Derechos Humanos en México – “retroceso”, “simulación” e “impunidad”, afirman organizaciones civiles

SIPAZ

Mientras las reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto siguen avanzando a través de la aprobación de leyes secundarias (en particular en materia energética) y en medio de los rumores acerca de beneficios económicos que los miembros de la actual legislatura se estarían asignando por sus «logros», se mantienen procesos de movilización y cuestionamientos en cuanto al respeto y la promoción de los derechos humanos.

En julio, por ejemplo, el Congreso mexicano aprobó las leyes secundarias de la reforma en Telecomunicaciones. En los puntos polémicos están la posibilidad de que las autoridades ubiquen en cualquier sitio y en cualquier momento un aparato telefónico por razones de seguridad o en la persecución de un presunto delito; y el hecho que el Estado tenga facultades para ordenar el bloqueo de los servicios de telecomunicaciones en un área determinada. Además, se señala que el proceso legislativo correspondiente estuvo marcado por irregularidades, empezando por la participación de los legisladores que tienen vínculos laborales, empresariales o familiares con las empresas televisivas. Opositores al dictamen afirman que se trata de una «Ley Peña-Televisa», «un regalo» a dicha televisora para pagarle favores recibidos durante su campaña a la Presidencia, como la calificó el senador panista, Javier Corral Jurado.

Cabe señalar que varias de las movilizaciones se dan por una reforma que todavía no ha sido aprobada, la agraria. Por ejemplo, el 23 de julio, entre 25 (según el Gobierno del Distrito Federal) y 35 mil campesinos (según los organizadores) marcharon en la ciudad de México para exigir una reforma agraria integral, en repudio de las leyes reglamentarias en materia energética y por el respeto a los derechos colectivos.

«Retroceso en la vigencia de los derechos humanos»

Con motivo del periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tuvo lugar en México en agosto, redes y organizaciones civiles pidieron a este mecanismo que realice en breve una visita oficial «ante el retroceso en la vigencia de los derechos humanos» en el país, que ocupa el primer lugar en solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH. En este marco, se presentaron diagnósticos y casos que ilustraron la gravedad del momento.

En junio, el relator especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, presentó el informe de la visita que realizó a México el año anterior. El informe resalta el elevado número de homicidios existentes en México, 100.000 desde el 2006, 70% de ellos relacionados con el narcotráfico. Otras de las críticas surgen por lo que algunos llaman la tendencia del gobierno federal a «desaparecer a los desaparecidos». Cuestionan que las cifras durante el gobierno de Felipe Calderón y lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto entregadas a la ONU en marzo difieren de las que las autoridades manejan en el país, así como de las recabadas por organizaciones civiles.

En agosto, se llevó a cabo en la Ciudad de México la pre-audiencia «Violencia de Género y Feminicidio» del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)-Capítulo México. Se evidenciaron los distintos tipos de violencia hacia las mujeres que ocurren en el país, como feminicidio, discriminación, criminalización, violencia laboral, agresiones a defensoras y periodistas, violencia obstétrica y trata de personas. El Estado mexicano, señalaron el dictamen viola los tratados internacionales que ha firmado y ratificado a través de la «simulación y de la impunidad».

Uno de los temas de mayor presencia mediática fue el de los migrantes (ver Enfoque). En julio, Carlos Bartolo Solís, director de la Casa de Migrante «Hogar de la Misericordia» de Arriaga, Chiapas, denunció haber recibido amenazas de atentados del crimen organizado. Organizaciones civiles del Sureste han venido denunciando que la nueva estrategia federal hacia mayor control en la frontera Sur contiene «numerosas ambigüedades y mantiene una visión de seguridad nacional, anteponiendo la gestión y control de flujos migratorios por encima de la seguridad humana».

CHIAPAS: «La contrainsurgencia sigue operando»

En julio, se llevó a cabo la Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en El Limonar, municipio de Ocosingo que se enmarcó en el Eje Guerra Sucia. Abordó el caso de Viejo Velasco que en 2006 sufrió una masacre que dejó un saldo de cuatro personas ejecutadas y cuatro desaparecidas forzadamente. La invitación señaló: «Esta masacre se da en el contexto de guerra contrainsurgente diseñada e implementada por el Estado mexicano, a través del Plan de Campaña Chiapas ’94, cuyo resultado (…) ha sido: 85 ejecuciones, 37 desapariciones forzadas y más de 12 mil personas desplazadas forzadamente, en la zona Norte; y en la zona Altos: la masacre de Acteal donde los grupos paramilitares del PRI asesinaron a 45 personas en su mayoría mujeres e infantes (…) además de provocar el desplazamiento forzado de más de 6 mil personas».

En agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) denunció en un boletín titulado «La contrainsurgencia sigue operando en Chiapas» que «[e]n los últimos meses, el Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas, se ha caracterizado por una continua agresión hacia las Bases de Apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) con la acción de algunas organizaciones sociales regionales al servicio del Estado». Sostuvo que el CDHFBC «ha realizado constantes intervenciones ante la gravedad de las agresiones a BAEZLN y la respuesta ha sido la parsimonia gubernamental y su incapacidad de actuación. Esta actitud de indiferencia mantiene y provoca conflictos que son llamados intercomunitarios como una manera de ocultar la contrainsurgencia, el objetivo es generar cansancio entre la población que resiste, que lucha, que va transformado su realidad desde su cultura y sus derechos».

El 24 de mayo, más de 4 mil (BAEZLN), milicianos, miembros de la Comandancia del EZLN y centenares de personas y organizaciones civiles, nacionales e internacionales se reunieron en la comunidad de La Realidad para dar homenaje a José Luis Solís López, «Galeano», BAEZLN asesinado el 2 de mayo pasado en este mismo lugar. El Subcomandante Insurgente (SCI) Moisés señaló como responsables del asesinato de Galeano a los tres niveles de gobierno y a personas concretas pertenecientes a distintas instituciones políticas. El SCI Marcos anunció su desaparición e indicó que su figura fue sólo una botarga (pantomima) mediática utilizada como forma de captación de la atención, porque así convenía a los intereses del EZLN, pero que en la actualidad la «farsa del subcomandante» ya no es necesaria. Ello se da dentro de una lógica de cambios internos que derivan en una dirección completamente indígena del movimiento: «el relevo de mando no se da por enfermedad o muerte, ni por desplazamiento interno, purga o depuración. Se da lógicamente de acuerdo a los cambios internos que ha tenido y tiene el EZLN (…) Pero algunos estudiosos no se han percatado de otros relevos: El de clase: del origen clase mediero ilustrado, al indígena campesino. El de raza: de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena».

El 1° de agosto, 32 BAEZLN de la comunidad Egipto, pertenecientes al Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) San Manuel, municipio oficial de Ocosingo, del Caracol de La Garrucha, se desplazaron de forma forzada, obligados por miembros del Ejido Pojcol, municipio de Chilón. Quince días después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció la persistencia e incremento de agresiones contra BAEZLN en comunidades de Ocosingo y expresó su «preocupación por el inminente riesgo a la vida, integridad y seguridad personal en que se encuentran expuestas las BAEZLN» de las comunidades El Rosario, Kexil, Egipto y Nuevo Poblado San Jacinto. Responsabilizó al gobierno de Chiapas «por hacer caso omiso de los hechos denunciados inicialmente, permitiendo que gradualmente se sigan perpetrando violaciones flagrantes a los derechos humanos con agravantes cada vez más serios».

Cabe subrayar que estos hechos se dieron alrededor de las fechas de la Primera Compartición de los Pueblos Zapatistas y los Pueblos Originarios de México que tuvo lugar en La Realidad en agosto. Participaron en el evento unos 1.300 delegados y delegadas zapatistas y más de 300 indígenas representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI). Denunciaron las diferentes situaciones de despojo que viven los pueblos indígenas en el país y declararon que «hoy les decimos a los poderosos, a las empresas y a los malos gobiernos, encabezados por el criminal jefe supremo de los paramilitares Enrique Peña Nieto que no nos rendimos, que no nos vendemos y no claudicamos». Anunciaron que al final del año se realizará el «Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo».

Chiapas: defensores en la mira

El 29 de mayo, fue detenida una comisión conformada por dirigentes y representantes del Consejo de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, integrantes de la organización ARIC Independiente y Mario Marcelino Ruíz Mendoza, de Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), que acompañaba a la comisión en calidad de mediador. La detención se produjo cerca del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez donde fueron solicitados para iniciar una mesa de negociación. El objetivo de la mesa era, entre otros, la resolución de la situación agraria del conflicto abierto en la reserva de Montes Azules. Tarde esa misma noche, fue liberado el mediador de SERAPAZ. Los demás detenidos fueron liberados al día siguiente, luego de que se firmase en la Ciudad de México un acuerdo con autoridades federales y estatales para reabrir el proceso de diálogo. Los detenidos fueron acusados de motín, ataques a las vías generales de comunicación y secuestro, en relación a las manifestaciones y bloqueos carreteros que se produjeron en Ocosingo durante las semanas previas en protesta por lo que consideran la intromisión de organizaciones ambientalistas en las decisiones tomadas por las comunidades.

