USAID Honduras, coludida con los presuntos asesinos de Berta Cáceres

A menos de tres meses antes del asesinato de la lideresa Lenca, Berta Cáceres, el Programa de Inversión Social de Desarollos Energéticos SA (DESA)— la compañía hondureña que está llevando a cabo el proyecto de la presa Agua Zarca— y blanco de un campaña liderada por Cáceres— firmó un acuerdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)a través de Fintrac, socio de la agencia y empresa de proyectos de desarrollo contratante estadounidense.

Gloria Elena

Foto: Sergio Rodriguez, en polo blanco, empleado de Desarollos Energeticos S.A. firma contrato con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de Fintrac, un socio de USAID. Radio America.

¿Desarrollo o comprando conciencia?

El Programa de Inversión Social de DESA según la compañía, “ha destinado un porcentaje de sus utilidades para crear y realizar proyectos de enfocados en mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas al proyecto.” Para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, estas iniciativas son nada más que limpieza de imagen para una empresa controversial y otra forma de comprar la gente directamente afectada por la represa. La foto arriba sirve como ejemplo. Como parte de su Inversión Social en la Educación, DESA donó mochilas con el logo de la empresa a joven estudiantes. Se puede argumentar que este tipo de caridad encaja más con un trabajo de publicidad. De igual manera, el COPINH ha criticado la supuesta infraestructura que emprendió la empresa supuestamente para el beneficio de la comunidad que más bien sirvió para transportar el equipamiento de DESA. Es bastante probable que dicha empresa donó muy poco de su bolsillo ya que tenía acuerdos con el Ministerio de Educación y USAID a través de Fintrac, entre otras.

 

Enriqueciendo el Rico Para Servir al Pobre

Irónicamente, mientras USAID estaba entregando recursos a DESA, a través de Fintrac, cuyos dueños forman parte del elite de Honduras, para comprar consciencia, en su página web observa:

«Honduras ha experimentado una recuperación moderada desde la recesión económica mundial de 2008-2009. A pesar de esta tendencia alentadora, las ganancias económicas a lo largo de los últimos años han favorecido en gran medida las clases medias y altas, lo que lleva a una mayor desigualdad de ingresos en el país».

Los residentes de Río Blanco están en contra de la presa Agua Zarca principalmente porque dependen económica y culturalmente en el Rio Gualcarque. Por lo tanto, la USAID no sólo estaba ayudando a enriquecer una familia rica, pero con su apoyo al proyecto estaba perjudicando a la misma gente que decia ayudar. Olivia Marcela Zúñiga, hija de Berta Cáceres, se dirigió a los financieros extranjeros y cómplices de la presa Agua Zarca en su página de facebook, afirmando:

“el desarrollo no puede pasar sobre la vida humana, el desarrollo debería ser para mejorar la vida de los seres vivos no para aniquilar la vida. el mundo occidental no nos puede imponer su visión de desarrollo, ya que estos son nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestra visión de desarrollo debe prevalecer porque garantiza la existencia de la madre tierra y con ello la existencia de la humanidad. El desarrollo no puede ser autodestructivo de la humanidad, no puede ser capitalista, racista y patriarcal. No puede tomar como mercancía nuestra madre tierra que nos da agua, oxigeno y alimentos. Nuestra visión de desarrollo es una visión de armonía, equilibrio y respeto hacia todos los seres vivos.”

La Complicidad de la USAID y Fintrac

Debidas diligencias por parte de Fintrac probablemente habría obligado a esta empresa que se dice ser de mujeres propietarias con orgullo a evitar colaboración con una compañía que estaba en guerra con unas de las lideresas más respetadas y reconocidas de Honduras. Todas las alegaciones y pruebas existían: a pesar que el COPINH afirmaban que la presa seguía adelante sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los miembros locales afectados, que alegaban que el jefe de seguridad de DESA, Douglas Geovanny Bustillo, había acosado sexualmente a Berta. Estas alegaciones y pruebas hubiesen impedido su asociación con DESA según su código de ética y otras políticas internas. Por otro lado, sería difícil para la USAID alegar desconocimiento sobre el conflicto en Río Blanco ya que son un actor clave en la campaña contra la represa.

El contrato entre Fintrac y DESA se firmó en diciembre el año 2015 entre el DESA dentro el marco del programa de USAID llamado MERCADO y se trataba de proporcionar asistencia técnica a DESA para el beneficio de productores en 10 comunidades y 180 familias en dos municipios de Honduras. Información pública sobre el contrato es escasa aparte de algunos medios de comunicación locales que cubriendo el evento público donde se firmó el contrato. Lamentablemente, Fintrac eligió hacer este importante servicio social con DESA y no con otra organización.

En una alerta de acción del febrero de 2016, COPINH denunció USAID por su complicidad en apantallar un “desarrollo, empleo, energía limpia y responsabilidad social” y animó a sus simpatizantes contactar a la USAID y la embajada EEUU en Tegucigalpa entre otros con sus quejas por su papel en el avance de la presa.

Foto: El 2 de mayo, autoridades detuvieron a Sergio Rodríguez en conexión con el asesinato de Berta Cáceres. Jorge Cabrera/Reuters.

DESA expresó sorpresa tras la detención de Rodríguez, quien representó a DESA en la firma del contrato con Fintrac, y afirmó no estar involucrado en el asesinato de Cáceres. Sin embargo, menos de un mes antes del asesinato de Cáceres, Rodríguez fue uno de los denunciados por «amenazar la integridad física y emocional» de los miembros del COPINH en una denuncia que tuvo que ver con la última manifestación en cual Berta participó el 20 de febrero 2016.

Se informó a la familia Cáceres que el contrato con DESA fue cancelado a petición de la misma, en las semanas después del asesinato de Berta. Mientras Fintrac y USAID tranquilamente cancelaron el contrato con DESA sin mucha bulla, deberían rendir cuentas con los pobres que dicen ayudar y con los ciudadanos estadounidense que con sus impuestos financian sus actividades.

 

Convocatoria para Vacante en el área de justicia del Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres, Cadem, AC.

VACANTE PARA EL ÁREA DE DEFENSA DEL REFUGIO PARA MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA

El CADEM es una organización ubicada en el municipio de Cuetzalan, Puebla, región en la que trabajamos desde 1998 principalmente con mujeres y jóvenes indígenas, desde una perspectiva de Derechos Humanos, equidad de género, clase e interculturalidad.

Nuestra misión:
Somos una Organización de la Sociedad Civil integrada por feministas interculturales. Buscamos relaciones de equidad y de justicia, entre mujeres y hombres así como con la naturaleza, para vivir un desarrollo humano sustentable. Trabajamos con mujeres y hombres indígenas y mestizos de la Sierra Norte de Puebla.

En el 2004 como parte de los proyectos del Área de Derechos humanos y Cultura del Buen Trato, surge el refugio para Mujeres Indígenas en situación de violencia “Lic. Griselda T. Tirado Evangelio”. Desde entonces a la fecha, se han atendido de manera integral a mujeres indígenas y no indígenas en situación de violencia extrema.

Para mayor información, se puede consultar nuestra  página:
www.cadem-cuetzalan.org

Descripción del puesto:
Título: Abogada(o) con capacidad de litigio
Objetivo: Colaborar en el Área de Defensa del refugio temporal para Mujeres indígenas de Cuetzalan, Puebla, formando parte de un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género en la región de Cuetzalan del Progreso, Puebla.
 
Actividades principales:
Acompañamiento y Asesoría legal a sobrevivientes de violencia doméstica y/o de género.
Litigio legal integral (penal, civil, constitucional, Derechos Humanos). Elaboración de demandas y denuncias penales, quejas, investigaciones en materia de DDHH. Etc.
Desarrollo de estrategias jurídicas y de atención integral a las mujeres.
En algunos casos desarrollar estrategias de defensa, dentro de los marcos del Derecho Indígena.
Colaborar en la elaboración de reportes y documentos tendientes a la sistematización y elaboración de informes.
Participación en reuniones de análisis de casos con el equipo multidisciplinario.
Participación en la planeación y evaluación de planes estratégicos y/o anuales de la organización.
Diseño e impartición de talleres de capacitación sobre derechos humanos, prevención de violencia, etc.
Participación en reuniones y eventos con diversos actores sociales a nivel municipal y estatal, para favorecer procesos de incidencia.
Demás funciones que se requieran desde el área de Defensa.
 
Perfil:
Formación: Licenciatura en Derecho.
Requisitos: Contar con cédula profesional.
Preferentemente del sexo femenino

Características requeridas para el puesto:
Experiencia en derecho penal y conocimiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Experiencia o conocimiento sobre el derecho y la justicia indígena
Experiencia o conocimientos básicos  en el tema de DDHH, con organizaciones y/o movimientos sociales.
Sensibilidad cultural, de género, edad, derechos humanos y para la atención directa a personas agredidas
Disposición para viajar al interior del estado.
Habilidad para trabajar en equipo
Habilidad para la resolución de conflictos.
Responsable, flexible, abierta al aprendizaje y propositiva.
Manejo de programas de computación (Word, Excel, Power Point e Internet).
Responsabilidad y compromiso con temas relacionados con Derechos Humanos y el trabajo con mujeres en situación de violencia de género.
Discreción en el manejo de información a la que se tenga acceso con motivo de las funciones desempeñadas.

Condiciones de la vacante:
Sueldo: sujeto a evaluación de acuerdo a las habilidades de la persona postulante.
Ubicación: Cuetzalan del Progreso, Puebla, México.
Fecha de incorporación prevista: lunes 15 de junio de 2016
Se propone un Compromiso Colaborativo de al menos dos años.

Las personas interesadas deben enviar:
a) Currículum Vitae con documentos que lo sustenten
b) Carta de intención en la cual exprese el por qué le interesa colaborar en esta vacante
c) Una carta de recomendación

Fecha límite para recepción de documentación de las personas aspirantes: lunes 8 de junio de 2016.
Enviar la documentación referida a los correos electrónicos: susanamej@gmail.com, cadem98@cadem-cuetzalan.org y cadem98@gmail.comDirigida a la Dra. Susana Mejía, Coordinadora del Área de Derechos Humanos y Cultura del Buen Trato.

El proceso de selección consiste en la preselección con base en la documentación de la persona aspirante y enuna entrevista presencial con las personas aspirantes a la vacante. L@spreseleccionad@s deberán tener disponibilidad de asistir a esta entrevista en la ciudad de Cuetzalan, cuyos gastos de traslado para la entrevista, correrán a cargo de la persona candidata a la vacante.

Gustavo Castro: Se agota el tiempo para detener los megaproyectos

Entrevista: Gloria Muñoz Ramírez. Ojarasca 229

Gustavo Castro Soto, sociólogo y ambientalista originario de Tampico, Tamaulipas, fundó en 2007 Otros Mundos Chiapas, asociación sin fines de lucro con base en San Cristóbal de Las Casas, dedicada al análisis de impacto de megaproyectos en América Latina, especialmente mineros e hidroeléctricos. Es parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, y a escala nacional del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4).

La madrugada del 3 de marzo, Castro se encontraba en Honduras, en la casa de la luchadora lenca Berta Cáceres, cuando dos sujetos entraron y la asesinaron. A él también le dispararon, pero se tiró al suelo y por una fracción de segundo salvó la vida, pues lo dieron por muerto y los sicarios huyeron. Después de un verdadero viacrucis en Honduras, regresó a México, pero su vida aún peligra. Único testigo del asesinato de Cáceres, las garras de los criminales pueden alcanzarlo.

El ambientalista había llegado apenas un día antes a la comunidad hondureña de La Esperanza, invitado a impartir un taller sobre alternativas para generar energía en las comunidades, por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) del que Berta era coordinadora general. Analista y experto en políticas extractivistas, Castro analiza en entrevista para Ojarasca los tratados de libre comercio, las inversiones de los países poderosos en América Latina, los seguros de inversión y, en este contexto, las alternativas al capitalismo y los ataques a los defensores del territorio. Éstas son sus palabras.

El capitalismo voraz va por todo. Las transnacionales están adquiriendo un poder muy fuerte, de manera que en los tratados de libre comercio, las empresas buscan seguros de inversión. Que si violaron derechos humanos, les da igual, está asegurada su inversión, igual que si la gente está muriendo de cáncer por la mina que si deforestaron o construyeron una represa que mata un río como el Gualcarque. Todos los gobiernos de América Latina tienen tratados de libre comercio con Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia. Y bajo esos tratados deben modificar sus legislaciones para sustentar las inversiones, pues las empresas pueden demandar al gobierno por poner obstáculos arancelarios. Los países se ven obligados a cambiar todo el andamiaje, y ahora más con el Tratado Transpacífico, que es lo más terrible que hay.

