¿EL GOBIERNO DE CALIFORNIA (USA), NEGOCIA CON EL GOBIERNO DE MEXICO?
Al Gobernador de California, Edmund Gerald Brown,

Mientras el gobierno de California firma un acuerdo histórico de colaboración internacional sobre el clima con el gobierno mexicano, en julio del 2014, sobre mercados de carbono, la lucha contra la deforestación y REDD, durante el gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto aparecen decenas de fosas clandestinas de restos humanos quemados y torturados; se registran asesinatos de periodistas, secuestros, violaciones sistemáticas a los derechos humanos; y por si fuera poco el crimen de Estado de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos por la policía que se suman a los miles de desaparecidos y asesinados en los últimos años.

El gobierno mexicano no ha logrado garantizar la seguridad, la estabilidad ni la paz en el país. Y si no puede proteger al pueblo mexicano, mucho menos el medio ambiente.

En medio de toda esta violencia el gobierno de Enrique Peña Nieto ha entregado a la deforestación los territorios, los bosques, las selvas, las áreas naturales protegidas, los manglares, entre otros ecosistemas terrestres y marinos a la depredación de los proyectos mineros, de represas, de parques eólicos, de parques industriales, de gasoductos, de extracción de gas y petróleo, de gas fracking, entre otros megaproyectos que lejos de cuidar y mantener un compromiso con el medio ambiente y contra la deforestación, crece la ola de la depredación y el extractivismo acelerado, poniendo en duda su capacidad con los compromisos asumidos con el gobierno de California.

Antes de elaborar acuerdos de compromisos por el medio ambiente y el cambio climático, el gobierno de California debiera impulsar primero un compromiso con aquellos que respetan la vida y los derechos humanos. Al fin, solicitamos con todo respeto al estado de California que abandona cualquier acuerdo con Mexico sobre cambio climatico, mercados de carbono, y REDD hasta que el gobierno de Mexico demuestra su capacidad de garantizar la seguridad de la población, y demuestra su habilidad de responder a las necesidades de sus ciudadanos.

¡PRIMERO, JUSTICIA PARA AYOTZINAPA!

Firman:
-Otros Mundos, A.C./Friends of the Earth, México
-Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), México
-Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (MAPDER), México
-Acción Colectiva Socio Ambiental AC, Guanajuato
-Bios Iguana AC, Colima
-Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos AC, Guerrero
-Frente Estudiantil Popular (FEP), Chiapas
-Red de Acompañamiento Popular (RAP), Chiapas
-Red Magisterial Popular, Chiapas
-Movimiento Unidad Popular de Izquierda (MUPI-Tapachula), Chiapas
-Red de Pueblos Zoques-Chapultenango, Chiapas
-Cooperativas de la Unión de Cafeticultores de la Sierra-Jocoltenango de la Paz, Chiapas
-Mesoamérica sin Fronteras-Región Mam, Chiapas
-Mocho-Cachiquel (Mazapa-Motozintla-Tapchula), Chiapas
-Movimiento Campesino Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI CNPA MN), Chiapas
-Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la región Montaña-Costa Chica del Estado de Guerrero, Guerrero

–HOY Seminario Otros Mundos sobre Ayotzinapa.

-Especial Guerrero, el tinglado que hace posible Ayotzinapa, de Desinformémonos.

Revista Proceso

La Asamblea Interuniversitaria, integrada por alumnos de la UNAM, la UAM, la UACM y el IPN, convocó a un paro de 72 horas y un cerco en la PGR para exigir la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

La tercera jornada global de acción fue acordada este sábado en una reunión en donde se determinó el paro de actividades los días 5, 6 y 7 de noviembre.

El próximo miércoles 5 se realizará una marcha de la residencia oficial de Los Pinos al Zócalo, a partir de las 16:00 horas.

Ese día también iniciará el paro de 72 horas de suspensión de actividades en las universidades participantes.

Al día siguiente se efectuará un cerco al edificio de la PGR ubicado en Paseo de la Reforma 211, de las 8:00 a las 14:00 horas.

La Asamblea Interuniversitaria también aprobó la conformación de un comité central contra la represión, con una estrategia para enfrentar las agresiones, hostigamiento y amenazas por parte de autoridades y grupos porriles.

Para ello, este lunes 3 se realizará una reunión a las 17:00 horas en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

La Asamblea acordó además seguir el modelo de CGH de la UNAM, movimiento que paralizó a la máxima casa de estudios del país durante más de 10 meses entre 1999 y 2000.

