Categoría: Pueblos Organizados

En esta tierra que lucha desde hace mas de 500 años, con el rumor de los ríos libres, la fuerza de las montañas, de los barrios y comunidades; con la furia y ternura de los seres de la naturaleza; el espíritu de ancestras y ancestros, la esperanza y dolor de hombres, infancia y mujeres; todas y todos gentes de Berta, nos convocamos aquí por su memoria y su rebelde vida.

Desde este Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive” celebrado en Tegucigalpa y Rio Blanco, Honduras, del 13 al 15 de abril de 2016, en el que participaron cerca de mil quinientas personas pertenecientes a organizaciones sociales y populares hondureñas y a delegaciones de 22 países del mundo quienes hemos discutido, compartido y reflexionado.

DECLARAMOS que estamos conscientes de que el asesinato de Berta Cáceres fue por su lucha y la lucha del COPINH, vinculado al criminal modelo extractivista, neocolonial, y femicida que dirige la extrema derecha hondureña e internacional que avanza en el continente mediante acciones violentas como estos asesinatos, así como otras estrategias en contra de la justicia para los pueblos tal es el intento de imponer un golpe de estado contra el pueblo brasileño, que desde aquí condenamos, y al cual le antecede el nefasto golpe de 2009 en Honduras.

RECONOCEMOS el inmenso aporte ético y de práctica de nuestra compañera Berta y su compromiso con los pueblos en lucha del mundo. Su propuesta hecha vida se sostenía sobre la radicalidad y honestidad de sus palabras; la profundidad de su pensamiento descolonizador, la fuerza espiritual de los pueblos indígenas; un profundo conocimiento y gran confianza en la gente que lucha; y el horizonte internacional de su mirada emancipatoria. Elementos que hacen parte de su legado que hoy hacemos nuestro con alegría y fuerza.

NOS COMPROMETEMOS Con la lucha, pensamiento, quehacer y rebeldía de esta propuesta antipatriarcal, anticapitalista y antirracista para que sigan alimentando las diversas propuestas del mundo que enfrentan a la lógica neoliberal de la muerte, y que ya se están construyendo en distintas partes de este continente.

En este encuentro hemos intentado consensuar ideas, propuestas y articulaciones colectivas entre organizaciones, países e iniciativas políticas con las cuales poner en marcha intenciones y voluntades transformadoras desde la raíz.

Al igual que lo ha planteado la PMSH, la Articulacion Popular Hondureña Berta Caceres, el COPINH y la familia de Berta Cáceres Flores, desde este encuentro.

Nos comprometemos a luchar por:

-Verdad y Justicia ante el crimen de Berta Cáceres Flores que significa el impulso de una investigación a cargo de un equipo que tome en cuenta el contexto en que ella hacia su práctica política y que identifique la totalidad de autores materiales e intelectuales de su asesinato y de otros que son parte de su proyecto de muerte
-El retiro de DESA del territorio lenca, la liberación del Río Gualcarque, luchar por la convergencia de sinergias colectivas, mecanismos de comunicación, acciones territoriales, conformación de un equipo de trabajo con respaldo de la experiencia internacional que logre la anulación de los proyectos extractivistas en territorios hondureños
-El retiro definitivo de la presencia militar de los territorios indígenas, populares, rurales y urbanos.
-El reconocimiento del COPINH como la organización responsable de velar por la protección de su territorio al igual que al OFRANEH y distintas organizaciones legitimas de los pueblos originarios.

En este encuentro y desde las organizaciones de la PMSH nos comprometemos a continuar el proceso de articulación interna y el fortalecimiento de nuestras propuestas para robustecer la acción internacionalista, donde Berta y su práctica es inspiración y horizonte.

 A todos los pueblos, hombres y mujeres, les invitamos a que con energía y unidad ética arreciemos la lucha, no renunciemos nunca a la esperanza, y a vivir por adelantado la utopía de justicia, libertad y autonomía que es nuestro legítimo proyecto de vida y felicidad en esta tierra.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS “BERTA CÁCERES VIVE”

Reunidas y reunidos en la Ciudad de Tegucigalpa, Capital de la República de Honduras los movimientos populares integrados a la Articulación Popular Hondureña “Berta Cáceres VIVE ”, acuerdan comenzar el trabajo por la UNIDAD construyendo los PRINCIPIOS que regirán la agenda de lucha de los sectores organizados del Pueblo por la liberación de la patria.

Vivimos un momento político, social y económico caracterizado por la pauperización de las condiciones de vida de la mayoría de la población y por la persecución, amenaza y asesinato de los y las luchadores (as) sociales.

En Honduras se consolida un modelo represivo, autoritario que ataca abiertamente a las organizaciones populares.

Hay una voluntad expresa de las oligarquías entreguistas y las empresas transnacionales de apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza, mediante las concesiones de los territorios, los ríos y las riquezas de los subsuelo a intereses de pequeños grupos capitalistas nacionales y extranjeros.

Estas condiciones adversas para las luchas de los pueblos se dan en el marco de un recrudecimiento de la estrategia imperialista, de militarización y ataque a nuestros territorios y fortalecimiento a las derechas latinoamericanas. En el marco de este contexto, se plantea lo siguiente:

1. Esclarecimiento del femicidio político de la compañera Berta Cáceres Flores; exigimos la implementación de una comisión internacional independiente de investigación a través de la CIDH que sea de plena confianza de COPINH y de las organización de la Articulación Popular Hondureña “Berta Cáceres VIVE”. Rechazamos que la investigación de su crimen se haga a través de la MACCIH, a la que vemos como un instrumento para manipular a la opinión pública nacional e internacional.

2. Cancelación de manera inmediata y definitiva de la concesión otorgada a la empresa DESA constructora del proyecto hidroeléctrica “Agua Zarca” y cancelación de las concesiones a proyectos extractivos que saquean el territorio nacional.

3. Demandamos el cese inmediato a la persecución, criminalización y judicialización de los líderes, lideresas y organizaciones populares.

4. Rechazamos la remilitarización de la sociedad y de nuestros territorios como instrumento de represión y control.

5. Nuestra compañera Berta Cáceres Flores fue asesinada con balas tal como son asesinadas miles de mujeres, por femicidio, y hombres con las políticas de “limpieza social ” que se ejerce desde el Estado en contubernio con grupos paramilitares. Exigimos un cese a la violencia y la muerte.

6. Condenamos el ataque permanente hacia los trabajadores y trabajadoras despedidos injustificadamente por el régimen, siguiendo los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y demás organismos financieros, que continúa profundizando la aplicación del modelo neoliberal.

Reafirmamos que seguimos en la lucha contra este sistema de muerte y a favor de la vida, arreciaremos nuestras demandas en UNIDAD y con FUERZA para exigir justicia por el asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres Flores.

¡Berta No Murió, Se multiplicó!

¡Unidas, Unidos Venceremos!

¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!

Tegucigalpa MDC sábado 9 de abril de 2016

Servindi

Un nuevo flanco de lucha en el plano social y político se abre en torno al Acuerdo Transpacífico (TPP), a propósito de su reciente firma por 12 países, el 4 de febrero en Nueva Zelanda.

Si bien es prematuro señalar que el nivel de consciencia en las calles es grande, protestas como las que tuvieron lugar el jueves en Chile, México y Perú, dejan entrever que el camino se irá poblando a medida que más ciudadanos se vayan enterando en frío del daño que le podría significar dicho acuerdo en temas como salud, trabajo y ambiente.

