Categoría: Resistencias Antisistemicas

Por Elio Henríquez, La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis. Alrededor de 60 pequeños comerciantes y vendedores del municipio de Tumbalá, en el norte de Chiapas, se declararon en resistencia civil para no pagar impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues las nuevas disposiciones fiscales impuestas este año los obligan a cumplir con requisitos que, afirman, “están fuera de nuestro alcance”.

En rueda de prensa señalaron que las autoridades hacendarias, “nos pretenden obligar a cumplir una serie de requisitos imposibles de cubrir para los pequeños comerciantes de un municipio indígena como Tumbalá, como contar con una línea telefónica, internet y facturar electrónicamente”.

Los inconformes adelantaron que suspenderán los pagos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), “hasta que regrese el pago único que hicimos de impuestos hasta diciembre del año pasado”.

Miguel Vázquez Peñate, presidente de comerciantes en Tumbalá, explicó que varias veces han solicitado al personal de la SHCP que les permita seguir con el régimen anterior cuando pagaban una cuota fija. Pero “ha habido una total cerrazón y nos han amenazado con castigarnos si no cumplimos”.

Manifestó que por ello han decidido afiliarse a la organización Laklumal Ixim (Nuestro Maíz), la cual agrupa a usuarios en resistencia de pago por el consumo de energía eléctrica en diversos municipios de la zona norte del estado.

“Hemos acordado colocar letreros y logotipos en nuestros comercios para advertirle a la SHCP que no vamos a permitir que su personal llegue a molestarnos”, aseveró.

“Nosotros no estamos en contra de pagar impuestos, pues siempre lo hemos hecho, sino de las trabas y requisitos que no podemos cumplir para hacerlo con esta nueva reforma fiscal”, agregó.

Vázquez Peñate dijo que en días pasados personal de la dependencia los citó a una reunión en el vecino municipio de Yajalón, en donde se les informó que “es necesario darse de alta en el nuevo régimen fiscal, a partir de mayo, el cual exige que todo sea vía internet”.

Sostuvo que con las nuevas disposiciones fiscales, “los pequeños comerciantes podrían quebrar; el gobierno nos va a comer con tantos impuestos, nos va a dejar sin dinero. En Tumbalá nadie va a pagar, sólo si quedamos otra vez como antes, con cuota fija, porque las ventas están muy bajas”.

Expresó que “cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer: No pagaremos impuestos al gobierno que ha entregado los recursos de nuestro pueblo a empresas extranjeras; ni un peso a un gobierno que roba y derrocha los recursos de la nación y ha aprobado contrarreformas que legalizan el despojo al pueblo de México”.

Vázquez refirió que entre los pequeños comercios que han decidido no pagar impuestos están tiendas de abarrotes, de ropa, zapaterías, farmacias y vendedores de elotes y otros productos.

Al Presidente de México,
Al Gobierno de México,
Al Embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México en Ginebra,

Faltan tres días antes de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas clausure su 26ª. sesión ordinaria, iniciada el 10 de junio en Ginebra, Suiza. Esas 72 horas de debates y tomas de decisiones son cruciales. Pueden ser la ocasión, para miles de personas afectadas a través del mundo por las actividades de transnacionales poderosas como las mineras, petroleras o agroalimentarias, de ver nacer un texto vinculante para dichas corporaciones, que les obligaría respetar los derechos humanos.

Es el momento de crear un instrumento legal internacional que permita juzgar a las Compañías Transnacionales que violan los derechos humanos y cometen crímenes económicos o ecológicos. La propuesta debe ser discutida durante la actual sesión del consejo y sometida a un voto para que se pueda traducir en una resolución.

Más de 80 países miembros de la ONU firmaron una Declaración en la que subrayan la urgencia de «regular el trabajo de las empresas transnacionales y (de) proporcionar protección, justicia y reparaciones adecuadas a las victimas de abusos contra los derechos humanos, relacionados con las actividades de ciertas empresas transnacionales y otros empresas ». Cientos de organizaciones, redes y movimientos sociales en todo el mundo exigimos la defensa de la población frente a los daños causados por las corporaciones transnacionales.

