Autor: Otros Mundos AC

Vía Movimiento M4

Ésta es una guía para la resistencia contra la explotación minera y otras operaciones extractivas. Proporciona a estrategias y a tácticas para prevenir la extracción, y para reducir daño si la extracción está ya en curso. Orienta a dirigentes de la comunidad en la ordenación y toma de medidas local, regional, nacional e internacionalmente, para resistir al asalto devastador de operaciones extractivas. Esto es una versión ampliada, en dos volúmenes, de la primera edición publicada en 2009.

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Compartido desde MiningWatch Canada

RadioMundoReal.fm

Máxima Acuña, activista peruana ganadora del premio Goldman a la defensa del medioambiente, denunció haber sido agredida el pasado domingo por trabajadores de la minera Yanacocha, desde una clínica en la que permanece internada en la región de Cajamarca.

La activista denunció este lunes que trabajadores de Yanacocha, propiedad de la estadounidense Newmont, ingresaron a su predio para levantar los cultivos que había realizado en un terreno adyacente al de la minera en las inmediaciones de la Laguna Azul, en la localidad de Sorochuco.

«Entonces, han llegado aquí y me han jaloneado, el brazo me duele, tengo un moretón en mi mano, me han jalado por las puras y me han cogido del cuello y de mi ropa», declaró Acuña.

Acuña pidió al Gobierno y a la Defensoría del Pueblo que se interesen por su caso, al considerar haber sido agredida injustamente. El representante de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, Agustín Moreno, pidió que el Estado mejore la protección a favor de Máxima Acuña, en el marco de las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La organización no gubernamental Grufides informó en su sitio web que «cuando la señora Máxima y su esposo Jaime se acercaron a reclamar por la invasión y pidieron que se detenga esta irrupción en su terreno, el personal de seguridad de la minera impidió que la familia avanzara para dialogar».

«Fue en este momento que atacaron violentamente a Máxima y a Jaime. Con un arma han golpeado a Máxima en su cabeza y cuerpo y la han dejado gravemente herida», denunció Grufides.

La fundación del Premio Goldman denunció, a través de las redes sociales, el ataque contra Acuña y su familia por «hacer valer su derecho a vivir en paz en su tierra». La entidad planteó pedir a la empresa, que es la segunda mayor aurífera en el mundo, a «acabar con el acoso» en contra de ella.

En abril pasado, Acuña declaró que las amenazas que recibe por resistirse a entregar su predio a Yanacocha, para el desarrollo del proyecto minero Conga, pueden recrudecerse tras recibir el premio Goldman.

La campesina afirmó recibir anteriormente amenazas de muerte por parte de personas vinculadas a la minera, cuyo proyecto, ubicado en la región de Cajamarca, de los Andes del norte de Perú, se encuentra paralizado desde 2012, después de que las protestas contra la mina causaran cinco muertos en la región.

Acuña reiteró que es propietaria del predio desde antes de que la minera la acusara en 2011 de usurpación indebida, una denuncia de la que fue declarada inocente en 2014, tras haber sido condenada en primera instancia a dos años y ocho meses de prisión suspendida.

En las últimas horas Amnistía Internacional pidió al Estado peruano realizar una investigación imparcial y eficaz sobre el incidente que sufrió Máxima Acuña y su esposo el pasado domingo. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, indicó que el Estado debe brindar protección a Máxima y su familia para que terminen los supuestos actos de intimidación en su contra. Consideró que “es necesaria una investigación imparcial y eficaz sobre lo ocurrido el último domingo a Máxima Acuña y su esposo en Tragadero Grande”.

En el siguiente video Isidora Chaupe Acuña hija de Máxima narra cómo fue agredida su madre:

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Movimiento M4

El año 2015 murió de la misma forma que el gobierno del Partido Patriota (PP): en medio de un coro de miles de voces en las calles y plazas, que exigían su fin. Indignados, con toda razón, por las muestras de corrupción y despilfarro del PP, al mismo tiempo la gente moría por falta de medicinas o agua limpia en los hospitales. Al mismo tiempo que en las comunidades rurales y urbanas el Estado-gobierno no llega nunca en la forma de centros de salud, educación, arte o agua entubada, pero si en la forma de fuerzas de tarea y otros grupos armados encargados de “mantener el orden” dominante.