Los gobiernos modifican su andamiaje institucional para garantizar modelos de extracción en América Latina. Y, además, cuando las trasnacionales dicen “vino tu gentucha y me bloqueó el camino, y eso es expropiación indirecta, son tu gente y me la estás poniendo”. Los gobiernos responden “no te preocupes, yo te la quito”.

Al menos hasta el 2012 había demandas de las empresas al menos por 200 mil millones de dólares contra 60 países en África, América Latina y el Caribe y Asia, porque gobiernos como los de Venezuela, Argentina o Bolivia los expulsaron por contaminar ríos y matar pueblos. El Salvador, por ejemplo, dijo que suspendía la extracción de oro y le cayeron millonadas de demandas. A Costa Rica, que declaró que no había minería de oro en ese país, se le fueron en contra.

Si un gobierno, en este caso México que en los últimos sexenios ha entregado unas 45 mil concesiones mineras sobre 95 millones de hectáreas en el país —la mitad del territorio— dijera a una de estas empresas que le quita la concesión y que se vaya, la demanda en su contra sería de tal magnitud que jamás se podría pagar.

Represas, carreteras, bancos, gasoductos, pozos, fracking, puertos, aeropuertos, hay de todo. Por eso lo que necesita el gobierno es criminalizar la protesta social, pues le resulta más barato criminalizar a los pueblos y a sus defensores que pagar las demandas de las empresas ante los tribunales internacionales. Si antes te movilizabas pacífica y legalmente para proteger tu agua, tu tierrita, o por lo que quisieras, ahora esto es un delito, es crimen organizado, atentas contra la paz. Terrorismo y secuestro. Se trata de generar miedo y desmovilización social.

En Honduras, Berta Cáceres y el Copinh se estaban enfrentando a esta situación. Después del golpe, los que quedaron al frente del gobierno de Honduras entregaron concesiones mineras a lo bestia. Son ellos los que aprobaron, entre otras cosas, las ciudades modelo. En Honduras hay muchas concesiones de represas, aunque no sirvan pues son un gran negocio en el que están metidas las constructoras. Honduras está más o menos a la mitad de Centroamérica, y hay inversiones de todo tipo. Puede generar energía eléctrica y venderla a la industria, a las ciudades modelo. Y, por otra parte, como las concesiones de minería necesitan agua, pues complementan la operación con las represas.

Otra cosa es el famoso mercado de carbón, que también lo tenemos mucho en Chiapas. Se generó un boom de represas cuando las compañías quisieron compensar las emisiones del CO2 con energía limpia según ellos; se sabe que es lo más puerco que hay y que ha sido la causa de desplazamiento, muertes, contaminación, desaparición de manglares y ecosistemas. Ese boom está en toda América Latina.

En este contexto, los defensores del territorio se la juegan pues no hay protección ni garantías a su favor. Los intereses y el negocio están por encima de cualquier otra cosa. Si tú estorbas a esos intereses, dependiendo de qué tanto, te quitan de en medio. Cuántos muertos hay. Es justo el contexto del asesinato de Berta.

Estamos ante uno de los momentos más oscuros de la historia, uno sumamente desesperanzador. A veces me niego a contagiarme, pero nos están cerrando todas las puertas y no se ve salida. Hacemos acciones legales, jurídicas, amparos, y nos siguen cerrando las puertas. ¿Cómo mantener la esperanza cuando parece que se está perdiendo la batalla? Lo veo tan difícil, y aún así me dicen que yo hablo con mucha esperanza. No sólo tenemos que pasarnos la vida en la resistencia, tenemos que construir.

Cuando explicamos en los talleres el capitalismo, decimos que capitalismo es un tren y ahí va todo el planeta. Claro, unos van en primera clase, otros en segunda, otros en tercera y otros colgados como pueden. De repente un compita migrante que va allá en el techo dice que a 500 metros hay un barranco y que el tren se va caer ahí. ¿Qué hacemos? Unos dicen que se le debe decir al chofer que frene, pero él no hace caso. Entonces deciden elegir a uno que les haga caso. Pero ya no hay tiempo para eso. Bueno, dicen otros, que cada quien agarre un pico, una pala, tumbamos la puerta, sacamos al chofer y nos ponemos nosotros. Otros dicen que mejor hay que pensarlo tranquilamente, planear bien la estrategia. Pero ya no hay tiempo.

Otros piensan que lo que hay que hacer es rezar, que Dios agarre los trenes y los eleve a su reino y los salve a todos. Otros dicen: “vamos a hacer radios comunitarias en cada uno de los vagones, panfletos para que la gente se concientice. Porque la gente no sabe por lo que estamos pasando”. Pero tampoco hay tiempo.

Unos no se han dado cuenta de que van en un tren, otros ni siquiera se han parado de sus asientos, muchos ni siquiera saben qué es un tren. Entonces uno dice “saltemos del tren”. Muchos no van a sobrevivir en el salto, pero en el intento de buscar otra cosa hay que hacerlo. Hay quien dice que se frenará con los pies de todos.

Existe una discusión interesante sobre las alternativas para América Latina. Muchos piensan que con gobiernos de izquierda esto va a cambiar, pero es como si cambiaran los choferes del tren. No van a cambiar mágicamente el capitalismo, como no van a transformar al tren en un elefante. Estás en el tren. Es el mismo, la misma dirección, y tarde o temprano llegaremos ahí, al barranco.

Por eso hay que construir una cosa distinta, saltar del tren, saltar de este sistema. Buscar otra forma para generar territorios liberados, experiencias distintas al capitalismo. No se debe cambiar sólo el combustible. No se trata de dar energía verde a un tren capitalista.

No hay una varita mágica, las alternativas se construyen en el ensayo y el error y deben ser trabajo de todos. Hay que inventar y crear alternativas, empezar a buscarle ya, porque el tren se va al barranco. Si alguien quiere dedicarse a las elecciones de un nuevo chofer, pues a ver si tiene tiempo. Algunos piensan que teniendo muchos Evo Morales, en América Latina el capitalismo va a dejar de ser capitalismo, y en esa disyuntiva están los movimientos. En el Copinh se salió de esa discusión. Dijeron “no” a la formación de un partido político, pues la identidad del movimiento social no es ser clase política.

En toda América Latina hay mucha gente en defensa de sus territorios, su lucha no es por ellos sino por el beneficio de todos. Por eso la solidaridad debe ser para todos, pues al final de cuentas es un beneficio común aunque sólo algunos pongan el pellejo. La gente está defendiendo la salud, el agua, los territorios, la vida. La responsabilidad es pareja y la respuesta tiene que ser global. Ya no tenemos tiempo, como decía Berta. No podemos hacer como que no pasa nada, ocultar la realidad, hacernos de los ojos que no ven. La lucha es de todos.

La defensa del territorio es por la vida

Por Miguel Ángel Mijangos (1)

¿Por qué defender el territorio?

defender-el-territorio-1Dentro del contexto en el cual trabajamos, la palabra defensa siempre nos lleva a pesar en acciones para la protección o salvaguarda ante un peligro latente o eminente, y muchas veces nuestras reacciones suelen pensarse para uno mismo o lo más cercano de nuestro entorno. No obstante, cuando hablamos del territorio y las amenazas que sobre él se vislumbran, nuestras acciones y pensamientos sobre su defensa suelen adquirir una dimensión multifactorial y compleja; los interpretamos o relacionamos en función de nuestros propios contextos o circunstancias, de tal manera que podemos reaccionar desde lo local hasta lo global según el caso.

La dimensión del territorio nos lleva a tener muchas y marcadas diferencias sobre cómo lo interpretamos y por ende, igual se diversifican las acciones para defenderlo ante amenazas dadas o potenciales. No es casual entonces que existan y coexistan múltiples actores -mujeres y hombres-, quienes definen sus estrategias de acuerdo a sus propias características y condiciones, y por ello hay quienes las realizan a través de las leyes o lo jurídico, así como también los hay con enfoques citadinos o urbanos, al igual que a partir de lo rural o como sucede también con los pueblos originarios, quienes bajo sistemas de gobiernos locales basados en “los usos y costumbres” definen diversas acciones para la defensa.

 

En términos generales, podemos afirmar que existen y se recrean miles de diferencias entre las acciones y estrategias que se realizan sobre “defensa”, de acuerdo a las condiciones y particularidades de los sujetos para con su territorio.

Derivado de esas características, en algunos casos las y los sujetos o entidades sociales suelen apropiarse del “territorio” a partir de una demarcación o límite geográfico o político, pero generalmente son expresiones sociales que se encuentran separadas o atomizadas unas de otras, como sucede por ejemplo con los municipios o los distritos políticos, en donde la “acción social y colectiva”, no siempre encuentra pluralidad en orden y para la gobernanza (2), aunque por supuesto siempre hay excepciones a la regla.

En otros casos, aun dentro de ciertos “límites geográficos”, y a pesar de tratarse de espacios que han sido “reconocidos o entregados” por otros -por ejemplo los núcleos agrarios-, son las acciones colectivas y comunitarias las que a través de sus expresiones sociales y culturales lo “demarcan en gobernanza”, encontrando su propio crecimiento cultural y espiritual, de tal manera que existen vínculos territoriales de coexistencia para con los bienes naturales, como la tierra, el agua, el viento, la flora y la fauna, sin que sea limitativa a éstos su conexión, así como también es ahí donde se establecen las conexiones espirituales, religiosas y cósmicas, las cuales por supuesto, prácticamente nunca están separadas de lo terrenal. Quienes mejor expresan esta condición “territorio/sujetos” son sin duda alguna los pueblos originarios.

No obstante, sin importar cómo sea que conceptualicemos y vivamos “El Territorio y la Territorialidad”(3), siempre hay factores internos y externos que suelen amenazar y poner en riesgo parte de los componentes que integran al territorio y en consecuencia, ello provocará cambios, alteraciones y modificaciones simples o complejas para un colectivo, mismas que en ocasiones llegan a ser cambios de tipo estructural tan graves, que pueden eliminar -parcial o totalmente-, expresiones culturales e identitarias, tanto individuales como colectivas, expresiones que, entendemos, son esas diferencias que nos hacen distintos entre y para con otros y otras, pero que en el sitio en donde se recrean y construyen son muy parecidas e incluso iguales para con nuestro sujeto colectivo.

Es decir, un factor o elemento amenazante es capaz de alterar la construcción del sentido de pertenencia de los sujetos individuales y colectivos, ya que los sujetos a través de sus interacciones cotidianas, o seleccionan o le imponen “repertorios culturales” que pueden o no responder a sus intereses y aspiraciones personales, así como a las exigencias sociales colectivas; de tal manera que la identidad colectiva se convierte en una construcción subjetiva y cambiante, la cual puede y suele ser transformada de forma acelerada cuando se encuentra íntimamente vinculada al territorio.

Así, por ejemplo, “La Milpa” es un referente común, amplio y múltiple para las familias e individuos campesinos de una misma comunidad, mientras que su siembra, percibida como mero procedimiento técnico a innovar desde una perspectiva externa, la desagrega y descontextualiza, contribuyendo a alterar para siempre procesos ancestrales vinculados a ese referente.

Los rasgos identitarios, herramientas, fechas, ritos, procesos de organización individuales, familiares y colectivos, tipos de semillas, conocimientos ancestrales y climáticos, así como conocimientos nuevos, además de la forma en que se transfieren entre generaciones, son una pequeña muestra de que, bajo las mismas circunstancias del usufructo del territorio en su sentido amplio, es decir, considerando todos los componentes que lo integran, es como se construye la identidad de los sujetos individuales, pero sobre todo la identidad como colectivos desde lo familiar y hasta el pueblo mismo. Una amenaza al sujeto o sobre uno o varios elementos naturales del territorio, necesariamente cambiará la construcción identitaria del sujeto.