Dicho esto, organizaciones sociales, colectivos de jóvenes, profesionales de la salud y del sector químico-farmacéutico, expertos en derecho, entre otros, han hecho suyo el tema y un grupo de ellos se dieron cita en Lima como antesala a una marcha que solo en la capital peruana llegó a movilizar a más de dos mil personas.

El objetivo en este momento, como bien exclamaron los marchantes en su recorrido, es evitar que los Congresos ratifiquen el tratado, en un espacio de tiempo máximo de dos años.

Lo primero que cabe precisar es que si bien son 12 los países que integran el TPP, son Estados Unidos y Japón los que tienen casi todo el peso.

«Hay que terminar con esa falacia que dice que todos hacemos el 40 por ciento de la economía mundial. Estados Unidos y Japón son el 80 por ciento de ese 40», explica Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común (IBC) y miembro del grupo juvenil Las Zonas.

Lo segundo es señalar que se trata de un «acuerdo» cuyo contenido nunca fue abierto al público, sino solo a los negociadores de los Estados y a un grupo de 500 grandes empresas, según reporta el Observatorio Ciudadano de Chile en un reciente informe.

El mismo se enfoca en el impacto que tendrá el polémico acuerdo en los derechos humanos en Chile, México y Perú, el bloque latinoamericano del grupo. Esto en contraste con los anuncios triunfalistas de los gobiernos sobre que el TPP será bueno para sus ciudadanos.

«Se trata de una afirmación que no solo no tiene fundamento empírico que lo respalde, sino que es rebatida por diversos estudios que demuestran que las bondades económicas que para los estados de América Latina  tendría el TPP son, al menos, dudosas», señala.

Juan Carlos Vargas, del Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), sostiene que en el plano laboral el tratado perjudicará a algunos sectores económicos del país, principalmente al «ya golpeado sector textil».

Esto se dará, explica, porque países como Vietnam tendrán vía libre para posicionarse sobre los mercados a los que habitualmente Perú atiende. Señala así que este país, que tiene una legislación laboral sumamente débil frente a la peruana, tiene todas las de ganar. Lo mismo ocurriría con países como Singapur, Malasia y Brunei, que también forman parte del TPP.

Pero el riesgo se prolonga mucho más. Y sin duda el capítulo que por el momento más preocupa, al menos en Perú, es el que afecta el derecho a la salud. Vale precisar que hasta el fin de las negociaciones del TPP, que se cerraron el 5 de octubre pasado en Atlanta, EE.UU., el Ministerio de Salud mantuvo su negativa a firmar el tratado.

Los negociadores de esta cartera se oponían a la protección de los llamados datos de prueba de fármacos biológicos para el cáncer, que debido al monopolio tienen precios astronómicos.

De acuerdo a Ana Romero, de la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, el mecanismo de datos de pruebas, seudopatentes para algunos, aún no se implementa en el Perú.

Lo cierto es que con el TPP en vigencia, dicho mecanismo será impuesto por un plazo de 8 años, lo que hará que los pacientes no se beneficien de los últimos avances en medicamentos, debido a que solo una empresa tendrá la exclusividad para su elaboración.

El capítulo de inversiones es igual de preocupante a raíz de que establece la obligación de los Estados de otorgar a los inversionistas un “trato justo y equitativo, y la protección y seguridad plenas”.

En este punto llama la atención el futuro que le espera a las comunidades y pueblos originarios. Luis Hallazi sostiene que dichas inversiones representan un peligro ya que territorialmente hablando no se sabe dónde se van a ejecutar estas inversiones.

Al respecto, advierte que el 47 por ciento del territorio peruano abarca superficie de pueblos indígenas, según estudios del IBC, y de ese porcentaje una parte significativa aún está pendiente de reconocimiento, es decir, de titulación.

No obstante, apuntando al tratado en sí, José Aylwin, del Observatorio Ciudadano de Chile, sostiene que una dimensión no abordada por los Estados latinoamericanos en el proceso que llevó a la aprobación del TPP, es la de la afectación que este acuerdo tiene sobre los citados pueblos.

«Se trata de una realidad crítica puesto a que los 3 estados de la región involucrados en el TPP se encuentran entre los de mayor demografía indígena en América Latina», explica Aylwin. Se trata además de Estados que han ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y suscrito la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas

En ese sentido, por tratarse de un acuerdo que los afectará directamente procede la consulta previa, señala el experto jurídico. Lo concreto hasta el momento es que tanto Chile como Nueva Zelanda lograron incluir salvaguardas al polémico tratado. 

En el caso del primero, sus negociadores establecieron una salvaguarda al capítulo de inversiones en la que se señala que el Estado de ese país “se reserva a adoptar o mantener cualquiera medida  conforme a los derechos o preferencias de los pueblos indígenas”. Se desconoce si México y Perú han incluido algo parecido.

“Si el tratado es tan beneficioso (como dicen los Gobiernos) por qué se mantiene en secreto”, se pregunta Flora Luna, médico-pediatra y representante del colectivo Perú Libre de Transgénicos. Es la misma pregunta que se hacen los opositores al tratado.

Para Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, quien finalmente fue la que estampó su firma el 4 de este mes en Auckland, Nueva Zelanda, en representación de Perú, se trató de un tema de «estrategias» para lograr términos más favorables en las negociaciones.

En ese marco, Luna plantea la necesidad de encarar a las autoridades de los sectores claves por su conveniente silencio. Apuntó directamente al Ministerio del Ambiente, a cargo de Manuel Pulgar-Vidal, el cual tendría mucho que explicar respecto al capítulo que le concierne en el tratado.

El TPP involucra una serie de temas aún difíciles de abordad y explicar con total claridad -propiedad intelectual, solución de controversias, compras gubernamentales, entre otros-, lo que explica en parte que mucha gente aún no conecte o advierta todas sus amenazas. Gabriela Delgado y Ciro Salazar, jóvenes de la Plataforma Peruanos contra el TPP consideran que es así.

«Necesitamos más creatividad para la creación de contenidos, para poder traducir el TPP», afirma Salazar, quien ha sido blanco de los abusos de las fuerzas del orden que incluso han llegado a detenerlo, cuando participaba en marchas contra el TPP.

«El TPP no es un acuerdo de comercio, es un acuerdo de derechos de los inversionistas», sostiene el activista a la vez que recibe el respaldo de un auditorio atento y con muchas preguntas.

Lo que sigue ahora, explican representantes de diversos frentes ciudadanos, es una batalla en diversos ámbitos. El social parece garantizado, el que se debe trabajar ahora es el político, señalaron. Por ello plantearon buscar el apoyo de un número importante de congresistas, y por otro lado fortalecer una estrategia internacional, con Chile, México y eventualmente otros países. 

En ese sentido ya han dado algunos pasos, el Gobierno por su parte a nivel interno recién lo hará, tal es así que la ministra de Comercio Exterior de Perú reconoció en conferencia de prensa desde Nueva Zelanda que lo que le toca al Gobierno hacer ahora, es convencer al Congreso de las bondades del TPP. En poco tiempo se verá quién acelera más el paso.

PRONUNCIAMIENTO

Ciudadanos/as, organizaciones y movimientos alertan de la grave situación del agua en el estado de Chiapas especialmente en Tuxtla, Gutiérrez y conforman el Frente Chiapaneco en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida.

