ANÁLISIS

Juicio sobre el caso Berta Cáceres: Nos declaramos en rebeldía contra la farsa y la injusticia

Publicada el 24/10/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la familia de Berta Cáceres, Gustavo Castro, el COPINH, el MADJ y C-Libre – Tegucigalpa, Honduras, a 24 de octubre 2018

Familiares de Berta Cáceres, miembros del COPINH, del MADJ y de C-LIBRE en conferencia de prensa en Tegucigalpa el 24 de octubre 2018 (Foto: COPINH) [Ver el video de la conferencia aquí]

La familia de Berta Cáceres, Gustavo Castro, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), junto a los equipos legales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) ante las recientes actuaciones del sistema de justicia hondureño comunicamos lo siguiente:

Desconocemos de manera rotunda las actuaciones de la sala primera del Tribunal de Sentencias que pretende excluir a las víctimas y sus representantes legales del primer juicio por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.

Denunciamos que el tribunal compuesto por Esther Carolina Flores, Anaim Orellana, Delia Villatoro y Jocelyn Donaire, está desarrollando una farsa. Todas sus actuaciones son ilegales mientras se encuentren recusados y deben ser anuladas. El juicio debe ser reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde.

Declaramos que no vamos a participar de la farsa en la que se ha convertido este proceso judicial y reivindicamos nuestra determinación de agotar todas las instancias y herramientas para que se garantice la participación efectiva y un juicio justo.

Las víctimas, junto a nuestros representantes legales hemos develado una férrea confabulación de todos los actores del sistema de justicia para evitar que se conozca la verdad en el crimen de Berta Cáceres y evitar que se lleve a la justicia a los autores intelectuales de su asesinato, quienes no están en este juicio.

Hemos develado la falta de acceso a la información, la falta de investigación del Ministerio Público, la destrucción y alteración de pruebas, la falta de voluntad de perseguir a los autores intelectuales, la falta de protección de los derechos de las víctimas e incluso de los acusados y por eso pretenden excluirnos.

Como represalia pretenden evitar la participación del juicio a la madre, hijas, hijo y hermanos de vida y lucha de Berta Cáceres y así mismo la participación de Gustavo Castro.

Las pruebas demuestran la participación en el crimen de los empleados de la empresa DESA; Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, así como de los militares Mariano Díaz y Henrry Hernández junto a un grupo de sicarios, pero el juicio contra ellos busca ocultar la verdad de quienes pagaron y ordenaron realmente el asesinato.

Se equivoca el Tribunal de Sentencias presidido por Esther Carolina Flores, así como las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, si piensan que pueden callarnos o inmovilizarnos en nuestra búsqueda de justicia.

No descansaremos hasta que estén castigados todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro.

La comunidad internacional no debe avalar este atropello a la justicia. El Estado de Honduras tendrá que responder internacionalmente por sus faltas.

La sed de justicia es muy grande, sus resoluciones ilegales no la pararán.

Foto: Las hijas de Berta Cáceres, Berta y Laura, dice: «El Ministerio Público no me representa.» (Crédito: COPINH)

MÁS INFORMACIÓN:

Dejan al COPINH y a la familia de Berta Cáceres sin defensa legal por luchar por un juicio justo

La página web del caso

ENGLISH:

We declare our rebellion against this farce and injustice

Acopio para la Caravana de Migrantes

Publicada el 24/10/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Si vives en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, puedes donar una mochila con productos de higiene personal (jabón, cepilo de dientes, pasta dental, toallas sanitarias), alimentos (agua, galletas, latas, chocolates, semillas) y ropa (ropa interior, calcetines, playeras, gorra, pantalones, zapatos, ropa para bebés) en 5 centros de acopio: El Paliacate, La Cosecha, Pangea Colectiva, Centro de voluntarios Junax, Caritas.

Éxodo centroamericano: Actualización sobre los hechos ocurridos el día 23 de octubre

Publicada el 24/10/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de organizaciones de la sociedad civil – Tapachula, Chiapas, México, a 23 de octubre de 2018

Hoy evidenciamos que el uso del poder y la intimidación hacia las personas desplazadas forzadas y hacia las personas defensoras monitoreando para la observación, documentación y denuncia, es una estrategia para crear tensión y hostigamiento. Intentan asustar, quitar la motivación y minar el ánimo de las personas.

La jornada de hoy fue de descanso para la mayoría de las más de siete mil personas del éxodo que está en este momento en Huixtla, Chiapas. Como parte del monitoreo se acompañó a un grupo de 79 personas (52 hombres, 12 mujeres, 15 niñas y niños), que se habían quedado rezagadas y que salieron de Tapachula el día de hoy caminado.

Al medio día, se registró un ataque injustificado y desproporcionado por parte de agentes de migración a este mismo grupo en el que se encontraban mujeres, niños y niñas terminando con la detención de al menos 8 personas. Después de la agresión se contabilizaron a 54 personas que se volvieron a agrupar asustadas y preocupadas por el resto y que gracias a la solidaridad de otras personas consiguieron llegar a Huixtla.

Al medio día, en la frontera de Ciudad Hidalgo y Tecún Umán se observó la presencia de unas 10 personas del Instituto Nacional de Migración (INM) y al menos 20 agentes de la Gendarmería de la Policía federal armados. Agentes del INM solicitaban identificación a personas cruzando en balsas por el río, durante la observación detuvieron y se llevaron a un grupo de 30 personas. Mientras el INM hacía el registro los agentes de gendarmería estuvieron custodiando. Al ver que llegó el grupo a monitorear, los agentes se acercaron y vigilaron de forma intimidatoria tomando fotos y enviando mensajes, en algunos momentos incluso sobrevolaba un dron.

En el Puente de Guatemala-México se observó presencia de agentes federales y aproximadamente a unas 50 personas esperando ingresar a México, se constató que se han instalado unos baños móviles hacia el lado guatemalteco. Por la noche se confirmó que no había más personas esperando el paso.

La asistencia humanitaria sigue estando condicionada a la detención migratoria en la Feria Mesoamericana. Sigue sin haber transparencia negándose la información sobre las personas detenidas, lo que propicia la separación de las familias, dificulta una respuesta integral y coordinada desde distintas instituciones y contribuye a la incertidumbre afectando el estado general de las personas. Las condiciones de detención migratoria en ningún caso son aceptables para niños, niñas y adolescentes.

La solidaridad de la población una vez más ha sido conmovedora, revela el vacío en la respuesta que debería ser del Estado como garante de derechos, es la muestra de la sociedad que queremos ser, devolviendo en el día a día la dignidad a las personas.

En el monitoreo se va evidenciando que cada vez más se van sumando esfuerzos de organizaciones, redes y organismos que desde sus capacidades acompañan y defienden los derechos. Hacemos el llamado a que cada vez seamos más quienes procuremos el caminar digno de todas las personas.

Las organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes solicitaron a la CIDH medidas cautelares a favor de la Caravana Migrante y las personas Defensoras de Derechos Humanos que la asisten en su trayecto.

La CIDH expresó su preocupación por la situación de la «Caravana de migrantes» proveniente de Honduras y llama a los Estados de la región a adoptar medidas para su protección.

FIRMAMOS:

Iniciativas para el Desarrollo Humano, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, AC, American Friends Service Committee oficina Latinoamérica y el Caribe, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC, Otros MundosA.C. , Médicos del Mundo Suiza, Médicos del Mundo Francia y España y Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC.

