Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 17 de marzo de 2026
Con motivo de la visita de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, al estado de Zacatecas el pasado 11 de marzo de 2026, y ante sus recientes declaraciones públicas sobre la aprobación de proyectos mineros la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería manifestamos nuestra profunda preocupación no sólo por la narrativa gubernamental que pretende presentar el avance de nuevos proyectos mineros como sinónimo de progreso y desarrollo económico, sino por la orientación política que está detrás de estas declaraciones y decisiones, que continúa priorizando la expansión del modelo extractivo por encima de la protección del agua, los territorios y la salud de las comunidades. Este posicionamiento refleja una política pública que favorece la agilización de permisos y la aprobación acelerada de Manifestaciones de Impacto Ambiental, mientras se minimizan o ignoran los impactos acumulativos que estas actividades generan en regiones ya afectadas por la sobreexplotación de acuíferos, la degradación ambiental y los impactos conflictos a la salud de la población.
Una vez más, enunciamos los profundos impactos que la aprobación y desarrollo de nuevos proyectos mineros generan en términos de despojo territorial, sobreexplotación de bienes naturales, concentración de riqueza en manos de unos cuantos y empobrecimiento de las comunidades. A ello se suma la contaminación del agua superficial y de los mantos freáticos, así como los graves daños a la salud de las personas derivados de la actividad minera. La experiencia demuestra que, una vez producido el daño, no existen tecnología o dinero suficiente que permitan remediar o revertir plenamente las afectaciones ambientales que estos procesos ocasionan. Es decir, la minería genera daños a perpetuidad.
Entre los proyectos mineros que se pretende impulsar y acelerar mediante la autorización de Manifestaciones de Impacto Ambiental y evaluaciones superficiales sobre el uso del agua, se encuentra el Proyecto San Nicolás de las empresas mineras canadienses Agnico Eagle y Teck Resources. Según datos de la CAMIMEX, este proyecto se posiciona como el segundo proyecto de cobre más importante a nivel nacional, con una producción estimada de 65.8 mil toneladas, así como el primer proyecto de producción de zinc, con 147 mil toneladas estimadas, además de pretender producir 17.5 mil onzas de oro.
Este proyecto resulta particularmente preocupante debido a su ubicación en el acuífero Calera, el más sobreexplotado del estado de Zacatecas, dentro del corredor minero Fresnillo–Zacatecas. En este contexto, resulta inevitable preguntarse por la prisa en impulsar proyectos de infraestructura hídrica como la presa Milpillas, que podrían estar orientados a garantizar agua para el crecimiento de actividades industriales y extractivas en una región donde el acceso al agua para las comunidades ya enfrenta serias limitaciones.
Otro de los proyectos que buscan avanzar es Cerro de Oro de Minera Álamos, considerado el octavo proyecto de oro a nivel nacional, con una producción prevista de 28 mil onzas en el municipio de Melchor Ocampo. Asimismo, se encuentran proyectos como Relleno de Hundidos de Arian Silver, el proyecto Torcazas de Industrias Peñoles en Fresnillo y el Proyecto Juárez de Compañía Minera T.T.T. en el municipio de Villa Hidalgo.
En la actividad minera resulta imposible sostener que los recursos naturales puedan ser utilizados “con responsabilidad”, como lo ha señalado la titular de SEMARNAT al referirse al uso de los acuíferos. La minería industrial está estructuralmente vinculada a un modelo de explotación intensiva de recursos naturales que prioriza la obtención de altas ganancias para las empresas, a costa de los ecosistemas y de las condiciones de vida de las poblaciones que habitan los territorios.
En Zacatecas, la crisis hídrica es ya una realidad evidente. El estado no cuenta con la disponibilidad suficiente de agua para satisfacer plenamente las necesidades de la población de la zona conurbada ni de múltiples municipios y comunidades rurales. Sin embargo, actividades industriales como la minería demandan grandes volúmenes de agua, a la vez que la contaminan y puede interrumpir los flujos de agua superficial y subterránea, contribuyendo a la pérdida de pozos y manantiales, y a la reducción del nivel del manto freático. Esta es una de las muchas razonas por las cuales nuestra red se opone al modelo extractivista minero y su expansión en el país.