Reunidos a fecha de 29 de Enero del 2016 las organizaciones e individuos abajo firmantes, preocupados y preocupadas por la grave situación social, política y ambiental por la que atraviesa nuestro estado y en especial la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, conformamos el Frente Chiapaneco en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida y exponemos lo siguiente:

1. Condenamos la actitud del los diferentes partidos políticos de turno ante las políticas de protección y gestión de los diferentes bienes naturales, que hacen de nuestro estado, un estado rico en biodiversidad. Consideramos que dicha gestión ha sido enfocada a una estrategia extractivista de dichos bienes para el beneficio y rédito de las empresas mexicanas y extranjeras  que han saqueado el estado durante años sin ninguna consideración por los pueblos indígenas, el campesinado y los ecosistemas que dan identidad a nuestra región.

2. Especialmente señalamos y condenamos al partido Verde Ecologista que, con la aplicación de la llamada “Economía Verde” y con la bandera de la protección del medio ambiente y por la lucha por el cambio climático, han incrementado aún más los problemas medioambientales y desigualdad del estado con la aplicación y puesta en marcha de proyectos REDD, ecoturismo, carreteras, represas, minería, ciudades sustentables y plantaciones de monocultivos de Palma Africana o Jatrofa.

3. Hacemos eco de la denuncia pública del grave problema de contaminación proveniente del basurero gestionado por la empresa PROACTIVA , filial de VEOLIA cuyos efluentes altamente contaminados con metales pesados llegan al rio Grijalva, Suchiapa y Santo Domingo y son distribuidos posteriormente por SMAPA llegando a las casas de las Tuxtlecas y Tuxtlecos provocando problemas de salud graves (Cáncer, sarpullidos, etc.) en la población. En este mismo sentido denunciamos el caso omiso de la PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA y los distintos gobiernos municipales ante las distintas denuncias llevadas a cabo por el C. Héctor Montesinos dueño del predio más afectado y que ha recibido amenazas de muerte en los últimos días.

4. Nos preocupa la criminalización y de hostigamiento que el defensor del agua y los derechos humanos Héctor Montesinos y su familia están viviendo, así como la persecución que vive Maria Delia Ruiz Torres—— por su lucha por proteger el río Sabinal,  por lo que exigimos la seguridad física y psicológica de los compañeros/as y solicitamos se persiga a los responsables de la corrupción y contaminación del agua en el estado de Chiapas.

5. Así mismo nos manifestamos en contra de la Plataforma logística de acopio y transporte de productos en Ocozocuatla, que no es más que parte de la maquinaria para seguir explotando los bienes naturales de Chiapas y que además está situada en una zona de gran riqueza natural gracias a los altos niveles de precipitación.

6. Exigimos un manejo sustentable de las aguas residuales que van a dar al rio Sabinal, cuyos embovedados están al borde del colapso y la implantación de una nueva cultura del agua en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que tenga en cuenta aspectos sociales, ecológicos, económicos y no políticos como se ha dado hasta la fecha. En este sentido rechazamos cualquier tipo de proceso de privatización que se pueda dar.  Exigimos el cierre inmediato de la extracción de material arenoso y la actividad de las caleras que causan graves problemas medioambientales y de salud.

7. Nos oponemos a las altas tarifas de electricidad que pagamos en nuestro estado y a la instalación de las 5 presas proyectadas para el rio Usumasinta (rio aun sin represar y cuyas presas podrían traer un impacto sin precedentes) y las más de 99 concesiones mineras que amenazan con contaminar los ríos y dañar la salud de las/os habitantes de Chiapas.

Ante esta situación, hacemos un llamado a la población a levantarse, organizarse y proponer alternativas desde la ciudadanía, exigiendo espacios democráticos de consulta donde la voz del pueblo pueda ser escuchada y tomada en cuenta.

Queremos un modelo de desarrollo que atienda a las necesidades sociales y no a unas cuantas empresas; que atienda a las necesidades de los ecosistemas para poder dejar a los y las que vienen detrás un mundo libre de contaminación, saludable y socialmente justo.

Exigimos que se lleven a cabo los mecanismos necesarios para poder castigar y detener la actividad saqueadora de empresas nacionales y multinacionales que operan en el territorio explotando los bienes naturales y contaminando agua, tierra y aire.

Anunciamos que nos unimos a la jornada del 14 al 22 de marzo “Jornada internacional contra las represas, por la vida y los ríos” que se convoca desde el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas (MAPDER-Chiapas). Invitamos a demás organizaciones, colectivos y movimientos se unan a posicionar juntos y juntas ¡Ni agua para las presas, ni agua para las empresas! ¡Ni presas, ni pres@s”.

Organizaciones que conformamos el Frente:

Chiapanec@s en Defensa del Agua
Otros Mundos A.C.
MOCRI CNPA MNn
Amigos del Rio Sabinal
OPEZ Histórica
Frente Popular Ricardo Flores Magón
Héctor Montesinos Cano
Frente Popular Revolucionario
Meyapac
Coordinadora magisterial-sec40
Frente de Union Revolucionario FUR

21 y 22 de Enero 2016. Boca de Cielo, Tonalá, Chiapas

Convocados por el Movimiento Mexicano de Afectad@s por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA), nos reunimos en Boca del Cielo, Tonalá, Chiapas, en la sede del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, más de 70 delegad@s de 20 municipios de la entidad. Del Soconusco y la Sierra Madre: Pijijiapan,Tonalá, Arriaga, Escuintla, Acacoyagua, Cacahoatan, Acapetahua, Huixtla, Huehuetan,Tapachula, Comalapa, Chicomuselo, Motozintla; de los Altos: San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancúc, Chenalhó, Huixtan; del Centro: Tuxtla Gutiérrez; y de la zona Norte: Ixtapa, Pueblo Nuevo Solistahuacan. Analizamos la grave situación que atraviesa el país y las comunidades campesinas, pesqueras e indígenas de Chiapas por la imposición de un modelo de desarrollo y de proyectos que amenazan la tierra y el territorio.

Observamos con gravedad el avance de los proyectos mineros en la entidad, con saldos irreversibles en el medio ambiente y en la salud de los pueblos, impuestos a través de engaños, compra de autoridades, división comunitaria, entre otras tácticas. La amenaza de la construcción de proyectos de represas avanza por las diversas cuencas de la entidad, poniendo en riesgo la vida de los ríos, los ecosistemas y la fuente de sustento de los pueblos que viven de ellos. Por otra parte, identificamos y condenamos la imposición del capitalismo verde que se refleja en los proyectos de parques eólicos, proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Destrucción de los bosques (REDD) y pagos por servicios ambientales.

Vemos con preocupación la pésima gestión del agua en la capital del Estado y en muchos otros municipios, cuyo fin es la privatización de los servicios municipales del agua. Otro problema es el mal manejo de los residuos sólidos urbanos que contaminan los cuerpos hídricos y son fuentes de enfermedades para las poblaciones. Los monocultivos de palma aceitera, soya y cultivos de maíz transgénicos ponen en peligro la biodiversidad, las semillas nativas y la soberanía alimentaria. Especialmente, los testimonios hicieron referencia a las empresas: ProNatura, ProActiva, GoldCorp, Monsanto y Blackfire, entre otras.

Ante este panorama, los pueblos, ejidos, organizaciones y movimientos aquí reunidos fortalecemos nuestra organización y resistencia proponiendo alternativas ante el modelo de mercantilización de la vida y apropiación corporativa, pese a la criminalización y la persecución que vivimos l@s defensores de la tierra, el territorio y los derechos humanos en Chiapas y en México. Convocamos a los pueblos a participar en la jornada estatal en defensa del agua contra la privatización del agua y las presas y por los ríos libres que se llevara a cabo del 14 al 22 de marzo bajo el lema “Ríos para la vida, no para las empresas”. De igual manera invitamos a seguir creando procesos de organización local y regional para hacer frente a los proyectos impuestos, informarse sobre las consecuencias del modelo, proteger la tierra y el territorio y defender todas aquellas formas de vida que aun nos dan sustento y permanencia a la madre tierra.