Días anteriores:

Éxodo centroamericano: Actualización sobre los hechos ocurridos el día 22 de octubre

Éxodo centroamericano: Actualización sobre los hechos ocurridos el día 21 de octubre

Foto: El éxodo entre Tapachula y Huixtla, Chiapas, el 23 de octubre (Crédito: Tragameluz)

Zacatecas: Opositores a la presa Milpillas presentan queja ante Comisión Estatal de Derechos Humanos por violación a derechos agrarios y humanos

Publicada el 23/10/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 23 de octubre 2018

Este martes, l@s ejidatari@s del Potrero se presentaron ante la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la C. María de la Luz Domínguez Campos, para presentarle formalmente la QUEJA en contra del Gobierno Municipal de Jiménez del Teul, de la Policía del Estado de Zacatecas, de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Zacatecas, además de otros operadores del gobierno que resulten responsables, por los actos de abuso de autoridad y violación a los derechos agrarios y humanos cometidos contra ejidatari@s, así como de l@s poblador@s y visitantes que se encontraban en Ejido El Potrero, durante el preámbulo y el proceso del desarrollo de la asamblea ejidal convocada de forma normal por el comisariado, para tratar asuntos de interés interno.

En dicha queja exponen los hechos de abusos y violaciones realizados por las autoridades mencionadas, ocurridas en el Ejido El Potrero el pasado 14 de octubre, antes y durante el desarrollo de la Asamblea ejidal, la cual fue concertada en segunda convocatoria, sin ningún antecedente de actos de tensión, presión o inseguridad, que pusiera en riesgo a los participantes y que al final, los operadores del gobierno municipal, estatal y federal, usaran como pretexto para presentarse con la fuerza pública estatal, quienes en conjunto asumieron el control y el desarrollo de la asamblea agraria, aun sin estar anunciados en el orden del día de la convocatoria.

Su presencia y el operativo policiaco transgredió tanto la ley agraria, como la ley interna del ejido en el procedimiento de su asamblea, así como también, su incursión ilegal en tierras de propiedad colectiva, provocaron incertidumbre, miedo, y violencia contra las y los ciudadanos de El Potrero.

En su queja narraron la llegada de «aproximadamente 20 camionetas de la Policía Estatal con aproximadamente 100 elementos de la policía estatal para obstruir y controlar el paso de los presentes, a través de colocar una cerca metálica entorno al perímetro del Salón Ejidal, la cual fue custodiada por los policías». La queja se desarrolla en tres hechos cronológicos: 1. Entrada a la Asamblea; 2. Desarrollo de la Asamblea; 3. Hechos ocurridos a fuera del salón ejidal, durante y después de la asamblea. Cada una de estas fue acompañada con material fotográfico y videográfico en donde quedan al descubierto las falsas declaraciones que el Gobierno Estatal, encabezado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, ha reiterado en los medios durante los últimos días.

Con esta denuncia una vez más se hace evidente que, ante la construcción de megaproyectos, tanto en México como en América Latina, los gobernantes están incurriendo de forma burda y absurda en la violación a los Derechos Humanos, siempre intentando justificarse con un falso discurso en donde resaltan el interés público y colectivo, con el cual pretenden el despojo de las tierras ejidales que este modelo impone.

Somos testig@s del inicio de una fuerte articulación de resistencia y rechazo, que cada vez se consolida con la consigna el territorio, la dignidad y la vida.

#NOALAPRESAMILPIILLAS

¡No Queremos Presa! ¡No Queremos Dinero! ¡Queremos Agua! ¡Queremos Vida!

Foto: Intervención de la policía estatal en el Petrero el 14 de octubre 2018 (Crédito: Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas-OCMZac)

Más información:

Zacatecas: Policía Estatal amenaza y arremete violentamente contra compañera de la lucha contra la minería

Zacatecas: La policía interviene de manera violenta e ilegal en una asamblea sobre la presa Milpillas

Éxodo centroamericano: Actualización sobre los hechos ocurridos el día 22 de octubre

Publicada el 23/10/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de organizaciones de la sociedad civil – Tapachula, Chiapas, México, a 22 de octubre de 2018

Durante la observación realizada el día de hoy por las organizaciones trabajando en frontera sur, reiteramos nuestro compromiso de continuar monitoreando las acciones implementadas por el Estado mexicano para responder a la emergencia humanitaria derivada por las crisis en Centroamérica, en particular en Honduras.

Han pasado tres días y al menos 200 personas incluidas niñas, niños y adolescentes, permanecen a la espera en el Puente de Guatemala México sin condiciones dignas, a la intemperie y sin ayuda humanitaria gubernamental, con las afectaciones físicas y emocionales que esta situación conlleva.

La asistencia humanitaria sigue estando condicionada a la detención migratoria en la Feria Mesoamericana. Sigue sin haber transparencia, negándose la información sobre las personas detenidas, lo que propicia la separación de las familias, dificulta una respuesta integral y coordinada desde distintas instituciones y contribuye a la incertidumbre, afectando el estado general de las personas. Las condiciones de detención migratoria en ningún caso son aceptables para niños, niñas y adolescentes.

Después de dar una conferencia de prensa en Tapachula, las personas que forman parte del éxodo partieron rumbo a Huixtla, Chiapas. En el camino, se hacen evidentes las consecuencias de lo sucedido en días previos en el desgaste de las personas; de manera visible se observa que niños y niñas presentan cuadros de salud como conjuntivitis, golpes de calor, deshidratación, diarrea, tos, fiebre y cada vez son más frecuentes los signos de agotamiento en la población adulta.

Como efecto del hostigamiento y la tensión de las que han sido sujetas en la última semana, se constata el estado de alerta y de desconfianza, por ejemplo, ante la posibilidad de descansar en un recinto amplio pero cerrado, las personas decidieron dormir en otros espacios ante el temor de ser cercadas y detenidas.

Una vez más, la población ha dado grandes muestras de solidaridad, a pesar de los crecientes discursos de criminalización y xenofobia.

Parte de la emergencia se mueve con el éxodo y paralelamente en el Puente Guatemala-México y en Tapachula persisten las situaciones de riesgo en el incumplimiento de garantías de protección a la vida e integridad de las personas que están entrando al país o que son detenidas por su situación migratoria, así como el riesgo de que sufran daños irreparables, incluyendo graves violaciones a derechos humanos.

Hoy atestiguamos con mucho dolor lo que ayer advertimos; un joven de 22 años cayó de un vehículo en movimiento y perdió la vida buscando salvarla. Retomamos lo dicho en la rueda de prensa: «sabemos que México es un cementerio, por eso estamos viajando juntos».

Firmamos:

Iniciativas para el Desarrollo Humano, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, AC, American Friends Service Committee oficina Latinoamérica y el Caribe, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC, Otros Mundos A.C., Médicos del Mundo Suiza, Médicos del Mundo Francia y España y Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC.