En junio, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció actos de vigilancia y hostigamiento en contra de sus integrantes y miembros de otras organizaciones civiles. El 29 de abril, en San Cristóbal de Las Casas, su director, Víctor Hugo López, fue vigilado desde un vehículo cuando se dirigía a una reunión de trabajo. El 23 de mayo, el mismo vehículo se encontraba en el punto donde se estaba formando la Caravana de Solidaridad con destino a La Realidad. Dentro del carro, se identificó a una persona, Felipe Osorio Lazo quien «tomaba vídeo de manera sospechosa». Los coordinadores de la Caravana le solicitaron identificarse, entregar la cámara y retirarse del lugar. Dentro de la memoria encontraron fotografías y vídeos de miembros del CDHFBC y de otras organizaciones civiles.

En junio, se realizó una peregrinación por parte de unas 3.500 personas de la Parroquia y habitantes del municipio de Simojovel, para orar por la paz y el cese de la violencia, y para pedir a las autoridades «que cierren cantinas, centros nocturnos, de prostitución y de vicio que están dañando a las familias». El párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, ha recibido amenazas derivadas de estas protestas. En julio, el Pueblo Creyente de Simojovel realizó una nueva peregrinación con las mismas demandas y para denunciar las amenazas de muerte que han recibido integrantes del Consejo Parroquial. Acusaron a las autoridades municipales de favorecer esta situación.

En junio, se conmemoró el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. En ese marco, el CDHFBC presentó el informe «La tortura, mecanismo de terror» que tiene registrados 17 casos recientes en Chiapas.

En una decisión que frena la tendencia al deterioro en el estado, se dio marcha atrás al Código de Uso Legítimo de la Fuerza que había sido aprobado en mayo pasado y cuestionado por limitar el derecho a la manifestación.

Tierra y territorio: viejos y nuevos conflictos

En junio, las y los ejidatarios de San Sebastián Bachajón denunciaron al comisariado ejidal «oficialista» Alejandro Moreno Gómez, por intentar «entregar [tierras] al mal gobierno», al convocar una asamblea «ilegal» con el propósito de convencer a los tribunales de que la asamblea está de acuerdo con el despojo de las tierras de la comunidad cercanas a las cascadas de Agua Azul. El mismo mes, las y los ejidatarios de Tila denunciaron a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) por realizar proyectos en su territorio sin el consentimiento de la asamblea.

En julio, se llevó a cabo el «Foro Sur-Suroeste de análisis y construcción de alternativas: tenencia, uso y usufructo de la tierra para las mujeres en Chiapas», en el que participaron aproximadamente 300 personas. Se pronunciaron contra las políticas que buscan despojarlas de sus recursos naturales a través de proyectos petroleros, mineros, ecoturísticos, eólicos, hidroeléctricos, de infraestructura carretera y aeroportuaria, y de saqueo de sus conocimientos tradicionales. Denunciaron que estos proyectos se están llevando a cabo sin consulta ni autorización en territorios indígenas, y con el beneplácito de instituciones gubernamentales.

Finalmente, vale la pena mencionar que se están empezando a dar asambleas en varias partes de la zona por la que pasaría la autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque. Es de prever que su posición se hará pública a partir del próximo mes. También, se han empezado a dar denuncias de la insistencia del gobierno estatal para que este proyecto avance.

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Diez años de ocupación
El primer hotel de cinco estrellas en la capital de Haití ha sido financiado con dinero de la reconstrucción, un ejemplo de las oportunidades de negocio tras el terremoto.

IOLANDA FRESNILLO Puerto Príncipe (Haití)
diagonalperiodico.net

 “Desde el primer momento que la Minustah puso un pie en tierra haitiana, sus tropas han violado de forma sistemática los derechos humanos”. Lo dice Monica Riet, uruguaya, que el pasado 6 de mayo se encontraba en Puerto Príncipe como militante de la Coordinadora latinoamericana por la retirada de las tropas de la Minustah, la misión de Na­cio­nes Unidas por la Estabi­liza­ción de Haití. “Es un genocidio silencioso que va más allá de la ocupación militar”, añadía indignada por la participación de tropas uruguayas en la operación militar de la ONU.

La epidemia de cólera iniciada en uno de sus cuarteles a finales de 2010, que se ha cobrado ya más de 8.500 víctimas mortales y más de 700.000 casos de contagio, junto con las numerosas denuncias de agresiones sexuales, la militarización de los barrios populares o su participación en numerosos actos de represión sobre la sociedad civil, se cuentan entre los muchos motivos del rechazo mayoritario a la presencia de estas tropas extranjeras en el país.

Desde las elecciones de 2000, en las que Jean-Bertrand Aristide volvió a la presidencia tras unos comicios contestados por igual por la sociedad civil haitiana y por la comunidad internacional, Haití había vivido numerosas movilizaciones contra el Go­bierno, que derivaron en una fuerte escalada de violencia entre 2003 y 2004. Entre otros, grupos paramilitares financiados desde EE UU avivaron el conflicto hasta la intervención internacional. En febrero de 2004, el presidente Aristide volvía a dejar el país, de forma involuntaria, en un avión estadounidense. Tropas de EE UU, Canadá, Francia y Chile llegaban al país al día siguiente, precediendo el despliegue de la Minustah pocos meses más tarde. Una década después, la Minustah sigue en Haití, con tropas y policías de 50 países, principalmente latinoamericanos y asiáticos, bajo el liderazgo de Brasil.

La presencia de tropas extranjeras en Haití es tan sólo una de las múltiples injerencias políticas y económicas que ha sufrido el país en los dos últimos siglos. La devastación que provocó el terremoto de enero de 2010 no se puede entender sin esas injerencias. Beverly Bell, militante pro derechos humanos de Nueva Orleans, lo describe sin rodeos: “La astronómica destrucción en Haití puede ser rastreada hasta la violencia estructural, las políticas y sistemas que reflejan el colonialismo, imperialismo, racismo y patriarcado, y que se sienten de forma áspera y marcada en las vidas de los más pobres”. Polí­ticas que han continuado después del seísmo, ejemplificando nítidamente lo que Naomi Klein llamó “capitalismo del desastre”.

Tras el desastre, el negocio

El terremoto provocó más de 217.000 víctimas mortales y 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Los costes y pérdidas causadas por el seísmo se estiman en 7.800 millones de dólares, equivalente a más del 120% del PIB haitiano de 2009. Pero más allá del nivel de de-sembolso prometido –alrededor del 60% en los dos primeros años– y de la eficacia de esa ayuda, otra maquinaria se puso en marcha: la del negocio que ofrecía la reconstrucción. Lo que el embajador de EE UU en Haití llamó “la carrera por el oro”.

No se equivocaba. Entre 2010 y 2012, tan sólo el 1,3% del valor contractual de los proyectos de la USAID fueron concedidos a contrapartes haitianas, según el Centro de Investigaciones Económicas y Polí­ticas. De las inversiones de USAID en Haití en 2013, más del 85% fueron a empresas y ONG norteamericanas. La Unión Europea sigue un patrón similar: en 2010 y 2011, el 76,7% del valor de los contratos de EuropeAid en Haití fueron para empresas europeas.

En el negocio de la reconstrucción destacan además los proyectos vinculados a lo que el Gobierno de Michel Martelly ha bautizado como “Haití: open for business”.

Abierto a los negocios

Amparada por los Clinton, la estrategia “abierto a los negocios” se ha dotado de una serie de apoyos institucionales entre los que destacan el Centro de Promoción de Inver­siones y el Consejo Presidencial Asesor sobre Crecimiento Econó­mico e In­versión en Haití, del que forma parte el expresidente José Ma­ría Aznar.

Ejemplos de cómo se está gestionando la reconstrucción son la minería, el turismo y la industria textil. Las reservas mineras de Haití, fundamentalmente de oro, han levantado interés entre empresas canadienses y de EE UU. Éstas han desembarcado ya en el país con la ayuda del Banco Mundial, que apoya financieramente y ayuda a redactar la nueva ley de minería. Sin información ni consultas a la población, han empezado ya las exploraciones en el norte del país, no sin resistencia de la población, que se empieza a organizar frente a esta nueva amenaza. En el sector turístico se han financiado con fondos para la reconstrucción, privados y públicos, numerosos hoteles y proyectos. Uno de ellos ha sido la construcción del primer hotel de cinco estrellas de la capital haitiana, Royal Oasis, con fondos de la Bush Clinton Haiti ­Fund recaudados para la reconstrucción del país y gestionado por la cadena española Occidental Hoteles. El Banco Mundial acaba de otorgar 45 millones de dólares para desarrollo turístico y está cofinanciando la construcción de otro hotel de lujo junto con la cadena hotelera Marriot. Vene­zuela, con fondos de Petroc­a­ribe, es uno de los financiadores del proyecto turístico de Île-à-Vache, fuertemente contestado por la población afectada.

En el ámbito de la industria, la estrategia es la construcción de, al menos, diez nuevas zonas francas industriales. Algunas de ellas como la de Caracol, en el norte del país, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros fondos para la reconstrucción. Haití cuenta ya con más de 30 fábricas, principalmente textiles, que gozan de condiciones favorables para la exportación a EE UU, ya que no pagan aranceles. Se­gún Mirlen Joanis, del Centro de Promoción de Mujeres Obreras, “las condiciones de trabajo son degradantes y a menudo se dan casos de acoso sexual en los lugares de trabajo, a lo que hay que añadir la violación sistemática de las leyes que marcan las condiciones laborales”, incluyendo la prohibición de la práctica de organización sindical.

Allí se cosen productos para empresas como Levi’s o Fruit of the Loom, que en 2009 presionaban al Gobierno haitiano, con la ayuda de la Administración de EE UU, para mantener el salario mínimo en poco más de 80 gourdes al día (1,2 euros). Las movilizaciones masivas de las trabajadoras consiguieron arrancar entonces una subida de 200 gourdes al día (3,6 euros). Ante el mísero incremento en 2013 de 25 gourdes (menos de medio euro), las trabajadoras de las zonas industriales de Puerto Príncipe iniciaron nuevas movilizaciones. Reclaman un salario mínimo de al menos 500 gourdes al día (8,3 euros) y derecho a la seguridad social. La cesta mínima de comida tiene un coste de 429 gourdes, y el coste de vida (incluyendo vivienda, transporte y otros gastos) está por encima de los 1.000 gourdes al día.

Presumir de salarios bajos

De hecho, el Gobierno haitiano presume públicamente de tener salarios más bajos que México, República Dominicana, India o incluso China y Paquistán, y tan sólo unos céntimos de dólar por encima de Bangladesh o Camboya, por más horas anuales de trabajo. Presumen también de ofrecer condiciones excepcionales a las empresas inversoras: 0% de impuestos sobre los beneficios, 0% sobre las ventas y 0% de impuestos añadidos. Unas condiciones que se repiten para las empresas turísticas que inviertan en el país. Según el propio FMI, dichas exenciones se deberían revisar para incrementar los ingresos fiscales del Estado, pero siempre “sin poner en peligro el interés de las empresas inversoras”.

Para Nixon Boumba, activista del Movimiento Democrático Popular, “la reconstrucción en Haití se ha convertido en una vasta operación de capitalismo del desastre, que no busca socorrer a las víctimas, sino servirse de las víctimas y de la catástrofe para hacer beneficios”.

Convergencia Waqibkej

En seguimiento al desalojo violento que está perpetrando las fuerzas de la policía nacional civil de Guatemala, el cual se está llevando acabo en la Comunidad de Monte Olivo, se encuentran 4 comunitarios detenidos entre los cuales se encuentran: Isabela Choc, Cristina y Cármen Hun y Magdiel Ical Hun de los cuales no se ha determinado a donde los han llevado.

Este desalojo violento lo está llevando acabo un contingente mayor a las 75 radiopatrullas de las fuerzas policiales, los cuales han lanzado bombas lacrimógenas, intoxicando e hiriendo a niñas, niños, hombres, mujeres así como mujeres en estado de gestación, violentando los derechos humanos de la población comunitaria.

La comunidad Monte Olivo, este sitio es símbolo de la resistencia pacífica que mantiene ésta comunidad pues ahí permanecen en un plantón permanente.

Así mismo nos informan que quien directamente está dirigiendo el operativo violento es el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla.

Dentro de este operativo están quemando la vestimenta de la población con mayor énfasis en los cortes (faldas) de las mujeres.

En declaraciones del compañero comunicador de la comunidad de Monte Olivo nos comenta sobre lo acontecido durante esta nueva jornada de violencia del Gobierno de Otto Pérez Molina.

NOTAS:
NUEVAMENTE COMUNIDADES HAN SIDO VIOLENTADAS POR LA MAQUINARIA REPRESORA DE PÉREZ MOLINA

En territorio Q´eqchi´La solidaridad se fortalece desde el mismo pueblo
La solidaridad, el apoyo a quienes están sufriendo represión estatal se suman muchas otras voces para expresar su descontento, indignación por tanto abuso y la situación de violaciones a los derechos humanos y el ambiente de crisis que está generando el gobierno. La falta de garantías constitucionales, los secuestros, asesinatos, desalojos, cateos, detenciones sin órdenes judiciales son una preocupación para mucha gente

En territorio Q´eqchi´: Detenciones arbitrarias y violentas
Lo ocurrido ahora en algunas comunidades de Alta Verapaz y la crisis que está ocasionado el gobierno en donde han detenido a personas que ejercían su derecho de protesta, está relacionado con lo que ocurre en otros lugares para proteger a las empresas nacionales o transnacionales.