Los abajo firmantes felicitamos al movimiento Pueblos Unidos en defensa de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARL), así como al pueblo de Jalcomulco y de la cuenca de la Antigua, por la celebración de los dos años del campamento de las Centinelas del Río que impiden la construcción de una presa por la empresa brasileña Odebrecht sobre el río Pescados. Desde el sureste mexicano enviamos un abrazo a nuestro movimiento hermano.

De manera internacional nos solidarizamos con el Movimiento de Afectados por presas de Brasil (MAB) y lo acompañamos en el dolor debido del asesinato de la compañera Nilce Souza Magalhães, quien era una mujer valiente en defensa de los ríos de la Amazonia, opositora a la presa Jirau en el Estado de Rondonia.

¡Ríos para la vida, no para las empresas!
¡Vida si, Mina no!

Atentamente,
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC
La Voz del Pueblo
Frente Popular del Soconusco 20 de junio
OCEZ-MLN
Movimiento Popular en Resistencia, MPR, Pueblo Nuevo Solistahuacan.
Comite de Derechos Humanos Teynem Kinalej, Margaritas
Frente Civico Tonalteco
Frente Popular Ricardo Flores Magón
Movimiento Campesino Regional Independiente MOCRI CNPA-MN
Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Chiapanec@s en defensa del agua
Otros Mundos A.C.
Movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los Ríos (MAPDER-Chiapas)
Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA-Chiapas)
La Asamblea Veracruzana de iniciativas y defensa ambiental (La VIDA, Veracruz)
Colectivo Geocomunes

 

-Red Mexicana de Afectados por la Minería – Chiapas (REMA Chiapas)

-Movimiento mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER Chiapas)

 

NOTA INFORMATIVA

 

Defensores de los ríos de Chiapas se reúnen en Tonalá

 

“Encuentro Chiapaneco de Afectad@s por Presas y Minas” de los 21 y 22 de enero en Tonalá.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 20 de enero de 2016. La defensa de la tierra y del territorio se está fortaleciendo en Chiapas, en particular en el ámbito de la lucha por los ríos libres de represas y de contaminación minera. Los 21 y 22 de enero, representantes de 12 organizaciones, movimientos y parroquias de la entidad se reunirán en el municipio de Tonalá  para compartir experiencias en el “Encuentro Chiapaneco de Afectad@s por Presas y Minas” donde definirán una estrategia de defensa común ante la multiplicación de proyectos de minería, represas y demás proyectos de infraestructura impuestos en el estado, como en toda la República, sin que la población sea consultada.

 

Desde los Altos de Chiapas llegarán miembros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Chenalhó), Otros Mundos A.C. (San Cristóbal de las Casas) y representantes de la Parroquia de Cancuc, mientras el Soconusco será representado por el Frente Popular en Defensa del Soconusco, el Frente Cívico Tonalteco, el Consejo Autónomo Regional de la Costa y el Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, entre otras. Estarán integrantes de La Voz del Pueblo, movimiento que agrupa a organizaciones, ejidos y comunidades de la Sierra Madre del Sur y la Llanura Costera de Chiapas, autores de laDeclaración de Tapachula por territorios libres de minería y represas. Habrá miembros de las parroquias de Frontera Comalapa y San Juan Bautista, así como del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA-MN) y del colectivo Chiapanec@s en Defensa del Agua que lucha contra la privatización del agua en Tuxtla Gutiérrez.

 

Los acompañarán la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) y el Consejo de Pueblos Maya, cuyos representantes viajarán especialmente de Veracruz y de Guatemala para participar al encuentro y representar las luchas nacionales y al Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Minero (M4).

 

“Rechazo de todos los proyectos de presas hidroeléctricas en el estado”

 

El MAPDER nació en 2004 y sus miembros chiapanecos han sido muy activos estos últimos años. El 14 de marzo de 2015, en el marco del Día mundial de acción en defensa de los ríos,expresaron en un comunicado su “rechazo de todos los proyectos de presas hidroeléctricas en (el) estado que se imponen sin respetar el derecho a la consulta de (los) pueblos, ponen en riesgo su sobrevivencia y no les beneficien en términos de acceso a una energía a bajo costo”. Dijeron “NO” a la presa “Chicoasén II” y “La Angostura II” en el río Grijalva; a los cinco proyectos de presas que existen sobre el río Usumacinta, fuente de vida para Tabasco, Chiapas y Guatemala; a la presa “Rompepicos” en el río Sabinal (Tuxtla Gutiérrez); a “Itzantún” en el río Tacotalpa (Huitiupán); a la presa “Chespal” en el río Coatán (Tapachula y Cacahoatán); a la presa “Cuilco” (Tapachula) y al proyecto “Chacté” en San Juan Cancuc.

 

Los habitantes de Huitiupán han sido un ejemplo de lucha exitosa a nivel nacional ya que en 2004, tras más de veinte años de lucha, lograron la cancelación del proyecto de la presa “Itzantún” con el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planeaba inundar sus tierras forzandolos a desplazarse. Un caso emblemático que llevó al MAPDER a hacer de Huitiupán la sede de su VIII encuentro nacional en 2011.

 

Defensa del territorio y construcción de alternativas

 

A pesar de la cancelación de “Itzantún”, los habitantes siguen vigilantes ante su posible reactivación. La reunión de Tonalá les permitirá a ellos como a todos los participantes establecer nuevas líneas de defensa y reflexionar juntos sobre las posibles alternativas a los proyectos en las comunidades donde se quiere construir el “Buen Vivir”. Sus reflexiones serán una prolongación del último encuentro nacional del MAPDER al cual participaron representantes detrece organizaciones y comunidades de Chiapas en noviembre de 2014. Servirán también de base a las acciones del MAPDER Chiapas de los próximos 14 y 22 de marzo, respectivamente Día mundial de acción en defensa de los ríos y Día internacional del agua.

Como integrantes de la REMA, los participantes al encuentro de Tonalá analizarán también la multiplicación de proyectos mineros en Chiapas, donde hay 99 concesiones vigentes, y sus graves impactos en la salud de la población como en la salubridad de los ríos. Una urgencia a la hora en que se está potencialmentereactivando la minería en Chicomuselo, donde el activista de la REMA Mariano Abarca fue asesinado en 2009 sin que se haga justicia. Desgraciadamente, la criminalización y el hostigamiento de los luchadores antimineros en Chiapas sigue muy fuerte, especialmente en Escuintla, donde los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconuscohan sido calumniados en la prensa local por oponerse a proyectos mineros en el ejido de Nueva Francia. Y por jugar así un papel indispensable en la protección de los ríos de Chiapas.

A la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al EZLN.
A la Sexta, en México y en el mundo.
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional.
A nuestr@s herman@s de Los Chorros, Colonia Puebla, Kexalukum
A las y los compañeros de los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen.

Comp@s, herman@s,

Nosotros, desde nuestras geografías, nos hemos enterado de la situación que viven nuestr@s herman@s de las comunidades de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, en las Comunidades de Los Chorros, cuna de los paramilitares, Colonia Puebla, donde hace 2 años se desplazaron más de 100 personas durante varios meses, y Kexalukum.

En su comunicado del 2 de diciembre, la organización de Las Abejas, avisó que un grupo de personas encabezados por el agente municipal y paramilitares que participaron en los hechos previos a la masacre de Acteal, fueron el día 30 de noviembre a cortar la luz y el agua a 13 integrantes de su organización, en la comunidad de Los Chorros.

