Ciudad rural sustentable, nuevo nombre, viejas carencias

Ciudad rural sustentable, nuevo nombre, viejas carencias

-En Santiago El Pinar cumplen ya seis meses sin agua
-La gran mayoría de las 115 viviendas están abandonadas
-“Si ya no hay trabajo, me voy pa’ mi casa en el pueblo”


Rosa Rojas, Periódico La Jornada
Fotos Moysés Zúñiga Santiago

ciudad ruralSantiago El Pinar. Chis. En la manzana 8 de la Ciudad Rural Sustentable (CRS) erigida en una escarpada loma, a unos cuatro kilómetros del centro de este municipio tzotzil, Vicente Hernández Hernández, su esposa, tres niñas y un varoncito son una de las quizá 20 familias que habitan esta aglomeración de 115 casas nuevas, construidas con páneles de madera prensada y/o tablarroca y techos de loseta de hormigón liviano. «Los demás se fueron porque hace seis meses no hay agua».

Esta CRS, que según medios locales costó 394 millones de pesos, es una de las más notables obras de relumbrón que salpican el paisaje de los Altos chiapanecos como ejemplo de que la inversión en el combate de las causas estructurales de la pobreza no es una prioridad frente a la remodelación de plazas, grandes auditorios, canchas techadas, palacios municipales y locales comunales.

Hay quienes, como la Misión Civil de Observación a las CRS de Sipaz, sostienen que hay «intereses económicos y políticos ocultos» detrás de este programa que «ha violado y continúa violando el derecho a la libre determinación de los pueblos y las comunidades a las que ha reubicado y a las que pretende desplazar de su territorio», para dar paso a las mineras trasnacionales y las obras de infraestructura necesarias para dotarlas de energía eléctrica.

Analistas como Hermann Bellinghausen –colaborador de este diario– y Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de Nutrición, han planteado que el programa de las CRS cumple una función de contrainsurgencia sistemática para desarticular y expulsar de su territorio a las comunidades indígenas, y en el caso de Santiago El Pinar, la CRS está ubicada cerca del caracol zapatista de Oventic y de los municipios autónomos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres y de San Juan La Libertad, anota el informe de Sipaz.

Planeada para dotar de servicios básicos –electricidad, agua potable, educación, salud– a la población dispersa, la CRS Santiago El Pinar fue inaugurada por Felipe Calderón a fines de marzo de 2011. Esta fue la segunda CRS, después de la de Nuevo Juan del Grijalva, y de acuerdo con un reporte de la Red por la Paz en Chiapas había dos más en construcción en Ixhuatán y Jaltenango, una más en planeación, en el Soconusco, y dos villas rurales sustentables en Jitotol y Emiliano Zapata.

Aquí, doña Cristina Hernández Montejo comenta que en la Clínica de Servicios Básicos, que funciona en la CRS, le dijeron que las niñas –de seis, cinco y dos años– están desnutridas, el niño –al que todavía amamanta– está bien, igual que ella y su esposo. La familia se cambió la tercera semana de enero pasado a esta casa que le dieron a Vicente hace año y medio como trabajador de una fábrica que funcionaba en el pueblo. Él no sabe si se la van a cobrar –»sólo nos pidieron acta de nacimiento y credencial de elector»– o cuánto va a pagar de electricidad ahora que le instalaron el medidor.

Calle tras calle los enviados de La Jornada pudimos ver algunas casas cuyas ventanas lucían cortinas, pero en las que no había gente una tarde de sábado, y decenas más cuyas puertas abiertas permiten constatar el saqueo y la destrucción que campea por sus fueros, pese a una patrulla de la policía municipal con la que nos cruzamos al llegar.

De las casas que están abiertas han desaparecido los muebles de baño; fueron arrancados los contactos e interruptores eléctricos, están rotas muchas puertas y cerraduras y hay hoyos en las paredes, evidentemente causados por golpes, que permiten divisar la endeble armazón de madera que sostiene la tablaroca.

Hay un tanque arriba para darle agua a la ciudad y una bomba, pero nadie sabe manejarla, comenta Vicente. Explica que en la misma calle viven otras dos familias emparentadas con su esposa. Todos juntan el agua de lluvia en bidones y la guardan para subirla a la casa, sostenida por postes de cemento debajo de la cual está el tinaco, o caminan un par de kilómetros hasta el pozo «que está abajo» para acarrearla.

Cuenta también que al cambiar el gobierno –salió Juan Sabines y entró Manuel Velasco–cerraron la fábrica de triciclos metálicos, sillas para escuela y carritos de paletas, cuyos productos compraba el gobierno estatal y le quedaron a deber cuatro quincenas. “Si ya no hay trabajo me voy pa’ mi casa en el pueblo”, comentó él en su limitado español, quejándose de que tiene que caminar varios kilómetros para ir a trabajar en su milpa.

ciudad ruralCristina informa que ella recibe de Oportunidades 700 pesos cada dos meses por las niñas, que las tiene que llevar cada 15 días a la clínica «para que las pesen» y le dan cuatro sobres de leche en polvo, que tiene que preparar con agua hervida, tres litros de leche, un kilo de frijol y dos kilos de maseca cada dos meses. Ella se queja de que cuando llueve el agua se mete por el techo y los marcos de las ventanas. Antes había un Súper Chiapas en la CRS pero lo cerraron porque nadie compraba.

Vicente nos invita a pasar a su casa. Los únicos muebles son dos banquitos de madera, casi al ras del suelo, y una cubeta de plástico de 20 litros a la que le da vuelta para sentarse. En las recámaras, sarapes en el piso. La pintura del suelo está toda descascarada. En la tarja de la cocina, sobre una parrillita eléctrica, hierve un poco de agua en una ollita ennegrecida en el fogón de leña, ahora instalado a un costado de la casa, protegido de la lluvia por una lámina de zinc que descansa en morillos de madera.

En la manzana 2, lote 9, vive la familia de Antonio Pérez Rodríguez. En la casita de seis por siete metros viven cuatro adultos y ocho niños. Antonio cuenta que les gusta más vivir acá, en la casa que le regaló el gobierno, que abajo en el pueblo, a unos cuatro kilómetros, sólo que la vivienda está chiquita y cuando llueve entra agua por el piso, por el techo y por el marco de las ventanas. Dice que hay poca gente viviendo acá porque hace seis meses que no hay agua potable.

