Categoría: ANÁLISIS

Zacatecas Minero: la riqueza que empobrece

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Comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 13 de julio 2018

Es conocido que el estado de Zacatecas es de suma importancia para el mercado minero nacional e internacional. En el año 2017 aportó el 19.31% del valor total de la producción nacional de minerales, convirtiéndose en el segundo estado con mayor aporte (SE, 2016). No es casualidad entonces que, igual de impactante resulten los datos más recientes sobre la situación del territorio zacatecano con relación a la minería.

En síntesis nos indican que una cuarta parte del territorio zacatecano (equivalente a 1,803,200 Ha.), ha sido entregado a través de 2,296 títulos de concesiones mineras (GEOCOMUNES, 2018). Hablamos de 206 proyectos de exploración de los cuales, 145 son de capital mexicano (34 de Peñoles, 12 de Frisco y 11 de Grupo México), 42 son de empresas canadienses (8 de Pan American Silver, 4 de Teck Cominco, 3 de Mag Silver Corp, 2 de Goldcorp y 2 de First Majestic), 10 estadounidenses (todas de la Golden Minerals Company) y, 6 británicas (2 de Río Tinto y 2 de Arian Silver Corporation), (GEOCOMUNES, 2018).

Además, hay 15 minas operando (3 a cielo abierto) y 3 más se encuentran próximas a iniciar operaciones y de todas ellas sin duda alguna, resalta la de la minera Peñasquito de la poderosa empresa canadiense Goldcorp, que ahí explota la mina de oro más grande de México y una de las tres más grandes de plata, junto a Saucito y Fresnillo PLC pertenecientes al Grupo Bal (GEOCOMUNES, 2018).

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la producción minera del estado a nivel nacional, a marzo del 2018, fue la siguiente:

  • Primer lugar en producción de plata, plomo y zinc,
  • Segundo lugar en producción de cobre y,
  • Tercer lugar en producción de oro.

No obstante esas cifras «alegres», empresas y gobierno omiten que Zacatecas también tiene los primeros lugares en la cantidad de sustancias químicas, como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, que son utilizados durante los procesos de extracción de metales. Además se usan disolventes, gasolina y diésel en grandes cantidades, y ni que decir de la inmensa cantidad de agua que las empresas utilizan en varios de sus procesos de extracción. Esta mezcla entre tipo y cantidad de sustancias químicas, hidrocarburos y la ominosa cantidad de agua, ocasiona graves daños a la salud y al ambiente, a tal grado que envenenan para siempre las estructuras sociales, la identidad y cultura de los pueblos, la vida en sí misma, con el signifcado que cada pueblo le otorga, es irrecuperable la flora, la fauna, el aire, el agua, para que al final, sólo quede ya el despojo y el desplazamiento forzado.

Otro indicador que abruma es que, de acuerdo al centro de análisis e investigación Fundar (2018), que analizó datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el «poder» minero en el municipio de Mazapil no ha sido suficiente para sacar de la pobreza extrema a la población. Mazapil, como muchas otras comunidades que tienen en sus entrañas a las empresas mineras más poderosas del mundo, sigue siendo pobre. La paradoja de la «La Riqueza que Empobrece».

De acuerdo a la Secretaría de Economía (SE), Mazapil produce aproximadamente 900,000 mil onzas anuales de oro, lo que significaría cerca de mil ochenta millones de dólares al año…. (1,080,000,000.00). Sin embargo, cómo señalamos líneas arriba, es el cuarto municipio con mayor población en situación de pobreza extrema (12.9%) y aproximadamente el 63% de la población vive en pobreza, porque en realidad lo que sucede es que de las 130,000 toneladas de material, que mantiene una tasa de ganancia anualizada de 164%, sólo una parte insignificante del total de la utilidad bruta, les llega a los ejidatarios dueños de la tierra. Es decir, el 0.107% (Rodriguez, 2015). Por otra parte, si redondeamos el análisis, y ponemos en perspectiva que, el anterior e insignificante y supuesto «beneficio», no se distribuye en la mayoría los habitantes que también están siendo afectados por las consecuencias socio-ecológicas de la operación minera.

La minería es exaltada por el gobierno y por las propias empresas, a través de un discurso que pondera el crecimiento económico, el progreso y desarrollo y la generación de empleo bien remunerado para los países, estados, los municipios, las localidades, los ejidos y los anexos, pero no causa impacto positivo sobre los indicadores económico y de marginalidad. ¿Cómo es posible que con la magnitud de los daños que ocasionan, estos no se vigilan ni se cuestionan? Entonces nos preguntamos: ¿Desarrollo para quién? ¿Progreso desde dónde?

Zacatecas, enclave de extracción para beneficio de las naciones colonizadoras en el entramado del sistema-mundo, ha sido históricamente un territorio subordinado para la apropiación de excedente social y natural y, en la actualidad, sigue siendo un espacio de recolonización por parte de corporaciones canadienses y oligarcas nacionales, de los cuales sobresalen Carlos Slim (Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y Alberto Bailleres (Grupo Bal), grupos de poder que siempre han sido los verdaderos favorecidos de la mercantilización de los bienes minerales.

Esta situación se traduce en la articulación de conflictos territoriales, donde confluyen la clase y el género, derivados de la violación a los derechos humanos, la destrucción de territorios, depredación de bienes naturales, debilitamiento de la organización local comunitaria, pérdida de identidad y la vida tradicional histórica con arraigo a la tierra, daños a la salud, contaminación al ambiente, exterminio de los mantos acuíferos y en suma, la invisibilización y negación de otras formas de vida, distintas a la impuesta por la tendencia dominante del capital.

Como Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac), hemos identificado severas conflictividades en los municipios siguientes: en Mazapil, en las localidades de Peñasquito, Salaverna y Camino Rojo y en Concepción del Oro; en la cabecera municipal de Chalchihuites, en las poblaciones de La Colorada y San José de Buenavista; Ojocaliente; Luis Moya, con la mina El Coronel; Noria de Ángeles, con la Minera Real de Ángeles. No obstante, consideramos son más los municipios que presentan situaciones similares, como Melchor Ocampo, El Salvador, Vetagrande, Sombrerete, Fresnillo, al igual que sucede con la ciudad de Zacatecas, la cual registra el 80% del total de su territorio concesionado.

Lamentablemente, el Modelo Extractivo Minero viene acompañado de otras calamidades de disputa socio territorial relacionadas con los megaproyectos. También ha comenzado el desarrollo de parques eólicos, tanto en Villa de Cos, como en la capital del estado; al igual que ya se pretende imponer una mega presa en Jiménez del Teúl, llamada «Milpillas», para abastecer de agua el corredor industrial y minero que va desde Fresnillo y pasa por Calera, Zacatecas y Guadalupe, incluyendo a Grupo Modelo, filial de la gigante cervecera belga Anheuser-Busch InBev.

Como Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac) y desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), alertamos a las poblaciones que viven los embates del Modelo Extractivo, y alentamos a la organización social desde abajo, con las estructuras de gobernanza locales y, con la búsqueda de coincidencias para hacer frente a estos proyectos de muerte, a los cuales tenemos que enfrentar poniendo por encima de cualquier beneficio económico, la vida y la dignidad de los pueblos.

Firma:

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac)

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Más información:

En Zacatecas, conflictos por minería

Zacatecas: La comunidad de San José de Buenavista contra el despojo de la empresa minera First Majestic

La encrucijada ejidataria: El caso de San José Buenavista en Chalchihuites, Zacatecas

Zacatecas: defensores exigen la cancelación inmediata de las concesiones mineras otorgadas a First Majestic

¿Porqué teme la Unión Europea el establecimiento de un tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos?

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Comunicado de la federación Amigos de la Tierra Internacional, a la cual pertenece Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 11 de julio 2018

Hoy, tendrá lugar en Ginebra la cuarta negociación informal sobre el tratado vinculante de las Organizaciones de Naciones Unidas que obligaría a las empresas transnacioneales a respetar los derechos humanos en todos los países donde tienen actividades. Exhortamos a la Unión Europea a que empiece finalmente a respaldar este proceso.

El respaldo de la sociedad civil a un tratado jurídicamente vinculante que regule a las empresas transnacionales está creciendo, especialmente en el Sur global. Sin embargo, en lugar de intervenir comprometidamente en las negociaciones de este tratado de la ONU, la Unión Europea está dilatando y descarrilando el proceso. ¿Con qué cara puede la UE decir que está comprometida con la protección de los derechos humanos y de quienes los defienden, cuando está tratando de impedir el avance de este proceso histórico?

En 2015, un grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas empezó a trabajar en pos de un tratado para reglamentar las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas de negocios, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. A pesar del voto negativo de 14 países europeos contra la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014, la iniciativa concita cada vez más apoyo generalizado y las conversaciones se encaminan ahora hacia una cuarta sesión de trabajo formal en octubre, cuando se empezará a negociar un Borrador Cero. La UE funciona como un bloque en Ginebra, lo que significa que coordina la postura de todos sus Estados miembros individuales.