Denunciamos igualmente lo que está pasando en la Colonia Puebla, donde un miembro de Las Abejas fue encarcelado por no aceptar un cargo, así como en la comunidad Xunuch’, donde familias están amenazadas de que les van a cortar la luz, si la organización no «convence» a la CFE que están exentos de pago.

Afirmamos que los pueblos tienen derechos a rechazar los proyectos asistencialistas del mal gobierno y tienen derecho a la libre determinación. No se puede obligar a un compañero de tomar cargo de proyecto en cual no beneficia. Exigimos que se respete la resistencia y la autonomía de las y los compañeros.

Denunciamos la estrategia del mal gobierno dentro de su guerra de contrainsurgencia, entregando «programas asistencialistas» con la meta de dividir a las comunidades.

Denunciamos la presencia provocadora del Gobernador de Chiapas Manuel Velasco Suárez, en Acteal, el día 12 de noviembre haciéndose pasar por Acteal Zapatista y provocando así a Acteal Abejas, para entregar numerosos proyectos a los partidistas venidos de 20 comunidades, como estrategia de esa misma guerra de contrainsurgencia y con el propósito de confundir a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes el 20 de octubre recibieron un peritaje de parte de la organización de Las Abejas, dando nuevas pruebas que las acciones de los paramilitares fueron parte clave de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno de México, dentro del Plan De Campaña Chiapas 94.

A 23 años del nacimiento de la organización, a 18 años de la masacre de Acteal, denunciamos el regreso de los paramilitares liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a sus comunidades. El hecho de nunca haber hecho justicia en esta masacre, provoca tensiones, hostigamientos y desplazamientos.

Por eso, exigimos:

* Un alto a las intimidaciones de los partidistas en contra de los y las que resisten y construyen su autonomía.

* Respeto a la resistencia y la autonomía de las y los compañeros Abejas, y de la Sexta en General.

* Respeto a los y las que luchan en contra de los altos tarifas de luz.

* Justicia y Castigo a los asesinos de Manuel López Pérez, a 6 meses de su cobarde asesinato.

*Un alto a la guerra de baja intensidad

FIRMAN:

*Asociación Espoir Chiapas / Esperanza Chiapas, Francia

*Sector de Trabajador Adherentes a la Sexta, Mexico

*Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas

*Adhesiva, Espai de Trobada i Accio

*Adherentes a la Sexta, Barcelona

*Grains de Sable, Francia

*Colectivo Batsilk’op, Chiapas,

*Radio Zapatista, Adherentes a la Sexta, SudCalifornia

*Associacio Solidaria Cafe Rebeldia-Infoespai, Catalunya

*Kolectivo BoCa En BoCa, Chiapas

*Otros Mundos AC, Chiapas

*Mut Vitz 13, Francia

*Collectif Marseille-Ayotzinapa, Francia

*Uk Zapatista Network:

-Dorset Chiapas Solidarity Group

-Edinburgh Chiapas Solidarity Group

-Kiptik (bristol)

-London Mexico Solidarity Group

-Manchester Zapatista Collective
-UK Zapatista Education, Culture and Communication team
-UK Zapatista Translation Service
-Zapatista Solidarity Group – Essex
-Individual members of the network

*Associaziones Ya Basta, Milano

*Colectivo Paris Ayotzinapa, Francia

*Collectif Bon pied Bon Oeil Francia Mexico

*Colectivo de la Revista “Lucha Indígena”, Perú

*20zln, Italia

*Mexicanxs Unidxs por la Regularización de Montreal, MUR, Canada,

*Centro de Derechos de la Mujer, Chiapas

*Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid

*Casa Nicaragua, Bélgica

*Grupo CafeZ, Lieja, Bélgica

*Kolectivo Pozol, Chiapas

*Ceiba, Centro de Educacion Integral de Base AC, Comitan, Chiapas

*Xch’ulelal jlumaltik, Colectivo de videoastas independientes en Chiapas

*Strollad La Obra, Douarnenez, Francia

*Grupo de trabajo No Estamos Todxs, Mexico

*ASSI (Accion Social Sindical Internacionalista), Zaragoza

*Centro de Documentacion sobre el Zapatismo, CEDOZ

*Henri Gueguen, Francia

*Rocio Servin Jimenez, Mexico

*Margarita Rodriguez Ornela

*Hugo Blanco, Peru, Director de Publicacion

*Beatriz Amor, Vicepresidente Apdh La Costa Regional Tuyu, Bsas, Argentina

«Acompañados por diversas organizaciones nacionales, ratificamos la declaración de que nuestras tierras y territorios SON LIBRES DE REPRESAS HIDROELÉCTRICAS Y EXPLOTACIÓN MINERA. Una vez más confirmamos nuestra posición expresada desde la primer Declaración de la VOZ EL PUEBLO, difundida el 10 de diciembre de 2013, en este mismo Parque Central».

Parque Central Miguel Hidalgo, Tapachula, Chiapas, México
8 de Diciembre de 2015

 Al Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto
Al Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello
Al Presidente Municipal de Tapachula, Neftalí del Toro
A las demás autoridades de los tres niveles de gobierno
A las organizaciones nacionales e internacionales
Al Pueblo de México.

Siendo el 8 de Diciembre de 2015, reunidos en el Parque Central Miguel Hidalgo, Tapachula, Chiapas, México, los 40 ejidos, bienes comunales, comunidades y organizaciones sociales, campesinas e indígenas; representados por sus autoridades legales y legítimos de los núcleos agrarios, por sus delegados y delegadas provenientes de los municipios de Tuzantan, Huhuetan, Motocintla, Tapachula, Escuintla, Acacoyagua y Motozintla, Chicomuselo y Comalapa ; y acompañados por diversas organizaciones nacionales, ratificamos la declaración de que nuestras tierras y territorios SON LIBRES DE REPRESAS HIDROELÉCTRICAS Y EXPLOTACIÓN MINERA. Una vez más confirmamos nuestra posición expresada desde la primer Declaración de la VOZ EL PUEBLO, difundida el 10 de diciembre de 2013, en este mismo Parque Central, donde exigimos que las autoridades federales, estatales y municipales escuchen y respeten la decisión de los ejidos, bienes comunales, comunidades, organizaciones y pueblos, y cancelen todo tipo de acuerdo, licencia, concesión o permiso para construir estos proyectos que hayan otorgado sobre nuestras tierras y territorios.
Los pueblos tenemos el derecho al BUEN VIVIR, de definir sobre nuestro destino y patrimonio de nuestras familias, el mejor uso de nuestras tierras y territorios para lograr las mejores condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas.

Es de nuestro conocimiento que las autoridades federales, estatales y municipales de Chiapas establecen acuerdos de colaboración con las empresas para obtener autorización y permisos para la exploración de nuestras tierras y ríos con el fin de explotar minería y/o construir proyectos de hidroeléctricas en nuestro territorio. El modelo energético, de gestión del agua y de desarrollo que se pretende instalar en México, con las reformas estructurales y en particular la reforma energética amenaza nuestros pueblos, contamina y nos despoja de los bienes naturales que durante años hemos cuidado. Es por está razón que nos oponemos a los proyectos de la hidroeléctrica Chespal y Cuilco, así como a la explotación de la minería en la región.

