperamos que la Cuarta Transformación de México y la Refundación de Jalisco transforme el modelo de manejo del agua en el país y en la entidad, hacia una Gestión Integral del Agua y el Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León NO ES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.

Esperamos que la Cuarta Transformación de México de AMLO y la Refundación de Jalisco de ALFARO, antes de realizar declaraciones tajantes como las efectuadas en días recientes sobre el futuro del Sistema Zapotillo primero escuchen y dialoguen con las comunidades, organizaciones, luchas y especialistas que por más de 13 años hemos defendido y trabajado por el agua en Jalisco, eso sí sería un gobierno distinto y no la continuación solo con cambio de partido MORENA en el gobierno federal y MOVIMIENTO CIUDADANO en Jalisco.

Hablar de la inversión realizada en el proyecto por parte de AMLO y ALFARO es importante, sin embargo el enfoque que debe predominar antes de tomar cualquier decisión es el de la CORRUPCIÓN, la Cuarta Transformación y la Refundación de Jalisco debe auditar de manera inmediata el proyecto antes de defender la inversión y de decidir de manera vertical su continuación.

Nos preocupan las contradicciones y vacíos técnicos y de conocimiento de las afectaciones integrales del proyecto en las posturas y declaraciones que los nuevos gobiernos están realizando en esta etapa de transición, debe demostrarse con un PERITAJE la viabilidad y seguridad que tendría el proyecto con una presa a 80 metros de altura de la cortina para las comunidades y por el grado de abandono de la obra y la falta de mantenimiento que alertó también la UNOPS-ONU debe primero comprobarse su estado actual y su grado de deterioro.

Hablar de Cuarta Transformación de México y de Refundación de Jalisco debe significar que la solución a este conflicto socio-ambiental provocado por el Sistema Zapotillo- Acueducto Zapotillo León (Presa Zapotillo, Acueducto y Presa Purgatorio) debe resolverse solo y junto a las comunidades, organizaciones y especialistas, por lo que esperamos podernos reunir de manera inmediata con el gobierno de López Obrador y Enrique Alfaro.

Seguiremos luchando contra este megaproyecto y por un nuevo modelo y política de gestión integral del agua para México y Jalisco, la Cuarta Transformación y la Refundación deben ser esa posibilidad por lo que exhortamos a los gobiernos electos de Obrador y Alfaro a que:

• Antes de realizar declaraciones y tomar decisiones sobre el proyecto se construya la Agenda el Agua que México y Jalisco necesita junto y solo con las comunidades, organizaciones y especialistas.
• Nos convoquen a discutir y revisar de manera integral y completa las afectaciones e impactos del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León.
• Se realice un peritaje público al estado actual de la presa el Zapotillo en relación a su mantenimiento, viabilidad y seguridad.
• Se realice un peritaje público sobre la viabilidad y seguridad para las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo de una presa a 80 metros de altura de cortina.
• Se convoque a la realización de foros públicos para revisar de manera integral y completa las afectaciones e impactos del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León y buscar alternativas –que no sea la constricción de más presas- hacia un nuevo modelo de Gestión Integral del Agua.

Nuestra lucha es por el agua y la vida, queremos un río Verde libre, la cancelación del proyecto, su desmantelamiento, la restauración del río Verde y la reparación integral de los daños, esto es pues lo que esperamos de la Cuarta Transformación de AMLO y la Refundación de ALFARO.

ANTENTAMENTE,

Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)

Colectivo de Abogadxs

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco Por el Agua, el Territorio y la Vida (UPOJAST)

#AmloZapotilloNoEsCuartaTransformación

#AlfaroZapotilloNoEsRefundación

Foto: Conferencia de prensa #ZapotilloNoVa en Guadalajara el 4 de octubre 2018 (ver el video aquí)

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Más información:

Exigen la cancelación del Zapotillo

9 problemas de la presa El Zapotillo, según el Comité Académico de la Gestión Integral del Agua de Jalisco

Senadores por Jalisco piden a AMLO se respete el agua del Río Verde para los jaliscienses

«La Revolución del agua»: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco

EL MAPDER CUMPLE 15 AÑOS DEFENDIENDO RÍOS

REALIZARÁ SU ENCUENTRO NACIONAL DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE EN GUERRERO

Comunicado del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – A 17 de septiembre 2018

Al cumplir quince años de resistencia, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) realizará su treceavo encuentro nacional del 16 al 18 de noviembre del 2018 en la comunidad de Salsipuedes, Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, en el Acapulco rural, estado de Guerrero.

Compartiremos experiencias y conocimientos desde las distintas comunidades, organizaciones y personas que integramos el MAPDER para fortalecer la resistencia nacional y brindar solidaridad al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).

Nos reuniremos en el lugar que nos vio nacer en el año 2003 en torno al CECOP, que defiende la cuenca del río Papagayo y resiste a una nuevaofensiva de persecución, encarcelamientos y asesinatos.

Los campesinos de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, han expresado contundentemente durante quince años su rechazo al Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, de la Comisión Federal de Electricidad, pero sus derechos siguen siendo pisoteados por las instancias de poder federal y del estado de Guerrero.

Enfrenta el MAPDER numerosas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y de los pueblos al agravarse las amenazas de despojo de tierras y del desplazamiento forzado de poblaciones para la construcción de presas.

Delegaciones procedentes de las cuencas hídricas de Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Veracruz, Puebla, Valle de México, La Laguna, entre otras, reflexionaremos sobre la organización y el papel del MAPDER en los nuevos escenarios que enfrentaremos en los siguientes años, particularmente en materia de agua, proyectos de presas, energía y resistencia de los pueblos.

Comunidades afectadas exigimos la cancelación inmediata de los proyectos de presas La Parota en Guerrero, El Zapotillo en Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina en Oaxaca, Las Cruces en Nayarit, cuenca de La Antigua en Veracruz, al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros más en las cuencas de Chiapas, y nos solidarizamos con los pueblos que resisten la imposición de embalses en la Sierra Negra de Puebla y en Milpillas, Zacatecas.