Caso Carrizalillo: Ahí opera la empresa Goldcorp. En solamente dos años de operación de la empresa, el 100% de los campesinos dejaron de serlo y el 50% de ellos pasaron de ser dueños de su tierra, a ser trabajadores proletariados y empleados de una actividad nueva y por lo tanto, desconocida. Su satisfacción de ser pueblo cedió ante la satisfacción de tener dinero. Actualmente en Carrizalillo, tanto el territorio como los sujetos dejaron de conformar el pueblo que eran: la mitad han sido despojados y desplazados y ahora su población ha tenido que dispersarse por varias entidades del país.

En contrasentido… ¿qué pasa cuando a través de la resistencia de las y los sujetos, se organizan acciones para la defensa del territorio ante las amenazas que los ocupan? El sujeto y su colectivo refuerzan y fortalecen sus lazos identitarios, depuran su sentido de pertenencia y con ello se adhieren aun más a sus bienes colectivos concentrados al interior del territorio, ese territorio que definen y delimitan geopolíticamente o que delimitan con o sin linderos, pero que recrean en su cotidianeidad terrenal, espiritual y celestial y que, en conjunto, otros conocen como cosmovisión.

Derivado de lo anterior partimos de una premisa: No hay sujetos colectivos sin territorio. En otras palabras, sin territorio él/los sujetos son incapaces de recrear la totalidad de los elementos que permiten construir un proceso identitario sólido y capaz de articularse a otro y con otros en solidaridad; por lo tanto, se ven forzados a romper su propia naturaleza de lo comunitario que responde al sujeto social colectivo, y en consecuencia, aflora el individualismo y el sujeto se vuelve incapaz para ejercer sus propios procesos relacionados a la libre determinación y de auto-adscripción, a la vez que le cuesta mucho más su construcción espiritual; por lo tanto, es más fácil que se encuentre desconectado de sus creencias, deidades, religiosidad y por ende menos capaz de construir una CULTURA COLECTIVA PROPIA .

Es por ello que deseamos señalar que cuando hablamos de la defensa del territorio, por supuesto va implícito y está interconectado el sujeto colectivo, que no el sujeto individual. Defender el territorio implica defender el sentido de pertenencia y el proceso identitario de los sujetos colectivos, al igual que defender el sentido identitario es a la vez defender el territorio.

Caso Wixárikas contra la empresa First Majestic: En la Isla del Rey nacieron los Wixárikas, y desde ahí inician sus peregrinaciones hasta el Cerro del Amanecer, en San Luis Potosí, donde recrean el nacimiento del Sol. El cosmos huichol puede considerarse etnocéntrico. Todo el mundo es una “gran casa”, Una comunidad (kiekari). Las fuerzas o elementos de la naturaleza son considerados deidades, al mismo tiempo que sus antepasados y parientes de los huicholes. El centro del mundo se ubica dentro del territorio huichol. La cosmovisión Wixárika no separa tajantemente entre los ámbitos de la naturaleza, de la sociedad y de lo sobrenatural o sagrado. La empresa minera amenaza con destruir ese lugar sagrado y si ello sucede moriría el pueblo Wirárika, pero también el mundo entero.

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No debe sorprendernos que la defensa del territorio sea siempre de tipo multifactorial, puesto que el territorio es quien acuerpa la propia vida; ahí es donde nace la naturaleza; ahí se forman los sistemas ecológicos gracias a la combinación de elementos biológicos, físicos y químicos que suelen ser transformados por la acción del uso de los sujetos sociales (patrimonio biocultural). Por lo tanto, el usufructo también crea vida nueva y diferente dentro de un territorio, vida en donde de por sí ya la hay, pero también si durante su uso se pierde el enfoque y la visión de la importancia de lo multifactorial, entonces puede también generarse la muerte.

En ese sentido, si coincidimos en que la defensa del territorio es multifactorial y no está asociada a una acción en particular sobre el territorio en su sentido amplio, sino a partir de sus vínculos con los sujetos que lo usufructúan, pensamos entonces que será más fácil comprender e identificar qué tipo o cuáles son las amenazas que rondan por el territorio y con ello, amenazan y ponen en riesgo la propia vida de sus componentes, entre estos a los propios sujetos colectivos.

Enlistemos algunos casos para la reflexión y provocación:

  • ¿Los agroquímicos amenazan al territorio? O sólo al sujeto que los utiliza o a quien los consume a través de los productos que se originan con ello?
  • ¿El consumo y/o la siembra de transgénicos amenazan los procesos identitarios de los pueblos y por lo tanto, también al territorio?
  • ¿La ley de hidrocarburos amenaza al territorio?… ¿amenaza a la nación? ¿O es el modelo extractivo, es decir, la forma en la que se explota el petróleo la amenaza real?
  • ¿La privatización de los bienes naturales destruye la identidad de los pueblos?
  • ¿Cuidar a la naturaleza a través del “pago de servicios ambientales” amenaza el territorio?
  • ¿Los subsidios, por ejemplo el programa de Combate contra el Hambre o el programa Oportunidades ahora denominado Prospera o el Procampo son una amenaza al territorio, a la identidad y por lo tanto a la cultura?

Por supuesto, el anterior es un listado muy corto en comparación con la gran cantidad de procesos que hoy y desde hace años están amenazando al territorio, sin dejar de observar que en varios lugares ya no son meras amenazas, sino que ha iniciado la destrucción del mismo.

Sin embargo, en ese mismo contexto, debemos observar que justo bajo esas mismas circunstancias de amenazas y hechos reales, es donde también se recrean procesos para la defensa territorial desde posiciones integrales e integradoras, porque primordialmente se plantean bajo un enfoque inequívoco: La defensa de la vida.

La legalización del despojo

En toda Latinoamérica y no sólo México, vivimos una larga trayectoria de cambios políticos y de políticas que han estado ratificando y consolidando a los actuales sistemas de poder que hoy ya tienen en total subordinación y dependencia a naciones enteras. Desde nuestro punto de vista, ello no ha sucedido por casualidad, por errores de rumbo o por falta de dirección en los mandos superiores o gobernantes, sino todo lo contrario; hay una clara tendencia de “ir acomodando” paulatinamente todo aquello vinculado con los bienes naturales para la adquisición de ganancias, de construir condiciones para crear monopolios estructurales bajo la lógica del poder/fuerza por sobre la soberanía y la democracia, así como la apuesta cuasi idiota, de que este planeta puede aguantar todas las atrocidades que podemos ocasionarle, en aras del progreso y desarrollo, a partir del afamado desarrollo tecnológico. El capitalismo vil a todo lo que da.

Actualmente varios análisis nos llevan a ubicar por lo menos cuatro causales que consideramos forman parte de la columna vertebral de lo que padecemos hoy:

1. Las Reformas a las constituciones nacionales latinoamericanas bajo el eslogan comercial de las llamadas “reformas estructurales”, en donde se pone de manifiesto una serie de iniciativas de leyes que abonan a “la legalidad” del usufructo insostenible de los bienes naturales de las naciones y el consecuente despojo del territorio que se encuentra totalmente articulado al franco adelgazamiento de los derechos humanos individuales y colectivos.

2. La Alineación de las naciones para que asuman como “única e inequívoca forma de progreso y desarrollo” al proceso económico conocido como globalización, que no es más que reafirmar al ya conocido sistema capitalista, sistema que hace apenas unas cuatro décadas dejó de ser ejercido por las naciones, para ahora ser implementado a través de los corporativos empresariales y sus dueños, quienes son seres incapaces e insensibles ante su mayor resultado, que no único: el incremento de la desigualdad social.

3. El Debilitamiento de los gobiernos como estado/nación, para ocupar un rol sumiso ante el poder económico de capitales privados, ha llevado a que abandonen a los sujetos y sus circunstancias -incluidos sus bienes naturales-, como punto central para el progreso, para ahora dar prioridad a la “inversión/dinero/especulación” como única condición para el cambio social. En el caso mexicano ello se traduce en la ruptura total del pacto social logrado durante el proceso de la revolución iniciada en 1910.

4. El Incremento y fortalecimiento de las fuerzas de “seguridad” nacional e internacional, incluyendo la creación de grupos de choque, paramilitares y grupos armados que actúan en contubernio con el gobierno y el crimen organizado, y que son utilizados o azuzados para destroncar las protestas, movilizaciones y resistencias que este mismo modelo depredador genera. A este destronque se le conoce políticamente como “la criminalización de la protesta social”.

La alineación de estos cuatro elementos ha ocasionado que hoy tengamos una franca tendencia a la eliminación de la vida colectiva. Esa tendencia es mencionada atinadamente por el Papa Francisco en su encíclica como “la cultura del descarte”; es decir, lo que no sirve a los intereses corporativos y financieros simplemente se desecha. El modelo global rompe el bien común organizado, atenta contra la cultura fruto de la creación por el usufructo y sabiduría de los pueblos, destruye permanentemente la naturaleza como espacio espiritual y de confort, y por ende, su único destino es el “vil despojo” del humano en conjunto con lo que lo rodea. El modelo global casi funciona perfectamente, y aunque varias voces lo pongan hoy en contradicción, la verdad es que a los intereses y objetivos para los que fue creado, funciona de maravilla. Por ello, aunque estemos ciertos y seamos racionales respecto a lo que nos ocurre, casi es imposible que -de forma individual o como colectivos-, no estemos inmersos en muchos de los componentes mismos que le dan vida propia al sistema global capitalista.

Al modelo global lo han hecho ley para de esa forma convertirlo en un proceso de vida para cuasi 7 mil millones de personas, quienes lo retroalimentamos de manera cotidiana bajo el frenesí del consumo y de los servicios para que, de esa manera, el sistema continúe operando a la perfección a pesar de la insatisfacción, opresión y despojo que nos ocasiona.

En síntesis… el sistema capitalista se afianza de forma hegemónica y homogeneizadora bajo la denominada política de la globalización, misma que ha encontrado en el extractivismo y el monopolio oligárquico, una forma de vida que se retroalimenta mediante el dominio, la fuerza y la imposición. No tiene alma, ni territorio, ni espíritu, ni deidades, ni moral, menos aun ética y por ello no le importa que su destino concreto sea acabar con la vida. Ese es el sentido actual del Modelo Extractivo. Este es, a su vez, la expresión más relevante de la globalización y es altamente “eficiente” a los fines para lo cual fue creado.

Sin embargo, la lógica de la competitividad y el libre mercado no atenúa sus secuelas y daños, por el contrario… el libre mercado exacerba al máximo sus componentes haciéndolo depredador de sí mismo; por lo tanto, consideramos que ese modelo no cambiará salvo se presenten por lo menos tres condiciones:

  1. Que se agoten los bienes naturales “estratégicos” que lo alimentan
  2. Que la ciencia y tecnología encuentre nuevos recursos que sustituyan a los actuales.
  3. Que se genere un estallido social que modifique sustancialmente el modelo energético en el cual hoy estamos inmersos.

 

Recursos naturales o bienes naturales

defender-el-territorio-3El titulo ya sugiere una discusión de fondo y forma, pero en su apreciación más simplista queremos enfocarnos al hecho de que en el actual modelo global, la naturaleza y sus elementos -todos-, han sido convertidos en productos financieros, y por lo tanto, con valor mercantil para ser explotados bajo la tecnología de mayor avanzada mundial, tecnología que al mismo tiempo es la más irracional y destructiva que ha creado el ser humano.

El modelo extractivo no mira a los bienes naturales en su conjunto, sino al recurso natural específico, porque ese le proveerá de inmensas ganancias y cuando ese recurso haya sido agotado, la ciencia y “desarrollo” habrán encontrado un nuevo componente que pueda suplirlo y con ello continuar con su frenesí extractivo o peor aún, como ya sucede hoy en día, crear vida de laboratorio, sintética o manipulada genéticamente que contribuya a la construcción de monopolios, a la vez que otorgue un mayor control económico global.

Agua, minerales, gas esquisto o gas de lutitas, viento, biodiversidad, semillas y petróleo son los grades componentes que el modelo extractivo requiere para continuar con la dominación de los capitales sobre las naciones. Sin embargo, lamentablemente no sólo se trata de los bienes como elemento/insumo, sino del modo y la forma tan destructiva como son extraídos, generando millones de toneladas de tóxicos que se vuelen montañas inmensas de pasivos ambientales, los que por supuesto no están contabilizados en la fórmula financiera de los corporativos, porque si así fuera, literalmente el modelo extractivo actual sería incosteable económicamente.

