BOLETÍN DE PRENSA

DECLARACIÓN DE RÍOS Y TERRITORIOS LIBRES DE REPRESAS Y EXPLOTACIÓN MINERA DE LA SIERRA MADRE Y LLANURA COSTERA DE CHIAPAS

Tapachula, Chiapas, México, 10 de diciembre del 2013

Más de 40 comunidades de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Tuzantán, Mazapa de Madero, Chicomuselo y Comalapa en el estado de Chiapas, que están viendo amenazados su territorio y sus ríos por diversos proyectos de represas, hidroeléctricas y explotación minera, han decidido movilizarse conjuntamente este 10 de diciembre del 2013 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, para que sus representantes comunitarios ratifiquen ahora, en un acta conjunta, que declaran sus ríos y territorios libres de represas y minas, exigiéndole a los tres niveles de gobierno el respeto a su decisión y a La Voz del Pueblo.

Desde el 21 de noviembre de 2012, también en Tapachula, se exigió a través de oficio a las autoridades, la cancelación de cualquier tipo de permisos para la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en la región. En este acto la autoridad municipal negó tener conocimiento de proyectos de este tipo en la región, pero hemos sido testigos de diversas intervenciones en nuestras comunidades y ejidos por parte de personal y maquinaria de empresas que pretenden hacer estudios con el fin de implementarlos sin informar o pedir consentimiento a la población, que somos los legal y legítimos dueños de estas tierras y por tanto los únicos facultados para decidir sobre su uso y destino.

Desde esa fecha y hasta ahora, las diversas comunidades preocupadas por las implicaciones que pueden tener estos proyectos en nuestra vida, nos hemos reunido en 12 ocasiones en diferentes puntos de la región para compartir información, construir alianzas y tomar decisiones en conjunto. Así y con apoyo de diversas organizaciones, hemos conocido acerca de las afectaciones que provocan las minas y las represas a las comunidades y al medio ambiente y nos hemos consultado internamente como pueblos y ejidos, siendo el consentimiento libre, previo e informado un derecho fundamentado en la legislación nacional e internacional, dado lo cual, decidiendo de forma libre y democrática, no permitiremos la explotación minera ni el represamiento de ríos en nuestras comunidades y cuencas.

A través de los medios de comunicación y de la entrada de personal y maquinaria en la zona sabemos que están proyectadas hidroeléctricas en los ríos Cuilco y Coatán, entre otras, y que existen diversas concesiones para la exploración minera, que ponen en riesgo nuestra seguridad, cultivos, salud y vida comunitaria. A su vez sabemos de muchos intentos de compra de terrenos y voluntades para la aceptación de estos proyectos, lo que está provocando división en las comunidades y posibles conflictos internos, por lo que exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales que escuchen y respeten LA VOZ DEL PUEBLO y cancelen definitivamente cualquier acuerdo, licencia, concesión o permiso que haya sido expedido para algún proyecto en estas comunidades, así como que nos den toda la información que tengan acerca de los avances e intenciones por parte de cualquier empresa o entidad gubernamental de intervenir en nuestro territorio.

Le pedimos al pueblo de México, a los medios de comunicación y a las organizaciones nacionales e internacionales que velan por los derechos humanos que estén atentos, con el fin de que se respete nuestra voluntad de mantener los ríos y territorios de la región sin proyectos de extracción minera o generación de energía hidroeléctrica, los cuales no traen desarrollo, ni beneficio para las comunidades.

Un paraíso para las multinacionales… ¿o eso era antes?

Crónicas del estallido en Latinoamérica

Emma Gascó, Martín Cúneo, Periódico Diagonal

En 1995, cinco mil indígenas u’wa amenazaron con un suicidio colectivo si las petroleras Oxy y Shell entraban en sus territorios. Era una forma de decir que la explotación petrolera equivalía a la muerte de su pueblo. Dos años después, la Corte Constitucional colombiana les daba la razón. Las petroleras tuvieron que retirarse.

Podría parecer un hecho curioso y aislado, para el que hasta el cantante Sting prestó su imagen. De no ser porque en abril de 2000, en Cocha­bamba (Bolivia), la población expulsó literalmente a pedradas a un consorcio de multinacionales –la española Abengoa entre ellas– que se había hecho con el servicio del agua. Una situación que se repetía dos años después en Arequipa (Perú), donde la población evitó que se privatizara la empresa de energía.

Cada vez quedaba más claro que no se trataba de casos aislados. En octubre de 2003, los movimientos sociales bolivianos provocaron la caída del presidente neoliberal Gon­zalo Sánchez de Lozada. Este político había intentado que otro consorcio de tres multinacionales –una de ellas Repsol– exportara gas a EE UU a través de Chile dejando en Bolivia apenas el 12% de los beneficios. Le costó la presidencia. Los movimientos sociales ecuatorianos ya habían impulsado la destitución de dos presidentes por sus políticas neoliberales: Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en 2000. Por los mismos motivos también caerían en 2005 Lucio Gutiérrez en Ecuador y Carlos Mesa en Bolivia.

América Latina entera estaba cambiando. Los nuevos gobiernos surgidos de esta ola de protestas, llamados “progresistas” o del “socialismo del siglo XXI”, dejaron atrás las políticas más ortodoxas del Con­senso de Washington. Los Estados recuperaron protagonismo en la economía, generalizaron las ayudas sociales gracias a un espectacular aumento del precio de las materias primas y en muchos casos renacionalizaron algunas empresas privatizadas durante los años 90.