Reclamamos la libertad de presos del CECOP, justicia a los asesinados y presentación con vida de Sergio Rivera Hernández, opositor del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala de Minera Autlán en Puebla.

Recuperaremos aprendizajes y logros que hemos tenido como movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos en nuestros primeros quince años de vida.

Con invitados internacionales festejaremos colectivamente la vida y el aniversario del MAPDER al grito de

¡Ríos para la vida, no para la muerte!

Mayor información en el correo electrónico: encuentromapder15@gmail.com

Más información:

¿Uno más en la cuenta de muerte por defender la vida? ¡Exigimos la aparición con vida del defensor Sergio Rivera Hernández!

«La Revolución del agua»: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco

#10AñosCompartiendo: Manualito para las radios en defensa de los ríos

Comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros De Zacatecas (OCMZac), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – A 28 de agosto de 2018

Análisis crítico del Estudio de Factibilidad de la Presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl y línea de conducción para el abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo, publicado en mayo 2015

Antes de iniciar surgen varios cuestionamientos:

¿Por qué si desde el año 2015 se publicó un Estudio de Factibilidad de más de 500 páginas, hasta ahora el Gobierno del Estado de Zacatecas busca «dialogar» con las y los ejidatarios? Además, dicho estudio tuvo un costo de más de 16 millones de pesos, y aun así le falta información básica y se basa en una suposición no comprobada y errónea, a saber, que la presa Milpillas permitirá frenar el abatimiento de los acuíferos de la región centro de Zacatecas.

Por otro lado, ¿por qué el Gobierno Estatal falsificó el Acta ejidal inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN) con fecha del 19 de abril del 2018? Esta acta tiene como asunto: Someter a consideración de la Asamblea la anuencia para que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) realice trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y/o cualesquier otra autoridad de carácter federal, estatal o municipal, el cambio de uso de suelo respecto a aproximadamente 11 ha de tierras ejidales. E incluso la Delegación de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, el ombudsman de los campesinos encargado de asesorar y orientar a los sujetos agrarios y garante de la legalidad, solapa y se presta a este tipo de actos, incurriendo en delitos penados por las leyes mexicanas. Son muchos los atropellos y engaños que se han presentado en esta promesa de progreso y desarrollo.

El Estudio de Factibilidad enuncia cuatro áreas amenazadas y dedica centenares de páginas a describir y justificar los impactos de la presa y el acueducto sobre la fauna y flora en los ocho municipios afectados. Estos impactos no son despreciables. Por otra parte, falta información básica, por ejemplo: sobre la altura y anchura de la cortina, sobre el caudal del río Milpillas durante las diferentes temporadas, y sobre los impactos hidrológicos y sociales aguas abajo de la presa. De esta manera, el Estudio de Factibilidad no analiza algunos de los impactos socioambientales más importantes del proyecto. Estos tienen que ver con la extracción de docenas de millones de metros cúbicos de agua de una cuenca que ya sufre estrés hídrico, para transportarla a otras cuencas entre Fresnillo y la Zona Conurbada Zacatecas Guadalupe (ZCZG), donde el manejo del agua se caracteriza por la falta de contabilidad, ineficiencia, pérdidas y desigualdad. El Estudio afirma que la presa Milpillas aliviará la presión sobre los acuíferos en el corredor Fresnillo-ZCZG, pero no presentan los cálculos para respaldar esta afirmación. Resulta ser una falacia.

Dicen que el agua será sólo para el sector público urbano. Hay que desnudar que, aun siendo el caso, el proyecto sirve para entregar por completo las aguas subterráneas al gran capital. Es decir, las aguas de mejor calidad y las más accesibles en términos técnicos y económicos seguirán siendo explotadas por la cervecera (No olvidamos que Tello era el representante del Grupo Modelo para negociar con el Gobierno de Zacatecas, antes de que se incorporara en el equipo de Miguel Alonso Reyes). Y sirve también para abandonar el agua subterránea a los grandes agricultores. ¡Más del 90% de las agua subterráneas en la región centro del estado se consume en el sector agrícola!

La superficie afectada, dentro del ejido El Potrero, para la construcción de la presa es de 11 hectáreas aproximadamente. ¿Cómo pueden convivir el Megaproyecto de la presa Milpillas y la comunidad del Potrero? Si la superficie afectada es la zona de uso común del Ejido y el proyecto contempla claramente la afectación de asentamientos humanos, es decir la comunidad donde viven ejidatarias y ejidatarios, avecindadas y avecindados y la ciudadanía en general.

Además, como ya lo advertimos, no es sólo el ejido El Potrero el que debe de otorgar el permiso al Gobierno del Estado para el megaproyecto sino 19 ejidos. Dos de Jiménez del Teúl: Atotonilco y El Potrero; cuatro en Sombrerete: Estancia de Guadalupe, Corrales, Niño Artillero y Nuevo México; 11 ubicados en Fresnillo: La Presa, Misericordia y Anexos, Primero de Mayo, Trujillo y Buenavista, Melchor Ocampo, Tapias, San Cristóbal, El Salto, Eréndira, México Nuevo y Providencia. Dos ejidos más están en la ruta del acueducto: Hacienda Nueva en Morelos y La Pimienta en Zacatecas.

Finalmente, al respecto de las declaraciones y acusaciones de Luís Fernando Maldonado, encargado de SAMA, sobre los mitos que se han creado en torno al proyecto Milpillas, queremos señalar lo siguiente. El riesgo de inundación es latente en todo proyecto de esta envergadura, no se puede desestimar esa posibilidad con sus argumentos tan débiles y la medida de la cortina, que ha generado dudas sobre si será de 87.5 m de altura o no. Del mismo modo, y como lo hemos señalado a través de un mapa donde se describe la trayectoria del acueducto, se corrobora que serán 19 los ejidos impactados y no sólo dos, El Potrero y Atotonilco son los afectados directamente por el embalse, pero los demás sufrirán daño por la construcción del conductor de agua.