Ante la oposición de proyectos extractivos en nuestro territorios proponemos organizarnos y vincularnos con otras luchas que también defienden sus derechos y bienes naturales del agua y la tierra, especialmente con nuestro compañeros de los municipios de Escuintla y Acacoyagua que viven las consecuencias de la contaminación por minería y quienes ahora emprenden una lucha por defender sus ríos y comunidades; saludamos a los compañeros de la Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas quienes el 30 de noviembre de este año también decretaron a sus municipios libres de presas y minerías. A nivel nacional nos unimos con todas las luchas de Jalisco, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Veracruz para oponernos a la construcción de presas y solidarizarnos para denunciar y evitar la criminalización y represión hacia las y los compañeros indígenas y campesinos que defendemos los derechos de los pueblos y la naturaleza.

LA VOZ DEL PUEBLO declaramos una vez más nuestros territorios libres de represas y minería, y responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de cualquier conflicto que pretendan generar con el fin de dividir e imponer los proyectos de despojo a costa de la violación a nuestros derechos humanos.

Nos sumamos también a los reclamos de justicia por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!

LA VOZ DEL PUEBLO

Acompañamos:

Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Otros Mundos Chiapas A.C.

 

 

Comunicado de la Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas: comunicado UCPSCH

consejoautonomo

Pijijiapan, Chiapas México, Noviembre 2015

A las organizaciones de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicación Alternativos…

Somos una organización conformada por ejidos, comunidades, rancherías, poblados de la ciudad de Pijijiapan, Chiapas, y hemos decidido luchar en contra de la imposición de los megaproyectos de minería, mini hidroeléctrica, y fraking.

Desde la modificación al art. 27 de la Constitución Federal el Estado Mexicano ha permitido que las empresas trasnacionales puedan entrar a nuestros territorios sin nuestro permiso a explotar los bienes naturales, dejando solo una serie de afectaciones a la flora y fauna, por lo que sin duda nos hemos mantenido alertas para evitar la entrada de las empresas.

Derivado de los intentos de las empresas en querer comprar las tierras que habitamos, hemos sometido a consenso en nuestras asambleas y determinado declararnos territorios libres de la minería y mini hidroeléctrica, y convocamos al pueblo en general a que participe en la marcha pacífica y civil el día 30 de Noviembre a las 10:00 horas en la cd de Pijijiapan, Chiapas que partirá del Hospital Básico Comunitario, en donde el objetivo principal será exigir al Ayuntamiento Municipal firmar un acuerdo que nos garantice que las empresas trasnacionales o mexicanos no destruirán nuestras tierras y territorios que durante décadas hemos cuidado y preservado porque es el futuro de nuestras familias, así como también no expedir ningún tipo de permiso o concesión a favor del gran capital y que se respete nuestro derecho a la propiedad, se garantice nuestra integridad física, y salud, así como también el respeto a nuestro medio ambiente en especial a nuestros bosques y ríos.

Les informamos que nos mantendremos en resistencia hasta lograr que el Estado respete nuestra libre autodeterminación como pueblos y autonomía, y evitaremos la entrada de las empresas a nuestras tierras.
Por lo que llamamos a las organizaciones de la sociedad civil dignas y honestas a la solidaridad y el apoyo mutuo, a las comunidades que lucha y resisten que hagamos esfuerzos conjuntos por la defensa de la tierra y el territorio, a los medios de comunicación para que puedan dar amplia cobertura de nuestra lucha a favor de la vida y en contra de los proyectos de muerte.

Al gobierno Federal, Estatal y Municipal exigimos:

• La cancelación de los permisos y concesiones en favor de las empresas mineras e hidroeléctricas.
• El respeto de nuestra tierra y territorio ejidal, comunal, o de cualquier otro tipo de régimen agrario.
• La cancelación de la explotación de gas a través del uso del Fracking.
• El respeto a nuestro derecho de asociación, reunión y de participación política en asuntos inherentes a la defensa de nuestros territorios.
• El respeto de nuestra autonomía y libre determinación de nuestros pueblos.
• Se garantice el derecho a un ambiente sano.

SI A LA VIDA. NO LA MINERIA
SI A LA VIDA. NO A LA MINIHIDROELECTRICA
EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO. NO UNA MERCANCIA
TARIFA JUSTA DE ENERGIA ELECTRICA.
NO A LAS REFOMA ENERGETICA.

Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Frente Cívico Tonalteco AC

Alejandro Villamar,
Revista América Latina en Movimiento, n.509 A diez años de la derrota del ALCA

La recién conclusión formal de las negociaciones del mega-tratado Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) pretende y apunta a alcanzar metas que el capital trasnacional ha perseguido desde la década de los ochenta. Su primera estrategia fue encabezada por los programas de ajuste estructural de la triada BM-FMI-BID, y su primer avance para integrar los propósitos políticos de manera vinculante en un texto fue el Tratado de Libre Comercio TLCAN (1994), seguido de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC,1995).

Recién creada la OMC, y tratando de introducir los temas Financieros y Derechos de Propiedad Intelectual (Agenda de Singapur-1996), lo mismo que un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), el director general de la OMC, Renato Ruggiero, describió cínicamente el momento: «Estamos escribiendo la Constitución para una sola economía mundial.» (Singapur, 1996)

Diez y nueve años después de Ruggiero resurge el discurso de la hegemonía y la economía mundial con el TPP: «En virtud de este acuerdo, nosotros, en vez de países como China, estamos escribiendo las reglas para la economía mundial.» B. Obama, octubre de 2015

Sin embargo, el objetivo nunca se ha restringido a la economía mundial, ni regional, ni se busca la prosperidad, la seguridad y sustentabilidad global, y menos la democracia, sino la transformación de las reglas del orden mundial a las necesidades de la globalización del capital transnacional.

A lo largo de más de 20 años de luchas de resistencia, redes de activistas sociales, de personalidades, académicos y de gobiernos, han demostrado que detrás del cliché de “acuerdo de libre comercio” su núcleo duro son objetivos esencialmente políticos como el eliminar las facultades del Estado para regular con fines sociales, poner los derechos corporativos del capital por encima de los derechos humanos y de la naturaleza, crear mecanismos de gobernanza global de la economía sin ninguna legitimidad o control democrático.

Los tratados como instrumentos de la política trasnacional
Los Estado Unidos han acumulado en los últimos 30 años una experiencia y fracasos por tratar de imponer las reglas mundiales, escritas en Tratados, que consoliden los intereses de la globalización trasnacional. Los tratados de libre comercio (TLC), han sido una de esas vías y el más conocido cliché para imponer esa estrategia corporativa.

EEUU, después de alcanzar un TLC, primero con Israel (1985) y otro con Canadá (1987), así como un TLC regional (TLCAN, 1994), desplegó una estrategia mundial para alcanzar un Tratado Multilateral (en la OMC), o  mediante tratados bilaterales o regionales tanto de tipo TLC, como del tipo de Protección de Inversiones, de Protección de Propiedad Intelectual, o preparando el terreno político diplomático mediante los llamados Acuerdos Marco de Comercio e Inversión. El terreno privilegiado para la ofensiva de los TLC fue el espacio latinoamericano:11 TLC, de un total de 20 tratados, alcanzados antes de pretender coronar su estrategia con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). USTR. 2015.

Dentro de esta estrategia la prioridad ha sido puesta en materia de inversión y propiedad intelectual. Los  Tratados, eufemísticamente llamados Tratados Bilaterales, de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (TBI), fueron impuestos mundialmente entre el mundo de países subdesarrollados. De los 42 tratados TBI que EEUU ha firmado, el espacio elegido en la década 1994-2004, fueron los llamados países en transición (16 países), sólo 8 países latinoamericanos, carentes de TLC, fueron añadidos a ese acervo. Cálculos con la estadística del USTR, 2015. En este campo, los países europeos son dominantes mundiales con el 30% de los aproximadamente 4,600 TBI en vigor. Cálculos con datos UNCTAD.