Un ejemplo cercano sobre ello sirve para mostrar lo anterior: “La empresa Goldcorp en Carrizalillo, Guerrero, a través de la técnica de extracción a cielo abierto, obtiene, 28 kilogramos de oro al día, pero por cada tonelada de piedras y tierra SOLAMENTE extrae MEDIO GRAMO DE ORO,el resto se convierte en “desechos y desperdicios” llenos de metales tóxicos y otros contaminantes, los cuales afectarán el ambiente por lo menos durante 500 años. Para sacar sus 28 kilos de oro diarios empresa también utiliza 250 MILLONES de litros de agua y le agrega, igual cada día, 18 TONELADAS de cianuro de sodio. En contrasentido, ya se avizora que la propuesta de la nueva ley de aguas en México garantice no más de 50 litros de agua por persona al día. La irracionalidad hecha ley garantiza mayor acumulación y concentración de ganancias para los que de por sí ya tienen riqueza económica, mientras que al resto de la población esas leyes le administran precariamente el uso de los bienes naturales básicos.

La defensa de la vida es la fuerza de las resistencias

Es obvio que el despojo se sufre en carne propia; se despoja al ser humano de su salud; se le despoja de su identidad y cultura; se le despoja del ambiente limpio y sano; se le despoja de la naturaleza y la biodiversidad; se le despoja de la comunalidad; se le despoja de la tierra, del agua, del viento, y se le despoja y desplaza del territorio muchas veces con apoyo del crimen organizado.

No obstante, cuando las mujeres y hombres viven esas circunstancias, también suelen encenderse o activarse nuevas disposiciones y actitudes para la defensa de la vida y en contra del despojo y el desplazamiento.

Aún cuando en ese contexto, las resistencias suelen presentar diversas características, básicamente la principal diferencia radica en que no es lo mismo resistir ante el potencial ingreso de un megaproyecto a un territorio, a resistir e intentar sacar de su tierra un megaproyecto ya instalado y funcionando, sobre todo porque en el segundo caso ya se tiene encima no sólo a la empresa, sino a todo el Estado y su marco jurídico que para ello ha creado, el cual, como ya hemos señalado, literalmente está diseñado y establecido para facilitar el despojo del territorio y de los bienes naturales de los pueblos.

En el escenario de las resistencias, quizás las que más nos preocupan y ocupan, son las masivas resistencias de conciencia pero que no se traducen en acciones recurrentes y cotidianas, porque consideramos que no es suficiente ser consciente de la problemática que enfrentamos si no realizamos acciones directas y concretas que pretendan lograr un cambio parcial o total sobre esa problemática. De esta diferencia entre pensar y actuar a la vez, es donde surge el activismo, surgen los activistas, aquellas y aquellos que se suman a esta lucha desde lo local hasta lo global en contra de la globalización y el modelo extractivo. Conocer, saber y hacer, son hoy tres facetas necesarias de una responsabilidad social que va más allá de la simple participación ciudadana abstracta, y si la responsabilidad se logra en alianza con otras y otros, se abona a la defensa de la comunalidad, al sentido de pertenencia y en consecuencia a la solidaridad.

Como última reflexión… ¿cómo hacer que las diversas y diversidades de la luchas se integren en un sólo frente y dejemos de ser luchas monotemáticas? Requerimos que una sola conciencia asuma esta lucha global “a favor de la vida”, por lo tanto, juntarnos es la vía, pero cómo hacerlo es el reto que tenemos enfrente.

Notas:
(1) Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP, A. C.), asociación civil que trabaja en la región de la Montaña de Guerrero y en la región Istmo/Zanatepec de Oaxaca, sobre procesos de planeación territorial participativa, manejo adecuado de bienes naturales y estrategias para la defensa del territorio. PIAP es integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería -REMA-, Red que a su vez se integra al Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero -M4-.
(2) Otro ejemplo ocurre en las ciudades: dentro de una colonia dada, se forman territorialidades que suelen dar forma a barrios en los que por ejemplo, grupos de jóvenes se apropian de espacios para el desarrollo de sus propios procesos, sin que ello haya pasado por definiciones u acciones del conjunto de quienes ahí habitan. En este tipo de casos el espacio público suele ser administrado por el gobierno local, pero pocas veces por los ciudadanos, lo que genera apropiaciones del mismo desde otra lógica y perspectiva.
(3) En un sentido simple aunque a la vez complejo, se entiende por territorialidad; la gobernanza, es decir, la organización y conducta que cierto grupo social determina para un territorio o zona determinada.

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El financiamiento del despojo en Honduras

Por Aldo Santiago, Heriberto Paredes y Susana Norman /Agencia SubVersiones/

El asesinato de Berta Cáceres ha desnudado una serie de intereses económicos que involucran distintos niveles de funcionarios, instituciones financieras, integrantes de gobiernos centroamericanos, europeos, estadounidenses y canadienses (por lo menos) que dejan ver la arquitectura del despojo. La llamada «energía limpia», representada supuestamente por las represas no es más que una estrategia de enriquecimiento que pasa por encima de poblaciones enteras, destruye ríos y afluentes vitales para la reproducción de la vida y es –contrario a lo expresado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– la energía más contaminante y sucia de las últimas décadas, según un informe elaborado por la Comisión Mundial de Represas en 2000 y referida en una entrevista a Gustavo Castro (de pronta aparición).

Las distintas conexiones entre empresarios multinacionales y hondureños se consolidan como una compleja red que manipula leyes, recurre a recovecos legales y lleva a cabo estrategias económicas para consolidar la imposición de proyectos como Agua Zarca. Gracias a recientes conversaciones con Tomás Gómez, coordinador interino del COPINH así como una serie de rastreos y análisis, presentamos aquí algunos avances de esta investigación. Acompañamos este texto con un mapa elaborado por Geo Comunes, quienes han logrado cartografiar el panorama general de proyectos ligados al «capitalismo verde» y por ende a las nuevas fases del despojo.

Comienza Tomás con un planteamiento inicial básico para luego indicarnos una ruta posible para llevar a cabo nuestra investigación:

«El proyecto ha tenido varias fuentes de financiamiento. Uno es el Banco Mundial, otro es el BID. Estos bancos por el momento han parado otro desembolso que iban hacer y han visto que hay violaciones de derechos humanos y a la consulta. Esto ha sido a través de los bancos nacionales como el Grupo Financiero FICOHSA, entre otros. A nivel de Europa está involucrado el banco FMO, de Holanda, que no ha parado el financiamiento a pesar de que ha habido fuertes denuncias del COPINH, y de la comunidad internacional; ellos han llegado al grado de suspender el proyecto».

DESA fue fundada por dos empresas: Inversiones Las Jacarandas S.A., a título de José Eduardo Atala Zablah quien proveyó dos tercios del capital inicial (más de 33 millones de lempiras) y Potencia y Energía de Mesoamérica (PEMSA), representada por Gerardo Carrasco Escobar, quien aportó el resto (más de 16 millones de lempiras). Aparte de esta información, no existen datos públicos sobre los dueños de Las Jacarandas y PEMSA, y es probable que DESA haya recibido una suma de inversión mayor. Lo claro es que José Eduardo Atala Zablah junto a sus hermanos Jacobo y Pedro forman parte de la mesa directiva. La familia Atala, junto a figuras como Miguel Facussé –empresario de la palma africana beneficiado por las dádivas de lavado verde mediante créditos de carbono del Banco Mundial– han sido denunciadas como participantes clave en el golpe de estado militar contra Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009. Destaca entre los apoyadores al golpe el primo de los hermanos Atala Zablah, Camilo Atala, vice presidente del Grupo Financiero FICOHSA, considerado el conglomerado financiero más grande de Honduras.

«FICOHSA es de una familia potentada de Honduras, se ve el interés del gobierno y de los bancos, porque es de la familia Atala, dueño del equipo Motagua y de ahí vemos el banco Finnfund, que también son parte financiera a esta represa hidroeléctrica. A estos bancos no les ha importado que haya asesinatos, no les importa violaciones de los derechos de la comunidad indígena, no les importa nada. Hasta ahora solamente han llegado a suspender (el financiamiento). Nosotros como COPINH exigimos al banco FMO y Finnfund que retiren definitivamente todo el financiamiento para cualquier otro tipo de proyecto, poque son 10 proyetos los que están financiado para que ya no sigan aportando al asesinato, genocidio, a la intimidación,  a la pérdida de soberanía alimentaria, a la privatización, al concensionamiento. Pedimos que suspendan inmediatamente todos esos tipos de proyectos. Hay empresas como Siemens, que provee equipo como turbinas y otras que le facilitan a la empresa DESA para construir el proyecto hidroeléctrica. Siemens tiene inversión, un 30% del financiamiento a Voyth Hydro, osea que son la misma cosa. A todos les exigimos que paren todas sus acciones contra el financiamiento de Agua Zarca».

Aunque no está claro si los hermanos Atala Zablah tienen un interés en FICOHSA, Jacobo es presidente de las operaciones hondureñas del creciente Banco de America Central. En un principio se esparció la noticia de que Agua Zarca era financiada por FICOHSA, a través del Banco Mundial. Pese a ello el ente financiero internacional negó su participación en el proyecto; reportes del financiamiento de FICOHSA podrían haberse derivado de la inversión de la familia Atala en DESA. José Eduardo Atala fue electo en 2011, vicepresidente de la Asociacion de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA por sus siglas en inglés), grupo que representa más de 200 mil compañías y el 80% de la inversión privada estadounidense en Centroamérica. También se desempeñó como representante hondureño ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), experiencia que probablemente ayudó a DESA coordinar el préstamo de 24 millones de dólares otorgado por aquel banco en 2012.

El hombre más rico de Centroamérica, Camilo Atala, compró desde 2014 todas las operaciones hondureñas de la corporación CITIGROUP –cuarto mayor banco de Estados Unidos envuelto en graves casos de corrupción, como la quiebra del gigante energético Enron– y representa junto al nicaragüense Ramiro Ortíz Mayorga, los dos mayores conglomerados financieros de Centroamérica. Ortíz, dueño del Grupo Promerica ha estado buscando proporcionar sus servicios bancarios a la inversión de 50 billones de dólares para la construcción del canal de Nicaragüa, propuesto por China; a su vez, Atala, quien se desempeñara como ministro asesor en inversiones en el gobierno de Ricardo Maduro, mantiene presencia empresarial desde Guatemala hasta Panamá valuada en más de 4 billones de dólares.

Sin embargo, su boyante empresariado es auspiciado por organismos multinacionales privados como la Corporación Financiera Internacional (IFC por siglas en inglés), perteneciente al Banco Mundial, quien le otorgó en 2011 una inversión de 70 millónes de dólares para «crear fuentes de empleo y expandir el acceso al crédito para pequeños negocios». La IFC auditó las prácticas de préstamos de FICOHSA en 2014; el reporte explica que la institución no comprendió totalmente el arriesgado ambiente de operación bancario y sus clientes. Entre estos se incluye la Corporación Dinant, compañía de aceite de palma aficana vinculada al tráfico de drogas, quien utiliza violencia para desalojar de su tierra a los agricultores hondureños, con especial saña en la región noreste, en el Bajo Aguán.

«El proyecto fue insistente y en el 2013, el 1 de abril, inician una toma directo en ese proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Cuando los compañeros toman el acceso principal al proyecto, entonces comienza la militarización. El estado de Honduras comienza a poner ejército, policías y Tigres; a esa operación se la llamó Morazán o Morazanica y desde el 15 julio se inicia una movilización muy fuerte, pacífica, con el propósito de ir a decir a DESA, a darles un ultimatúm a los ejecutivos a que salieran. Pero cuando llegamos antes de 30 metros, empiezó la policía y el ejército a disparar. Cuando llegamos a poco metros le tiran al compañero Tomás García, luego le pegan otro disparo en la frente y lo asesinan de un solo. Eso fue el primer batallón de ingenieros de Siguatepeque quien lo asesinó y luego el intento de asesinato al hijo, Alan García, que el estado a eso no le da importancia si asesinan a un indígena, o si hacen el atentado contra el niño».

    «A pesar de toda esta criminalización, hostigamiento, intentos de asesinato a familias enteras como en el caso de la compañera María (que la quisieron asesinar, a su hijo de 12 años, a su esposo Roque), nosotros vemos que desde ahí es esa fase donde también salen los constructores, que era Sinohydro, empresa de China que también salió ese día 15 de julio viendo que habían ilegalidades y era ilegítimo el proyecto».