“Se conformó una comisión de enlace para hacer llegar nuestros acuerdos a la Asamblea Nacional Popular que se reúne en Guerrero, así como a las diferentes organizaciones sociales y sindicales que se reunirán el próximo martes en el local del Sindicato de Telefonistas para hacerles un llamado a sumarse al paro nacional del 5 de noviembre y a nuestro plan de acción”, detalla en un comunicado la Asamblea Interuniversitaria.

Marco Appel y Yetlaneci Alcaraz. Revista Proceso.

BRUSELAS (proceso.com.mx).- Un grupo de 16 diputados del Parlamento Europeo se manifestaron “profundamente consternados” por los hechos ocurridos en el estado de Guerrero y solicitaron que el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), que negocian actualmente las partes, sea suspendido hasta poder “reconstruir la confianza” con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.

“El Acuerdo Global del 2000 y la Asociación Estratégica del 2008, celebrados entre México y la UE, establecen mecanismos de cooperación entre ambas partes en el respeto indivisible de los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos, como se estipula en la cláusula de derechos humanos”, refieren en una masiva dirigida a Catherine Ashton, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores; a Federica Mogherini, quien fue designada para reemplazar a Ashton a partir del 1 de noviembre; y al presidente Enrique Peña Nieto.

“Por lo tanto –continúa la carta presentada con el membrete del Parlamento Europeo–, creemos firmemente que cualquier modernización del Acuerdo Global, como se prevé para el próximo año 2015, tiene que ser puesta en espera y sus objetivos y áreas previstas para la liberalización deben ser revisadas”.

Para los eurodiputados, “el primer y principal deber ahora es reconstruir la confianza en la aplicación efectiva del respeto de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano se ha comprometido a nivel nacional e internacional”.

El crimen organizado, se subraya, “tiene que ser detenido, dondequiera que se halle, y las lagunas jurídicas tienen que ser eliminadas más allá del área económica”, ya que “los efectos secundarios son indeseables”.

Los signatarios, entre ellos la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la austriaca Ulrike Lunacek, afirman que, en ese aspecto, “las dos partes, tanto la UE y México, tienen una responsabilidad compartida”.

Los 16 eurodiputados firmantes provienen de Austria, Francia, Suecia, Alemania, Finlandia, Reino Unido, España y Bélgica, y a ella se unieron cuatro diputados del Parlamento Alemán (Bundestag). Los eurodiputados pertenecen al Grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea, pero también cuenta con la firma de la presidenta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, Gabriele Zimmer.

Los legisladores europeos claman que “ya es hora de acabar con la impunidad en México”, y señalan que “no deben ocurrir nuevos casos como el de los 43 estudiantes secuestrados de Guerrero y de las tumbas encontradas cerca del lugar.

“Le instamos a que haga todo lo posible para esclarecer plenamente los hechos en Iguala, Guerrero y (para) sancionar a todos los responsables. Y exigimos firmemente que no se dé ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado de manera significativa”, exigen los eurodiputados.

El 20 de junio pasado, una de las firmantes de la carta, la eurodiputada alemana Franziska Keller, escribió en su blog que ya era hora de elevar el tono con México en materia de derechos humanos. Se dijo además “muy decepcionada” de la respuesta que le ofreció Ashton cuando le preguntó si consideraba “hacer algo” en ese sentido.

“Creo que la UE debe hablar más fuerte cuando los derechos humanos están en peligro y asegurarse que son respetados. Esa debería ser la prerrogativa de la política exterior de la UE”, concluyó Keller.

¡Ya basta! desde Berlín

En Berlín, Alemania, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Bárbara Lochbihler, condenó la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa y los crímenes cometidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero y urgió a la Unión Europea a que durante las negociaciones para renovar el Acuerdo Global entre el organismo europeo y el gobierno mexicano, que tendrá lugar el próximo año, se exija a éste el cumplimiento cabal de los derechos humanos y la seguridad de los mexicanos.

En un pronunciamiento hecho a título personal y transmitido desde su oficina en Berlín, la política alemana y miembro de la fracción del Partido Verde en el Parlamento Europeo, se dijo indignada y preocupada por lo sucedido en México y criticó con severidad la política en materia de seguridad de los gobiernos mexicanos.