Los reclamos por mecanismos jurídicos que permitan prevenir y evitar los abusos y violaciones de derechos humanos por empresas y sus ataques contra gobiernos elegidos democráticamente han sido reiterados, desde aquel discurso memorable de Salvador Allende en 1972 ante la Asamblea General de la ONU. Pero los crímenes empresariales contra el medioambiente y los derechos de los pueblos siguen ocurriendo desde entonces sin cesar, al mismo tiempo que la violencia contra los defensores y defensoras de los territorios y los derechos de los pueblos asciende a niveles alarmantes. Las empresas casi nunca o nunca son responsabilizadas ante la justicia por sus actos.

Muchos países han formulado propuestas concretas respecto del contenido y la aplicación de un tratado vinculante que permita cerrar los vacíos legales que persisten en el derecho internacional de los derechos humanos y que mejore el acceso a la justicia para los pueblos afectados. Esto incluye leyes nacionales en algunos Estados europeos que les fijan obligaciones jurídicas a las empresas transnacionales para que eviten los abusos de derechos humanos y los daños ambientales a todo lo largo de sus cadenas de suministro. Actualmente, se están dando grandes avances al respecto en países como Francia y Suiza, empujados por la sociedad civil organizada y los parlamentos.

La UE mantiene sin embargo su postura obstruccionista. Sus representantes no se presentaron al inicio de las conversaciones en la ONU en 2015, e intervinieron recién en 2016 y 2017 en respuesta a las presiones de las organizaciones de la sociedad civil. Durante las consultas informales más recientes, en mayo y junio, la UE siguió impidiendo las negociaciones al reclamar una nueva resolución que restrinja el mandato del grupo de trabajo intergubernamental. Eso implicaría revertir cuatro años de avances, y le daría a la UE la oportunidad de cambiar el alcance del tratado, o de lavar sus contenidos hasta transformarlo en una mera enmienda de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

El Borrador Cero que será elaborado este mes es el resultado de tres sesiones de discusiones fructíferas entre Estados, sociedad civil, expertos, y representantes de comunidades afectadas, así como de las asociaciones empresariales opositoras, y debe basarse en el documento de elementos discutido el año pasado en la tercera sesión. Para Amigos de la Tierra Internacional, para que el nuevo instrumento jurídicamente vinculante sea eficaz, debe incluir entre sus elementos clave obligaciones para las empresas transnacionales de respetar los derechos humanos, responsabilidad civil y penal para las empresas y sus directores en casos de violaciones, transparencia en las cadenas de suministro para habilitar el levantamiento del velo societario que les permite a las empresas evadir sus responsabilidades, y un tribunal internacional de derechos humanos al que puedan acudir las personas y colectivos afectados en caso que sus tribunales nacionales no les brinden acceso adecuado a la justicia.

El Borrador Cero debe establecer obligaciones estatales operativas que garanticen la primacía de los derechos humanos frente a los acuerdos comerciales, brindar caminos para que las comunidades afectadas obtengan compensación, y proteger contra nuevos abusos a l@s defensores de territorios. También debe incluir disposiciones que impidan que las instituciones financieras internacionales actúen con impunidad cuando financian proyectos destructivos o apoyan políticas que socavan los derechos de los pueblos a servicios públicos.

Por más mecanismos voluntarios que haya en el mundo, no podrán proteger las vidas de l@s defensores de territorios de las amenazas y ataques sistemáticos de empresas contra el medioambiente, las fuentes de sustento y los derechos de los pueblos. Sería un fracaso histórico para la legislación universal sobre los derechos humanos que, tras más de 45 años de lucha por la responsabilización de las empresas transnacionales, el grupo de trabajo intergubernamental presidido por Ecuador en la ONU y respaldado por más de 100 Estados miembros de la ONU cediera a las tácticas obstruccionistas de la UE.

No puede ser la intención de la UE abandonar explícitamente a su suerte a l@s defensores de derechos humanos que actúan en todos los rincones del planeta. L@s ciudadanos europeos no quieren pasar a la historia como la región que bloqueó esta oportunidad histórica de brindarles justicia a los millones de personas que han sufrido abusos de manos de empresas transnacionales. La UE no debería hacer caso omiso del llamado de más de 400 organizaciones de la sociedad civil del mundo entero que les reclaman a los gobiernos que intervengan constructivamente en las consultas informales en curso y en las negociaciones del Borrador Cero en octubre. La UE no quiere oponerse al número creciente de resoluciones de parlamentos regionales y nacionales, incluido el Parlamento Europeo, que abogan por la responsabilización de las empresas transnacionales. Hoy, tendrá lugar en Ginebra la cuarta negociación informal sobre este tratado de la ONU. En lugar de argumentar en contra del proceso con cuestiones de procedimiento y solicitar consultas sin participación de la sociedad civil, exhortamos a la UE a que empiece finalmente a respaldar este proceso. Es hora de que la Unión Europea actué en consonancia con sus electores y la comunidad internacional de defensores de derechos humanos para ponerle punto final a la impunidad empresarial.

Entrevista con Karin Nansen, presidenta de ATI, en octubre 2017:

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Más información:

La propuesta de texto de Tratado Vinculante emitida por la Campaña Global

¿Por qué se moviliza la Campaña Global para un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en material de Derechos Humanos?

Gustavo Castro: «Nos parece fundamental un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos»

Avances del Tratado de la ONU para reducir la impunidad de las transnacionales y las violaciones de derechos humanos

Informe: Los Derechos de los Pueblos frente al poder empresarial en América Latina

[VIDEO] Gustavo Castro: Los tratados de libre comercio convierten la protesta social en un crimen

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Entrevista con Gustavo Castro, fundador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, realizada en Belfast, Irlandia del Norte, para el programa «Earth Matters» de la televisión local NVTV

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  • Con qué motivos se creó Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México en el año 2007 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas:

«Antes de la creación de Otros Mundos A.C., durante muchos años estuvimos trabajando con refugiados guatemaltecos durante el conflicto armado en Guatemala, cuando salieron miles y miles de indígenas a los estados fronterizos con México. Más adelante, cuando el gobierno mexicano empezó a promover el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, se levantó todo un movimiento en contra de este tratado por las implicaciones que iba a tener en México: iba a modificar de la Constitución, privatizar todo, aumentar impuestos, abrir las cuotas de importación a los productos subsidiados de Canadá y Estados Unidos, desplazar a campesinos e indígenas y romper la planta productiva del país. Surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y en ese proceso de diálogo entre los zapatistas y los indígenas del EZLN, iniciamos un trabajo de formacion, información y capacitación en las comunidades.

Después llegaron las inversiones de todo tipo: los Tratados de Libre Comercio (TLC) abrían las puertas a la inversión extranjera en torno a la privatización del agua, la energía, la industría minera. Empezó el boom de la extracción de metales, de la plata, y del oro, que implicaba el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas. Pero también iniciaron los grandes proyectos de construcción de represas hidroeléctricas que implicaban bloquear ríos, inundar grandes extensiones de territorios, desplazar a comunidades y pueblos. Con Otros Mundos A.C. iniciamos un proceso de resistencia contra esos proyectos y fundamos dos redes nacionales: el Movimiento mexicano de Afectados por la Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y luego la Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA). Pero después llegan los monocultivos de palma de aceite, desplazando los cultivos tradicionales de maíz y frijol que sostienen la soberanía alimentaria, por la palma de aceite para la industria de Europa y Estados Unidos. Implicó romper la biodiversidad con un monocultivo muy extenso, agroquímicos y contaminación del agua. Iniciamos entonces otra resistencia contra eso. Luego llegaron las concesiones de petróleo, gas y fracking y otras privatizaciones.

Todo ese proceso de resistencia también nos implicó buscar alternativas. No podemos seguir resistiendo contra el extractivismo tan fuerte y tan voraz, sino que necesitamos construir alternativas. No se trata de exportar a Estados unidos y Europa los mejores productos a muy bajos costos económicos con grandes costos sosicoambientales y mucha probreza. La idea era generar fuentes propias de vida, alimentación, mercado local. En ese proceso en el que conformamos redes y movimientos, nos encontramos y confluimos con la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), preocupados también por el cambio climático y el extractivismo. Es así como nos invitaron a formar de ATI, hace diez años. Entonces juntamos alianzas y sinergías para luchar contra este modelo de desarrollo que trae tanta pobreza y destrucción socio-ambiental y también para buscar alternativas locales, propias y sustentables. Queremos encontrar formas ambientalmente sostenibles de manejar el agua, la energia, los alimentos. Queremos defender la tierra y los alimentos contra tanto despojo generad por parte de un modelo extractivista que, por lo menos en América latina, es terrible.»

Más información:

¿Quiénes somos y qué hacemos?

Alter Natos, el Centro Ecológico Alternativo de Otros Mundos A.C.

