Eurodiputados piden suspender Acuerdo Global México-UE por desaparecidos de Ayotzinapa

Marco Appel y Yetlaneci Alcaraz. Revista Proceso.

BRUSELAS (proceso.com.mx).- Un grupo de 16 diputados del Parlamento Europeo se manifestaron “profundamente consternados” por los hechos ocurridos en el estado de Guerrero y solicitaron que el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), que negocian actualmente las partes, sea suspendido hasta poder “reconstruir la confianza” con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.

“El Acuerdo Global del 2000 y la Asociación Estratégica del 2008, celebrados entre México y la UE, establecen mecanismos de cooperación entre ambas partes en el respeto indivisible de los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos, como se estipula en la cláusula de derechos humanos”, refieren en una masiva dirigida a Catherine Ashton, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores; a Federica Mogherini, quien fue designada para reemplazar a Ashton a partir del 1 de noviembre; y al presidente Enrique Peña Nieto.

“Por lo tanto –continúa la carta presentada con el membrete del Parlamento Europeo–, creemos firmemente que cualquier modernización del Acuerdo Global, como se prevé para el próximo año 2015, tiene que ser puesta en espera y sus objetivos y áreas previstas para la liberalización deben ser revisadas”.

Para los eurodiputados, “el primer y principal deber ahora es reconstruir la confianza en la aplicación efectiva del respeto de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano se ha comprometido a nivel nacional e internacional”.

El crimen organizado, se subraya, “tiene que ser detenido, dondequiera que se halle, y las lagunas jurídicas tienen que ser eliminadas más allá del área económica”, ya que “los efectos secundarios son indeseables”.

Los signatarios, entre ellos la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la austriaca Ulrike Lunacek, afirman que, en ese aspecto, “las dos partes, tanto la UE y México, tienen una responsabilidad compartida”.

Los 16 eurodiputados firmantes provienen de Austria, Francia, Suecia, Alemania, Finlandia, Reino Unido, España y Bélgica, y a ella se unieron cuatro diputados del Parlamento Alemán (Bundestag). Los eurodiputados pertenecen al Grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea, pero también cuenta con la firma de la presidenta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, Gabriele Zimmer.

Los legisladores europeos claman que “ya es hora de acabar con la impunidad en México”, y señalan que “no deben ocurrir nuevos casos como el de los 43 estudiantes secuestrados de Guerrero y de las tumbas encontradas cerca del lugar.

“Le instamos a que haga todo lo posible para esclarecer plenamente los hechos en Iguala, Guerrero y (para) sancionar a todos los responsables. Y exigimos firmemente que no se dé ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado de manera significativa”, exigen los eurodiputados.

El 20 de junio pasado, una de las firmantes de la carta, la eurodiputada alemana Franziska Keller, escribió en su blog que ya era hora de elevar el tono con México en materia de derechos humanos. Se dijo además “muy decepcionada” de la respuesta que le ofreció Ashton cuando le preguntó si consideraba “hacer algo” en ese sentido.

“Creo que la UE debe hablar más fuerte cuando los derechos humanos están en peligro y asegurarse que son respetados. Esa debería ser la prerrogativa de la política exterior de la UE”, concluyó Keller.

¡Ya basta! desde Berlín

En Berlín, Alemania, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Bárbara Lochbihler, condenó la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa y los crímenes cometidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero y urgió a la Unión Europea a que durante las negociaciones para renovar el Acuerdo Global entre el organismo europeo y el gobierno mexicano, que tendrá lugar el próximo año, se exija a éste el cumplimiento cabal de los derechos humanos y la seguridad de los mexicanos.

En un pronunciamiento hecho a título personal y transmitido desde su oficina en Berlín, la política alemana y miembro de la fracción del Partido Verde en el Parlamento Europeo, se dijo indignada y preocupada por lo sucedido en México y criticó con severidad la política en materia de seguridad de los gobiernos mexicanos.

“Con indignación, rabia y preocupación vemos en el Parlamento Europeo las desapariciones forzadas y los asesinatos en el estado Guerrero de México. Ya se sabía que ni la “guerra contra el narcotráfico” del expresidente Enrique Calderón ni las iniciativas del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto podían disminuir la violencia en el país. Los asesinatos siguen y según las informaciones de defensores de derechos humanos están desapareciendo más personas que antes”, recrimina Lochbihler en su misiva.

Más aún: “Los acontecimientos de Iguala son más que una expresión de la incapacidad de parar a los delincuentes, es un grito que nos dice: Ya basta. (…) ¿Cómo es posible que sabiendo que la mayoría de las alcaldías de Guerrero están bajo el control del crimen organizado, los autoridades federales no intervinieron?”.

La parlamentaria europea señala que a la par de México, la Unión Europea, como comunidad internacional, también debe asumir la responsabilidad que en casos de este tipo le corresponden. Y es que, dice, el crimen organizado que opera en México, lo hace también a nivel internacional con complicidad internacional en lo que se refiere al lavado de dinero, el consumo de drogas y la venta de armas, además del silencio cómplice de los políticos europeos.

 

Ilustraciones de Otros Mundos A.C. en Solidaridad con Ayotzinapa

Hace más de un mes, policías municipales de la ciudad de Iguala mataron a 3 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como 3 otros civiles. 19 normalistas quedaron heridos y 43 otros fueron secuestrados.

Hace 32 días que millones de mexican@s indignad@s salen a la calle para denunciar este crimen de estado infame, exigir la detención y condena de los autores de la matanza y la presentación con vida de los 43 desaparecidos. Desde Otros Mundos A.C. queremos expresar nuestra solidaridad con los normalistas y sus familiares. Les compartimos dos carteles que hemos hecho en solidaridad con Ayotzinapa, desde el dolor y la rabia, por la Justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas.

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De la impunidad y la complicidad estatal a las demandas y exigencia de justicia

Los asesinatos y las desapariciones de Ayotzinapa
por Guillermo Castillo Ramírez, en Rebelión

La masacre y las desapariciones: violencia y contubernio

El saldo de los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala no sólo es alarmante por el gran número de víctimas y agredidos (seis asesinados, una persona con muerte cerebral, casi una veintena de heridos y cuarenta y tres jóvenes desaparecidos); también lo es por la saña de los actos cometidos y por los individuos, instituciones y grupos que perpetraron estas vejaciones. En estos crímenes tomaron parte el alcalde de Iguala y su esposa (emparentada con un cartel del narcotráfico) como presuntos autores intelectuales, y policías municipales y miembros del grupo delictivo guerreros unidos como autores materiales (en tanto agresores, secuestradores y asesinos).

 

Las muertes y desapariciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se enmarcan en el contexto más amplio y previo de dos series de actos violentos en la región que, ya en 2013, habían cobrado la vida del síndico Justino Carbajal y tres líderes de la Unidad Popular en Iguala, ambos asesinatos también atribuidos directamente al alcalde de Iguala. La violencia hacia y sobre los normalistas de Ayotzinapa se dio sobre el vasto y complejo entramado de las diversas relaciones entre funcionarios y gobernantes de nivel local, policías municipales (coludidos con grupos delictivos) y los grupos del crimen organizado. El telón de fondo más amplio tiene que ver con la violencia política que durante décadas ha sido instrumentada por ciertos sectores (el Estado, caciques, élites económicas y políticas, grupos del crimen) para intimidar y eliminar diversos grupos sociales en Guerrero: maestros, campesinos, normalistas, entre otros.