También, sobre la escasez de agua río abajo y el argumento de que la presa retendrá sólo el 15 por ciento del flujo total de la cuenca, y que por eso los impactos ambientales serán mínimos, el investigador Darcy Tetreault de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, señala al respecto: al extraer 42 millones de metro cúbicos al año (Mm3/año) del río Atenco denominado para el proyecto como Milpillas, incrementaría el estrés hídrico en la sub-cuenca Milpillas, sobre todo
aguas abajo de la presa. El proyecto implica un transvase entre cuencas, de la cuenca Bajo Santiago (específicamente la subcuenca Milpillas) a las cuencas en la región centro del estado: Alto Aguanaval y El Salado. Según el Programa Hídrico Estatal Visión 2030 Zacatecas, elaborado durante la primera parte del sexenio de Miguel Alonso Reyes, la zona hidrológico-administrativa Bajo Santiago sufre de un déficit de agua de 34 Mm3/año. El Estudio de Factibilidad para la presa Milpillas reconoce que aguas abajo de la presa, «habrá de modificar las condiciones hidrológicas, con menor disponibilidad de agua, destinada para el consumo humano y para el riego de terrazas fluviales a lo largo del cauce del río» (p. 237). Sin embargo, ¡no incluye un análisis de estos impactos!

Entonces ¿de quiénes son los mitos y los engaños, si en nombre del progreso se está mintiendo y agrediendo a comunidades y ejidos enteros? Engaño, corrupción, discriminación, ecocidio, despojo y el riesgo de desplazamiento forzado envuelven el megaproyecto Milpillas. Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, La Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos exigimos que Gobierno Federal y del Estado, así como SAMA y SEMARNART rindan cuentas por los crímenes cometidos y que se suspenda de inmediato el Proyecto. Del mismo modo, nos deslindamos de las acciones y/o declaraciones que hagan otras organizaciones sobre la problemática como la UNTA o el propio Ignacio Fraire.

¡No a los megaproyectos de muerte!
¡Ríos para la vida no para la muerte!

Atentamente,

Red de Afectados por la Minería
Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas

Más información:

Zacatecas: ejidatarios logran anular asamblea que pretendía imponer la presa Milpillas

Zacatecas: rechazan la presa Milpillas, destinada a transferir agua al corredor industrial Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe

Artículo de Azalia Espinoza, Jazziel Baca y Martha Silva, publicado en el informe «Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central» de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Primera edición: marzo 2018

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1. Introducción

Latinoamérica se ha convertido en el objetivo clave para que empresas transnacionales de los países llamados «Desarrollados» extraigan materias primas, pero estás son exportadas a Europa o Estados Unidos para ser procesadas en estos países y ser vendidas como producción propia, estableciendo así el modelo binomial de la modernidad, desarrollo y subdesarrollo, dos caras de una misma moneda. En el caso de Centroamérica,  esta moneda lleva resonando en los discursos de todo mandatario desde que se forjaron nuestras naciones en la segunda década del siglo XIX.

2. Antecedentes

Honduras es un país con una amplia riqueza en bienes naturales, biodiversidad y minerales valiosos. Sin embargo, la riqueza natural sólo lo disfruta un porcentaje muy reducido de la sociedad. Honduras tiene los niveles más altos de desigualdad de toda América Latina: cerca del 66 por ciento de la población vive en la pobreza, según datos oficiales de 2016. En zonas rurales, aproximadamente uno de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema con menos de US$1.90 al día.

En Honduras, bajo la premisa del «desarrollo», entramos al engañoso modelo extractivista a partir de los años 1990, pero luego del golpe de Estado de 2009, toma un especial interés en la agenda de gobierno. En este mismo año se aprueba una nueva Ley General de Aguas, que permite la concesión de los recursos hídricos del país a manos privadas, inmediatamente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) convoca a un proceso de licitación para 47 proyectos (decreto No. 100-1293/2009), de los cuales 40 quedan a manos de empresas privadas extranjeras (1). Posteriormente, se aprueba la Ley General de Minería mediante decreto 238-201 que permite la masiva concesión de territorios para la instalación de empresas mineras metálicas y no metálicas) y reformas a la Ley de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables por medio de decreto de ley 138-2013 la concesión de ríos para la construcción de represas hidroeléctricas en el país.

Abriendo así una nueva etapa de explotación de los bienes comunes y despojo territorial inconsulto, manifestado en proyectos mineros, fotovoltaicos, eólicos e hidroeléctricos, que desde el 2010 han ido en un imparable crecimiento, sumando «más de 837 proyectos mineros potenciales, lo cual en términos territoriales significaría casi el 35% del territorio nacional. Además que hay 76 proyectos hidroeléctricos con estudio de factibilidad finalizado y/o contrato de operación aprobado en 14 de los 18 departamentos del país (Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Patuca, Santa Bárbara y Yoro)».

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), ha mencionado que «una de las redes de corrupción más relevante, es la que tiene que ver con el concesionamiento de las Alianzas Público Privado, particularmente con la construcción de obras públicas, como carreteras, peajes, servicios públicos como la energía eléctrica a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Agregó que en la concesión de proyectos hidroeléctricos hay fuertes indicios para que la MACCIH haga un
trabajo de investigación porque es evidente que ha existido corrupción y eso se puede probar con las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público».