Tras la separación del gigante chino Sinohydro en agosto de 2013, producto del firme bloqueo del COPINH a la construcción del proyecto, el actual contratista es COPRECA quien se promueve como «una compañía familiar con cultura y conducta local, oriunda de Guatemala» y que en la práctica está involucrada en un espiral de corrupción: lavado de dinero y activos, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, entre otros delitos en un fraude al gobierno salvadoreño en 2005, cuando COPRECA ganó un contrato por 25 millónes de dólares para construir una carretera que nunca fue realizada.

A su vez el FMO y el BCIE son responsables de las muertes y represión contra el pueblo Ngabe Bugle, de Panamá, al financiar e intentar imponer el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en el río Tabasara. Pese a la inversión de bancos de desarrollo como el holandés FMO y el alemán KFW proveyeron a Generadora del Istmo (propiedad del hondureño Luis Kafie, involucrado también en el delito de estafa al seguro social de Honduras), el 9 de febrero de 2015 fueron suspendidos temporalmente los trabajos en Barro Blanco. Como consecuencia las agencias financieras europeas enviaron una carta al gobierno panameño donde advirtieron que «la suspensión pesará contra futuros préstamos». Pese a ello el 24 de mayo de 2016 se anunció el llenado de seis hectáreas del futuro embalse «como parte del inicio de pruebas de la central hidroeléctrica y su conexión al sistema nacional panameño». En su nivel máximo se espera que la represa anegue 250 hectáreas que incluyen cinco comunidades indígenas.

El FMO también concedió al Grupo Financiero FICOSHA un préstamo de 60 millones de dólares destinados a proyectos de «energía limpia», al tiempo que el banco es investigado en Panamá por lavado de activos, sospechoso de estar involucrado en el robo al IHSS pues existe la denuncia en la fiscalía contra el crimen organizado hacia FICOHSA y un total de 13 bancos panameños por asociación ilícita.

En declaraciones a prensa alemana, Tomás Gómez asegura haberse reunido, en marzo de 2015, con los encargados del suministro de turbinas para Agua Zarca. «En aquel entonces ya habían muerto Tomás García Domínguez y Paula Domínguez. Después de nuestra visita murieron otros tres habitantes de la comunidad de Río Blanco, a los que previamente trataron de comprarles sus tierras, necesarias para la aprobación del proyecto. Estos compañeros asesinados tuvieron previamente conocimiento de una lista de aproximadamente 20 personas, entre ellas miembros de la comunidad y tres coordinadores del COPINH: Aureliano Molina, Berta Cáceres y yo. Esta lista se la pasamos a los dirigentes de Voith Hydro con los que nos reunimos. Queríamos parar el proyecto para que SIEMENS y Voith no fueran cómplices de ningún asesinato».

«Esto tiene que ver con hacer las denuncias públicas, luego reunirse con los miembros de los bancos para presionarlos y decirles lo que esta pasando, luego iniciar en los mismos países de origen una demanda contra los bancos para que se cancele todo concesionamiento. A nosotros nos parece importante que los del banco no están queriendo que vayan personas de Holanda, por ejemplo en el caso del FMO, porque los hemos estado denunciando y ellos sirven de testigos para que le digan a los compañeros y compañeras y con eso se va a poder parar el financiamiento definitivo. A nivel local también tenemos definido las movilizaciones, acciones frente al MP. Y algo puntual, como los ejercicios de control territorial, que tienen que ver con ir a reconocer el lugar, a bañarse al río Gualcarque. Nosotros seguimos con el marco del COPINH».

Sin embargo, las peticiones del COPINH se mantienen ignoradas, en palabras de Lars Rosumek, portavoz de la empresa alemana especializada en maquinaria industrial que obtuvo el contrato por 8 millones de euros: «Como no podemos dar por terminada nuestra colaboración, hemos decidido suspender temporalmente el contrato de suministro hasta que se aclare la implicación de los trabajadores de DESA en el crimen. Después decidiremos si cancelamos o no el proyecto», declaró al tiempo que negó cualquier implicación con el asesinato de Berta Cáceres y otros miembros del COPINH, pese a que dos de los cinco sospechosos del asesinato, detenidos a principios de mayo, son trabajadores de DESA: Sergio Ramón Rodríguez Orellana, quien actuaba como gerente del departamento social y medioambiental, además de Douglas Geovanny Bustillo, quien trabajó para una empresa de seguridad privada bajo el mando de la empresa responsable por Agua Zarca. Otros dos detenidos tienen conexiones con el ejército hondureño, el mayor en activo, Mariano Díaz Chávez y el retirado Edilson Atilio Duarte Meza.

Douglas Bustillo habría acusado a Berta y el COPINH de ser guerrilleros, a la par que amenazaba y agredía a la población lenca durante los bloqueos y protestas que realizaban contra Agua Zarca. De acuerdo a algunas hipótesis, Sergio sería el encargado de planear y dar las órdenes a Bustillo para reclutar a los sicarios y al mayor Díaz, especialista en inteligencia militar y con experiencia en la guerra de Irak. Tras 10 días de silencio, fue hasta el 12 de mayo cuando Voyth Hydro anunció la suspensión del suministro de equipo a DESA cuando se hizo público un comunicado donde menciona la visita de «actores internacionales y financieros en una comisión independiente para verficar la honestidad de la empresa». En nota de Dick Emanuelsson, el reportero relata la odisea para obtener declaraciones de la empresa responsable por Agua Zarca. Después de un periplo para conseguir la dirección de la oficina en una de las zonas más caras de Tegucigalpa, consiguió asegurar una entrevista con el vocero de la empresa, Roque Galo. Sin embargo dicha conversación nunca se realizó y permanecen en la ambigüedad detalles como ¿quién es la persona que contrató a Douglas Bustillo, quien responde al nombre de Javier Bográn y qué cargo tiene en DESA? o ¿quienes son los involucrados en las élites financieras y políticas en el planeamiento y ejecución contra Berta?

Agua Zarca es un proyecto ilegal e ilegítimo: Tomás Gómez, coordinador del COPINH

Por Aldo Santiago, Heriberto Paredes y Susana Norman /Agencia SubVersiones/

Tomas Gómez Membreño es el coordinador interino del Consejo Cívico de Organizaicones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Asumió ese papel después del asesinato de su compañera Berta. En él, siempre cabe una sonrisa y un chiste, a pesar de la fuerte presión que ahora recae sobre él. Cómo su compañera, él también ha recibido amenazas. A las 11 de la noche nos recibe en la casa de sanación que tiene el COPINH en la pequeña ciudad de La Esperanza, capital departamental de Intibucá, uno de los 7 departamentos en donde los lencas tienen su extenso territorio. Su autonomía y libre determinación ahora estan amenazadas por alrededor de 50 proyectos «porque allí abarca no solo proyectos hidroeléctricos, sino concesiones mineras, eólicos, REDD+, AVA-FLEGT (comercio forestal para el mercado europeo) y las ciudades modelo. Eso sabemos es un paquete de privatización, concesionamiento y exterminio de nuestros pueblos porque significa más del 30% territorio hondureño que esta entregado no a nosotros, sino a mano de las empresas privadas» puntualiza Membreño.

El proyecto Agua Zarca, de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) es tan sólo uno más. En dichos proyectos tienen en común que son empresas que carecen de transparencia, tienen capital nacional y extranjero, y han recibido sus conseciones ilegalmente, pues los pueblos indígenas no han sido consultados, a pesar de que Honduras es firmante del Acuerdo 169 de la Orgnización Internacional del Trabajo (OIT). «Entre el 2006 y el 2007 realizaron cabildeos abiertos. Pero al participar los compañeros, de 800 sólo siete personas estaban a favor del proyecto Agua Zarca. Terminaron la votación a favor sólo los presidentes del patronato, secretario y allegados del alcalde. Los cabildos abiertos no son lo mismo que la consulta previa, libre e informada. Las comunidades han denunciado que no ha habido consulta.Si preguntamos a la comunidad de Río Blanco, lo primero que van a responderles que el río Gualcarque es sagrado y ahí están los espíritus de las niñas, abuelos, y ahí está el espíritu de Berta. Una protectora que antes denunciaba y ahora es una guardiana cuidando el rio».

«Han asesinado a cinco compas en Río Blanco, Intibucá. Pero también asesinaron a la coordinadora general del COPINH; han asesinado las costumbres, han atentado contra la soberanía alimentaria de las comunidades donde les quitan sus tierras, donde les quitan sus cultivos o les tiran máquinas encima. Generan sistematicamente genocidio contra las comunidades indígenas. Para nosotros es fundamental que en memoria de Berta Cáceres vamos a seguir en el proceso de defensa del territorio con la misma dinámica del COPINH para enfrentar a este monstruo. Nosotros como COPINH lo tenemos bien claro, no nos enfrentamos con las comunidades, sino contra la privatización y consecionamiento de estas empresas que el estado hondureño les dio a las empresas privadas no para beneficiar a las comunidades, no para llevar escuelas, sino para llevar la muerte a comunidades indígenas», continúa Tomás.

El historial de agresiones comenzó desde la presentación del proyecto en 2010. Desde abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos hasta cuerpos de seguridad hondureños trabajando para DESA que invadieron las ancestrales tierras lencas, cobijados por una sólida estructura económica privada y militar estatal. El proyecto Agua Zarca es sólo uno de las decenas de construcciones hidroeléctricas impulsadas por entes financieros globales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en un proceso que busca rendir frutos para inversiones y corporaciones trasnacionales respaldadas por corruptos sistemas judiciales y el soporte de fuerzas estatales de seguridad financiadas, entrenadas y armadas por Estados Unidos, Canadá y el mismo Banco Mundial.

En 2011, cuando representantes de DESA presentaron el proyecto de Agua Zarca en la comunidad de La Tejera en la región de Río Blanco, los pobladores rechazaron la construcción pues para ellos el río Gualcarque es sagrado. Pese a ello en diciembre del mismo año, en un acto de abuso de autoridad, el alcalde municipal de Intibucá, Martiniano Domínguez emitió el permiso de construcción del proyecto hidroeléctrico. La firma del funcionario público iba acorde al proceso ilegal de compra de títulos de tierra en el área de Río Blanco, acción que DESA comenzó desde agosto de 2011. Los títulos, también emitidos ilegalmente por la alcaldía de Intibucá, fueron concedidos a una familia rica del vecino departamento de Santa Bárbara de apellidos Pineda Madrid, quienes utilizaron violencia e intimidación contra la población lenca para reclamar la propiedad del territorio y posteriormente venderla a DESA. La concesión de estos títulos es una violación a la ley municipal de 1990 y al artículo 169 de la OIT, ratificado por Honduras en 1994. Otro de los funcionarios implicados es Rigoberto Cuellar, quien al fungir como Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, emitió permisos para la construcción de Agua Zarca sin completar los estudios de impacto requeridos por ley. Desde 2015, Cuéllar, ya como fiscal adjunto del Ministerio Público, es investigado por su involucramiento en el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social.

DESA es una empresa hondureña creada en 2009, la cual obtuvo el derecho de uso del río, avalado por la aprobación de la Ley General de Aguas y el decreto 233 (que prohibía la construcción en áreas protegidas) promovidas por el gobierno resultado del golpe militar del mismo año, el cual otorgó 347 concesiones hidroeléctricas en todo Honduras. Y contando. Pese al respaldo estatal, la empresa se ha valido de artimañas para obtener los títulos de propiedad de las tierras en el área del proyecto a través de violencia, fraude e intimidación, actos permitidos por las instancias gubernamentales locales e incluso promovidas por funcionarios de Estados Unidos, como la embajadora Lisa Kubiske, cuando en junio de 2013 declaró públicamente que «el gobierno (hondureño) debe garantizar un sistema de justicia funcional que proceda contra aquellas personas que motiven a los campesinos a invadir tierras», marcando claramente la afectación a los intereses financieros estadounidenses en proyectos hidroeléctricos, concesiones mineras y la expansión de monocultivos de palma africana. Aunado a ello las declaraciones recrudecieron las campañas de criminalización y agresiones contra defensores de derechos humanos, tales como aquellos que integran el COPINH y especialmente contra Berta Cáceres.
El proyecto AZ fue aprobado ilegalmente y es ilegitímó. Nosotros hemos probado a nivel juzgados, que ese proyecto es ilegal. Que también el ministerio público, parte de la estructura del Estado ha dicho que es ilegal porque al viceministro De Serna le dictaron auto de prisión preventiva. Desde ahí verificamos nosotros que este proyecto es ilegal e ilegítimo porque no ha habido consulta», destaca Tomás Membreño

Aunado a la transformación del Estado hondureño hacia una corporación-Estado que actúa bajo estructuras que imponen proyectos privados a traves de instituciones públicas, se sospecha que ganancias de actividades ilegales como el tráfico de drogas, es lavado e invertido en el corrupto sector de la construcción, sobre todo de presas y minas. El mismo Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, a través del Programa de Recuperación de Activos Robados, lanzaron un estudio donde analizan como las estructuras corporativas han sido utilizadas para lavar billones de dólares de ganancias ilegales, pese a ello no existen medidas globales reales en trasparencia corporativa; entidades como Wells, Fargo, Citibank y el Banco de América, por mencionar sólo algunos casos, se han visto involucrados en escandalos de lavado de dinero.