Muchos vieron con una mezcla de creciente desconcierto pero también de esperanza las diversas movilizaciones que culminaron con la renuncia del binomio gobernante. Otros hablaron de la “vieja política”, para referirse a la política como sinónimo de corrupción (además de hacer un juego de palabras machista para referirse a la candidata del partido UNE).

También se habló de la “nueva política” para indicar la aparentemente nueva situación, en la que dichos vicios fueron superados para siempre. Una visión a todas luces simplista de la política, el poder y la historia en Guatemala (queda preguntarnos si este análisis se debe a la ingenuidad o al cinismo).

El sorprendente triunfo electoral del partido Frente de Convergencia Nacionalista (FCN) y la transición “a tropezones”, así como un balance de las palabras, las obras y las “actuaciones” del nuevo presidente en estos primeros seis meses del año 2016, nos permiten afirmar que “la vieja política” en realidad no ha sido superada.

Pero no se trata de la “vieja política” de hace solo unos cuantos años, sino el enfermo árbol de la política que nació junto al Estado-nación guatemalteco en el siglo XIX, cuyas ramas llegan hasta estos mismos días en el siglo XXI, pero que hunde sus raíces hondamente en el suelo de la dominación colonial.

Entre muchos otros ejemplos de lo indicado, podemos mencionar la renovación de la pugna jurídica pero también política entre aquellos grupos que insisten en señalar, con las pruebas en la mano, que en Guatemala el Estado implementó políticas genocidas durante la guerra civil o Conflicto Armado Interno (CAI), y aquellos otros grupos que niegan lo anterior, con una serie de argumentos que apelan a sentimientos e ideas como el nacionalismo o un visceral anticomunismo, pero no a la lógica ni a los hechos. Recordemos que desde la época electoral, el entonces candidato del FCN, y actual presidente, tomó partido por la segunda opción, la negación del genocidio.

Esta disputa jurídica y política no solo se desarrolló en el mismo juicio por genocidio, anulado en años pasados y hoy reactivado a puerta cerrada; sino también en otros procesos como el caso de la base militar CREOMPAZ (antigua Zona militar 21 de Cobán), donde han sido localizadas cientos de osamentas de civiles torturados y asesinados, o el caso del campamento militar Sepur Zarco (en Panzós, Alta Verapaz), que fue el escenario de torturas y asesinatos a varios luchadores q’eqchi’ por la tierra y el territorio, así como de la esclavitud y violencia sexual de sus viudas durante largos años.

Tanto la Zona militar 21 de Cobán como el campamento de Sepur Zarco fueron piezas centrales, no solo de las políticas genocidas o políticas de muerte (necropolítica), sino también de las políticas de control, explotación y dominación de poblaciones, territorios y elementos naturales (biopolítica). Tanto la biopolítica como la necropolítica forman parte de la “vieja política”, que ya quisiéramos ver superada, sin embargo se renuevan y se entrelazan de múltiples formas en estos tiempos de una supuesta “nueva política”.

Hoy en día podemos ver a la necropolítica y a la biopolítica en acción, tanto en la destrucción de viviendas, cultivos y medios de vida de las comunidades desalojadas para dar paso a las plantaciones de monocultivo, como en la represión armada que acabó con la vida de Rigoberto Lima Choc (Sayaxché, Petén, 2015) o Walter Méndez (Las Cruces, Petén, 2016), entre muchos otros que no podemos mencionar aquí.