En este sentido, las organizaciones ambientales, sociales e indígenas, se han sumado a la tarea de resistencia de estos proyectos, pero se ha pagado un alto precio, desde el 2009 han sido asesinados por proteger la tierra 123 activistas. En este contexto de persecución y asesinatos, se han unido para resistir varias organizaciones, entre ellas el Movimiento Indígena Independiente de la Paz-Honduras (MILPAH), que nace precisamente en el 2010 para defender a las comunidades lencas en el departamento de La Paz, integrado por hombres y mujeres indígenas. MILPAH ha estado bajo constante ataque por oponerse a la construcción de varias de las hidroeléctricas.

Sólo en 2015, cinco defensores ambientales de los derechos humanos en Santa Elena fueron asesinados, debido a su trabajo para llamar la atención y hacer valer sus derechos humanos en el contexto de las concesiones mineras e hidroeléctricas que afectan sus tierras ancestrales. Por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado a 12 miembros de MILPAH medidas cautelares. Por otro lado es necesario resaltar que la mayoría de los proyectos extractivistas se han ubicado en zonas rurales, en donde el 60% de la población de los 8 grupos étnicos de Honduras vive o sobrevive (2), por lo que son los pueblos indígenas y afrodecendientes los que sienten directamente la inequidad, despojo y represión que estos proyectos suelen generar en el ámbito social y ambiental como la deforestación y contaminación; o la falta de las fuentes de agua, en varios casos (3) ha sido demostrado con las construcciones de las Hidroeléctricas en esta etapa extrativista hondureña.

Sin embargo, hay un sector importante que la integran los pueblos originarios que resulta ser la oprimida entre los oprimidos: la mujer indígena y garífuna (heterosexual o gay), sobre sus hombros carga los impactos inmediatos de la escasez o cautiverio del agua producto de los proyectos hidroeléctricos, debido a los roles impuestos, ya que es ella las que se ha encargado históricamente de la reproducción social, como nos mencionan varias mujeres organizadas en los Consejos Indígenas y Juntas de Agua, afectadas por las hidroeléctricas en el departamento de La Paz.

3. La lucha que libran las mujeres

Las mujeres organizadas se enfrentan a múltiples opresiones, luchas y resistencias, ya que batallan en contra de la colonización capitalista, en contra del patriarcado que muchas veces comparte el espacio con las mismas organizaciones en las que se milita. El trabajo de la mujer ha quedado en el anonimato, siempre han estado allí aunque no las veamos.

El rol que históricamente la sociedad ha obligado cumplir a la mujer, es el de reproductora de la fuerza de trabajo. Este papel no es remunerado ni reconocido, además esta tarea convierte a la mujer en la principal usuaria del agua y cuando hay escasez es la que carga la responsabilidad de abastecer a la familia del vital líquido, como lo manifiesta María Lorenzo, integrante de MILPAH que
habita cerca de una de las hidroeléctricas:

«Me afectó porque yo vivo debajo de esa máquina (refiriéndose a la turbina de la hidroeléctrica). Cuando yo quise luchar por sacar el agua y fui a entrevistar a don Arnol, ¿qué me dijo don Arnol?. Se engavetó las solicitudes que yo le di… ‘Sí abuela, le vamos a poner el agua, usted no se preocupe’. Así quedó y nunca me puso el agua. ¿Y él cómo está? Está bebiendo buena agua y nosotros agua sucia, bebiendo agua lodosa, bañandonos con agua lodosa… Solicitudes ¿cuántas? Como tres le entregamos y las engavetó… No nos cumplió lo que dijo y cuando andaban sacando esa cosas (mediciones antes de la construcción), llegaron unos hombres a la casa… me dijo ‘aquí van pasar las líneas para que pase (la represa) y usted va a vivir en una buena casa, por otro lado para Granadilla’… Yo no soy de Granadilla, yo me muero aquí… Pero ustedes no (van a pasar)… ‘¿Y su esposo qué opina?’… No, ¡yo opino sola porque soy mujer!… Mire cuando se hace lodo no hayamos por dónde agarrar un poquito de agua limpia”… (Escuchar esta entrevista en Radio Mundo Real)

Gladis García (4) menciona que «la diferencia que he sentido en la comunidad es el impacto del agua, no hay agua, imagínese… (los niños) que tienen de cinco para abajo, ahorita con diarreas, fiebres, están padeciendo ahorita en San Francisco, hoy que venía en la mañana… Me preocupa con la demás gente que no tiene agua y está consumiendo el agua del río y esa agua está contaminada, usted sabe que todas las heces, animales muertos y basura, todo lo que es contaminación cae al río y a veces la gente tiene que beber de esa agua, lavar de esa agua, bañarse de esa agua y me parece que eso es que está contaminando ahorita a los niños que están padeciendo de enfermedades crónicas… Es zona seca, no hay pozos de agua limpia, nosotros la recibimos de otras comunidades de montañas altas».

Proteger los bienes comunes como el agua se ha convertido en la agenda de las mujeres organizadas, por ser las principales afectadas, sin embargo, se ha pagado un alto precio, desde fuertes amenazas, pasando por agresiones psicológicas y físicas, con especial énfasis hacia la mujer indígena y garífuna organizada como el caso de Ana Miriam Romero (5), hasta muertes, en su mayoría de hombres pero también mujeres de organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Paula Gonzales (2013), Berta Cáceres (2016) o Lesbia Yaneth Urquia (2016), madre de tres hijos y militante activa del COPINH quien desde el 2009 se dio a conocer como férrea defensora de los bienes comunes oponiéndose a la construcción de la hidroeléctrica Aurora I en municipio de San José. Lesbia se encontraba inmersa en un contexto suspicaz, en el marco de un proceso de «consulta» llevado a cabo por el gobierno de Honduras, acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e Informada», los días 4 y 5 de Julio, en Marcala, La Paz.