  • El problema de la criminalización de la protesta y la represión en América Latina:

«Si un gobierno hace eco de las demandas de la población en torno por ejemplo a la contaminación generada por una empresa, y decide expulsar o quitar la concesión a esta empresa, la empresa puede demandar al gobierno. Hace cinco anos, había por lo menos 60 países de Africa, Asia y América latina demandas por las empresas transnacionales ante el Banco Mundial, que es el tribunal que a final de cuentas decide y muchas veces le da la razón a las transnacionales. Costa Rica y El Salvador son los únicos dos países que por ley han prohibido la minería metálica en su territorio, por lo que les han llegado demandas de las empresas canadienses y australianas y han tenido que gastar millones de dólares en su defensa legal. Al final ganaron pero han sido los únicos dos casos y por lo general las corporaciones ganan.

Si la gente defiende sus derechos humanos al agua, a la salud y la alimentación, entonces en los tratados empezaron a ver la forma de asegurar que la movilización social no sea un derecho humano sino un crimen. Cuando la gente está protestando, bloqueando una carretera, puede ser demandada por secuestro, delincuencia organizada, o terrorismo. Los tratados convierten la protesta social y las demandas por los derechos humanos en un crimen. Para los gobiernos es mas fácil modificar el código penal y criminalizar la protesta social que pagar millones de dólares en las demandas de las empresas. La confrontación es cada vez más fuerte entre los movimientos y las corporaciones en toda América latina.

(…) América latina tiene muchos bienes comunes naturales: bosque, madera, biodiversidad, agua, gas, petroleo, minerales. Esos bienes comunes naturales incorporados al mercado ahora los llamamos recursos naturales y se les pone precio, entonces vienen la lucha por quien es dueño de eso. (…)  Prácticamente todos los gobiernos de América latina tienen acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, China, Estados Unidos o Canadá, por lo que hay una disputa muy fuerte por todos estos recursos. Esos TLC van avanzando a un ritmo sumamente acelerado y la extracción ha sido cada vez mas fuerte. En México, por ejemplo, del 2000 al 2011 se extrajo 2.5 veces más oro que durante los 300 años de colonia española.

Eso ha implicado que la gente se esté levantando y organizando, pero es peligroso en América latina, donde quien se oponga es perseguido. Hay mucha esperanza ya que la resistencia es muy fuerte, los movimientos están resistiendo, la gente está buscando la manera de blindar sus territorios, de generar territorios libres de minería, represas y transgénicos y está generando alternativas propias y locales. Eso es lo que hace que la gente sea muy amenazante para los intereses corporativos, por eso es tan peligroso. Tenemos casos por toda América latina, y sobre todo muchos feminicidios, porque las mujeres están en frente de todas las resistencias en el continente.»

Más información:

Acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia para Mariano Abarca

[AUDIO] Terrorismo, delincuencia organizada: cuando el derecho penal se usa contra defensores y defensoras

Agresiones contra defensoras de derechos humanos en México: Diagnóstico Nacional

En los medios:

Para los gobiernos, es más fácil criminalizar la protesta que pagar millones de dólares en las demandas: Gustavo Castro

 

Manual para descargar en PDF: «Hablemos de megaminería»

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Compartimos el manual «Hablemos de megaminería» publicado por la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses (U.A.C.CH) que resiste a la megaminería en la provincia de Chubut, Argentina

>> DESCARGAR EL MANUAL EN PDF <<

Prefacio

«Nuestra lucha se basa en la información y la difusión», suelen decir los/las vecinos/as de Chubut, Argentina que resisten la instalación de emprendimientos mineros a gran escala, de extracción metalífera y de radioactivos mediante el uso de sustancias tóxicas. Gracias a los conocimientos sobre «megaminería» que supieron gestionar y compartir en asambleas y en diversas acciones de difusión pudieron posicionarse, organizarse y manifestarse de mil maneras para ponerle freno a la explotación de su territorio.

Este manual, elaborado por un grupo de vecinas/os asambleístas que se embarcó en la aventura de producir un recurso didáctico que compile los saberes sobre megaminería que se han acumulado y complejizado durante más de quince años de aprendizaje popular y colectivo, está inspirado en ese espíritu y en esa necesidad de seguir aprendiendo, de seguir enseñando, de seguir difundiendo y seguir construyendo resistencia popular a partir de fundamentos científicos e informaciones de fuentes comprobables y válidas.

Aunque para comprender debidamente en qué consiste este manual, de dónde viene y adónde va, necesitamos remontarnos brevemente a la historia de la lucha contra la megaminería en la provincia de Chubut.

En el año 2002 el pueblo de Esquel, ubicado en la cordillera chubutense, se vio conmovido por el arribo de una empresa minera transnacional que pretendía explotar oro y plata en las montañas cercanas a la ciudad, utilizando una metodología de extracción a gran escala muy diferente a la de la minería tradicional. En principio, las promociones de la empresa y de sus aliados políticos y mediáticos generaron expectativas de progreso económico y oportunidades laborales para la población.

Sin embargo, y afortunadamente, hubo vecinas y vecinos esquelenses que se preguntaron por los impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos que produciría dicha explotación. Así fue que se pusieron a investigar. Se contactaron con pobladores de otros lugares de nuestro país y de Latinoamérica que convivían con emprendimientos megamineros para conocer sus experiencias. También averiguaron cómo sería el proceso de extracción de los metales y su procesamiento posterior: qué y cuántos recursos utilizaban, cómo operaban, qué pasivos dejaban. Comprendieron entonces que este tipo de actividad, conocida como «megaminería», conlleva graves secuelas socioambientales para los territorios en los que se instalan los yacimientos.

Y por si fuera poco descubrieron que las oportunidades de progreso con las que se promocionan las explotaciones, en poco tiempo se develan como falsas promesas. No se produce ningún derrame de riqueza: gracias a las ventajas impositivas del Código Minero vigente desde los años 90, los beneficios económicos son para las corporaciones extranjeras y las migajas que rinden no llegan a cubrir siquiera los costos de remediación. Y, además, la contaminación irreversible del ambiente, destruye las posibilidades de desarrollo regional de otras actividades económicas, verdaderamente productivas y sustentables. Lamentablemente, abundan los ejemplos, a lo largo del país y del mundo, para afirmar que la megaminería genera más pobreza en los sitios que explota.

Después de conocer todo esto, los/las vecinos/as de Esquel compartieron la información apelando a estrategias de educación popular y se organizaron para evitar la instalación del emprendimiento megaminero que pretendían imponerles. En 2003 se conquistó una consulta popular en la cual el 81% de la población se expresó por el «NO» a la explotación del Cordón Esquel, luego se promulgó la Ley Provincial 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro y, desde entonces, se han desplegado múltiples acciones legales, de difusión y movilización que se sostienen hasta la actualidad. La gesta del pueblo de Esquel y la experiencia del movimiento del «NO A LA MINA» han sido inspiradores para otros pueblos de Chubut, de Argentina, de Latinoamérica y del resto del mundo que resisten el extractivismo minero.

Y como en el territorio de Chubut existen enormes reservorios de metales y materiales radioactivos, resulta constante y creciente el asedio de las corporaciones mineras y sus operadores para habilitar la actividad extractiva que saquea y contamina. Debido a esto, han surgido numerosas asambleas y grupos de vecinos/as que luchan en contra de la instalación de la megaminería en diferentes localidades de la provincia. En 2012 hubo una fuerte embestida política y empresarial para impulsar la megaminería, la consecuente resistencia provincial dio origen a la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses (U.A.C.CH). En este espacio asambleario horizontal y apartidario participan, se encuentran y comunican vecinas/os, pobladores rurales, pueblos originarios de Chubut, unidos/as a partir de la defensa del territorio, del agua, de la dignidad y de las oportunidades de verdadero desarrollo para las actuales y futuras generaciones.

Esperamos que este manual se transforme en una herramienta para construir conocimientos, para multiplicar conciencias, para cimentar poder popular basado en saberes independientes. Que sirva para que los/las ciudadanos/as y especialmente los/las jóvenes de nuestro pueblo puedan elegir su destino sin imposiciones, ni manipulaciones informativas de las corporaciones.

¡A estudiar y a difundir, que sólo el conocimiento nos hará libres!

>> DESCARGAR EL MANUAL EN PDF <<

Fuente: Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero

Información relacionada:

Mensaje a AMLO: «Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México»

Día mundial contra la megaminería: Rechazamos el saqueo institucionalizado en México

 

[VIDEO] ¿Los decretos firmados el 5 de junio privatizan el agua?

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Compartimos el programa «Jaque al Rey» de Rompeviento.TV del 29 de junio 2018, en el que los invitados y las invitadas reflexionan sobre los diez decretos firmados por el presidente de la República el 5 de junio 2018. Mal llamados «Deretos de reserva de agua», esos decretos levantan vedas en en 99 cuencas hidrológicas del país y reservan solo el 30% de sus aguas a los usos doméstico, público urbano y ambiental, dejando el 70% libre y disponible para concesiones.

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¿Estos decretos privatizan el agua en México?