Otro ejemplo de como la corrupción se exhibe tal acto de exterminio es representado con la imposición de la hidroelétrica de Belo Monte, en Brasil, donde las mismas empresas que son investigadas por desvíos de recursos en la Petrobras (Oderbrecht, Camargo Correa y Andrade Gutierrez) son las mismas beneficiadas por la construcción de la presa, la cual antes de comenzar a funcionar ya había comprometido y devastado poblaciones enteras. Para los escépticos, la cereza en el pastel es apenas la minúscula ventana sobre la voracidad del capitalismo global evidenciado en las filtraciones de los Panama Papers un mes después del asesinato de Berta Cáceres.

Otro actor importante es el capital de origen canadiense, pues dicho país es el segundo mayor inversionista extranjero en Honduras con más de 600 millones de dólares. También es el mayor inversionista en mineración, liderea la industria de la confección y emerge como personaje clave en la creciente industria del turismo en la costa norte hondureña. Es razonable tratar el caso de Río Blanco como parte de una trayectoria más amplia de Canadá en Honduras, especialmente porque DESA es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el estado canadiense a través del Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las Américas (Proyecto «Profile»). DESA es en parte, una empresa hondureña financiada por el estado canadiense en un país donde compañias hondureñas funcionan con frecuencia como filiales de las firmas canadienses.

En 2015, el pueblo lenca de Río Blanco se enteró sobre otro proyecto hidroeléctrico, esta vez en el río Canjel cerca de la frontera entre los departamentos de Santa Barbara e Intibucá el cual estaba siendo construido, por lo cual comenzó una serie de protestas para denunciar el proyecto. La empresa Blue Energy, fundada por el inversor estadounidense Peter Ochs, perteneciente a una firma de capital privado con sede en Kansas, Capital III, junto a la compañia canadiense Hydrosys Consultants con sede en Montreal, fueron las responsables de iniciar la construcción sin consultar a la población lenca afectada.

Capital III planea el financiamiento de cuatro presas en Honduras, tres de las cuales el COPINH ha denunciado. Una de las mayores es la del Proyecto Hidroeléctrico Zompopero el cual afectará tres departamentos hondureños y representa una inversión de 50 millones de dólares. A su vez Hydrosys Consultants está involucrada en por lo menos cinco hidroeléctricas en Honduras y cuatro más en Centroamérica. Hydrosys fue contratada por Rio Power S.A. propiedad de Fredy Nasser, yerno de Miguel Facussé, ambos apoyadores, planeadores y ejecutadores del golpe de Estado en 2009.

Canadá ha desempeñado un rol activo en Honduras desde el azote del huracán Mitch en 1998 y después del golpe de Estado en 2009. En 2014 el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA por sus siglas en inglés) reportó que «las auto proclamadas fuerzas pacificadoras han construido una fortaleza en Honduras a través de la inversión en industrias y el apoyo al gobierno ilegítimo creado a raíz del golpe de estado. La relación de Canadá con Honduras es un emblema de su desplazamiento en la comunidad internacional, como una presencia imperial, estableciendo y expandiendo industrias en países menos desarrollados a expensas de ciudadanos locales y el medio ambiente. Canadá promovió una nueva ley minera post golpe y después aprobó un acuerdo de libre comercio con Honduras para promover las inversiones canadienses a pesar de las evidencias en serias violaciones a los derechos humanos y ambientales.

Aproximadamente fueron aprobadas 829 proyectos hidroeléctricos en Sudamérica, durante 2014, con un total de inversión de 22 billones de dólares. La fiebre en la construcción de megaproyectos hidroeléctricos aparece después de que a medidados de los 90 numerosas protestas consiguieron frenar la estrategia impulsada desde el Banco Mundial. Fue cuando recibieron la etiqueta de «energía limpia» como una solución a la crisis climática mediante las negociaciones del Protocolo de Kyoto en 1997, ratificado e impuesto por los acuerdos de París en diciembre de 2015 durante la COP21, ya que las mega hidroeléctricas han recibido un mayor impulso y financiamiento en busca de tomar ventaja a través de las nuevas oportunidades de negocios creadas para simular la respuesta a la crisis climática, donde las corporaciones son las beneficiadas por soluciones de mercado como los Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Pero las hidroeléctricas son todo menos limpias. en regiones tropicales como Honduras son una enorme fuente de gas metano que agrava el efecto invernadero de la atmósfera, además de que las mega hidroeléctricas facilitan la extracción de combustibles fósiles como el carbón y el gas. En Perú, Colombia y Brasil, gigantescas hidroeléctricas están siendo construidas con la intención de generar energía barata para la industria extractiva.

 

El asesinato de Bertha Cáceres y ¿por qué se esconde DESA?

Por Dick Emanuelsson / Resumen Latinoamericano

Reflexiones subjetivas sobre un consorcio hidroeléctrico que prácticamente ha desaparecido del escenario público

TEGUCIGALPA / Durante los años como reportero, tanto en Suecia como en Latinoamérica siempre he tenido el principio de dar a todas las partes involucradas en un conflicto el derecho a opinar. Nada insólito sino es un principio periodístico universal.

Por eso entrevistamos a Douglas Bustillo, el subjefe de seguridad del proyecto Hidroeléctrica Agua Zarca en el Río Gualqarque el 9 de diciembre de 2013. Fue cuando hicimos el reportaje sobre el conflicto entre el pueblo indígena lenca y Copinh por un lado y la empresa Desa y una parte de la población lenca en Río Blanco, por otro lado.

No era la primera vez que visitamos las regiones por donde pasa el Río Gualcarque. Ya en el mes de marzo de 2010, ocho meses después del golpe de estado militar en Honduras, llegamos con el padre Bonifacio de la parroquia de La Esperanza, cabecera departamental de Intibucá a San Francisco de Opalaca, un Edén de naturaleza en esta parte de Honduras.

Comprando la población con confites

El querido sacerdote hablaba pausado y muy pedagógico allá en la humilde capilla en la montaña un sábado con un sol radiante sobre la importancia que el pueblo originario no se vendiera por unos confites, bolsa de maíz o 100 lempiras (5 US-dólares). Porque los testimonios, sobre todo de las mujeres lencas, relataban justamente eso; la empresa intentaba de comprar la población indígena, como fueran colonialistas españoles, aprovechando la extrema pobreza.

Desde ya se hablaba de firmas falsificadas de los títulos, actas inventadas entre un alcalde vendido y su población que reclamaba justicia que en el postgolpe en Honduras no existía. El Congreso Nacional, cuyo presidente entonces se llamaba Juan Orlando Hernández, había otorgado más de 50 concesiones a empresas mineras o de represas, nacionales o transnacionales.

Acusaba a Bertha & Copinh por guerrilleros

A Douglas Bustillo queríamos enfrentar por las acusaciones de Bertha y Copinh en el sentido que él era responsable por las amenazas a la líder de Copinh, que además la acusaba a ella y a Copinh por ser guerrilleros. En la entrevista pudo aclarar que él no compartía esa conclusión y liberó a los mencionados sobre esas acusaciones.

El 2 de mayo fue detenido Bustillo junto con tres hondureños más, acusados de ser los autores y programadores del asesinato de Bertha Cáceres el 3 de marzo. No era cualquier persona Sergio Rodríguez. Él es el gerente de la empresa Desa, acusado por dar órdenes a Bustillo de reclutar los sicarios materiales del asesinato y reclutar a Mariano Díaz, un mayor activo del Ejército de Honduras, especialista de inteligencia militar y con experiencia de la guerra en Irak.

Para cualquier empresa que tiene dos empleados involucrados en un asesinato que ha sacudió y ha causado a la nación centroamericana un escándalo internacional sin precedentes, pues no es cualquier cosa. Esa gerencia, si es totalmente sin responsabilidad del asesinato, intenta inmediatamente, ante la opinión pública, responder cualquier acusación en su contra.

Produce comunicados pero no da la cara

Y las acusaciones contra Desa han llovido. El dueño de Desa es el clan oligárquico más poderoso de Honduras, Atala-Faraj, de origen cubano-palestino. Copinh y Bertha Cáceres acusaban a la empresa por ser los máximos responsables por los atropellos y hasta asesinatos de integrantes de Copinh. Hoy Copinh y los familiares de Bertha acusan a la empresa de ser los autores intelectuales del asesinato de su mamá.

Cuando la fiscalía detuvo a los cuatro implicados y el juez, cinco días más tarde decidió detenerlos por ser los presuntos autores del asesinato de Bertha Cáceres, la empresa todavía no contestaba ninguna pregunta de los periodistas, que se quejaban en sus columnas por no responder las llamadas de los comunicadores.

El día de la detención, el 2 de mayo, Desa expidió un comunicado de prensa en donde expresaba su sorpresa sobre la detención del gerente de Desa, Sergio Rodríguez.

Voith Hydro y Banco Holandés suspenden actividad

De ahí un silencio total durante diez días hasta que la empresa multinacional alemana, Voith Hydro, informaba el 12 de mayo que suspendía todo suministro de productos, entre ellos las tres turbinas, mientras no se aclaraba el supuesto involucramiento de Desa en el asesinato de Cáceres. El Banco Desarrollo de Holanda, co financiador del proyecto hidroeléctrico ya había tomado la decisión de cancelar toda las actividades en Honduras, horrorizado por los asesinatos de los indígenas.

En la tarde ese día 12, fue publicado un comunicado de Desa en donde decía que confía “en  que  la  justicia  hondureña  llegará  a  los responsables de este lamentable suceso”, y que los actores internacionales y financieros enviaran una comisión independiente para verificar la honestidad de la empresa y su inocencia en la muerte de Bertha Cáceres.

Para los periodistas eran muchas noticias “calientes” e interesantes. Pero Desa no salió a la luz pública. Solo publicó su comunicado de prensa.

¿La empresa Desa va a la clandestinidad?

Intentamos por todos lados encontrar los datos de la empresa como números de teléfonos pero solo encontramos una página de web que ni siquiera tenía una dirección de su oficina en Tegucigalpa. Llamamos a Hondutel, la empresa estatal de telefonía y nos dio un teléfono en Río Blanco, ocho horas en carro de la capital en donde contestó una señora que no era el teléfono de Desa.

Optamos por pedir un contacto con Desa a través de su correo electrónico; comunicacion@hidroelectricaaguazarca.hn, y aprovechamos al mismo tiempo de enviar unas preguntas escritas para darle la oportunidad a la empresa de responder nuestro petición. Fue enviado el 12 de mayo de 2016 a las 16.38 horas.

La empresa contestó, para nuestra sorpresa, casi inmediatamente, a las 16.43, con las palabras:

Buen día,
Para Hidroeléctrica Agua Zarca es de vital importancia proporcionar la información que nos solicita,
Le compartimos el presente pronunciamiento oficial que recién se está liberando,
Gracias por su atención
”.

Desa nos envió el comunicado publicado el mismo día pero no nos dio ni un teléfono, ni persona de contacto ni respuestas a nuestras preguntas.

El oculto vocero de la empresa, Roque Galo

Logramos encontrar una dirección después de varios días de búsqueda en Tegucigalpa; Blvd. Juan Pablo II Edif. Torre Alianza II, 10 Piso, Suite 1001. Pero nada de teléfono. Enviamos una pregunta por la Red Fian en Honduras y después un silencio de tres días nos llegó un correo de un colega con dos teléfonos y el nombre del vocero de la empresa, Roque Galo.