Las mujeres organizadas en MILPAH han creado sus propios espacios de construcción, pero también han logrado mayor participación dentro de las estructuras de toma de decisión y dirección. Tal es el grado de participación que han obtenido, que en la comunidad Simpinula, la repartición de las tierras comunales se hace independientemente del género, cada hombre y mujer tiene su parcela por igual para trabajarla y la labor es colectiva. En este sentido la participación de las mujeres en la lucha ha sido fundamental, así lo expresó María Felicita López, dirigente de MILPAH; sin embargo, no se puede negar que las mujeres en diversos aspectos se enfrentan de una forma muy diferente pero contundente, con una crisis muy fuerte en todos los niveles tales como: el desempleo, el despojo, el fracaso del salario masculino, la violencia psicológica, amenazas e intimidación por fuerzas represoras del Estado, la discriminación, la criminalización de la lucha, violencia sexual y la violencia física sólo por considerarlas inferiores a los hombres, todo esto ha obligado a muchas mujeres a salir de la casa, tomar un segundo trabajo que se ha añadido al trabajo doméstico no pagado, así que ahora la jornada laboral de las mujeres es una jornada sin fin, esto como consecuencia del fracaso de las pocas políticas sociales del Estado hondureño y como resultado del machismo que impera en este país.

La construcción de las represas ha provocado o genera efectos negativos como: que el nivel de pobreza vaya en ascenso, que exista represión violenta de parte de los órganos de seguridad del estado y de las mismas empresas y de igual manera la criminalización de la protesta social, además que el índice de mujeres asesinadas por defender el medio ambiente cada año se eleva, que cada vez sean mayores los impactos en la salud como problemas respiratorios y oculares, debido al polvo producido durante su construcción, la contaminación de los recursos hídricos, y ha provocado impactos negativos en los medios de vida y alimentación del pueblo indígena Lenca.

4. Propuesta

En fusión con MILPAH y con miras a la búsqueda de una justicia social para las mujeres indígenas en la lucha; el Movimiento Madre Tierra/Amigos de la Tierra Honduras trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de incidencia política de las mujeres, tanto organizadas como no organizadas, a través de la formación permanente en temáticas de: negociación, derechos humanos y particularmente derechos de la mujer, el convenio 169 de la OIT e incidencia política, se promueve y apoya espacios de consulta libre previa e informada en donde se logre una inclusión significativa de la mujer, es decir; que ellas formen parte de la toma de decisiones en la organización, aplicación y beneficios de la misma.

Se hace sinergias con diferentes organizaciones sociales, (entre ellas organizaciones feministas) y con tomadores de decisiones, para construir políticas públicas que contribuyan a la protección del ambiente y al desmantelamiento de los proyectos hidroeléctricos. Como Movimiento Madre Tierra, se establecerá contacto directo con el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT), para darle seguimiento a las denuncias de torturas en general y especialmente violaciones sexuales y otras violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres que están en la lucha, así como las mujeres en general, que ocurren debido a la negligencia existente por parte de la institucionalidad, particularmente de la municipalidad para atender los casos de esta naturaleza; la población se siente indignada y particularmente las mujeres porque la mayoría de los casos por no decir todos se quedan en la impunidad. Para realizar este trabajo se capacitará a un grupo de mujeres pertenecientes a los consejos comunitarios que tiene organizado MILPAH, para que sean ellas quienes documenten y hagan la remisión al CPTRT, así como a los entes del estado responsables de atender estos casos.

5. Conclusiones

En los últimos años, el gobierno de Honduras, de tendencia neoliberal, ha profundizado el modelo económico basado en la explotación sin reserva de los bienes naturales de los territorios, sobre todo de territorios indígenas dado su abundante riqueza natural. Al pretender la explotación de los recursos naturales para generar capital privado, el Estado entra en conflicto con las comunidades indígenas que se manifiestan en contra de los proyectos, a lo que el Estado responde con la militarización de las comunidades, la violación de derechos humanos, la criminalización de la protesta y el asesinato de activistas ambientales.

En este escenario de conflicto, la mujer indígena ha sido quién ha sufrido no solo por su condición de mujer en una sociedad patriarcal y machista, sino que también por su condición de mujer indígena que acarrea pobreza, rechazo y discriminación. La mujer indígena lenca sufre las consecuencias directas del despojo y la explotación de los territorios, al ser ésta la que abastece su hogar, por lo que cuando las comunidades se manifiestan en contra de los proyectos extractivos, las mujeres indígenas son las que llevan adelante la resistencia.

Notas:

(1) PBI (S/F) «Concesiones de ríos, represas hidroeléctricas y exclusión: el conflicto social a partir de las represas en los valles del norte de Santa Bárbara» Diponible aquí.

(2) PNUD (2012). «Informe sobre desarrollo humano, Honduras 2011, Reducir la inequidad: un desafío impostergable», Página 179.

(3) Hidroeléctricas como Corral de Piedras, Los Encinos, Aurora I y II en La Paz o la represa Petacón en Reitoca, Francisco Morazán

(4) Vecina de San Francisco del municipio de Santa María, pertenece al Consejo indígena de su comunidad, es parte de MILPAH.

(5) Vecina de San Francisco del municipio de Santa María, pertenece al Consejo indígena de su comunidad, es parte de MILPAH.

Información relacionada:

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Contexto: El 28 de abril, Hidroituango la represa más grande de Colombia, ubicada en el cañon del río Cauca, se desbordó debido a errores de planeación del grupo encargada del proyecto, Empresas Públicas de Medellín (EPM). Presionada por el gobierno por poner en marcha esta represa cuya producción de energía (2.400 MW) iba a beneficiar a la minería, la empresa empezó a llenar el embalse de la presa en abril del presente año, antes de que la infraestructura esté lista y la población evacuada. Para ello, tapó dos de los tres túneles de desviación por el cual se evacuaba el río, pero un derrumbe de la montaña tapó el tercero, provocando el desbordamiento del cauce. En consecuencia, se inundaron dos pueblos ubicados agua arriba (Ituango y Sabanalarga), de los cuales unos 500 habitantes se encuentran en autoalbergues, desatendidos por las autoridades.