Alessia Kachadourrian Marras, asesora independiente en gestión integral del agua:

«Es una herramienta más de las que hay en la lista, que sigue fortaleciendo y protegiendo al mismo sector minoritario en este país que controla la mayor cantidad de agua, cuyo uso es para para producción comercial y el enriquecimiento a partir del agua. Sigue poniendo en manos de menos y privadas la mayor cantidad del agua que circula en nuestro territorio.«

Miguel Angel Montoya, asesor parlamentario y consultor en Gestión Integral del Agua:

«Esta medida no es aislada. Viene precedida de intentonas muy fuertes y muy serias de imponer una Ley General de Aguas (LGA) que tendían hacia la privatización extrema del agua. La privatización existe en México y un claro ejemplo es la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN) del 1992. Justo la reforma del 2012 al artículo cuarto constitucional era proponer una nueva Ley. Se trata de una privatización no por los decretos en sí mismo, sino por el contexto legal en el que surgen. Esos decretos no son de reserva de agua sino de levantamiento de veda. Hay que entenderlos así. Se aterriza un marco jurídico absolutamente privatizante que ha mostrado no solamente su ineficacia sino su enorme capacitad para concentrar el agua en unas cuantas manos y para expoliar el recurso.»

Nathalie Seguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua Agua para Todos:

«Hay que entender que con la reforma energética del 2013, claramente lo se necesitaba era el agua. De allí la intentona de una imposición de una LGA en el 2015. Afortunadamente, hubo una movilización de movimientos sociales, investigadores, comunidades y organizaciones no gubernamentales que nos dimos a la tarea de estudiar a fondo esta iniciativa y por el otro lado de ir construyendo una propuesta ciudadana de LGA que justamente ayudaría a un modelo de transición hacia un modelo de gestión de agua sustentable y equitativa. Al ver que no pueden imponer su LGA, se van por otras alternativas como leyes estatales y decretos, en donde sí están liberando grandes volúmenes de agua para la concesión.»

¿En qué consisten estos decretos firmados por EPN?

Miguel Angel Montoya, asesor parlamentario y consultor en Gestión Integral del Agua:

«La palabra reserva suena muy bonito, hace pensar que es una acción de conservación. Pero en realidad los decretos levantan vedas. Esas vedas por sí mismo garantizaban justo la protección y el caudal de los ríos porque solo se explotaban los ríos que tenían concesiones desde hacía muchísimos años. El hecho de tener vedas garantizaba la reproducción del ciclo hidrológico. Esas vedas se levantan totalmente, el agua se pone a disponibilidad y lo que hacen los decretos es reservar una parte muy pequeña del agua que se liberó. Si nos atenemos a las recomendaciones internacionales, solo debemos reservar el 35% del volumen de aguas superficiales disponibles. El otro 65% se deja libre, justo para que entre el modelo concesionario, con concesiones de tipo industrial, de tipo agroindustrial, de uso mixto y de uso doméstico. Es allí la clave de la privatización.«

Nathalie Seguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua y miembro de Agua para Todos:

«Calculamos que el 70% del agua disponible en las cuencas mencionadas en los decretos fue liberado para concesiones. Estamos hablando de grandes volúmenes de agua que están siendo puesto a disposición de posibles concesiones. Es algo que debe preocuparnos porque el uso de esa agua puede llegar a caer en manos de mineras y de la industria de hidrocarburos y dejarnos sin esa agua en el ciclo del agua. Estas industrias están usando una serie de químicos y hoy en día no contamos connngun sistema de tratamiento de estas aguas, entonces si entregamos el agua a estas industrias poco a poco nos vamos a quedar sin el volumen de agua de calidad necesario para los ecosistemas y el consumo humano. El tema de calidad del agua no se puede menospreciar.»

Más información sobre los decretos:

Rechazamos enérgicamente los diez decretos de Reserva de Agua firmados el 5 de junio

COMDA: Los decretos de reserva de agua dejan sin protección casi el 70% de las aguas en las cuencas cubiertas

Análisis de los decretos por la Coalición Agua para Todos, Agua para la Vida

Ante la fusión Bayer-Monsanto, defendemos el derecho de los campesinos y las campesinas a producir de manera agroecológica

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Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 28 de junio 2018

El pasado 7 de junio, se oficializó la compra de la empresa estadounidense Monsanto, primera comercializadora de semillas a nivel mundial, por la compañía alemana Bayer, segunda en la venta de agrotóxicos.

Esta transacción de cerca de 54.000 millones de euros es solo una de las tres fusiones que están ocurriendo actualmente en el sector agroindustrial. En abril del 2017, fusionaron las dos empresas estadounidenses Dow AgroSciences (cuarta vendedora de agrotóxicos) y Dupont Pioneer (número dos en el mercado de las semillas después de Monsanto). Y en junio 2017, la empresa china ChemChina especializada en agrotóxicos (propietaria de Adama, el mayor proveedor de agrotóxicos genéricos de Europa) compró por 43.000 millones de dólares a Syngenta, líder mundial en la venta de estos venenos.

De tal manera que cinco de los llamados «seis gigantes» del sector agroindustrial (Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences, Dupont Pioneer, Syngenta) están concentrando sus fuerzas. El sexto gigante, el alemán BASF (en tercera posición en el mercado mundial de agrotóxicos) es el único que queda fuera de las fusiones, pero sí beneficia de ellas: para que la compra de Monsanto por Bayer fuese aprobada por las autoridades comerciales, Bayer tuvo que vender una parte de sus activos en semillas y agrotóxicos (equivalentes a 1.700 millones de euros) a BASF, que termina siendo aún más «gigante» que anteriormente.

Los ahora cuatro gigantes, controlan 75% del mercado mundial de agrotóxicos; 63% del mercado mundial de semillas comerciales; y más de 75% de toda la investigación privada en el sector de semillas y pesticidas.[1] Es probable que en un futuro cercano, la pelea por el monopolio no se limite al mercado de las semillas y agrotóxicos, sino que abarque también el mercado de la maquinaria agrícola (los tractores, etc.). Este último está dominado actualmente por empresas como Deere&Co o CNH, las cuales ya están absorbiendo otro mercado muy importante del sector agroindustrial: el de las tecnologías de datos o «agricultura de precisión» (por ejemplo, las tabletas con aplicaciones que permiten definir con más precisión las zonas que deben ser fumigadas o sembradas).

Entre menos manos controlan el sector agroindustrial, más potentes se encuentran las empresas que se quedan y más influencia podrán tener sobre los campesinos y las campesinas, a quienes se busca imponer un modelo de producción dependiente de agrotóxicos, semillas mejoradas, híbridas comerciales y transgénicas, además de tecnologías de punta.

Por ello, el pasado 15 de mayo, en el marco del mes de la marcha mundial contra Monsanto, dedicamos nuestro seminario mensual a la fusión Bayer-Monsanto para recordar que en Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, defendemos el derecho de los campesinos y las campesinas a producir de forma agroecológica y de forma sostenible económicamente, sin depender de los insumos externos vendidos por las empresas transnacionales y reivindicamos el derecho de todas y todos a la salud y la soberanía alimentaria, a sembrar semillas campesinas y comer alimentos sanos.

«Pensamos que la agroecología es una estrategia política para seguir defendiendo nuestros territorios, nuestras semillas y nuestros conocimientos», recordó Ángel Gómez de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México durante el evento. «Lo importante es decidir lo que nosotros comemos, lo que nosotros cultivamos y cómo lo cultivamos», subrayó.

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En México, Monsanto y Bayer están muy presentes. Comercializan plaguicidas y son las dos empresas que más solicitudes de liberación de semillas transgénicas han enviado a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) entre el año 2005 y el año 2017: Monsanto 379 y Bayer 168. De manera general, el Estado Mexicano no está del lado de la defensa de las semillas nativas, ya que de un total de 853 solicitudes recibidas por CIBIOGEM en dicho periodo, 595 han sido permitidas por CIBIOGEM, especialmente de algodón (308) y de maíz (194). [2]

Como bien señalamos en nuestro manual titulado «Agroecología y Agroforestería: Prácticas para una agricultura ecológica», el principal problema que representan las semillas transgénicas es que las resistentes a los herbicidas implican el uso excesivo de estos productos. Los «Roundup Ready» son particularmente preocupantes porque el «Roundup» contiene glifosato, un agente tóxico que provoca cáncer. Además, tanto las semillas transgénicas como las semillas híbridas comerciales son una amenaza por la diversidad genética de nuestras semillas nativas ya que se reproducen con nuestras plantaciones de semillas nativas por medio de la polinización, lo cual pone en grave riesgo a los parientes silvestres y a la propia diversidad de los cultivos lograda con el gran trabajo y conocimiento de campesinas y campesinos del mundo.

La liberación de semillas transgénicas en el ambiente pone en peligro también a los campesinos y campesinas que pueden terminar siendo criminalizados por tener en sus parcelas semillas por las cuales no han pagado y que tienen dueño. Una situación que podría volverse común en México si el gobierno se adhiere a un convenio llamado UPOV 91. México y los otros 11 países de la región pacífica que firmaron el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP 11) el 8 de marzo del 2018 están obligados a adherirse a este texto que pone el peligro el derecho de los campesinos y las campesinas a intercambiar y sembrar semillas.