Más información:

Éxodo centroamericano: Actualización sobre los hechos ocurridos el día 21 de octubre

Foto: Marie-Pia Rieublanc

Éxodo centroamericano: Actualización sobre los hechos ocurridos el día 21 de octubre

Publicada el 22/10/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de organizaciones de la sociedad civil – Tapachula, Chiapas a 21 de Octubre de 2018

Las organizaciones que estamos trabajando en frontera sur, queremos señalar que lo que está ocurriendo en este momento y de lo cual somos testigos, no tiene precedente alguno. Si bien el paso de personas migrantes es un hecho que viene ocurriendo desde hace muchos años, lo cierto es que, desde los años 80, no habíamos tenido noticia de un evento de esta magnitud en el cual miles de personas están buscando, de manera desesperada, ingresar a México con la finalidad de buscar protección. La diferencia sustancial entre lo ocurrido con las personas refugiadas guatemaltecas en la frontera con Campeche y esto que ocurre hoy en Tapachula, radica en que hasta el momento ningún país centroamericano se encuentra en «conflicto armado».

Reiteramos que el origen de la Caravana responde a un contexto de violencia y pobreza generalizada en donde las condiciones mínimas de vida digna y respeto a los derechos humanos no han sido garantizadas, lo que obliga a miles de personas a desplazamientos forzados, como los que estamos presenciando.

Desde el día que nos enteramos de éste éxodo, nos encontramos monitoreando las acciones implementadas por el Estado mexicano para responder a la emergencia humanitaria derivada de la migración forzada a la que se han visto obligadas cientos de persona hondureñas y de otros países de la región. Hemos observado y documentado diversas violaciones a derechos humanos, cometidas por parte de autoridades mexicanas en contra de las personas que han estado arribando a México con necesidad de protección internacional.

Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de policías federal, estatal y municipal, contrario a la información oficial que ha circulado, han obstaculizado el acceso a territorio mexicano bajo diversos medios y gestionando únicamente el ingreso bajo la condición de someterse a una detención migratoria.

Por otra parte, no existe coordinación de los distintos órdenes de gobierno a través de diferentes autoridades de acuerdo a sus funciones para dar una respuesta integral y regional a la situación; sino que observamos por parte de las autoridades mexicanas la reacción de confrontación contra las personas.

Hoy al momento en que las personas se movilizaron de Ciudad Hidalgo a Tapachula, en el Puente de Guatemala- México, se mantuvieron otros cientos de personas, esperando a que les dejen entrar desde el pasado 19 de Octubre, sin asistencia humanitaria, a la intemperie, sin acceso a las condiciones mínimas de subsistencia, con la incertidumbre del tiempo que tendrán que esperar para la atención de las autoridades, ante la reducción de la respuesta por parte de INM y sin otras alternativas de recepción en Ciudad Hidalgo por el cierre del Albergue Temporal.

Durante el avance de este éxodo, la respuesta del Estado sigue siendo de un enfoque militarista al mando de la Policía Federal, que durante el recorrido hasta Tapachula, de manera sistemática y permanente, ha tenido el objetivo de bloquear el paso e incluso en varios momentos la clara amenaza de reprimir a las personas, intimidando con el sobrevuelo a baja altura de un helicóptero de la Policía Federal; causando confusión y terror entre las personas.

Esta respuesta tiene graves afectaciones en las personas, que también sufren el impacto provocado por las condiciones en la que realizan el recorrido sin ninguna asistencia humanitaria y atención a la salud. El cansancio, la debilidad y las condiciones climáticas extremas van rezagando grupos de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, personas que sufren alguna discapacidad o enfermedad.

Dentro de este contexto de inseguridad e incertidumbre se encuentran niños, niñas y adolescentes migrantes tanto acompañados como no acompañados. Hasta el momento no hay cifras que nos permitan determinar el número, pero constituyen en sí mismo un grupo de población particularmente vulnerable y con necesidades especiales de detección, atención y protección. Hasta el momento las autoridades federales no han emitido las medidas de protección a las que está obligado.

En contraste, a lo largo de todo el monitoreo observamos grandes muestras de solidaridad de la población, quienes acompañaron en diversas formas aportando y compartiendo lo que tenían a mano: agua, comida, carriolas, ropa, mochilas, bañando a bebés ante el extremo calor y con palabras de aliento.

Por su parte los albergues de la sociedad civil en Tapachula están rebasados, contando solo con recursos propios que son insuficientes para atender a las personas que acuden a ellos. Mientras la asistencia humanitaria gubernamental se está condicionando a la detención migratoria.

Por lo anterior, exigimos que el Estado mexicano brinde una respuesta apegada a los estándares internacionales en derechos humanos, derecho humanitario y derecho de asilo y refugio, siendo inaceptable que se condicione el respeto a los derechos en función de su situación migratoria.

Responsabilizamos al Estado mexicano:

1) Por el incumplimiento de garantías de protección a la vida e integridad de las personas que están entrando al país y el riesgo de que sufran daños irreparables, incluyendo graves violaciones a derechos humanos;

2) Por las detenciones arbitrarias que están sufriendo las personas en la Estación Migratoria Siglo XXI, así como en la extensión de la misma instalada en la Feria Mesoamericana de Tapachula.

3) Por la denegación de acceso al procedimiento de reconocimiento de refugio, el rechazo en frontera y las deportaciones masivas;

4) De acuerdo a los hechos constatados, por los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos, corriendo el riesgo de que las personas sean víctimas de alguna forma de tortura;

5) Por la inobservancia del interés superior de la niñez, dado el sinnúmero de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados que son ignorados y tratados igual que los adultos.

Hacemos un llamado a generar una respuesta inmediata y coordinada desde instancias internacionales para asistir integral y regionalmente a las personas ante la situación actual y los distintos escenarios posibles.

Firman: American Friends Service Committee oficina Latinoamérica y el Caribe, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC, Médicos del Mundo Suiza, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC. y Otros Mundos Chiapas.

Con el acompañamiento de SweFOR México.

Fotos: El éxodo entre Ciudad Hidalgo y Tapachula (Foto: Isaac Guzmán/Tragameluz)

Conclusiones de la 4ta sesión del grupo de trabajo de la ONU para un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos

Publicada el 20/10/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional sobre las conclusiones de la 4ta sesión del grupo de trabajo de la ONU hacia un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos – Ginebra, A 20 de octubre 2018

Importantes aportes de los pueblos afectados, participación constructiva de los Estados, distanciamiento de la UE de las conclusiones y confirmación de la 5ta sesión para negociar la revisión del borrador en 2019

El viernes 19 de octubre 2018 por la tarde, concluyeron las negociaciones luego de la discusión de importantes propuestas. Los Estados reconocieron que el diálogo se centró en el contenido del borrador cero de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos y tomaron nota de los aportes recibidos por una cantidad sin precedentes de actores relevantes.

Los representantes de 94 países y alrededor de 400 delegados y delegadas de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos/as representantes de Amigos de la Tierra Internacional de 20 países, se congregaron en Ginebra en el marco de la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental (IGWG4) que tuvo como resultado la confirmación de una quinta sesión de negociaciones que se centrará en una versión revisada del borrador del tratado.

Representantes de los pueblos afectados por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales describieron en detalle las amenazas que enfrentan contra sus vidas y sus medios de sustento en el marco de la lucha por la justicia. Estos son los mismos pueblos que están reelaborando leyes relativas a los derechos humanos desde las bases.

La federación Amigos de la Tierra Internacional continuará activamente involucrada y seguirá trabajando con los movimientos sociales y miembros de la sociedad civil de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo, coaliciones nacionales que forman parte de una creciente Alianza para el Tratado y otros actores relevantes, como miembros del Parlamento y autoridades locales de todo el mundo, para seguir presentando propuestas constructivas.