Al fondo del patio, sobre el rectángulo de cemento de unos dos por dos metros, donde las casas de esta ciudad rural tienen el lavadero cubierto con una lámina, la familia de Antonio construyó un cuarto de block que ahora les sirve además de cocina.

Antonio explica que ellos van cada semana a Larráinzar a hacer el mercado y gastan 20 pesos en el pasaje de ida y vuelta. El tiene dos hectáreas donde trabaja la milpa y cosecha de 500 a 600 kilos de maíz al año para el autoconsumo; de café cosecha unos 300 a 400 kilos que este año están pagando los coyotes a 24 pesos el kilogramo.

Para completar el gasto trabaja de peón de albañil en Cancún de junio a diciembre, ganando mil pesos semanales; es poquita la ganancia, acota, porque renta un cuarto que le cuesta 500 pesos mensuales, y el pasaje de aquí a Cancún cuesta mil 600 pesos ida y vuelta. Su familia recibe mil pesos de Oportunidades cada dos meses por los cuatro niños que van a la escuela.

En la clínica de la CRS había una doctora y dos enfermeras dando atención. En el tablero de anuncios el reporte de atenciones en 2012 consignaba que se dieron 6 mil 763 consultas de medicina general, mil 362 de nutrición, 950 de sicología, 341 de odontología. Erick Fabián Ruiz Trujillo, encargado de administración el fin de semana, informó que en la clínica laboran cinco médicos generales, tres especialistas: un odontólogo, un nutricionista y un sicólogo, que atienden cinco localidades de Santiago con 906 personas asignadas; a las otras localidades las atiende el IMSS-Coplamar ubicado en el centro del pueblo. Dicha clínica estaba cerrada esa tarde.

Unos metros abajo de la clínica de la CRS, se encuentra una bodega con el letrero: Cuenca Cafetalera Santiago El Pinar-Larráinzar-Aldama. Complejo integral para la producción, transformación y comercialización del café. Estaba cerrada, pero le preguntamos al vigilante de la clínica si funciona. El contestó que funcionó de diciembre de 2010 a marzo de 2011 cuando compró la cosecha de café, pero que este año, aunque es época de cosecha, no la han abierto.

Ciudades rurales sustentables, el fracaso de Sabines

Ciudades rurales sustentables, el fracaso de Sabines

Isaín Mandujano – Proceso – 25 de agosto de 2012
Reportaje Especial
 
sabinesEl proyecto de ciudades rurales sustentables, que tanto presumió el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, es hasta ahora un fracaso. Sólo hay dos, pero ya se planea la construcción de más. Especialistas que visitaron una de ellas advierten la serie de defectos del proyecto –en su momento avalado por el representante de la ONU en México–, señalan sus riesgos y carencias, recomiendan que no se copie el modelo en otras entidades y exigen que se transparenten los millonarios recursos que se usaron para construir esa ciudad fantasma.
 
SANTIAGO EL PINAR, CHIS. (Proceso).- En la pronunciada ladera de una montaña hay 115 casas que parecen abandonadas. Muchas están invadidas de hierba, otras están saqueadas, con las paredes rotas por ladrones que se llevan las tarjas, lavabos y excusados. Parece un pueblo fantasma.
 
Se trata de la Ciudad Rural Sustentable de Santiago El Pinar, un complejo que costó 394 millones de pesos y se instaló en unas 40 hectáreas para, según el Instituto de Ciudades Rurales del Gobierno de Chiapas, “concentrar localidades dispersas y facilitar la dotación de servicios básicos de calidad y alternativas productivas con empleos dignos y remunerados”.
 
Pero ninguna de las casas tiene ahora agua potable ni luz eléctrica. Sólo fueron ocupadas y tuvieron servicios unos meses, luego de que Felipe Calderón y el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero la inauguraran el 29 de marzo de 2011.
 
Con el aval del entonces coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Magdy Martínez Solimán, esta fue la segunda ciudad rural fundada. La primera fue Nuevo Juan de Grijalva, el 17 de septiembre de 2009.
 
A diferencia de las 410 de Nuevo Juan de Grijalva, las más de 100 casas de Santiago El Pinar se ven endebles. Se hicieron con materiales prefabricados y en 30 metros cuadrados tienen “sala-comedor, cocina, baño y dos recámaras”.
 
El martes 14 este corresponsal recorrió las calles de Santiago El Pinar. En el centro de salud no había médicos ni enfermeras; en la oficina de registro civil, sólo un empleado. En las granja avícola las gallinas estaban solas, nadie las cuidaba. Solamente se vio a Miguel Pérez y a su esposa, tzotziles, salir de una vivienda y caminar unos 500 metros montaña arriba con tres pequeñas cubetas para traer agua de un manantial.
 
Con ayuda de un traductor don Miguel, que no habla español, cuenta a este semanario que todos se fueron porque acá no hay agua, no hay luz y tampoco espacio para hacer “fogón afuera de la casa”, además de que el terreno está muy inclinado y es peligrosos para los bebés que gatean o los niños que juegan en las calles.
 
Dentro de la casa –hecha de madera– no pueden encender una fogata. Muchas familias son numerosas y no caben en las viviendas. Vivir acá sólo les genera más necesidades y gastos y no tienen dinero para ello. Además en las rancherías, parajes y comunidades en las que suelen habitar siempre hay cerca un arroyo o un manantial. Aquí no.
 
Casi todos se fueron. Las casas ocupadas no pasan de una veintena.
 
Lo único que parece tener vida en Santiago El Pinar es la ensambladora de bicicletas y triciclos, donde laboran unas 150 personas. Trabajan para el único comprador que tienen: el gobierno estatal. Cada viernes de audiencias públicas ciudadanas el gobernador Sabines regala triciclos que luego sus dueños habilitan como bicitaxis o carritos para vender comida.
 
El gran fracaso
sabinesNicolás Santiz Rodríguez, director de obras públicas del ayuntamiento de Santiago El Pinar, afirma que les dijeron que las casas deben durar entre 50 y 60 años, pero que por las condiciones climática de la zona –frío en invierno y calor húmedo el resto del año– no cree que duren más de 10 años.
 