Asimismo, la necropolítica se evidencia en la persecución judicial contra los hombres y mujeres que se enfrentan a las empresas extractivas nacionales y transnacionales (mineras, petroleras, hidroeléctricas, agroindustriales). Por ejemplo las casi 100 órdenes de captura contra líderes y lideresas comunitarios de Alta y Baja Verapaz, por el “terrible crímen” de defender los territorios y la vida. O en la reciente anulación, de forma legal pero abiertamente injusta, de la consulta municipal en Cahabón (Alta Verapaz), en la cual la población votaría en relación a los usos del agua de los ríos Cahabón y Oxec.

En resumen, la máscara de la “nueva política” cubre el rostro de la “vieja política”, que aún está vigente de muchas formas. También sigue vigente la “vieja economía” extractivista (que también tiene raíces en los despojos coloniales). En estos tiempos de “nueva política”, los proyectos extractivistas de todo tipo están fortaleciéndose y consolidando su presencia territorial. Sin embargo, a cada paso han tenido que enfrentar las numerosas y diversas resistencias comunitarias en defensa de los territorios y elementos naturales como el agua. Entre muchas otras cosas, esas resistencias comunitarias nos hablan de un nuevo sentido, esta vez alternativo, de la biopolítica-, toda vez que son luchas en defensa de la vida.

Por Camilo Salvadó, Equipo PICTA – AVANCSO, Pueblos Indígenas, Campesinos, Capitalismo, Territorios y Ambiente (PICTA). La columna fue el Editorial del Noticiero Maya K’at de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica FGER el 17 de agosto del 2016.

NVI Noticias

Expertos de la organización internacional MiningWatch Canada y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunciaron las leyes “a modo” que en México permiten el saqueo de bienes naturales, despojo de territorios y desplazamiento de pueblos originarios.

Miguel Mijangos, de la REMA, denunció que el Artículo 6 de la Ley Minera da preferencia a la explotación de minerales por encima de reservas naturales, zonas arqueológicas y áreas protegidas como patrimonio histórico, agregó que el gobierno mexicano permite que las empresas mineras operen de manera irresponsable, sin fondos para enfrentar riesgos y menos para prevenirlos.

Las Reformas Estructurales, la Ley Minera y el proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), tienen en común leyes a modo que permiten la extracción de bienes naturales a cambio de contaminación, “no es cierto que trae empleos y progreso, las minas sólo traen contaminación, enfermedades e incremento de la delincuencia, se llevan todo y quedan pueblos fantasmas”.

Durante el taller impartido a miembros de la comunidad, Jennifer More expresó que la etapa actual en la que se encuentran los proyectos mineros en el Istmo, específicamente en Ciudad Ixtepec, es incipiente; sin embargo, de continuar avanzando sería casi imposible para la comunidad detenerlo, ya que las mismas leyes permiten a las empresas demandar al gobierno mexicano para que proteja sus inversiones.

Dijo que “blindar” el territorio de proyectos mineros requiere de estrategias multifacéticas, desde la organización de barrios hasta legal, debido a que el modelo extractivo actualmente es demasiado violento con las comunidades, tanto que en fases preliminares ya presenta afectaciones en términos de divisionismo entre los habitantes, además de la contaminación de tierra, agua y aire.

En ese sentido dijo que además de la contaminación de las aguas, las empresas mineras utilizan millones de litros de agua para sus procesos, afectando la calidad y cantidad de agua disponible en la región. Citó como ejemplo que para la extracción de oro se requieren hasta 250 millones de litros de agua al día para sacar 10 kilos de oro, dejando también 17 mil toneladas de desechos tóxicos, por cada 10 toneladas de oro.

Explicó que debido a las afectaciones en la salud de los habitantes, las mineras actúan rápido, extrayendo en un periodo de 5 a 15 años todo el mineral preciado de la zona, dejando millones de toneladas de roca mezcladas de sustancias tóxicas que afectaran el desarrollo de la vida en todas sus manifestaciones en ese territorio.

Con estas leyes que benefician a las empresas, se plantean situaciones absurdas en los pueblos, cuando la única real exigencia a este “modelo atroz” es que les permitan seguir viviendo en paz.

Fuente: Movimiento M4