Males crónicos y violencia política: grupos delictivos y un Estado impune y cómplice

Conforme a la información recaba y difundida por ciertos medios de comunicación, los hechos violentos del 26 de septiembre son crímenes de Estado tanto por el involucramiento de los policías municipales como por ser el alcalde de Iguala y su esposa los autores intelectuales de los acontecimientos; en este tenor hay una línea de continuidad entre las agresiones a los normalistas de Ayotzinapa y los asesinatos de por lo menos cuatros personas en la región en 2013, donde también fue designado como responsable y autor intelectual de los hechos el alcalde de Iguala. Considerando un contexto histórico más extenso y en una configuración distinta del nivel del Estado involucrado, los antecedentes de las agresiones a los normalistas nos remiten a nivel nacional a la violencia estatal del 68 y a la guerra sucia de la década de 1970 dirigida a los grupos sociales inconformes por parte del ejército y las fuerzas de seguridad del Estado en los distintos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); particularmente en Guerrero esto se manifestó en las acciones policías y militares para reprimir a las organizaciones de Lucio Cabañanas y Género Vázquez, y, posteriormente, ya a fines del siglo XX lo política represiva oficial hacia los campesinos volvió a tener sus manifestaciones de violencia extrema con las masacres de Aguas Blancas (1995) y el Charco (1998).

Particularmente las desapariciones (la privación de la libertad y la vida) han sido y son una estrategia de agresión y eliminación a la que han recurrido sistemáticamente (con mayor o menor frecuencia) el Estado y ciertos grupos del crimen organizado desde hace décadas. En Ayotzinapa se ha comprobado mediante diversos testimonios y declaraciones que el secuestro y posterior desaparición de los jóvenes normalistas fueron llevadas a cabo por policías y miembros de grupos delictivos, en una clara muestra de la complicidad entre las fuerzas de seguridad municipales y el crimen organizado. Estas desapariciones se enmarcan en dos niveles cuyo marco histórico es mucho más vasto: (1) Por un lado, los antecedentes remotos son la guerra sucia y el terrorismo de estado a nivel federal y estatal durante la década de 1970, donde el gobierno federal y el de Guerrero recurrieron como estrategia de represión y disuasión a las desapariciones selectivas y con un carácter de violencia política. (2) Por otra parte, recientemente, con la política de la guerra contra el narcotráfico que inició Calderón a fin de legitimarse, las desapariciones (no pocas veces masivas) resurgieron como una forma de violencia generalizada y de represión por parte del crimen organizado y de las policías coludidas con grupos de delincuentes; en este tenor, cifras conservadoras difundidas por algunos medios de comunicación mencionaban en más de 26 mil el número de personas desaparecidas entre 2006 y 2012.

Así mismo no se puede omitir ni dejar de apuntar que en la historia política nacional y regional (a nivel del estado de Guerrero) tampoco es nuevo el contubernio y la colaboración entre las autoridades, las corporaciones policíacas y los grupos del crimen organizado. Particularmente para el caso de Ayotzinapa la información y evidencia recabada y publicada ha mostrado los nexos y alianzas entre los poderes locales fácticos oficiales y no oficiales, los vínculos entre el Estado (principalmente en su escala municipal aunque no sólo) y el crimen organizado, en este caso concreto en la complicidad y las estrechas relaciones de colaboración entre el alcalde de Iguala y los guerreros unidos.

Negligencia e impunidad

Las respuestas y acciones del estado de Guerrero y del gobierno federal frente a la masacre y desapariciones han sido leídas como insuficientes y negligentes por parte de los compañeros y familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos, esta percepción es ampliamente compartida por diversos grupos y organizaciones sociales y políticas del país, así como por una porción considerable de la sociedad civil mexicana. A nivel estatal, el gobierno de Guerrero actuó de manera lenta y errática, las investigaciones no han dado resultados claros ni contundentes. Por su parte, las autoridades federales, dado que los hechos acontecieron en Iguala y en un afán por descargar toda la responsabilidad en el gobierno de Guerrero, se negaron en un primer momento a intervenir de manera directa; posteriormente, debido a la presión social y mediática nacional e internacional, se sumaron a las indagaciones de los hechos, pero sin mostrar una voluntad política clara para el esclarecimiento de estas agresiones.

Pese a la captura de varios policías municipales y de algunos miembros del grupo delictivo guerreros unidos que tomaron parte activa en los hechos violentos, las autoridades estatales y federales todavía no han dado información sobre el paradero de los normalistas secuestrados y desaparecidos; tampoco se sabe del destino de los autores intelectuales de estos acontecimientos violentos. Mediante datos obtenidos por diversas declaraciones se encontraron varias fosas clandestinas con restos humanos pertenecientes a casi tres decenas de personas, sin embargo, pese a las apresuradas aseveraciones del gobierno de Guerrero de que se trataba de algunos de los normalistas de Ayotzinapa, la PGR desmintió esta información y afirmó que los restos no pertenecían a los desaparecidos. Este suceso sólo es una manifestación exacerbada de la falta de coordinación y de la ausencia de voluntad política de cooperación entre los dos órdenes de gobierno para la resolución del caso. Así mismo, las autoridades del estado de Guerrero y del gobierno federal, en un ejercicio de desdén y falta de respeto, no han dado información pertinente y veraz a los familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, tampoco les han notificado con claridad del curso y avance de las investigaciones.

Los reclamos de justicia y las movilizaciones de apoyo a los normalistas de Ayotzinapa

Frente a la indiferencia y la indolencia oficiales, las familias y compañeros de los normalistas se han movilizado y organizado una vasta serie de acciones dentro y fuera de Guerreo para manifestar su legitimo deseo de justicia y su voluntad de encontrar con vida a los desaparecidos. A nivel nacional ha habido múltiples manifestaciones de solidaridad y apoyo, expresión de esto fueron las protestas masivas en 25 estados del país el pasado 8 de octubre, en las cuales hubo marchas multitudinarias en las principales ciudades del país, así como en Chiapas y en Guerrero; a lo largo del país decenas de miles de personas de diversas organizaciones sociales y políticas y de la sociedad civil reclamaron ese día el esclarecimiento de los hechos, la presentación con vida de los detenidos y el castigo a los responsables. Así mismo ha habido pronunciamientos y acciones de protesta por parte de diversos sectores: organizaciones y centros de derechos humanos, religiosos (el padre Solalinde, el obispo Raúl Vera), organizaciones y movimientos sociales y políticos (FPDT-Atenco, Frente Francisco Villa, SME, EZLN, ERPI, EPR, entre muchos otros), maestros y normalistas, miles de estudiantes de varias universidades (UNAM, IPN, UAM, UACM, UPN y varias universidades privadas). También el repudio internacional en relación a las muertes y desapariciones de Ayotzinapa ha sido creciente y constante. Fuera de México estos acontecimientos han sido leídos como expresiones de la ausencia de derechos humanos, así como manifestaciones alarmantes y crónicas de la inseguridad e impunidad que campea en muchos estados del país. Tampoco han faltado voces y organizaciones en EU, Europa y otros países que, considerando las evidencias de la autoría e involucramiento de autoridades y fuerzas de seguridad municipales de Iguala, han catalogado lo sucedido como “crímenes de Estado”. Por su parte, la ONU y la CIDH-OEA manifestaron su preocupación y sorpresa al respecto, haciendo un llamado a intensificar la búsqueda de los desaparecidos, así como a realizar una indagación imparcial y veraz para aclarar lo acontecido. A veinte días de las desapariciones y muertes del 26 de septiembre, todavía no se sabe ni dónde están ni si se encuentran con vida los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa. También quedan pendientes el castigo de los responsables intelectuales y una indagación seria e imparcial de los hechos. Dentro y fuera de México, pero especialmente en Guerrero, resuena el clamor de justicia y de presentación con vida de los desaparecidos.