A reserva de conocer con mayor profundidad el proyecto denominado “Aguas Firmes”, la experiencia acumulada en distintos territorios permite reconocer el modus operandi de las grandes empresas extractivas, basado en la simulación de compromisos ambientales y en la construcción de discursos de sustentabilidad que buscan legitimar sus operaciones ante la opinión pública, sin que en la práctica se transformen los impactos estructurales que genera este modelo.
Aunque el año 2026 ha sido denominado en Zacatecas como el “año del progreso”, desde la perspectiva de los territorios y de las comunidades afectadas por el extractivismo podría convertirse, en realidad, en un año de retrocesos si se continúa acelerando la aprobación de Manifestaciones de Impacto Ambiental y de proyectos de explotación minera por sus consecuencias devastadoras. Las grandes empresas mineras saquean, despojan y destruyen los territorios, como lo demuestran múltiples experiencias documentadas en distintas regiones del mundo, inclusive en el mismo estado de Zacatecas. Recordamos el desplazamiento forzado de la población de Salaverna por el Grupo Frisco y de la comunidad La Colorada por la empresa Pan American Silver. Además, no hay que mirar más allá de la mina Peñasquito de la empresa Newmont para ver los efectos de la contaminación y pérdida de fuentes de agua sobre las comunidades aledañas. No existe “minería verde”, “minería sustentable” ni “minería amigable con el medio ambiente”: la minería industrial implica inevitablemente procesos de devastación ambiental y transformación profunda de los territorios.
Diversos casos lo evidencian en Canadá, Centroamérica y Sudamérica, así como en el propio territorio nacional. En México podemos mencionar el caso del Ejido El Bajío, en Sonora, donde persisten graves deudas ambientales derivadas de la actividad minera después de tan solo tres años de operación de una mina de la empresa Fresnillo, o el Ejido Carrizalillo, donde los grandes tajos han destruido tierras fértiles y han contribuido a procesos de deterioro social y violencia en las regiones donde operan estos proyectos, ahora en manos de la empresa Equinox Gold. Mientras tanto, las grandes utilidades quedan en manos de los consorcios mineros y sus accionistas, mientras que las comunidades propietarias de la tierra y el propio estado con la llamada “vocación minera” se vuelven dependientes sobre las migajas que dejan las operaciones mineras y que suelen durar entre 10 a 15 años, al tiempo que enfrentan territorios cada vez más degradados, contaminados y empobrecidos, con el resultado que tarde o temprano resultan desplazadas. Por esta razon, no es casual que las zonas mineras suelen registrarse con altos niveles de empobrecimiento, tal como se ha observado en los municipios en donde ocurren la minería de oro en México o en Perú.
Por todo lo anterior, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) exigimos detener la aprobación de nuevos proyectos de explotación minera en Zacatecas y abrir un debate serio sobre las verdaderas prioridades ambientales del país.
Existen problemas ambientales urgentes que requieren atención inmediata, como la crisis hídrica, la restauración de ecosistemas dañados, la contaminación acumulada por actividades extractivas, y la protección de los territorios y las comunidades. Si el gobierno federal realmente busca actuar con responsabilidad ambiental, no debería anteponer los intereses económicos de las empresas mineras, cuyas ganancias además no se quedan en las comunidades ni en el país, sobre la protección del agua, la vida y los derechos colectivos de los pueblos.
¡Alto al daño al medio ambiente!
¡No a la expansión de la minería en Zacatecas ni en México!
Imagen: MAZAPIL, ZACATECAS, 11JUNIO2023.- Instalaciones de mina a cielo abierto Peñasquito, de la empresa norteamericana Newmont. s
Situada al norte del país, en el oeste de Zacatecas, es una de las minas más importante para Newmont con ventas por encima de los 2.000 millones de dólares. En México, esta mina es la principal productora de oro en el país, con una extracción de más de 566.000 onzas del metal áureo en 2022, más del 20% de la producción nacional de este metal, de acuerdo con los reportes anuales de la empresa. La mina también extrajo un nivel relevante de plata con 29,7 millones de onzas anuales.
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM