Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre la defensa del territorio en Morelos, Tlaxcala y Puebla – A 17 de septiembre de 2020
PUEBLA, Pue. (apro).- El Frente de Pueblos Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPMPT) informó que este jueves interpuso cuatro incidentes de violación a suspensiones de amparo que estarían cometiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador; el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barttlet Díaz, y la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Elena Jiménez, entre otros funcionarios.
Lo anterior, luego de que el mandatario anunció que ya no hay impedimento legal para que el gasoducto Morelos entre en operación en diciembre próximo.
De acuerdo con el FPMPT, están vigentes suspensiones que protegen los derechos al agua de los ejidos de Ayala, así como las tierras del ejido de Amilcingo sobre el gasoducto y la integridad ambiental del Río Cuautla que reclama la comunidad de Huexca, en el estado de Morelos.
“Si se demuestra que las autoridades están violando o no cumplen con la suspensión, como es el caso, el juez de Distrito les requerirá que en el término de 24 horas rectifiquen su actuar o de lo contrario se dará vista al Ministerio Público Federal sobre el delito de incumplimiento de suspensión, lo que amerita una pena de tres a nueve años de prisión”, advierten los opositores al gasoducto.
Explican que el incidente promovido es “por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión” contemplado en los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo, y obliga a las autoridades responsables para que, en el plazo de tres días a partir de su notificación, respondan sobre las acusaciones que les hacen.
A los 10 días hábiles de la interposición de estos cuatro incidentes se tendría que realizar las respectivas audiencias.
“El presidente (López) Obrador, el director de la CFE y de la Conagua tendrán que informar ante el juzgado federal por qué han dicho que todos los amparos se han resuelto, cuando existen vigentes suspensiones”, recalcan.
Y advierten que los pueblos y ejidos “que se defienden contra la imposición del PIM (Proyecto Integral Morelos) agotarán todos los recursos legales que tengan para proteger su vida y patrimonio, pero si el poder del gobierno pretende pasar por encima del llamado Estado de Derecho y corromper aún más al Poder Judicial y a falsos representantes, para aparentar acuerdos y diálogos, será el pueblo entonces quien, por sus propios medios, haga valer sus derechos”.
En el amparo 1185/2019 del ejido de Amilcingo, el 5 de diciembre de 2019 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito confirmó la suspensión de plano del funcionamiento del gasoducto Morelos.
“…dicha suspensión se encuentra vigente y el amparo apenas está en periodo de desahogo de pruebas, por lo que su resolución definitiva podría tardar dos años más aproximadamente”, explica el FPMPT.
En el caso de la protección al agua de los ejidos, en los amparos 1180/2019 y 162/2020 también se dictaron suspensiones de plano “para el efecto de que no se altere, modifique, desvíe y/o cambie” el rumbo de las aguas del río Cuautla, hasta que se resuelva en definitiva el juicio.
Por último, en el caso de las aguas contaminadas de descarga de la termoeléctrica hacia el Río Cuautla reclamadas en el amparo 1823/2014, la defensa argumenta que se ha incumplido con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) al aumentar el volumen de agua que recibe la planta tratadora.
Imagen: Manifestantes frente a la termoeléctrica de Huexca. Foto: Margarito Pérez Retana
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