Más notas:

Ayotzinapa: La crítica de los hechos
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por Ricardo Martínez, RT Noticias

El genocidio de Iguala: Terrorismo de Estado, corresponsabilidad de la socialdemocracia
por Pável Blanco Cabrera

Somos Ayotzinapa

Hoy se moviliza el pueblo de México para exigir justicia por la masacre de Ayotzinapa, por el regreso de los estudiantes desaparecidos, por el cese de la violencia de Estado en todo el país.

VIDEOS:

#Ayotzinapa somos todos

cobertura que hizo en Cacto Producciones de la reciente marcha organizada en la Ciudad de México como respuesta a los lamentables hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala

 

Somos Ayotzinapa (subtítulos inglés)

Porque los desaparecidos nos faltan…
En San Luis Potosí, como en muchas otras ciudades de México y el mundo, repudian lo acontecido en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

CONVOCATORIA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Ayotzinapa: Normalistas se declaran cansados de ser ignorados

Colaboración SubVersiones /Regeneración Radio

– Lo único que hace la policía es estar destapando fosas…¿Si no hubiera pasado el caso de Ayotzinapa jamas se hubieran destapado esas Fosas?

Mensaje emitido el 18 de octubre en la radio oficial del municipio de Chilpancingo, Guerrero, dictado por la sociedad de alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en ese Estado.

Escuchar: AUDIO

Ayotzinapa, crimen de lesa humanidad

Luis Hernández Navarro
La Jornada
 
Son jóvenes, en su mayoría hijos de familias campesinas, estudiantes de una normal rural. Por eso los desaparecieron de manera forzada. Defienden la educación pública, el normalismo rural, la enseñanza al servicio de los más necesitados, la transformación social del país. Por eso les dispararon y los secuestraron.

La desaparición forzada de los alumnos de Ayotzinapa fue obra conjunta de la policía municipal y de sicarios al servicio del cártel Guerreros Unidos. No hay diferencia entre unos y otros. De día, los criminales trabajan con uniforme; de noche lo hacen vestidos de civil. En el estado delincuencial que reina en vastas zonas de Guerrero, narcotraficantes y gendarmes son las dos caras de una misma moneda.
 
A los muchachos de Ayotzinapa los secuestraron y les dispararon porque quienes lo hicieron podían hacerlo. No les costaba nada quitarles la vida o llevárselos al margen de la ley. El clima de satanización a los normalistas, impunidad generalizada y estado delincuencial los hizo creer que nada les pasaría, que tenían licencia para matar.
 
De por sí, desde antes del 26 de septiembre, a los normalistas rurales los han demonizado en la región y en el país. De ellos se ha dicho cualquier cantidad de calumnias, sin necesidad de demostrarlas. Lo han hecho los comerciantes del estado, los empresarios encabezados por Claudio X. González y sus Mexicanos Primero, los funcionarios educativos en turno, los políticos de todos los partidos.
 
En Guerrero, impunidad es el nombre del juego. Las víctimas de las matanzas de Aguas Blancas (1995) y El Charco (1995) siguen esperando justicia. Armando Chavarría, líder del Congreso de Guerrero y aspirante a la gubernatura de la entidad, fue ultimado en 2009. Su crimen sigue sin resolverse. En diciembre de 2011 diversas policías asesinaron a dos estudiantes de Ayotzinapa. Los homicidas están libres. Muchas regiones de la entidad están llenas de cementerios clandestinos que albergan las osamentas de difuntos sin nombre.
 
Acapulco, Iguala, Eduardo Neri y muchos otros municipios más del estado son territorio del narcotráfico. Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia y sus desprendimientos disputan el negocio de la siembra de mariguana y amapola, las rutas y los mercados de estupefacientes, la industria del secuestro y la extorsión. Por eso han brotado como hongos policías comunitarias y autodefensas. Apenas el pasado 12 de septiembre un comando de 100 hombres encapuchados irrumpió en la comunidad de Carrizalillo, donde opera una enorme mina de la canadiense Goldcorp, disparando contra civiles al tiempo que aseguraban que el poblado les pertenece.
 
Como muestran los casos de Iguala y Olinalá, entre otros muchos, esos cárteles gozan de la protección y el apoyo de políticos y policías en los municipios y en el gobierno estatal. Cuando José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, fue señalado como responsable del asesinato de tres opositores a su gobierno, la denuncia fue frenada. El alcalde fue protegido por el Congreso local, por funcionarios del gobierno estatal y por al menos un diputado federal. Nestora Salgado, la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, fue encarcelada en agosto de 2013 en un penal de alta seguridad porque publicó un comunicado de prensa en el que señaló el involucramiento del alcalde de su municipio y de otros funcionarios gubernamentales con el tráfico de drogas.
 
Esas redes de complicidad obligan a desaparecer los poderes en la entidad. Con ellas no hay forma de que se haga justicia. La administración de Ángel Aguirre Rivero se inauguró con el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa. El nuevo crimen contra ellos perpetrado el pasado 26 de septiembre hace necesaria su salida. De por sí, es un mandatario ausente.
 
El gobernador Aguirre no lleva las riendas del gobierno en Guerrero. Para todo efecto práctico, sobre todo en asuntos de seguridad, quien conduce la administración de la entidad es su sobrino, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez, primero coordinador de Proyectos Estratégicos de la administración estatal y ahora asesor externo, con oficinas en Casa Guerrero y personal bajo su mando.
 
Antes de convertirse en el superoperador del gobierno de su tío, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez era un funcionario de medio pelo en el Issste, de donde salió (La Jornada Guerrero, 16/5/09), acusado de desviar recursos millonarios de la institución para respaldar la campaña de su primo hermano, Ángel Aguirre Herrera, como candidato del PRI a diputado federal por el distrito 8 de la Costa Chica.
 
Aguirre Gutiérrez tiene en sus manos la relación con la prensa, con actores políticos y poderes fácticos claves de todo tipo en la entidad, decide en materia de compras, educación y turismo. En los hechos es la mano que mece la cuna del gobierno del estado. Con ese poder no puede ser ajeno a lo sucedido en Iguala.
 
Fueron policías los que dispararon contra los estudiantes de Ayotzinapa y los arrestaron. Fue el director de seguridad pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien ordenó detenerlos. Los muchachos fueron sacados en vehículos oficiales. Para todo fin práctico, las autoridades estatales permitieron que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el director de seguridad pública huyeran. El PRD tardó ¡una semana! en expulsar de sus filas al presidente municipal y, a pesar de las graves denuncias que existían en su contra desde que fue designado su candidato, en 2012, siempre lo protegió y avaló. Y aún ahora sigue defendiendo a Ángel Aguirre Rivero.
 
Si en la región campea el poder del narcotráfico es porque los tres niveles de gobierno lo permiten. Por donde se le vea, Ayotzinapa es un crimen de Estado, pero es también un crimen de lesa humanidad, tal como está estipulado en el Estatuto de Roma de la Corte Internacional Penal. No hay otra forma de nombrar el homicidio de seis personas a manos de policías (tres de ellas estudiantes), la tortura y la desaparición forzada de 43 jóvenes, en su mayoría hijos de campesinos y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. ¡Vivos de los llevaron, vivos los queremos!
 
Twitter: @lhan55

Marcha nacional por normalistas de Ayotzinapa

Marcha en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
4:30pm en plazuela de San Diego.

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos lanzaron una convocatoria nacional para marchar y protestar, mañana miércoles 8 de octubre, en contra de las lentas actuaciones del gobierno estatal y federal para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos y juzgar a los inculpados en el caso.

Total imbricación de la clase política y el crimen organizado, la lección de Iguala.

“Fue muy feo; no puedo borrar imágenes de sangre de ese día”, relato de un alumno.

Informe Sipaz: “la contrainsurgencia sigue operando”. Retroceso, simulacion e impunidad de los DDHH

Derechos Humanos en México – “retroceso”, “simulación” e “impunidad”, afirman organizaciones civiles

SIPAZ

Mientras las reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto siguen avanzando a través de la aprobación de leyes secundarias (en particular en materia energética) y en medio de los rumores acerca de beneficios económicos que los miembros de la actual legislatura se estarían asignando por sus “logros”, se mantienen procesos de movilización y cuestionamientos en cuanto al respeto y la promoción de los derechos humanos.

En julio, por ejemplo, el Congreso mexicano aprobó las leyes secundarias de la reforma en Telecomunicaciones. En los puntos polémicos están la posibilidad de que las autoridades ubiquen en cualquier sitio y en cualquier momento un aparato telefónico por razones de seguridad o en la persecución de un presunto delito; y el hecho que el Estado tenga facultades para ordenar el bloqueo de los servicios de telecomunicaciones en un área determinada. Además, se señala que el proceso legislativo correspondiente estuvo marcado por irregularidades, empezando por la participación de los legisladores que tienen vínculos laborales, empresariales o familiares con las empresas televisivas. Opositores al dictamen afirman que se trata de una “Ley Peña-Televisa”, “un regalo” a dicha televisora para pagarle favores recibidos durante su campaña a la Presidencia, como la calificó el senador panista, Javier Corral Jurado.

Cabe señalar que varias de las movilizaciones se dan por una reforma que todavía no ha sido aprobada, la agraria. Por ejemplo, el 23 de julio, entre 25 (según el Gobierno del Distrito Federal) y 35 mil campesinos (según los organizadores) marcharon en la ciudad de México para exigir una reforma agraria integral, en repudio de las leyes reglamentarias en materia energética y por el respeto a los derechos colectivos.

“Retroceso en la vigencia de los derechos humanos”

Con motivo del periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tuvo lugar en México en agosto, redes y organizaciones civiles pidieron a este mecanismo que realice en breve una visita oficial “ante el retroceso en la vigencia de los derechos humanos” en el país, que ocupa el primer lugar en solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH. En este marco, se presentaron diagnósticos y casos que ilustraron la gravedad del momento.

En junio, el relator especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, presentó el informe de la visita que realizó a México el año anterior. El informe resalta el elevado número de homicidios existentes en México, 100.000 desde el 2006, 70% de ellos relacionados con el narcotráfico. Otras de las críticas surgen por lo que algunos llaman la tendencia del gobierno federal a “desaparecer a los desaparecidos”. Cuestionan que las cifras durante el gobierno de Felipe Calderón y lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto entregadas a la ONU en marzo difieren de las que las autoridades manejan en el país, así como de las recabadas por organizaciones civiles.

En agosto, se llevó a cabo en la Ciudad de México la pre-audiencia “Violencia de Género y Feminicidio” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)-Capítulo México. Se evidenciaron los distintos tipos de violencia hacia las mujeres que ocurren en el país, como feminicidio, discriminación, criminalización, violencia laboral, agresiones a defensoras y periodistas, violencia obstétrica y trata de personas. El Estado mexicano, señalaron el dictamen viola los tratados internacionales que ha firmado y ratificado a través de la “simulación y de la impunidad”.

Uno de los temas de mayor presencia mediática fue el de los migrantes (ver Enfoque). En julio, Carlos Bartolo Solís, director de la Casa de Migrante “Hogar de la Misericordia” de Arriaga, Chiapas, denunció haber recibido amenazas de atentados del crimen organizado. Organizaciones civiles del Sureste han venido denunciando que la nueva estrategia federal hacia mayor control en la frontera Sur contiene “numerosas ambigüedades y mantiene una visión de seguridad nacional, anteponiendo la gestión y control de flujos migratorios por encima de la seguridad humana”.

CHIAPAS: “La contrainsurgencia sigue operando”

En julio, se llevó a cabo la Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en El Limonar, municipio de Ocosingo que se enmarcó en el Eje Guerra Sucia. Abordó el caso de Viejo Velasco que en 2006 sufrió una masacre que dejó un saldo de cuatro personas ejecutadas y cuatro desaparecidas forzadamente. La invitación señaló: “Esta masacre se da en el contexto de guerra contrainsurgente diseñada e implementada por el Estado mexicano, a través del Plan de Campaña Chiapas ’94, cuyo resultado (…) ha sido: 85 ejecuciones, 37 desapariciones forzadas y más de 12 mil personas desplazadas forzadamente, en la zona Norte; y en la zona Altos: la masacre de Acteal donde los grupos paramilitares del PRI asesinaron a 45 personas en su mayoría mujeres e infantes (…) además de provocar el desplazamiento forzado de más de 6 mil personas”.

En agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) denunció en un boletín titulado “La contrainsurgencia sigue operando en Chiapas” que “[e]n los últimos meses, el Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas, se ha caracterizado por una continua agresión hacia las Bases de Apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) con la acción de algunas organizaciones sociales regionales al servicio del Estado”. Sostuvo que el CDHFBC “ha realizado constantes intervenciones ante la gravedad de las agresiones a BAEZLN y la respuesta ha sido la parsimonia gubernamental y su incapacidad de actuación. Esta actitud de indiferencia mantiene y provoca conflictos que son llamados intercomunitarios como una manera de ocultar la contrainsurgencia, el objetivo es generar cansancio entre la población que resiste, que lucha, que va transformado su realidad desde su cultura y sus derechos”.

