Nos llegó por correo electrónico:
Aviso urgente:
Los legisladores están circulando diversos dictámenes de la Ley General de Transparencia para evitar que las organizaciones puedan advertir a tiempo sobre las regresiones que contiene su propuesta. Entre las principales regresiones que quieren aprobar está: que no se puedan invocar violaciones graves a los derechos humanos para hacer pública la información; que el plazo de reserva de la información sea indefinido; que los comisionados del IFAI puedan ser sancionados por hacer pública la información; que los sujetos obligados puedan argumentar excesiva carga de trabajo para no responder a las solicitudes; que NO se obligue a los servidores públicos a documentar sus decisiones… Entre otras lindezas. Por favor: difundan, compartan, tenemos unos cuantos días (menos de una semana) para defender QUINCE AÑOS de trabajo ciudadano y hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública. Difundan, compartan. Cada quien puede hacer algo.
VIDEO: http://youtu.be/-P41VwK40Qc
¿Por qué estamos muy enojados?
Lilia Saúl en El Universal (4/feb/2015) LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA
En estos días de conocer temas tan escandalosos como la compra de casas a través de un grupo empresarial, de saber que no hay obligación en el tema del conflicto de interés, de saber que no hay apertura en las declaraciones patrimoniales, “por temor o inseguridad”, de saber que hay muchos que dicen que hacen, pero no hacen nada (“hemos apoyado a tres víctimas”), quisiera dedicar el blog el día de hoy a todos aquellos funcionarios que nos han hecho enojar mucho.
Pero también dejarles en claro que si ellos no se cansan, nosotros tampoco. Pero regreso un poco al contexto. En México Infórmate participamos en un proceso que, desde un inicio, advertí –como bien sabe mi colega Gabriela Morales—un tanto complicado. No somos legisladores y para eso ganan su dieta día tras día, para hacer el trabajo que nosotros no tenemos que hacer.
Pues bien. Se decidió que las organizaciones de la sociedad civil “podían” acompañar en el proceso a los integrantes y responsables de redactar la nueva Ley General de Transparencia. Que claro. Como ocurre siempre, no son los senadores mismos los que arrastran el lápiz en primera instancia. Son sus secretarios técnicos, sus asistentes, sus acompañantes, sus fieles compañeros.
Ok. Todo iba bien. Se sostuvieron sesiones maratónicas por alrededor de 250 horas –de las cuales sólo estuve presente en dos, el resto tuvo a bien estar mi colega Gabriela Morales, quien se ganó ya un gran mérito por el simple hecho de haber estado defendiendo la postura y agenda de México Infórmate—para que al final, ya después de tanta tarea, se tratara de modificar partes sensibles de este documento que concluyó con una muy desangelada conferencia de prensa. Expreso aquí mi enojo doble. Tanto trabajo para que los senadores no se dignaran a escuchar la postura de las organizaciones sociales. ¿Eso es apertura? ¿Eso es parlamento abierto? En fin.
Y lo peor del asunto es tratar de cambiar ideas y pensamientos de personas y funcionarios que aún consideran como información reservada los correos electrónicos de los mismos funcionarios. Que cuestionan cada milímetro de petición, al señalar que se pide demasiado o que eso no está permitido por “práctica parlamentaria”.
A mí lo único que me quedó claro desde un inicio es que este tipo de ejercicios no debieran volver a repetirse. Que sólo quisieron un “acompañamiento” ficticio para terminar con sus frases en las cuales “la sociedad civil” también fue incluida.
Todo esto suena muy mal y más cuando sabemos por los mismos integrantes de este equipo de secretarios técnicos, que hubo reuniones con gente del Banco de México, para evitar que datos delicados de la economía de este país se supieran con tan sólo una petición de información.
Y el colmo de los colmos. Todavía no podemos saber cómo se hicieron las investigaciones en masacres como las de El Charco en Guerrero y otros delitos de lesa humanidad y se atreven a dar un salto cuántico doce años atrás para intentar cerrar la información relacionada con averiguaciones previas de esa índole.
¿No están viendo el agravio en el que vivimos todos los mexicanos? ¿No ven cómo sufren las familias enteras por ver a las madres y padres recorriendo este país por encontrar a sus hijos desaparecidos como es el caso Ayotzinapa? ¿Y Tlatlaya? ¿Y los asesinatos de los periodistas? ¿No tenemos derecho a saber qué pasó con todas esas investigaciones y con la responsabilidad de nuestras autoridades?
¿Tanto miedo tienen? ¿Tanta irresponsabilidad hubo en la ejecución de acciones que les da miedo que nos enteremos de lo que realmente pasó?
Y no explico aquí la serie de agravios que aún, sin Ley General de Transparencia, siguen cometiendo los funcionarios públicos, pues con el marco actual, siguen negando información que ni siquiera –sí, léanlo bien funcionarios públicos—debiera ser objeto de una solicitud de información.
Debiera ser información pública, que sólo a un tris pudiera cualquier mexicano conocer el Registro Público de la Propiedad y no tener que pagar por búsquedas y esperar semanas para enterarnos que nuestros más altos funcionarios compraron casas a empresarios que contrataron mientras estaban en funciones.
Creo que la gente está enojada. Están enojados. Y todavía tienen tiempo de resarcir el daño, reparar un dictamen que a todas luces es desproporcionado, que incluye regresiones y dejar al menos, el trabajo que ya se hizo junto con el resto de los colegas de las organizaciones de la sociedad civil.