Al mismo tiempo consideramos que el texto actual con el cual la ONU pretende garantizar el respeto de los derechos humanos por las empresas transnacionales no es suficiente para acabar con la impunidad corporativa. Se necesitan más y mejores mecanismos para responsabilizar a las empresas transnacionales a nivel mundial y garantizar las reparaciones adecuadas para las victimas.

Al no votar a favor del texto, el Estado Mexicano establece públicamente que no quiere que las corporaciones transnacionales sean penalizadas por sus violaciones a los Derechos Humanos, Ambientales y contra los Pueblos, en un contexto crucial, donde las violaciones de las corporaciones transnacionales continuarán en el marco que les brindan las nuevas Reformas firmadas el gobierno de México en estos meses.

Por eso, pedimos al Gobierno de México que cambie su postura actual de no firmar dicha Declaración y se una a los esfuerzos de esta propuesta mundial para impulsar la creación de un instrumento legal vinculante.

Todos los mexicanos y mexicanas y poblaciones de todo el mundo  afectadas por las actividades destructivas de las transnacionales mineras, petroleras, eléctricas o agroalimentarias, para quienes las ganancias valen mas que la vida humana y el futuro del planeta, deben tener el Derecho de defenderse. Este Derecho fundamental debe ser avalado por Mecanismos Internacionales que sirvan de prevención, sancionen, obliguen a resarcir el daño a las poblaciones y personas y que sean vinculantes.

OTROS MUNDOS, AC/AMIGOS DE LA TIERRA MEXICO

La cultura de la rebeldía

radiomundoreal.fm

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“Lo que hay en la biodiversidad, lo que es montaña, selva, eso no permitimos que se convierta en negocio”, alertó un dirigente indígena en un ejido mexicano del estado de Chiapas, en el medio de la selva Lacandona y dentro de la reserva de la biósfera Montes Azules. “Tenemos que defender la Madre Tierra. Si nosotros no defendemos nuestra Madre Tierra, ¿dónde van a ir a vivir los niños?”, agregó un comunero.

Los representantes originarios forman parte de la comunidad llamada “Reddeldía”, que se opone a todo tipo de proyecto de conservación del gobierno nacional que les impida seguir con su vida tradicional. Especialmente se están resistiendo al mecanismo de “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación” de los Bosques (REDD).

A mediados de mayo un grupo de activistas de varios países, integrantes de organizaciones parte de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC), visitó varias comunidades indígenas y zonas de la selva Lacandona. La comunicadora Marie-Pia Rieublanc, de Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México, preparó un informe periodístico especial para Radio Mundo Real, en base a lo que fue la visita a la comunidad de Reddeldia.

En este trabajo se escucha a uno de los indígenas denunciar que “las comunidades que le han entrado a ese proyecto de conservación de pagos por servicios ambientales” han tenido muchos problemas. Los que reciben el apoyo económico “son los ejidatarios, los que tienen legalmente sus documentos”. “Pero los hijos, ¿dónde pueden agarrar leña?, porque aquí no se maneja gas, ¿dónde pueden tumbar un árbol seco para la leña, o para tablas de la casa?, porque ya no se puede tocar”.

Según se escucha en el trabajo radiofónico, el gobierno de Enrique Peña Nieto culpa a las comunidades indígenas de la destrucción de la selva, para justificar sus proyectos de conservación y los desplazamientos. “Nosotros ya alcanzamos a ver que no somos los culpables. (…) Si nosotros permitiéramos entrar a los empresarios, en dos o tres años no hay más selva, lo destruyen todo”, explicó un representante indígena. “Nosotros tenemos que hablar, tenemos que decir, buscar la decisión y la solución también nosotros. (…) Si nos sacan de aquí es como sacarle al pez el agua, nos vamos a morir porque no estamos acostumbrados, y nos dimos cuenta que tenemos que defender hasta donde se pueda”.