El 24 de mayo, más de 4 mil (BAEZLN), milicianos, miembros de la Comandancia del EZLN y centenares de personas y organizaciones civiles, nacionales e internacionales se reunieron en la comunidad de La Realidad para dar homenaje a José Luis Solís López, “Galeano”, BAEZLN asesinado el 2 de mayo pasado en este mismo lugar. El Subcomandante Insurgente (SCI) Moisés señaló como responsables del asesinato de Galeano a los tres niveles de gobierno y a personas concretas pertenecientes a distintas instituciones políticas. El SCI Marcos anunció su desaparición e indicó que su figura fue sólo una botarga (pantomima) mediática utilizada como forma de captación de la atención, porque así convenía a los intereses del EZLN, pero que en la actualidad la “farsa del subcomandante” ya no es necesaria. Ello se da dentro de una lógica de cambios internos que derivan en una dirección completamente indígena del movimiento: “el relevo de mando no se da por enfermedad o muerte, ni por desplazamiento interno, purga o depuración. Se da lógicamente de acuerdo a los cambios internos que ha tenido y tiene el EZLN (…) Pero algunos estudiosos no se han percatado de otros relevos: El de clase: del origen clase mediero ilustrado, al indígena campesino. El de raza: de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena”.

El 1° de agosto, 32 BAEZLN de la comunidad Egipto, pertenecientes al Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) San Manuel, municipio oficial de Ocosingo, del Caracol de La Garrucha, se desplazaron de forma forzada, obligados por miembros del Ejido Pojcol, municipio de Chilón. Quince días después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció la persistencia e incremento de agresiones contra BAEZLN en comunidades de Ocosingo y expresó su “preocupación por el inminente riesgo a la vida, integridad y seguridad personal en que se encuentran expuestas las BAEZLN” de las comunidades El Rosario, Kexil, Egipto y Nuevo Poblado San Jacinto. Responsabilizó al gobierno de Chiapas “por hacer caso omiso de los hechos denunciados inicialmente, permitiendo que gradualmente se sigan perpetrando violaciones flagrantes a los derechos humanos con agravantes cada vez más serios”.

Cabe subrayar que estos hechos se dieron alrededor de las fechas de la Primera Compartición de los Pueblos Zapatistas y los Pueblos Originarios de México que tuvo lugar en La Realidad en agosto. Participaron en el evento unos 1.300 delegados y delegadas zapatistas y más de 300 indígenas representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI). Denunciaron las diferentes situaciones de despojo que viven los pueblos indígenas en el país y declararon que “hoy les decimos a los poderosos, a las empresas y a los malos gobiernos, encabezados por el criminal jefe supremo de los paramilitares Enrique Peña Nieto que no nos rendimos, que no nos vendemos y no claudicamos”. Anunciaron que al final del año se realizará el “Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo”.

Chiapas: defensores en la mira

El 29 de mayo, fue detenida una comisión conformada por dirigentes y representantes del Consejo de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, integrantes de la organización ARIC Independiente y Mario Marcelino Ruíz Mendoza, de Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), que acompañaba a la comisión en calidad de mediador. La detención se produjo cerca del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez donde fueron solicitados para iniciar una mesa de negociación. El objetivo de la mesa era, entre otros, la resolución de la situación agraria del conflicto abierto en la reserva de Montes Azules. Tarde esa misma noche, fue liberado el mediador de SERAPAZ. Los demás detenidos fueron liberados al día siguiente, luego de que se firmase en la Ciudad de México un acuerdo con autoridades federales y estatales para reabrir el proceso de diálogo. Los detenidos fueron acusados de motín, ataques a las vías generales de comunicación y secuestro, en relación a las manifestaciones y bloqueos carreteros que se produjeron en Ocosingo durante las semanas previas en protesta por lo que consideran la intromisión de organizaciones ambientalistas en las decisiones tomadas por las comunidades.

En junio, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció actos de vigilancia y hostigamiento en contra de sus integrantes y miembros de otras organizaciones civiles. El 29 de abril, en San Cristóbal de Las Casas, su director, Víctor Hugo López, fue vigilado desde un vehículo cuando se dirigía a una reunión de trabajo. El 23 de mayo, el mismo vehículo se encontraba en el punto donde se estaba formando la Caravana de Solidaridad con destino a La Realidad. Dentro del carro, se identificó a una persona, Felipe Osorio Lazo quien “tomaba vídeo de manera sospechosa”. Los coordinadores de la Caravana le solicitaron identificarse, entregar la cámara y retirarse del lugar. Dentro de la memoria encontraron fotografías y vídeos de miembros del CDHFBC y de otras organizaciones civiles.

En junio, se realizó una peregrinación por parte de unas 3.500 personas de la Parroquia y habitantes del municipio de Simojovel, para orar por la paz y el cese de la violencia, y para pedir a las autoridades “que cierren cantinas, centros nocturnos, de prostitución y de vicio que están dañando a las familias”. El párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, ha recibido amenazas derivadas de estas protestas. En julio, el Pueblo Creyente de Simojovel realizó una nueva peregrinación con las mismas demandas y para denunciar las amenazas de muerte que han recibido integrantes del Consejo Parroquial. Acusaron a las autoridades municipales de favorecer esta situación.

En junio, se conmemoró el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. En ese marco, el CDHFBC presentó el informe “La tortura, mecanismo de terror” que tiene registrados 17 casos recientes en Chiapas.

En una decisión que frena la tendencia al deterioro en el estado, se dio marcha atrás al Código de Uso Legítimo de la Fuerza que había sido aprobado en mayo pasado y cuestionado por limitar el derecho a la manifestación.

Tierra y territorio: viejos y nuevos conflictos

En junio, las y los ejidatarios de San Sebastián Bachajón denunciaron al comisariado ejidal “oficialista” Alejandro Moreno Gómez, por intentar “entregar [tierras] al mal gobierno”, al convocar una asamblea “ilegal” con el propósito de convencer a los tribunales de que la asamblea está de acuerdo con el despojo de las tierras de la comunidad cercanas a las cascadas de Agua Azul. El mismo mes, las y los ejidatarios de Tila denunciaron a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) por realizar proyectos en su territorio sin el consentimiento de la asamblea.

En julio, se llevó a cabo el “Foro Sur-Suroeste de análisis y construcción de alternativas: tenencia, uso y usufructo de la tierra para las mujeres en Chiapas”, en el que participaron aproximadamente 300 personas. Se pronunciaron contra las políticas que buscan despojarlas de sus recursos naturales a través de proyectos petroleros, mineros, ecoturísticos, eólicos, hidroeléctricos, de infraestructura carretera y aeroportuaria, y de saqueo de sus conocimientos tradicionales. Denunciaron que estos proyectos se están llevando a cabo sin consulta ni autorización en territorios indígenas, y con el beneplácito de instituciones gubernamentales.