Pero, según defiende el analista uruguayo Raúl Zibechi, el modelo neoliberal siguió funcionando en América Latina. Ya no gira en torno a las privatizaciones, la apertura económica y las desregulaciones, defiende Zibechi, sino que se ha volcado en la apropiación de los “bienes comunes”, los recursos petroleros y minerales, el agua, la tierra, para abastecer las necesidades industriales y especulativas de las viejas potencias, y también de las nuevas, como India, China, Corea o Brasil. No obstante, estas compañías –a menudo empresas estatales– se han encontrado con una resistencia generalizada. En el negocio de la minería metálica a gran escala y a cielo abierto es donde las empresas más han notado las pérdidas.

Según afirmaba recientemente César Padilla, del Observatorio de Conflictos Mineros de América La­tina (OCMAL), en los últimos años este movimiento continental de oposición a la megaminería ha causado daños económicos a las multinacionales por valor de 30.000 millones de dólares. Para este investigador, “la resistencia ha puesto en jaque a la minería” en países tan diversos como Colombia, Perú, México, El Sal­vador, Argentina y Guatemala.

En 2002 se producía la primera gran victoria contra la minería metálica a gran escala: los vecinos de Tambogrande, en el norte de Perú, lograban expulsar a la minera canadiense Manhattan tras meses de protestas y una consulta popular, la primera realizada en el continente. La experiencia se replicaba al año siguiente en Esquel, en la Patagonia argentina, donde un novedoso movimiento vecinal impidió una mina de oro a cielo abierto que pretendía llevarse el 97% de los beneficios y dejar a cambio millones de toneladas de agua contaminada con cianuro.

Estas dos experiencias se convirtieron en un referente inevitable de los centenares de conflictos que estallaron en todos los países. Loncopué, Andalgalá, Chilecito, Tinogasta, Puno, Cocachacra, Quilish, Cañaris, Íntag, Santur­bán, Careperro, Guarjila, San Isi­dro, Sipacapa, San José del Golfo, San Rafael Las Flores… Todos estos nombres corresponden a localidades, de sur a norte del continente, que han conseguido frenar hasta el momento minas a cielo abierto de oro, plata, uranio, cobre, entre una larga lista de minerales de la tabla periódica.

En los últimos años, Perú y Guatemala se han sumado al club de países convulsionados por manifestaciones y cortes de carreteras. En Perú, desde 2009, las luchas de las comunidades de la sierra y la costa han conseguido paralizar decenas de emprendimientos mineros transnacionales. En Guatemala, desde 2005, se han realizado 74 consultas para impedir megaproyectos, principalmente hidroeléctricas y minas a cielo abierto. Este proceso, además, está ayudando a reparar el tejido social destruido por el conflicto armado (1960-1996), afirma Claudia Samayoa, destacada defensora de derechos humanos. Según Sama­yoa, gracias a las consultas, se está empezando a “superar el miedo”. Para la líder maya kakchiquel Ro­salina Tuyuc, se trata de un proceso muy “novedoso porque ya no son las organizaciones las que abanderan estas luchas, sino las comunidades”.

Por estar “sentados” sobre los recursos naturales, las comunidades campesinas e indígenas, “pueblos enteros prescindibles en el esquema”, son los que han liderado esta resistencia y han ofrecido con mayor claridad fórmulas alternativas, expone Gustavo Esteva, director de la Universidad de la Tierra de Oa­xaca, en México. Este analista no sólo reconoce los reveses recibidos por las empresas multinacionales, sino que va mucho más allá: afirma que los movimientos han contribuido a la actual crisis del capitalismo. “La combinación de luchas de los pueblos ha ayudado a detener la expansión del capital. La crisis actual no es simplemente la codicia de los de Wall Street, si no que, entre comillas, nosotros la creamos. Cierto tipo de luchas se libraron en secreto. Son luchas que paran el proceso de expansión, como la lucha contra las mineras. Y el capital que no crece, muere”, dice.

Algunas historias de resistencia

2005 La multinacional del agua Suez abandona El Alto (Bolivia) tras una revuelta. Las movilizaciones llevan a subir las regalías a las petroleras del 18% al 50%. Sipacapa (Guatemala) impide la ampliación de la mina Marlin.

2006 Un levantamiento indígena en Ecuador expulsa a la petrolera Oxy y frustra la firma del TLC con EE UU. Bolivia recupera la mayoría accionarial en sus petroleras.

2008 32 campos petroleros de la Faja del Orinoco (Venezuela) pasan oficialmente a control estatal, dentro de un plan más amplio de nacionalizaciones.

2009 En Ecuador, el movimiento indígena paraliza la ley de agua, que abría la puerta a la minería trasnacional. El baguazo (Perú) tumba cuatro decretos que entregaban la Amazonía a las multinacionales.

2011 Las comunidades de Puno (Perú) obligan al Gobierno a retirar el proyecto minero Santa Anta.

2012 30.000 campesinos e indígenas ganan el juicio a Chevron-Texaco en Ecuador.