Imagen: Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México

Testimonios de más de 200 activistas a los que se ha entrevistado durante un viaje de quince meses; 10.000 kilómetros hacia el norte por la carretera norteamericana desde Argentina a México (pasando por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador y Guatemala). ¿Quiénes son los protagonistas de “Crónicas del estallido”? El libro de Martín Cúneo y Emma Gascó prologado por el periodista e investigador Raúl Zibechi. Las fábricas recuperadas, los cocaleros bolivianos, los forajidos ecuatorianos, las comunidades negras del pacífico colombiano, los movimientos de mujeres en Nicaragua, barrios empobrecidos que frenaron privatizaciones o vencieron a las multinacionales mineras…

El libro ha sido publicado por la editorial Icaria con una licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España (CC BY-NC-ND 3.0 ES).

Leer/Descargar libro completo aquí (.pdf 408 páginas)

Vía Movimiento M4

Esta declaración ha sido ratificada por una amplia alianza de redes internacionales, organizaciones y movimientos sociales, enumerados a continuación. Representa la expresión colectiva de una creciente movilización de la sociedad civil global para reforzar normas jurídicas internacionales que hagan frente a las infracciones de derechos humanos por parte de corporativas. Acoge con satisfacción las iniciativas recientes de Estados en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentada por Ecuador durante la sesión de septiembre de 2013, para elaborar un tratado internacional sobre normas jurídicamente vinculantes que se apliquen a empresas transnacionales en cuestiones de derechos humanos.

Nosotros, las organizaciones abajo firmantes,

Preocupados por los continuos abusos y violaciones a los derechos humanos que ocurren en todo el mundo y que directa o indirectamente involucran la responsabilidad de empresas comerciales,

Preocupados también de que dichas conductas abusivas afectan de manera frecuente y desproporcionada a mujeres, representando a la mayoría de los trabajadores en los sectores mas vulnerables, campesinos, pueblos indígenas, personas viviendo en situación de pobreza, niños, entre otros, y especialmente alarmados por el hecho de que la justicia es negada a aquellos que sufren daños,

Considerando el invaluable trabajo realizado por defensores y organizaciones de derechos humanos, sindicatos , defensores de derechos de los pueblos indígenas y de los derechos de las mujeres y otros en defensa y protección de los derechos humanos frente a aquellos abusos,

Preocupados por el incremento en los ataques, persecución, intimidación, restricciones y represión contra las defensoras y defensores de derechos humanos

Considerando las iniciativas tomadas por algunos Estados dentro y fuera de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como las acciones y el trabajo realizados por expertos y órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas para brindar una mejor protección a los derechos humanos en el contexto de operaciones de empresas,

Recordando las obligaciones existentes de los Estados en virtud de tratados internacionales y regionales de derechos humanos, y la necesidad de aplicar y complementar estos tratados para hacerlos efectivos en el contexto de operaciones de empresas trasnacionales,

Convencidos de la necesidad de fortalecer el marco jurídico internacional aplicable a la acción del Estado, incluyendo recursos y reparaciones a nivel internacional, para proteger los derechos en el contexto de operaciones empresariales, y conscientes de la urgente necesidad de asegurar el acceso a la justicia, remedios y reparación a víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de empresas,

1. Hacen un llamado a los Estados para la elaboración de un tratado internacional que:

a) Afirme la aplicabilidad de las obligaciones de derechos humanos a las operaciones de empresas transnacionales y otras empresas comerciales,

b) Obligue a los Estados Parte a vigilar y regular las operaciones de empresas y negocios bajo su jurisdicción, inclusive cuando éstas actúen fuera del territorio nacional, con el fin de prevenir las violaciones de los derechos humanos durante estas operaciones

c) Obligue a los Estados Parte a establecer responsabilidad legal de las empresas por sus acciones u omisiones cuando estas vulneren derechos humanos,

d) Obligue a los Estados Partes a proporcionar acceso a un recurso efectivo por parte de cualquier Estado concernido, incluyendo el acceso a la justicia para las víctimas extranjeras que han sufrido perjuicios causados por actos u omisiones de una empresa en situaciones donde los Estados involucrados tienen bases para ejercer sus obligaciones territoriales o extraterritoriales de protección,

e) Establezca un mecanismo internacional de vigilancia y rendición de cuentas.

f) Proveer protección para las víctimas, informantes y defensores y defensoras de derechos humanos que buscan prevenir, exponer o asegurar rendición de cuenta en casos de abusos cometidos por las empresas, así como garantizar el derecho al acceso a la información dentro de este contexto.