Finalmente, vale la pena mencionar que se están empezando a dar asambleas en varias partes de la zona por la que pasaría la autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque. Es de prever que su posición se hará pública a partir del próximo mes. También, se han empezado a dar denuncias de la insistencia del gobierno estatal para que este proyecto avance.

LEER COMPLETO: SIPAZ

Violaciones de DH cometidas en contra de estudiantes de la normal rural Raúl Isidro burgos, en Iguala, Guerrero

Red TDT

El pasado 26 de septiembre de 2014, en al menos cuatro eventos violentos relacionados entre sí, en las inmediaciones de la ciudad de Iguala perdieron la vida 6 personas, entre éstas tres estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 20 más resultaron heridas, uno de ellos, un estudiante que se encuentra en estado vegetativo, y 55 se mantiene sin conocerse su paradero.

Cabe resaltar que los estudiantes normalistas sufrieron hechos similares el 12 de diciembre de 2011 , en el que, consecuencia de un operativo fallido de desalojo en la “Autopista del Sol”de una protesta de los normalistas, perdieron la vida tres personas, entre ellos, dos estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús quienes fueron extrajudicialmente ejecutados; tres estudiantes más fueron heridos de bala gravemente y se documentaron al menos, 24 casos de detenciones arbitrarias, 1 caso de tortura y otros 7 más de tratos graves e inhumanos. Estos hechos permanecen en la impunidad y los únicos policías que se encontraban procesados fueron exonerados el año pasado.

II. HECHOS

El día 26 de septiembre de 2014 a las 21:00 hrs., 80 estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos se dirigían a la ciudad de Chilpancingo desde la ciudad de Iguala, a bordo de tres autobuses de la empresa Costa Line, después de llevar a cabo actividades de colecta de recursos para costear los gastos de la Normal. Al salir de la central de autobuses, con dirección a Chilpancingo, varias patrullas intentaron cerrar el paso a los autobuses, empezando a disparar de manera intermitente sin dar advertencia alguna. Después de una persecución, los normalistas fueron cercados, al posicionarse las patrullas 017, 018, 022, 027 y 028 en la parte trasera de la caravana de autobuses. Así, los normalistas descendieron de los autobuses dirigiéndose hacia la patrulla que se encontraba estacionada frente a los autobuses.

Sin mediar palabra los Policías municipales comenzaron a disparar en ráfagas de manera indiscriminada desde las distintas posiciones,cayendo herido en ese instante Aldo Gutiérrez Solano,alumno del primer año, originario de El Refugio, Municipio de Ayutla, Guerrero, quien el día de hoy se encuentra en estado vegetativo. Los estudiantes que se encontraban en el autobús de atrás fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y sometidos, acostándolos en el piso, a un costado de una bodega Aurrerá. El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los Policías municipales continuaban disparando. La balacera tuvo una duración de alrededor de cuarenta minutos.

Los servidores público Municipales se retiraron, llevándose a alrededor de 20 normalistas detenidos en las patrullas 017, 018, 020, 022 y 028, a la vez que algunos estudiantes se reorganizaron en el lugar de los hechos, esperando que arribaran las autoridades del Ministerio Público, para dar fe de los hechos y recoger los indicios.

A las 24.00 hrs, los estudiantes iniciaron a informar sobre los hechos a los medios de comunicación que habían llegado al lugar de los hechos, junto a diversas organizaciones sociales, cuando del periférico norte arribó una camioneta RAM color rojo de la que descendieron varias personas con armas largas que empezaron a disparar indiscriminadamente en ráfagas. El saldo de los eventos fue de dos estudiantes muertos, Daniel Solís Gallardo y un estudiante de primer año de licenciatura bilingüe que no ha sido aún identificado por sus familiares; además de cinco estudiantes heridos graves y dos los profesores que se encontraban ahí. Esta segunda agresión armada duró alrededor de 15 minutos.

A las 7:00 hrs. del día 27 de septiembre, los normalistas se reagruparon en la Fiscalía de la zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE). Los estudiantes comenzaron a declarar sobre los hechos y solicitaron visitar los separos de la Policía preventiva para constatar la integridad física de los estudiantes que habían sido detenidos por la Policía municipal en los primeros hechos sobre la carretera; sin embargo, el Director de Seguridad Publica les dijo que no tenía a ninguna persona en los separos; les permitió verificar y efectivamente no se encontró a ningún estudiante ingresado. Durante la segunda agresión muchos estudiantes se dispersaron por diferentes partes, por lo que a la fecha 57 estudiantes se encuentran desaparecidos, entre ellos los detenidos por autoridades municipales.

A las 16.00 hrs.,estando los estudiantes en la Fiscalía dando seguimiento a las denuncia, el Ministerio Públicoles informó que a tres cuadras de donde ocurrieron los hechos habían encontrado el cadáver de un estudiante con visibles huellas de tortura, sin ojos y desollado del rostro; después de ser identificado por sus compañeros, éstos constataron que se trataba de Julio Cesar Fuentes Mondragón.

En este contexto, se interpuso el día 28 de septiembre de 2014, una denuncia por el crimen de desaparición de personas, en agravio de los 55 estudiantes desaparecidos, que quedó radicada bajo la averiguación previa VRA/03/2385/2014 en la PGJE en Chilpancingo. También se ha iniciado una queja frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Por su parte el Gobierno del estado de Guerrero, ha dado a conocer en un comunicado de prensa, información sobre sus acciones ante estos lamentables hechos y otros dos eventos violentos que sucedieron en el mismo contexto .

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Los otros terremotos que hundieron Haití

Diez años de ocupación
El primer hotel de cinco estrellas en la capital de Haití ha sido financiado con dinero de la reconstrucción, un ejemplo de las oportunidades de negocio tras el terremoto.

IOLANDA FRESNILLO Puerto Príncipe (Haití)
diagonalperiodico.net

 “Desde el primer momento que la Minustah puso un pie en tierra haitiana, sus tropas han violado de forma sistemática los derechos humanos”. Lo dice Monica Riet, uruguaya, que el pasado 6 de mayo se encontraba en Puerto Príncipe como militante de la Coordinadora latinoamericana por la retirada de las tropas de la Minustah, la misión de Na­cio­nes Unidas por la Estabi­liza­ción de Haití. “Es un genocidio silencioso que va más allá de la ocupación militar”, añadía indignada por la participación de tropas uruguayas en la operación militar de la ONU.

La epidemia de cólera iniciada en uno de sus cuarteles a finales de 2010, que se ha cobrado ya más de 8.500 víctimas mortales y más de 700.000 casos de contagio, junto con las numerosas denuncias de agresiones sexuales, la militarización de los barrios populares o su participación en numerosos actos de represión sobre la sociedad civil, se cuentan entre los muchos motivos del rechazo mayoritario a la presencia de estas tropas extranjeras en el país.