2013 Comunidades campesinas e indígenas paralizan el proyecto minero El Tambor (Guatemala).

La hora de estar cerca

Con Juan Almendares (Madre Tierra-Amigos de la Tierra Honduras): mantener la observación internacional en Honduras hasta que se diluciden las elecciones

RadioMundoReal.fm

Descargar AUDIO MP3 (5.1 MB)
Mantener la observancia de los DDHH tanto desde la comunidad internacional como la presencia en el territorio hondureño hasta que se dirima el resultado de las elecciones presidenciales del pasado domingo –proceso que puede alcanzar un mes de duración- resulta indispensable para evitar un agravamiento de la violencia política y social en ese país centroamericano.

Así lo sintetizó en diálogo con Radio Mundo Real el médico y referente en materia de derecho humanitario, Juan Almendares, en enlace desde Tegucigalpa a 48 horas de las elecciones cuyo resultado ha sido objetado como fraudulento por parte del Partido libertad y Refundación (Libre) y del Partido Anticorrupción.

En cambio, el mandatario Porfirio Lobo ha señalado que la tendencia del conteo de votos es irreversible y marca la victoria de su compañero de partido, Juan Orlando Hernández.

Almendares, quien además integró el Comité Ejecutivo Amigos de la Tierra Internacional, colaboró con varias de las misiones internacionales que se hicieron presentes en Honduras, en particular la de la Alianza Internacional por los DDHH que contó con la presencia del ex juez español Baltazar Garzón entre sus delegados.

En el testimonio brindado a nuestro portal, Almendares señaló que la militarización de las elecciones fue total y dijo que las comunidades rurales en pie de lucha contra meagaproyectos y minería, así como monocultivos carburíferos, son las más vulnerables frente al escenario de violencia de estado que las elecciones ratificaron.

“Habíamos expresado (con antelación a las elecciones) que la presencia de policía militar en los actos electorales, sin identificación, era un preanuncio de violaciones a los DDHH”, dijo Almendares y agregó que las mismas fuerzas de uniformados que colaboraron con el golpe de estado contra Manuel Zelaya en 2009 hoy son “garantes” de las urnas, lo cual representa una contradicción favorable al status quo imperante.

Líderes indígenas, garífunas e indígenas se encuentran hoy en la primera línea de peligro como defensores de sus derechos territoriales. “Creemos que el proceso de observación debe ser continuado. Una democracia no se define solamente por un voto, sino que deben garantizarse los DDHH. El plazo total para el reconteo es un mes. Creemos que se debe realizar el reconteo que está reclamando la oposición para que haya más tranquilidad en el país”, dijo Almendares.

Pidió estar atentos y vigilantes desde las organizaciones sociales, de DDHH y medios de comunicación alternativos sobre el transcurrir de los acontecimientos en Honduras y los pasos del sistema político y frentes sociales en ese país.

Escuche el diálogo con Juan Almendares, luchador hondureño, en audio adjunto.
Descargar AUDIO MP3 (5.1 MB)

Audiencias Temáticas sobre Devastación Ambiental, Violencia contra el maíz y Represión de los movimientos sociales

El Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México convoca al pueblo de México a las Audiencias temáticas

“Devastación ambiental y derechos de los pueblos”

Fecha y hora: del 15 al 17 de noviembre de 2013 de 9 a 19 horas
Lugar: local sindical del STUNAM, ubicado en la calle de Centeno #145, Col. Granjas Esmeralda, Delegación Iztapalapa, entre Ermita Iztapalapa y Calzada de la Viga, a cinco cuadras de la estación del metro Mexicaltzingo (Línea 12 que va de Mixcoac a Tláhuac)
Convoca:Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México
Jueces:
Gianni Tognoni (Italia)
Tony Clarke (Canadá)
Emily Smith (Canadá)
Esperanza Martínez (Ecuador)
Silvia Rodríguez (Costa Rica)
Larry Lohman (Inglaterra)
Dora Lucy Arias (Colombia)
Alberto Saldamando (Estados Unidos)
Marcelo Ferreira (Argentina)
Raúl García Barrios (México)

“Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía”

Fecha y hora: del 19 al 21 de noviembre de 2013 de 9 a 19 horas
Lugar: local sindical del STUNAM, ubicado en la calle de Centeno #145, Col. Granjas Esmeralda, Delegación Iztapalapa, entre Ermita Iztapalapa y Calzada de la Viga, a cinco cuadras de la estación del metro Mexicaltzingo (Línea 12 que va de Mixcoac a Tláhuac)
Convoca:Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México
Jueces:
Luis Macas (Ecuador)
Joel Aquino (México)
Jean Robert (México)
Camila Montecinos (Chile)
Philippe Texier (Francia)
Marcelo Ferreira (Argentina)
Pat Mooney (Canadá)
Antoni Pigrau (España)
Andrés Carrasco (Argentina)
Gustavo Esteva (México)

Audiencia transversal “Represión a los movimientos sociales”

Fecha y hora: 22 al 24 de noviembre de 2013 de 9 a 19 horas
Lugar: local sindical del STUNAM, ubicado en la calle de Centeno #145, Col. Granjas Esmeralda, Delegación Iztapalapa, entre Ermita Iztapalapa y Calzada de la Viga, a cinco cuadras de la estación del metro Mexicaltzingo (Línea 12 que va de Mixcoac a Tláhuac)
Convoca: Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México
Jueces:
Antoni Pigrau (España)
Philippe Texier (Francia)
Marco Ferreira (Argentina)
Ramiro Ávila (Ecuador)
John Saxe Fernández (México)
Miguel Concha (México)
Alejandro Álvarez (México)
Enrique González Ruiz (México)