2. Hace un llamado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a tomar las acciones conducentes a la elaboración de este tratado, y con tal propósito establezca un grupo de trabajo de composición abierta con mandato para redactar un borrador.

3. Hace un llamado a las organizaciones de la sociedad civil a tomar medidas encaminadas al establecimiento de una iniciativa conjunta para alcanzar el objetivo de contar con un instrumento vinculante en las Naciones Unidas lo antes posible

Esta declaración conjunta, apoyada por las organizaciones que se enumeran a continuación, ha sido elaborada por los participantes en el primer Foro anual de los Pueblos sobre los Derechos Humanos y las Empresas. El Foro fue organizado conjuntamente por la Red-DESC y Forum-Asia del 5 al 7 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

FIRMAR:
http://www.treatymovement.com/firmar/

VER Organizaciones firmantes (debajo de página):
http://www.treatymovement.com/declaracion/

COMUNICADO
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-
Sección Honduras

Elevamos nuestra más enérgica condena ante el espeluznante asesinato del defensor del ambiente Rigoberto López Hernández, ocurrido el 3 de mayo de este año en la comunidad de Santa Cruz, Municipio de El Níspero, Santa Bárbara, Honduras. Exigimos una pronta investigación sobre este asesinato vil y cobarde.

Desde el momento en que el Congreso Nacional aprobó la fatídica Ley de Minería advertimos y responsabilizamos al gobierno de las agresiones y violaciones a la vida y a los derechos humanos que se derivan de la implementación de su política extractivista. Hoy, esas previsiones se convirtieron en una indignante realidad.

Rigoberto López se caracterizó por su firme decisión de luchar por la cancelación de una mina de óxido de hierro, ubicada en la montaña Quita Ganas, ya que desde esta zona nacen fuentes de agua que abastecen a varias comunidades de El Níspero, incluida la comunidad de Santa Cruz. En reiteradas ocasiones el nuevo mártir por la vida expresó que la minería es una amenaza ambiental, afecta la calidad de vida de las personas provocando gran cantidad de enfermedades y deja una gran deuda ambiental a las futuras generaciones y motivó a las poblaciones del municipio del Níspero a oponerse a la continuación de la minera.

En una Asamblea Comunitaria con el Alcalde Antonio Leiva y representantes de la minera, Rigoberto expresó no querer negociar más falsas promesas y demandaba que la compañía minera saliera del municipio. No obstante la toma de la carretera que llega hasta la mina Quita Ganas y que, en acto de soberanía, la comunidad realizó desde el mes de marzo, fue desalojada por la Policía Nacional y militar, con la promesa del Alcalde Municipal de llevarles a la capital Tegucigalpa para solucionar el conflicto alegando que “la presencia de la mina en el municipio es legal porque goza de permisos de SERNA, INHGEOMIN y que la población esta aferrada a mitos que supuestamente causa daños la minería en el país”.

De acuerdo a testimonios de algunos líderes de las comunidades del municipio, Rigoberto fue degollado y su lengua cortada. Estas características de terror representan un mensaje para acallar las voces de quienes valientemente defienden sus medios de vida ante el desgarro que provoca la actividad minera en muchos de los territorios de nuestro país.

Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a condenar este vil asesinato y exigir al Estado de Honduras el respeto a los Derechos Humanos de los defensores del Medio Ambiente y los Territorios y el cumplimiento de su obligación de brindar justicia. Es además su obligación dar a conocer la verdad de la gravedad de los conflictos y violaciones que está generando la minería a un año de haberse aprobado en el Congreso Nacional la nefasta Ley de Minería que ha traído más persecución, criminalización y muerte de líderes comunitarios, indígenas y defensores de derechos humanos.

Exigimos que se cumpla con los convenios internacionales para brindar las medidas de reparación integral a la familia del compañero Rigoberto López. Igualmente demandamos las medidas de protección inmediata de los demás líderes de la Comunidad de El Níspero que públicamente se han opuesto a la continuidad de este proyecto minero.

A las autoridades de Inhgeomin y Serna,

¡respeten la voluntad ciudadana que rechaza la instalación
de proyectos mineros en sus territorios!

¡De Panamá a Canadá la minería no va!

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-

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