Otros cientos de habitantes dependientes de la pesca, el barequeo y la caza perdieron su fuente de trabajo y medio de subsistencia, ya que el río inundó gran parte del bosque que cubría el cañon. Los proyectos hidroelécticos tienen prohibido inundar importantes zonas de vegetación ya que esto provoca la muerte de especies y la asfixia del río; tienen la obligación de retirar la capa vegetal antes de llenar un embalse, una precaución que EPM se negó a tomar. Aguas abajo, la población sufrió una avalancha y huyeron 9.000 personas. La desinformación y falta de atención por parte de las autoridade es tal que la población sigue viviendo en la incertidumbre y el terror de sufrir una nueva avalancha en los próximos días, por lo que el Movimiento Ríos Vivos exige el desmantelamiento controlando de la represa Hidroituango.

El 19 de junio 2018, Isabel Zuleta, habitante del municipio de Ituango e integrante de Ríos Vivos Antioqua Colombia y de la Asociación de Mujeres defensoras del agua y la vida afectadas por el proyecto Hidroituango, participó por videollamada en el seminario mensual de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, para actualizarnos sobre la situación y las exigencias de la población. Les compartimos sus palabras:

>> Escuchar y descargar el audio completo de Isabel Zuleta (.mp3) <<

«Para nosotros, ahora la situación más grave es no saber cuál es el final. Hemos insistido en que necesitamos una fecha final de la emergencia: nos tienen que decir hasta cuándo va a seguir esta situación, porque no pueden dejar a la gente en unn angustia eterna. Hasta el momento, eso no ha sido claro, porque los organismos nacionales no saben qué fue lo que hizo EPM. Se le permitió a esta compañía hacer todo lo que quiso. No tuvo ningún mecanismo de control. Por ello no solo necesitamos una fecha final de la angustia, sino que necesitamos saber la verdad: qué fue lo que pasó.

Es muy grave que no se sepa lo que pasó, que no se tenga una fecha límite para la emergencia, y tercero que las comunidades agua arriba no estén atendidas. No hay ningún tipo de atención para las comunidades de Ituango y Sabanalarga ni para las que perdieron su trabajo en las comunidades de Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia y Peque.

La situación actual es terrible. Las personas están en autoalbergues aguas arriba: 120 personas en el coliseo del municipio de Ituango y 360 en las mismas oficinas de la presidencia municipal de Sabanalarga, sin alimentación ni ningún tipo de ayuda. Se han sostenido solo con la solidaridad de la sociedad civil. Además, toda la comunidad barequera y pescadora que tenía sus viviendas en los cascos urbanos o en las fincas y que no pueden hoy obtener su medio de subsistencia porque el río está inundado, también está en una crisis de mucha angustia y desazón porque su único medio de subsistencia era el barequeo y la pesca y en ciertos casos la caza en el bosque seco tropical y el bosque húmedo.

Aguas abajo también hay una grande preocupación por el tema de los albergues. La comida llega en descomposición. No hay entrega de ropa a pesar de que la avalancha se llevó decenas de viviendas y dejó a muchos integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia Colombia sin ropa, sin nada. Y sin embargo lo único que entregaron las autoridades son unas colchonetas para estar en unos albergues con muchos problemas higiénicos porque hay muy pocos baños y muy poca salubridad. La gente se está enfermando por la falta de agua potable. Además la montaña se está movimiendo todo el tiempo, la gente tiene mucho miedo.

Hay un éxocdo masivo: huyeron 9.000 personas del municipio de Valdivia, especifícamente del corregimiento de Puerto Valdivia. Han huído más de 1.000 personas para Yarumal y Medellín. Lo que no hizo la guerra con más de 70 masacres lo está haciendo el proyecto Hidroituango: hay mucho más desplazamiento forzado causado por este proyecto hidroeléctrico que por la guerra.

El llamado a la solidaridad internacional se mantiene:

Ante la incertidumbre sobre el estado real de la presa, se debe desmantelar Hidroituango de manera controlada: hay que desmontar el muro poco a poco para que vaya retornando el río a su cauce. El río tiene memoria y va a retornar a su cauce si se le permite. Se debe desmantelar de manera controlada, siempre y cuando la gente esté evacuada. Este riesgo se debe asumir por un tiempo definido. Sabemos que el desmantelamiento es un riedgo muy grande también, pero no más grande que matener un riesgo eterno, sin saber y sin tener el control sobre qué pueda pasar y cuándo pueda pasar.

Aparte, hemos venido insistiendo en que nos tienen que decir para qué, para quién y a qué costo social y ambiental están generando energía en Hidroituango. El gobierno nos ha dicho que la energía de Hidroituango iba a ser destinada a la exportación, pero una de sus líneas de transmisión está para Cerro Matoso, que es una mina. Además, todo el territorio del río Cauca está concesionado por la empresa minera Continental Gold, por lo que no nos pueden decir que es energía limpia. Si es para la megaminería y la destrucción de la naturaleza, no es energía limpia.«

>> Escuchar y descargar el audio completo de Isabel Zuleta (.mp3) <<

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Más información sobre Hidroituango:

La cuenta Twitter de Afectados por Hidroituango Rios Vivos Antioquia: @RiosLibresAnt

La página web de Ríos Vivos Antioquia

Colombia: el movimiento Ríos Vivos exige el desmantelamiento controlado de la presa Hidroituango

Desde México nos solidarizamos con los defensores y las defensoras del Río Cauca en Antioquia, Colombia

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Compartimos el comunicado del Movimiento Ríos Vivos – Valdivia, Antoquia, a 4 de junio 2018

“EL RÍO CAUCA EXIGE SU LIBERTAD: EL RÍO CAUCA LE HABLA A COLOMBIA”

#LiberenElRíoCauca
#DesmantelenHidroituangoYa
#EmergenciaEnHidroituango
#HidroituangoUnDesastre

La única opción ética y responsable en las actuales circunstancias generadas por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), quien NUNCA controló realmente a EPM, es que dejen el río correr libremente, lo que implica un desmantelamiento controlado de las obras de Hidroituango antes de que la naturaleza lo haga, pues las montañas van a seguir desprendiéndose. En la zona sabemos que cuando inicia una grieta la montaña continúa desmoronándose, afectando a zonas distantes del hecho. El muro tiene filtraciones en distintas partes, en la casa de máquinas nadie sabe qué pasa y, como si fuera poco, no nos volvieron a hablar del túnel que generó la avalancha.