Convocamos a todas las organizaciones sociales y comunidades que presentaron acusaciones en las diversas preaudiencias realizadas a lo largo del año 2012 y del año 2013 por cada una de estas tres audiencias, a toda la plataforma social del Tribunal Permanente de los Pueblos/Capítulo México, así como al pueblo de México en general a estar presentes en estas audiencias temáticas y la audiencia transversal, con el fin de aprovechar este espacio de denuncia construido por la sociedad civil internacional para que se visibilicen a nivel mundial los agravios y la violencia estructural, así como la falta de acceso a la justicia que estamos padeciendo los mexicanos a causa de la desviación de poder económico y político del Estado mexicano, sus políticas de libre comercio, privatización y desregulación.

AUDIOS DE LA PRIMERA JORNADA DEL SEMINARIO LAS VENAS ABIERTAS DEL CHIAPAS CONTEMPORÁNEO

En este seminario se está socializando las afectaciones socio-ambientales del sistema capitalista extractivo vigente en nuestra región y se comparten experiencias de resistencias y alternativas.

Actualizándose:

Magistral 1, Daniel Villafuerte: Chiapas: Ecos de la desigualdad, de la pobreza, del hambre y de la crisis ambiental

Mesa de Represas: http://www.dialogoschiapas.org/?page_id=469

Mesa de Minería: http://www.dialogoschiapas.org/?page_id=473

Mesa de Alternativas P1: http://www.dialogoschiapas.org/?page_id=479

Mesa de Eólicos: http://www.dialogoschiapas.org/?page_id=483

Mesa de Políticas de Desarrollo y Agua: http://www.dialogoschiapas.org/?page_id=487

Magistral 2, Joan Martínez Alier: “Conflictos socio-ambientales y el ecologismo de los pobres”

Seminario Internacional Las Venas Abiertas del Chiapas contemporáneo:
Diálogos socio-ambientales entre actores, de lo local a lo global.
del 23 al 25 de octubre de 2013
en la Facultad de Derecho de la UNACH y la Sala de Bellas Artes. San Cristóbal de Las Casas.

Con el objetivo de propiciar un espacio de discusión para entablar diálogos entre actores académicos, no gubernamentales y comunitarios en torno a la ecología política y la ecología económica del Chiapas contemporáneo, presentando y discutiendo las dinámicas socio-ambien­tales, políticas y económicas derivadas de la apropiación de los recursos naturales y productivos en un contexto que articule lo local con lo internacional.

El seminario es abierto a todo público, la participación es gratuita y no es necesaria una inscripción previa.

PROGRAMA Y MÁS INFORMACIÓN:
http://www.dialogoschiapas.org/

Declaración Rio de Janeiro
Por el retiro inmediato de las Tropas de la MINUSTAH del territorio haitiano

red Jubileo Sur/Américas
Nosotros, Nosotras, representantes de organizaciones sociales[1] de nuestra América y de la red Jubileo Sur/Américas reunidos en Rio de Janeiro del 7 al 12 de octubre del 2013 en el contexto de nuestra Asamblea continental, reafirmamos nuestro más firme rechazo y expresamos nuestra indignación frente a la ocupación militar ilegal del territorio de Haití por tropas bajo mandato de Naciones Unidas, la mayoría de ellas proveniente de nuestros países.

Después de casi 10 años de ocupación, la presencia de las tropas de Naciones Unidas no ha contribuido a ayudar al hermano Pueblo de Haití a salir de la crisis. Al contrario contribuyó fuertemente a empeorar la situación agravando la dependencia económica, política y social y violando sistemáticamente los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

La MINUSTAH llegó al territorio de Haití el 1ro de junio del 2004, movilizó efectivos militares y policías de más de 35 países diferentes y utilizó recursos financieros importantes con un promedio de 700 millones de dólares anualmente. Todos los objetivos definidos por el Consejo de Seguridad de la ONU, en repetidas resoluciones, fracasaron rotundamente.

La MINUSTAH hace parte de la nueva estrategia de dominación imperialista con la instrumentalización de tropas latinoamericanas y una agenda dominada por fuerzas conservadoras de los ejércitos del continente, las consideraciones geopolíticas de los poderes imperialistas y los intereses de las empresas transnacionales.

Reafirmamos nuestra disposición a defender el derecho a la autodeterminación del Pueblo haitiano en conformidad con las Convenciones internacionales y el Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos de 1966.

Estamos indignados y condenamos la posición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hace 9 años cada 15 de octubre prorroga por 12 meses el mandato de una fuerza militar e policíaca que trabaja abiertamente en contradicción con todos los principios y valores proclamados diariamente en la retórica de Naciones Unidas sobre derechos humanos.

Durante este año 2013, la MINUSTAH siguió acumulando crímenes contra el Pueblo de Haití a través de las violaciones masivas y repetidas contra mujeres, jóvenes, niñas y niños, la explotación sexual sistemática contra numerosos jóvenes, la ocupación de infraestructuras esenciales, las intervenciones ilegales, el robo, la represión de las manifestaciones populares pacíficas. Durante este año siguen muriendo centenares de personas asesinadas por el cólera introducido en el país por las tropas de la ONU.

