Compartimos con ustedes este boletin de prensa y el informe de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería y el covid durante la pandemia en el 2020- A 24 de mayo del 2022 >>Descargar informe en pdf aquí <<
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
>>Informe aquí abajo<<
Informe REMA: La Lucha por lo Esencial
Sobre cómo la minería se benefició de las restricciones sociales durante la contingencia de Covid-19 y la necesidad de fortalecer la defensa territorial
El día de hoy, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería presentamos el informe La Lucha por Lo
Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19, en el que reflexionamos sobre las
vivencias de las comunidades en los últimos dos años de pandemia y cómo los grandes capitales
mineros han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y
seguridad para posicionarse con más fuerza en los territorios. En este informe visibilizamos la asimetría
que durante esta pandemia se profundizó entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo
Extractivo Minero y las comunidades que se oponen a éste. A dos años de la pandemia, los territorios
en resistencia a la minería se recuperan y es importante volver plantear lo que consideramos realmente
como esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el
bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
¿Cómo es que la minería se benefició con la pandemia? Documentamos la forma en que la minería en
México logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”, echando
mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020,
del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera
de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de
nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, las ventanillas
institucionales les fueron abiertas nuevamente.
A pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, en
los trámites para permisos ambientales para la exploración y explotación minera, hubo solamente una
breve pausa de dos meses en 2020. Así, desde junio 2020 a diciembre 2021, la SEMARNAT ha
autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14
entidades de la República.
Además, la incertidumbre y el cierre económico que se generó por la pandemia, favoreció el aumento
de los precios de metales como el oro y plata en el mercado internacional. Luego, con la reactivación
económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la
especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Este
crecimiento acelerado de precios permitió que -pese a la crisis- el sector minero se recompusiera
rápidamente, hasta obtener ganancias históricas en varios casos.2
Asimismo, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes
empresas y lograron, al mismo tiempo, obstaculizar los esfuerzos comunitarios tan necesarios para
la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la
imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la
campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aún más asimétricas para
defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando.
Especialmente, durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias
económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a
información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las
autoridades para detener los proyectos y atender sus afectaciones.
Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en
Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca, recopiladas para este informe, narran cómo estas empresas
siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no
han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato
y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades
para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el Ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia
tuvo graves repercusiones y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto,
el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación
económica y, a la vez, aumentó la militarización del país con un enorme despliegue de la Guardia
Nacional, mientras el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la
resistencia de las comunidades.
Es así que después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar
la economía, no hubo tregua. No se cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los
mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes
comunes, o el consumo más allá de los límites del planeta. Tampoco se movió un dedo para romper
la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar quienes han generado
tantos daños al agua, a la tierra, a la salud y a la vida en los territorios afectados por la minería u otros
megaproyectos.
El informe de la REMA se enmarca en el contexto de una investigación colaborativa regional y global
por la Coalición contra la Pandemia Minera, lo cual lanza hoy su informe Sin Tregua: Resistencias por
la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera. Éste informe abarca 16 casos de
estudios de 9 países de América Latina que demuestran la profundización de las asimetrías de poder
económicas y políticas, junto con el aumento de militarización, represión, criminalización y violencia en
contra de las comunidades organizadas.
A pesar de estas condiciones adversas, en México como en toda América Latina, las organizaciones y
las comunidades siguieron y siguen luchando, buscando la forma de cuidarse y no perder su territorio.3
Desde la REMA, tenemos más claro que nunca la importancia de prevenir el acceso de las empresas
mineras a los territorios, de informar a las comunidades, de dialogar, de documentar los daños y desmitificar las mentiras del modelo minero. Para la construcción de un futuro digno es indispensable prevenir y evitar los daños que generan los proyectos extractivos, al mismo tiempo que se promueven alternativas de vida al sistema capitalista -desde la agroecología hasta los sistemas de energía comunitarios-. Las acciones para el ejercicio de los derechos colectivos y la defensa de la salud comunitaria, del medio ambiente, del agua y de la soberanía alimentaria, entre otras, son imprescindibles en los territorios. Esto es lo verdaderamente esencial.
La minería no es una salida a la crisis, es su profundización
¡Territorios libres de minería!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Informe: La lucha por lo esencial
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
INTRODUCCIÓN
A dos años del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo los grandes capitales han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza ahora y en el futuro. Sin embargo, no ha sido solamente el sector farmacéutico el que está generando ganancias históricas con nuestra desgracia sanitaria,1 sino que ésta también parece ser una pandemia hecha a modo para el sector minero.2
Pero ¿cómo es que la minería se benefició con la pandemia? En este informe documentamos la forma en que en México la minería logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”. Se lo hizo echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada de vigencia en julio del 2020 del renegociado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC y, poco después, por el anuncio de la creación de la Policía Minera.
Además, la misma incertidumbre generada por la pandemia y el cierre económico que se dio al inicio, favoreció el aumento de los precios de los metales como oro y plata. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Y a pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020 en los trámites de permisos ambientales para la exploración y explotación minera.
A pesar de que rápidamente a inicios de la pandemia surgieron reflexiones acerca de que la pandemia develaba las consecuencias más nefastas de la depredación del capitalismo, y que resultaba más urgente que nunca el trabajo en defensa del territorio y la naturaleza, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas, logrando obstaculizar estos esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aun más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando.
Especialmente durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus grandes daños. Los testimonios de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el valle de Ocotlán en Oaxaca, recopilados para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo repercusiones graves y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el estado federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, se aumentó la militarización del país con un gran despliegue de la Guardia Nacional, a la vez que el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades, tal como describimos en más detalle en adelante.
Con este documento queremos visibilizar la profundización de la asimetría que durante esta pandemia hubo entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y a las comunidades que se oponen a éste. También buscamos volver a plantear lo que debe ser considerado realmente esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
Una producción de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
(REMA), http://www.remamx.org/
Texto y compilación de testimonios: Libertad Díaz, Jen Moore y Miguel Mijangos.
Revisión: Ángeles Mariscal e Isabel Velásquez.
Diseño: Otros Mundos, A.C./REMA Chiapas. https://otrosmundoschiapas.org/
Foto Portada: FPDS Chiapas. Agradecemos a los miembros de la Rema de las entidades participantes por la donación de sus fotografías para este informe.
Agradecemos por su participación a: Comunidades Unidas de Zimapán, Hidalgo; Ejido El Bajío, Sonora; Articulación por la Vida contra la Minería del Valle de Ocotlán, Oaxaca; Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan, A.C., Epazoyucan, Hidalgo; Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Guanajuato; Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de Junio’, Acacoyagua, Chiapas.
Este informe forma parte de una iniciativa de documentación a nivel global coordinada por la Coalición en Contra de la Pandemia Minera, https://miningpandemic.org/es/.
Impresión gracias al apoyo de Salva la Selva,
https://www.salvalaselva.org/
México, Mayo 202