Sebastián Gómez Gómez, regidor del ayuntamiento, dice que la gente se fue por la falta de agua y luz eléctrica. El líquido escaseó porque no hay personal capacitado que maneje el sistema de bombeo. No hay luz porque la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro hasta en tanto no se le pague la deuda del municipio, cuyo monto no quiso revelar.
Del 13 al 20 de junio de 2011, tres meses después de la inauguración de Santiago El Pinar, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, recorrió la ciudad sustentable.
 
En contraste con lo que han elogiado las agencias de la ONU en México, las observaciones del relator contenidas en el informe dado a conocer a mediados de 2012 no fueron halagüeñas para el más ambicioso proyecto sabinista, concebido para erradicar la pobreza en Chiapas.
 
Entre las observaciones y recomendaciones hasta ahora ignoradas por las autoridades locales, consideró indispensable realizar “una evaluación exhaustiva de las experiencias de Nuevo Juan de Grijalva y Santiago El Pinar antes de que se establezcan más ciudades de ese tipo”.
 
Las cooperativas que encontró funcionando en las localidades que visitó “son apenas viables debido a la falta de capacitación adecuada sobre comercialización y de apoyo adecuado para la negociación de contratos con posibles clientes.
 
“Aunque las autoridades hicieron inversiones importantes con el apoyo de la comunidad internacional en favor de la producción, ello no ha ido acompañado del fomento de la capacidad adecuado para mejorar el acceso a los mercados en pie de igualdad”, apuntó De Schutter en el informe entregado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra, y que luego fue repartido al gobierno mexicano y a las autoridades de los estados que visitó.
 
Sigue: “Aunque la práctica de la agricultura de subsistencia puede constituir una red básica de seguridad para las familias rurales más pobres, cuyo acceso a los alimentos, de lo contrario, depende completamente de los precios de mercado, y puede contribuir a la diversidad de la dieta, es posible que algunos habitantes de las recientemente establecidas ciudades rurales sustentables no puedan seguir cultivando sus tierras, debido a la distancia geográfica que los separa de sus nuevas viviendas”.
 
Esto entre otras recomendaciones que al parecer no han sido tomadas en cuenta por los impulsores del proyecto.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1869, ya en circulación)

El verdadero rostro de la Ciudad Rural Sustentable de Santiago El Pinar

El verdadero rostro de la Ciudad Rural Sustentable de Santiago El Pinar

Carlos Herrera/Corresponsal. MIRADA SUR
santiago el pinar
Santiago El Pinar, Chis. 3 de Marzo. Promovida hasta el cansancio por el gobierno de Chiapas como la solución a la pobreza en la que viven miles de indígenas chiapanecos, a un año de haber sido inaugurada por el presidente Felipe Calderón, la Ciudad Rural de Santiago El Pinar muestra su verdadera cara: poca viabilidad para vivir, falta de servicios como agua potable y luz eléctrica, casas reducidas.

Por esa situación, de los más de dos mil habitantes de cinco comunidades de Santiago El Pinar (Nachón, Pechiltón, Ninamó, Pusiló, y cabecera municipal), que habitarían este centro poblacional, sólo 10 familias han estado viviendo parcialmente en las pequeñas viviendas hechas de tablaroca.

La visita que hizo hace días MIRADA SUR a la Ciudad Rural coincidió con un recorrido que realizó una comisión interinstitucional conformada por personal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), gobierno del estado de Chiapas y Ayuntamiento de Santiago El Pinar.

“Así no vamos a poder vivir, la pared no es durable, no es de concreto; no habrá una posibilidad de una casita de material, eso hay que recomendarle al gobernador, y ahorita como no hay agua está sufriendo la gente, hay problemas de luz, no hay suficiente recursos”, señaló Domingo Gómez Rodríguez, al momento en que los funcionarios le preguntaban sobre su situación.

“Cómo quiere el gobierno que vivamos en estas casitas”, cuestionó el indígena, que estaba acompañado de su esposa cuando llegaron representantes del PNUD, del gobierno del estado y municipal.

Apoyado de un traductor, el indígena tsotsil dijo que “hay personas que tienen familias con cinco o seis hijos, y con esta casita no hay espacio suficiente, no pueden jugar los niños, no podemos tener los animales de corral, no hay dónde cocinar, no hay espacio como teníamos en la comunidad”.

En entrevista, Domingo Gómez Gómez, síndico municipal de Santiago El Pinar, informó que el viernes 24 de febrero llegaron “de Naciones Unidas para checar lo que nos dieron el año pasado, pero hay partes que no están funcionando, como la planta de agua potabilizadora, no hay luz ni agua”.

“Las pocas familias que acá viven se están quejando porque las casas fueron muy pequeñas, hay familias que tienen de cinco a siete hijos, vienen a vivir y no van a poder entrar todos”, indicó el síndico.

Explicó que la constructora no pavimentó el camino que comunica a la planta potabilizadora, el hospital no funciona las 24 horas y no tiene agua potable (usa agua de un manantial pero no está clorada).

Gómez Gómez, quien acepta hablar sobre la problemática que enfrentan, reveló que con la construcción de la Ciudad Rural aumentaron los gastos para el Ayuntamiento, ya que ahora “hay personal que trabaja en Ciudad Rural, como veladores, y tenemos muy poquito techo financiero, ya cubrimos una parte, pero no va a alcanzar para pagar a todos los empleados que hay ahora”.

Detalló que a la Comisión Federal de Electricidad le deben más de un millón 600 mil pesos, por eso les cortaron la luz y desde el 24 de febrero tenían más de tres semanas sin luz en toda la Ciudad Rural; “el año pasado todavía pagamos un poquito, como 400 mil pesos del recurso del Ayuntamiento, pero como tenemos muy pocos recursos, no podemos ahora pagar la deuda”, sostuvo.

“Necesitamos principalmente luz y agua potable, no hay dónde tomar agua, por eso no viene a vivir la gente a la Ciudad Rural; le estamos recomendando a Naciones Unidas que hagan algo, por eso estamos haciendo un recorrido, el hospital no está funcionando las 24 horas por el problema que no hay luz ni agua, la calle para subir a la planta potabilizadora no se terminó”, afirmó.

Tal vez previendo la creciente inconformidad por la mala calidad de las casas, el gobierno de Chiapas ha iniciado la construcción de concreto de un anexo, a lo que le ha denominado cocina, que más bien parece un tapanco, situado junto a las pequeñas viviendas, en área de 6x3mts.

Pobladores confirman problemas:
santiago el pinar
El Coordinador Comunitario, Macario López Gómez, originario de la comunidad de Nachón, municipio de Santiago El Pinar, dio a conocer que “acá se están presentando muchos problemas como es la falta de agua potable, no contamos con agua desde que se entregó la Ciudad Rural, no está funcionando el sistema de agua potable que estaba en el programa, no se concluyó”.

Señaló que “la empresa ha dejado abandonada la obra, no lo ha podido terminar, no hizo la pavimentación del camino donde se encuentra el tanque de agua, no hemos tenido beneficio del agua”.

Dijo que las pocas personas que acá viven tienen agua por medio de arroyos cuando es temporada de lluvias y en época de sequía, las mujeres son las responsables de ir a buscar el agua.

Reveló que cuando el gobernador Juan Sabines realiza una visita, funcionarios menores suben agua al tanque de almacenamiento con pipas, “para que así crea que está funcionando el sistema de agua”.

Confirmó que hay “problemas con el alumbrado público y luz domiciliaria, la Comisión Federal de Electricidad nos ha estado viniendo a cortar la luz por falta de pago, y son familias que apenas habían llegado a vivir a la Ciudad Rural, se regresaron por la falta de agua y luz, principalmente”.

Aseguró que se necesita de agua para que regresen a vivir las familias, los servicios públicos básicos deben existir para que una familia pueda estar en buenas condiciones, “que no tengan enfermedades que pongan en peligro su vida; le pedimos de favor al gobierno del estado que intervenga”.

Las casas fueron hechas “con un material de muy mala calidad, una familia no puede vivir ahí, es muy incómodo, está muy reducida, no cabe una familia, es una burla lo que nos dieron, es de tablaroca; podría ser que no les guste a la gente, pero si hubiera todo el servicio, como luz y agua, la gente vendría a vivir, no les importa mucho cómo esté su casa, sino que puedan dormir”.
“Queremos un servicio en el hospital de 24 horas; no están funcionando las dos ambulancias, porque la presidencia municipal no tiene recursos para comprar la gasolina, y la gente lo que hace es cooperar con la gasolina para trasladar al enfermo que requiera ir a otro hospital”, informó.

Pero lo inaudito es que para llenar la cisterna del hospital, utilizan el agua que proviene de un manantial que se resiste morir y que quedó debajo de la construcción de la zona del mercado, “no sé si esa agua esté limpia, pero ahí conectan una manguera para llenar el tanque de agua del hospital”.

Un centro población sin futuro:

Macario López cuenta que la Ciudad Rural se hizo para reubicar a las persona que viven muy alejadas, construyeron 155 viviendas, “pero están viviendo ahorita unas 10 a 15 familias por lo mismo que no hay servicios”.

“Nos falta muchas cosas para hace funcionar la Ciudad Rural, más que nada lo que le pediríamos de favor al gobierno es que resuelvan el sistema de luz y el agua, porque son servicios básicos importantes para que puedan vivir las familias, es lo mínimo que debe tener la gente”, agregó.

Macario López Gómez dijo que “no sabemos cómo va a quedar lo del agua, el pozo ya está disponible (se ubica en un cerro), pero no hay agua, no está funcionando la bomba, necesita que haya luz”.

Añadió que las organizaciones que simpatizan con el EZLN “no aceptaron” la Ciudad Rural, “pero no tenemos problemas con ellos, no participan por cuestión política, están ajenos al gobierno, son como un 25% de la población de Santiago El Pinar, pero no nos metemos en problemas”.

Seminario Otros Mundos: Martes de Cine: videos sobre las Ciudades Rurales Sustentables

Seminario permanente de la sustentabilidad

invita:

Martes de cine (con conciencia) en Kinoki

este martes 19 de julio, a las 7:30pm:

VIDEOS SOBRE CIUDADES RURALES SUSTENTABLES

con debate posterior

entrada gratuita, en:

FORO CULTURAL INDEPENDIENTE KINOKI
Belisario Domínguez 5A esquina con el Andador Guadalupano
centro de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

Seminario Otros Mundos: CIUDADES RURALES SUSTENTABLES

Seminario permanente de la sustentabilidad
invita el conversatorio sobre:

CIUDADES RURALES SUSTENTABLES

con la presencia de testimonios de desplazados, estudiosos e investigadores del tema, y más participantes.
Esperamos tu asistencia.

seminario

Martes 5 de julio de 2011, 18 horas
En el espacio Cultural EL PALIACATE
5 de mayo # 20. Centro. San Cristóbal de Las Casas.

Para más información, videos y textos, te invitamos a visitar:
http://seminariootrosmundos.blogspot.com/

La situación actual de los damnificados por el taponamiento del río Grijalva

La situación actual de los damnificados por el taponamiento del río Grijalva

Difusión Cencos México D.F., 20 de junio de 2011
Boletín de Prensa
Limedh

    * Informe: Caracoles Anegados. La situación actual de los damnificados por el taponamiento del río Grijalva.
    * Si el Gobierno de Sabines no atiende y resuelve hoy, mañana le pasará lo que a Mendiguchía.
    * Urgimos a la CNDH y al CDH de Chiapas a que agilicen y valoren las recomendaciones respectivas.
    * También, las fundaciones como Azteca y Fomento Social Banamex, entre otras deben de investigar posibles fraudes en la construcción de la Ciudad Rural, para favorecer que la gente siga donando para ayudar a la población en casos de catástrofes.

ciudad rural sustentableHan pasado más de tres años del desastre que hizo desaparecer por entero la comunidad Juan de Grijalva en Chiapas y, hasta hoy, además de brindar la oportunidad perfecta al gobierno de ese Estado para poner en marcha el ambicioso proyecto de Ciudades Rurales, más que solucionarse problemas en la zona, se ha generado la confrontación dentro de comunidades afectadas, la dispersión de sus habitantes y la represión de los movimientos sociales surgidos en el entorno, además de múltiples presos.