Desde las elecciones de 2000, en las que Jean-Bertrand Aristide volvió a la presidencia tras unos comicios contestados por igual por la sociedad civil haitiana y por la comunidad internacional, Haití había vivido numerosas movilizaciones contra el Go­bierno, que derivaron en una fuerte escalada de violencia entre 2003 y 2004. Entre otros, grupos paramilitares financiados desde EE UU avivaron el conflicto hasta la intervención internacional. En febrero de 2004, el presidente Aristide volvía a dejar el país, de forma involuntaria, en un avión estadounidense. Tropas de EE UU, Canadá, Francia y Chile llegaban al país al día siguiente, precediendo el despliegue de la Minustah pocos meses más tarde. Una década después, la Minustah sigue en Haití, con tropas y policías de 50 países, principalmente latinoamericanos y asiáticos, bajo el liderazgo de Brasil.

La presencia de tropas extranjeras en Haití es tan sólo una de las múltiples injerencias políticas y económicas que ha sufrido el país en los dos últimos siglos. La devastación que provocó el terremoto de enero de 2010 no se puede entender sin esas injerencias. Beverly Bell, militante pro derechos humanos de Nueva Orleans, lo describe sin rodeos: “La astronómica destrucción en Haití puede ser rastreada hasta la violencia estructural, las políticas y sistemas que reflejan el colonialismo, imperialismo, racismo y patriarcado, y que se sienten de forma áspera y marcada en las vidas de los más pobres”. Polí­ticas que han continuado después del seísmo, ejemplificando nítidamente lo que Naomi Klein llamó “capitalismo del desastre”.

Tras el desastre, el negocio

El terremoto provocó más de 217.000 víctimas mortales y 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Los costes y pérdidas causadas por el seísmo se estiman en 7.800 millones de dólares, equivalente a más del 120% del PIB haitiano de 2009. Pero más allá del nivel de de-sembolso prometido –alrededor del 60% en los dos primeros años– y de la eficacia de esa ayuda, otra maquinaria se puso en marcha: la del negocio que ofrecía la reconstrucción. Lo que el embajador de EE UU en Haití llamó “la carrera por el oro”.

No se equivocaba. Entre 2010 y 2012, tan sólo el 1,3% del valor contractual de los proyectos de la USAID fueron concedidos a contrapartes haitianas, según el Centro de Investigaciones Económicas y Polí­ticas. De las inversiones de USAID en Haití en 2013, más del 85% fueron a empresas y ONG norteamericanas. La Unión Europea sigue un patrón similar: en 2010 y 2011, el 76,7% del valor de los contratos de EuropeAid en Haití fueron para empresas europeas.

En el negocio de la reconstrucción destacan además los proyectos vinculados a lo que el Gobierno de Michel Martelly ha bautizado como “Haití: open for business”.

Abierto a los negocios

Amparada por los Clinton, la estrategia “abierto a los negocios” se ha dotado de una serie de apoyos institucionales entre los que destacan el Centro de Promoción de Inver­siones y el Consejo Presidencial Asesor sobre Crecimiento Econó­mico e In­versión en Haití, del que forma parte el expresidente José Ma­ría Aznar.

Ejemplos de cómo se está gestionando la reconstrucción son la minería, el turismo y la industria textil. Las reservas mineras de Haití, fundamentalmente de oro, han levantado interés entre empresas canadienses y de EE UU. Éstas han desembarcado ya en el país con la ayuda del Banco Mundial, que apoya financieramente y ayuda a redactar la nueva ley de minería. Sin información ni consultas a la población, han empezado ya las exploraciones en el norte del país, no sin resistencia de la población, que se empieza a organizar frente a esta nueva amenaza. En el sector turístico se han financiado con fondos para la reconstrucción, privados y públicos, numerosos hoteles y proyectos. Uno de ellos ha sido la construcción del primer hotel de cinco estrellas de la capital haitiana, Royal Oasis, con fondos de la Bush Clinton Haiti ­Fund recaudados para la reconstrucción del país y gestionado por la cadena española Occidental Hoteles. El Banco Mundial acaba de otorgar 45 millones de dólares para desarrollo turístico y está cofinanciando la construcción de otro hotel de lujo junto con la cadena hotelera Marriot. Vene­zuela, con fondos de Petroc­a­ribe, es uno de los financiadores del proyecto turístico de Île-à-Vache, fuertemente contestado por la población afectada.

En el ámbito de la industria, la estrategia es la construcción de, al menos, diez nuevas zonas francas industriales. Algunas de ellas como la de Caracol, en el norte del país, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros fondos para la reconstrucción. Haití cuenta ya con más de 30 fábricas, principalmente textiles, que gozan de condiciones favorables para la exportación a EE UU, ya que no pagan aranceles. Se­gún Mirlen Joanis, del Centro de Promoción de Mujeres Obreras, “las condiciones de trabajo son degradantes y a menudo se dan casos de acoso sexual en los lugares de trabajo, a lo que hay que añadir la violación sistemática de las leyes que marcan las condiciones laborales”, incluyendo la prohibición de la práctica de organización sindical.

Allí se cosen productos para empresas como Levi’s o Fruit of the Loom, que en 2009 presionaban al Gobierno haitiano, con la ayuda de la Administración de EE UU, para mantener el salario mínimo en poco más de 80 gourdes al día (1,2 euros). Las movilizaciones masivas de las trabajadoras consiguieron arrancar entonces una subida de 200 gourdes al día (3,6 euros). Ante el mísero incremento en 2013 de 25 gourdes (menos de medio euro), las trabajadoras de las zonas industriales de Puerto Príncipe iniciaron nuevas movilizaciones. Reclaman un salario mínimo de al menos 500 gourdes al día (8,3 euros) y derecho a la seguridad social. La cesta mínima de comida tiene un coste de 429 gourdes, y el coste de vida (incluyendo vivienda, transporte y otros gastos) está por encima de los 1.000 gourdes al día.

Presumir de salarios bajos

De hecho, el Gobierno haitiano presume públicamente de tener salarios más bajos que México, República Dominicana, India o incluso China y Paquistán, y tan sólo unos céntimos de dólar por encima de Bangladesh o Camboya, por más horas anuales de trabajo. Presumen también de ofrecer condiciones excepcionales a las empresas inversoras: 0% de impuestos sobre los beneficios, 0% sobre las ventas y 0% de impuestos añadidos. Unas condiciones que se repiten para las empresas turísticas que inviertan en el país. Según el propio FMI, dichas exenciones se deberían revisar para incrementar los ingresos fiscales del Estado, pero siempre “sin poner en peligro el interés de las empresas inversoras”.

Para Nixon Boumba, activista del Movimiento Democrático Popular, “la reconstrucción en Haití se ha convertido en una vasta operación de capitalismo del desastre, que no busca socorrer a las víctimas, sino servirse de las víctimas y de la catástrofe para hacer beneficios”.

Guatemala: Desalojo violento en Monte Olivo

Convergencia Waqibkej

En seguimiento al desalojo violento que está perpetrando las fuerzas de la policía nacional civil de Guatemala, el cual se está llevando acabo en la Comunidad de Monte Olivo, se encuentran 4 comunitarios detenidos entre los cuales se encuentran: Isabela Choc, Cristina y Cármen Hun y Magdiel Ical Hun de los cuales no se ha determinado a donde los han llevado.

Este desalojo violento lo está llevando acabo un contingente mayor a las 75 radiopatrullas de las fuerzas policiales, los cuales han lanzado bombas lacrimógenas, intoxicando e hiriendo a niñas, niños, hombres, mujeres así como mujeres en estado de gestación, violentando los derechos humanos de la población comunitaria.

La comunidad Monte Olivo, este sitio es símbolo de la resistencia pacífica que mantiene ésta comunidad pues ahí permanecen en un plantón permanente.

Así mismo nos informan que quien directamente está dirigiendo el operativo violento es el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla.

Dentro de este operativo están quemando la vestimenta de la población con mayor énfasis en los cortes (faldas) de las mujeres.

En declaraciones del compañero comunicador de la comunidad de Monte Olivo nos comenta sobre lo acontecido durante esta nueva jornada de violencia del Gobierno de Otto Pérez Molina.

NOTAS:
NUEVAMENTE COMUNIDADES HAN SIDO VIOLENTADAS POR LA MAQUINARIA REPRESORA DE PÉREZ MOLINA

En territorio Q´eqchi´La solidaridad se fortalece desde el mismo pueblo
La solidaridad, el apoyo a quienes están sufriendo represión estatal se suman muchas otras voces para expresar su descontento, indignación por tanto abuso y la situación de violaciones a los derechos humanos y el ambiente de crisis que está generando el gobierno. La falta de garantías constitucionales, los secuestros, asesinatos, desalojos, cateos, detenciones sin órdenes judiciales son una preocupación para mucha gente

En territorio Q´eqchi´: Detenciones arbitrarias y violentas
Lo ocurrido ahora en algunas comunidades de Alta Verapaz y la crisis que está ocasionado el gobierno en donde han detenido a personas que ejercían su derecho de protesta, está relacionado con lo que ocurre en otros lugares para proteger a las empresas nacionales o transnacionales.

Carta: Queremos la Minustah a fuera de Haití

Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra México 

Junio de 2014

¡Queremos la Minustah a fuera de Haití!

A las embajadas en México de cada país participando a la Misión de estabilización de las Naciones Unidas,
En particular a las embajadas en México de los países americanos contribuyendo en la Minustah (Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay), Y a la embajada de Haití en México,

Descargar Carta PDF

Pedimos la retirada definitiva de las fuerzas de las Naciones Unidad de Haití, tras 10 años de ocupación ilegitima.

Desde el 1er de junio de 2004, una fuerza internacional coordinada por la ONU ocupa el suelo haitiano sin legitimidad. La llamada Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) cuenta hoy con efectivos de 9 407 personas provenientes de 56 países, dentro de ellos 5 219 soldados y 2 149 policías, negando la capacidad de los haitianios a gobernarse de manera soberana y violando en varias ocasiones los derechos humanos.

Nosotros, como miembros de la asociación civil mexicana Otros Mundos, A.C. representante de la federación ambientalista Amigos de la Tierra en México, pedimos a Haití y cada uno de los estados participando en la misión, la retirada definitiva de la Minustah. Nuestro mensaje se dirige en particular a nuestros vecinos del continente americano que mandaron soldados y policías en el país caribeño: Argentina, Brasil (el actual comandante de la fuerza de la Minustah es brasileño), Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay.

Cabe recordar que de 1915 a 1934, el ejercito norteamericano ocupó Haití, con el pretexto de acabar con la crisis política que sacudía el país en este momento (el ultimo presidente había sido asesinado). La historia se repitió hace 10 años cuando el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la herramienta de Estados Unidos para asegurar su poder en la escena internacional, decidió enviar cascos azules en Haití bajo la resolución 1542. Justificó su injerencia con la necesidad de “mantener un entorno seguro y estable” en el país tras la oleada de violencias que se desató después de la salida forzada del ex-presidente Jean-Bertrand Aristide en febrero de 2004, organizada por Washington y Paris.

La Minustah nunca impulsó el proceso democrático en Haití, mientras afirmaba que su presencia era necesaria para “organizar, supervisar, y llevar a cabo elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales libres y limpias”. Sucedió todo el contrario. El proceso electoral de 2010-2011, que se desarrolló ante los ojos y con el aval de los representantes de la ONU y que llevó al actual presidente Michel Martelly al poder, fue uno de los más violento y fraudulento de la historia de Haití.

En vez de “proteger a los civiles que se encuentren en riesgo inminente de violencia física” en Haití, como lo pretendía, el personal de la Minustah cometió crímenes en contra de la población local. Se registraron casos de abuso sexual y de recurso a la prostitución, que la propia ONU tuvo que reconocer. Se declaró “indignada” ante estos crímenes y abrió investigaciones pero nunca cuestionó su presencia en el país.

Además, estallaron numerosos enfrentamientos violentes entre cascos azules y civiles haitianos. En noviembre de 2010 por ejemplo, un haitiano fue asesinado por las tropas de la ONU y al menos diez otros personas fueron heridas durante una protesta contra la presencia de la Minustah.

Estos manifestantes estaban acusando a la Minustah de ser responsable de la introducción del cólera en Haití en octubre de 2010, cuando llegaron cascos azules provenientes de Nepal y portadores de la enfermedad. Como lo enseñaron varios estudios científicos independientes, por ejemplo el de la universidad norteamericana Yale Law School, las infraestructuras del campo donde estaban instaladas las tropas nepaleses eran muy mal diseñadas. Esta negligencia fue fatal ya que sus aguas residuales se vertieron directamente en el río Artibonite, el río mas grande del país, contaminando a la población. Así que 2000 personas murieron del cólera dentro de solo un mes.

Hasta la fecha, la epidemia no fue erradicada en Haití, donde se registraron 8 556 muertos y otros 701 961 personas infectadas desde su aparición, según el ultimo informe de la oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios en Haití (ver el informe en inglés o en francés). La ONU lucha hoy para la erradicación de la enfermedad, pero nunca reconoció su responsabilidad en esta catástrofe humanitaria.

Ante estos 10 años de fracasos y de violaciones de derechos humanos, exigimos la retirada de las fuerzas de la ONU de Haití. Esta decisión respectaría la voluntad del pueblo haitiano : según una encuesta hecha en Port-au-Prince en 2011 por la Universidad de Estado de Haití, solo un 24.2% de los habitantes de la capital piensan que la presencia de la Minustah es “una buena cosa”, mientras 40.9% piensan el contrario.

No somos ingenuos. Sabemos bien que la Minustah no está el suelo de nuestra vecina caribeña para defender a su pueblo, sino para defender los intereses de los países ocupantes. En efecto, el territorio haitiano es una fuente de riquezas naturales muy grande, para las empresas mineras en particular. Según el Observatorio de conflictos mineros de América latina, un tercio del norte de Haití es el objeto de investigaciones y de labores de exploración por parte de empresas extranjeras. Cerca de 2.400 km² de sus tierras ya están destinados a compañías haitianas que representan intereses de compañías de Estados Unidos y Canadá, añadió el OCMAL.

Por eso, ¡ nos solidarizamos con el pueblo haitiano y exigimos el fin de la Minustah ¡

OTROS MUNDOS, AC/AMIGOS DE LA TIERRA MEXICO