El clima de seguridad no se está mejorando y la MINUSTAH contribuyó a debilitar las instituciones nacionales con un sistema judicial que no goza de un nivel aceptable de credibilidad y un concejo electoral cuestionado e incapaz de realizar elecciones en el respecto del calendario constitucional.

Nosotros y Nosotras, representantes de la red Jubileo Sur/Américas, exigimos:

1. el fin inmediato de la presencia de las tropas de la MINUSTAH del territorio haitiano;

2. la no renovación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidad, del mandato de la MINUSTAH para el periodo octubre 2013 a octubre 2014 y el pleno respeto de la voluntad claramente expresada por el Senado de la República de Haití en su resolución que reclama la salida de las tropas de la MINUSTAH antes del 14 de mayo del 2014;

3. que la ONU reconozca su culpabilidad e indemnice a las familias de las casi 9000 personas asesinadas por el cólera y de las casi 700.000 personas infectadas, y que tome mediadas de reparación incluyendo la implementación de un sistema facilitando el acceso universal al agua potable;

4. a los Parlamentarios del continente que apoyen la resolución del Senado haitiano;

5. a los gobiernos latino-americanos que retiren de inmediato sus efectivos de la MINUSTAH,  reconociendo la enorme contribución del Pueblo de Haití a los procesos independentistas del siglo XIX y la total inadecuación de la MINUSTAH en relación a las necesidades urgentes del Pueblo haitiano.

Las organizaciones que firmamos esta declaración nos unimos a las olas repetidas de movilizaciones y denuncias a través de las cuales numerosos sectores de la nación haitiana manifiestan su rechazo de esta presencia militar, incluyendo la reciente construcción de la Plaza de la Resistencia en la ciudad de Port Salut. Saludamos el excelente trabajo hecho por los comités solidarios con Haití en diversos países de nuestra región y el mundo así como también los numerosos pronunciamientos de organizaciones populares, redes y movimientos sociales exigiendo el retiro de las Tropas de la MINUSTAH.

Llamamos a todas las organizaciones sociales, redes y movimientos de nuestro continente a solidarizarse en esta lucha en defensa de la dignidad del hermano pueblo haitiano. Es  un deber urgente para todos y todas comprometidos/das en la lucha por la soberanía, la autodeterminación y la libertad.  La MINUSTAH constituye una amenaza para nuestra libertad. Hoy somos todas y todos haitianos!!

-Río de Janeiro, Brasil, 12 de octubre del 2013.

Jubileo Sur / Américas
Rede Jubileu Sul Brasil
Políticas Alternativas para el Cono Sur PACS, Brasil
Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina
Viento Sur, Chile
Acción Ecológica, Ecuador
Movimiento Social Nicaragüense
Red Sinti Techan, El Salvador
Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH
Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas ACAMUDE, Costa Rica
Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Marginadas de Guatemala
Plataforma de Acción por un Desarrollo Alternativo PAPDA, Haití
Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos POHDH, Haití
Bataye Ouvrière, Haití
Centro Memorial Martín Luther King, Jr., Cuba
Servicio Paz y Justicia, Paraguay
Servicio Paz y Justicia en América Latina

[1] Provenientes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Haití, Paraguay, Brasil, Ecuador, Honduras, Chile, Cuba, Argentina, Costa Rica

Huehuetenango: la defensa de la vida frente al poder del dinero

TEXTOS DE ANÁLISIS:

A) ¿Porqué de nuevo el terror en Barillas y el norte de Huehuetenango.
Autora: Carmen Reina.

B) La Región Norte de Huehuetenango: breve cronología del conflicto
Autores: Quimy De León y Santiago Bastos.

Más allá de las apariencias que los medios de comunicación masiva quieren darnos a entender, bajo la imagen de que actúan para poner orden a disturbios ocasionados por población “Que se opone al desarrollo”, es necesario considerar el contexto completo de los intereses que se mueven alrededor de la región y el significado de una política del gobierno actual de responder “con mano dura” hacia la resistencia comunitaria frente a la imposición de la industria extractiva en sus comunidades. Veamos algunos de estos elementos:

¿QUÉ PROYECTOS EXTRACTIVOS SE PLANTEAN PARA HUEHUETENANGO?

Al igual que muchos departamentos, Huehuetenango es parte de los planes de la industria extractiva dentro de la agenda de competitividad empresarial que los últimos gobiernos impulsan, en consorcio con el sector privado nacional y empresas trasnacionales. Los siguientes son los principales intereses en la zona:

a) LA CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA
b) HIDROELÉCTRICAS
c) LOS ANILLOS DE INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA
d) MINERÍA

¿POR QUÉ EL GOBIERNO ACTÚA CON TANTO NIVEL DE REPRESIÓN?
La constante criminalización de las luchas sociales de comunidades que defienden el territorio, que impulsan consultas comunitarias de buena fe y la negativa del Gobierno a consultar y realizar un verdadero diálogo con los pueblos indígenas previo a la imposición de la industria extractiva tiene un mensaje claro: no está dispuesto a permitir que haya ningún impedimiento a los planes pactados con el empresariado y con las empresas trasnacionales.