Como afirmó Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional:

«Continuaremos participando activamente y esperamos con ansias las sesiones futuras necesarias para cumplir con el mandato de la Resolución 26/9 de reglamentar, en el marco del derecho internacional en materia de derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas. Nos decepcionó que las recomendaciones de la presidencia del IGWG no hicieran referencia a los vitales debates de los últimos cuatro años, como los relativos al Documento de Elementos de 2017, además de la falta de participación constructiva de algunos Estados que se distanciaron de las negociaciones en esta etapa tan avanzada en la que se están analizando contenidos y procedimientos importantes. Lo que se necesita básicamente para reglamentar a las grandes empresas que controlan complejas cadenas mundiales de producción son normas concretas para estas empresas en función de obligaciones directas para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos. Este es el camino a seguir para detener las violaciones e derechos humanos que afectan a millones de personas y a sus medios de sustento en todo el mundo”.

Los/as representantes de Amigos de la Tierra Internacional aportaron propuestas técnicas junto con expertos/as, académicos/as, abogados/as y representantes de los pueblos afectados, con base en los contextos nacionales y regionales y la experiencia de la resistencia comunitaria.

Kwami Kpondzo, de Amigos de la Tierra Togo en nombre de Amigos de la Tierra África dijo:

«Me enorgullece ver a los Estados africanos -54 en total, representados por Togo – unidos y comprometidos para apoyar este tratado que es tan necesario para remediar los males provocados por décadas de impunidad empresarial. Me sentí alentado por el liderazgo de Sudáfrica como co-proponente de la resolución 26/9 y como inspiración para la creciente cantidad de Estados que están apoyando el proceso del Tratado, defendiendo el mandato del IGWG y presentando aportes para cubrir las lagunas que existen en materia de las reglamentaciones para las empresas transnacionales».

Mageswari Sangaralingam, de Amigos de la Tierra Malasia, afirmó:

«Amigos de la Tierra Asia Pacífico se ve impulsada por el continuo apoyo de países como Indonesia y Filipinas a favor de un tratado vinculante que hará rendir cuentas a las empresas transnacionales y a todas sus cadenas de suministro por los crímenes ambientales y las violaciones de derechos humanos. Creemos firmemente que este tratado vinculante es un instrumento para los países en desarrollo y para los pueblos. Le urgimos a los países de Asia Pacífico y la sociedad civil que eleven el perfil de este tratado para que podamos respetar, proteger y satisfacer efectivamente los derechos de nuestros pueblos y el medioambiente».

Ike Teuling, de Amigos de la Tierra Europa comentó:

«A pesar de la presencia comprometida de la sociedad civil europea en Ginebra, la UE no participó de forma sustancial en el proceso e hizo caso omiso a la resolución recientemente adoptada del Parlamento Europeo en apoyo al tratado vinculante. Con la excepción de una única declaración de Franca sobre el contenido, permanecieron en silencio durante la mayor parte de las negociaciones e incluso se retiraron de la sala durante las discusiones sobre las conclusiones del grupo de trabajo. Como declaración final, la UE se desvinculó de las conclusiones, y se aisló del consenso al que llegaron todos los demás países. Es claro que la UE se pone del lado de las empresas y no de los pueblos, cuyos derechos son violados por las empresas transnacionales europeas».

Alberto Villarreal, de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, agregó:

«Los pueblos afectados deben ponerse en el centro de este proceso. Por lo tanto, esperamos un borrador más ambicioso, uno que responda a las expectativas y exija justicia y el fin de la impunidad. También reclamamos que se garantice que los/as activistas y defensores/as de derechos humanos continúen siendo recibidos/as en el Consejo de Derechos Humanos. Nos preocupa enormemente que algunos Estados cuestionen el derecho que tienen las víctimas y representantes de la sociedad civil a compartir sus testimonios. Esto es inaceptable y va en contra del espíritu del tratado, un tratado dirigido a todos los pueblos. Por otro lado, muchos países recibieron con calidez nuestra pasión, nuestros testimonios y aportes sustanciales al borrador del tratado y al proceso en general».

Para Amigos de la Tierra y la Campaña Global, entre los puntos clave que deben ser incluidos en el próximo borrador y en las consultas informales en el camino hacia la 5ta sesión se destacan:

un enfoque en las empresas transnacionales y en las actividades de estas como se establece en la resolución 26/9;
el establecimiento de obligaciones directas y la responsabilidad penal, civil y administrativa por las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales;
una Corte Internacional sobre empresas transnacionales y derechos humanos;
la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos comerciales y de inversiones;
la protección del proceso del tratado de la influencia indebida de las empresas y sus representantes y que se garantice la participación segura de la sociedad civil en todo el proceso.

Contactos para los medios:

– Lucia Ortiz, programa de Justicia Económica, Amigos de la Tierra Internacional
lucia[at]foei.org
+55 48 99915-0071

– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe:
comerc[at]redes.org.uy
+598 98 556 360

– Ike Teuling, campañista de responsabilidad empresarial, Amigos de la Itera Europa:
ike.teuling[at]foeeurope.org
+316 29593882

– Kwami Kpondzo, Directorio de Amigos de la Tierra África
kwadodzi[at]yahoo.fr
+22898221457

Por consultas generales sobre medios:

Amelia Collins
press[at]foei.org
+447740979709

Más información:

El pueblo antes que el lucro: Es hora de avanzar con el Borrador Cero del Tratado Vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos

¿Porqué teme la Unión Europea el establecimiento de un tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos?

Gustavo Castro: «Nos parece fundamental un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos»

Dejan al COPINH y a la familia de Berta Cáceres sin defensa legal en el juicio

Publicada el 19/10/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 19 de octubre 2018

El Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Honduras ha decidido este viernes 19 de octubre dejar sin representación legal a las víctimas en la causa del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres. Retiró del caso a los abogados de la familia y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que coordinaba Berta cuando fue matada a balazos en su casa en La Esperanza, Intibucá, Honduras, el 2 de marzo 2016.

El Tribunal había llamado a iniciar hoy el primer juicio oral en el caso de este asesinato, a pesar de que no existieran las condiciones para que este proceso garantice verdad y justicia para las víctimas. Para que esto no sucediera, el equipo legal de la familia de Berta y del COPINH presentó un recurso de amparo en relación a la competencia que tiene el tribunal para llamar a juicio. «¡Si no hay debido proceso no puede haber juicio!», comunicó la organización.

Este juicio injusto ya ha sido suspendido dos veces, el 17 de septiembre y el 15 de octubre, gracias a una serie de recursos legales interpuestos por el COPINH y la familia de Berta, que buscan acabar con las múltiples irregularides cometidas por el Ministerio Público (MP) [Ver infografía 1]. Esperan que no inicie el juicio hasta que estén las condiciones adecuadas para que el éste permita no solo esclarecer los hechos ocurridos el 2 de marzo 2016, sino demostrar que Berta fue asesinada por su trabajo político en defensa del pueblo Lenca y el río Gualcarque contra el proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca». Un proyecto de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), vinculada al poder y que hizo sufrir al COPINH un largo proceso de represión, persecución y asesinatos antes del 2 de marzo.

A pesar de que el COPINH haya denunciado las irregularidades del MP desde la apertura de la investigación en el 2016, como la falta de acceso de las víctimas a la información del caso, su actitud fue empeorando con el tiempo. En las audiencias de presentación de pruebas que se llevaron a cabo a fines de agosto, por ejemplo, anunció que le faltaba aún analizar varios peritajes de gran importancia [ver Infografía 2], por lo que las víctimas no disponen de todas las pruebas disponibles que permitan sustentar sus acusaciones. Y a pesar de ello, el Tribunal de Sentencias pretende iniciar el juicio.