“Con indignación, rabia y preocupación vemos en el Parlamento Europeo las desapariciones forzadas y los asesinatos en el estado Guerrero de México. Ya se sabía que ni la “guerra contra el narcotráfico” del expresidente Enrique Calderón ni las iniciativas del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto podían disminuir la violencia en el país. Los asesinatos siguen y según las informaciones de defensores de derechos humanos están desapareciendo más personas que antes”, recrimina Lochbihler en su misiva.

Más aún: “Los acontecimientos de Iguala son más que una expresión de la incapacidad de parar a los delincuentes, es un grito que nos dice: Ya basta. (…) ¿Cómo es posible que sabiendo que la mayoría de las alcaldías de Guerrero están bajo el control del crimen organizado, los autoridades federales no intervinieron?”.

La parlamentaria europea señala que a la par de México, la Unión Europea, como comunidad internacional, también debe asumir la responsabilidad que en casos de este tipo le corresponden. Y es que, dice, el crimen organizado que opera en México, lo hace también a nivel internacional con complicidad internacional en lo que se refiere al lavado de dinero, el consumo de drogas y la venta de armas, además del silencio cómplice de los políticos europeos.

Los asesinatos y las desapariciones de Ayotzinapa
por Guillermo Castillo Ramírez, en Rebelión

La masacre y las desapariciones: violencia y contubernio

El saldo de los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala no sólo es alarmante por el gran número de víctimas y agredidos (seis asesinados, una persona con muerte cerebral, casi una veintena de heridos y cuarenta y tres jóvenes desaparecidos); también lo es por la saña de los actos cometidos y por los individuos, instituciones y grupos que perpetraron estas vejaciones. En estos crímenes tomaron parte el alcalde de Iguala y su esposa (emparentada con un cartel del narcotráfico) como presuntos autores intelectuales, y policías municipales y miembros del grupo delictivo guerreros unidos como autores materiales (en tanto agresores, secuestradores y asesinos).

Las muertes y desapariciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se enmarcan en el contexto más amplio y previo de dos series de actos violentos en la región que, ya en 2013, habían cobrado la vida del síndico Justino Carbajal y tres líderes de la Unidad Popular en Iguala, ambos asesinatos también atribuidos directamente al alcalde de Iguala. La violencia hacia y sobre los normalistas de Ayotzinapa se dio sobre el vasto y complejo entramado de las diversas relaciones entre funcionarios y gobernantes de nivel local, policías municipales (coludidos con grupos delictivos) y los grupos del crimen organizado. El telón de fondo más amplio tiene que ver con la violencia política que durante décadas ha sido instrumentada por ciertos sectores (el Estado, caciques, élites económicas y políticas, grupos del crimen) para intimidar y eliminar diversos grupos sociales en Guerrero: maestros, campesinos, normalistas, entre otros.

Males crónicos y violencia política: grupos delictivos y un Estado impune y cómplice

Conforme a la información recaba y difundida por ciertos medios de comunicación, los hechos violentos del 26 de septiembre son crímenes de Estado tanto por el involucramiento de los policías municipales como por ser el alcalde de Iguala y su esposa los autores intelectuales de los acontecimientos; en este tenor hay una línea de continuidad entre las agresiones a los normalistas de Ayotzinapa y los asesinatos de por lo menos cuatros personas en la región en 2013, donde también fue designado como responsable y autor intelectual de los hechos el alcalde de Iguala. Considerando un contexto histórico más extenso y en una configuración distinta del nivel del Estado involucrado, los antecedentes de las agresiones a los normalistas nos remiten a nivel nacional a la violencia estatal del 68 y a la guerra sucia de la década de 1970 dirigida a los grupos sociales inconformes por parte del ejército y las fuerzas de seguridad del Estado en los distintos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); particularmente en Guerrero esto se manifestó en las acciones policías y militares para reprimir a las organizaciones de Lucio Cabañanas y Género Vázquez, y, posteriormente, ya a fines del siglo XX lo política represiva oficial hacia los campesinos volvió a tener sus manifestaciones de violencia extrema con las masacres de Aguas Blancas (1995) y el Charco (1998).