Por ahora, México es adherente del convenio de la UPOV 78 en el que el «obtentor» de un objeto vegetal puede controlar su producción, puesta a la venta y comercialización. Lo que cambia con la versión 91, es que el «obtentor» controla su objeto vegetal durante mínimo 20 años y se requiere su autorización no sólo para la producción, venta y comercialización sino también para «la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación» del objeto. Significa por ejemplo que un campesino que usa semillas concesionadas por un «obtentor» ya no podría recuperarlas de su cosecha para volver a sembrarlas, ni podría dárselas a un vecino o intercambiarlas con otras. Además podría ser criminalizado por practicar hibridaciones de plantas con las semillas del «obtentor» o por tener en su campo plantas nacidas de semillas del «obtentor» que el viento u otro polinizador le haya traído. [3]

Afortunadamente, en México está viva la lucha contra los planes de Monsanto, ahora Bayer-Monsanto. Desde septiembre del 2013, está suspendida la siembra de maíz transgénico en todo el país, gracias a los esfuerzos de la «Demanda Colectiva Maíz», un grupo de abogados, científicos, campesinos y defensores de derechos humanos quienes emprendieron una batalla legal contra los permisos de siembra promovidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y cinco transnacionales -Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto. Obtuvieron la implementación de una Medida Precautoria, que esas corporaciones buscan cancelar.

Otra lucha importante es la de las comunidades mayas de Hopelchén (Campeche) contra Monsanto Comercial S.A. de C.V., la cual ha sido victoriosa en términos legales, pero cuyos frutos no se han podido cosechar por la falta de voluntad política de las autoridades mexicanas. Así fue como en el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de las comunidades los amparos que habían interpuesto contra el permiso otorgado a la empresa para comercializar soya transgénica en su territorio ancestral. Ordenó la suspensión de dicho permiso y la realización de una consulta en las comunidades, pero ésta se ha llevado a cabo violando derechos colectivos (representantes han sufrido agresiones físicas y verbales por ejemplo). Además, en el 2017, las comunidades lograron que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) revoque el permiso otorgado a Monsanto para sembrar soya transgénica, pero ésta continúa en la región.

A pesar de haber sido absorbido por Bayer, Monsanto sigue bien presente en los territorios y como defensores y defensoras de los derechos colectivos, la diversidad de la semillas nativas y la soberanía alimentaria, no dejaremos de gritar: «¡Fuera Monsanto de México!».

Notas:

[1]  Grupo ETC. 2015. Campo Jurásico: Syngenta, DuPont, Monsanto: la guerra de los dinosaurios del agronegocio (>> Descargar el informe)

[2] Daniel Sandoval Vásquez, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, CECCAM. 2017. Treinta Años de Transgénicos en México. (>> Descargar el informe)

[3] Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. 2016. Urgente defender la libre circulación de las semillas campesinas en México, ante la amenaza del TPP.

Foto: Practicando agroecología en el municipio de Chenalhó, Chiapas (Crédito: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)

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Rechazamos enérgicamente los diez decretos de Reserva de Agua firmados el 5 de junio

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Pronunciamiento de organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios quienes defendemos los derechos colectivos y el derecho humano al agua en Chiapas – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, A 27 de junio 2018

A la sociedad civil de Chiapas y México,
A los medios de comunicación de Chiapas y México,
A los candidatos a la presidencia de la República,
Al Congreso de Chiapas,
A los candidatos y candidatas a las presidencias municipales en Chiapas,

Como integrantes de varias organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios quienes defendemos los derechos colectivos y el derecho humano al agua en Chiapas, les manifestamos que rechazamos enérgicamente los diez decretos de Reserva de Agua firmados por el presidente de la República el 5 de junio del 2018 y publicados al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), especialmente el último de estos que cubre 69 cuencas de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta.

En estos diez decretos se modificó el estatus de veda -prohibición para la concesión del líquido- que existía sobre 99 cuencas hidrológicas de las 757 que existen en el país. Consideramos que estos decretos son un vil e ilegal intento por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua en todo el país al final de su mandato presidencial y en un momento en que las atenciones de la ciudadanía se encuentra enfocada en las elecciones de este 1 de julio. Es la única salida que ha encontrado para contentar a los representantes del capital nacional y transnacional tras haber fracasado en dos ocasiones en imponer una Ley General de Aguas (LGA) privatizadora – tanto la «ley Korenfeld» en 2015 como el «borrador Pichardo» en el 2018, los cuales fueron detenidos gracias a la movilización de la sociedad civil mexicana.

Los diez decretos publicados el 6 de junio establecen reservas de aguas nacionales (totales o parciales según los casos) para uso doméstico (público-urbano) y conservación ecológica en 194 cuencas de la República, y eliminan las vedas que antes las protegían de la explotación industrial, industria extractiva y agroindustrial. Lejos de ser una mejor opción para la protección de las cuencas, los ecosistemas y el derecho al agua de la creciente población urbana a un plazo de 50 años, como lo quiere hacer creer la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el reemplazo de las vedas por reservas de aguas es una mano tendida a las empresas privatizadoras.

Cuestionamos dos aspectos importantes en el proceso para llegar a la firma de los decretos: el aspecto técnico y la consulta. Las preguntas son:

1) Para el caso de la Cuenca Trinacional Usumacinta los datos de estaciones hidroclimatológicas tienen una tercera parte de credibilidad según estudios científicos específicos; por lo tanto, los datos de las estaciones de aforo y medición de la Conagua también son poco creíbles. ¿Cómo hacer una proyección en los próximos cincuenta años con datos no creíbles y además en un contexto de incertidumbre y caos por el fenómeno de cambio climático?

2) ¿Cómo se hicieron las consultas a los integrantes de los Consejos de Cuenca, si éstos no tienen una expertise técnica para dar una buena opinión?

Es evidente que la consulta gubernamental fue solo una simulación, la cual cuestionamos porque quienes integran los Consejos de Cuenca no cuentan con la expertise técnica para dar una buena opinión, estos consejeros no consultaron a los sectores que representan. Así también, la CONAGUA no consultó a los núcleos agrarios y comunidades indígenas dueñas de la superficie que capta el agua en las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas. Se viola para el caso de pueblos indígenas el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y Culturalmente Adecuada, que el gobierno mexicano a firmado y se ha comprometido al signar el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por lo anterior, se coloca en alto riesgo a los núcleos agrarios que no tenían vigentes sus títulos de concesión al 6 de junio; en Chiapas, muchos pueblos rurales e indígenas tienen sus propios sistemas de agua comunitarios, ante la falta de información no renovaron sus concesiones, por lo que los decretos representan una violación flagrante a su derecho humano al agua, a la información y a la consulta, así como el despojo de los bienes comunes naturales, en este caso, el agua.

El uso doméstico (público-urbano), al permanecer en manos de los estados y municipios como lo prevén los decretos, puede traducirse de facto en concesiones a empresas privadas de gestión de agua y saneamiento. Es lo que sugiere fuertemente el artículo segundo del decreto sobre la región hidrológica Grijalva-Usumacinta que «declara de utilidad pública la modernización de los servicios de agua en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche, para hacerlos más eficientes». Aquí en Chiapas, bien sabemos de las intenciones de la empresa Proactiva, filial de Veolia, que tiene los ojos puestos en los sistemas de agua de la capital Tuxtla Gutiérrez pero que la sociedad civil logró detener.

Además, con la supresión de las vedas, los decretos favorecen los trasvases de agua a gran escala de una cuenca a otra: bien sabemos que Chiapas cuenta con la mayor disponibilidad de agua dulce en el país, y la gran cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta se ve amenazada por la necesidad de agua en las regiones centro y norte del país, cuya presión sobre el líquido es muy fuerte.

Además, el artículo 7 del decreto abre la puerta a cualquier otro tipo de concesión al especificar que «los volúmenes disponibles, no comprometidos por medio de las reservas parciales que se establecen en el presente Decreto se podrán explotar, usar o aprovechar mediante título de concesión o asignación». No somos incrédulos. No es un azar si la región hidrológica con más cuencas cubiertas por los decretos de reserva de agua es la nuestra, ya que es aquí en Chiapas donde más agua disponible hay y eso vale más que el oro para las empresas.

Es evidente que con las políticas orientadas al desarrollo neoliberal y corporativista, impulsadas por el gobierno mexicano desde hace 36 años, por detrás de los decretos de veda está el interés de canalizar el agua hacia megaproyectos como la minería, fracking, hidroeléctricas, proyectos turísticos, entre otros. Es una vergüenza que en México el agua aún no sea un derecho para todos y todas, sino primeramente para las empresas. Urge que los próximos gobiernos se comprometan a cambiar este paradigma, revocando los decretos del 6 de junio y adoptando la Ley de Aguas Ciudadana propuesta por la coalición Agua para todos desde el 2012.