INFOGRAFÍA 1

INFOGRAFÍA 2:

La batalla legal del COPINH y la familia de Berta incluye una recusación contra el Tribunal de Sentencias; un amparo para exigir que el COPINH sea representado como víctima en el juicio; dos amparos para exigir que sean incorporadas a las pruebas la pericia sobre los antecedentes del asesinato; un amparo para exigir que toda la audiencia sea transmitida en vivo. Varios de éstos recursos se encuentran aún en curso, por lo que el Tribunal de Sentencias no debería ni poder llamar a juicio, como bien lo demostró el COPINH el lunes 15 de octubre al lograr por segunda vez la suspensión del juicio. «La convocatoria a juicio es ilegal ya que el tribunal continúa imposibilitado para llevar el proceso», había alerta el COPINH ese día.

El plazo de la detención preventiva de cinco de las ocho personas acusadas del crimen y que deben ser juzgadas en este proceso vence el 2 de noviembre, pero para la familia de Berta y su organización esto no justifica que se lleve a cabo un juicio a bajo costo. Sobre este punto, el COPINH declaró que «frente a este posible escenario los abogados de las víctimas han presentado el pasado 12 de octubre una carta pública al Fiscal General, solicitándole que inste a su equipo fiscal, que tiene información sobre los ataques previos en contra del COPINH y de Berta, que presenten la acusación en contra de los detenidos por el delito de asociación ilícita lo cual renovaría el periodo de la prisión preventiva».

>> Firma esta petición para exigir un juicio justo <<

>> Escucha la radio novela «Justicia Para Berta, Justicia Para los Pueblos» <<

>> Infórmate sobre el caso <<

Así celebramos el Festival del Maíz y la Tortilla en San Cristóbal de las Casas

Publicada el 18/10/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Nota informativa de Otros Mundos A.C.

En el marco del Día del Maíz que se celebra en todo México cada 29 de septiembre para recordar que este país es la cuna de este cereal indispensable en nuestra soberanía alimentaria y diversidad biocultural, organizamos el «Festival del Maíz y la Tortilla» en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) nos abrió sus puertas y junto con el proyecto Mujeres y Maíz, que festejaba al mismo tiempo su décimo aniversario, llevamos a cabo una jornada de actividades en torno a la defensa del descendiente del teocintle.

Gracias al trabajo de campesinos y campesinas quienes han conservado a lo largo de la historia de la agricultura las miles de variantes de maíz que existen en México, este grano sigue siendo la principal fuente de alimentación en el país, junto con los demás cultivos que conforman la milpa, como el frijol, la calabaza o el chile. A éstos se suman todos los ricos quelites que crecen en medio de ellos, sin olvidar el huitlacoche, que solo en México se aprecia en la cocina mientras en los demás países se considera como plaga.

Ejemplo de este trabajo campesino tan importante es el de las productoras chiapanecas que conforman el proyecto Mujeres y Maíz, a quienes felicitamos por sus diez años de caminar. En este evento reivindicaron su trabajo como mujeres del campo y compartieron sus técnicas de procesamiento del maíz. Así pudimos recordar que la nixtamalización, que consiste en cocer el maíz con agua y cal viva, ha sido una manera de convertir este cereal en una gran fuente nutricional.

Antes de iniciar las actividades informativas, realizamos una ofrenda maya, en la cual agradecimos a nuestras semillas y alimentos. Entre los participantes se encontraban habitantes de varias comunidades de los municipios de San Cristóbal de las Casas, Chenalhó, La Independencia, Teopisca y Comitán, así como estudiantes de la UNICH, maestros, colectivos y organizaciones.

Para rescatar la importancia de preservar la diversidad de nuestros maíces, invitamos al compañero Cecilio Mota Cruz, de la Fundación Semillas de Vida, que forma parte de la Demanda Colectiva gracias a la cual la siembra de maíz transgénico está prohibida en México desde el 2012. El agroecólogo, según quien la siembra de maíces nativos sigue predominando en tres cuartas partes de México, habló de la importancia del trabajo de los campesinos y las campesinas en la selección de las semillas de maíz en México. Compartió algunas experiencias campesinas de selección participativa de maíces, que permiten obtener maíces con las características deseadas. Con más hojas, por ejemplo, para la elaboración de tamales, o más bajas, para evitar el acame.

A lo largo del día, reflexionamos sobre cómo el modelo agroindustrial amenaza el maíz a través de la siembra de transgénicos y el uso de agrotóxicos. Otros Mundos A.C. compartimos un taller en el cual diferenciamos las semillas nativas de las híbridas y transgénicas. Alertamos sobre el grave impacto de la siembra de cultivos transgénicos en los agroecosistemas, la diversidad biocultural y la economía campesina, así como el proceso de privatización de las semillas que genera. Aunque en el país no está permitida la siembra de maíz transgénico, están encaminados varios proyectos de siembra experimental y programas piloto de siembra.

Aparte, su comercialización no está prohibida, por lo que se pueden encontrar transgénicos en ciertos productos agroalimentarios. Esto impacta la salud humana, ya que en los alimentos que contienen transgénicos, siempre se encuentran residuos de agrotóxicos, porque los cultivos transgénicos han sido modificados justamente para resistir a altas cantidades de herbicidas, insecticidas y plaguicidas tóxicos. Las harinas MASECA, por ejemplo, contienen hasta 94.15% de transgénicos y hasta 17.59 microgramos de glifosato por kilo, según un recién estudio. Están hechas a partir de maíz transgénico importado de Estados Unidos que ha sido cultivado con enormes de cantidades de herbicidas como el Roundup de Monsanto-Bayer, el cual contiene glifosato, un agente tóxico clasificado como carcinógeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No olvidemos que los agrotóxicos no solo se aplican en transgénicos. En México, son trágicamente muy usados en campos de siembra agroindustrial y también en tierras de campesinas y campesinos a quienes los gobiernos y las empresas obligan a usar estos venenos a través de campañas de desinformación y programas de apoyo económi. En el país se usan 140 ingredientes activos que están prohibidos en otros países. Uno de ellos es el Fipronil (un insecticida), que recientemente fue fumigado en un campo de chile en el ejido La Candelaria, en el municipio de José María Morelos, en el estado de Quintana Roo, causando la destrucción de más de 500 colmenas que se encontraban cerca, matando a cientros de miles de abejas.

Ante el desastre sanitario, ambiental y cultural provocado por el avance de los agrotóxicos y las semillas industriales en México, pensamos que la única respuesta para recuperar nuestra soberanía alimentaria, nuestra salud, nuestra economía campesina y nuestras costumbres ligadas a la siembra de semillas nativas, es la agroecología. La hemos defendido en nuestros 11 años de trabajo como asociación en defensa del territorio y la seguiremos defendiendo y compartiendo y aprendiendo en nuestra búsqueda de soberanía alimentaria y de caminos alternativos al modelo extractivo.