Particularmente las desapariciones (la privación de la libertad y la vida) han sido y son una estrategia de agresión y eliminación a la que han recurrido sistemáticamente (con mayor o menor frecuencia) el Estado y ciertos grupos del crimen organizado desde hace décadas. En Ayotzinapa se ha comprobado mediante diversos testimonios y declaraciones que el secuestro y posterior desaparición de los jóvenes normalistas fueron llevadas a cabo por policías y miembros de grupos delictivos, en una clara muestra de la complicidad entre las fuerzas de seguridad municipales y el crimen organizado. Estas desapariciones se enmarcan en dos niveles cuyo marco histórico es mucho más vasto: (1) Por un lado, los antecedentes remotos son la guerra sucia y el terrorismo de estado a nivel federal y estatal durante la década de 1970, donde el gobierno federal y el de Guerrero recurrieron como estrategia de represión y disuasión a las desapariciones selectivas y con un carácter de violencia política. (2) Por otra parte, recientemente, con la política de la guerra contra el narcotráfico que inició Calderón a fin de legitimarse, las desapariciones (no pocas veces masivas) resurgieron como una forma de violencia generalizada y de represión por parte del crimen organizado y de las policías coludidas con grupos de delincuentes; en este tenor, cifras conservadoras difundidas por algunos medios de comunicación mencionaban en más de 26 mil el número de personas desaparecidas entre 2006 y 2012.

Así mismo no se puede omitir ni dejar de apuntar que en la historia política nacional y regional (a nivel del estado de Guerrero) tampoco es nuevo el contubernio y la colaboración entre las autoridades, las corporaciones policíacas y los grupos del crimen organizado. Particularmente para el caso de Ayotzinapa la información y evidencia recabada y publicada ha mostrado los nexos y alianzas entre los poderes locales fácticos oficiales y no oficiales, los vínculos entre el Estado (principalmente en su escala municipal aunque no sólo) y el crimen organizado, en este caso concreto en la complicidad y las estrechas relaciones de colaboración entre el alcalde de Iguala y los guerreros unidos.

Negligencia e impunidad

Las respuestas y acciones del estado de Guerrero y del gobierno federal frente a la masacre y desapariciones han sido leídas como insuficientes y negligentes por parte de los compañeros y familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos, esta percepción es ampliamente compartida por diversos grupos y organizaciones sociales y políticas del país, así como por una porción considerable de la sociedad civil mexicana. A nivel estatal, el gobierno de Guerrero actuó de manera lenta y errática, las investigaciones no han dado resultados claros ni contundentes. Por su parte, las autoridades federales, dado que los hechos acontecieron en Iguala y en un afán por descargar toda la responsabilidad en el gobierno de Guerrero, se negaron en un primer momento a intervenir de manera directa; posteriormente, debido a la presión social y mediática nacional e internacional, se sumaron a las indagaciones de los hechos, pero sin mostrar una voluntad política clara para el esclarecimiento de estas agresiones.

Pese a la captura de varios policías municipales y de algunos miembros del grupo delictivo guerreros unidos que tomaron parte activa en los hechos violentos, las autoridades estatales y federales todavía no han dado información sobre el paradero de los normalistas secuestrados y desaparecidos; tampoco se sabe del destino de los autores intelectuales de estos acontecimientos violentos. Mediante datos obtenidos por diversas declaraciones se encontraron varias fosas clandestinas con restos humanos pertenecientes a casi tres decenas de personas, sin embargo, pese a las apresuradas aseveraciones del gobierno de Guerrero de que se trataba de algunos de los normalistas de Ayotzinapa, la PGR desmintió esta información y afirmó que los restos no pertenecían a los desaparecidos. Este suceso sólo es una manifestación exacerbada de la falta de coordinación y de la ausencia de voluntad política de cooperación entre los dos órdenes de gobierno para la resolución del caso. Así mismo, las autoridades del estado de Guerrero y del gobierno federal, en un ejercicio de desdén y falta de respeto, no han dado información pertinente y veraz a los familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, tampoco les han notificado con claridad del curso y avance de las investigaciones.

Los reclamos de justicia y las movilizaciones de apoyo a los normalistas de Ayotzinapa

Frente a la indiferencia y la indolencia oficiales, las familias y compañeros de los normalistas se han movilizado y organizado una vasta serie de acciones dentro y fuera de Guerreo para manifestar su legitimo deseo de justicia y su voluntad de encontrar con vida a los desaparecidos. A nivel nacional ha habido múltiples manifestaciones de solidaridad y apoyo, expresión de esto fueron las protestas masivas en 25 estados del país el pasado 8 de octubre, en las cuales hubo marchas multitudinarias en las principales ciudades del país, así como en Chiapas y en Guerrero; a lo largo del país decenas de miles de personas de diversas organizaciones sociales y políticas y de la sociedad civil reclamaron ese día el esclarecimiento de los hechos, la presentación con vida de los detenidos y el castigo a los responsables. Así mismo ha habido pronunciamientos y acciones de protesta por parte de diversos sectores: organizaciones y centros de derechos humanos, religiosos (el padre Solalinde, el obispo Raúl Vera), organizaciones y movimientos sociales y políticos (FPDT-Atenco, Frente Francisco Villa, SME, EZLN, ERPI, EPR, entre muchos otros), maestros y normalistas, miles de estudiantes de varias universidades (UNAM, IPN, UAM, UACM, UPN y varias universidades privadas). También el repudio internacional en relación a las muertes y desapariciones de Ayotzinapa ha sido creciente y constante. Fuera de México estos acontecimientos han sido leídos como expresiones de la ausencia de derechos humanos, así como manifestaciones alarmantes y crónicas de la inseguridad e impunidad que campea en muchos estados del país. Tampoco han faltado voces y organizaciones en EU, Europa y otros países que, considerando las evidencias de la autoría e involucramiento de autoridades y fuerzas de seguridad municipales de Iguala, han catalogado lo sucedido como “crímenes de Estado”. Por su parte, la ONU y la CIDH-OEA manifestaron su preocupación y sorpresa al respecto, haciendo un llamado a intensificar la búsqueda de los desaparecidos, así como a realizar una indagación imparcial y veraz para aclarar lo acontecido. A veinte días de las desapariciones y muertes del 26 de septiembre, todavía no se sabe ni dónde están ni si se encuentran con vida los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa. También quedan pendientes el castigo de los responsables intelectuales y una indagación seria e imparcial de los hechos. Dentro y fuera de México, pero especialmente en Guerrero, resuena el clamor de justicia y de presentación con vida de los desaparecidos.

Más notas:

–Ayotzinapa: La crítica de los hechos
por Felipe Cuevas

–Ayotzinapa, México y los crímenes de lesa humanidad
por Ricardo Martínez, RT Noticias

–El genocidio de Iguala: Terrorismo de Estado, corresponsabilidad de la socialdemocracia
por Pável Blanco Cabrera

Colaboración SubVersiones /Regeneración Radio

– Lo único que hace la policía es estar destapando fosas…¿Si no hubiera pasado el caso de Ayotzinapa jamas se hubieran destapado esas Fosas?

Mensaje emitido el 18 de octubre en la radio oficial del municipio de Chilpancingo, Guerrero, dictado por la sociedad de alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en ese Estado.

Escuchar: AUDIO

Luis Hernández Navarro
La Jornada
 
Son jóvenes, en su mayoría hijos de familias campesinas, estudiantes de una normal rural. Por eso los desaparecieron de manera forzada. Defienden la educación pública, el normalismo rural, la enseñanza al servicio de los más necesitados, la transformación social del país. Por eso les dispararon y los secuestraron.

La desaparición forzada de los alumnos de Ayotzinapa fue obra conjunta de la policía municipal y de sicarios al servicio del cártel Guerreros Unidos. No hay diferencia entre unos y otros. De día, los criminales trabajan con uniforme; de noche lo hacen vestidos de civil. En el estado delincuencial que reina en vastas zonas de Guerrero, narcotraficantes y gendarmes son las dos caras de una misma moneda.
 
A los muchachos de Ayotzinapa los secuestraron y les dispararon porque quienes lo hicieron podían hacerlo. No les costaba nada quitarles la vida o llevárselos al margen de la ley. El clima de satanización a los normalistas, impunidad generalizada y estado delincuencial los hizo creer que nada les pasaría, que tenían licencia para matar.
 
De por sí, desde antes del 26 de septiembre, a los normalistas rurales los han demonizado en la región y en el país. De ellos se ha dicho cualquier cantidad de calumnias, sin necesidad de demostrarlas. Lo han hecho los comerciantes del estado, los empresarios encabezados por Claudio X. González y sus Mexicanos Primero, los funcionarios educativos en turno, los políticos de todos los partidos.
 