COMPLETO PARA DESCARGAR:

Boletin 1 Los Pueblos en Defens Del Territorio

Estado mexicano, a juicio en el Tribunal Permanente de los Pueblos

Miguel Concha Malo. Revista Contralínea

En la actualidad, el descrédito de las instituciones crece de manera exponencial. Las y los ciudadanos están retomando las calles para cambiar las condiciones de desigualdad y precariedad. Los espacios públicos, los medios de comunicación alternativos y otras modalidades de expresión colectiva hacen visibles las demandas de los pueblos ante gobiernos que responden a un sistema económico que despoja la vida en todas sus formas. América Latina es hoy una muestra viva de lo que las movilizaciones sociales llevan a cabo para resistir los embates del sistema capitalista.

El Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado La protesta social en América Latina y publicado en 2013, refleja que en el continente existen severas rupturas institucionales y crisis en materia de gobernabilidad democrática, como fue el caso del golpe de Estado en Honduras en junio de 2009. El estudio destaca, sin embargo, que este tipo de tensión, que alcanza un nivel máximo de radicalización y crisis de gobernanza, no ha sido la norma en la región durante los últimos años. La mayor parte de las protestas sociales incluyen, entre otras formas, declaraciones, manifestaciones y huelgas. También menciona que las “principales demandas suelen abarcar desde temas de salud, trabajo y educación, hasta cuestiones de derechos humanos y ecológicas, como el control de los recursos naturales”.

Ante el cansancio de diversos sectores oprimidos y excluidos por un sistema tan desigual y violento, nace desde la ciudadanía un espacio de organización que juzga a los Estados denominado Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Quien lo impulsó en un primer momento fue el abogado italiano Lelio Basso, que decidió generar distintas acciones en favor de los pueblos oprimidos, pues en la historia de la humanidad se han presentado múltiples ejemplos de situaciones en las que el Estado y el derecho son puestos al servicio de intereses sectoriales. Y ya que la experiencia de muchas luchas ha sido que el derecho y la justicia no pueden ser confiados a los órganos del Estado, se vio la necesidad de generar un tribunal independiente que pueda atender el sufrimiento de los pueblos en todos los ámbitos de la sociedad, teniendo en cuenta que uno de los actores involucrados en las injusticias es el sector empresarial.

El TPP se originó gracias a la experiencia del Tribunal Russell, que analizó las dictaduras militares en Latinoamérica y juzgó los crímenes de los estadunidenses en Vietnam. El Tribunal Permanente de los Pueblos nació formalmente en 1979 y sus fundamentos se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel, de 1976; en los Archivos del Proceso de Núremberg; los Acuerdos sobre Derechos Humanos de la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (consultado en “Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos”, www.tppmexico.org/que-es-el-tpp/, 4 de septiembre de 2013). Éste se define como “un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos; determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones”. Está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral, provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos (ibídem).

El TPP en su Capítulo México nació en 2011 en el Auditorio Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se entregó formalmente la petitoria a la Secretaría General del Tribunal. Los temas centrales son: libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Su objetivo es evidenciar la situación de violencia estructural que impera en nuestro país, cuya raíz se identifica con la firma de numerosos tratados de libre comercio. Intenta, además, desnudar los mecanismos de simulación y desvío de recursos generados por el Estado mexicano para mantener su política económica. La importancia de este Tribunal radica en que, a través de ejercicios de documentación y de las herramientas de los derechos humanos, se evidencian las violaciones a derechos humanos que se cometen en contra de los sectores sociales más oprimidos, así como a los agentes perpetradores de esa violencia estructural.

El TPP en México está constituido por siete audiencias temáticas: 1. Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; 2. Migración, refugio y desplazamiento forzado; 3. Feminicidio y violencia de género; 4. Violencia contra las personas trabajadoras; 5. Violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y autonomía; 6. Devastación ambiental y derechos de los pueblos; y 7. Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. El TPP propone “construir una tribuna abierta a las participación de decenas o cientos de miles de víctimas agraviadas por políticas neoliberales de libre comercio” (Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, boletín número 1, octubre de 2011, página 23). Cada audiencia está integrada por víctimas y organizaciones que acompañan los procesos. El objetivo es llegar a una audiencia final con jueces internacionales que se efectuará en 2014, en la que se juzgará al Estado mexicano por las violaciones cometidas hacia la población en su conjunto y específicamente en los casos documentados que se le presenten. Durante este año ya se han venido realizando preaudiencias y audiencias temáticas finales.

El 28 y 29 de agosto pasados se llevó a cabo la preaudiencia Represión por Motivos Políticos, una Estrategia Permanente del Estado Mexicano, y Eje de Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. El cuerpo de jueces emitió un dictamen sobre los 12 casos presentados de manera individual y colectiva.

En términos generales se señala la existencia de diversos mecanismos de represión política utilizados por el Estado mexicano con la finalidad de acallar, desmovilizar e invisibilizar las expresiones populares que luchan por el ejercicio libre y la defensa de los derechos humanos.

Cuatro puntos fueron los que se concretaron en dicho dictamen:

1. En la mayoría de los casos presentados se hace evidente el uso intencional del sistema judicial para perpetrar la impunidad, con lo que se crean las condiciones de repetición de graves violaciones de derechos humanos y se impide a las víctimas el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral de los daños.