Fotos: «Festival del Maíz y la Tortilla» en la UNICH el 1 de octubre 2018 (Otros Mundos A.C.) [Más fotos aquí]

Más información:

Manual de Agroecología y Agroforestería: Prácticas para una Agricultura Ecológica

Encuentran glifosato y OGMs en muestras de harina de maíz de Maseca

X celebración del Día del Maíz en México: «Seguimos defendiendo la producción campesina e indígena de maíz nativo»

[AUDIO] «Sigue predominando en tres cuartas partes de México la siembra de maíces nativos»

Zacatecas: Policía Estatal amenaza y arremete violentamente contra compañera de la lucha contra la minería

Publicada el 17/10/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería/Mujeres (REMA/Mujeres) – A 16 de octubre 2018

El pasado 14 de octubre nuestra compañera Grecia Rodríguez, quien funge como enlace de la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA) en Zacatecas, acudió a la Asamblea Ejidal del Potrero, Municipio de Jiménez de Teu, como asesora de los ejidatari@s en relación al «Proyecto Presa Milpillas»[1], caso que acompaña desde hace 5 meses desde el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac).

Esta Asamblea, que originalmente fue convocada en segunda convocatoria por el representante agrario de El Potrero, fue totalmente vulnerada por la Procuraduría Agraria quien, en contubernio con el Gobierno del Estado de Zacatecas pretenden imponer el proyecto de la Presa Milpillas, que, de realizarse, afectará a 19 ejidos, así como el acueducto proyectado pasará por 7 municipios usuarios de la cuenca del Río Atenco, quienes ya han manifestado su rechazo al proyecto.

Al acto de la asamblea llegaron 20 camionetas con 100 efectivos de la policía estatal, así como la presidenta municipal Victorina Espinosa Sánchez, el Delegado de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, El Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado Alfonso del Real y el Titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente Luis Fernando Maldonado Moreno, con la intención de intimidar y controlar la Asamblea, así como para amedrentar a l@s ejidatari@s opositores y en consecuencia manipular la elección a favor del proyecto, tal como ocurrió, a pesar de transgredir totalmente la libre determinación de la asamblea ejidal y violar totalmente la ley agraria, la cual al parecer también desconoce el Procurador Agrario del estado.

En el momento en que nuestra compañera Grecia informaba, a las y los vecinos de El Potrero, sobre las violaciones que estaban sucediendo en el contexto de la Asamblea, Grecia fue rodeada y agredida por varios policías estatales, quienes la empujaron fuertemente y con coraje la lanzaron y apretaron contra la valla metálica colocada por la misma policía para controlar el acceso a la asamblea, a la cual incluso se negó la entrada a varios ejidatarios opositores al proyecto de la presa. El comandante del «operativo», del que desconocemos su nombre, también haciendo uso de la fuerza le arrebató su teléfono celular con el que estaba documentando los hechos, la golpeó y la amenazó con detenerla por usurpar identidad, por alebrestar a la gente y la acosó gritándole: «¿De dónde vienes? ¿De dónde? Por qué no respondes, por qué te trabas y te pones nerviosa?».

Así mismo otros policías sacaban a empujones a otra mujer que había estado en la Asamblea.

REMA/Mujeres condena enérgicamente este tipo de actos de violencia hacia nuestras compañeras, y responsabilizamos de manera directa al gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna por los actos de violencia, represión, intimidación y amenazas dirigidos hacia nuestra compañera Grecia por su labor como defensora de la vida y los derechos humanos; así mismo lo responsabilizamos de cualquier daño físico psicológico o de acoso que pueda volver a sufrir nuestra compañera a quien le damos todo nuestro apoyo y solidaridad.

Estaremos atent@s de las acciones que de forma directa o indirecta sucedan para con nuestra compañera y hacemos un llamado solidario a las organizaciones, movimientos y redes nacionales e internacionales a que difundan y condenen estos actos de violencia hacia mujeres defensoras del territorio que cada día son más comunes en nuestros países.

Estamos convencid@s que este tipo de actitudes, expresan y reproducen el modelo de violencia con el que empresas y gobiernos pretenden imponer una serie de megaproyectos, como es el caso de la Presa Milpillas, bajo el falaz discurso del «desarrollo», atentando contra una serie de derechos colectivos que impactan de manera directa en la vida orgánica de nuestros pueblos, ejidos y comunidades.

En este sentido, velaremos porque se adopten todas las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos que tenemos como mujeres y hombres a vivir una vida sin violencia, en especial los de nuestras compañeras que, con su labor de defensoras, contribuyen a la construcción de comunidades seguras, educativas, libres y espiritualmente satisfactorios en las cuales la vida puede desarrollarse.

[1] la presa Milpillas ocupará alrededor de 19 ejidos, en los municipios de Jiménez del Teul, Sombrerete y Fresnillo, en Zacatecas. Servirá abastecer en agua al corredor industrial Fresnillo Zacatecas-Calera-Morelos-Guadalupe, donde se encuentran las mineras Fresnillo plc y Madero, así como la empresa «Grupo Modelo» filial de la gigantesca cervecera belga Anheuser-Busch InBev, entre otras.

Foto: Intervención de la policía estatal en el Petrero el 14 de octubre 2018 (Crédito: OCMZac)

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Publicada el 15/10/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) – A 15 de octubre 2018

«EL GOBERNADOR DE ZACATECAS, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA Y EL DELEGADO FEDERAL DE LA PROCURADURÍA AGRARIA, FRANCISCO GODOY CORTÉS REPRESORES Y VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS»

El día de ayer, en el Municipio de Jiménez del Teul en Zacatecas, en el contexto de una Asamblea Agraria del Ejido El Potrero en la que debían tomarse decisiones respecto a la imposición y establecimiento de la Presa Milpillas en su territorio, se presentaron 20 camionetas con más de cien elementos de la policía estatal quienes, en coordinación con el Delegado Federal de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, la presidenta municipal Victorina Espinoza Sánchez, el Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado Alfonso del Real y el Titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente Luis Fernando Maldonado Moreno, encabezaron acciones de coacción e intimidación hacia los ejidatarios trasgrediendo la autonomía de la Asamblea Ejidal.

Alrededor de las 11:00 horas del 14 de octubre, la policía cercó el Salón Ejidal en donde se desarrollaría la Asamblea para tomar el control del procedimiento agrario, con lo cual violentaron la vida interna del ejido, los derechos de los ejidatarios y la legislación agraria. Dos elementos de la policía del Estado se situaron en el acceso al Salón Ejidal para dar o negar el acceso y participación en la Asamblea a los ejidatarios; en este contexto, los operadores políticos del gobierno federal y del estado, encabezados por Francisco Godoy Cortés, Alfonso del Real y Luis Fernando Maldonado, definieron la forma en que la asamblea debería de desarrollarse, incidiendo, incluso, en la forma de votación. Durante los hechos, la policía del Estado intimidó, desalojó y golpeó a ciudadanas, ciudadanos y ejidatarios que reclamaron la intromisión de las autoridades en la vida autónoma del Ejido. Cuando algunos de los ejidatarios preguntaron por qué estaba ahí la policía, el secretario general de gobierno dijo que «por protocolo».

Con estos cobardes actos, utilizando la fuerza policial y las instituciones a su cargo para imponer el «progreso y desarrollo», ambos gobiernos, Federal y del Estado de Zacatecas, hacen evidente que la ley y el diálogo no son elementos que hayan incorporado a su práctica política. El mensaje de las autoridades a la población en Zacatecas es claro, quienes definan, en uso de su autonomía personal y colectiva, defender sus derechos, serán reprimidos.

