EL ESCARAMUJO año 6 Número 25

LOS ESQUIROLES DE LA CFE
EL CASO DE LA REPRESA PASO DE LA REINA, OAXACA, MÉXICO

 

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México
1 de Octubre de 2012, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

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Desde el año 2007 se conformó el “Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER)” integrado por consejeros representantes de las localidades que serían afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Paso de Reina en Oaxaca, México. Luego de varios foros y 4 declaratorias exigen al gobierno federal y estatal que se “respete su derecho como pueblos indígenas a decir No al proyecto, sin presiones ni amenazas que pueda dividir y violentar las comunidades. Las comunidades y el consejo han hecho algunas acciones de incidencia pública y defensa jurídica. Con respecto a la incidencia han acudido a instancias que tienen que ver con el proyecto y se ha solicitado una audiencia con el Presidente de la República Mexicana Felipe Calderón Hinojosa, sin que exista respuesta hasta el momento. Esto demuestra que los Pueblos Indígenas no son atendidos cuando recurren a instituciones formales.”1

Tres años después de iniciada la resistencia, del 5 al 7 de febrero del 2010 se llevó a cabo en la comunidad de Paso de Reina, el VII encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Ríos Verde (COPUDEVER), La Ventana, EDUCA, y el Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandii, fueron los anfitriones de las organizaciones indígenas, campesinas, sociales, redes, investigadores y otros aliados en la lucha contra las presas en el país. Más de 300 personas de Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y el Distrito Federal se dieron cita en el lugar. Entre las experiencias que se compartieron estuvieron los afectados por la Presa la Yesca.

Mientras las comunidades se mantienen en resistencia frente al proyecto durante cuatro años, y muy conocida su lucha, la Ong denominada “Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, A.C.” (IMIFAP “Yo quiero, yo puedo”), pretende ayudar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a justificar la represa a cambio de un jugoso contrato. El IMIFAP no escucha ni toma en cuenta los antecedentes de la resistencia desde 2007 por sus intereses económicos.

Esta Asociación Civil fue fundada hace 16 años y tiene un presupuesto anual de 1.5 millones de dólares. Dice prestar sus servicios a Naciones Unidas, a grandes empresas trasnacionales como Procter & Gamble y a gobiernos para la “reducción de barreras psicosociales”, entre otros objetivos. Presume haber tenido financiamiento de más de 100 organismos nacionales e internacionales. En otro ataque de megalomanía, las 4 psicólogas que forman la institución, dicen haber beneficiado en sus programas “Yo quiero, yo puedo” a más de 19 millones de personas en 14 países, y haber desarrollado, implementado y evaluado más de 40 programas “Yo quiero, yo puedo” de desarrollo comunitario, educación y salud integral y preventiva.

Entre los lineamientos que la CFE da al IMIFAP se establece que la presa Paso de Reina es un “proyecto estratégico de infraestructura para el Sistema Eléctrico Nacional”. Por ello la CFE podría ofrecer en la expropiación un mayor pago por las tierras en 4 comunidades en el municipio de Tataltepec de Valdés donde prevén tener resistencia a la venta de sus tierras de cultivo que pretenden inundar. La CFE recomienda al IMIFAP que su intervención sea “muy bien planeada en su vertiente sociopolítica, debido a que existe un grupo minoritario (proyectado gracias a la mitificación negativa del proyecto, por parte de la Diócesis local) pero con potencial de radicalización en la región, que ha expresado una clara oposición al proyecto hidráulico de la CFE -sólo en parte debido a la expropiación e inundación de las tierras arriba señaladas.”

La CFE, como es conocida su experiencia en trampas y mañas, le solicita al IMIFAP “mantener ante estos sectores y comunidades, una imagen de autonomía y cuyo interés por la región proviene, por ejemplo, de intervenciones previas en otras partes de Oaxaca y otros estados y localidades similares”. Este es un elemento fundamental que las comunidades y resistencias contra las represas deben tomar atención, en aquellas instituciones que aparentemente trabajan con autonomía en las regiones donde se pretenden instalar los proyectos de represas.

Para realizar todo ello, el IMIFAP le cobraría a la CFE 100 mil pesos para que un analista elabore indicadores, 600 pesos por entrevista; mil pesos diarios a una persona que observa en la plaza y otros lugares públicos, 40 mil pesos a un analista, 45 mil pesos la hora de taller, 300 mil pesos para los encuestadores, etc.

Si la CFE acepta el resultado de las dos fases anteriores, se contrataría al IMIFAP por cuatro años más para implementar el “Programa de Desarrollo Comunitario Integral para cada uno del resto de los municipios cercanos al proyecto hidráulico”.

En definitiva, estas son las estrategias que usa la CFE para la imposición de un proyecto de represa. Las comunidades y sectores organizados deberían estar atentos a estas acciones que dividen a las comunidades, que no les toman en cuenta y que dan por supuesto que la obra va, que se realiza, y para ello es necesario “reducir las barreras psicosociales” y logar que “sientan suyos los programas”.

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