En términos prácticos y concluyentes, en el caso de las Cuencas Hidrográficas Grijalva y Usumacinta, el levantamiento de «Veda» corresponde a una expansión de los intereses capitalistas internacionales y nacionales para privatizar los sistemas de agua entubada de las cabeceras municipales (eficiencia y modernización le llama la plutocracia); construir 79 represas hidroeléctricas y 19 mini-hidroeléctricas en el contexto de la privatización de la energía eléctrica del país; apoyar con agua a la minería a cielo abierto que ronda sobre 1´121, 911 hectáreas concesionadas a 50 años a empresas internacionales (principalmente); apoyar con agua a la industria privada de hidrocarburos que abarca alrededor de 509,023 has; pasar de 50 mil hectáreas de palma de aceite en la actualidad a las 250 mil en los próximos 10 años. Para conseguir ejecutar estos despojos de Recursos Naturales también decretaron la Zona Económica Especial de Tapachula (Puerto Chiapas), así como el establecimiento de una zona militar en la Sierra Madre de Chiapas y aplicar la Ley de Seguridad Interior.

¡Señores neoliberales tecnocratas-plutocratas, necesitan leer la historia de Chiapas en torno al despojo y la rebelión desde el siglo XVI a la fecha; el pueblo de Chiapas cuando se levanta cimbra las estructuras de poder!

Firmamos:

Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH)
Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático
Amigos de San Cristóbal A.C.
Movimiento Indígena del Pueblo Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (ZODEVITE)
Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C.
Comité Directivo Vecinos Unidos Col. Ampliación Norte Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Sistema de Agua Chupactic, San Cristóbal de Las Casas
Consejo Vecinal del Barrio Originario de Cuxtitali
Colonia Maya
Centro Solidario Tsomanotik A.C.
Contraloría Ciudadana del SMAPA en Tuxtla Gutiérrez

Foto: Lectura del pronunciamiento en conferencia de prensa el 27 de junio del 2018 en el parque central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

En los medios:

Organizaciones en Chiapas rechazan y cuestionan decretos de Pena Nieto sobre el agua (Chiapas Paralelo)

Organizaciones se pronuncian contra la privatización del agua en México (Rebelión)

Más información:

COMDA: Los decretos de reserva de agua dejan sin protección casi el 70% de las aguas en las cuencas cubiertas

Análisis de los decretos por la Coalición Agua para Todos, Agua para la Vida

COMDA: Los decretos de reserva de agua dejan sin protección casi el 70% de las aguas en las cuencas cubiertas

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Comunicado de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), a la cual pertenecemos, la Alianza contra el Fracking y la Red de Acción por el Agua – A 26 de junio 2018

Contexto: El 6 de junio del 2018 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación diez decretos de reserva de agua que eliminan vedas en varias cuencas hidrológicas de todo el país y establecen reservas de agua totales o parciales para los usos domésticos, público urbano y ambiental.

  • Los 10 decretos que levantan vedas en diversas cuencas del país liberan volúmenes de agua que previamente no podían ser concesionados por la autoridad. A diferencia de lo que la autoridad sostiene, quedan reservadas para conservación ecológica apenas arriba de 30% del volumen de las cuencas hidrológicas derivadas de los decretos en materia de agua.

  • Los decretos constituyen un retroceso en la protección al ambiente y de las generaciones futuras y podrían poner incluso en entre dicho el derecho humano al agua.

 Producto de los diez decretos[1] emitidos por el Ejecutivo Federal el pasado 6 de junio, se establecen zonas de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para destinarse al uso ambiental o para conservación ecológica en diversas cuencas hidrológicas. A diferencia de lo que los impulsores de esta medida sostienen, al analizar cada uno de los decretos emitidos y comparando el volumen de las reservas asignadas para conservación frente a la disponibilidad de la cuenca, se estima que en promedio los decretos solo establecieron una protección de poco más del 30% para conservación ecológica y menos del 1% para uso doméstico y público urbano. Lo anterior dejó sin protección casi el 70% del volumen de las cuencas – en algunos casos, el levantamiento de vedas y la siguiente imposición de reservas permitió la liberación de volúmenes incluso más significativos (hasta 91.5% del agua disponible en el caso de la cuenca del río Pánuco 2) -, que ahora están disponibles para la explotación, el uso y su aprovechamiento para cualquier uso incluyendo el sector industrial y extractivas.

Aun cuando compartimos los principios que supuestamente motivaron estos decretos (en efecto una adecuada gestión del agua tiene que reconocer que los ecosistemas necesitan del líquido para sobrevivir, pensar en las poblaciones futuras y en esta óptica, limitar las actividades económicas) en el caso específico la preocupación ambiental fue la excusa para liberar la posibilidad de concesionar al sector productivo aguas que bajo el régimen de la veda no podían serlo. Antes de cualquier modificación además, la autoridad hubiera debido actualizar los datos sobre disponibilidad de agua pues algunos datan de 2011[2].

Como organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento estamos muy preocupadas porque leemos estos decretos como instrumentos intencionalmente ambiguos para mantener la discrecionalidad del manejo del agua que ha caracterizado a la Conagua. Las declaraciones de esta institución lejos de tranquilizarnos nos reafirman su profundo desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del agua al declarar que la gestión del agua es un problema meramente técnico.

El Director de Conagua se atreve a afirmar que la Comisión protege a “las generaciones futuras” cuando en esta administración, emitió el 30 de agosto de 2017, los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales[3], que al amparo de las disposiciones de la reforma energética habilitan a las empresas la realización de los proyectos de fracking que precisamente atentan contra las generaciones presentes y futuras.

Queremos reiterar, con base en las consideraciones anteriores, nuestra preocupación por el futuro de los recursos hídricos en manos de una institución que ha tomado en forma unilateral –sin participación ciudadana- varias decisiones equivocadas en relación a la gestión del agua, que ha permitido la sobreexplotación de los acuíferos, que ha otorgado miles de concesiones de agua para actividades extractivas y que no ha controlado adecuadamente las descargas de aguas residuales.

Urgimos a las autoridades a que establezcan las medidas necesarias para proteger los volúmenes de agua a los que levantó la veda y la protección necesaria para garantizar que se realice un manejo justo, democrático, equitativo y sustentable del agua en México.

[1] Diario Oficial de la Federación 6 de junio 2018 http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2018&month=06&day=06

[2] Consideraciones del CEMDA frente a los Decretos de Zonas de Reserva de Agua http://www.cemda.org.mx/consideraciones-del-cemda-frente-a-los-decretos-de-zonas-de-reserva-de-agua/

[3] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5495543&fecha=30/08/2017

Contactos:

Claudia Campero Food & Water Watch, ccampero@fwwatch.org, +52 1 55 3015 6366

María González, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, acerca de Región 12 – Lerma-Santiago capitulomexicano@gmail.com, +52 1 33 1135 6138

Nathalie Seguin, Red de Acción por el Agua-México, fanmexnathalie@gmail.com, +52 1 55 1128 8747

Gloria Tobón de Garza,  Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, cálculos de volúmenes de agua, gtgarza99mx@prodigy.net.mx, +52 1 844 427 1548

Más información:

Análisis de los decretos por la Coalición Agua para Todos, Agua para la Vida

Foto: COMDA

[AUDIO] Colombia: «Hidroituango causó más desplazamientos forzados que la guerra en el cañon del río Cauca»

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Contexto: El 28 de abril, Hidroituango la represa más grande de Colombia, ubicada en el cañon del río Cauca, se desbordó debido a errores de planeación del grupo encargada del proyecto, Empresas Públicas de Medellín (EPM). Presionada por el gobierno por poner en marcha esta represa cuya producción de energía (2.400 MW) iba a beneficiar a la minería, la empresa empezó a llenar el embalse de la presa en abril del presente año, antes de que la infraestructura esté lista y la población evacuada. Para ello, tapó dos de los tres túneles de desviación por el cual se evacuaba el río, pero un derrumbe de la montaña tapó el tercero, provocando el desbordamiento del cauce. En consecuencia, se inundaron dos pueblos ubicados agua arriba (Ituango y Sabanalarga), de los cuales unos 500 habitantes se encuentran en autoalbergues, desatendidos por las autoridades.

Otros cientos de habitantes dependientes de la pesca, el barequeo y la caza perdieron su fuente de trabajo y medio de subsistencia, ya que el río inundó gran parte del bosque que cubría el cañon. Los proyectos hidroelécticos tienen prohibido inundar importantes zonas de vegetación ya que esto provoca la muerte de especies y la asfixia del río; tienen la obligación de retirar la capa vegetal antes de llenar un embalse, una precaución que EPM se negó a tomar. Aguas abajo, la población sufrió una avalancha y huyeron 9.000 personas. La desinformación y falta de atención por parte de las autoridade es tal que la población sigue viviendo en la incertidumbre y el terror de sufrir una nueva avalancha en los próximos días, por lo que el Movimiento Ríos Vivos exige el desmantelamiento controlando de la represa Hidroituango.