Pese al claro mandato electoral del pasado 1° de julio, en este país es cada vez más común encontrase con gobernantes serviles a la iniciativa privada y a los desarrolladores de megaproyectos, como es el caso de la Presa Milpillas, quienes impulsan este tipo de proyectos con falsas promesas de «progreso y desarrollo» amparados en el discurso del bien nacional.

De igual modo, durante los hechos ocurridos en el Ejido El Potrero, el comandante a cargo del «protocolo», de quien desconocemos el nombre, arremetió con violencia física hacia nuestra compañera Grecia Rodríguez, del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac), cuya organización es integrante de la REMA, amenazándola con arrestarle y quitándole el teléfono con el que documentaba los hechos. Nuestra compañera Grecia se encontraba en el sitio como acompañante y asesora del grupo de ejidatarios a los que ha entregado información fidedigna sobre el proyecto de la Presa Milpillas con el propósito de contrarrestar la información manipulada, sesgada e incompleta con la cual los operadores del gobierno y las empresas constructoras han intentado ganar la aprobación de la Asamblea Ejidal y con ello imponer este proyecto que los despojará y desplazará de su territorio.

Desde la REMA señalamos como responsables directos de cada uno de los actos de violencia, represión y violación de los derechos colectivos y agrarios, pasados y futuros, en contra de las y los ejidatarios y habitantes del Ejido El Potrero que han salido a defender la vida y su territorio, al Delegado Federal de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, así como a Alejandro Tello Cisterna, gobernador de Zacatecas.

La REMA se solidariza con las familias y ejidatarios que el día de ayer fueron reprimidos y golpeados y externamos que arroparemos con toda nuestra fuerza legal y política a nuestra compañera Grecia Rodríguez, a quien el gobierno busca criminalizar y perseguir, por acompañar a la población del Ejido El Potrero en su lucha para que su vida y derechos no desaparezcan bajo el agua.

NO AL PROYECTO PRESA MILPILLAS

RED MEXICANA DE LAS Y LOS AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

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Comunicado del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos – A 15 de octubre 2018

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) denuncia y repudia la intervención policiaca y los actos ilegales que se llevan a cabo en el estado de Zacatecas para imponer la Presa Milpillas.

El domingo 14 de octubre hubo violación a derechos humanos, políticos y a la autonomía ejidal en El Potrero, uno de los 19 ejidos que serían afectados con la imposición del megaproyecto.

Más de 100 agentes de la Policía Estatal impusieron vallas para cercar el lugar de la Asamblea donde también estuvieron presentes funcionarios del gobierno del estado y del municipio. Buscaban intimidar y amedrentar para obtener un resultado favorable a sus pretensiones, aunque en ese intento pasaran por encima de la dignidad del pueblo y de la legalidad.

Denunciamos que fue un proceso lleno de anomalías; estos personajes sacaron ventaja de donde pudieron: no fue una votación abierta ni libre. La intervención policiaca así lo evidencia.

Denunciamos que la autonomía para tomar decisiones libremente del Ejido El Potrero fue avasallada y la Procuraduría Agraria Delegación Zacatecas, a través de su Delegado, Francisco Godoy Cortés, y demás funcionarios de dicha dependencia, se prestaron a los intereses del gobierno del estado, de la Comisión Nacional del Agua y del capital privado, pues no defendieron ni asesoraron conforme a derecho a los ejidatarios y a la asamblea ejidal.

Reiteramos que el acuerdo logrado para la ocupación previa del terreno a inundar, y que en un futuro se pretende expropiar, es a todas luces ilegal, por incumplir con lo estipulado en la Ley Agraria, además de que nunca se informó ni consultó a los afectados por el proyecto Milpillas.

Alertamos a la ciudadanía ante la información manipulada que está circulando la parte oficial que no menciona las ilegalidades y los actos violentos que cometieron para legitimar la construcción de la presa.

Reprobamos la actuación del gobierno encabezado por Alejandro Tello Cristerna, subordinado a los intereses capitalistas.

Manifestamos nuestro total respaldo al pueblo de El Potrero y del municipio de Jiménez de Teúl en su conjunto, así como al Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas.

Hacemos nuestras las consignas que levanta la digna resistencia de quienes luchan contra este megaproyecto: ¡No queremos presa! ¡No queremos dinero! ¡Queremos agua que es vida!

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Foto: Intervención de la policía estatal en el Petrero el 14 de octubre 2018 (Crédito: OCMZac)

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El Movimiento Ríos Vivos Colombia llama a resistir a la «dictadura minero-energética»

Publicada el 13/10/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos la «Declaración de Yuma», de los y las participantes en el Segundo Encuentro Nacional del Movimiento Ríos Vivos en Defensa de los Territorios y contra represas organizado por el Movimiento Ríos Vivos en Barrancabermeja, Santander, Colombia, del 8 al 12 de octubre 2018

Movilización en las calles de Barrancabermeja el 12 de octubre 2018 (Foto: Movimiento Ríos Vivos Colombia) [Más fotos aquí]

En Barrancabermeja, Santander, frente a nuestro gran río Magdalena, nuestro Yuma, arribamos desde nuestra regiones cargados de alegría, cantos, consignas, alimentos locales y banderas, comunidades indígenas, campesinas, pescadoras, afrocolombianas, barequeras, paleras, artesanas, para la realización del II Encuentro Nacional del Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas – Movimiento Ríos Vivos. Durante los días 8 al 12 de octubre de 2018, sesionamos más de 400 personas entre niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres delegados de los procesos regionales del Valle del Cauca, Antioquia, Huila, Cauca, Quindío, Caldas, Santander, Bajo Sinú, Chocó y Sur de Bolívar y el acompañamiento de delegados nacionales de otros procesos sociales y ambientales. Exaltamos la presencia y acompañamiento de 30 delegados internacionales de 14 países latinoamericanos que hacen parte del Movimiento de afectados por represas de Latinoamérica – MAR. Saludamos el acompañamiento permanente de Swefor y PAS/PWS y la hospitalidad de la Unión Sindical Obrera a quien agradecemos su incondicional apoyo para la buena realización de nuestro Encuentro.

Con espíritu fraterno y unitario debatimos junto a organizaciones aliadas nuestra propuesta de transición energética, que busca enfrentar la crisis ambiental y social nacional y planetaria, así como nuestros ejercicios de memoria histórica ambiental, los cuales nos permitieron recordar el dolor profundo que han sufrido las comunidades por los proyectos hidroeléctricos, pero también la riqueza de sus luchas y de su fuerza para mantenerse en el territorio.