2. A través de los casos presentados se detecta también la colusión entre los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para reprimir y criminalizar sistémicamente las voces disidentes, con lo cual se incumple con la obligación que tiene el Estado de respetar el derecho a la protesta social.

3. Llama la atención el uso de los medios de comunicación masiva para criminalizar la protesta, al constituirse en tribunales mediáticos para preparar, avalar y justificar los actos represivos del Estado.

4. Se reconoció el trabajo realizado por las víctimas, familiares y organizaciones para presentar los casos ante este Tribunal, con lo que se convirtió en un ejercicio del rescate de la memoria colectiva, y en un llamado a la sociedad a combatir el olvido, y proponer que la consigna sea “prohibido olvidar”.

Cabe señalar que esta preaudiencia se realizó en el Mercado Hidalgo de la ciudad de Puebla, conformado por miles de pequeños comerciantes que han integrado la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) y que han luchado desde 1973. Esta organización también presentó su caso, pues se originó ante la precariedad del empleo y la entrada de grandes centros comerciales en esa entidad. Los integrantes de la UPVA han sido históricamente víctimas de amenazas, agresiones, reclusiones e incluso ejecuciones (homicidios). Lo que demuestra que el pueblo necesita ser escuchado desde las calles, los mercados, el trabajo, la vida… Pues es ahí donde debe existir la justicia.

La siguiente preaudiencia sobre Represión, crímenes de Estado e impunidad se realizará el 27 y 28 de septiembre de 2013 en la comunidad indígena de Matugeo, municipio de Coeneo, Michoacán, uno de los estados más golpeados por la violencia y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El TPP está reforzando una demanda histórica en nuestro país: la justicia para los pueblos y un Estado que sirva a la gente y no al poder del dinero. Con todos sus esfuerzos se convierte en un Tribunal referente para los pueblos, cuya herramienta más importante es la documentación de cada caso, pues se convierte en una forma de escribir la historia desde la memoria, la verdad y la justicia. Es una oportunidad para las voces que han querido ser acalladas.

Oilwatch: Proteger el planeta, mantener a las empresas petroleras fuera del Bloque ITT en el Yasuní

6 de septiembre de 2013

Rafael Correa
Presidente
República del Ecuador

PROTEGER EL PLANETA, MANTENER A LAS EMPRESAS PETROLERAS FUERA DEL BLOQUE ITT EN EL YASUNÍ

Estimado Señor Presidente,
Estamos estupefactos por el anuncio que usted hiciera el 15 de agosto de permitir la extracción de petróleo del bloque Yasuni-ITT. Creemos enfáticamente que la decisión inicial de dejar el petróleo en el subsuelo de este prístino territorio fue una decisión correcta y no debe ser revisada o cambiada por ninguna razón.

Por la presente declaramos nuestro apoyo a la iniciativa original de detener el crudo del ITT que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní.

Ecuador ha mostrado un liderazgo de muchas maneras, incluyendo e reconocimiento de los derechos de la naturaleza (en la constitución del Ecuador del 2008), la Iniciativa Yasuní-ITT, y en general ampliando un espacio de libertad y democracia hoy en día. Así es como la mayor parte del mundo ve a Ecuador.

El hecho de abrir el Yasuní-ITT para la entrada de compañías petroleras nacionales o extranjeras borra de golpe la imagen positiva que su querido país ha construido. Para empezar, el permitir la explotación petrolera en el Yasuni-ITT, usted estaría negando los derechos de los pueblos indígenas que han elegido vivir en aislamiento voluntario. En segundo lugar usted estaría cerrando un espacio a la democracia y declinando escuchar la voz de millones de ecuatorianos quienes valientemente han manifestado su inconformidad con esta medida antipopular. Como tercera cuestión, explotar el ITT se contrapone a los derechos constitucionales que tiene la naturaleza.

La extracción de petróleo no es de ninguna manera una actividad benigna y las profundas marcas dejadas por Texaco (Chevron) en la amazonía ecuatoriana son un cruel recuerdo de esto. Se deben dar pasos para que la tierra sane y no infligirle más daño.

Finalmente le hacemos un llamado, señor presidente, a ignorar el hecho de que el mundo no tuvo prisa en contribuir con el dinero que usted pedía a cambio de no extraer el petróleo. Sepa usted, de parte nuestra, de que su propuesta había inspirado a muchos pueblos en todo el mundo que demandan que se detenga la expansión de la frontera petrolera, especialmente en ecosistemas frágiles. Hoy en día, Yasunizar ha adquirido el significado de preservar la integridad de la Madre Tierra ante los estragos que causan las insaciables compañías petroleras y los gobiernos.

El dinero no puede pagar por los logros que la propuesta Yasuni-ITT ha dado al Ecuador en el mundo. Afirmamos que los derechos de los pueblos del Yasuní y los derechos de la naturaleza se merecen respeto y defensa, por lo que el petróleo del Yasuni-ITT debe mantenerse sin explotar.

Instamos a usted y a la Asamblea Nacional para que que lo hagan. Más aún, le rogamos señor presidente que detenga la represión de los jóvenes del Ecuador que están de pie en apoyo de la vida y del Yasuní!