Una estrategia muy defendida por los monopolios trasnacionales han sido los Tratados Multilaterales y bilaterales de la llamada protección de la propiedad intelectual (patentes, marcas, derechos de autor, diseños industriales y otros), área dominada mundialmente por los países desarrollados, 51% de los 2.3 millones de solicitudes de patentes. Sin embargo, la importancia de China es indudable, con 28% del total, mayor que el 23% de los EEUU. En solicitudes de marcas China alcanza el 25% y EEUU el 17% de las  6.5 millones de solicitudes Cálculos con Datos y cifras de la OMPI sobre P.I.

En esta estratégica materia, de los 34 tratados de protección a la Propiedad Intelectual, 24 han sido acuerdos bilaterales con 24 países (13 antes de la OMC y 11 después). Dos Tratados Multilaterales han precedido a 8 acuerdos multilaterales o reformas específicas surgidas con la OMC o después. Cálculos a partir de estadística del USTR

Una estrategia de tres pistas
Los intereses trasnacionales, encabezados por la triada del gobierno de EEUU, la Unión Europea y Japón, desde hace tres décadas han venido empujando sus iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales. A partir de las neoliberales reglas alcanzadas en el TLC de América del Norte (TLCAN), su reproducción en la OMC, y la búsqueda de su extensión a todo el hemisferio mediante el ALCA, se trasformaron las condiciones en que Japón venia desarrollando su articulación productiva en el área asiática mediante el Foro APEC, lo mismo que las condiciones en que la Comunidad Europea-Unión Europea venía manteniendo su relación neocolonial con los Acuerdos de Lomé-a-Cotonou con los países ACP (sus 79 ex colonias de Asia, Caribe y Pacífico).

La triada buscó infructuosamente incorporar temas adicionales a la agenda de la OMC y se encontró con la sorpresiva movilización civil y la oposición de varios bloques de países, encabezados por los de África y los más desposeídos en la tercera cumbre ministerial en Seattle, Washington (1999); Cuatro años antes, la  Cumbre de APEC en Osaka (1995) había entrado en crisis por la pretensión de transformar un foro de diálogo político-económico en espacio de desregulación obligatoria de varios temas. Y lo mismo se repitió durante la fracasada quinta Cumbre de OMC en Cancún, septiembre de 2003.

El espacio regional donde ya se habían sembrado los temas controversiales en el corazón de los 11 TLC con países latinoamericanos, animó a EEUU a insistir y pretender llegar a obtener la aceptación del proyecto hemisférico de TLC, el ALCA. Sin embargo, en la histórica Cumbre de las Américas en Mar del Plata (noviembre de 2005), el presidente de los EEUU (G. W. Bush) y sus destacados aliados de México (V. Fox) y Chile (R. Lagos) sufrieron una estrepitosa derrota a manos de una inusitada alianza entre gobiernos opositores al ALCA y redes sociales hemisféricas alternativas, como la Alianza Social Continental (ASC) y la Campaña Continental contra el ALCA.

«Lo bueno es que no tuvimos que hacer el trabajo. Los mexicanos y chilenos estaban más enojados que nosotros.»: Thomas h. Shannon, Secretario Adjunto para América Latina y Caribe del Departamento de Estado, en declaración a la prensa.

Cambio de estrategia, usar lo disponible para alcanzar lo deseable.
Con un rosario de fracasos y una estrategia desgastada y claramente impopular, la coalición neoliberal, sobre todo la estadounidense cambió de estrategia al adoptar una agenda multivariada de un “soft power” renovado como “poder inteligente”, que facilite el debilitamiento de las resistencias y adopte las políticas buscadas.  Para ese propósito se propusieron 1) fortalecer y profundizar la agenda y la labor de las instituciones oficiales hemisféricas, la mayoría surgidas desde la primera Cumbre de las Américas (Miami, 2004); 2) coordinar las políticas de las organizaciones financieras regionales, y dar continuidad a la agenda de asesoría en desregulación o “modernización competitiva” de los gobiernos latinoamericanos y las cúpulas de las organizaciones empresariales, 3) apoyar de manera firme la labor de cabildeo de las organizaciones estadounidenses con agenda latinoamericana, como el Consejo de las Américas, las instituciones académicas, 4) usar intensivamente el apoyo de los poderosos grupos mediáticos, y 5) apoyar y fortalecer la oposición empresarial a los gobiernos latinoamericanos que buscan enfrentar este modelo dominante, llegando incluso a impulsar golpes de Estado (duros o suaves)  

En palabras de la ex Secretario de Estado, Hilary Clinton en julio de 2009: En “Nuestro enfoque de política exterior..los hechos exigen una estructura mundial distinta… trabajaremos a través de instituciones existentes y las reformaremos. Transcenderemos a los estados y crearemos oportunidades para que instituciones no estatales y particulares puedan contribuir a las soluciones…colaboramos con nuestros principales aliados de tratados, como Japón y Corea, Australia, Tailandia, las Filipinas y otros socios para fortalecer nuestras relaciones bilaterales, así como las instituciones transpacíficas. Somos al mismo tiempo un país transatlántico y transpacífico.

La Sra. Clinton decía en público lo que sin aspavientos ya venían haciendo bajo el mandato de las nunca enterradas 23 Iniciativas temáticas del Plan de Acción de la Cumbre de Miami (1994)  e intensificándolo después del 2005 con las alianza público-privada mediante las reuniones periódicas de Ministros de las Américas en Finanzas, en Energía, en Agricultura, en Minas, en Defensa, y una docena más de temas, bajo el paraguas formal del BID, de la OEA, del IICA.

A la par, una red de instituciones y organizaciones “civiles” íntimamente ligada a la política del Departamento de Estado de EEUU, ha venido “modernizando” mediante la “reforma regulatoria” y la “competitividad” la política pública de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y del caribe, así como creando alianzas con las cúpulas empresariales de nuestros países.

Así, el bufete de ex funcionarios privatizadores, Jacobs-Cordoba y As., autores directos de 11 de los programas de reforma (des)regulatoria de gobiernos latinoamericanos (de un total de 74 gobiernos “asesorados” en el mundo), son también los “super-expertos” de la Red Inter-Americana de Competitividad RIAC http://www.riacnet.org/ de la Federación Global de Consejos de Competitividad articulado al Foro Económico Mundial, la Cumbre de las trasnacionales.

Por su parte la organización empresarial, creada por D. Rockefeler, Consejo de las Américas desde 2006 ha intensificado su programa hemisférico de promoción neoliberal y de relaciones políticas; 75 reuniones en 16 ciudades capitales; cabildeos convertidos en culto por las cúpulas empresariales, gubernamentales, incluyendo a algunos presidentes afines.

Así bancos, tecnócratas, cabilderos, académicos y poderosísimos monopolios de medios de comunicación corporativos han continuado trabajando cotidianamente, en coordinación con funcionarios y algunas organizaciones civiles, desde dentro de nuestros países con programa e ideología trasnacional, que no terminamos de enterrar, ni con gobiernos progresistas.

Desde 2007 advertimos de esta peligrosa estrategia que no sólo ha propiciado la Alianza del Pacífico, sino que ahora se convierte en el apoyo político del TPP; ese peligroso brazo de la nueva tenaza trasnacional, y mañana podría serlo del tratado gemelo Tras-Atlántico.

El TTP busca superar la derrota del ALCA y coronar en triunfo esta larga y multiforme estrategia para crear un mundo adaptado a sus intereses. Solo la movilización social global y unitaria podrá presionar a los legisladores y gobiernos, que pueda volver a derrotar a este SUPER-ALCA. 