A través de debates, ferias, talleres, intercambios, música, cantos y arte pudimos avanzar en nuestras reflexiones y llegar a las siguientes conclusiones:

La profundización del modelo extractivista, concebido como reprimarización de la economía basada en la extracción intensiva de los bienes comunes y ligado a la especulación financiera transnacional, está conllevando a la mercantilización y privatización de dichos bienes, al control político y social por parte de empresas transnacionales, la criminalización de nuestros líderes y liderezas sociales y, la militarización de la vida comunitaria.
Reafirmamos y decimos con contundencia que las represas y los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) en cascada no generan energía limpia, por el contrario son causantes de irreparables daños ambientales y territoriales. Durante las últimas cinco décadas, las represas han causado el despojo y el desplazamiento a miles de personas, que siguen sin ser compensadas y reparadas. El desvío y embalsamiento de aguas para la generación de energía impone cambios en el uso del suelo y en las vocaciones productivas, pérdida de autonomía y soberanía alimentaria y viola los derechos humanos. En la mayoría de los casos, se realizan sin diagnósticos ambientales de alternativas y sin apropiados diagnósticos sociales, no garantiza una participación pública real, provoca impactos ambientales irreversibles, revictimiza a la población víctima del conflicto armado y viola sistemáticamente los derechos humanos de las comunidades afectadas. Los proyectos de PCHs en Caldas, Quindio y Chocó, se imponen de forma irregular, sin participación ciudadana y sin considerar los impactos que provoca.
Rechazamos el reconocimiento de las represas como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), éstas no sólo producen los daños ya mencionados, sino que también emiten gases de efecto invernadero y destruyen ecosistemas y biomas importantes que garantizan los ciclos de vida.
Afirmamos que el sistema energético es centralizado, despilfarrador, injusto e ineficiente, incentiva el consumo sobre el ahorro y prioriza los nuevos megaproyectos, trasvases y pequeñas centrales hidroeléctrica en cascada, mercantilizando las aguas y privatizando los territorios.
Denunciamos que la expansión energética colombiana, que se proyecta generar más de 74.000 MW a costa de sacrificar nuestros ríos y quebradas, y que incluye proyectos termoeléctricos y grandes proyecto de renovables, no está destinada para resolver las necesidades de la gente sino las demandas del modelo minero-energético mientras gran parte de la población sigue sin acceso por las altas tarifas del servicio energético.
Condenamos y rechazamos la sentencia de la Corte Constitucional que desconoce el proceso democrático y legitimo de los pobladores de Cumaral que rechazó los proyectos petroleros en su territorio y pone en jaque las demás consultas populares. Esta sentencia significa un retroceso y contraviene la Sentencia T-445/13 de la misma Corte y el reciente fallo del Consejo de Estado que determinó que los municipios no sólo tienen competencia sino la obligación de realizar consultas populares. El Consejo de Estado reconoce que las consultas «son viables porque son una expresión de la democracia participativa».
Exigimos reparación y verdad para todas las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango. Ocultar la verdad por parte de sus promotores y consultores ha conllevado a la agudización de la crisis social, económica y ambiental en el norte, occidente y bajo antioqueño. Nos comprometemos a seguir trabajando para que Hidroituango sea desmantelado y sus comunidades reparadas.

Comprometidos con la vida y en contravía de la imposición de lo que algunos sectores denominan, la dictadura minero energética, la captura corporativa de la Corte Constitucional y teniendo en cuenta las advertencias del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la proximidad de una catástrofe que extinguiría la vida en el planeta, nos comprometemos a continuar las luchas de resistencia contra el modelo extractivista y proponemos al país, una transición energética que promueva y garantice:

Transformaciones en el sistema energético centralizado sustentado en proyectos de energía fósil y megahidroenergía por otro que impulse energías descentralizadas, renovables, autónomas y controladas por los pueblos que desafíe las actuales relaciones de poder y garantice relaciones más armónicas con la naturaleza.
Transformaciones culturales de una sociedad energívora sustentada en un modo de producción-distribución y consumo que está destruyendo la vida del planeta.
Un sistema socialmente justo, democrático, descentralizado y bajo el control de las comunidades o mediante cooperativas y empresas sociales sin ánimo de lucro, que respete los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, los derechos territoriales, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza.
El reconocimiento de la energía como un bien común y no como mercancía.
Garantías laborales para los trabajadores del sector energético.
La democracia y la participación de las comunidades para decir para qué, cómo y para quién la energía.
La articulación de la soberanía y autonomía energética a la soberanía alimentaria y justicia hídrica.

Y que tiene como propuestas principales:

La creación de un fondo energético especial por parte del Estado con destino a la investigación científico-técnica.
La recuperación de la totalidad de la propiedad de ECOPETROL por parte del Estado, la descentralización y transformación de la misma como empresa energética y del Instituto Colombiano del Petróleo, como Instituto Colombiano de la Energía.
La recuperación de las empresas eléctricas y la remunicipalización de la energía.
La transformación del sistema agroalimentario dependiente de energías fósiles y alcanzar la soberanía alimentaria.
Una política pública minero-energética supeditada a que «Primero están las aguas y los alimentos», por tanto, deberá reconocer que la base de ordenamiento del territorio son las aguas y la producción alimentaria.
Las energías renovables deben estar en cabeza de las comunidades, los barrios, las organizaciones sociales o comunitarias y los municipios.
La transición en las ciudades con procesos de reordenamiento territorial de las mismas que reduzca las necesidades de transporte motorizado, promover los desplazamiento a pie o en bicicleta y proveer de un acceso fácil a los servicios y los modos de transporte colectivo.
La moratoria minero-energética y prohibición el uso de técnicas agresivas como el fracturamiento hidráulico en lutitas (fracking), la combustión in situ, la extracción de gas metano asociado al carbón, la explotación de arenas bituminosas, entre otras.
El impulso de una Comisión Nacional de Represas para evaluar el desarrollo de las viejas y nuevas represas, así como atender adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de «desarrollo» y a adoptar soluciones efectivas al problema como la restitución y distribución de tierras.

Llamamos a las organizaciones sociales, ambientales y populares para que nos unamos y trabajemos en:

Fortalecer la movilización social para defender los mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares y los acuerdos municipales que deciden territorialmente sobre el uso del suelo pero a su vez, promover consultas populares autónomas como un ejercicio de democracia directa.
Fomentar una gran coalición para desafiar el modelo minero-energético y promover una transición energética justa y digna para los pueblos.
Preparar el paro cívico-popular nacional contra la política del despojo y la dictadura minero-energética que amenaza los territorios y la propia humanidad.

Saludamos a nuestras organizaciones hermanas Cumbre Agraria, Etnica y Popular – Cacep, Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz – MSMEA, MAR y Cloc – Vía Campesina, les reafirmamos nuestro compromiso en la construcción de otro mundo posible, donde la solidaridad, la fraternidad y la unidad nos hagan fuertes. Saludamos al Grupo de Trabajo del Tratado Vinculante que se encuentra esta semana sesionando en Ginebra, continuaremos participando en la Campaña para exigir que no haya más impunidad de las empresas transnacionales.

En Barrancabermeja, la ciudad rebelde de Colombia, inspirados en sus históricas luchas obreras y populares, terminamos nuestro II Encuentro fortalecidos y unidos, satisfechos por los aprendizajes y avances, animados por la esperanza que se teje con la solidaridad recibida expresada presencialmente y la de organizaciones sociales, comunidades, invitados, financiadores de la comunidad nacional e internacional que nos enviaron sus mensajes. Todo ello nos dice que no podrán deslegitimar nuestras justas luchas ni el importante trabajo de nuestras regiones y vocerías.

Al ritmo del tambor y con danzas populares cerramos nuestros encuentro con una movilización que se sumó a las movilizaciones de la jornada continentales de la indignación que nos recuerdan que en un día como hoy no «hay nada que celebrar», por el contrario, denunciamos que luego de 526 años continúa el despojo y el genocidio en nuestra Abya Yala.

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

¡Que se alce el puño, que se alce la mano. Que se levante el pueblo, Latinoamericano!

Más información:

Video: Audiencia Pública Descentralizada sobre Transición Energética

Colombia: el movimiento Ríos Vivos exige el desmantelamiento controlado de la presa Hidroituango

[VIDEO] La trampa de las «mini» represas hidroeléctricas