Firman,

Oilwatch International
Noble Wadzah – Ghana (Oilwatch Africa)
Siziwe Khanyile – South Africa (Oilwatch Africa)
Ivonne Yanez – Oilwatch América Latina
Clemente Bautista– Philippines (Oilwatch South East Asia)
Faikham Harnnarong – Thailand (Oilwatch South East Asia)
Tom Goldtooth – USA (Indigenous Environmental Network)
Winnie Overbeek – Uruguay (World Rainforest Movement)
Nnimmo Bassey – Nigeria (Health of Mother Earth Foundation/Oilwatch International)

ATALC: Con Evo, contra la prepotencia imperial, por la soberanía y la autodeterminación

Declaración de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe

Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe se solidariza con el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, así como con el conjunto del pueblo boliviano luego de una decisión de gobiernos europeos  sólo entendible bajo una lógica imperial y colonial, ha literalmente mantenido secuestrado a dicho mandatario latinoamericano desoyendo las más elementales normas de respeto y consideración hacia la soberanía y autodeterminación de ese pueblo. Esta decisión además viola tratados y jurisprudencia internacional.

Desde nuestra federación ambientalista, sumamos así nuestra voz a la de decenas de organizaciones sociales que repudiaron este hecho sin precedentes y reclamamos la inmediata rectificación de la medida adoptada por los gobiernos de Francia, Italia, España y Portugal en las últimas horas, quienes no permitieron el normal desarrollo del viaje de Evo Morales y su comitiva de regreso desde la Federación Rusa, negando su espacio aéreo y por ende colocando en riesgo su integridad física además de su investidura.

El Presidente Evo Morales es hoy símbolo de la redención histórica de América Latina y el Caribe y el gesto de los gobiernos europeos, influenciados por Estados Unidos y su absurda y falsa guerra global contra el terrorismo que los ha llevado a violar soberanías nacionales e invadir territorios soberanos, y representa una afrenta hacia la dignidad de todo el SubContinente.

Los gobiernos europeos le deben una disculpa pública a Evo Morales, el Estado Plurinacional de Bolivia y a la comunidad en su conjunto. Instamos a que instituciones como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Comunidad de Estados de América Latina y Caribe (CELAC) y Mercado Común del Sur (MERCOSUR) expresen su rechazo a esta situación afrentosa y al mismo tiempo abran un espacio de reflexión sobre los problemas de fondo que la misma expresa.

En solidaridad
Amigos de la Tierra América Latina y Caribe
03 julio 2013

RELACIONADA:

Secuestro colonial

Evo Morales retenido en Europa por orden de Estados Unidos
RadioMundoReal.fm

Ecuador renuncia a privilegios de EE.UU. y le ofrece ayuda para formación en DD.HH.

iniciativadebate.org
 
En respuesta a las amenazas de EE.UU. de bloquear la renovación de preferencias arancelarias a Ecuador si otorga el asilo político a Edward Snowden, el Gobierno ecuatoriano anunció que renuncia de forma «unilateral e irrevocable» a esos privilegios.

El secretario de Comunicación de Ecuador, Fernando Alvarado, explicó en una rueda de prensa que la decisión del Gobierno fue tomada «frente a la amenaza, insolencia y prepotencia de ciertos sectores políticos, grupos mediáticos y poderes fácticos estadounidenses que han presionado para quitar las preferencias arancelarias –ATPDEA, por sus siglas en inglés- a nuestro país».
 
«Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie y no comercia con los principios ni los somete a intereses mercantiles por importantes que estos sean», declaró Alvarado.
 
Expresamos el cariño, el aprecio y respeto al pueblo estadounidense con el cual siempre mantenemos excelentes relaciones y nos solidarizamos con él por el espionaje masivo que también ha recibido
 
Ecuador ofrece ayuda económica a EE.UU.
 
El secretario de Comunicación no se limitó a estas declaraciones y anunció que «Ecuador ofrece a los Estados Unidos una ayuda económica de 23 millones de dólares anuales, monto similar al que recibíamos por las preferencias arancelarias, con el fin de brindar capacitación en materia de derechos humanos que contribuya a evitar atentados a la intimidad de las personas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, y demás actos que denigren a la humanidad».
 
«Expresamos el cariño, el aprecio y respeto al pueblo estadounidense con el cual siempre mantenemos excelentes relaciones y nos solidarizamos con él por el espionaje masivo que también ha recibido», concluyó Alvarado.
 
De este modo el secretario ecuatoriano de Comunicación responde a las amenazas de ciertos legisladores estadounidenses sobre la posible retirada de esas preferencias y otras represalias de tipo económico y comercial si Quito ofrece asilo político a Snowden.
 
El senador demócrata Robert Menéndez advirtió este miércoles que la concesión de asilo al ex empleado de la CIA podría poner «gravemente en juego» la renovación de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA) y también del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), que caducan el 31 de julio.
 
Asimismo, aseguró que el Gobierno de EE.UU. «no va a recompensar a países por su mal comportamiento» y llamó al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, a que «haga lo correcto para EE.UU. y Ecuador y deniegue la solicitud de asilo de Snowden».
 
Anteriormente, otro legislador estadounidense, el congresista demócrata Sander Levin, también amenazó a Ecuador con revocar la renovación de la ATPDEA.