Ciudad de México, 30 de octubre de 2015.

Por José Adán Silva, IPS Noticias

Los profundos temores de la comunidad científica nacional e internacional sobre los daños a la naturaleza por la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, resurgieron con fuerza al difundirse un estudio que revela que la gigantesca obra representa graves amenazas ambientales.

El informe “Canal de Nicaragua. Estudio de Impacto ambiental y Social. Resumen Ejecutivo” lo realizó la empresa británica Environmental Resources Management (ERM) a solicitud de Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKDN Group), la concesionaria china responsable del proyecto.

El resumen ejecutivo tiene 113 páginas y compendia una investigación cuyo contenido y volumen es desconocido porque ni el gobierno, ni ERM y HKND difundieron integralmente el Estudio de Impacto Ambiental y Social.

En el documento, ERM asegura que el megaproyecto podría ser beneficioso para el país, siempre que en su concepción, construcción y operación se incorporen las mejores prácticas internacionales en materia ambiental, económica y social, para lo que hace variados requerimientos.

Pero devela precisos riesgos y amenazas al ambiente de este país centroamericano de 6.1 millones de habitantes y 129.429 kilómetros cuadrados, al que la obra partiría horizontalmente en dos y atravesaría el lago Cocibolca, también conocido como el Gran Lago de Nicaragua, el segundo mayor cuerpo de agua dulce de América Latina con 8.624 kilómetros cuadrados.

Salvador Montenegro, exdirector ejecutivo del Centro para la Investigaciones en  Recursos Acuáticos de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, destaca que el resumen del estudio sugiere estudios adicionales en el lago Cocibolca, para evaluar los riesgos al medioambiente y recomendar acciones para mitigarlos.

“Son observaciones que yo he venido realizando y nunca fueron tomadas en cuenta, al contrario, me acusaron de traidor al gobierno y de estar en oposición, cuando lo único que hacía era tratar de preservar la salud del lago Cocibolca”, dijo Montenegro a IPS.

El científico nicaragüense fue despedido del cargo en la universidad por alegadas presiones del gobierno del izquierdista presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y quien respalda el proyecto del canal, impulsado por la agencia progubernamental de inversiones que encabeza su hijo Laureano Ortega.

Ahora, Montenegro integra el conglomerado de científicos, académicos, ambientalistas y activistas de la sociedad civil aglutinados en el Grupo Cocibolca, abiertamente opositor al proyecto canalero.

Mónica López, activista del grupo, reseñó para IPS los principales hallazgos dentro del estudio de ERM que, a su criterio, evidencian que la obra abriría las puertas a una catástrofe ambiental sin precedentes en América Latina.

Según López, ERM concluye que ni HKND ni el gobierno tienen la experiencia y capacidad para ejecutar un proyecto de la magnitud planteada.

Por ello recomienda el respaldo de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para evitar daños en áreas sensibles como el Corredor Biológico Mesoamericano, la Reserva Indio Maíz, el río San Juan, el Cocibolca y reservas periféricas.

“El estudio dice que en situaciones normales, estas áreas usualmente serían consideradas intocables por su fragilidad social y ecológica”, observó López.

ERM sostiene que si no se realizan nuevos análisisy se aplican medidas de protección y mitigación “es probable que los impactos sean significativamente peores”.

Por ello recomendó estudios para medir los riesgos del canal por actividades sísmicas; otro para medir el impacto en el lago del dragado y las amenazas de la introducción de salinidad al agua dulce lacustre, así como otros sobre el riesgo de que el canal reduzca el flujo del lago al río San Juan.

También concluye que “sin acciones enérgicas y continuas de HKND y el gobierno” ni siquiera la Ruta Cuatro —la seleccionada y única considerada viable— tendría un impacto neto positivo para el ambiente que justificaría su construcción.

Con base en el resumen de ERM y en las consideraciones de científicos y expertos locales e internacionales, el Grupo Cocibolca envió una carta al presidente el 26 de octubre, solicitando la derogación de la ley que dio vida al proyecto canalero.

Ortega no ha respondido, pero HKND, a través de sus funcionarios fuera de Nicaragua, anunció la continuación de investigaciones para echar a andar el proyecto, con un costo previsto de 50.000 millones de dólares, la obra de mayor envergadura a nivel mundial en los últimos años.

El asesor jefe del proyecto de HKND, Bill Wild, dijo a medios locales que la empresa realizó “algunas optimizaciones con mayor costo para el proyecto, (para) evitar (y) reducir impactos ambientales y sociales, y minimizar los riesgos”.

Según Wild, los estudios iniciado en 2013 continuarán hasta 2016 y se complementarán con adicionales investigaciones topográficas e hidrológicas, encargados a la empresa australiana CSA Global.

El vicepresidente ejecutivo de HKND Group, Kwok Wai Pang, afirmó al periódico El Nuevo Diario que después de conocer el estudio de ERM “se realizarán más investigaciones a profundidad en la ruta”.

“Durante el estudio de factibilidad llevamos a cabo estudios topográficos, geológicos, hidrológicos y arqueológicos y colectamos un volumen alto de información sísmica, niveles de agua, intrusión salina, entre otros, para elaborar un diseño conceptual”, aseguró.

También Telémaco Talavera, portavoz de la presidencial Comisión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, minimizó las observaciones de ERM y de ambientalistas.

En diálogo con IPS y otros tres periodistas, se mostró confiado en la capacidad de HKND para “resolver con gran sabiduría cualquier inconveniente que surja, y que son normales en este tipo de proyectos de gran envergadura”.

Más problemas que los ambientales

Pero pese al optimismo del gobierno y HKDN sobre el proyecto, otros factores ajenos al tema ambiental ensombrecen sus perspectivas.

Por un lado, medios especializados aseguraron en septiembre que con la actual crisis financiera en China, el magnate detrás de HKND, Wang Jing, había perdido hasta 84 por ciento de su fortuna, calculada antes en más de 10.000 millones de dólares y reducida ahora a aproximadamente 1.200 millones de dólares.

Por otro, la creciente resistencia de los campesinos asentados en la ruta trazada del proyecto ha dañado el clima internacional para los negocios del grupo, según la activista López.

En el país se han realizado 55 marchas en contra del proyecto. La última convocó, el 27 de octubre en Managua, a campesinos afectados llegados de diferentes partes del país, junto con otros manifestantes, y tuvo gran repercusión en los medios internacionales por los enfrentamientos violentos entre quienes apoyan y rechazan el megaproyecto.

ERM destaca en su documento que el rechazo social afecta la viabilidad del proyecto.

“El proceso de expropiación de tierra y reubicación involuntaria no cumple con las normas internacionales. El proyecto está en riesgo de perder su licencia social para operar y puede poner en peligro su viabilidad si no se respetan las normas internacionales”, advierte el resumen.

Hasta ahora, el gobierno dio el aval a HKND para la expropiación de 2.909 kilómetros cuadrados de tierras sobre la ruta.

La ley del canal se aprobó en 2013, pero fue oficialmente en diciembre del 2014 que arrancó el proyecto, con obras menores en la zona sur del océano Pacífico.

La obra acuática unirá los océanos Atlántico y Pacífico con una ruta de 276 kilómetros de longitud, 105 de los cuales atravesarán el Cocibolca.

HKDN proyectó que la construcción llevaría cinco años a partir de 2013 y estimó que en 2019 el canal entraría en operación, pero ERM proyecta que la infraestructura no estaría lista en ese plazo.