Por la desinformación y el riesgo que corremos ya se instaló un profundo miedo en la población que aumenta en la medida que pasa el tiempo, el éxodo es imparable. Como Movimiento de comunidades afectadas por Hidroituango desde siempre nos opusimos a esta obra, pedimos a gritos que no la realizaran. Hoy pedimos a gritos que la desmantelen de manera controlada y las razones son más que suficientes: nadie nos garantiza la vida e integridad física, la protección de nuestros bienes, nadie sabe cuánto tiempo tardará la situación de incertidumbre. ¿Cuándo nos devuelven la vida?

Y peor aún nadie sabe cuántos y quiénes somos pues los estudios sociales están peor que los técnicos, sólo que las manifestaciones sociales han sido impedidas por la violencia socio-política. Hace rato perdieron el control de la obra, recuperarlo les tardará en términos técnicos, sociales y ambientales mucho tiempo y miles de miles de millones de pesos que deberían ser para reparar los daños causados a las comunidades y para desmantelar el monstruo que crearon. ¡No boten más el dinero al río que sale de nuestros propios bolsillos!

El vertedero no es la solución y EPM lo sabe, así como no lo fue la cota 410 a pesar de la fiesta de algunos ciegos que no quieren ver la realidad o que no viven las afectaciones. La principal de ellas es la incertidumbre que no puede ser eterna, nadie podrá nunca acostumbrarse a sentir miedo constante y menos al hecho de que «el desarrollo» nos haya robado la forma de vida y tranquilidad en torno al río Cauca, el Patrón Mono.

EPM les mintió a las comunidades y al país al decir que con la famosa cota 410 desaparecía en gran medida el riesgo de avalancha como si la avalancha no se hubiese generado ya por factores distintos al muro dejando poblaciones aisladas, produciendo muertes por desconexión, miles de familias sin poder trabajar, sin sus viviendas, sin su vida, además del riesgo que nadie menciona aguas arriba causado por el aumento día a día del represamiento que deja a más y más familias en la calle; cerca de un mes sufriendo aguas arriba un represamiento arbitrario e ilegal como si sobre la cadena de nuestras montañas no hubiesen impuesto sus obras que al parecer nadie ve.

Ya es una costumbre que nos vendan la publicidad promovida por EPM a través de la mayoría de los medios de comunicación, que no están informando como lo requerimos las comunidades sino como lo prefiere la empresa. Hoy hacen una nueva venta para mantener embelesados a los medios con píldoras de distracción dejando de lado la gran responsabilidad de trasmitir la verdad que posibilite a las familias tomar las mejores decisiones sobre su vida, no una verdad amañada y orientada por EPM a su servicio. El asunto del vertedero no será nada distinto a un nuevo espectáculo por demás riesgoso ante la certeza de que está hecho a las carreras y de que no es la solución. Agradecemos a los medios de comunicación y especialmente a periodistas que se han atrevido a contar la verdad, a darle a las comunidades y a la institucionalidad igual tratamiento, igual tiempo e invitamos a los demás a que asuman su responsabilidad con la claridad y transparencia porque con la vida no se juega.

Señor Ministro de Minas y Energía: NINGÚN llenado prioritario, sufrimos la irresponsabilidad de un llenado arbitrario e ilegal. ¿O usted ya sabe por qué taparon con cemento los túneles antes de terminar la obra? ¿Cree que no sabían que el agua no cabía por un sólo túnel y por tanto se iba a represar? ¿Acaso no sabe que ya EPM había anunciado el llenado «rápido» a la ANLA?  No le mienta más al país por favor, no continúen tratando de salvar una empresa y un proyecto que pasó y sigue pasando por encima de las comunidades.

No necesitamos ser expertos para saber que este proyecto estaba condenado al fracaso. No necesitamos presumir sabiduría para entender que la arrogancia paisa nos impuso esta obra de destrucción, nos impuso el mal llamado desarrollo que hoy por fin sabemos lo que es. Desarrollo para Hidroituango es: no tener casa, ver las montañas caerse, ver los puentes inundados o destruidos, nuestros enseres y cultivos perdidos, no tener comida, estar enfermos, no dormir de la angustia, no escuchar a las guacamayas, a los pájaros y demás aves del bosque, estar sin peces, el desplazamiento forzado, los amigos y familiares que se fueron para Medellín y otras partes, el estar hacinados en carpas, el estar sin agua, el no ser escuchados, el estar sometidos a que decidan por nosotros todo hasta lo más básico.

No se requiere ser erudito para saber que la única manera de disminuir la presión que ejerce el agua represada sobre las montañas, la casa de máquinas, los túneles y el mismo muro es vaciar la represa pero no lo pueden hacer lentamente porque no tienen cómo. Por eso debe ser el desmantelamiento controlado la estrategia a seguir para restablecer el bienestar de las comunidades. Las palabras del presidente Santos y sus Ministros no sólo son engañosas en relación a las responsabilidades sino que nos hacen sentir que privilegian al proyecto Hidroituango por encima de la población. Hoy no hay opción: o es la represa o somos nosotros las comunidades, pero juntos no podemos cohabitar. ¡Los gobernantes deben elegir YA!