Recordemos que en noviembre del 2007, se desgajó un cerro sobre el rio Grijalva, bloqueando su cauce y haciendo desaparecer por completo la comunidad mencionada. Este desastre, al que se le sumó las estrategias de desazolve adoptadas por Conagua y la CFE para liberar dicho afluente, mantuvo bajo el agua por más de tres meses, al menos 404 casas de 33 pueblos y 960 mil hectáreas productivas.

Ante esta situación, gobiernos estatal y federal, CFE y CONAGUA, así como fundaciones de la iniciativa privada como Fundación Azteca y Fomento Social Banamex aportaron por parte de los gobiernos: el pago de indemnizaciones y la compra de terrenos por debajo de ios lOOm al nivel del mar (nueva zona de riesgo en la costera del rio); también, por parte de iniciativa pública y privada, la construcción de la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijaiva, anunciada como primer ciudad autosustentable en el mundo, que pretende dar hogar a los desplazados por el tapón además de presentarse como punta de lanza en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio esgrimidos por la ONU para estados en situación de pobreza.

No obstante, es de aplaudir los esfuerzos y las iniciativas tanto privadas como públicas para ayudar a damnificados, así como toda contribución técnica y financiera que permita erradicar la pobreza. Preocupa gravemente que esta ayuda se lleve a cabo sin considerar la opinión y necesidades de la población que la recibe, en menoscabo de sus derechos, que se entregue o programe sin dar seguimiento a su utilización o que se abuse de la buena voluntad para cometer fraudes o con el fin ulterior de obtener un beneficio personal mayor. En el caso que aquí se toca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), tras un trabajo de investigación a partir de visitas realizadas desde el año 2008 a la fecha (2011), ha elaborado un informe en el cual se manifiestan de manera preocupante una serie de irregularidades y conflictos sociales debido al abandono y corrupción en la entrega de recursos y realización de proyectos, y enumeramos los siguientes:

Baja calidad en ia construcción de la Ciudad Rural, la cual contrasta con los avalúos de Catastro Chiapas donde se especifican oficialmente, materiales de construcción de mayor calidad, a los que a la vista fueron utilizados, como son: tubería de metal, siendo que en realidad son de plástico y tejas de metal, siendo que en realidad son de material reciclado, así como varios más. Situación que lleva a suponer la existencia de un fraude millonario en la construcción. Además, es evidente que no se tomo en cuenta la opinión de los pobladores pues estos manifiestan su descontento ante la lejanía de este proyecto con respecto a las tierras de trabajo, así como la inexistencia de espacios necesarios para cultivo o cuidado de animales. Asi mismo, la Ciudad Rural está construida lejos de vías de tránsito importantes, por lo que depende sólo del consumo de sus habitantes, quienes al vivir en la pobreza y lejos de sus trabajos no cuentan con la capacidad de activar la economía interna, limitando el flujo de capital. Resultado de esto, es la desintegración social, pues mientras las familias tienen que quedarse obligatoriamente a habitar las casas para no perderlas (como reza el contrato), las cabezas de familia deben emigrar en busca de empleo.

nuevo juan de grijalvaDesintegración, enfrentamientos y abusos de autoridad en comunidades afectadas. Ante la falta de seguimiento de la entrega de recursos a los afectados y la expropiación de terrenos a los habitantes de zonas en riesgo, se aprecia una distribución irregular de las aportaciones económicas: mientras que la mayoría de damnificados tienen que mudarse con familiares y amigos, emigrando de sus comunidades, unos pocos, se enriquecen. Esta situación, aunada a la poca atención prestada por autoridades a reclamos, crea bandos, conflictos y un ambiente generalizado de miedo en las comunidades. Los damnificados denuncian el incumplimiento de compromisos por parte de autoridades estatales y municipales; abusos perpetuados por personal policiaco y acciones de presión contra quienes no aceptan el traslado, al grado de restringir los servicios de salud y educación a comunidades para provocar que se muden a la Ciudad Rural.

Criminalización de los movimientos sociales. Dada la poca respuesta de autoridades ante el descontento manifiesto de los afectados, estos últimos se han visto en la necesidad de organizarse en movimientos populares y tomar acciones más radicales para hacerse escuchar. La respuesta general de las autoridades ha sido silenciarlos por medio de prácticas represivas como el encarcelamiento y la creación de delitos contra presuntos miembros de organizaciones. Además de la persecución, amenaza y acoso a quienes se mantienen en lucha dentro de las comunidades. Se puede contar a 32 detenidos relacionados con esta situación, todos ellos presos políticos, han sido acusados de delitos ridículos como conspiración, motín, y extorción, entre otros. Todo esto con el fin de retenerlos en prisión y, a través del ejemplo de lo que puede pasar, ahogar las manifestaciones de descontento en relación al Tapón Grijalva.

Abandono de familias en refugios. Más de 300 familias continúan viviendo hacinadas en un insalubre conjunto de cabanas de 2 x 3 metros originalmente construidas como refugio temporal, actualmente llamada Villa Rural, en las que sus habitantes esperan, aún, la construcción de su prometida Ciudad y la entrega de otros recursos acordados.

Ante esta situación, no queda más que exhortar tanto a gobierno como iniciativa privada involucrada, tomen cartas en el asunto, lleven a cabo mesas de diálogo abiertas con afectados y, en conjunto, den seguimiento exhaustivo al uso de los recursos aportados y recursos que, cabe recordar, también, los dio el pueblo a través de impuestos y donaciones anónimas.

De la misma manera, instamos a la CNDH y al CDH de Chiapas, a que agilicen sus investigaciones y emitan las recomendaciones respectivas al caso.

Durante los primeros días de junio, el informe fue presentado a las autoridades federales y estatales, así como se hará ahora con las fundaciones y e instituciones privadas, con la finalidad de obtener respuestas y acciones concretas para que se atiendan las graves violaciones a los derechos humanos. Por tal motivo, hemos solicitado audiencias para el seguimiento del caso, por lo que les pedimos estar atentos a las respuestas.

La temporada de huracanes ya ha comenzado y esperamos que no se sigan acumulando los daños del pasado, que aún permanecen presentes y las nuevas catástrofes, por lo que urgimos a la solución de este caso y una prevención oportuna en los que se prevén.

Organizaciones que respaldan el Informe elaborado por la, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh): Red de Alerta temprana conformada por: Limeddh, la Fundación Diego Lucero A.C., la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), La asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM); Habitat International Coalition – América Latina (HIC-AI), Red Mexicana de acción frente al Libre Comercio (RMALC), Maderas del Pueblo del Sureste, AC. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), Delegación D-lll-24 administrativos, técnicos y manuales del INAH, de la sección XI del CNTE, Central Campesina Cardenista (CCC), Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI (FPFV -SXXI), Sindicato de trabajadores del inca rural (STINCA), Unidad de la Fuerza indígena y Campesina (UFIC), Central de Organizaciones Obreras Y Campesinas Populares (COCYP), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), La Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), Federación de Pueblos Rurales A.C (FEPUR), Unión de Productores Agrícolas Xochiquetzal (UPAX), Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco (CNCU), Asociación Promotora Nacional para el Desarrollo Rural y Urbano AC (APENDRU)

CHIAPAS: Habitantes de la Ciudad Rural Nuevo Juan Grijalva acusan ser reprimidos y denuncian en breve abandonar su ciudad

CHIAPAS: Habitantes de la Ciudad Rural Nuevo Juan Grijalva acusan ser reprimidos y denuncian en breve abandonar su ciudad

César Felipe Gutiérrez Meza
Noticiassinfronteras(NSF). Juan de Grijalva, Chis. 4 JUNIO 2011

ciudad rural sustentableHabitantes de Juan de Grijalva la primera ciudad rural sustentable del mundo- hoy «La primera ciudad asustada del mundo» denuncian ser hostigados y reprimidos por exigir los pagos por afectaciones en sus tierras que el gobierno federal y CFE supuestamente, debía pagar, a causa de la destrucción de su poblado por deslizamiento del cerro, acusan a Juan Sabines de ser el responsable de este fraude y de haber iniciado la represión con objeto de callar las voces de justicia; algunos fueron detenidos y hoy se encuentran en el penal de Pichucalco, incluyendo hasta al licenciado que defiende esta causa, la corrupción y la ambición de estos recursos, son culpables:

Somos habitantes de la comunidad denominada primera ciudad rural sustentable del mundo (ejido nuevo Juan del Grijalva) municipio de Ostuacan, Chiapas, donde se suscito el supuesto desastre natural, (el deslizamiento de un cerro) en el mes de noviembre del 2007, lugar que actualmente es conocido como el TAPON esto a orillas del rio Grijalva, este desastre no solo provoco la obstrucción del mismo sino también la destrucción de todo nuestro poblado que se encontraba allí, perdiendo la vida muchos de nuestros familiares, y demás personas que se encontraban en ese lugar, también sufrimos la pérdida de nuestras casas, hecho que hizo a nuestra comunidad amanecer de luto; hasta ahora interminable.

A raíz de esto el gobierno estatal así como el gobierno federal, aportaron recursos y apoyos a estos damnificados, todo esto solo en los momentos en que surgió el desastre. Creando así la primera ciudad rural sustentable del mundo conocido como nuevo Juan de Grijalva, se creía que esto cambiaría la forma de vida de aquellos afectados y sería el primer paso para el cambio, en esto no se equivocaron y así fue, pero no para el bienestar de esta comunidad.

JUAN SABINES Y CFE SE COLUDEN EN REPRESIÓN
Hoy en día la famosa ciudad rural sustentable de la que habla el gobierno estatal no tiene nada de sustentable como lo afirma el gobernador Juan Sabines Guerrero, lo cierto es que ha sido todo un fracaso. Desde ese entonces no solo empezaron con la construcción de la nueva ciudad rural sino también con el desazolve del rio, para liberar el afluente, esto por parte de CONAGUA y CFE, ya nuestras tierras se habían visto seria mente afectadas quedado destrozadas a raíz de ese desastre, siendo dicha afectación mayor cuando ingresa comisión federal de electricidad a realizar trabajos en esa zona, lo que provocó el destrozo de las tierras que aún se encontraba en pie para ser trabajadas, lo que se supone que serían pagadas por parte del gobierno estatal y comisión federal de electricidad. Hasta la fecha se desconoce a donde fue aparar este recurso (dinero) y en manos de quien, por lo que se intuye que existe un abuso por parte del gobierno de Juan Sabines Guerrero y CFE, creemos que están realizando un mega fraude para así lograr un beneficio personal.

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Escrito por Carlos Herrera/Mirada Sur.
Mirada Sur. Santiago El PinarSantiago El Pinar, Chis. 14 de Abril. A Manuel de la Cruz Gómez, un indígena tsotsil de la comunidad de Boquem, la Ciudad Rural Santiago El Pinar (el principal proyecto del gobierno de Juan Sabines) lo ha puesto en un dilema: vivir en una casa de tablaroca de apenas 5×6 mts., sin cimientos de concreto o regresar a vivir a su comunidad, con más espacio para dormir, cocinar y donde jueguen los niños.

De la Cruz Gómez cuenta que en su comunidad de origen tiene un pequeño cafetal, un trabajo para sobrevivir, y lo que es mejor, un lugar donde él y su familia han sido felices. Ahora, en la Ciudad Rural, que según el gobierno tuvo un costo de 390 millones de pesos (400 viviendas), la vida es distinta.

Y no es para menos, ya que en Boquem sus hijos pueden correr, jugar, gozar del espacio y el aire de la montaña que atraviesa por su casa, quizás por eso en la vivienda que Manuel de la Cruz Gómez recibió del gobierno de Chiapas, los cuartos están vacíos, la cocina está sin ser utilizada.

La mayoría de las viviendas que el presidente Felipe Calderón y el gobernador Juan Sabines inauguraron el pasado 29 de marzo, están vacías o habitadas parcialmente. Las pequeñas casas están construidas una tras otra, incluso inclinadas (sobre un cerro), soportadas con tablas y varios postes.

A pocos días de haber sido inauguradas, ya presentan cuarteaduras: “El problema es que ya se está rajando la casa, tengo viviendo como una semana, pero ya se está cayendo, además es muy pequeña, no podemos entrar todos con nuestra familia, tengo tres hijos, creo que no caben”, dijo Manuel de la Cruz Gómez, durante un recorrido hecho en la zona por MIRADA SUR.

“A los niños les gusta jugar pero acá en esta nueva casa es muy pequeño el patio, ni una cama creo que entra en un cuarto; no tiene espacio suficiente la cocina, no hay espacio para colocar los trastes y demás enseres domésticos; no se puede ni poner un clavo para colgar nuestro morral”, indicó.

Rompiendo con toda su tradición, en las viviendas de la Ciudad Rural no se puede construir un fogón, por ello los indígenas harán uno afuera de sus mini casas, aunque Manuel ya tuvo que comprar una parrilla eléctrica que le costó 160 pesos, y un refrigerador a un precio de  3 mil pesos.

Con cierta nostalgia, Manuel de la Cruz Gómez relata que “allá en mi comunidad es mejor, tenemos una casa grande aunque fuera de madera; tengo un poco de café, animales de corral; los niños juegan mucho en el patio, pero acá todo eso no se puede, no sé si nos pueda dar otra casita el gobierno”.

De la Cruz Gómez, cuya esposa se llama Marta Sántiz Sántiz, y sus hijos Julio de la Cruz Santiz (4 años), María de la Cruz Santiz (dos años) y un recién nacido que todavía no tiene nombre, confirma que tampoco tienen documentos con los cuales acrediten la posesión de su nueva casa, “sólo nos dieron un papel durante la entrega, eso no es una escritura, no sabemos cuándo la van a dar”.

A simple vista pareciera que el ancho de las calles de la Ciudad Rural es casi el doble de las mini casas que les vino a entregar el presidente Calderón y el gobernador Sabines. De lunes a viernes hay un poco de actividad, pero sábados y domingos es una ciudad fantasma, desolada, con comercios cerrados, porque la mayor parte de la gente se regresa a trabajar a sus comunidades.

Las faldas del cerro están cubiertas por una membrana que a la fecha no ha funcionado, pues con las primeras lluvias no ha podido contener la tierra y piedras que se ven acumuladas en las calles.

Servicios de salud, luz y educación, irregulares

Mirada Sur. Santiago El PinarLos servicios básicos no son regulares. Por ejemplo, se observó que la energía eléctrica que tienen las mini casas de la Ciudad Rural es tomada por medio de los clásicos “diablitos”, es decir, los medidores están interconectados con un cable pelado de las puntas para que los pobladores tengan luz.

En lo referente a la salud, fue construido un hospital con servicios ampliados que cuenta con equipo de punta, por ejemplo un aparato para tomar estudios de ultrasonido en cuarta dimensión. Tiene una sala de ginecología y obstetricia capaz de atender hasta 10 mujeres y sus pequeños recién nacidos. Un laboratorio con el equipo suficiente para realizar los estudios clínicos; una farmacia bien surtida; dos ambulancias y 4 consultorios con diferentes especialidades.

Pero al gobierno se le olvidó que estos aparatos de primer mundo operan con la mano del hombre y por increíble que parezca, en el centro de salud de Santiago El Pinar no hay suficientes médicos, no hay enfermeras, no hay personal administrativo, no hay conductores para las ambulancias.

Los dos fines de semana que ha entrado en “funciones”, sólo ha sido atendido por una doctora, porque los dos vigilantes que están en ese lugar no harían el trabajo de enfermeras menos de médicos.

A unos pasos de la clínica está el mercado que tiene dos naves (con 6 puestos cada una), pero el sábado 9 de abril sólo estaba abierto el local de Mateo Gómez Gómez, quien de ser un campesino de toda la vida, de un día para otro pasó a ser un cocinero, aunque en el menú sólo había caldo de pollo.

“Ahorita que está empezando es muy baja la venta, más los fines de semana que todos se van a sus casas para trabajar en sus parcelas, pero de lunes a viernes la gente compra muy poco”, dice don Mateo, un indígena de 63 años, un tanto desconsolado y desanimado por el panorama que enfrenta.

Situación similar se registra en el jardín de niños “Gabriela Mistral” que está equipado con material didáctico suficiente, aulas con muebles adecuados, pero no tiene cisterna para almacenar agua, lo que genera una situación grave en la atención de decenas de niños y niñas, pues el servicio de agua es irregular; por ejemplo, el sábado 9 de abril no había agua en toda la Ciudad Rural.

Es notorio también que no hay servicios de recolección de basura, pues en las partes bajas de las casas hay bolsas de basura; lo mismo sucede en la parte trasera de la ensambladora en donde se queman los residuos sólidos que se generan, no importa que sea plástico, o embases de otro tipo.

En total, fueron 5 las comunidades que el gobierno de Juan Sabines presionó para que se reubicaran: Boquem, Chicontantic, Chuhs, Choyhó y Chiquinchén, pero la mayoría de los habitantes no viven en la Ciudad Rural, porque afirman que no quieren estar en una casa tan pequeña.

Misterio de empresa ensambladora

En la ensambladora y el “complejo integral para la producción, transformación y comercialización del café” no trabajan los fines de semana. Llama la atención que la maquiladora no tiene razón social. En la fachada, se pueden leer letreros de programas del gobierno: “Todos a la escuela”, CODECOA, “Programa motor para la economía familiar”, “comerciante cumplidor seguro”, pero en ninguna parte de la misma dice quién es el dueño de esta empresa.

Manuel de la Cruz Gómez informa que ingresó a trabajar en la ensambladora que está en la Ciudad Rural: “en el trabajo sí nos va un poco bien, pagan como mil 500 pesos a la quincena; nos ponen a ensamblar triciclos, bicicletas, estamos esperando más material, pero no sabemos quién es el dueño”.

“Ahorita todavía trabajamos muy poco, nos están enseñando, trabajan como 200 personas de lunes a viernes”, detalló.

Santiago el Pinar es un municipio creado por el ex gobernador Roberto Albores Guillén, en el año de 1999 y a la fecha es considerado uno de los 28 con el menor Índice de Desarrollo Humano de Chiapas y del país. Está ubicado en los Altos de Chiapas, a siete kilómetros al norte de San Andrés Larráinzar y a 34 de San Cristóbal de Las Casas; sus habitantes tienen como lengua materna el tzotzil.