El lunes pasado (16 de mayo) fuimos a la oficina de Desa sin avisar nuestra llegada. La empresa tiene oficina en el 10º piso en uno de los edificios más caros de arriendo de la capital hondureña, Torre Alianza. Los vigilantes llamaron a la oficina y ahí dijeron que no podían atender hasta a las 5 de la tarde, ese mismo día, lo cual hicimos.

En la oficina de Desa no responde, cuando uno llama, con el nombre de la empresa Desa. Solo dice “aló”. Y pregunta quien llama. Presenté mi misión y que nos había dicho que llamaríamos a las 17.00 horas para hacer la entrevista. Pero la respuesta fue negativa. El señor Roque Galo no estaba, llegaría más tarde y hablaríamos más tarde. Pasó lo mismo, y acordamos que me enviara su mensaje sobre la hora a mi correo electrónico.

¿Porqué se niega la existencia de Desa?

Pero hasta ahora, cuando editamos estas líneas, no hay nada de Desa en el correo. Hemos llamado aproximadamente 25 veces al celular y al fijo. En este último teléfono tampoco responde la secretaria con el nombre de la empresa sino con una pregunta de sospecha ¿“quien llama”?

Primero ella negaba que Desa tenía oficina ahí pero sí, que el señor Roque Galo había estado la semana pasada en la oficina, cuando él mismo había estado en la oficina el lunes, al medio día cuando llegamos sin avisar. Llamamos a Hondutel nuevamente para que buscara los dueños registrados del número del teléfono fijo y efectivamente es el número de la empresa Desa. ¿Por qué dio la orden a la secretaria de negarlo?

Subrayamos la importancia que Desa comentara la entrevista que habíamos hecho con el vocero de la empresa alemana Voith Hydro y el hecho que la empresa revocara el contrato si la justicia hondureña llegara a la conclusión que empleados de Desa están involucrados en el asesinato de Bertha Cáceres.

Pero nada, la empresa Desa se esconde, prefiere que los medios especulan o publican lo que dicen otros. Y es muy insólito, porque una empresa que no tiene responsabilidad en un hecho tan trágico como la muerte de un ser humano, pues tiene todo interés de deshacerse cualquier mancha en su fachada.

Pero eso no pasa con Desa.

Pero no nos rendimos, y si Roque Galo y Desa ven las siguientes preguntas enviadas el 12 de mayo a su correo electrónico, pues ¡adelante para que las respondan! Entre las ocho preguntas enviadas el 12 de mayo, nos interesan sobre todo las siguientes:

  1. Douglas Bustillo menciona en la entrevista que le hicimos el 9 de diciembre de 2013 que “a mí me contrató Javier Bográn”.
    ¿Quién es Bográn y qué cargo tiene él en Desa?
  2. Realizó la empresa alguna entrevista con el personal en Rio Blanco después el asesinato de Caceres el 3 de marzo? , entre ellos con Bustillo y Rodriguez?
  3. Según medios de comunicación hondureños, la gerencia de Desa se reunió en el mes de diciembre de 2015 y supuestamente se informaba sobre una pérdida en las actividades del proyecto hidroeléctrico Aguazarca de tres millones de dólares. ¿Hubo algún punto en el orden del día en donde se mencionó Copinh y Bertha Cáceres?

Leer más:
Reportaje marzo 2010: Desde la cuna de los indígenas Lencas en donde un pueblo se ha unido y ha tomado conciencia.
Por Dick y Miriam Emanuelsson
VIDEO (1 hora): 
 vimeo.com/13473895

Pesticidas y niñez. El futuro nos está alcanzando

Emmanuel González-Ortega. Página3

Oaxaca.- A nivel mundial, el modelo de producción industrial agrícola echa mano de una gran cantidad de sustancias químicas con actividad plaguicida (insecticidas, fungicidas y herbicidas) y México no es la excepción.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sólo en 2013 en México se emplearon 37 455 toneladas de insecticidas, 31 195 toneladas de herbicidas y 42 223 toneladas de fungicidas. Aunque se conoce que los estados que más utilizan plaguicidas son: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, dadas las carencias en infraestructura de monitoreo y la falta de regulación sobre el uso de sustancias químicas, no es posible conocer con detalle sobre el tipo de químico utilizado, el uso,  o las localidades en las que se aplican.

La organización ecologista Green Peace conjuntamente con investigadores de la Facultad de Ciencias de la UNAM, publicaron recientemente un reporte sobre la presencia de químicos usados en la agricultura industrial mexicana en ríos, drenes agrícolas, lagunas costeras y mares. Aunque existe un Catálogo Oficial de Plaguicidas, está totalmente desactualizado e incluso permite el uso de por lo menos 30 sustancias que desde hace años han sido prohibidas en otros países por sus altos índices toxicológicos, tanto para el medio ambiente como para la salud humana.

El estudio de la UNAM y el grupo ecologista reporta el monitoreo de agroquímicos altamente tóxicos (por ejemplo el herbicida glifosato) en agua colectada en dos regiones muy relevantes para la agricultura: Sinaloa y la Península de Yucatán.

Sinaloa se caracteriza por la agricultura industrial en monocultivo de maíz (producción anual aproximada de 5 millones de toneladas), jitomate y trigo entre otros. La agricultura sinaloense utiliza 700 toneladas anuales de plaguicidas y se reporta que por lo menos 17 diferentes sustancias utilizadas son clasificados como tóxicos por la Organización Mundial de la Salud. Los agroquímicos que se aplican intensivamente no permanecen en los campos de cultivo, sino que son filtrados y arrastrados hacia los cuerpos de agua, incluido el mar; por lo que las afectaciones al medio ambiente no únicamente se encuentran en el campo agrícola, sino en las aguas de ríos, lagos, en el mar, y de manera importantísima, en nuestros alimentos.

El estudio de la Facultad de Ciencias muestreó agua en diferentes puntos de Sinaloa (Ríos El Fuerte, Culiacán, Sinaloa; Lagunas Lechuguilla, Navachiste, Pabellones) en la temporada en la que no se aplican químicos. Se detectaron tóxicos altamente persistentes, tales como DDT, Endosulfán, Metoxicloro, o glifosato, que son muy contaminantes. Algunas de las sustancias tóxicas identificadas se encontraban en el mar, ¡a 10 km de la costa y a 10 metros de profundidad!

En cuanto a la Península de Yucatán, particularmente en el estado de Campeche, desde hace unos años se ha impulsado la agricultura industrializada con alto requerimiento de fertilizantes, plaguicidas y glifosato, lo que ha implicado la deforestación masiva de selva: de acuerdo a la organización Nature Conservancy, sólo en 2013 se arrasaron más de 38 mil hectáreas de selva y únicamente en el municipio de Hopelchén entre los años 2000 y 2008 se perdieron más de 22 mil hectáreas de selva, es decir se ha perdido biodiversidad y en varias comunidades se han dejado prácticas agrícolas milenarias, tales como la milpa maya o la apicultura.

El estudio de la Facultad de Ciencias realizó muestreos en Quintana Roo, en la costa de Yucatán, y en las costas de Campeche. Se encontraron concentraciones elevadas de entre varios, DDT, que es un insecticida muy tóxico y que está explícitamente prohibido, Endosulfán y Glifosato.

Como se ha explicado en notas anteriores, el glifosato es un herbicida no selectivo, cuyo uso se acrecentó a raíz de la introducción de los cultivos transgénicos, siendo actualmente el herbicida más utilizado a nivel mundial y que recientemente fue clasificado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. La siembra de soya transgénica tolerante a glifosato ha provocado el uso masivo de este herbicida en la Península de Yucatán y además, los organismos gubernamentales no han actualizado la información oficial sobre los daños potenciales ni sobre la regulación en cuanto a su uso, pero en cambio, si han impulsado la agricultura intensiva a la que se ha acoplado la comunidad menonita, que actualmente también está padeciendo las falsas promesas de esta modalidad de agricultura: muchas núcleos menonitas enfrentan deudas muy severas, y enfermedades tales como cáncer por la exposición prolongada a los agroquímicos.

El estudio encontró que el río Champotón –el río más importante de la Península- presentó los mayores niveles de agrotóxicos; aunque los mayores niveles de glifosato seguramente se deben a la actividad agrícola, el estudio especula que la aspersión de glifosato en los innumerables campos de golf contribuyen a la contaminación de las aguas peninsulares con este herbicida actualmente considerado como probablemente cancerígeno.

De acuerdo al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Campeche,  a partir de análisis de orina, se encontró que niños de la comunidad de Ich Ek, perteneciente al municipio de Hopelchén, están contaminados con glifosato. El funcionario desestimó que la contaminación por glifosato sea la causa de enfermedades como el cáncer. Las ignorantes (por decir lo menos) declaraciones del funcionario campechano contrastan con el reporte recientemente publicado por la organización estadounidense Red de Acción por los Pesticidas (PAN, por sus siglas en inglés). Este reporte hace una compilación de estudios epidemiológicos sobre el aumento significativo de enfermedades en niños de distintas regiones de los Estados Unidos (el país que históricamente ha utilizado más agroquímicos) y la exposición a diversos pesticidas. Es indudable la relación entre la contaminación química y el aumento de enfermedades infantiles.

Los niños son particularmente vulnerables a los daños por la exposición a herbicidas, ya que a nivel fisiológico desde el estado embrionario y durante las primeras etapas de vida (por ejemplo, hasta los 6 meses), los niños beben en promedio 15 veces más agua que los adultos; hasta los 12 años de vida, el ritmo de respiración de los niños es el doble que el de los adultos.  Un factor adicional que posiblemente influye en la disposición a enfermedades a partir de la exposición a sustancias químicas, es que el sistema inmune no está totalmente desarrollado, por ejemplo, la barrera hemato-encefálica que provee al sistema nervioso de protección ante algunas sustancias tóxicas termina de desarrollarse hasta después de los 6 meses de vida.

Por lo tanto, puede inferirse que la exposición a herbicidas u otros químicos puede provocar daños significativos a la salud.  Si se consideran las condiciones socio económicas, son estas factores potenciales adicionales de emergencia de enfermedades en los niños: una familia que vive en condiciones de pobreza destina menos recursos a una alimentación adecuada y en muchos casos, lamentablemente no puede disponer de servicios médicos de calidad.

La Red de Acción por los Pesticidas reporta aumentos drásticos de enfermedades tales como distintos tipos de cáncer y leucemias (aumento de hasta 36% ), tumores de cerebro y sistema nervioso, linfoma y autismo (¡aumento de 123%!).

¿Permitiremos que ocurra lo mismo con nuestras niñas y niños?

¿Qué pasa en otros estados del país (por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, Chihuahua)?

¿Qué podemos hacer?

Todo empieza en la Información y la organización.

Más información:

Reporte Green Peace: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Agricultura-sustentable-y-transgenicos/La-huella-de-los-plaguicidas-en-Mexico/

Reporte Red de Acción por los Pesticidas (Inglés): http://www.panna.org/sites/default/files/KOF-report-final.pdf

Comunidad de Guerrero logra la cancelación de dos concesiones mineras

Sara González, somoselmedio.org

San Miguel Del Progreso es una comunidad indígena Me’phaa de alrededor de 3800 habitantes, situada en el municipio de Malinaltepec, en la montaña de Guerrero. Júba Wajiín, como la denominan sus habitantes, depende de la siembra de maíz, café y de árboles frutales. “Somos 100% campesinos. Trabajamos la tierra, de ella nos alimentamos. Cultivamos calabaza, durazno, chayote, caña, manzana y mucho más. La tierra es nuestra fuente de ingreso”, explica Agapito Cantú Manuel, miembro del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad.

La comunidad de San Miguel Del Progreso se encuentra en un momento histórico ya que logró cancelar, a través de una demanda de amparo, las dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó en su territorio. Ya desde el año 2011, fecha en la que la comunidad se dio cuenta de que su territorio estaba siendo concesionado por las empresas mineras Zalamera y Hochshild México S.A de C.V (de origen peruana con capital británico), reunió una Asamblea para organizarse y decidir las acciones a tomar contra la implantación de minería a cielo abierto en su territorio. Así, el 17 de abril 2011, la Asamblea General de Comuneros decidió rechazar la exploración y explotación minera y pedir más información a la Secretaría de Economía sobre lo que estaba ocurriendo.

En junio del 2013, la Secretaría les contesta mediante un oficio que San Miguel Del Progreso “se ubica parcialmente sobre las concesiones mineras Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861)”.