En Guerrero, impunidad es el nombre del juego. Las víctimas de las matanzas de Aguas Blancas (1995) y El Charco (1995) siguen esperando justicia. Armando Chavarría, líder del Congreso de Guerrero y aspirante a la gubernatura de la entidad, fue ultimado en 2009. Su crimen sigue sin resolverse. En diciembre de 2011 diversas policías asesinaron a dos estudiantes de Ayotzinapa. Los homicidas están libres. Muchas regiones de la entidad están llenas de cementerios clandestinos que albergan las osamentas de difuntos sin nombre.
 
Acapulco, Iguala, Eduardo Neri y muchos otros municipios más del estado son territorio del narcotráfico. Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia y sus desprendimientos disputan el negocio de la siembra de mariguana y amapola, las rutas y los mercados de estupefacientes, la industria del secuestro y la extorsión. Por eso han brotado como hongos policías comunitarias y autodefensas. Apenas el pasado 12 de septiembre un comando de 100 hombres encapuchados irrumpió en la comunidad de Carrizalillo, donde opera una enorme mina de la canadiense Goldcorp, disparando contra civiles al tiempo que aseguraban que el poblado les pertenece.
 
Como muestran los casos de Iguala y Olinalá, entre otros muchos, esos cárteles gozan de la protección y el apoyo de políticos y policías en los municipios y en el gobierno estatal. Cuando José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, fue señalado como responsable del asesinato de tres opositores a su gobierno, la denuncia fue frenada. El alcalde fue protegido por el Congreso local, por funcionarios del gobierno estatal y por al menos un diputado federal. Nestora Salgado, la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, fue encarcelada en agosto de 2013 en un penal de alta seguridad porque publicó un comunicado de prensa en el que señaló el involucramiento del alcalde de su municipio y de otros funcionarios gubernamentales con el tráfico de drogas.
 
Esas redes de complicidad obligan a desaparecer los poderes en la entidad. Con ellas no hay forma de que se haga justicia. La administración de Ángel Aguirre Rivero se inauguró con el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa. El nuevo crimen contra ellos perpetrado el pasado 26 de septiembre hace necesaria su salida. De por sí, es un mandatario ausente.
 
El gobernador Aguirre no lleva las riendas del gobierno en Guerrero. Para todo efecto práctico, sobre todo en asuntos de seguridad, quien conduce la administración de la entidad es su sobrino, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez, primero coordinador de Proyectos Estratégicos de la administración estatal y ahora asesor externo, con oficinas en Casa Guerrero y personal bajo su mando.
 
Antes de convertirse en el superoperador del gobierno de su tío, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez era un funcionario de medio pelo en el Issste, de donde salió (La Jornada Guerrero, 16/5/09), acusado de desviar recursos millonarios de la institución para respaldar la campaña de su primo hermano, Ángel Aguirre Herrera, como candidato del PRI a diputado federal por el distrito 8 de la Costa Chica.
 
Aguirre Gutiérrez tiene en sus manos la relación con la prensa, con actores políticos y poderes fácticos claves de todo tipo en la entidad, decide en materia de compras, educación y turismo. En los hechos es la mano que mece la cuna del gobierno del estado. Con ese poder no puede ser ajeno a lo sucedido en Iguala.
 
Fueron policías los que dispararon contra los estudiantes de Ayotzinapa y los arrestaron. Fue el director de seguridad pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien ordenó detenerlos. Los muchachos fueron sacados en vehículos oficiales. Para todo fin práctico, las autoridades estatales permitieron que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el director de seguridad pública huyeran. El PRD tardó ¡una semana! en expulsar de sus filas al presidente municipal y, a pesar de las graves denuncias que existían en su contra desde que fue designado su candidato, en 2012, siempre lo protegió y avaló. Y aún ahora sigue defendiendo a Ángel Aguirre Rivero.
 
Si en la región campea el poder del narcotráfico es porque los tres niveles de gobierno lo permiten. Por donde se le vea, Ayotzinapa es un crimen de Estado, pero es también un crimen de lesa humanidad, tal como está estipulado en el Estatuto de Roma de la Corte Internacional Penal. No hay otra forma de nombrar el homicidio de seis personas a manos de policías (tres de ellas estudiantes), la tortura y la desaparición forzada de 43 jóvenes, en su mayoría hijos de campesinos y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. ¡Vivos de los llevaron, vivos los queremos!
 
Twitter: @lhan55