El 19 de junio 2018, Isabel Zuleta, habitante del municipio de Ituango e integrante de Ríos Vivos Antioqua Colombia y de la Asociación de Mujeres defensoras del agua y la vida afectadas por el proyecto Hidroituango, participó por videollamada en el seminario mensual de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, para actualizarnos sobre la situación y las exigencias de la población. Les compartimos sus palabras:

>> Escuchar y descargar el audio completo de Isabel Zuleta (.mp3) <<

«Para nosotros, ahora la situación más grave es no saber cuál es el final. Hemos insistido en que necesitamos una fecha final de la emergencia: nos tienen que decir hasta cuándo va a seguir esta situación, porque no pueden dejar a la gente en unn angustia eterna. Hasta el momento, eso no ha sido claro, porque los organismos nacionales no saben qué fue lo que hizo EPM. Se le permitió a esta compañía hacer todo lo que quiso. No tuvo ningún mecanismo de control. Por ello no solo necesitamos una fecha final de la angustia, sino que necesitamos saber la verdad: qué fue lo que pasó.

Es muy grave que no se sepa lo que pasó, que no se tenga una fecha límite para la emergencia, y tercero que las comunidades agua arriba no estén atendidas. No hay ningún tipo de atención para las comunidades de Ituango y Sabanalarga ni para las que perdieron su trabajo en las comunidades de Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia y Peque.

La situación actual es terrible. Las personas están en autoalbergues aguas arriba: 120 personas en el coliseo del municipio de Ituango y 360 en las mismas oficinas de la presidencia municipal de Sabanalarga, sin alimentación ni ningún tipo de ayuda. Se han sostenido solo con la solidaridad de la sociedad civil. Además, toda la comunidad barequera y pescadora que tenía sus viviendas en los cascos urbanos o en las fincas y que no pueden hoy obtener su medio de subsistencia porque el río está inundado, también está en una crisis de mucha angustia y desazón porque su único medio de subsistencia era el barequeo y la pesca y en ciertos casos la caza en el bosque seco tropical y el bosque húmedo.

Aguas abajo también hay una grande preocupación por el tema de los albergues. La comida llega en descomposición. No hay entrega de ropa a pesar de que la avalancha se llevó decenas de viviendas y dejó a muchos integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia Colombia sin ropa, sin nada. Y sin embargo lo único que entregaron las autoridades son unas colchonetas para estar en unos albergues con muchos problemas higiénicos porque hay muy pocos baños y muy poca salubridad. La gente se está enfermando por la falta de agua potable. Además la montaña se está movimiendo todo el tiempo, la gente tiene mucho miedo.

Hay un éxocdo masivo: huyeron 9.000 personas del municipio de Valdivia, especifícamente del corregimiento de Puerto Valdivia. Han huído más de 1.000 personas para Yarumal y Medellín. Lo que no hizo la guerra con más de 70 masacres lo está haciendo el proyecto Hidroituango: hay mucho más desplazamiento forzado causado por este proyecto hidroeléctrico que por la guerra.

El llamado a la solidaridad internacional se mantiene:

Ante la incertidumbre sobre el estado real de la presa, se debe desmantelar Hidroituango de manera controlada: hay que desmontar el muro poco a poco para que vaya retornando el río a su cauce. El río tiene memoria y va a retornar a su cauce si se le permite. Se debe desmantelar de manera controlada, siempre y cuando la gente esté evacuada. Este riesgo se debe asumir por un tiempo definido. Sabemos que el desmantelamiento es un riedgo muy grande también, pero no más grande que matener un riesgo eterno, sin saber y sin tener el control sobre qué pueda pasar y cuándo pueda pasar.

Aparte, hemos venido insistiendo en que nos tienen que decir para qué, para quién y a qué costo social y ambiental están generando energía en Hidroituango. El gobierno nos ha dicho que la energía de Hidroituango iba a ser destinada a la exportación, pero una de sus líneas de transmisión está para Cerro Matoso, que es una mina. Además, todo el territorio del río Cauca está concesionado por la empresa minera Continental Gold, por lo que no nos pueden decir que es energía limpia. Si es para la megaminería y la destrucción de la naturaleza, no es energía limpia.«

>> Escuchar y descargar el audio completo de Isabel Zuleta (.mp3) <<

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Más información sobre Hidroituango:

La cuenta Twitter de Afectados por Hidroituango Rios Vivos Antioquia: @RiosLibresAnt

La página web de Ríos Vivos Antioquia

Colombia: el movimiento Ríos Vivos exige el desmantelamiento controlado de la presa Hidroituango

Desde México nos solidarizamos con los defensores y las defensoras del Río Cauca en Antioquia, Colombia

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¡Felicidades al FPDS en su tercer año de lucha contra la minería y por la vida!

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Comunicado de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a 20 de junio 2018

¡Felicidades al Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio

en su tercer año de lucha contra la minería y por la vida!

Este 20 de junio, celebramos junto con ustedes su tercer año de resistencia al falso desarrollo que el gobierno chiapaneco y la industria minera quieren imponer en su territorio, a costa de su salud y violando sus derechos colectivos.

Les agradecemos a ustedes, mujeres y hombres quienes integran el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) desde el 20 de junio año 2015, por defender las hermosas tierras de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, amenazadas por 21 concesiones mineras. De su digna lucha depende la salud de los ríos Cacaluta y Jalapa, del bosque de niebla de la Reserva de la Biófera del Triunfo y de los manglares de la Encrucijada. De su fuerza depende la sobrevivencia de los pescadores que necesitan ríos vivos para trabajar y la vida de los niños y las niñas que necesitan ríos limpios para no morir de cáncer.

Felicidades por su perseverancia y poderosa palabra que han permitido que la población de Acacoyagua se organice y protege ante el avance del modelo minero. Las actas de asamblea del ejido y de los bienes comunales de Acacoyagua en las que se prohiben las actividades mineras son un gran logro de su tercer año de lucha, del cual deben estar orgullosos.

El equipo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México les agradecemos por darnos la suerte de acompañarles en su lucha y aprender cada día más de su alegría y humildad. Muchos chiapanecos y chiapanecas fortalecen su lucha contra el despojo a su lado. Es el caso de todas las organizaciones y movimientos que conformamos el «Grupo de resistencia al modelo extractivo en Chiapas» y participamos en el Foro «Pueblos Vivos, Territorios Libres de Extractivismo» en abril del presente año en la casa ejidal de Acacoyagua.

Su generosidad ha permitido también a personas de otras geografías conocer su lucha y darse cuenta de la urgencia de dejar de depender de un modelo extractivo que despoja a los pueblos rurales del Sur Global para responder a las falsas necesidades de los habitantes del Norte Global. Fue así como jóvenes de universidades de Denver (Colorado) y Olympia (Washingon) pudieron convivir con ustedes durante unos momentos que tal vez cambiaron la vida de esos estudiantes.

Rechazamos todas las publicaciones y declaraciones difamantes que ustedes han sufrido por parte de los grupos que apoyan la industria minera en su región e intentan persuadir a la opinión pública que su labor en defensa de la vida es un crimen. La criminalización de su protesta es una estrategia que usa en vano la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. en su contra porque las mentiras son las únicas armas que le queda ante la permanencia de sus dos campamentos en resistencia. Gracias por mantener vivos estos dos campamentos, símbolo de su lucha, que logran impedir el paso de las maquinas de la empresa hacia la mina de titanio Casa Viejas.

Nos unimos a sus exigencias:

  • Información clara y oportuna sobre la situación de los proyectos de minería en los municipios de Acacoyagua y Escuintla;
  • Sanciones y clausuras definitivas de los proyectos mineros de la región;
  • No más licencias ni permisos a proyectos de exploración y explotación minera de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el municipio de Acacoyagua.

Gracias por seguir en pie de lucha, compañeros y compañeras, y por invitarnos a todos y todas a construir caminos libres de despojo y luchar a su lado.

¡Vida sí, Mina no!
¡Fuera la minería de Acocoyagua y Escuintla!
¡Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio!

FIRMAMOS:

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO

Fotos: Marcha-Aniversario del FPDS el 20 de junio 2018 en Acacoyagua, Chiapas (Crédito: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)

Más información:

La página Facebook del FPDS

La Red Mexicana de Afectados por la Minería felicita al FPDS en el marco de su tercer aniversario

¡Somos Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo!

Chiapas: Defensores de Acacoyagua prohiben la minería en dos núcleos agrarios y exigen que se respete su decisión

En los medios:

Frente Popular en Defensa del Soconusco cumple tres años de lucha contra la minera en Acacoyagua y Escuintla (Chiapas Paralelo)

Escuintla y Acacoyagua cumplen tres años de resistencia contra la mineria (Debate Tu Espacio)

Las consecuencias de la impunidad del Gobierno Federal y Estatal en Chihuahua

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 18 de junio 2018

Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo, defensores de la vida, del territorio y del agua, fueron asesinados en el municipio de Namiquipa, Chihuahua, a pesar de los múltiples llamados y denuncias realizadas ante el gobierno federal y estatal, sobre las amenazas contra la vida, que ellos, y otros integrantes de El Barzón -agrupación a la cual pertenecían-, han recibido por parte del grupo que encabeza Joel Francisco LeBarón Soto*.

El asesinato de ambos no es un hecho aislado, porque los habitantes de la zona llevan años realizando denuncias contra «Los LeBarón», la Policía Estatal Única, la Policia Federal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes de forma recurrente, han apoyado los actos delictivos, que en el ámbito de las facultades de cada institución, «Los LeBarón» han cometido.