Desde el año 2012 después de una gran movilización expresamos nuestra preocupación por las múltiples fallas geológicas y el comportamiento del Cañón del Río Cauca que conocemos porque lo hemos habitado ancestralmente, la respuesta por parte de EPM fue que ellos eran los expertos y que tenían todo bajo control. Ahora se hace evidente que lo único que han hecho es jugar con nuestra vida, ponerla en riesgo, dejarnos sin medios de subsistencia y todo por la ambición desmedida.

Los antioqueños del Cañón del Río Cauca, occidente, norte y bajo Cauca nos sentimos ofendidos con un gobierno nacional que nos borra, que nos desaparece del paisaje pues sus visitas son a la obra no a la gente y con ello reproduce lo que siempre nos dijo EPM: que no existimos. Con un país que respalda a la empresa criminal que nos engañó, que no reconoció a miles de personas afectadas, que aún hoy después de la evidencia de las múltiples errores en sus estudios técnicos no pone en duda sus estudios sociales y continúa en la misma posición en relación a lo social. Y prueba de ello es que estamos durmiendo en la administración municipal y oficinas de EPM en Sabanalarga desde hace cerca de un mes y en el coliseo de Ituango sin comida, sin atención médica, sin posibilidades de seguir trabajando, sin nada mientras los alcaldes continúan diciendo que esto no es una emergencia. Miles de personas no han podido volver a trabajar al río Cauca, estas familias están en la pobreza y el gobierno nacional, departamental y local desatiende la gravedad de lo que ocurre aguas arriba del muro de la indolencia, de la indignación y ahora del muro de la pobreza y el aislamiento llamado Hidroituango.

También nos sentimos ofendidos con algunos sectores que rezan por la obra y no por nosotros, que están del lado de los poderosos y no de los humildes, que nos hacen sentir como si no fuéramos colombianos cuando se dice que Hidroituango es Colombia. ¿Y nosotros los afectados qué somos? ¿De dónde somos? ¿Ya nos desterraron? Con estas posiciones queda claro que es Hidroituago o somos nosotros las comunidades pero ambos no podemos coexistir. No somos esos paisas empresarios y destructores, somos antioqueños humildes y trabajadores que cuidamos de la naturaleza y que nunca pedimos este proyecto que hoy debería ser vergüenza nacional. Queremos decirle al país que no tenemos futuro con el gran daño que nos han hecho, que han destruido nuestro proyecto de vida, que en las actuales circunstancias de incertidumbre, de daño a la memoria, de irrespeto a los vivos y los muertos, el país tiene que repensarse, escuchar a la población, porque es evidente que los dirigentes actuales están actuando en nuestra contra.

Nuestra solicitud es concreta: liberen el río Cauca, devuelvan la tranquilidad a este territorio agobiado por las múltiples formas de violencia incluida la ambiental y reparen a todas y cada una de las familias que han afectado. De lo contrario, de continuar empecinados en imponernos este absurdo proyecto, reubiquen a toda la población, pero juntos, con los amigos y familiares, no dispersos como nos sacan hoy con un millón de pesos. Dennos otro Cañón, otro río Cauca, desde Santa Fe de Antioquia hasta la Mojana, porque todos estamos sufriendo las consecuencias de su proyecto y todos estamos en riesgo.

DAMOS UN ESPECIAL AGRADECIMIENTO A LAS PERSONAS Y SECTORES QUE RUEGAN Y SE SOLIDARIZAN CON LAS COMUNIDADES AFECTADAS, SIN ELLOS HOY ESTARÍAMOS EN PEORES CONDICIONES.

¡RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

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http://debatehidroituango.blogspot.com

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Llamado a la solidaridad Nacional e Internacional:

El proyecto hidroeléctrico Hidroituango en el departamento de Antioquia, es la obra de infraestructura más grande que se ejecuta actualmente en el país. Desde el 28 de abril presenta serias fallas técnicas por el taponamiento del túnel de desviación del río Cauca, que han generado una emergencia por el desbordamiento del cauce, poniendo en riesgo la vida, viviendas, medios de producción y trabajo de miles de familias.

El 16 de mayo se derrumbó la casa de máquinas de la represa, por medio de la cual se estaba tratando de evacuar el agua acumulada, configurando una catástrofe que podría convertirse en la más grave en términos ecológicos y sociales que haya vivido este país latinoamericano.

Las condiciones antes mencionadas han llevado a la evacuación de 4985 personas aguas abajo de las obras implicadas; más de 1000 se encuentran en albergues riesgosos, con escasez de alimentos y medicinas y cuando menos, 12 municipios ribereños estén en alerta por inundaciones y avalanchas, producto del represamiento del río Cauca. El gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), compañía que ejecuta el proyecto, habla de 120mil afectados potenciales aguas abajo. Esto tan sólo refiriéndonos al drama humanitario.

El ambiente en la región es de temor, desesperanza y desconsuelo. En estos momentos urge la solidaridad nacional e internacional para las comunidades que han perdido sus viviendas, formas de sustento y de relacionarse con el entorno. Hacemos un llamado enérgico a sumarnos a las voces que reclaman conocer responsabilidades de los actores implicados en esta tragedia, así como formas de apoyo urgentes para las familias afectadas, quienes ahora requieren medidas inmediatas para resolver las necesidades más acuciantes.

Por esto apelamos a su sensibilidad para realizar donaciones desde fuera de Colombia.

Debido a la emergencia en curso en Colombia, estamos utilizando la cuenta bancaria de la Coalición Mundial por los Bosques (Global Forest Coalition – GFC) para aceptar donaciones para los esfuerzos de emergencia.

Debe indicar que está transfiriendo una «donación para Colombia».

Donación por única vez:

Usted puede transferir su donación a la cuenta de la Coalición Mundial por los Bosques en Amsterdam:

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