Un mes después, el 15 de julio 2013 exactamente, la comunidad interpone una demanda de amparo (1131/2013) en el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guerrero, señalando que las concesiones contravienen a la Constitución y a los Tratados Internacionales ratificados por México. Además, piden que la Justicia Federal analice la constitucionalidad de la Ley Minera, aprobada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, enfatizando sobre todo los artículos  6, 10, 15 y 19 de dicha Ley.

A Júba Wajiín le ha sido otorgado el amparo el 12 de febrero de 2014 además de la protección de la Justicia Federal a la comunidad. Una victoria histórica, en la que el poder judicial guerrerense consideró que habían sido violados los derechos de la comunidad al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras. Sin embargo, no se consideró necesario analizar los argumentos sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera y más grave aún, “la sentencia fue impugnada por el Gobierno federal mediante un recurso de revisión”. De esta manera, el territorio de la comunidad y de muchas otras en la región sigue estando amenazada por empresas internacionales. En noviembre del 2015, se publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de “libertad de terrenos” . El término “libertad de terreno” implica que a los 30 días que se publique la declaratoria, los terrenos están de nuevo en oferta, en otras palabras: se pueden volver a concesionar.

“Solicitamos que la SCJN discuta la Ley Minera. Eso era una de las peticiones del primer amparo”, explica Taurino Carrazco, miembro del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Y es justamente por eso que la comunidad decidió interponer un segundo amparo, llevando a un segundo logro. El pasado 11 de diciembre de 2015, el Juzgado Séptimo de Distrito emitió un acuerdo mediante el cual otorga a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos. Este acuerdo imposibilita a la Secretaría de Economía aceptar solicitudes de concesiones mineras a empresas que deseen los territorios liberados, hasta que se resuelva el fondo del juicio.

Como lo enfatiza Tlachinollan en su comunicado, “la SCJN aún debe pronunciarse sobre el amparo en revisión interpuesto por Júba Wajiín. El caso será analizado el próximo 25 de mayo. Frente a la insistencia del Gobierno Federal en que el amparo debe suspenderse porque las concesiones han sido canceladas, la comunidad indígena solicitó que continúe el análisis del caso”.

La minería en Guerrero atañe a 24% del territorio estatal. La cancelación de las 2 concesiones mineras beneficia de manera directa a 11 núcleos agrarios de 6 municipios, conformados por alrededor de 240 comunidades indígenas.

Mineras: acaparadoras, contaminantes y evasoras fiscales

Por Érika Ramírez publicado en Contralínea

Las mineras en México enriquecen a empresarios; contaminan sin freno el medio ambiente y mantos freáticos; acaparan los recursos hídricos, y omiten el pago de impuestos. Grupo México, Goldcorp, Arcelor Mittal México, Primero Mining Corporation y Pondercel son las empresas que más agua acaparan en el país

Grupo México ocupa el primer lugar en la lista de empresas acaparadoras de agua, unos 90 millones cúbicos, según cálculos elaborados con el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Bajo las denominaciones de Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., Compañía Industrial Minera México, S.A. de C.V.; Industrial Minera de México, S.A. de C.V; Mexicana de Cananea, S.A. de C.V. y Mexicana del Cobre, S.A. DE C.V.; el conglomerado Grupo México mantiene 142 títulos de concesión de agua.

Este mismo consorcio es el responsable de contaminación por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora, el 6 de agosto de 2014. También del desastre en la mina de Pasta de Conchos (Coahuila), en febrero de 2006, donde 65 mineros quedaron atrapados tras explotar la mina de carbón.

Grupo México es el emporio que ha acaudalado al segundo hombre más rico del país, German Larrea Mota-Velasco, quien con la explotación de recursos naturales ha generado una riqueza de 9 mil millones de dólares, según la lista de Forbes.

Las concesiones
Concesiones de agua para las mineras, una investigación realizada por Manuel Llano Vázquez –maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana y autor del portal de análisis CartoCrítica. Investigación, mapas y drones para la sociedad civil–, documenta la lista de empresas mineras que se están apoderando, también, de los recursos hídricos.

Del mapeo se desprende que en México hay 417 empresas mineras, agrupadas en 230 conglomerados que aprovechan el agua a través de 1 mil 36 títulos. Las tres primeras en la lista de “aprovechamiento” son: Grupo México, S.A. de C.V., Goldcorp Inc. y ArcelorMittal México, S.A. de C.V.

El volumen de explotación de las más de 400 mineras alcanza los 436 millones 643 mil 287.92 metros cúbicos anuales. El geoestadista Llano Vázquez documenta que es el equivalente al volumen de agua necesario para satisfacer el derecho humano al vital líquido por un año de 3 millones 229 mil personas. “Cabe recordar que en México, 13.8 millones de personas no tienen acceso al agua en la vivienda”, destaca en su análisis.

En entrevista, el investigador comenta que el impacto de la minería no sólo es en el territorio, sino en todo lo que deja durante la operación y posterior al cierre y abandono de una mina. Enfatiza: “uno de los elementos importantes es el agua, no sólo estamos hablando de la que consumen, sino de la destrucción de fuentes de agua, la contaminación y el acaparamiento. Para acercarnos a todo esto lo primero que habría de preguntarse es cuánta agua consumieron”.

 Acaparamiento y conflicto
La minera canadiense Goldcorp Inc. es la segunda minera que mayores recursos hídricos ocupa en el país. A través de sus filiales Camino Rojo, S.A de C.V.; Compañía Minera Nukay, S.A de C.V.; Desarrollos Mineros de San Luis, S.A de C.V. y Minera Peñasquito, S.A de C.V. ocupa 47 millones 656 mil 34 .00 metros cúbicos anuales, indica CartoCrítica.

Esta compañía se encuentra en la lista de conflictos mineros que documenta el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL): en la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, Goldcorp “ha despertado una guerra entre cárteles que buscan cobrar cuotas de extorsión o ‘cobro de piso’. Más de diez asesinatos se han ligado a la minera desde 2014”.

Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), dice que desde hace varios años se ha denunciado que bajo la explotación a cielo abierto y de tumbo y relleno [técnicas de explotación minera] las empresas depredan los bienes naturales.

A la Rema, dice Mijangos Leal, “le queda clarísimo que la minería no se puede desarrollar sin agua; hay ejemplos muy concretos que nos señalan la gran cantidad de agua que utilizan, como en el caso de Carrizalillo: una mina a cielo abierto donde se utilizan aproximadamente 250 millones de litros de agua diarios para producir alrededor de 27 kilogramos de oro al día. Esto refleja el volumen que utilizan para la explotación del oro; además, contaminan, dejan aguas con residuos químicos imposibles de utilizar.

 “En México, hay un marco que permite que las mineras tengan acceso al agua de manera libre, prácticamente sin pagarla, no tiene ningún cargo de responsabilidades por contaminarla ni porque sequen manantiales, arroyos o cambien los causes de los ríos”, dice.

Los pasivos ambientales no sólo son un problema de riesgos e impactos, sino también “una deuda que supone pérdida patrimonial para los países donde se desarrolla la faena, sus comunidades y los ecosistemas afectados por la actividad extractiva”, documenta el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industria.

Y es que para obtener una tonelada de cobre se necesitan 80 mil litros de agua o mil litros de agua por segundo para obtener un gramo de oro (y se remueve al menos una tonelada de roca)”; producir 1 onza de oro genera un promedio de 79 toneladas de desechos tóxicos; la contaminación río abajo con cianuro por el proceso de lixiviación.

El geoestadista Manuel Llano expone: “los datos sobre los titulares de las concesiones de agua están alojados en el REPDA, con 500 mil concesionarios de agua en el país, con los datos del titular y un supuesto tipo de uso en las categorías: servicios, industria, uso público, acuacultura, energía hidroeléctrica… es en este registro donde hay que asomarse para poder dilucidar quienes son los usuarios.

“Sin embargo, estamos en un país en donde existe un tráfico de derechos de agua. Un concesionario puede tener equis título que le ampara determinado volumen de agua a su favor. Éste, a su vez, se la puede transferir a alguien más; entonces, hay un tráfico de derechos de agua. Si hacemos una búsqueda dentro del registro, la realidad es que si bien podremos conocer algunos nombres, también se podría estar consumiendo mucha agua de mercados informales de agua”, dice el investigador de CartoCrítica.

La Ley a favor de las mineras
Luego de las modificaciones a la Ley Minera, que se llevaron a cabo el año pasado, esta se ha volcado a favor de los empresarios del ramo, que en su mayoría son de origen extranjero. Los especialistas en el tema comentan que los artículos 6 y 19 de la Ley Minera son los más preocupantes, pues esta actividad es preferencial pese a que existen recursos comunales.
Mijangos Leal comenta que la Ley Minera en todos los países tienen una similitud que espanta, obviamente un gran promotor de la minería en el mundo es Canadá, con todo a su favor. Destaca el artículo sexto, que a la letra dice: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”.

Manuel Llano comenta que el otro problema es que la Ley Minera tiene un conflicto de derechos con la Ley General de Agua, pues la minera le concesiona el agua a las empresas sin restricción alguna. En sus fracciones V y VI indican: “Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas; obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de ley de la materia”.

 Las omisiones monetarias
En Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detalla la falta de cumplimiento de las empresas mineras para con la hacienda pública. El máximo órgano de fiscalización del país documenta la omisión de los empresarios para pagar lo exigido apenas este año, después de que sólo pagaban módicas cantidades por “pagos de derecho”.

El dictamen del máximo órgano de fiscalización señala en la auditoría Derechos Recaudados sobre la Actividad Minera, practicada a la Secretaría de Economía, que: 6 mil 823 títulos de concesión omitieron en el pago de derechos sobre concesiones mineras. Además, “2 mil 347 títulos de concesión que presentaron diferencias pagadas de menos, de los cuales no se había iniciado el proceso de cancelación para 1 mil 862 concesiones”, indica la ASF.

En otra de las auditorías practicadas a la Secretaría de Economía, destaca las deficiencias que hay en la regulación y supervisión de la actividad minera. Propone que la dependencia “analice las causas por las cuales no dispuso de los diagnósticos en los que se señalen las necesidades de actualización del marco jurídico y normativo de la actividad minera, y considere establecer los mecanismos para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente que le permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de su gestión”.
Waldo Fernández, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, dice que las omisiones de pago por parte de las mineras “es un tema muy grave. Finalmente, dentro de todos los cambios fiscales que se hicieron se ajustó mucho el tema de la minería por dos razones fundamentales: una es que no había la claridad del cobro de impuestos por las extracciones o el inventario que ellos tienen; la segunda, una parte de estos impuestos se quedaran en las localidades o municipios de donde se estaba extrayendo el material, de alguna manera para que los municipios tuvieran parte de esta riqueza, pero también para mitigar el daño de la minería”.

Con este proceder del sector, dice el legislador, se afecta a la hacienda pública. El problema en México, comenta, “no es de leyes, sino de voluntad política. La Secretaría de Hacienda tiene que encargarse de hacer auditorías a las empresas. Este es un sector muy importante para el país que también está en manos de extranjeros”.
Érika Ramírez

Jornada contra Monsanto, 25 de mayo, San Cristóbal de Las Casas

Les invitamos a la siguiente edición de la Feria Popular Alternativa que tendrá lugar el próximo 25 de mayo a un costado del Arco del Carmen en San Cristóbal de las Casas. Por la cercanía al Día Global de Acción contra Monsanto, diversos colectivos y organizaciones prepararemos una jornada con mesas informativas, talleres, exposición de variedades nativas de maíz, muestra de materiales pedagógicos, proyecciones y venta de alimentos limpios, locales y artesanales.

Actividades y horarios:

9:00- 10:00 Ritual de agradecimiento a la tierra.

10-12:30 Taller: ¿Qué son los transgénicos? ¿Sabes lo que comes? (Cupo limitado a 30 personas).

13:00-15:30 Taller: ¿Qué son los transgénicos? ¿Sabes lo que comes? (Cupo limitado a 30 personas).

16:00 -17:00 Rifa solidaria de productos agroecológicos.

17:00 – 18:00 Clases de Danzón con el grupo Tacón de Oro.

18:00 -19:00 Conferencia: La consulta “siembra de transgénicos en la península de Yucatán y su impacto en la producción de miel” (Invitado Remy Vandame).

19:00 – 20:00 Proyección “transgénicos”.

A.T.T.E.

Feria Popular y Solidaria*
“Jornada Contra Monsanto”