Despojo de tierras, acaparamiento y sobreexplotación del agua, intimidación, amenazas y asesinatos son consecuencia de la impunidad que reina en el estado y que se confabula también con el gobierno federal.

Hacemos un fuerte llamado al gobierno estatal encabezado por el gobernador Javier Corral Jurado, para que proteja de inmediato al resto de la población y de El Barzón que se encuentra amenazada por «Los LeBarón», y llame a la rendición de cuentas a los actores materiales e intelectuales responsables de esta nueva afrenta contra los defensores de la vida.

Exigimos la destitución inmediata de Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por proteger intereses particulares y desobedecer y desdeñar su principal función que se refiere a inspeccionar y vigilar el despojo de los bienes naturales de los mexicanos, así como también exigimos sancionar, penalmente y clausurar de forma definitiva, las obras hidráulicas ilegales que son uno de los elementos que han incrementado la confrontación, y en consecuencia, cada día se pone en riesgo la vida de otras y otros integrantes de El Barzón y de la población vecina que vive y acompaña esta problemática.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) lamenta profundamente el asesinato de Ramón y Anselmo, y nos solidarizamos con su familia y con sus compañeros del Barzón, a quienes les enviamos un abrazo fraterno.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

*El Barzón ha denunciado reiteradamente a la familia LeBarón de estar relacionada con la explotación ilegal de pozos de agua en la cuenca del Río del Carmen, formada por los acuíferos Flores Magón y Santa Clara, en los municipios mencionados, que están llevando a los límites de sobre explotación el acuífero de la zona.

Foto: Anselmo Hernández Andujo (Norte Digital)

Más información:

Chihuahua: ONG y personas demandamos frenar ola de violencia contra activistas ambientales

Condenamos el asesinato de integrantes de El Barzón Chihuahua (comunicado de El Barzón Chihuahua)

Ejecutan a los barzonistas Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo

Denuncia El Barzón desvío de más de 1mmdp en Chihuahua

Chihuahua: ONG y personas demandamos frenar ola de violencia contra activistas ambientales

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Comunicado firmado por más de un centenar de organizaciones y personas de la sociedad civil, entre las cuales Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 18 de junio 2018 (Descargar el boletín en PDF)

  • Exigimos a autoridades estatales investigar los asesinatos de integrantes de El Barzón en Chihuahua y castigar a los responsables
  • Reiteramos nuestra demanda de mecanismos urgentes y efectivos de protección para activistas

Ciudad de México.- Tras el lamentable asesinato de Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo, integrantes de El Barzón en Chihuahua, más de un centenar de organizaciones y personas de la sociedad civil demandaron a las autoridades frenar la ola de violencia en contra de activistas ambientales en la región e iniciar las investigaciones para el castigo de los responsables.

Hernández Nevárez y su hijo fueron asesinados a balazos el pasado 13 de junio cuando circulaban en la Carretera Santa Clara-Flores Magón del municipio de Namiquipa. Ambos luchaban en contra de la sobreexplotación de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen. El líder agrario había denunciado con antelación amenazas, sin que éstas fueran atendidas con las medidas respectivas.

Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales a emprender las investigaciones necesarias para resolver este doble asesinato y garantizar la vida e integridad física de los integrantes de El Barzón y sus familias redoblando las medidas de seguridad en su beneficio.

Apenas el pasado 23 de mayo, este mismo grupo de firmantes exigió a las autoridades federales y estatales tomar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de Martín Solís y Eraclio Rodríguez, integrantes de El Barzón en Chihuahua, quienes también han sido objeto de amenazas de muerte por su lucha en contra de la construcción y operación ilegal de pozos de agua en los municipios Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada de esa entidad. Lamentablemente la situación en la región se ha ido agravando como lo demuestran los asesinatos de Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo.

Las demandas de las organizaciones y personas firmantes siguen en pie y hacemos un enérgico llamado a Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional de Chihuahua; César Jáuregui Robles, Secretario General de Gobierno de este Estado; Irma Villanueva Nájera, Coordinadora Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General en el Estado; Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); y Patricia Colchero Aragonés, Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Periodistas, en el ámbito de sus competencias, a iniciar las investigaciones correspondientes para castigar a los culpables de este terrible crimen, así como garantizar la vida e integridad física de todos los miembros de El Barzón quienes están siendo objeto de amenazas de muerte, reforzando las medidas de seguridad de sus integrantes.

También exigimos a Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), subsanar las omisiones en cuanto a su deber de inspeccionar y vigilar, así como de sancionar y clausurar las obras hidráulicas ilegales que están siendo la causa y raíz de la conflictividad en la región, acrecentando el clima de inseguridad, persecución, hostigamiento e intimidación en contra de integrantes de El Barzón.

CONTACTO PARA PRENSA:

Edith Martínez | Cel. 553939-3599 | edith.martinez@greenpeace.org

Organizaciones firmantes:

1. Ambiente y Desarrollo Sostenible, A.C.
2. Educación, Cultura y Ecología (Educe, AC)
3. Greenpeace Mexico, A.C.
4. Grupo Tacuba
5. Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)
6. Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativa en México (RAPAM) A.C.
7. Mauricio Macossay Vallado, kolectivo el rebelde, Mérida, México
8. Pakal Grun SC de RL de CV
9. Asociación de Consumidores Orgánicos
10. Millones contra Monsanto México
11. Regeneration International
12. Red de Género y Medio Ambiente, RGEMA
13. FIAN México
14. Federación de Trabajadores de Agua Potable del Perú (FENTAP)
15. Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas Estado de México, A.C. (UNORCA)
16. MA OGM
17. Mujer y Medio Ambiente
18. Semillas de Vida
19. Eco Maxei Querétaro, AC
20. Teyeliz, A.C.
21. Guerreros Verdes
22. Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. COMDA
23. Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.
24. Foro para el Desarrollo Sustentable A.C.
25. Red VIDA (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua)
26. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)
27. Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, A. C. (Red MOCAF)
28. Diálogo y Movimiento, A.C.
29. Espacio DESCA
30. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
31. Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)
32. Aprender Haciendo para el Desarrollo Rural, A.C.
33. Carnaval del maíz
34. Haciendo Milpa, A.C.
35. Agua Clara Bacalar, Quintana Roo
36. Encuentro Ciudadano Lagunero
37. La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – LAVIDA
38. Asamblea Social del Agua, Puebla
39. Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur
40. Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida
41. Revive México
42. Alianza Mexicana contra el Fracking
43. Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
44. Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP)
45. Fundar, Centro de Análisis e Investigación
46. Oikos Soluciones Sustentables S.C. de Oaxaca
47. Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
48. Frente Mazahua Desarrollo Sustentable del Cutzamala A.C.
49. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
50. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Personas:

1. Dr. Antonio Sarmiento Galán, Instituto de Matemáticas, UNAM
2. Dr. Antonio Turrent
3. Dinorah López
4. Dolores Rojas Rubio
5. Brenda Rodríguez Herrera
6. Luis Arturo Carrillo Sánchez
7. Mercedes López Martínez
8. Cristina Barros
9. Quetzalcóatl Orozco Ramírez
10. Robin Canul Suárez
11. Dr. Lorenzo Manuel Bozada Robles
12. Aleira Lara Galicia
13. Ximena Ramos
14. Gabriela Cervera Arce
15. Maria Colin
16. Rolando Valentín Benítez Sánchez
17. Pastor Ricárdez
18. Raúl A. Rubio Cano
19. Hilda Salazar
20. Dr. Carlos H. Avila
21. Alberto Rojas Rueda
22. Dr. Octavio Klimeck
23. Jenny Zapata López
24. Alejandra Acosta Bello
25. Raúl A. Rubio Cano
26. Elena Kahn
27. Gabriela Torres-Mazuera
28. Areli Carreón
29. Laura E. Corona
30. Victoria de los Ángeles Beltrán Camacho
31. Gustavo Sánchez Valle
32. Artemia Fabre Zarandona
33. Samantha Olivas Hernández
34. Luz Lozoya de Fian México
35. Alejandro Espinosa Calderón
36. Argelia Arriaga García, BUAP
37. Raúl Francisco Pineda Lopez
38. Catalina Rocha
39. David Barkin
40. Diego Antonio Contreras Rodríguez
41. Elena Burns
42. Oscar Vélez Ruiz Gaitán
43. Dr. Rafael Ortega Paczka
44. Lorena Moctezuma Sevilla
45. Adriana Flores
46. Helena Iturribarría Rojas
47. Arnaud Apoteker
48. Manuel Araujo Gomora

Más información:

Condenamos el asesinato de integrantes de El Barzón Chihuahua (comunicado de El Barzón Chihuahua)

Las consecuencias de la impunidad del Gobierno Federal y Estatal en Chihuahua (Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – REMA)

Ejecutan a los barzonistas Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo

Denuncia el Barzón desvío de más de 1mmdp en Chihuahua

Foto: Protesta de integrantes de El Barzón Chihuahua – 2017