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Contralínea 228 / 10 de abril de 2011
Aurelio Morales Posselt, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC -LIMEDDH

la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, tras un trabajo de investigación a partir de visitas desde 2008 a la fecha, ha elaborado un informe en el cual se manifiestan graves irregularidades y conflictos sociales debido al abandono y corrupción en la entrega de recursos y realización de proyectos.
grijalvaHan pasado más de tres años del desastre que hizo desaparecer por entero la comunidad Juan de Grijalva, Chiapas. El lamentable hecho fue aprovechado por el gobierno del estado para poner en marcha el ambicioso proyecto Ciudades Rurales, el cual, lejos de solucionar los problemas, incrementó la confrontación al interior de las comunidades afectadas, la dispersión de sus habitantes y la represión de los movimientos sociales surgidos.

En noviembre de 2007, se desgajó un cerro sobre el Río Grijalva, bloqueando su cauce y haciendo desaparecer por completo la comunidad. Este desastre, al que se le sumaron las estrategias de desazolve de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para liberar dicho afluente, mantuvo bajo el agua por más de tres meses a 404 casas de 33 pueblos y 960 mil hectáreas productivas (datos obtenidos de la cobertura que realizó el diario La Jornada durante 2007 y 2008).
Ante esta situación, los gobiernos estatal y federal, la CFE y la Conagua, así como Fundación Azteca y Fomento Social Banamex aportaron recursos y llevaron a cabo programas de ayuda para los damnificados. Los gobiernos: el pago de indemnizaciones y la compra de terrenos por debajo de los 100 metros del nivel del mar (nueva zona de riesgo en la costera del Río). La iniciativa pública y privada: la construcción de la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijalva, anunciada como primer “ciudad autosustentable” en el mundo: zona de viviendas que pretende dar hogar a los desplazados por el tapón, así como acercar a habitantes de comunidades lejanas a los servicios y recursos de una población mayor, que, además, se presenta como punta de lanza en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio esgrimidos por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Es de aplaudir los esfuerzos y las iniciativas tanto privadas como públicas para ayudar a damnificados, así como toda contribución técnica y financiera que permita erradicar la pobreza. Pero preocupa que esta ayuda se lleve a cabo sin considerar la opinión y necesidades de la población que la recibe, en menoscabo de sus derechos; que se entregue o programe sin dar seguimiento a su utilización o que se abuse de la buena voluntad para cometer fraudes o con el fin ulterior de obtener un beneficio personal. En el caso que aquí se toca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, tras un trabajo de investigación a partir de visitas desde 2008 a la fecha, ha elaborado un informe en el cual se manifiestan graves irregularidades y conflictos sociales debido al abandono y corrupción en la entrega de recursos y realización de proyectos. Podemos enumerar los siguientes:

  • Baja calidad en la construcción de la Ciudad Rural. Contrasta con los avalúos del Catastro Chiapas, donde se especifican, oficialmente, materiales de construcción mejores que los que, a la vista, fueron utilizados: tubería de metal –en realidad, son de plástico– y tejas de metal –en realidad, son de material reciclado–, y varios más. Esto supone un fraude millonario. Además, no se tomó en cuenta la opinión de los pobladores, pues éstos manifiestan su descontento ante la lejanía de este proyecto respecto de las tierras de trabajo, así como la inexistencia de espacios necesario para cultivo o cuidado de animales. Asimismo, la Ciudad Rural está construida lejos de vías de tránsito importantes, por lo que depende sólo del consumo de sus habitantes, quienes, al vivir en la pobreza y lejos de sus trabajos, no cuentan con la capacidad de activar la economía interna, es decir no hay flujo de capital. Todo ello conlleva a la desintegración, pues mientras las familias tienen que quedarse obligatoriamente en sus casas para no perderlas (como reza el contrato), las cabezas de familia deben emigrar en busca de empleo.
  • Desintegración, enfrentamientos y abusos de autoridad en comunidades afectadas. Ante la falta de seguimiento de la entrega de recursos a afectados y la expropiación de terrenos a los habitantes de zonas en riesgo, se aprecia una distribución irregular de las aportaciones económicas: mientras que la mayoría de damnificados tiene que mudarse con familiares y amigos, emigrando, a veces, de sus comunidades, unos pocos se enriquecen. Esta situación, aunada a la poca atención prestada por autoridades a reclamos, crea bandos, conflictos y un ambiente generalizado de miedo. Los damnificados denuncian el incumplimiento de compromisos por parte de autoridades estatales y municipales; acciones de presión contra quienes no aceptan el traslado, al grado de restringir los servicios de salud y educación para provocar que se muden a la Ciudad Rural.
  • Criminalización de los movimientos sociales. Dada la poca respuesta de autoridades ante el descontento, los afectados se han organizado y tomado acciones más radicales para hacerse escuchar. La respuesta general de las autoridades ha sido el encarcelamiento, la fabricación de delitos contra presuntos miembros de organizaciones, la persecución, amenaza y acoso a quienes se mantienen en lucha dentro de las comunidades.
  • Abandono. Más de 300 familias viven hacinadas en un insalubre conjunto de cabañas de 2 por 3 metros; fueron originalmente construidas como refugio temporal en la Villa Rural. Sus habitantes aún esperan la construcción de su prometida Ciudad y la entrega de otros recursos acordados.

Por ello, el gobierno y la iniciativa privada deben realizar mesas de diálogo abiertas con afectados y, en conjunto, dar seguimiento exhaustivo al uso de los recursos aportados. El pueblo también aportó dinero a través de sus impuestos y donaciones.
Si queremos que México tome un rumbo de justicia social y legalidad, es necesario que se ponga fin a la criminalización de las organizaciones sociales y al encarcelamiento político, y que todos pongamos atención al desarrollo de asuntos como éste, pues es el reflejo de las situaciones que tienen que vivir los desplazados ambientales. Igualmente conciernen a todo el país las presuntas soluciones, como la Ciudad Rural, pues ésta es parte de un programa más amplio que pretende un eco no sólo nacional, sino mundial.